Libertad para morir

Gabriela Rodríguez*

Hay derechos humanos emergentes que implican una visión profunda del sentido de la libertad, de la cual carecen las mentalidades conservadoras. La eutanasia (del griego “buena muerte”), ese acto deliberado de terminar con la vida de una persona que padece una enfermedad grave, crónica, o un sufrimiento intolerable, a petición expresa y consciente del propio paciente, sólo la admite un número reducido de países del planeta: Estados Unidos (Washington DC y 13 estados federados), Colombia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Australia (en más de cinco estados), España, Nueva Zelanda, Austria, Ecuador, Uruguay y algunas regiones de Italia; Francia ya la admitió, pero entra en vigor en enero de 2027. El suicidio médicamente asistido (SMA) no se castiga en Suiza ni en Alemania.

Libertad para Morir AC es un grupo de ciudadanas y ciudadanos, con liderazgo de la académica y especialista María Asunción Álvarez del Río, que impulsa la “Iniciativa Ciudadana de Ley de Asistencia Médica para Morir” en el congreso de la Ciudad de México. Esta ley propone reconocer y regular el derecho de determinadas personas a solicitar y recibir ayuda médica para poner fin a su vida cuando padecen una enfermedad o condición de salud grave e incurable que les ocasiona un sufrimiento que consideran intolerable. Su propósito es ampliar las opciones disponibles al final de la vida, toda vez que, hasta ahora, aunque ya se pueden rechazar tratamientos que prolongan la vida y recibir cuidados paliativos, estos avances son insuficientes para garantizar que las personas no mueran con sufrimiento ni de manera indigna. Con la iniciativa actual, la decisión de morir la podría tomar una persona adulta de manera libre, informada y conforme a los requisitos establecidos; con acompañamiento médico, seguridad jurídica y acceso equitativo.

La iniciativa se basa en una concepción de la muerte digna como parte del derecho a vivir dignamente y se fundamenta en un conjunto de derechos humanos: el derecho a la vida (no como una obligación de permanecer vivo, sino con la dignidad y capacidad de decidir sobre la propia existencia), al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad física y moral, a la vida privada y el derecho a la protección de la salud. Legalizar la Asistencia Médica para Morir (AMM) no debe consistir simplemente en dejar de castigar determinadas conductas, sino en crear un procedimiento regulado que permita ejercer efectivamente este derecho y, al mismo tiempo, establecer salvaguardas para prevenir abusos.

La Asistencia Médica para Morir es la ayuda proporcionada por un profesional de la salud en respuesta a la solicitud libre de una persona que desea terminar su vida. Contempla dos modalidades: en la eutanasia, el profesional de la salud administra los medicamentos que causan la muerte; y en la modalidad del Suicidio Médicamente Asistido (SMA), proporciona los medicamentos para que sea la propia persona quien se los administre. Se reconoce la objeción de conciencia exclusivamente como un derecho individual del personal de salud, no de las instituciones, las cuales están obligadas a disponer de personal no objetor.

No cualquier persona que quiera morir podría solicitar AMM, la iniciativa establece condiciones específicas: la persona debe ser mayor de edad, mentalmente competente y estar consciente en el momento de realizar la solicitud. Además, debe haber recibido información suficiente sobre su estado de salud, pronóstico, tratamientos disponibles y alternativas, incluidos los cuidados paliativos. Debe padecer una enfermedad o condición de salud grave e incurable, con mal pronóstico funcional y vital a corto plazo, que genera sufrimiento físico o mental insoportable y sin perspectiva de mejora. No se utiliza exclusivamente el criterio tradicional de enfermedad terminal, sino que otorga especial relevancia al sufrimiento que la propia persona considera incompatible con una vida digna.

La autonomía de la persona es el eje del procedimiento. La solicitud debe basarse en información suficiente sobre el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento y es valorada por el médico tratante y por un médico consultor independiente. Un comité multidisciplinario verifica el cumplimiento de los requisitos antes de autorizar la AMM y revisa posteriormente que se haya realizado conforme a la ley. Una vez autorizada, la persona puede elegir entre eutanasia o suicidio médicamente asistido. El procedimiento debe garantizarse en las instituciones públicas de la CDMX (de manera gratuita), también puede realizarse en una institución privada o en el domicilio de la persona.

Para que el Congreso de la Ciudad de México esté obligado a revisar, discutir y votar esta iniciativa como preferente, es necesario reunir 20 mil firmas (0.25 por ciento de la lista nominal de electores). Personas con credencial para votar de la Ciudad de México pueden firmar mediante la aplicación del Instituto Nacional Electoral (INE) “Apoyo Ciudadano”, la página de Libertad para Morir cuenta con un tutorial en el que se explica cómo firmar en tal aplicación (https://bit.ly/4hkzpup). También hay mesas para firmar directamente en algunos puntos de la ciudad anunciados en redes sociales. Ya se han reunido cerca de 10 mil firmas, antes del 31 de diciembre hay que contar con las otras 10 mil.

Cómo y cuándo morir tendría que ser parte de la libertad, Mario Benedetti lo resumió en una frase: “Después de todo, la muerte es sólo un síntoma de que hubo vida”.

* Secretaria Técnica del Conapo

X: Gabrielarodr108

Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó

gabriela rodríguez

En Viernes Santo es imperativo referirse a la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo, un día de luto, reflexión y ayuno para quienes viven la fe cristiana y representan la tercera parte de la población mundial (incluye católica, protestante y ortodoxa); en tanto que 77 por ciento de la población mexicana se asume católica y 11.2, cristiana (protestantes, cristianos y evangélicos, Censo 2020).

La compasión y el acercamiento a las personas con discapacidad está en las raíces de la cultura occidental, entre otras razones por los milagros de Cristo hacia personas con discapacidad en los Evangelios: “Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó (Evangelio San Mateo 21: 14-16)”. Sin embargo, estudiar y atender las necesidades de las personas con discapacidad apenas en años recientes cobra importancia.

En este espacio presento un estudio sobre las condiciones de doble vulnerabilidad de las personas mexicanas migrantes retornadas desde Estados Unidos que al menos tienen una condición de discapacidad, realizado por Marisol Luna y Valentina Rabasa, investigadoras de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Falcso, México). Tal como las autoras refieren, el número de las deportaciones de nuestros paisanos ha venido en descenso. En comparación con sus antecesores y sucesores, el mayor número de deportaciones de personas de nacionalidad mexicana lo mantiene la administración de Barack Obama (2009-2016), durante sus dos periodos presidenciales, ascendieron a un millón 844 mil 573 y un millón 3 mil 364, respectivamente. En contraste, en la primera etapa presidencial de Donald Trump (2017-2020) se registraron 766 mil 376 deportaciones (con un promedio anual de 191 mil 594 eventos) y un total de 839 mil 760 en la de Joe Biden (2021-2024). Con el freno a la emigración hacia el norte en el primer año del segundo periodo de Trump, el descenso superó todo pronóstico, los eventos de devolución de personas mexicanas desde Estados Unidos fue de 206 mil 232 en 2024 y durante 2025 descendió 22.3 por ciento, situándose en 160 mil 192 (la mayoría hombres mayores de 18 años); las personas mexicanas en situación migratoria irregular en la frontera suroeste de Estados Unidos pasó de 407 mil 932 en 2024 a 64 mil 795 durante 2025 (estimaciones del Consejo Nacional de Población, Conapo).

El estudio de Luna y Rabasa identifica en situación de discapacidad un volumen de 19 mil 926 personas mexicanas migrantes retornadas desde Estados Unidos (Censo 2020), además analizan la diversidad de sus perfiles, los tipos y causas de discapacidad, la afiliación a servicios de salud, el grado de dificultad para realizar actividades, padecimientos o algún problema mental, y la causa de origen de cada dificultad reportada. Clasifican el tipo de discapacidad en cinco categorías: 1) motriz: agrupa tanto a las personas que tienen mucha dificultad o no pueden caminar, subir o bajar, como a los que manifestaron esos grados de dificultad para bañarse, vestirse o comer; 2) auditiva: personas que aun usando algún aparato auditivo no podían oír o lo hacían con mucha dificultad; 3) visual: personas que aun usando lentes no podían ver o lo hacían con mucha dificultad; 4) del habla: personas que no pueden hablar o comunicarse o se les dificulta mucho, y 5) cognitiva: personas que no pueden recordar o concentrarse, o lo hacen con mucha dificultad.

Los hallazgos del estudio revelan una alta prevalencia de discapacidades visuales y motrices que se concentran en edades avanzadas, así como padecimientos relacionados con las actividades y condiciones laborales en Estados Unidos. Y se concluye que esta población vive una forma de exclusión estructural, se recomienda fortalecer su atención con mecanismos de evaluación participativa, enfoque interseccional y coordinación institucional, para garantizar una recepción digna y sin discriminación. Hay que reconocer que estas personas, aunque mexicanas, regresan a un país que muchas veces les resulta ajeno, y señalan que el programa gubernamental México te Abraza supo reaccionar al ofrecer apoyos sociales a personas retornadas, pero hace falta precisar una estrategia operativa clara y diferenciada. La publicación se puede consultar en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1050838/MYS_2025__21012026_.pdf

Desde enero de 2025 el programa México te Abraza instaló un Centro de Mando en la Secretaría de Gobernación para monitorear módulos de atención situados en puntos fronterizos, se han brindado apoyos a más de 189 mil mexicanos repatriados desde Estados Unidos, con atención médica, sicológica, orientación jurídica, alojamiento, emisión de documentos, alimentos, tarjetas bienestar (de 2 mil pesos) y empleo para facilitar su reintegración digna y ordenada, quienes viven con alguna discapacidad podrán recibir la pensión especial que ya alcanza a un millón 600 mil compatriotas en tal condición. Porque la compasión y la inclusión de personas con discapacidad es también una convicción del Estado Mexicano.

* Secretaria técnica del Conapo

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Niñas madres: expresión de la distribución asimétrica de la riqueza social

Gabriela Rodríguez R.

Vivimos en crisis permanentes, a escala mundial y local; se trata de una herencia del capitalismo tardío, de un régimen basado en la distribución asimétrica de la riqueza social.

Entre muchos otros problemas vinculados a la pobreza, la maternidad infantil y de adolescentes son expresiones de crisis permanentes que impiden la movilidad social de amplios sectores de población, de quienes viven en las zonas con mayor precariedad de los países con economías media y baja. Problemas que están relacionados con factores estructurales, tales como el menor acceso a estudios superiores, la pobreza de ingresos y de acceso a servicios de salud, así como con pautas patriarcales y ancestrales que imponen y naturalizan las uniones y matrimonios de niñas y adolescentes.

En respuesta a esta problemática, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que coordina a más de 20 instituciones sectoriales desde el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Secretaría de las Mujeres, se impulsa un proyecto piloto en conjunto con el gobierno del estado de Chiapas.

¿Por qué un piloto en Chiapas? Porque Chiapas, junto con Guerrero, presenta la mayor tasa de fecundidad forzada de niñas, con 5.3 nacimientos por cada mil niñas de 12 a 14 años (contrasta con la Ciudad de México, donde la tasa es de 1.05 nacimientos por cada mil niñas de 12 a 14), en donde se registraron 996 nacimientos el año pasado, cerca de 10 por ciento de las 8 mil niñas madres que dan a luz cada año en el país. Será necesario movilizar relaciones de poder y trabajar directamente en contextos comunitarios a fin de romper con pautas culturales patriarcales y centenarias, y además porque se cuenta con la ventaja de que hay una gran voluntad política por parte del gobernador y de las autoridades del estado de Chiapas.

El proyecto piloto busca fortalecer la prevención, contribuir a la erradicación del embarazo infantil y adolescente, de las uniones infantiles tempranas y forzadas, y de la violencia sexual, además de garantizar la protección integral y restitución de derechos de las niñas madres. Se desarrollará en tres municipios de Chiapas (con las mayores tasas de fecundidad de niñas y adolescentes y de población indígena) a fin de generar aprendizajes replicables para otras zonas del país, y se sustentará en el enfoque de derechos humanos, interculturalidad, perspectiva de género, de niñez y adolescencias. Se trata de un plan estratégico, toda vez que integra prevención, protección y restitución de derechos, y fortalece la coordinación entre sectores e instituciones de los tres órdenes de gobierno para crear y validar un modelo territorial interinstitucional para generar evidencia y escalar intervenciones en otros territorios del país que presentan condiciones semejantes.

Se partirá de un diagnóstico participativo comunitario y se desarrollarán jornadas comunitarias de sensibilización a madres y padres de familia, a autoridades y líderes, a docentes, personal de salud; se vincularán las actividades con proyectos productivos para las mujeres y acciones de articulación entre sector educativo y de bienestar, personal de salud y parteras tradicionales; se fortalecerán herramientas de detección temprana de casos, referencia, protección y restitución de derechos de niñas y adolescentes en situación de embarazo o maternidad. Se fortalecerá el acceso efectivo y oportuno a información y a mayores niveles de escolaridad, a la educación integral en sexualidad y a servicios de salud sexual y reproductiva (para impedir embarazos subsecuentes, que incluyen servicios de interrupción del embarazo), difusión de campañas de información, así como acciones de monitoreo y seguimiento de proceso y de resultados, a escala federal, estatal y municipal.

Como resultados, esperamos contribuir a la erradicación de las uniones infantiles y forzadas y de las niñas y adolescentes madres, así como ampliar el horizonte educativo y la anticipación de proyectos de vida de las nuevas generaciones.

Tal como decía el gran pensador Jürgen Habermas –a quien recordamos a unos días de su muerte–, en Problemas de legitimación en el capitalismo tardío (Amorrortu Editores, 1995): “en una sociedad caracterizada por la distribución asimétrica de las oportunidades de vida, la exigencia de que los intereses legítimos sean generalizables opera como desestabilizador del sistema (…) el conflicto de clases del capitalismo liberal se ha vuelto latente y las crisis periódicas se han convertido en una crisis permanente y larvada. El Estado ha asumido una función sustitutiva del mercado como autorregulador del proceso económico”.

* Secretaria técnica del Conapo

X: Gabrielarodr108

México: a mujeres, el doble del trabajo doméstico y de cuidados

Gabriela Rodríguez *       

Ciertamente el tiempo dedicado al trabajo no remunerado de cuidados apenas en los últimos años se está reconociendo. El Inegi presentó los resultados de la Encuesta Nacional sobre el uso del Tiempo (ENUT, 2024), un trabajo realizado en una muestra de 32 mil 48 viviendas del país.

Se define “tiempo total de trabajo” el que comprende tanto el trabajo que genera ingresos como el que no. El “trabajo remunerado o para el mercado” comprende el trabajo de producción de bienes y la prestación de servicios para terceros a cambio de un pago o beneficio. Abarca trabajo formal (con contrato y seguridad social) y el informal, el tiempo de búsqueda de trabajo, la creación de negocios y los traslados para realizar el trabajo. El “trabajo no remunerado” comprende el trabajo de producción de bienes de autoconsumo, el trabajo doméstico (preparación de alimentos, limpieza, lavado, compras, etcétera) y el de cuidados para el propio hogar y de familiares (bebés, niñas, niños y adolescentes, personas mayores dependientes, enfermas o con alguna discapacidad), así como el trabajo comunitario y el voluntario.

En México, es mucho el tiempo que mujeres y hombres se dedican a trabajar, el promedio nacional es de 59.1 horas semanales: ellas trabajan 61.1 por semana y ellos 58. Al trabajo no remunerado (doméstico, de cuidados, comunitario y voluntario) las mujeres dedican 39.7 horas semanales en promedio, el doble que los hombres, quienes a estos trabajos dedican 18.2 horas, por lo que la brecha es de 21.5 horas.

Tan sólo al trabajo doméstico ellas dedican en promedio 28.2 horas semanales y ellos 11.5; al trabajo de cuidados, ellas dedican 13.6 horas y ellos 8.7, en tanto que al trabajo voluntario ellas dedican 8 horas semanales y ellos 5.5; al trabajo comunitario ellos dedican 3.7 horas semanales y ellas 2.6 horas. Al trabajo para el mercado o remunerado, las mujeres dedican 9 horas menos, 42.2 horas semanales, en tanto que los hombres dedican 51.3 horas semanales.

La población que habla lengua indígena (HLI) trabaja muchas más horas que la no hablante y las brechas de género son mayores: ellas dedican 44 horas semanales al trabajo no remunerado (doméstico, de cuidados, comunitario y voluntario), al que ellos dedican 16.7 horas, una diferencia de 28 horas; en tanto que al trabajo remunerado, ellas dedican 36 horas, 11 horas menos que las 47.3 horas semanales que le dedican ellos.

En la población HLI es de destacar la brecha entre los sexos en trabajo doméstico: ellas dedican 23 horas más, 32.7 horas semanales, en tanto que ellos sólo 9.5 horas a la semana. Las mujeres HLI trabajan en total 80 horas a la semana y sus contrapartes masculinas, 64.

Entre personas con discapacidad, también son relevantes las diferencias: ellas dedican 24.9 horas semanales al trabajo doméstico, más del doble que los hombres con alguna discapacidad, quienes dedican 11.7 a estas labores.

Las brechas de género en el trabajo presentan grandes diferencias en las entidades federativas. En Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Durango y Sinaloa las mujeres dedican en promedio 24 horas semanales más que los hombres al trabajo no remunerado (doméstico, de cuidados, comunitario y voluntario); en la Ciudad de México y Baja California la brecha de género es la menor con 15 horas en promedio, la segunda posición la tienen Chihuahua, Yucatán y Quintana Roo, lugares donde las mujeres dedican 18 horas más al trabajo no remunerado que sus contrapartes masculinas.

Focalizando en el trabajo de cuidados, las mayores brechas de género las registran Veracruz, Nuevo León, Campeche e Hidalgo, donde las mujeres dedican 6 horas más a diferencia de los hombres, en tanto que en Baja California, Jalisco, Durango y la Ciudad de México, las mujeres muestran menores brechas, con diferencias de 3 a 4 horas más que los hombres al trabajo de cuidados.

Entre la población económicamente activa (PEA), quienes dedican 40 horas semanales al trabajo remunerado o de mercado, ellas dedican 23.8 horas (12.7 horas más) al trabajo doméstico, en tanto que ellos sólo 11.1 horas semanales; al trabajo de cuidados, las mujeres de la PEA que cubren 40 horas laborales dedican 8.3 horas y los hombres 5.3 horas.

El 15.2 por ciento de las mujeres quisieran dedicar menos tiempo al trabajo doméstico, un deseo de 6.4 por ciento de los hombres. Las horas semanales dedicadas a utilizar medios de comunicación masiva es de 15.1 horas para las mujeres y 15. 7 horas, los hombres. A deportes ellas dedican 4.7 horas y ellos 5.4, en tanto que a juegos y aficiones ellas dedican 4.1 horas y ellos 6.1 horas semanales. Los hombres dedican 6.9 por ciento menos tiempo a rezar, meditar y descansar, y 2.5 menos horas a los cuidados de salud.

Las estadísticas confirman una distribución desigual e injusta del tiempo dedicado al trabajo, un tema de interés público, toda vez que las brechas laborales de género son un freno estructural para la economía del país, para la movilidad social y para la autonomía y crecimiento de las mujeres, y en menor medida para la movilidad social de los hombres. Los mexicanos se resisten a colaborar más en las tareas domésticas y de cuidados, a lo que contribuyen jefes y patrones al no flexibilizar ni reducir los horarios laborales ni mejorar los salarios de las trabajadoras y de los trabajadores.

* Secretaria técnica del Conapo

X: Gabrielarodr108

Derechos de las mujeres indígenas

Gabriela Rodríguez *

Hace un año se reformó al artículo segundo constitucional, una modificación que por primera vez en nuestra historia otorga una personalidad jurídica y patrimonio propio a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, lo que fortalece su autonomía y autodeterminación. El texto actual dice a la letra:

“La Nación Mexicana es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas. La Nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional; y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquéllas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional (...).”

Además, es de celebrar que por primera vez se incluyen algunos párrafos dedicados a las mujeres indígenas, se les reconoce como trabajadoras del hogar y con necesidades específicas de salud:

Inciso B. “La Federación, las entidades federativas, los Municipios (…) deberán determinar las políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y tienen la obligación de:

Apartado XIII. Establecer políticas públicas para proteger a las comunidades y personas indígenas migrantes, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, en especial, mediante acciones destinadas a: (…) b) Garantizar los derechos laborales de las personas jornaleras agrícolas, trabajadoras de hogar y con discapacidad; c) Mejorar las condiciones de salud de las mujeres, así como apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de familias migrantes...”

El Año de la Mujer Indígena ha sido ocasión para visibilizar las profundas inequidades que afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas indígenas; se trata de la discriminación que no se ha superado en el país y de desigualdades arraigadas en pautas patriarcales y en sistemas normativos que se han perpetuado por generaciones.

La desigualdad en el acceso a la educación de niñas y adolescentes indígenas es inaceptable: mientras que 50.8 por ciento de las mujeres mexicanas siguen estudiando a los 19 años de edad, a esta edad tan sólo 25 por ciento de las indígenas continúan en la escuela, un ciclo educativo que es crucial para la ampliación del conocimiento, de habilidades técnicas y profesionales, y del acceso a mejores condiciones laborales.

La falta de oportunidades educativas es una determinante de uniones tempranas, a pesar de que las leyes mexicanas prohíben el matrimonio antes de los 18 años, en las comunidades indígenas 34.2 por ciento de las hablantes de lengua indígena ya están unidas antes de los 18 años. A escala nacional, la proporción es de 18.4 por ciento y en las comunidades urbanas es de 15 por ciento.

En ese sector las uniones y matrimonios van acompañados de una maternidad temprana: 20 por ciento de las indígenas son madres antes de cumplir los 18 años, la fecundidad de las hablantes de lengua indígena es de 82.9 nacimientos por cada mil adolescentes (de 15 a 19 años), mientras que en las no hablantes es de 49.1 por cada mil y entre afrodescendientes es de 54.8 nacimientos.

De los 8 mil 218 nacimientos en niñas de 10 a 14 años registrados el año pasado, 53.3 por ciento estaban unidas. Se tipifica como fecundidad forzada los nacimientos de madres menores de 14 años, la cual, aunque logró reducirse en los últimos seis años, de 4.40 a 2.45 nacimientos por cada mil niñas de 12 a 14 años. Ninguna niña tendría que ser madre.

El 80.4 por ciento de niñas de 6 a 10 años declaró haber tenido su primera relación sexual sin consentimiento, y 95.5 por ciento de las de 11 a 14 años la tuvo con consentimiento aparente. El 86.2 por ciento de las niñas madres se dedican al trabajo no remunerado (doméstico y de cuidados), 16.2 realiza trabajo remunerado y sólo 13.7 continúa estudiando.

El papel de las parteras tradicionales destaca por sus cosmovisiones indígenas que ofrecen servicios integrales de atención a la salud: 2.2 por ciento de los partos en niñas de 10 a 14 años fueron asistidos por parteras, con mayores concentraciones en Chiapas (10.1 por ciento), Guerrero (4.1) y Tabasco (3.6).

Sigue siendo un reto construir un diálogo intercultural que garantice la autonomía comunitaria de nuestros pueblos originarios y es lamentable que en la reforma del año pasado no se haya aprobado, como parte de los sistemas normativos, el párrafo sobre el respeto y la inclusión de la dignidad e integridad de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, ni la prohibición explícita de prácticas perjudiciales como el matrimonio infantil.

* Secretaria técnica de Conapo

X: @Gabrielarodr108

De uniones y maternidades tempranas

Gabriela Rodríguez

Para comprender por qué hay niñas y adolescentes madres en México es necesario analizar algunos factores estructurales. En principio saber que las mexicanas se unen o casan a edades tempranas. A pesar de estar prohibido el matrimonio antes de los 18 años, antes de cumplirlos se une 18.2 por ciento de las muchachas ¡una quinta parte! Se trata de uniones legitimadas en las comunidades de pertenencia, de pautas patriarcales que persisten desde hace siglos, con mayor frecuencia en comunidades rurales, pueblos originarios, zonas aisladas o en extrema pobreza.

En muchos casos son matrimonios arreglados por los padres que se imponen a las hijas, o a los hijos, y también hay adolescentes que así lo deciden como reproducción social del entorno. Hay amplias diferencias regionales en el país que son expresión directa de la desigualdad de oportunidades.

Las entidades con más porcentaje de uniones tempranas son Guerrero, donde 35 por ciento se une antes de los 18 años, en Chiapas (27.6), en Zacatecas (27.1) y en otras 13 entidades más de 20 por ciento. Son casamientos que contrastan con estados con menos de 14 por ciento de estas uniones tempranas. En la Ciudad de México 7.3 por ciento; en Aguascalientes, 11.4; en Querétaro, 13.5, y Jalisco, 13.7 por ciento.

Otro factor estructural es el acceso a la educación. Se ha documentado en diversos países que la mayor escolaridad lleva a postergar la edad de la unión y de la maternidad. En México después de los 15 años se reduce significativamente la asistencia escolar, a los 15 años 83 por ciento de las adolescentes mexicanas asisten a la escuela; a los 17 años lo hacen 69 por ciento y a los 18 años, sólo 53 por ciento. Entre las razones del abandono escolar, 36 por ciento señala que fue porque reprobó materias, no le gustó estudiar o ya alcanzó su meta educativa; 28 por ciento por falta de dinero o necesidad de trabajar; 6.3 por ciento dejó de estudiar porque se unió o casó y 5.6 porque se embarazó o tuvo un hijo; otro 3.4 por ciento porque su familia no la dejó seguir estudiando, tenía que dedicarse a los quehaceres del hogar o la pareja no la dejó (Inegi, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, Enadid, 2023).

Esos factores estructurales muestran que las maternidades tempranas son una de las expresiones de la pobreza. Después de un estancamiento en las tasas, en los últimos años se registró una reducción de la fecundidad de adolescentes (de 15 a 19 años) de 30 por ciento en los últimos 10 años (pasó de 77 a 50 nacimientos por cada mil adolescentes). El descenso de la fecundidad de adolescentes ocurrió en todas las entidades del país, probablemente relacionado con las mejoras del ingreso familiar que se reportaron en días recientes (la salida de más de 10 millones de mexicanos de la pobreza) y la reducción del abandono escolar en el nivel medio superior (de 14.5 a 11.6 en los últimos seis años) impulsado por las becas, aunque con diferencias regionales que expresan las desigualdades socioeconómicas. Los contrastes son visibles: mientras en Guerrero se registran 82 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años, y en Chiapas 79 por cada mil, en la Ciudad de México la tasa es de 19, en Baja California Sur y Querétaro es de 39 nacimientos por cada mil adolescentes. Dentro de las entidades muestran las mayores tasas los municipios más aislados y con menor accesibilidad a los servicios. Trece por ciento de adolescentes tienen un hijo antes de los 18 años, y entre adolescentes indígenas el porcentaje es de 20 por ciento. Entre las variables próximas que acompañan el descenso de la fecundidad de adolescentes hay que señalar el impulso de la educación integral de la sexualidad tanto en los contenidos del plan de estudios y libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana, así como la ampliación de los servicios amigables del sector salud, el aumento del uso de anticonceptivos de las adolescentes llegó a 67 por ciento (siete puntos más en cinco años). Setenta y nueve por ciento de las adolescentes reportan que su primera experiencia sexual fue por consentimiento, y 21 por ciento señala que no lo hubo ( ibidem).

El fenómeno de las niñas madres menores de 15 años tiene características propias. Más de 90 por ciento ocurren en niñas de 13 y 14 años, 52 por ciento estaban unidas (o casadas) al dar a luz, y entre las menores de 10 años 80 por ciento declaran no haber consentido la primera relación sexual, es decir, que fueron víctimas de violación. El año pasado se reportaron 8 mil 200 nacimientos de niñas madres, con un descenso del 21 por ciento en seis años (en 2018 se reportaron 10 mil 500), muchas de ellas hablantes de lengua indígena, quienes tienen una tasa de cinco nacimientos por cada mil niñas (la de no hablantes es de 2.4 por cada mil). El mayor volumen de niñas madres indígenas se registra en Chiapas (282), Oaxaca (145), Chihuahua (98) y Guerrero (67). El 40 por ciento de sus progenitores eran adolescentes, 37 por ciento no señala la edad y más de 20 por ciento son mayores de 20 años (Inegi, Estadísticas vitales, 2024).

Esta semana la secretaria de Gobernación presentó la Fase III de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo de Adolescentes, política con alta prioridad de Estado que desde el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Secretaría de las Mujeres coordina el trabajo interinstitucional y el de 32 grupos estatales, y que se va a focalizar en los municipios con mayor necesidad para acelerar el descenso de las madres adolescentes y erradicar el de las niñas madres, e impulsar su autonomía y bienestar.

* Secretaria técnica del Conapo

X: Gabrielarodr108

De la población y las niñas madres

Gabriela Rodríguez*

En el Día Mundial de la Población, que cada año se celebra el 11 de julio, es momento de informar sobre el periodo de transición que atraviesa la dinámica poblacional de México. Un país grande y grandioso, en población, en tamaño y en potencial económico. Somos el décimo país más poblado del mundo, con 133 millones de personas, el decimocuarto más extenso y la decimosegunda economía más grande del planeta. Albergamos además la séptima ciudad más poblada del orbe: la Ciudad de México concentra 21 millones 436 mil 9 habitantes.

Como resultado de 50 años de una política de población, desde comienzos de este siglo la población mexicana crece a un ritmo lento (hoy 0.8 por ciento anual), muestra una fecundidad en declive (hoy de 1.7 hijos por mujer, en promedio) y un sostenido aumento en la esperanza de vida (de 60 a 75 años, las mujeres viven 79 años como promedio nacional).

El Programa Nacional de Población 2025-2030 responde al nuevo escenario demográfico y a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, y con una visión a corto, mediano y largo plazos busca construir una estrategia intergeneracional para atender los retos asociados al cambio en la estructura por edad. Actualmente el mayor volumen está concentrado por grupos poblacionales en edades juveniles y adultas, y así seguirá por tres décadas más. Para mejorar las capacidades y la movilidad social de 40 millones de jóvenes de 12 a 29 años se están extendiendo los planteles y la matrícula de educación media superior y superior. Para aprovechar el bono demográfico y el bono de género, la ventaja que significa contar con una mayoría de población en edad productiva, con 54 millones de personas de 30 a 59 años, es una oportunidad para impulsar la economía y ampliar el acceso al empleo; es también momento para cerrar las brechas de género, de incorporar a esa mitad de mujeres que aún está fuera del mercado laboral y de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral con políticas que fortalezcan los servicios de cuidados; esta situación demográfica coyuntural se acompañará con los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, que están en curso. El grupo de 60 y más años suma 17 millones, seguirá creciendo a ritmo acelerado (por el gran volumen actual de adultos) y se estima que duplicará su proporción en 25 años (aunque a diferente ritmo en las regiones del país) lo cual implica irnos prepararndo desde ahora para una sociedad cada vez más longeva. Con una perspectiva de género y de pertinencia cultural se enfocan acciones para mejorar el bienestar a lo largo del curso de vida y garantizar un envejecimiento activo y saludable para toda la población. Los programas de República Sana, el de Salud Casa por Casa (para mayores y quienes viven con alguna discapacidad) y la construcción del Sistema Nacional de Cuidados, se encaminan en esa ruta. La Pensión Universal para Personas Mayores ha tenido un impacto estratégico en el bienestar de quienes tienen más de 65 años, y también en su entorno familiar; por su parte la nueva Pensión Mujeres Bienestar para las de 60 a 64 años es un reconocimiento a los años que han dedicado al trabajo no remunerado y de cuidados. Y habrá que fortalecer del esfuerzo desplegado por el gobierno para mejorar las pensiones contributivas de los trabajadores, para ir cubriendo de manera paulatina a los grupos que han estado exentos, como es el caso de quienes viven con alguna discapacidad, los trabajadores ­agrícolas y las indígenas.

El grupo poblacional en descenso es el infantil. Actualmente hay 25 millones de niños (menores de 11 años) y su proporción se reducirá a la mitad en 50 años, su menor dimensión abre la oportunidad para garantizar todos sus derechos, principalmente el derecho a la salud alimentaria, a la educación integral, a la educación sexual y a vivir sin violencia. La estrategia Vive saludable, vive feliz en escuelas es trascendental, y la de Prevención del Embarazo de Adolescentes y erradicación del de las niñas es prioritario. El problema actual de la fecundidad no está en el número de hijos, sino en la edad temprana para tenerlos. Es indignante que cada día se presenten 22 nacimientos de madres menores de 15 años, fenómeno frecuente en zonas de mayor precariedad que se vincula con uniones o matrimonios arreglados y violencia sexual, prácticas que atentan contra su integridad personal, detienen su movilidad social, su desarrollo y su autonomía.

La impunidad y falta de atención es tema que ha escalado estos días en los medios de comunicación, voces que obligan a doblar los esfuerzos del Estado e impulsar su erradicación. La acción coordinada de instituciones logró un descenso de 21 por ciento en seis años, de 10 mil 500 a 8 mil 200 nacimientos de madres menores de 15 años, 54 por ciento de ellas estaban unidas y sólo 14 por ciento estaban estudiando. En 41 por ciento de los casos los progenitores tenían entre 15 y 19 años, 34 por ciento no especifica la edad, 22 por ciento son padres de 20 años y más, sólo 2 por ciento son menores de 15 años.

Otros desafíos de la política de población se relacionan con la necesidad de contener la expansión de las grandes metrópolis y hacer sostenibles los asentamientos humanos, así como la atención a migrantes. Porque la planeación demográfica es una herramienta clave para el desarrollo, que permite anticiparnos a los cambios y orientar políticas públicas.

* Secretaria técnica del Conapo

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El Papa y las Católicas por el Derecho a Decidir

Gabriela Rodríguez

Horas después de conocerse su fallecimiento, la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) despidió con dolor al papa Francisco: Como católicas feministas que hemos vivido una fe en disidencia, basada en la libertad de conciencia, en las teologías feministas y en la defensa de los derechos humanos, reconocemos en Francisco a un líder de nuestro tiempo.

La organización latinoamericana recordó que el pontífice facilitó la inclusión de mujeres en puestos de liderazgo dentro del Vaticano, permitió la bendición a parejas del mismo sexo y llamó a reconocer la dignidad de los trans, él llamó a desmasculinizar la Iglesia, y respecto a las mujeres que han abortado, la organización rememoró que el papa Francisco hizo un llamado a acompañarlas desde la misericordia; en estos días se acaban de cumplir 18 años de su despenalización en la Ciudad de México. Sobre la diversidad sexual, llegó a afirmar con claridad ¿Quién soy yo para juzgar a una persona gay que busca a Dios y tiene buena voluntad?, su voz abrió resquicios de esperanza para millones de personas creyentes que anhelan una Iglesia más amorosa, incluyente y respetuosa de la dignidad de cada ser humano.

A 30 años del caminar en México, Católicas por el Derecho a Decidir presenta un informe titulado Identidades entrelazadas: las capas de la violencia basada en género desde una mirada interseccional, cuyo objetivo es visibilizar las múltiples formas de opresión y comprender cómo convergen con los factores de identidad, etnicidad, discapacidad y diversidad sexo-genérica, y de qué manera la falta de medidas integrales agudizan las desigualdades que enfrentan las mujeres, en especial las afromexicanas, las indígenas, las que viven con alguna discapacidad y las personas de la diversidad sexo-genérica. La publicación es producto de un proceso participativo construido con redes, organizaciones, colectivos y personas aliadas de 14 estados del país. Se abordan las razones históricas de la violencia de género, los tipos de violencia derivada de la intersección de opresiones, entornos donde se vive la violencia y la violencia basada en género.

Las conclusiones de la publicación señalan las opresiones que conforman un sistema complejo de dominación, articulan distintas voces y experiencias en un espacio con agravantes derivadas de situaciones críticas en el contexto que se vive en el país: la crisis socioambiental, el conflicto armado y las migraciones forzadas. Es muy enriquecedor dar lectura de las propias voces y testimonios de las informantes. Encontraron “cuatro factores claves que vinculan las experiencias de los grupos mencionados: el racismo estructural, las dificultades derivadas de la precarización capitalista, del capacitismo sistémico y la imposición de una preeminencia heterosexual y cisgénero. Estos ejes de opresión se entrelazan, reforzando dinámicas de exclusión y vulnerabilidad que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos humanos y del acceso a una vida digna. Como puntos urgentes a atender se apunta: el acceso a la justicia y a servicios de salud mental, la sensibilización y educación en instituciones públicas y privadas, así como el reconocimiento legal, la participación política y cultural del personal de diversas identidades para alcanzar una sociedad más justa.

El movimiento de las Católicas por el Derecho a Decidir es estratégico para la agenda feminista y de la diversidad sexual, particularmente en los temas vinculados a la sexualidad, la reproducción humana y a una vida libre de violencias; una red con presencia en 10 países de América Latina y el Caribe que ha logrado avances dentro y fuera de la feligresía católica, la cual representa casi la mitad de la población del continente, producto de la imposición colonial de las potencias católicas europeas.

El perfil religioso del mundo está cambiando rápidamente, por las diferencias en las tasas de fecundidad, por el crecimiento de la población juvenil y las migraciones internacionales, así como por los patrones de conversión y el crecimiento de ateos, agnósticos y de quienes no se afilian a ninguna religión, pero los cristianos y católicos seguirán siendo un grupo religioso muy numeroso. Se estima en mil 400 millones la población de católicos en el planeta. Brasil registra el mayor número, con 140 millones; le siguen México, con 101.3; Filipinas, con 85.6. En Estados Unidos hay 85.3 millones. Tal como señaló en el Vaticano Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, la muerte del pontífice conmocionó a México, y destacó el arduo esfuerzo de Francisco por defender la justicia, el bienestar social, la migración y su invitación para detener las guerras.

* Secretaria técnica del Conapo

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Mujeres trabajando

Gabriela Rodríguez*

Cada 8 de marzo recordamos que en 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague, se decidió conmemorar anualmente el Día Internacional de la Mujer, en principio, para fortalecer la lucha por mejorar las infames condiciones en que se encontraban las trabajadoras.

Otras reivindicaciones feministas que se impulsan cada 8 de marzo han logrado importantes avances: los relativos al voto femenino, su acceso a más altos niveles de escolaridad y a puestos de alta decisión, a servicios de salud sexual y reproductiva y al aborto; reconocimiento de las formas de violencia contra ellas, cuyas denuncias aumentan y se han diversificado; se viene ampliando su acceso al trabajo remunerado, la base para su autonomía económica, aunque aún se presentan brechas inaceptables. Apenas en este siglo se da reconocimiento al trabajo no remunerado, que incluye las labores domésticas y el trabajo de cuidados, el cual acapara muchas horas diarias y ha sido desplazado sobre los hombros de las mujeres.

En México, un estudio de la Coordinación de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población (Estimaciones de la Stconapo con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE/Inegi, cuarto trimestre de 2024) estima que poco menos de la mitad de las mexicanas (de 15 años y más) participan activamente en el mercado laboral, mientras así lo hacen 75 por ciento de los hombres (de 15 años y más). Las entidades con mayor participación activa de las mujeres son Ciudad de México, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán y Quintana Roo; las que tienen la menor participación en el mercado laboral viven en Chiapas, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Las mujeres presentan mayores tasas de trabajo informal (sin protección social ni prestaciones) que los hombres. Las menores tasas de informalidad femenina las presentan Chihuahua, sigue Nuevo León, Baja California, Coahuila y Baja California Sur; y las entidades con mayores tasas de empleo informal femenino son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ocho por ciento de las mexicanas están desempleadas, la menor tasa de desempleo femenino se encuentra en Jalisco, seguido por Aguascalientes, Coahuila, Baja California Sur, Querétaro, Nuevo León y Yucatán; con las mayores tasas de desempleo femenino se encuentran Guanajuato, Durango, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Tlaxcala y Chiapas.

Casi 90 por ciento de las mexicanas (mayores de 15 años) realizan actividades domésticas y trabajo de cuidados, independientemente de su inserción en el mercado laboral. Poco más de la mitad de las mujeres de la Ciudad de México, Baja California Sur, Nuevo León, Coahuila y Colima combinan el trabajo remunerado con actividades domésticas y de cuidados, son entidades donde casi una tercera parte se dedica a actividades domésticas y de cuidados sin contar con empleo formal; la situación contrasta con las mujeres de Chiapas, Zacatecas y Veracruz, donde sólo una tercera parte combina el trabajo remunerado con el doméstico y de cuidados, mientras de 50 a 60 por ciento hace trabajo doméstico y no cuenta con un trabajo remunerado.

Sesenta y ocho por ciento de los mexicanos (de 15 años y más) participan en actividades domésticas, de los cuales 56 por ciento tienen además empleo remunerado y 12.4 sólo hacen trabajo doméstico. En promedio, 19.4 por ciento de ellos que tienem un empleo remunerado no participan en el trabajo doméstico, encabezan la lista los trabajadores de Guanajuato, donde llegan a 29.7 por ciento los empleados que no realizan trabajo doméstico ni de cuidados, tampoco lo hace 26.2 por ciento de los de San Luis Potosí ni 24.5 por ciento de los que trabajan en Querétaro ni tampoco 23.4 por ciento de los trabajadores de Aguascalientes participan en trabajos domésticos. Los empleados que participan más en el trabajo doméstico y de cuidados están en Chiapas, Puebla, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

La participación de las mujeres que se dedican sólo al trabajo doméstico y de cuidados es el doble de la participación masculina, y varía por estado civil; 55 por ciento de las mujeres unidas o casadas y 12.5 de los hombres unidos o casados realizan ese trabajo no remunerado de manera exclusiva, 46 por ciento de las mujeres separadas, divorciadas o viudas y 25 de los separados, divorciados o viudos; en tanto 21 por ciento de las solteras se dedican al trabajo doméstico y 10 por ciento de los solteros. Las brechas en el trabajo no remunerado disminuyen según se cuente con mayor nivel de escolaridad: entre quienes tienen primaria incompleta la brecha entre mujeres y hombres que se dedican exclusivamente a los quehaceres domésticos y apoyos del hogar es de 43 por ciento, entre quienes cuentan con secundaria completa la brecha es de 33 por ciento y entre quienes alcanzan el nivel medio superior y superior la brecha es de 20 por ciento. El menor acceso a niveles superiores de escolaridad de las mujeres se correlaciona con mayor peso del trabajo de cuidados y es también un indicador robusto del mayor nivel de pobreza de las mujeres, incluyendo la pobreza de tiempo.

* Secretaria técnica del Conapo

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Guardianas de la naturaleza: las mujeres rurales

Gabriela Rodríguez*

El 15 de octubre se celebró el Día de las Mujeres Rurales. Es un gran día, porque, tal como señala la Organizacioón de Naciones Unidas, ellas son quienes aseguran la mitad del sustento alimentario del planeta, y al conformar una cuarta parte de la población mundial son las guardianas de la naturaleza, quienes custodian el ambiente y la biodiversidad. Por su conocimiento ancestral y sus capacidades como agricultoras, comerciantes o activistas, muchas lideran iniciativas con el propósito de hacer frente al cambio climático y adaptarse a él, para concientizar y practicar una agricultura sostenible, y cambiar el uso de semillas resistentes a la sequía, o crear iniciativas de reforestación y recuperación, entre otras actividades.

Sin embargo, está documentado que el cambio climático tiene un impacto más acentuado en las mujeres, sobre todo en las indígenas y campesinas, cuya condición de dependencia y precarias condiciones de vida las expone en mayor grado a los cambios del clima, la pérdida de diversidad y la contaminación.

En México hay actualmente 11 millones 23 mil mujeres que residen en municipios rurales, conforman 16.3 por ciento de la población, viven principalmente en Chiapas (1.7 millones), Veracruz (1.4 millones) y Oaxaca (1 millón); por el proceso de urbanización, ellas tendrán menor proporción en el futuro; se estima que para 2040 conformarán 15.3 por ciento del total de la población mexicana ( Proyecciones de Población para 2020-2070, Conapo). Ochenta por ciento de las mujeres rurales son indígenas por autoadscripción en 481 municipios, de los 2 mil 469 que hay en el país, la mayoría de las mujeres rurales indígenas están en Oaxaca, Guerrero y Chiapas (Censo de Población y Vivienda 2020).

Tal como ocurre con toda la población mexicana, la rural ya está en proceso de envejecimiento: de ser 1.4 millones de mujeres rurales de 60 años y más en 2024 (397 mil, entre 60 y 64 años), pasarán de ser 2.4 millones en 2040; de ser 3.8 millones de mujeres rurales adultas de 30 a 59 años, llegarán a 4 millones en 2040; hay 2.7 millones de adolescentes rurales de 15 a 19 años, que serán 2.6 dentro de 15 años; y los 3.1 millones de niñas rurales de cero a 14 años de hoy, se reducirán para ser 2.6 millones en 2040 (Proyecciones, op. cit.).

Una gran proporción de mujeres rurales no están ocupadas. Sólo 35 por ciento de ellas es población económicamente activa, con trabajo remunerado: 38 por ciento trabajan en servicios, 26 por ciento en comercio, en industrias manufacturas 18 por ciento y en la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 15 por ciento (estimaciones del Conapo con base en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, segundo trimestre, 2024).

Las mexicanas presentan un descenso sostenido en las tasas de fecundidad. Tienen actualmente 1.6 hijos por mujer (media nacional), las mujeres rurales tienen 2.2 hijos en promedio, aunque estas últimas se hacen madres a edades más tempranas. La tasa de fecundidad de las adolescentes rurales (de 15 a 19 años) es de 75 nacimientos por cada mil de ellas; afortunadamente descendió 20 por ciento en los últimos cinco años, que era de 95 por cada mil; en las adolescentes urbanas el descenso fue de 30 por ciento en estos años, la tasa es de 42.2 nacimientos por cada mil. Se trata de avances que podemos atribuir a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo de Adolescentes, la cual articula a más de 30 instituciones gubernamentales, de la academia y organizaciones de la sociedad civil, aterrizada las actividades en 32 grupos estatales y en 260 grupos municipales que se han enfocado en esta estrategia; la cual es coordinada por el Conapo y el Instituto Nacional de las Mujeres (estimaciones de la SG-Conapo con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2023).

Fortalecer la autonomía de las mujeres rurales es fundamental para superar el hambre, la pobreza y la acción climática, evitar que se conviertan en madres en la segunda década de vida contribuye a su movilidad social. Es prioridad reivindicar su participación en la toma de decisiones dentro de sus comunidades, para que puedan contar con las mismas oportunidades que los hombres de estas comunidades rurales. Su participación es crucial para identificar riesgos y proteger a sus familias y comunidades, y para mejorar las condiciones de vida de la generación actual y de las futuras.

Este Día Internacional de las Mujeres Rurales es ocasión para cambiar el paradigma. La ONU propone como lema Mujeres rurales como sostenedoras de la naturaleza para nuestro futuro colectivo: construir resiliencia climática, conservar la biodiversidad y cuidar la tierra para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas.

* Secretaria general del Conapo

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¿Por qué apoyar a las mujeres de 60 a 64 años?

Gabriela Rodríguez*

Todas las personas mayores de 65 años ya cuentan con una pensión universal en nuestro país, sin embargo, la doctora Claudia Sheinbaum anunció un nuevo programa de bienestar para apoyar a las mujeres de 60 a 64 años de edad, justo cuando se conmemoró el Día Internacional de las Personas Mayores (1º de octubre).

¿Por qué a las mujeres de este grupo de 60 a 64 años? Con esta propuesta, la Presidenta de México muestra una profunda comprensión de la perspectiva de género. Ella reconoce el trabajo del hogar y de cuidados que, sin pago alguno y por décadas, han realizado las mujeres mayores a lo largo de sus diferentes ciclos de vida. Es una idea que implicó la identificación de las necesidades de este grupo específico de edad como clave para avanzar en la igualdad sustantiva. Porque en promedio, las mexicanas dedican 54.3 horas de su vida a la semana a tareas del hogar y de cuidado de algún integrante de la familia (ellos dedican en promedio 30.2 horas a la semana), la mayoría de ellas las combinan con trabajo extradoméstico remunerado, pero una tercera parte (32.7 por ciento) trabaja exclusivamente en tareas del hogar y de cuidados (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH, 2022). De ahí que sólo 25.4 de las adultas mayores reciben una pensión retributiva, aquellas que tuvieron empleo formal (mientras 41.5 por ciento de los hombres adultos mayores cuentan con pensión retributiva. Isalia Nava y Abraham Granados, Cuando las pensiones son insuficientes, determinantes y proposiciones para el caso de México, en 50 años del Conapo, México, 2024).

Entre quienes tienen participación económicamente activa hay grandes diferencias regionales: Guerrero y Colima son entidades donde más de 40 por ciento de las mujeres entre 60 a 64 años están insertas en el mercado de trabajo, en contraste con Chihuahua y Chiapas donde sólo 21 y 23 por ciento lo están. No cuentan con un trabajo ni ingreso remunerado 78 por ciento de las mujeres mayores de Chihuahua (78 por ciento), 76 por ciento de las de Chiapas y 74 por ciento de las de Aguascalientes (estimaciones de Conapo con base en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre, ENOE, 2024).

Un total de 29.3 por ciento de las mujeres mexicanas de 60 a 64 años se encuentra en situación de pobreza (con al menos una carencia social e ingreso insuficiente para las necesidades básicas) y 6.1 por ciento, en pobreza extrema. Las entidades con mayor porcentaje de ellas que viven en situación de pobreza son Chiapas (58 por ciento), Guerrero (54) y Tlaxcala (50.9); con las menores proporciones en pobreza están Baja California (8.5) Nuevo León (10.4) y Ciudad de México (13.8). San Luis Potosí, Guerrero y Tamaulipas son entidades donde las mujeres entre 60 a 64 años recibieron algún apoyo (más de 30 por ciento), en contraste con Aguascalientes, Morelos y Campeche, donde menos de 10 por ciento los reciben (ENIGH, 2024).

La inversión gubernamental para este nuevo programa social será considerable, porque se anuncia como derecho universal. En las proyecciones del Conapo se estima que a mitad de 2024 hay 2.8 millones de mujeres entre 60 a 64 años de edad, y llegarán a ser 3.3 millones para 2030 (el envejecimiento de la población mexicana está en curso). Las entidades con mayor volumen de mujeres de este grupo de edad son el estado de México (385 mil), la Ciudad de México (264 mil), Veracruz (197 mil) y Jalisco (177 mil); con el menor número están Baja California Sur (16 mil), Colima (17 mil) y Campeche (19 mil.) A escala municipal, Iztapalapa concentra el mayor número de mujeres de 60 a 64 (49 mil), le siguen Ecatepec de Morelos (47 mil), Puebla (43 mil) y Guadalajara (41 mil); con el menor número de están Tepic, Tecámac, Ensenada y Tonalá (cerca de 10 mil).

El registro para recibir este apoyo, de poco más de 3 mil pesos bimestrales, arranca la próxima semana, y se programa iniciar su dispersión en enero del 2025.

Se irán cubriendo grupos de manera progresiva, tienen prioridad las integrantes de comunidades indígenas y afromexicanas. En Conapo se estima que este año hay 548 mil mujeres con autoadscripción indígena entre 60 y 64 años, con mayores volúmenes en el estado de México (62 mil), Oaxaca (62 mil) y Veracruz (57 mil).

No hay duda de que Claudia Sheinbaum no llegó sola, sino que ¡con ella llegamos todas!

* Secretaria general del Conapo

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¡Victoria, una mujer presidenta!

Gabriela Rodríguez*

Hoy vivimos una victoria de movimientos sociales y de organizaciones políticas que vienen construyéndose en México desde los 60. Causas indigenistas, agrarias, laborales y de género pasaron a ser prioridades de la nación hace seis años, cuando dieron contenido a los planes y programas de gobierno.

La Cuarta Transformación es el hecho histórico más importante del siglo XXI. Para una gran mayoría de la población mexicana el rumbo tomado ha sido el correcto, así lo expresó en las urnas el pasado 2 de junio. Es una gran victoria, se abrió la oportunidad para profundizar los múltiples proyectos que ha desarrollado esta administración y para que una mujer dirija el Poder Ejecutivo.

Otro hito histórico ¡único!. Después de 200 años de señores presidentes, la población mexicana eligió por primera vez a una mujer como presidenta, a Claudia Sheinbaum Pardo. No sólo es un reconocimiento a su capacidad para dar continuidad al proyecto de nación, sino una alta valoración a la trayectoria de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a su liderazgo político y compromiso con las causas sociales, a su calidad ética y eficacia en la gestión administrativa, y a sus credenciales académicas. Es también un triunfo del movimiento de las mujeres, con el cual se pone un alto a la derecha, un freno a políticas retrógradas que intentan retroceder los derechos sociales y los de las mujeres.

Claudia Sheinbaum dirigirá el destino del décimo país más poblado del mundo. De los 194 países existentes sólo 23 estados tienen presidentas y primeras ministras: Bangladesh, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Dominica, Estonia, Etiopía, Georgia, Grecia, Guinea Ecuatorial, Honduras, India, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Moldavia, Namibia, Perú, República Democrática del Congo, Tanzania y Trinidad y Tobago.

¿Qué importancia tiene que una mujer sea presidenta? Mucha. Simone de Beauvoir pensaba que el cuerpo de las mujeres es la clave de su sujeción, es en sus cuerpos que ellas deben edificar su libertad, haciendo de su sujeción un asunto político y no es por la vía del amor o de la mística que las mujeres conquistarán su libertad. Es transitando el camino de la fraternidad, luchando contra la tortura, el hambre, el colonialismo y la sujeción ejercida sobre nuestros cuerpos como mujeres, que alcanzaremos la libertad. Por esta vía, una de las grandes mentoras del feminismo persigue un sueño fraternal en el cual todos los seres humanos puedan ser incluidos, aun las mujeres y las llamadas mujeres (Ciriza, Alejandra Graciela, Simone de Beauvoir: de la fenomenología del cuerpo a la utopía de la libertad, en: Nomadías, 3/12/12).

Quienes votaron en mayoría por Claudia Sheinbaum fueron mujeres y hombres que tienen claro que no es el cuerpo de mujer lo que garantiza un compromiso con las causas sociales ni con los derechos de las mujeres; la decisión fue entre líderes con proyectos irreconciliables, porque sólo seguirá haciendo historia la candidata que apostó por la solidaridad para abatir las desigualdades de clase, las étnicas y de condición, las sexuales y las de género.

Construidas como sujetos, las mujeres no pensamos fuera de nuestro cuerpo ni de nuestra ubicación: No se nace mujer, se llega a serlo. Hay brechas de desigualdad directamente relacionadas con tener cuerpo de mujer, cuya sensibilidad no se vive igual entre quienes no lo tienen. Hoy se ejerce en México la maternidad voluntaria, el freno a la fecundidad (1.8 hijos por mujer) es en parte por el acceso a la salud reproductiva y al aborto. La experiencia de la maternidad no es destino, pero se ha significado como si lo fuera. Desde la condición de madre se imponen los trabajos de cuidados, sin remunerar. En México, dos terceras partes de las personas mayores son cuidadas por mujeres, así como 94 por ciento de infantes de cero a cinco años, a quienes cuida la madre en 86.3 por ciento de casos y la abuela en 7.6 por ciento (6 por ciento por padre, abuelo, tía u otros); las madres cuidan a un tercio de las personas con discapacidad y otro tercio es cuidado por una hija (20 por ciento por la pareja, 15 por el padre, abuela u otros). Sesenta y ocho por ciento de cuidadoras desearían tener un trabajo remunerado, pero no tienen en quien desplazar los trabajos de cuidados (Primera Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, Inegi/2022); ellas venden mercancías al desplazarse o en tianguis, aceptan trabajos informales con horarios cortos y bajos ingresos. De ahí que sólo 25.4 de las adultas mayores reciben una pensión retributiva, frente a 41.5 por ciento de los adultos mayores (diferente a la pensión universal, mínimo vital que reciben todos los mayores de 65 años).

Para compensar esas injusticias, la virtual presidenta electa de México plantea, entre otras, algunas estratégicas para la igualdad sustantiva: el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, que reconoce sus años de trabajo en el hogar; el apoyo para estudiantes de prescolar, primaria y secundaria Mi Beca para Empezar, clave para el desarrollo de hijos y mamás ¡la escuela cuida!. Además de la paridad en el Congreso, muchas otras mujeres ocupan altas posiciones, contaremos con un total de 13 mujeres gobernadoras, incluyendo a Clara Brugada en la Ciudad de México, gran lideresa histórica del feminismo y de movimientos sociales. La agenda feminista se fortalecerá en estos años.

* Secretaria general del Conapo

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Las mujeres del Conapo

Gabriela Rodríguez R. *

Fue en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en marzo de 1910 en Conpenhague, cuando Clara Zetkin propuso el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, para conmemorar la lucha por mejorar las infames condiciones de las mujeres trabajadoras. A más de 100 años de aquella proclama, las cosas han mejorado, aunque no para todas.

Su acceso a la educación, al empleo remunerado y al voto se lograron paulatinamente para sectores medios a lo largo del siglo XX, y han estado subrepresentadas en los espacios formales de decisión política. En los años 50 llegaba a cuatro el número de legisladoras mexicanas, en 1979 se eligió a la primera gobernadora del país y la presencia de las mujeres en los gabinetes presidenciales había sido muy escasa, en la presente administración por primera vez hay paridad en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo. Hoy hay más mujeres en posiciones de poder que en cualquier otro momento de la historia de México.

Pero la representación numérica en los espacios de toma de decisión no hace la diferencia si quienes los ocupan no están comprometidas con una agenda de género. Por eso quiero referirme hoy a Luisa María Leal Duk (1931-95), que fue la primera secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo) cuando se fundó, en el año de 1974, una de las pocas mexicanas que entonces encabezaban organismos públicos. Luisa María Leal cambió la política de población pronatalista, cimentó la robusta estructura institucional del Conapo, impulsó una agenda humanista de planificación familiar y el mejoramiento de las estadísticas vitales; además inició la educación sexual en México, por primera vez se habló en las aulas escolares de la pubertad, de la reproducción humana, de los anticonceptivos y de la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Intentó despenalizar el aborto en México por voluntad de la mujer sin lograrlo; un año después de que se despenalizara en Estados Unidos, ella convocó a líderes políticos, de la academia y de la sociedad civil para debatir la posibilidad de suprimir toda sanción a la mujer que aborte por cualquier causa, en sus palabras: “El hecho de que la sociedad humana se haya proyectado a lo largo de la historia bajo patrones masculinos que tradicionalmente le han negado a la mujer un puesto decoroso dentro del conjunto social, y sobre todo, el hecho de que ésta, tomando conciencia de su real condición social –en su ‘bíblica inferioridad’ y su carácter de ‘producto derivado’– se haya decidido a luchar por su derechos, la han colocado en una situación de privilegio para aportar soluciones a los grandes problemas de nuestro tiempo. […] Vivimos en una sociedad hecha por y para los hombres, en la cual el machismo y la ignorancia contribuyen a sostener el modelo de represión. Las leyes sobre el aborto son la más evidente muestra de falta de respeto al derecho fundamental de la mujer para decidir sobre su vida y su cuerpo y contienen el anacrónico concepto que le hace aparecer como simple productora de hijos aun cuando no los quiera”. Sin duda, la primera secretaria general del Conapo se adelantó varios años al marco de los derechos reproductivos, que en la agenda de la ONU no se alcanzó hasta el año de 1994.

En 1980 se creó en el Conapo el primer Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo (Pronam) bajo la conducción de la licenciada Guadalupe Rivera Marín (hija del muralista), desde el cual se propuso un conjunto de iniciativas para promover la integración de la mujer al proceso económico, educativo, social y cultural, es el antecedente de origen del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que se funda hasta 2001. Cinco mujeres han dirigido la Secretaría General del Conapo. En 1988 Luz María Valdés integró los grupos indígenas a la política de población. Elena Zúñiga fue titular en dos ocasiones (2002 y 2007), su papel fue clave para sostener una política de población secular ante las pretensiones por revertirla en la primera década de presente siglo; ella dio visibilidad al proceso de envejecimiento poblacional, fortaleció las alianzas internacionales y creó el Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. De 2013 a 2018 fue el periodo de Patricia Chemor, quien impulsó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo de Adolescentes, con la cual comenzó a descender la tasa de fecundidad de adolescentes, que se había estancado en años anteriores.

A 50 años de la fundación del Conapo el avance en los derechos reproductivos es notable (abordaré después otros temas demográficos), y es producto de los movimientos feministas y de las legisladoras, de líderes en organismos internacionales y en las instituciones que integran el Conapo. El aborto por voluntad de la mujer ya está despenalizado en 12 entidades de México, desafortunadamente Luisa María Leal ya no vivió para celebrarlo. Hoy, 8 de marzo, el aborto pasó a ser un derecho constitucional en Francia, primer país que eleva la interrupción voluntaria del embarazo a su Carta Magna. Al considerar los retrocesos ocurridos en Estados Unidos y en otras latitudes, se está enviando un mensaje liberador al resto del mundo.

* Secretaria general del Conapo

X: Gabrielarodr108

Género y desigualdades entre adolescentes

Gabriela Rodríguez*

Gracias a las políticas de población, en este país ya no experimentamos una tasa de crecimiento acelerado, desde 2000 crecemos despacio, este año a una tasa de 1.1 por ciento anual. Lo que sí es un problema es que las adolescentes estén cuidando hijos en la segunda década de su existencia. Una etapa en que tendrían que estar estudiando, preparándose para alcanzar niveles más altos de escolaridad, para crecer con todas sus potencialidades, acceder a mejores condiciones laborales y alcanzar sus sueños e ideales de vida.

En mi colaboración anterior, señalé que se estiman 2 millones 151 mil 358 de nacimientos en este año, de los cuales las adolescentes contribuirán con 373 mil 661 hijos, más de mil cada día, tasa que está descendiendo, aunque de forma muy lenta. A esta cifra se suman 9 mil 876, de niñas madres menores de 14 años. Gran parte de estos embarazos suceden en adolescentes con un menor horizonte educativo, mujeres que no aspiran a llegar al nivel de educación media superior porque son parte de familias que han estado excluidas y que no pretenden ir más allá de la secundaria. Entre las que siguen estudiando el bachillerato, 16.3 por ciento abandona la escuela porque se une a alguien, se casa o se embaraza; entre los hombres, sólo 2.8 por ciento deserta por estas razones. Se deja de estudiar también ante la imposibilidad de pagar los gastos escolares, por necesidad de trabajar para ayudar a los gastos del hogar; 2.5 por ciento de ellas lo hicieron porque tenían que cuidar a alguien o dedicarse a los quehaceres del hogar, razón que es de 1.2 por ciento de los adolescentes masculinos. En el nivel de educación superior, la desigualdad se pronuncia más entre quienes tuvieron hijos antes de los 19 años. Sólo 6.7 por ciento de las madres adolescentes acceden a la formación profesional, cifra que alcanza 22.2 por ciento entre quienes se abstuvieron de tener hijos en esta etapa. La menor escolaridad y la privación de capacidades lleva a un menoscabo de las oportunidades de empleo y de remuneración, existe una brecha salarial de 40 por ciento entre las madres adolescentes y aquellas que tuvieron hijos en la edad adulta.

La asimetría de poder y las desigualdades de género se expresan en las prácticas sexuales y en las pautas reproductivas, sólo 4.3 por ciento del total de las de mujeres unidas deciden cuándo tener relaciones sexuales; si se recurre a métodos anticonceptivos, en más de 90 por ciento de los casos la decisión es del lado de los hombres. Entre las adolescentes, los indicadores de asimetría de poder se pueden relacionar con la edad de su pareja, en una encuesta retrospectiva realizada a féminas de 20 a 24 años, 67 por ciento reporta que su primera relación sexual fue con otro adolescente de 12 a 19 años, en lo que podríamos comprender como una relación horizontal; pero en 19.5 por ciento de los casos esa primera experiencia fue con un hombre 10 años mayor, y en 12.5 por ciento la pareja fue 20 años más grande. Otro factor que ha recibido poca atención en el país es el consumo de alcohol y diversas drogas o sustancias adictivas en las prácticas sexuales; puede haber una pérdida de percepción de riesgo que lleve a tener relaciones sexuales sin protección contra embarazo o infecciones de transmisión sexual. Del total de mujeres adolescentes de 10 a 19 años que consumieron bebidas alcohólicas y han tenido relaciones sexuales en los pasados tres meses, 25.4 por ciento no usó métodos anticonceptivos en su relación más reciente, 21.1 por ciento de los hombres de 15 a 19 años. El abuso y la violencia sexual es una práctica que cada vez cobra mayor visibilidad y que se relaciona con embarazos. Existe poca información, pero 9 por ciento de las mexicanas ha declarado haber sufrido violencia sexual en su infancia.

En el caso de las niñas menores de 14 años, el abuso y la violencia sexual tiene mayor presencia. El contexto en que éstas tuvieron su primera relación sexual antes de los 14 años de edad, 14.7 por ciento reporta que la primera experiencia se dio por convencimiento, coerción o violación y 13.1 por ciento lo hizo al casarse. Entre las niñas ya embarazadas, el progenitor era un adolescente de 15 a 19 años en 40 por ciento de los casos, pero en 22.7 por ciento la embarazó un adulto de 20 a 24 años; en 4.9 por ciento, uno de 25 a 29 años, hay casos de progenitores mayores de 30 años (3.5 por ciento). El matrimonio de niñas, niños y adolescentes es una práctica enraizada en la cultura patriarcal que está prohibida en el país, sin embargo, una quinta parte (20.8 por ciento) del total de las mujeres de 20 a 24 años se casó antes de llegar a la mayoría de edad.

Hoy se cuenta con voluntad política y con una alianza interinstitucional estratégica, el 28 de septiembre se presentará la segunda etapa de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo de Adolescentes (Enapea). No se enfocará sólo en mujeres, sino en los hombres adolescentes, para fortalecer su responsabilidad y solidaridad en la vida sexual; se ampliará el acceso a los servicios de salud reproductiva, de educación integral de la sexualidad escolar y comunitaria, de salud mental y prevención del consumo de alcohol y sustancias adictivas y buscará insertarles en proyectos para mejorar el entorno, sobre todo en los territorios con mayor pobreza.

*Secretaria general del Conapo

Twitter: Gabrielarodr108

Madres adolescentes, contexto global

Gabriela Rodríguez*

Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, en 2017 hubo 14.5 millones de partos de madres de adolescentes en 156 países del mundo, 7.3 millones tuvieron lugar en países con economías dependientes. La tasa promedio es de 46 nacimientos por cada mil adolescentes del mundo, en Estados Unidos se registran 30 nacimientos por cada mil adolescentes y 11.3 por cada mil en Canadá (2010-2015). De los 252 millones de adolescentes de 15 a 19 años que viven en las distintas regiones del mundo en desarrollo, se estima que unos 38 millones no desean embarazarse, pero sólo 15 millones utilizan métodos anticonceptivos modernos.

La mortalidad perinatal es 50 por ciento mayor en madres menores de 20 años que entre quienes tienen hijos/as de los 20 a los 29 años. Para el quinquenio 2015-2020, la región de Latinoamérica y el Caribe mantiene el segundo lugar en la tasa de embarazo adolescente, con 63 nacimientos por cada mil adolescentes, la cual sólo es superada por África Subsahariana (95.0). México aún se encuentra arriba del promedio de la región de Latinoamérica y el Caribe, con una tasa de 68.5 nacidos/as vivos/as por cada mil adolescentes, ocupa la séptima posición en la región, el primer lugar corresponde a República Dominicana (94.3 nacimientos por mil), seguida de Venezuela (85.3), Nicaragua (85.0), Panamá (81.8) y Guyana (74.4), (Mundos Aparte, UNFPA, 2017).

Es necesario diferenciar los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años, de los que ocurren en niñas meno-res de 14 años. En el caso de las niñas se trata muchas veces de una maternidad forzada, existe poca información al respecto pero se calcula que en América Latina se embarazan aproximadamente 2 millones de niñas menores de 15 años anualmente, única región en donde el embarazo en niñas presenta una tendencia ascendente. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las mujeres (CLADEM) señala que la maternidad forzada de niñas no ha sido lo suficientemente visibilizada. Los países tienen que articular las estrategias para prevenir y atender la violencia de género y asegurar el acceso al aborto en tales casos, toda vez que muchos de estos embarazos son producto de violación sexual y de incesto. México cuenta con la Norma Oficial Mexicana 046 que obliga al sector salud a ofrecer atención médica y sicológica a toda mujer víctima de violencia sexual, así como acceso a la interrupción del embarazo.

Los factores determinantes de la diversidad en las tasas de embarazo son el desarrollo socioeconómico y las desigualdades sociales. Quienes viven en condiciones de pobreza, con menor acceso a la escolaridad, en zonas rurales y pertenecen a pueblos originarios están más expuestas a una fecundidad no deseada y a vivirla en edades más tempranas. Patrones culturales de matrimonio infantil, uniones arregladas y hasta venta de niñas aportan a la tasa de fecundidad de adolescentes y niñas, pautas que son más frecuentes en condiciones de pobreza extrema. La menor escolaridad y la privación de capacidades para el trabajo lleva a un menoscabo de las oportunidades de empleo y remuneración salarial, especialmente en quienes se hicieron madres en la segunda etapa de vida.

La natalidad general está en descenso, el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo en todas las regiones del planeta llevó a descenderla, en parte por las dificultades de equilibrar las aspiraciones educativas y profesionales con la maternidad y el cuidado de los hijos. Aunque la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo en empleos asalariados y con seguridad social sigue siendo baja en países con economías dependientes, el embarazo y la crianza dan lugar a su exclusión de la fuerza de trabajo formal o a recibir menores ingresos. Otras razones de género impiden a millones de mujeres el control sobre su fecundidad y el acceso a los métodos anticonceptivos modernos, hay presión de novios para no usar condones ni medidas preventivas y de la pareja para tener hijos, personal de salud a veces niega acceso a los anticonceptivos a las mujeres adolescentes que no están casadas o que viven en unión libre.

Desde el arranque del siglo XXI está bajando la natalidad en México. Entre 1994 y 2020 la natalidad decreció, de 2 millones 900 mil nacimientos anuales a 2 millones 151 mil 358. La disminución de la natalidad en adolescentes ha sido menor que en el resto y presenta algunos altibajos. El Consejo Nacional de Población (Conapo) estima que el número de personas de 10 a 19 años de edad en el país es de 22 millones 185 mil 367, la población femenina adolescente contribuye cada año con 373 mil 661 nacimientos (poco mas de mil cada día), representando 17.4 por ciento del total de nacimientos. Otros 12 mil se registran en niñas menores de 14 años. El 28 de septiembre próximo arrancará la nueva Campaña de prevención del embarazo de adolescentes Yo Decido Mi Futuro, enfocada a dos audiencias urbanas de adolesentes, mujeres y hombres de 15 a 19 años, así como la campaña Yo Exijo Respeto, dirigida a niñas y niños menores de 14 años y a sus padres y madres.

* Secretaria general del Consejo Nacional de Población

Twitter: Gabrielarodr108

De remesas y migrantes ante el Covid-19

Gabriela Rodríguez*

La Jornada

México se colocó como el tercer país del planeta con mayor ingreso por remesas, llegando a 36 mil millones de dólares (mmd) en 2019 (Banco Mundial), provenientes en su mayor parte de Estados Unidos. Éstas superaron por primera vez a los flujos por inversión extranjera y por exportaciones de petróleo. La tendencia continúa, toda vez que durante el primer semestre de 2020 y pese a la pandemia del Covid-19, las remesas llegaron a 19.1 mmd, un aumento de 10.6 por ciento en valores nominales, respecto del mismo periodo del año pasado. Se registraron 2 mil 591 mmd en enero y subieron a 2 mil 699 mmd en febrero, en marzo se duplican al llegar a 4 mil 7 mmd; disminuyen a 2 mil 861 mmd en abril y para mayo y junio aumentaron nuevamente, registrándose 3 mil 379 y 3 mil 537 mmd, respectivamente. Las entidades federativas que reciben el mayor monto son Michoacán, Jalisco y Guanajuato, las cuales concentraron 28.8 por ciento del total de 2019. Desconocemos las razones del asenso, puede ser que quienes viven del otro lado de la frontera norte quieran enviar más dinero a sus familiares por las necesidades que enfrentan, que intenten ampliar los ahorros o que los emigrantes estén trabajando en labores esenciales o estratégicas para atender la pandemia, o quizá sean beneficiarios de los apoyos económicos que se ofrecen en Estados Unidos. Pero éstas no son más que hipótesis que lanzo sin mayor sustento.

Otro cambio notable e inesperado en el año del Covid-19 es que bajó casi a la mitad el número de mexicanos expulsados y cerca de 70 por ciento el de los aprehendidos en la frontera México-Estados Unidos y otro 70 por ciento de solicitantes de refugio en México.

Mientras que en el año fiscal anterior –de octubre 2018 a julio 2019– las autoridades estadunidenses expulsaron a 101 mil 49 mexicanos, en 2019 y lo que va de 2020 han deportado a 51 mil 279. En cuanto a la población aprehendida en la frontera suroeste, la disminución alcanza casi dos terceras partes: en abril de 2019 fue aprehendida una población de 99 mil 273 personas, en mayo 132 mil 856, en junio 94 mil 902 y 71 mil 978 en julio; en tanto que en 2020 la población migrante aprehendida fue de 16 mil 162 personas, 21 mil 553, 30 mil 721 en mayo y junio, y en julio 38 mil 347.

Los servicios que ofrecen los consulados mexicanos son de orientación para el retorno voluntario, para obtener la prueba del Covid-19, así como para trasladar el cuerpo de una persona fallecida. La Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó que el número de mexicanos fallecidos en el extranjero ascendía a 2 mil 187, de los cuales 2 mil 173 murieron en Estados Unidos. Asimismo, entre julio y agosto, llegaron a México las cenizas de 245 personas fallecidas por Covid-19 en Estados Unidos, 18 de mexicanos. Desde el inicio de la pandemia el gobierno de México ha operado medidas que impactan a poblaciones de migrantes, algunas de ellas de tipo contingente y coyuntural: se han repatriado personas de Colombia, El Salvador y Estados Unidos; contención migratoria a personas de Guatemala y El Salvador y atención humanitaria a migrantes de Honduras.

El número de refugiados descendió 81 por ciento en el primer semestre de 2020, respecto del mismo periodo de 2019. Al cierre de julio pasado han solicitado refugio en México 22 mil 192 personas.

La pandemia parece inhibir sobre todo el número de mujeres que solicitan refugio que el de hombres: el año pasado 42.5 por ciento de las solicitantes de refugio fueron mujeres, pero en el actual lo hicieron 39.26 por ciento (un total de 8 mil 712). Más sustantivamente disminuyó el número de niñas, niños y adolescentes (NNA) solicitantes de refugio, que pasó de ser 27 por ciento en 2019, a 19.97 en 2020; un total de 4 mil 432 han solicitado la condición de refugiados en el país, de los cuales 4 mil 204 son NNA acompañados, pero 228 son no acompañados (Comar).

La Procuraduría Federal de Protección de NNA, DIF, registra que se ha ofrecido atención integral por eventual contagio de Covid-19 a 525 niñas, niños y adolescentes migrantes, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, con medidas de protección, reunificación familiar y planes de restitución de derechos. En paralelo, durante el año cayó la cifra de migrantes atendidos por los Grupos Beta, de 11 mil 324 en enero a 5 mil 622 en abril, recuperándose a 7 mil 349 en junio; estos grupos ofrecen refugio, alimentos, atención médica menor, traslados a centros hospitalarios para atención médica mayor y asesoría en trámites administrativos en ríos, desiertos, vías de tren, túneles o áreas urbanas.

* Secretaria general del Conapo.

Twitter: Gabrielarodr108

Covid-19: un fenómeno citadino

Gabriela Rodríguez

Desde 2008 más de la mitad de la población del planeta vive en asentamientos urbanos; para dimensionar el cambio, hay que considerar que hace 100 años tan sólo 13 por ciento de la gente vivía en este tipo de asentamientos, los cuales para 2030 concentrarán a 80 por ciento del total de la población. No hay duda que las ciudades abren oportunidades, hoy contribuyen con cerca de 70 por ciento del PIB mundial, en ellas se impulsa el desarrollo social y el empleo, la innovación y el progreso industrial, facilitan la interacción social y la creatividad; pero paradójicamente, pueden ser territorios de inequidad socio-espacial, de desigualdad de oportunidades y expresión de las peores injusticias sociales; las ciudades se han convertido en depredadoras del medio ambiente; recientemente, hemos aprendido que también son espacios particularmente vulnerables a la expansión de los virus. 

De acuerdo con el reporte del 28 de julio de la Secretaría de Salud de México, 95 por ciento del total de defunciones por Covid-19 han ocurrido en municipios pertenecientes al Sistema Urbano Nacional. Este sistema está conformado por 401 ciudades de más de 15 mil habitantes, donde se concentra 83 por ciento de la población nacional, 74 de ellas se consideran zonas metropolitanas (https:www.gob.mx./conapo/documentos/ sistema-urbano-nacional-2018), en las últimas habita 63 por ciento de la población. 

En las zonas metropolitanas de México han muerto 44 personas por cada 100 mil habitantes, en la Ciudad de México la tasa es de 80 por cada 100 mil (7 mil 109 defunciones). En las ciudades se reportan 40 defunciones por cada 100 mil y, en contraste, ocurren 11 defunciones por cada 100 mil habitantes en el resto de los municipios. 

Hay 15 ciudades de las zonas metropolitanas que registraron más de 500 defunciones: Valle de México (13 mil 408), Puebla-Tlaxcala (mil 755), Mexicali (mil 240), Toluca (mil 214), Tijuana (mil 166), Guadalajara (mil 79), Monterrey (934), Villahermosa (919), Veracruz (768), Acapulco (741), Culiacán (727), Cancún (687), Ciudad Juárez (642), Mérida (556) y León (527). También tienen números importantes: Hermosillo (480), Los Mochis (468), Ciudad Obregón (415), Cuernavaca (394) y Tuxtla Gutiérrez (375). Hay que comprender que, por su concentración demográfica y su densidad po-blacional, las cifras absolutas de defunciones más elevadas se presentan en grandes urbes. El Valle de México reúne a 30 por ciento del total de defunciones del país, toda vez que en esta zona vive 17 por ciento de la población nacional. También habría que considerar que en las capitales y en zonas metropolitanas se concentran el mayor número de servicios hospitalarios, que es el lugar a donde llegan más enfermos y donde se llevan a cabo la gran mayoría de los registros de defunciones. 

Paralelamente a las zonas metropolitanas están otras ciudades con tasas muy altas de defunciones, cuya alta proporción se explica por el mayor peso que representan los fallecimientos cuando se trata de poblaciones reducidas, entre éstas se destacan 10: Teapa, Tabasco (88 defunciones, una tasa de 140 por cada 100 mil habitantes,), Mexicali (mil 240 muertes, tasa de 114); Nueva Italia de Ruiz, Michoacán (57 fallecimientos, tasa de 110.7), Guamúchil, Sinaloa (90 defunciones, tasa de 103.5), Villahermosa (919 muertes, tasa de 103.4), Zacatepec de Hidalgo, Morelos (39 fallecimientos, tasa de 99.6), Los Mochis, Sinaloa (468 defunciones, tasa de 97.4), San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca (165 muertes, tasa de 96.7), Guasave, Sinaloa (304 defunciones, tasa de 96.1), y Coatzacoalcos (355 fallecimientos, tasa de 91.8. En municipios que no pertenecen al sistema urbano, hubo seis que superaron la tasa más alta de Teapa, sin embargo, todos ellos presentan un número muy reducido de defunciones, entre una y cuatro, pero al tener poblaciones pequeñas registran tasas elevadas. 

La valoración de las defunciones del país no se sabrá sino hasta que la pandemia supere la fase crítica en la que nos encontramos como región continental, México tiene hoy una tasa de 35 muertes por Covid-19 por cada 100 mil habitantes, Brasil registra 42 por cada 100 mil y la tasa de los Estados Unidos es de 46.3. 

Entre tantas lecciones que nos está danto esta crisis sanitaria, es claro que la especie humana es especialmente vulnerable en las grandes concentraciones urbanas, que la transmisión de los virus es muy difícil de combatir en espacios con grandes concentraciones de población y también en poblaciones muy reducidas. Es de esperar que esta pandemia nos obligue a humanizar el espacio y que pueda ser un punto de inflexión en la expansión de las ciudades. 

* Secretaria General del Conapo 

Twitter: @Gabrielarodr108