Ciudad de México. La participación de las mujeres en el sector primario es tan relevante como la de los varones. Datos oficiales indican que aproximadamente 43 por ciento de la fuerza laboral agrícola mundial está integrada por mujeres; en tanto que en México un millón cinco mil mujeres trabajan en el campo, la ganadería, la pesca y la silvicultura.
“El agro también es un mundo de mujeres”, enfatizó María Alicia Almanza Vázquez, presidenta de la Comisión Agroalimentaria 50+1 Internacional y del Foro Económico Internacional Mujer Agro al inaugurar esta mañana los trabajos de ese espacio en el que se dan cita 600 mujeres ligadas al sector.
Destacó la importancia de la intervención femenina en esas área de la cadena de producción.
“Las mujeres producimos, transformamos, cosechamos exportamos. Estamos en toda la cadena agroalimentaria”.
Datos de la Comisión encabezada por Almanza Vázquez revelan que si las mujeres de esta industria contaran con el mismo acceso a recursos agrícolas, financiamiento y tecnología que los hombres, “la producción mundial de alimentos podría incrementarse entre 20 y 30 por ciento”.
En el ámbito nacional, los números oficiales refieren que de cada 100 productores en el país, 17 son mujeres.
De las mas de un millón de trabajadoras del sector, 84.6 por ciento se dedica a la agricultura, 12.5 por ciento a la ganadería, 1.7 a la pesca y 1.2 por ciento a otras actividades de la cadena agroalimentaria.
José Carlo González
Por su parte, la jefa de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía (SE), Andrea Genoveva Solano Rendón, refirió que datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, señalan que en 2023 el valor económico de la producción agrícola, pecuaria y pesquera de México superó 1.5 billones de pesos, con un volumen aproximado de 299 millones de toneladas.
“Esto representa que para 2024 México registró un superávit comercial agroalimentario de 7 mil 795 millones de dólares. Cuando escuchamos estas cifras podemos ver la fortaleza de este sector”, señaló la funcionaria, quien acudió al foro en representación del titular de la SE, Marcelo Ebrard Casaubón.
Dijo que existe una “gran responsabilidad” de los gobiernos estatales y federal para generar las condiciones que permitan que la producción nacional de alimentos tenga más calidad, mayor valor agregado y oportunidades para competir en el mundo.
En ese sentido, sostuvo que “bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno de México ha colocado a la soberanía alimentaria frente a cualquier otro elemento, porque el fortalecimiento nacional y el desarrollo regional es prioridad estratégica”.
El foro reunió a cerca de 600 participantes entre agricultoras, productoras, ganaderas, empresarias, emprendedoras rurales, científicas, investigadoras, profesionistas, organizaciones de mujeres, representantes de instituciones públicas y privadas, organismos internacionales y actores de los sistemas agroalimentarios.
Por defender la tierra y la autonomía corporal de 178.000 agricultoras del sur de África
Fuentes: Right Livelihood
ESTOCOLMO
— Los nombres de quienes recibirán el Premio Right Livelihood 2026, también
conocido como “Premio Nobel Alternativo”, se dieron a conocer este miércoles en
unaconferencia de prensaen
la capital sueca.
La Asamblea de Mujeres Rurales
(RWA), un movimiento transnacional y autogestionado que agrupa a más de 178.000
agricultoras de pequeña escala en once países del sur de África, está entre las
galardonadas con el Premio Right Livelihood este año.
La Asamblea de Mujeres Rurales
ofrecerá hoy unarueda de prensa virtuala
las 11:00 CEST (9:00 pm GMT).
Desde
su fundación en 2009 por parte de 250 mujeres rurales de la provincia de
Limpopo (Sudáfrica), la Asamblea de Mujeres Rurales (RWA, por Rural
Women’s Assembly) ha construido una de las mayores plataformas
autónomas de la región para mujeres que durante mucho tiempo estuvieron
excluidas de la propiedad de la tierra. Actualmente, el movimiento desarrolla
su actividad en Angola, Esuatini, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mauricio,
Namibia, Sudáfrica, Tanzania, Zambia y Zimbabue. Al rechazar el modelo
tradicional de las ONGs, el movimiento opera mediante una estructura horizontal
dirigida por voluntarias, destinando aproximadamente el 95 % de sus gastos
directamente a las actividades de sus integrantes.
“No
podemos tener una capacidad de acción sólida y suficiente si no estamos
organizadas desde abajo”, afirmó Mercia Andrews, coordinadora regional.
Dos
pilares fundamentales de la labor de la Asamblea son sus Escuelas de
Agroecología y Feminismo, que imparten formación sobre sistemas alimentarios
sostenibles al tiempo que abordan las estructuras patriarcales presentes en la
agricultura a pequeña escala. Este trabajo se extiende a 24 centros de
multiplicación de semillas, defendiendo la gestión de las semillas de la
apropiación corporativa. Su trabajo ha generado cambios legales concretos: la
ley de Zambia de 2016 que exige la asignación equitativa de tierras a las
mujeres y el proyecto de ley sobre delitos sexuales y violencia doméstica de
Esuatini, promulgado en 2018.
“Si
logramos tener acceso a la tierra y control sobre ella, el mundo será un lugar
mejor para las mujeres”, declaró Zakithi Sibandze, líder de la sección de
Esuatini.
Durante
más de 45 años, el Premio Right Livelihood ha reconocido y apoyado a personas
que lideran el camino hacia un mundo justo, pacífico y sostenible para toda la
humanidad. El galardón viene acompañado de apoyo a largo plazo para dar
visibilidad y divulgar el trabajo de las personas laureadas. En 2026, se
consideraron 200 propuestas provenientes de 72 países.
El
Jurado Internacional de Right Livelihood señaló que la Asamblea de Mujeres
Rurales recibe el Premio “por organizar a mujeres rurales de África Austral
como una fuerza unida que defiende la tierra, las semillas y autonomía sobre
sus cuerpos frente al despojo corporativo y patriarcal”.
Mercia
Andrews, coordinadora regional de RWA, declaró: “Ninguna voz por sí sola mueve
una montaña; es el peso paciente y colectivo de miles de mujeres rurales
organizadas el que ha logrado mover aquello que antes se consideraba
inamovible. Que este reconocimiento contribuya a que las luchas de las mujeres
rurales de nuestra región sean vistas como un modelo vivo de la justicia que el
mundo entero aún adeuda a la tierra y a quienes la cultivan”.
El
director ejecutivo de Right Livelihood, Ole von Uexkull, expresó: “A medida que
las corporaciones estrechan su control sobre los sistemas de semillas del
mundo, la Asamblea de Mujeres Rurales demuestra cómo es la verdadera
resistencia: cientos de miles de mujeres rurales organizándose —gestionando
centros de multiplicación de semillas para mantener vivas las variedades
tradicionales, desmantelando políticas y tradiciones patriarcales, y apoyándose
mutuamente cuando el Estado no lo hace”.
Este
2026 también fueron galardonadas con el Premio Right Livelihood:
la abogada de derechos humanos pakistaní Jalila Haider
Durante
más de 45 años, Right Livelihood ha honrado y apoyado a personas visionarias
que resuelven problemas globales. Bajo el paraguas de una fundación, Right
Livelihood es una comunidad impulsada en el coraje, el compromiso con la paz,
la justicia y la sustentabilidad.
Cada
año se presenta el Premio Right Livelihood, que hasta la fecha distinguió a 207
personas y organizaciones de 82 países. Reconociendo las acciones de valientes
agentes de cambio y construyendo conexiones significativas alrededor del mundo,
Right Livelihood intenta contribuir a un cambio social urgente y duradero.
El
Premio se fundó en 1980 luego de que la Fundación Nobel rechazara la propuesta
de crear dos nuevos galardones para honrar a personas comprometidas con la
promoción de la justicia social y las causas ambientales, destacando
especialmente a activistas del Sur Global.
Actualmente,
Right Livelihood es mucho más que un premio: es apoyo a largo plazo. Elevando
su perfil, resaltando sus ideas innovadoras y brindando protección cuando sus
vidas y su libertad están en peligro, Right Livelihood es un megáfono y un
escudo para las personas galardonadas.
Right
Livelihood tiene su sede principal en Estocolmo, y una oficina en Ginebra. La
Fundación tiene estatus consultivo especial en la ONU.
Sobre la Asamblea de Mujeres
Rurales
La
Asamblea de Mujeres Rurales (RWA, por Rural Women’s Assembly) es
un movimiento transnacional y autogestionado que reúne a más de 178.000
personas a lo largo de once países de África Austral. Dedicadas a la
agricultura a pequeña escala, defienden la autonomía sobre la tierra, las
semillas y sus cuerpos frente al despojo de las grandes empresas
agroindustriales y las estructuras patriarcales. Al rechazar el modelo
tradicional de las ONGs y adoptar una estructura horizontal liderada por
voluntarias, RWA ha construido una de las mayores plataformas autónomas de
mujeres rurales de la región, reconocidas como “Guardianas de la Tierra, la
Vida, las Semillas y el Amor”.
A
través de la agroecología feminista y la soberanía alimentaria y de las
semillas, RWA desafía el control empresarial sobre los sistemas alimentarios de
la región y, al mismo tiempo, fortalece la resiliencia de las comunidades
frente a los impactos climáticos. Ha establecido 24 espacios para la
multiplicación de semillas y documentado cientos de variedades de semillas
indígenas, protegiendo los sistemas tradicionales de semillas de la
comercialización.
Mediante
círculos de sanación y redes transfronterizas de apoyo mutuo, RWA ha logrado
que mujeres históricamente excluidas de la propiedad de la tierra se conviertan
en una voz política unida y persistente que, en palabras de su coordinadora
regional, Mercia Andrews, es más “ruidosa” que “radical”. Esa voz contribuyó a
lograr la aprobación de una ley zambiana de 2016 que exige la asignación
equitativa de tierras a las mujeres, así como el histórico proyecto de ley de
2018 sobre delitos sexuales y violencia doméstica de Esuatini.
Foto: Gobierno federal / La Cartilla de los Derechos de las Mujeres del Campo: Tierra, Territorio y Comunidad será distribuida en comunidades rurales y posteriormente traducida a lenguas originarias.-El material busca cerrar brechas históricas en el acceso de las mujeres a la tierra, el agua y la toma de decisiones comunitarias.
Las mujeres del campo contarán con una nueva herramienta para conocer y defender sus derechos agrarios. La Secretaría de las Mujeres concluyó la Cartilla de los Derechos de las Mujeres del Campo: Tierra, Territorio y Comunidad, un material que busca fortalecer su autonomía y participación en las decisiones sobre la tierra y el territorio.
La cartilla forma parte de las acciones derivadas delCompromiso 53 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que plantea reconocer los derechos agrarios de 150 mil mujeres durante la actual administración. El instrumento fue elaborado en el marco del Convenio Marco de Colaboración para garantizar a las mujeres del campo el acceso a las tierras y los territorios y el reconocimiento de su calidad agraria.
El documento parte de una desigualdad histórica: las mujeres han tenido una participación menor en la propiedad social de la tierra, una condición que también limita su acceso a créditos, apoyos productivos y espacios de decisión dentro de los núcleos agrarios.
De acuerdo con la propia Secretaría de las Mujeres, las campesinas poseen actualmente alrededor de 30 por ciento de la propiedad social en México. Por ello, el reconocimiento de la titularidad de la tierra forma parte de una estrategia más amplia para avanzar hacia la justicia económica y agraria.
Ocho derechos para las mujeres del campo
La nueva cartilla identifica ocho derechos fundamentales relacionados con la vida y el trabajo de las mujeres rurales:
Derecho al territorio.
Derecho al agua.
Derecho a un medio ambiente sano.
Derecho a defender el ambiente y el territorio.
Derecho a la titularidad de la tierra.
Derecho a participar en la toma de decisiones de los núcleos agrarios.
Derecho al reconocimiento del trabajo en el campo y la vida comunitaria.
Derecho a la igualdad sustantiva en el territorio.
Uno de los aspectos centrales es el reconocimiento del derecho de las mujeres a participar con voz y voto en las asambleas ejidales y comunales, espacios donde se toman decisiones sobre los territorios y la vida de las comunidades.
Con ello, el material busca que las mujeres no sólo sean reconocidas como propietarias o titulares de derechos agrarios, sino también como sujetas con capacidad para participar en las decisiones de sus comunidades.
La relación entre tierra y autonomía económica es uno de los ejes que el Gobierno federal ha colocado dentro de su política de igualdad sustantiva. En junio pasado, la Secretaría de las Mujeres publicóEl acceso a la tierra de las mujeres en México, una obra que documenta experiencias, obstáculos y retos de las campesinas para acceder a la propiedad y a la justicia agraria.
Una guía para realizar trámites agrarios
Además de explicar los derechos de las mujeres del campo, la cartilla incorporará una guía práctica de trámites y servicios agrarios.
La intención es que las usuarias puedan identificar qué gestiones deben realizar y ante qué autoridades acudir para ejercer o defender sus derechos relacionados con la tierra y el territorio.
La Secretaría de las Mujeres informó que, después de concluir su proceso de revisión y diseño, comenzará su distribución en versión impresa y digital, con prioridad para comunidades donde existe una alta presencia de mujeres del campo.
Posteriormente, se contempla su traducción a diversas lenguas originarias, con el objetivo de reducir las barreras lingüísticas para el acceso a información sobre derechos.
Esta estrategia se suma a las acciones que la dependencia ya desarrolla para acercar información sobre derechos a mujeres indígenas y rurales. En agosto, por ejemplo, comenzó la distribución física de la Cartilla de Derechos de las Mujeres traducida a lenguas originarias durante asambleas realizadas junto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
El reto de que el derecho a la tierra se convierta en autonomía
El reconocimiento jurídico de la propiedad es un primer paso, pero el acceso efectivo a la tierra también está relacionado con la posibilidad de que las mujeres participen en las decisiones sobre los territorios y tengan acceso a recursos productivos.
La Secretaría de las Mujeres informó que, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, se reconoció la titularidad de derechos agrarios a 23 mil 365 mujeres mediante la entrega de 40 mil 498 documentos oficiales, como parte del Compromiso 53.
La meta planteada por el gobierno federal es que 150 mil mujeres sean reconocidas con derechos agrarios durante la administración de Sheinbaum.
En ese contexto, la nueva cartilla busca convertirse en una herramienta para que las mujeres del campo conozcan qué derechos tienen, cómo ejercerlos y qué mecanismos existen para
Foto: Segob / Las mujeres que se dedican al campo siguen enfrentando diferentes desafíos en México.-Autoridades
reconocieron que persisten brechas en el acceso al crédito, la
capacitación y los activos productivos que limitan su desarrollo
económico.
La quinta emisión del Bono Social de Género destinará 12 mil millones de pesos para impulsar el desarrollo económico de más de 11 millones de mujeres del campo mexicano,
un sector que continúa enfrentando condiciones estructurales de rezago y
mayores barreras para acceder a financiamiento, capacitación y recursos
productivos.
El anuncio fue realizado durante un evento en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA),
donde autoridades financieras destacaron que esta estrategia busca
fortalecer la participación de las mujeres rurales en la producción
alimentaria del país mediante el acceso a mecanismos de financiamiento con perspectiva de género. La iniciativa es resultado de la colaboración entre BIVA y el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FIRA), programa que comenzó en 2018.
Mujeres rurales enfrentan mayores barreras para acceder al crédito
Durante su participación, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, señaló que persisten importantes desigualdades en el acceso a productos financieros entre mujeres y hombres.
Explicó que, a nivel general, el acceso de las mujeres a productos financieros alcanza el 73 por ciento, mientras que entre los hombres llega al 81 por ciento. Sin embargo, la brecha se amplía en las zonas rurales, donde únicamente el 35 por ciento de las mujeres tiene acceso al financiamiento, frente al 77 por ciento de los hombres.
La
funcionaria explicó que esta desigualdad responde a diversos factores,
entre ellos la falta de garantías para acceder a créditos, menores
niveles de educación financiera y una oferta limitada de capacitación
empresarial, condiciones que restringen el desarrollo de proyectos
productivos encabezados por mujeres rurales.
La demanda de financiamiento superó las expectativas
Durante el evento también se informó que el Fondo de FIRA registró una demanda por 12 mil millones de pesos, monto que rebasó ampliamente la meta inicial, estimada entre cuatro y ocho mil millones de pesos, reflejando el interés y la necesidad de ampliar las opciones de financiamiento para las mujeres del sector agropecuario.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba López,
afirmó que los desafíos que enfrenta el campo mexicano tienen un origen
estructural, ya que la comercialización de los productos agropecuarios
continúa concentrada en grandes empresas que fijan condiciones poco
favorables para las personas productoras.
En tanto, el director de FIRA, Alan Elizondo, señaló que las mujeres
rurales enfrentan múltiples condiciones de desigualdad relacionadas con
la pobreza, la vivienda y el acceso a la educación, factores que terminan reflejándose en una menor disponibilidad de activos productivos en comparación con los hombres.
La ONU reconoce el papel de las mujeres agricultoras
El impulso al financiamiento para las mujeres del campo ocurre en un contexto internacional en el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró 2026 como el Año Internacional de la Mujer Agricultora, con el objetivo de visibilizar las contribuciones
de las mujeres rurales a los sistemas agroalimentarios y promover
políticas que fortalezcan su participación en el desarrollo del campo.
Unsplash,
Shelby Murphy Figueroa .- Ciudad
de México.- De acuerdo con el Gobierno de México, en el país existen 96
mil 267 escuelas que son multigrado, es decir, atienden a grupos con
estudiantes de distintas edades a través de prácticas pedagógicas
flexibles y vinculadas al territorio; situación que atraviesa el
ejercicio de la docencia de las maestras rurales.
Es importante
resaltar que México tiene 1.2 millones de personas docente en educación
básica, de los cuales 878 mil son maestras y 378 mil son maestros, de
acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocuapación y Empleo (ENOE) 2020.
La disparidad entre ambos géneros no es un hecho aislado, sino una
consecuencia de la feminización de ésta labor debido a los roles y
estereotipos de género que recaen en las mujeres.
Datos del Observatorio Laboral del
Servicio Nacional de Empleo evidencian la tendencia a la
subrepresentación de maestras en la docencia. Por ejemplo, son mujeres
el 97.4% de los profesionistas en educación básica y nivel primaria, así
como el 67% de aquellos dedicados a educación básica y nivel
secundaria. En otras áreas de formación relacionados con la docencia,
también son ellas quienes acaparan las estadísticas.
Su alta
presencia en los espacios educativos responde a la idea arraigada y
desde una perspectiva machista de que las mujeres deben hacerse cargo
del cuidado, la crianza, y la atención emocional, mientras que a los
hombres se les ha vinculado con la fuerza, racionalidad o trabajos
considerados masculinos. Dichos pensamientos llevaron a que la enseñanza
sea vista como una extensión de las tareas no remuneradas asignadas
tradicionalmente a las mujeres.
El artículo «Acerca de la feminización de profesiones. Caso: la docencia en preescolar en la Cuidad de México»
explica que el reforzamiento de la sociedad sobre la creencia de que
las mujeres poseen una «capacidad natural» para educar y cuidad a las
niñas y niños ocasiona que la división sexual del trabajo y las
expectativas de género consoliden la docencia como una profesión
mayoritariamente femenina.
Aunque el magisterio mexicano está
conformado mayoritariamente por mujeres, ellas no han alcanzado las
cúpulas del poder sindical y educativo. Sin embargo, son las que
sostienen gran parte del proyecto educativo en el ámbito local y
comunitario, y por ello son reconocidas como sujetas del saber
pedagógico, tejedoras del conocimiento y actrices movilizadoras, de
acuerdo con la investigación El aula multigrado en tensión. Una aproximación desde el saber pedagógico de maestras rurales.
El informe «Educación rural. Entre el olvido y la reivindicación»
indica que el mundo necesita 44 millones de docentes para alcanzar las
metas educativas de desarrollo sostenible en 2030. Además, señala que en
América Latina la práctica docente es más importante en la educación
rural, puesto que, de su trabajo depende las oportunidades educativas de
la comunidad.
Sin embargo, el trabajo de estas maestras implica
transformar su vida, dejar a sus propias familias y mudarse a las
comunidades rurales, ubicadas en zonas serranas, montañosas y apartadas,
donde las condiciones materiales son precarias y el acceso implica
largos traslados. Es así que su labor no solo es impartir clases, sino
adaptarse a contextos de marginación y aislamiento, así como construir
vínculos con poblaciones que enfrentan pobreza, falta de servicios y
dificultades para acceder a la educación.
En muchas de estas
comunidades, las docentes trabajan en escuelas multigrado, donde una
sola persona debe atender simultáneamente a niñas, niños y adolescentes
de distintas edades y niveles educativos. Es decir, que en el mismo
salón pueden convivir estudiantes que apenas aprenden a leer con otros
que ya realizan operaciones matemáticas complejas o cursan contenidos
más avanzados, lo que las obliga a desarrollar estrategias pedagógicas
múltiples y sostener el proceso educativo de varias generaciones al
mismo tiempo.
En México, la educación multigrado está reconocida en el Artículo 43° de la Ley General de Educación,
la cual determina que el Estado debe ofrecer este tipo de educación en
centros educativos ubicados en zonas altas, indígenas y de marginación. A
su vez, asegurarse que se cuente con personal docente capacitado,
ofrecer un modelo educativo y promover condiciones pedagógicas,
administrativas, de recursos didácticos, seguridad e infraestructura.
La
educación multigrado también se focaliza en que los saberes locales,
las lenguas originarias y los vínculos comunitarios para que sean parte
esencial del proceso educativo, según afirma el Gobierno de México.
Este sistema se ha mantenido desde el 2022, datos del informe «Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025″
de la Secretaría de Educación Pública señalan que en 2025 hubo 12
millones 838 mil 201 alumnas y alumnos bajo este sistema tan solo en
educación primaria.
La investigación “El aula multigrado en tensión. Una aproximación desde el saber pedagógico de maestras rurales”
señala que la organización de estudiantes de diferentes grados en una
sola aula nace a partir de factores económicos y administrativos en un
alto número de países de África, Asia y América Latina, como una
alternativa pedagógica.
En donde las maestras no solo se encargan
de la docencia, sino que asumen otros roles como la gestión escolar de
cada plantel educativo, llevar a cabo proyectos transversales
comunitarios, o aspectos pedagógicos y didácticos con cada grupo
multigrado.
Constantemente, las maestras deben sostener
simultáneamente procesos de aprendizaje en distintos niveles, incluyendo
preescolar y primaria, lo que implica una atención constante o
diferenciada. El artículo apunta que la heterogeneidad no solo
incrementa la carga de trabajo, sino que recae en mujeres que, por su
posición de género en el sistema educativo, suelen asumir mayor
responsabilidad en tareas de cuidado y acompañamiento individualizado
dentro del aula.
En
el ámbito administrativo, el principal desafío es el desconocimiento
estructural del multigrado por parte de las autoridades educativas y
directivos escolares. Las políticas y guías pedagógicas están diseñadas
por escuelas homogéneas, lo que obliga a las maestras a adaptar
continuamente lineamientos que no corresponden a su realidad. Esta falta
de reconocimiento institucional sobrecarga a las docentes con
responsabilidad de «resolver» la adaptación del sistema a la realidad
rural sin apoyo suficiente.
A ello se suma una sobrecarga laboral
debido a que deben atender la gestión operática que interrumpen su
trabajo en el aula, atender visitas, inventarios, gestión de materiales y
múltiples requerimientos institucionales, lo que incrementa el estrés y
la carga de trabajo invisible. En un sistema donde el cuidado y la
organización recaen en las mujeres, esas tareas se naturalizan como
parte de su sol sin reconocimiento o redistribución institucional.
Asimismo,
el artículo indica que existe una transformación en las dinámicas
familiares que reduce el compromiso con la escuela y traslada a las
maestras las responsabilidades ampliadas de cuidado y formación. Esto
refuerza la expectativa de que las maestras, como mujeres, asuman
simultáneamente roles de enseñanza, contención y cuidado e incrementa la
carga emocional y laboral, al tiempo que invisibiliza el carácter
colectivo del proceso educativo.
Existen otros casos donde las
maestras no cuentan con formación inicial contextualizada para el
multigrado rural, lo que las obliga a construir su saber pedagógico
desde la experiencia cotidiana.
Los programas de capacitación
están diseñados para docentes de un solo grado lo que evidencia un
desconocimiento institucional de su realidad laboral. Esta brecha
formativa reproduce desigualdades de género, al exigir a las mujeres
compensar con trabajo adicional la ausencia de preparación adecuada.
Foto: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña.- La
Montaña de Guerrero.-Los peñascos que han soportado los temblores y
tormentas fueron testigos de cuando nací en la Montaña de Guerrero, en
agosto del 89. Fue en una choza de adobe y zacate. Me registraron como
Obdulia Marcos Ramírez, en la comunidad nahua de Ayotzinapa, del
municipio de Tlapa. Me invaden los recuerdos cuando iba al río para
jugar. Chapoteaba con mis hermanitas y corríamos bajo los frondosos
ahuehuetes.
La polvorosa brecha la abrieron los abuelos picando
piedra. En las veredas se levantaban los remolinos que a veces volaban
los techos de zacate. Nuestros mayores decían que eso sucedía cuando
pasaba el diablo. Por eso corríamos a escondernos. Mi padre trabajaba en
el corte de zacate con los ganaderos de Olinalá. Migró a la Ciudad de
México en busca de mejor paga. Mi madre Francisca nunca descansaba;
lavaba la ropa y molía el maíz en el metate.
Cuando tenía 6 años
operaron a mi mamá de una hernia en la ciudad de México. Me fui para
cuidarla y mi papá dejó sus vaquitas con mi tío Agustín. Con mis
hermanos trabajaban día y noche para pagar la cirugía. Las deudas se
volvieron impagables cuando operaron a mi hermana por el mismo mal de mi
mamá. Mientras las cuidaba, cuatro hermanas consiguieron trabajo en la
Ciudad de México. Regresé al pueblo tenía muchas ganas de estudiar, pero
pronto se casó mi hermana y me tocó cuidar las vacas.
La vida
nunca me sonrió porque mi papá enfermó y nuevamente nos fuimos a la
Ciudad de México. Mis hermanos optaron por cruzar la frontera mientras
yo sostenía a mi papá con lo poco que ganaba en una tortillería. Las
enfermedades nos perseguían como una maldición. Otro hermano pequeño
cayó enfermo. Las hermanas solteras se fueron a los campos agrícolas
para costear los gastos de sus curaciones. Cuando cumplí 14 años alcancé
a mi hermana Natalia en el campo Chapo, en Sinaloa, donde aprendí a
cortar verduras chinas.
Desde esa edad supe lo que era trabajar
como esclava. Los mayordomos me golpeaban y maltrataban porque no rendía
como ellos querían. Había muchas niñas y niños que también sufrían como
yo. Para pesar las cajas de las verduras shanghai grande, las teníamos
que cargar. Era mi viacrucis, sufría mucho porque me costaba
levantarlas. Mi hermana era mi salvación. Las cajas de shanghai baby las
cargaba con más facilidad. El checador nos regresaba a los surcos
cuando hacía falta peso.
Al principio cortaba siete cajas en todo
el día. Con el tiempo adquirí más fuerza y habilidades para cargar.
Logré cortar 8 cajas y después 10 para que rindiera el dinero. Entre las
5 y 7 de la tarde terminaba muy adolorida, sentía que ya no podía con
mi alma. Empecé a migrar más seguido. En la empresa un buen año cortaba
seis cajas en la mañana y seis en la tarde, pero otros llegaban a cortar
hasta 20 cajas en las primeras horas del día. Era como dejar la vida en
el surco.
El día transcurría tan pesado como cualquier otro.
Recuerdo que en el 2007 los mayordomos anunciaron la hora del almuerzo.
Como siempre me pasaba, ya tenía mucha hambre, pero siempre trataba de
ayudar a los nuevos compañeros porque cortaban más lento. Apoyé a un
chavo que venía por segundo año. Estaba acostumbrado a cortar jitomate,
pero no sabía cortar verduras chinas. Entre risas y el trabajo duro
platicábamos de cualquier detalle. Sentí que el tiempo volaba con su
compañía. Así conocí a mi esposo Silvestre, trabajando en los surcos.
Pocas
veces lo llegué a ver en el pueblo, cada quien en sus trabajos. Nunca
imaginé que nos encontraríamos en el mismo campo. Nos casamos en el 2009
de acuerdo con nuestra costumbre; su familia fue a la casa a pedirme.
Fijaron la fecha e hicieron los arreglos para hacer la boda con el baile
del guajolote. Tan pronto nos casamos nos fuimos a trabajar con su
familia. El dinero que ganaba lo guardaba mi suegro para ir pagando las
deudas de la boda. Así estuve tres años trabajando para mi suegro.
Alicia,
mi primera hija, nació en el 2010, y en el 2014 la segunda. Mi suegro
se compadeció y me dijo que ya no guardaría nuestro dinero porque
teníamos dos hijas. Migramos con mi tío, que también es mayordomo, para
que le diera trabajo a Silvestre como cargador de cajas. Cuando mis
hijas se enfermaban solo mi esposo trabajaba, porque la guardería de la
empresa no me las recibía hasta que se curaran. El trabajo fue más
pesado cargando dos hijas en el campo. La tarea la pagaban a 75 pesos y
el día a 200, no nos alcanzaba para comer.
Don Cruz, mi suegro, se
forjó como mayordomo. Se organizó con más jornaleros y jornaleras para
reclamar a la empresa que pagaran un sueldo digno. La respuesta fue
drástica, despidieron a varios trabajadores, pero logramos que subieran
el salario por lo menos algunos centavos. No fue suficiente porque los
alimentos siempre tienen un precio más alto.
A pesar de mis cuatro
embarazos tuve que trabajar para ahorrar un poco de dinero. Mis dos
niñas y un niño nacieron en Sinaloa. En buen año tenemos seguro médico,
pero perdemos días de trabajo que no nos pagan cuando tenemos que ir al
hospital. Me di de alta en el seguro social por mis hijos. Sin saber
leer tuve que preguntar para saber qué requisitos pedían. Cuando mis
niñas y mi niño se enfermaban tenía que madrugar para que me pasaran a
consulta.
En León, Guanajuato, mi hijo Cruz de dos años comenzó a
llorar inconsolablemente porque le dolían sus ojitos. Lo llevamos al
médico al municipio de Dolores y nos dijeron que lo tenían que operar.
No teníamos dinero para la cirugía. Le dieron un tratamiento y con mucho
esfuerzo se curó. Es triste ser jornalera y madre, trabajar y cuidar a
mis hijos, sobre todo cuando están enfermos y no hay dinero para
curarlos.
Ahora mis tres hijas y mi hijo ya están grandes: Alicia
tiene 15 años y es mi ayudante en los campos de verduras chinas. Hace
dos años me enfermé, pero mi hija se ocupaba de hacer las tortillas. A
veces se iba con su papá a los campos para que le enseñara a cortar las
verduras. Me siento mal porque a los 14 años ya se iba a trabajar diario
como gente grande. Quise darle estudios, pero como trabajadora agrícola
es imposible. Tienes que estar todo el día en los surcos y a nuestros
hijos no los podemos dejar solos. No hay quien los cuide y mucho menos
hay escuelas para que estudien.
El gobierno está lejos de
nosotras. Mi hija se queja “ya está todo caro, solo si trabajas tienes
dinero para comer, porque en los campos nadie te regala nada”. El sueldo
está a 308 pesos al día. Una caja de verduras está en 36 pesos, otras
en 22. El chícharo está en 43 pesos la caja, es el más caro. Alicia
corta hasta 15 cajas y yo 12.
Nuestros cuerpos ya se acostumbraron
a soportar estos trabajos. Nos levantamos a las 4 para preparar
nuestras tortillas y poner nuestra ropa para ir a los campos. En esta
temporada nos levantamos a las 5 porque entramos a trabajar a las 7. Hay
días que en el amanecer cortamos kailan (brocoli chino) y en la tarde
cortamos chícharo en otro campo. Llegamos a nuestro cuarto rendidas, sin
derecho a descansar, porque sigue el trabajo de la casa.
En los
últimos años empezamos a migrar al campo Jamaica, en Guanajuato porque
en Sinaloa hay mucha violencia. La última vez que fuimos trabajamos en
el campo Sánchez Celis, pero no pudimos terminar por las balaceras.
Nuestra vida está amarrada a los surcos porque de ahí comemos. Así pasó
con mi tercer hijo que nació en los surcos. Pasamos horas bajo el
despiadado sol, con hambre y con sed para darle a nuestros hijos una
vida mejor.
Mi esposo se fue a los Estados Unidos, pero ya lo
deportaron. Lo golpearon como si fuera animal, lo encarcelaron y le
dijeron que ya no lo querían ver más. Como mujer trabajadora agrícola
cargamos con la cruz del desprecio, la explotación y la violencia hasta
la tumba. Nos exprimen hasta la última gota de nuestro sudor y nuestra
sangre mientras 22 super ricos de México concentran toda la riqueza de
nuestro país.
Por Abel Barrera. Desinformemonos_Resumen Latinoamericano 8 de abril 2026.
Los peñascos que han soportado los temblores y tormentas fueron
testigos de cuando nací en la Montaña de Guerrero, en agosto del 89. Fue
en una choza de adobe y zacate. Me registraron como Obdulia Marcos
Ramírez, en la comunidad nahua de Ayotzinapa, del municipio de Tlapa. Me
invaden los recuerdos cuando iba al río para jugar. Chapoteaba con mis
hermanitas y corríamos bajo los frondosos ahuehuetes.
La polvorosa brecha la abrieron los abuelos picando piedra. En las
veredas se levantaban los remolinos que a veces volaban los techos de
zacate. Nuestros mayores decían que eso sucedía cuando pasaba el diablo.
Por eso corríamos a escondernos. Mi padre trabajaba en el corte de
zacate con los ganaderos de Olinalá. Migró a la Ciudad de México en
busca de mejor paga. Mi madre Francisca nunca descansaba; lavaba la ropa
y molía el maíz en el metate.
Cuando tenía 6 años operaron a mi mamá de una hernia en la ciudad de
México. Me fui para cuidarla y mi papá dejó sus vaquitas con mi tío
Agustín. Con mis hermanos trabajaban día y noche para pagar la cirugía.
Las deudas se volvieron impagables cuando operaron a mi hermana por el
mismo mal de mi mamá. Mientras las cuidaba, cuatro hermanas consiguieron
trabajaron en la Ciudad de México. Regresé al pueblo tenía muchas ganas
de estudiar, pero pronto se casó mi hermana y me tocó cuidar las vacas.
La vida nunca me sonrió porque mi papá enfermó y nuevamente nos
fuimos a la Ciudad de México. Mis hermanos optaron por cruzar la
frontera mientras yo sostenía a mi papá con lo poco que ganaba n una
tortillería. Las enfermedades nos perseguían como una maldición. Otro
hermano pequeño cayó enfermo. Las hermanas solteras se fueron a los
campos agrícolas para costear los gastos de sus curaciones. Cuando
cumplí 14 años alcancé a mi hermana Natalia en el campo Chapo, en
Sinaloa, donde aprendí a cortar verduras chinas.
Desde esa edad supe lo que era trabajar como esclava. Los mayordomos
me golpeaban y maltrataban porque no rendía como ellos querían. Había
muchas niñas y niños que también sufrían como yo. Para pesar las cajas
de las verduras shanghai grande, las teníamos que cargar. Era mi
viacrucis, sufría mucho porque me costaba levantarlas. Mi hermana era mi
salvación. Las cajas de shanghai baby las cargaba con más facilidad. El
checador nos regresaba a los surcos cuando hacía falta peso.
Al principio cortaba siete cajas en todo el día. Con el tiempo
adquirí más fuerza y habilidades para cargar. Logré cortar 8 cajas y
después 10 para que rindiera el dinero. Entre las 5 y 7 de la tarde
terminaba muy adolorida, sentía que ya no podía con mi alma. Empecé a
migrar más seguido. En la empresa buen año cortaba seis cajas en la
mañana y seis en la tarde, pero otros llegaban a cortar hasta 20 cajas
en las primeras horas del día. Era como dejar la vida en el surco.
El día transcurría tan pesado como cualquier otro. Recuerdo que en el
2007 los mayordomos anunciaron la hora del almuerzo. Como siempre me
pasaba, ya tenía mucha hambre, pero siempre trataba de ayudar a los
nuevos compañeros porque cortaban más lento. Apoyé a un chavo que venía
por segundo año. Estaba acostumbrado a cortar jitomate, pero no sabía
cortar verduras chinas. Entre risas y el trabajo duro platicábamos de
cualquier detalle. Sentí que el tiempo volaba con su compañía. Así
conocí a mi esposo Silvestre, trabajando en los surcos.
Pocas veces lo llegué a ver en el pueblo, cada quien en sus trabajos.
Nunca imaginé que nos encontraríamos en el mismo campo. Nos casamos en
el 2009 de acuerdo con nuestra costumbre; su familia fue a la casa a
pedirme. Fijaron la fecha e hicieron los arreglos para hacer la boda con
el baile del guajolote. Tan pronto nos casamos nos fuimos a trabajar
con su familia. El dinero que ganaba lo guardaba mi suegro para ir
pagando las deudas de la boda. Así estuve tres años trabajando para mi
suegro.
Alicia, mi primera hija, nació en el 2010, y en el 2014 la segunda.
Mi suegro se compadeció y me dijo que ya no guardaría nuestro dinero
porque teníamos dos hijas. Migramos con mi tío, que también es
mayordomo, para que le diera trabajo a Silvestre como cargador de cajas.
Cuando mis hijas se enfermaban solo mi esposo trabajaba, porque la
guardería de la empresa no me las recibía hasta que se curaran. El
trabajo fue más pesado cargando dos hijas en el campo. La tarea la
pagaban a 75 pesos y el día a 200, no nos alcanzaba para comer.
Don Cruz, mi suegro, se forjó como mayordomo. Se organizó con más
jornaleros y jornaleras para reclamar a la empresa que pagaran un sueldo
digno. La respuesta fue drástica, despidieron a varios trabajadores,
pero logramos que subieran el salario por lo menos algunos centavos. No
fue suficiente porque los alimentos siempre tienen un precio más alto.
A pesar de mis cuatro embarazos tuve que trabajar para ahorrar un
poco de dinero. Mis dos niñas y un niño nacieron en Sinaloa. En buen año
tenemos seguro médico, pero perdemos días de trabajo que no nos pagan
cuando tenemos que ir al hospital. Me di de alta en el seguro social por
mis hijos. Sin saber leer tuve que preguntar para saber qué requisitos
pedían. Cuando mis niñas y mi niño se enfermaban tenía que madrugar para
que me pasaran a consulta.
En León, Guanajuato, mi hijo Cruz de dos años comenzó a llorar
inconsolablemente porque le dolían sus ojitos. Lo llevamos al médico al
municipio de Dolores y nos dijeron que lo tenían que operar. No teníamos
dinero para la cirugía. Le dieron un tratamiento y con mucho esfuerzo
se curó. Es triste ser jornalera y madre, trabajar y cuidar a mis hijos,
sobre todo cuando están enfermos y no hay dinero para curarlos.
Ahora mis tres hijas y mi hijo ya están grandes: Alicia tiene 15 años
y es mi ayudante en los campos de verduras chinas. Hace dos años me
enfermé, pero mi hija se ocupaba de hacer las tortillas. A veces se iba
con su papá a los campos para que le enseñara a cortar las verduras. Me
siento mal porque a los 14 años ya se iba a trabajar diario como gente
grande. Quise darle estudios, pero como trabajadora agrícola es
imposible. Tienes que estar todo el día en los surcos y a nuestros hijos
no los podemos dejar solos. No hay quien los cuide y mucho menos hay
escuelas para que estudien.
El gobierno está lejos de nosotras. Mi hija se queja “ya está todo
caro, solo si trabajas tienes dinero para comer, porque en los campos
nadie te regala nada”. El sueldo está a 308 pesos al día. Una caja de
verduras está en 36 pesos, otras en 22. El chícharo está en 43 pesos la
caja, es el más caro. Alicia corta hasta 15 cajas y yo 12.
Nuestros cuerpos ya se acostumbraron a soportar estos trabajos. Nos
levantamos a las 4 para preparar nuestras tortillas y poner nuestra ropa
para ir a los campos. En esta temporada nos levantamos a las 5 porque
entramos a trabajar a las 7. Hay días que en el amanecer cortamos kailan
(brocoli chino) y en la tarde cortamos chícharo en otro campo. Llegamos
a nuestro cuarto rendidas, sin derecho a descansar, porque sigue el
trabajo de la casa.
En los últimos años empezamos a migrar al campo Jamaica, en
Guanajuato porque en Sinaloa hay mucha violencia. La última vez que
fuimos trabajamos en el campo Sánchez Celis, pero no pudimos terminar
por las balaceras. Nuestra vida está amarrada a los surcos porque de ahí
comemos. Así pasó con mi tercer hijo que nació en los surcos. Pasamos
horas bajo el despiadado sol, con hambre y con sed para darle a nuestros
hijos una vida mejor.
Mi esposo se fue a los Estados Unidos, pero ya lo deportaron. Lo
golpearon como si fuera animal, lo encarcelaron y le dijeron que ya no
lo querían ver más. Como mujer trabajadora agrícola cargamos con la cruz
del desprecio, la explotación y la violencia hasta la tumba. Nos
exprimen hasta la última gota de nuestro sudor y nuestra sangre mientras
22 super ricos de México concentran toda la riqueza de nuestro país.
UN Women/Ryan Brown.- Ciudad
de México. – La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró el 2026 como el Año
Internacional de la Agricultora para visibilizar y valorar el aporte de
las mujeres en los sistemas agroalimentarios; sin embargo, pese a su
papel en la nutrición y conservación de la biodiversidad, continúan
enfrentado diferentes obstáculos en su labor.
De
acuerdo con la FAO, referirse a las mujeres agricultoras abarca a
aquellas que trabajan en los sistemas agroalimentarios: productoras,
campesinas, agricultoras familiares y pequeñas agricultoras,
trabajadoras estacionales, pescadoras, trabajadoras de la industria
pesquera, apicultoras, pastoras, silvicultoras, elaboradoras,
comerciantes, hasta poseedoras de conocimientos tradicionales, mujeres
que se desempeñan en ciencias agrícolas, trabajadoras formales e
informales y empresarias rurales.
La definición incluye a mujeres
diversas, desde jóvenes y mayores, indígenas y de las comunidades
locales, con discapacidad, refugiadas y desplazadas. Mujeres que laboran
en el sector formal e informal, y que realizan otras tareas como el
liderazgo, el trabajo de cuidados y las tareas domésticas al mismo
tiempo que contribuyen a la seguridad alimentaria, la prosperidad
económica y mejoran la nutrición.
La
FAO ha observado, entre los años 2000 y 2019, diferencias
significativas en cifras globales respecto a la proporción de mujeres en
la agricultura, según el informe «Genero y situación laboral en los sistemas agroalimentarios«.
Factores como la falta de acceso a educación, infraestructuras y
mercados, junto con la sobrecarga de trabajo no remunerado y la escasez
de empleos rurales fuera del sector agrícola, restringen
significativamente las posibilidades de las mujeres rurales de
pertenecer a actividades no agrícolas.
Una
primera barrera es la falta de acceso a activos, servicios y recursos.
Las mujeres agrícolas se encuentran una situación de desventaja en
cuanto a la propiedad de la tierra. La cantidad de derechos de propiedad
de los hombres es el doble que el de las mujeres en más del 40% de los
países y lo mismo ocurre con el acceso a la propiedad del ganado e
insumos como semillas mejoradas.
Por otro lado, persisten normas
sociales discriminatorias en los sistemas agropecuarios que ocasionan
desequilibrios entre mujeres y hombres, limitando así las opciones para
las agricultoras. Por ejemplo, limitaciones sobre su movilidad, la
posibilidad de realizar trabajo no doméstico y actividades relacionadas
con el mercado. Pese a este panorama, solo el 19% de las políticas
agrícolas analizadas por la FAO reconocían la igualdad de género en la
agricultura o los derechos de las mujeres y el 13% promovía su
participación.
Las perturbaciones y las crisis tienen
consecuencias importantes en los medios de vida de las mujeres. La
pandemia de la COVID-19 y la crisis económica que generó, intensificó
las desigualdades de género para ellas. A escala mundial, el 22% perdió
sus empleos en el primer año de la emergencia sanitaria, en comparación
al 2% de los hombres. En consecuencia, la brecha de la inseguridad
alimentaria se amplió y la carga del trabajo de cuidados incrementó a la
par de la violencia de género por el confinamiento en los hogares.
Crédito: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Asimismo,
las consecuencias climáticas y desastres naturales limitan su trabajo.
Cada día las temperaturas extremas reducen el valor total de los
cultivos producidos por las agriculturas en un 3% a comparación con los
hombres. Aun así, la carga de trabajo no disminuye cuando hay
perturbaciones de origen climático como el estrés térmico, el cual es
una respuesta del cuerpo a las condiciones de temperatura extrema que
puede afectar la salud física y mental.
A esto se suma que, los sistemas agrícolas y alimentarios se enfrentan a múltiples retos: «Debemos
alimentar a una población mundial creciente en un contexto de nuevas y
persistentes crisis: económicas, energéticas, ambientales, alimentarias y
sociales» advierte la FAO. Estos retos se insertan en medio de
conflictos, catástrofes naturales, alza de precios, inseguridad de
mercado, migración masiva y crisis sanitarias. Estas se profundizan
dependiendo del cambio climático, el agotamiento de recursos naturales,
la urbanización, los cambios en hábitos alimentarios y en los sistemas
de vida.
Sin embargo, la FAO reconoce que, para lograr revertir
esta situación, primero se deben abordar las desigualdades en el sector
agrícola de muchos países. Por ello, el Año Internacional de la
Agricultora 2026 busca encontrar formas de empoderar a las mujeres en
los sistemas agroalimentarios y promover iniciativas internacionales.
«Aumentar
el empoderamiento de las mujeres es esencial para su bienestar e
influye positivamente en la producción agrícola, la seguridad
alimentaria, la dieta y la nutrición infantil» -Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Lideresas
campesinas de Chile leen una proclama, al inicio de las sesiones de
análisis de la situación de las temporeras debido al uso masivo de
plaguicidas altamente peligrosos en las grandes explotaciones agrícolas.
Imagen: Orlando Milesi / IPS Orlando Milesi
SANTIAGO – Mujeres campesinas chilenas denuncian un fuerte
incremento en el uso de plaguicidas peligrosos y el deterioro de sus
condiciones laborales y ambientales en grandes empresas
agroexportadoras.
Así lo testimoniaron durante un Tribunal Ético instaurado en una reunión de dirigentes de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), provenientes de todo este alargado país sudamericano.
Más de noventa dirigentes analizaron el incremento del uso de
plaguicidas en las faenas agrícolas, como uno de los crecientes
problemas ambientales en la actividad. Y se declaró culpables a las
grandes empresas agro exportadoras por utilizar plaguicidas altamente
peligrosos en sus miles de hectáreas con monocultivos.
En 1990 se importaron en Chile 17 942 toneladas de plaguicidas, una
cifra que aumentó a medida que se incrementaron los monocultivos, hasta
alcanzar las 53 140 toneladas en 2024.
Muchos no son necesarios y solo apuntan a aumentar la productividad.
“El sistema de agronegocios tiene
nefastas prácticas y la vulneración de derechos contra los trabajadores y
trabajadoras y provoca un severo daño y contaminación de la
biodiversidad”: Alicia Muñoz.
Berta Saavedra, de 66 años, de padres campesinos, trabajó como
temporera durante 35 años en la hacienda El Sauce, en las cercanías de
la ciudad de Los Andes, en la región de Valparaíso, 80 kilómetros al
noreste de Santiago, donde se producen uvas, paltas (aguacates) y
duraznos.
Cuenta que estaba raleando (podando) vides justo en un lugar por donde pasó un tractor fumigador cuyos gases la intoxicaron.
“Me dieron vómitos y mareo. Se me puso la cara roja y se manchó mi
cuerpo con unas ronchas. Me sentía mal y me subió la presión”, recuerda
en dialogo con IPS.
Y lamenta la deficiente atención en el servicio de salud al cual la llevaron.
“La doctora me echaba y me dijo ‘anda y lávate bien, hasta el pelo
con jabón’. Y eso fue todo. No me dieron nada y no se pudo comprobar la
intoxicación porque el fundo (hacienda) escondió todo. Ni me acuerdo del
nombre del veneno”, afirma.
Pero las consecuencias, dice, permanecen. “Una queda sensible,
cualquier cosa te afecta. Por ejemplo, si voy a San Esteban (municipio
vecino) adonde fumigan mucho, al tiro siento el olor, me duele la cabeza
y siento malestares”, relata.
“Trabajábamos muchas mujeres en el corte. Otras también tuvieron ganas de vomitar, pero no fueron tan afectadas”, dijo.
Los temporeros son trabajadores transitorios, mayoritariamente mujeres, contratados por períodos cortos y sucesivos.
Hace una década Saavedra demandó a la empresa por daños y logró
obtener una pequeña indemnización. Actualmente labora como guardia de
seguridad.
Campesinas
provenientes de diversas regiones chilenas participan de una Asamblea
donde se analizaron, entre otros temas, los efectos adversos de
plaguicidasy las deficientes condiciones laborales que enfrentan las
mujeres temporeras. Imagen: Orlando Milesi / IPS
Riqueza y pobreza
Durante el Tribunal Ético impulsado por Anamuri el 3 de diciembre,
Día Mundial de No Uso de Plaguicidas, la doctora en sociología María
José Azócar, de la Fundación SOL, sostuvo que los agronegocios significan “riqueza a costa de pobreza”.
El agronegocio define en Chile a la producción y comercialización de
productos agrarios a gran escala y mayormente destinados a la
exportación y con una propensión creciente al monocultivo.
Azócar detalló que todo el sector agrícola genera unos 600 000
empleos directos, con tendencia a la baja. Muchos de estos puestos de
trabajo son ocupados por migrantes quienes vienen a Chile en busca de
mejores salarios.
“Pero la mitad de los empleados tiene un ingreso menor a 500 000
pesos líquidos (543 dólares), lo que es un ingreso de subsistencia. Son
empleos precarizados y 40,6 % de ellos informales”, aseveró.
Definió a la agricultura como un área peligrosa por los riesgos para la salud y por su alta tasa de mortalidad.
“Es muy difícil demostrar legalmente
estos casos de intoxicaciones agudas y por ello los responsables quedan
impunes de estas violaciones de los derechos humanos a la salud”: María
Elena Rozas.
En contraste, las empresas obtienen importantes ganancias generadas por sus exportaciones.
Puso como ejemplo a una productora y exportadora de diferentes bayas,
Hortifrut, cuyos ingresos entre el 2018 y el 2024 alcanzaron a 1165
millones de dólares con ganancias por 193 millones de dólares.
Según la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
(Subrei) entre enero y julio del 2025 las exportaciones totales
chilenas alcanzaron a 60 961 millones de dólares, compuestas por la
minería, seguida de la agricultura.
Las ventas externas agrícolas sumaron 14 180 millones, un alza de 8,7
% respecto al mismo periodo del año anterior. Tan solo la fruta fresca
aportó 6041 millones de dólares, un incremento de 3,3 %.
La
chilena Berta Saavedra, quien resultó gravemente intoxicada en la
hacienda El Sauce, en el municipio de Los Andes, al noreste de Santiago,
cuando trabajaba en sus viñedos mientras un tractor efectuaba la
fumigación de las vides. Imagen: Orlando Milesi / IPS
Efectos ocultos del desarrollo exportador
Alicia Muñoz, directora nacional de Anamuri y su presidenta hasta
septiembre pasado, denunció a IPS las precarias condiciones laborales de
los trabajadores de la agroexportación.
“El sistema de agronegocios tiene nefastas prácticas y la vulneración
de derechos contra los trabajadores y trabajadoras y provoca un severo
daño y contaminación de la biodiversidad. Estas vulneraciones continúan y
más graves pese a muchos años que las venimos denunciando”, afirmó.
Destacó que “la vulneración de derechos laborales se manifiesta a
través de salarios incompletos o retrasados, falta de afiliación a la
seguridad social, jornadas excesivas sin paga, despidos injustificados y
negación de vacaciones y contratos escritos”.
Según Muñoz, “estos abusos se agravan en las mujeres las cuales se
ven expuestas a acoso sexual y en los migrantes que muchas veces son
engañados por contratistas traficantes de personas”.
Los plaguicidas altamente peligrosos tienen efectos genotóxicos,
neurotóxicos, reproductivos y provocan malformaciones en la
descendencia. Su impacto alcanza a quienes habitan en la periferia de
grandes predios fumigados incluso desde aviones.
La situación se agrava porque en Chile se usan plaguicidas prohibidos
en la Unión Europea (UE) como el dormex que se importa desde Europa
hacia este país debido a una legislación más laxa.
Rap-Al es una red de organizaciones, instituciones, asociaciones y
particulares que confronta el uso masivo e indiscriminado de plaguicidas
y propone fórmulas para reducir su uso.
El 2024 hubo en Chile 651 casos notificados y confirmados de
intoxicación aguda por plaguicidas con un total de 20 personas muertas,
dos de ellas por causas de origen laboral, indicó.
“En la región del Maule, en 2024 hubo 125 casos de origen laboral de
intoxicaciones agudas por plaguicidas”, puntualizó, apuntando a una de
las regiones agrícolas más productivas, situada en el centro del país.
Recordó que la carga tóxica corporal en estos casos es de por vida y
lamentó, además, que “es muy difícil demostrar legalmente estos casos y
por ello los responsables quedan impunes de estas violaciones de los
derechos humanos a la salud”.
Integrantes
del Tribunal Ético dan a conocer sus conclusiones sobre la situación
ambiental y laboral que viven en Chile las mujeres temporeras que
trabajan en los grandes monocultivos agroexportadores que se extienden
por todo el país. Imagen: Orlando Milesi / IPS
Liliana Zúñiga, bióloga de la Universidad Católica del Maule,
dijo a IPS que se ha estudiado mayormente los efectos de estos
plaguicidas en mujeres, pero son las familias completas las que están
expuestas.
“Algunas son trabajadoras agrícolas y otras esposas de trabajadores
que cuando ellos se van a sus casas, son las esposas quienes les ayuda a
lavar la ropa y las máquinas y quedan también expuestas a los riesgos”,
aseveró.
Según Zúñiga, “la potencialidad del daño puede ser muy profunda
porque son familias que quedan para toda la vida con el drama con
malformaciones que muchas veces no son tratables”.
La bióloga explicó que los efectos de los plaguicidas dependen de su toxicidad, la duración de la exposición y la dosis.
Indicó, asimismo, que también se han relacionado sus efectos en la salud mental, por ejemplo los síntomas depresivos.
Zúñiga extendió el riesgo a toda la población pues los alimentos son la principal fuente de exposición a plaguicidas.
Advirtió, asimismo, que hay una subnotificación de casos de intoxicación aguda.
Para ella la gran pregunta es cómo disminuir la cantidad de plaguicidas que se lanzan al ambiente.
Una forma es la convencional y otra la agroecológica, sostuvo.
“Son dos mundos muy diferentes. La agroexportación industrial con
todo lo que conocemos de este modelo de 30 o 40 años donde se usan
plaguicidas a todo efecto, antes que aparezca la plaga. Y la
agroecología con una lógica donde el plaguicida es la última instancia”,
explicó Zúñiga.
Subrayó que la agroecología apunta a no tener monocultivos que sean
océanos de un solo tipo sino a impulsar cultivos mixtos donde las mismas
plantas ayudan a controlar plagas.
“He visto huertas agroecológicas donde junto a tomates plantan
berenjenas porque es una planta trampa para la mosquita del tomate. Las
plantas ayudan a controlar las plagas”, explicó.
Existen plaguicidas orgánicos que tienen mayores costos y que no son un sector usado masivamente.
“Sabemos que la agricultura tradicional utiliza plaguicidas más tóxicos porque los considera más efectivos”, advirtió Zuñiga.
A su juicio, la agricultura familiar campesina, de la cual se
alimenta la mayoría de los chilenos, es también parte del problema
“porque es la que menos control tiene sobre la aplicación de
plaguicidas”.
La red Rap-Al pidió la prohibición inmediata de plaguicidas altamente
peligrosos e indicó que las decisiones al respecto tienen raíces
políticas y no tecnológicas.
Según Rap-Al se requiere “una voluntad política no solo para
reconocer el efecto de estos tóxicos sino para generar políticas
tecnológicas, alimentarias, crediticias y de tierras que posibiliten a
productores y productoras una transición hacia agroecosistemas
sustentables, resilientes y viables”.
Crédito: FAO/Claudio Guzmán.- Ciudad
de México.- En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales,
celebrado cada 15 de octubre para visibilizar el papel de mujeres
rurales al producir alimentos, contribuir a la conservación ambiental y a
los cuidados comunitarios, se debe poner en el centro la situación que
atraviesan y sin duda siguen enfrentando brechas de desigualdad que
afectan su vida y desarrollo, por eso ONU Mujeres en esta conmemoración,
las reconoció y apuntó que sin ellas no hay sostenibilidad ni justicia
climática.
ONU Mujeres, indicó que existen cuatro ejes para
impulsar a que las mujeres rurales sean sujetas políticas del cambio
sistémico y sostengan la vida y el planeta. La primera apuesta por
promover reformas legales que aseguren la tierra, acceso al agua,
energía, recursos naturales y el crédito. Posteriormente, atender la
economía del cuidado con iniciativas que brinden servicios de cuidado
para reducir la sobrecarga de trabajo no remunerado que recaen en ellas.
A
esto se suma el fortalecimiento de la participación sustantiva en
espacios de gobernanza local, regional y global con ayuda de redes y
marcos nacionales que promuevan su participación en la toma de
decisiones. Finalmente, se necesita modernizar sistemas estadísticos
para dar cuenta de la realidad de las mujeres rurales, por ejemplo,
actualmente solo el 32% de las leyes de estadísticas nacionales
desagregan la información por sexo o género.
Cifras
En
el mundo, del 80% de las personas en pobreza extrema que viven en el
ámbito rural la mitad son mujeres, de acuerdo con datos del informe de
Antonio Guterres, Secretario General de la ONU. No obstante, la crisis
climática, alimentaria, económica, migratoria y de cuidados amenazan los
avances en igualdad de las mujeres rurales como su autonomía económica.
Este 2025, el tema es “Mujeres rurales en ascenso”
que se traduce a un llamado a la acción, ya que el avance de las
mujeres rurales en medios de vida, liderazgo, derechos y residencia es
el seguimiento de la Agenda de Acción Beijing+30 con la cual se han
creado iniciativas como Año Internacional de las Mujeres Agricultoras
en 2026, la Década Interamericana por los Derechos de Todas las Mujeres,
Adolescentes y Niñas en Entornos Rurales (2024–2034) o Mujeres hacia el
Kilimanjaro, generando oportunidades para el avance de sus derechos.
No
obstante, siguiendo los datos del informe, las mujeres rurales solo
ganan 82 centavos por cada dólar que reciben los hombres en la
agricultura, pese a que, en diversos países, el 29% de leyes apuntan a
garantizar la igualdad de derechos sobre la tierra. Además, ellas tienen
menos acceso a varios recursos como la tierra, concesión de créditos,
educación y tecnología.
Por el contrario, ONU Mujeres señala que
de tener el acceso a los mismos recursos que los hombres, el rendimiento
agrícola podría aumentar entre 20% a 30% logrando alimentar 150
millones de personas más.
Crédito: Pixabay
Este
panorama evidencia que aún existe trabajo por hacer en cuanto a su
reconocimiento como líderes del cambio sistémico y protagonistas de la
transformación social. Retrocediendo a los años 90, las mujeres rurales
en América Latina y el Caribe ya fungían como protagonistas de diversas
luchas como la propiedad de la tierra, acceso al financiamiento, crédito
rural y justicia ambiental.
Parte de su lucha fue combatir la
discriminación para poder acceder a derechos, desde los más básicos como
agua potable, producción y distribución de alimentos, así como
garantizar seguridad alimentaria a la población para erradicar la
pobreza y el hambre en conjunto con la justicia climática, fiscal y los
movimientos de mujeres y feminismos.
Fue en 1995 que, durante la
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer y más tarde la adopción de la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, diversas voces se unieron
para incluir las demandas de las mujeres rurales. Su lucha se ha
expandido en encuentros como el Decenio Interamericano por los Derechos
de Todas las Mujeres, Adolescentes y Niñas en Entornos Rurales
(2024-2034).
Políticas públicas en América Latina para mujeres rurales
Desde
Chile, la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres
(2022-2026) apostó por programas para mujeres rurales, migrantes e
indígenas; mientras que el Programa de Mujeres Rurales incluye
perspectiva de género y desarrollo de emprendimientos beneficiando así a
3 mil campesinas y pequeñas agricultoras siendo que 40% de ellas
aumentaron sus ingresos y su producción creció de 33.4% al 89.6%.
A
su lado, en Colombia más de mil 300 mujeres rurales y campesinas del
Caribe están impulsado la Reforma Agraria con enfoque de género
ocasionando que alrededor de 45 mujeres recibieran títulos de propiedad
de más de 330 hectáreas de tierra. De esta forma, han garantizado su
autonomía económica, seguridad alimentaria y dignidad.
En México,
durante abril de este 2025, La Secretaría de las Mujeres y la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) instalaron la mesa
“Mujeres Agricultura y Tierra”, para firmar el Convenio de Colaboración
de las Mujeres del Campo, su Derecho al Acceso a las Tierras y
Territorios y el Reconocimiento de la Calidad Agraria.
Los
trabajos de la mesa, realizados en el marco del compromiso 53 de la
Presidenta Claudia Sheinbaum, buscaron que 150 mil mujeres fueran
reconocidas como propietarias de la tierra, ejidatarias, comuneras,
posesionarias o avecindadas.
La
secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, refirió que más del
70% de los dueños de la tierra son hombres. “Es fundamental que las
mujeres sean propietarias de la tierra y, a raíz de eso, generar su
autonomía económica”, apuntó.
El Plan de Acción de Género y
Cambio Climático (2024) de Guatemala nació como una propuesta de
diversos grupos que plantearon la perspectiva de género e
interseccionalidad en políticas ambientales. En Jamaica, el foro juvenil
“Rural Girls Rock” empujó a muchas mujeres a seguir con su educación y
asumir roles de liderazgo comunitarios para afianzar su confianza en la
capacidad para impulsar el desarrollo rural y seguridad alimentaria.
En
Uruguay, existe una iniciativa para que las mujeres rurales impulsen
soluciones de adaptación climática para sus comunidades, la cual se
denomina «Guardianes de la Tierra». Es de esta manera que fortalecen su
liderazgo, capacidades técnicas y participación en la gestión sostenible
del territorio con formación en prácticas agroecológicas, conservación
de suelos, uso eficiente del agua y diversificación productiva.
«Estas
experiencias, articuladas con políticas públicas y el acompañamiento de
instituciones como el MGAP y el PNUD, han permitido visibilizar el
papel de las mujeres rurales como agentes de cambio, promover redes de
intercambio de saberes y fomentar políticas basadas en evidencia. Su
impacto real se refleja en comunidades más sostenibles, con mayor
autonomía económica, cohesión social y capacidad de incidencia en las
decisiones que afectan sus territorios.» -ONU Mujeres
