Puebla, Pue.- Liliana
Lozada de Jesús, de 33 años, fue reportada como desaparecida el 4 de
enero de 2022, pocos días después personal de la Fiscalía General del
Estado de Puebla filtró a “Diario Cambio”, un medio de circulación
local, datos personales de la víctima y de la propia carpeta de
investigación. Pero no fue la única filtración, el 21 de enero medios de
comunicación informaron del hallazgo del cuerpo sin vida de la modelo,
incluso antes que familiares pudieran verlo, y más tarde dieron a
conocer detalles de cómo se le habría privado de la vida.Para integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), estas filtraciones son graves, no sólo por la revictimización en contra de Liliana, sino porque también reflejan la falta de garantías de un debido proceso y la carencia de perspectiva de género por parte de la institución, mientras que para el director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Javier Carrasco Solís, esta práctica no sólo es ilegal, sino que es el reflejo de la corrupción dentro de las dependencias de procuración de justicia, que, además, puede generar un sentido de impunidad.
Desde las primeras filtraciones, Comunicación e Información para la Mujer AC (CIMAC), organización que tiene un Observatorio de Medios, habría solicitado a la Fiscalía investigar el hecho y subsanar los agravios, así como intervención a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De acuerdo con CIMAC, el oficio enviado no tuvo respuesta.
Buscan distraer y disminuir presión social
La Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, comentó durante una entrevista para Cimacnoticias que las filtraciones en el caso de Liliana Lozada son graves. “La autoridad no debe filtrar porque sí pone en riesgo la investigación, sobre todo la información, porque además se puede manipular. La propia autoridad puede hacer un uso no claro, confunde y no debe. Eso es violatorio, eso está establecido en el protocolo de investigación, no se debe de hacer, es falta de debida diligencia”, explicó.
En tanto que el abogado del OCNF, Carlos Humberto Olvera González, agregó que existen varias cuestiones negativas respecto a estas filtraciones, ya que las autoridades no están garantizando ni protegiendo el debido proceso, además de violar los derechos humanos de la víctima.
“Hay un tema que no es jurídico donde fiscalías hacen estas filtraciones para estigmatizar a víctimas, desestimar o desincentivar a la sociedad de exigencia de la sociedad y voltear la responsabilidad a las víctimas”, dijo el abogado.
Revelar información personal y sensible de las víctimas y otras personas involucradas en el proceso penal violenta el artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También revelar datos de las carpetas de investigación contraviene el artículo 106 del mismo código. Por lo cual, dijo Olvera González, podría haber desde sanciones administrativas hasta una inhabilitación a quienes hicieron las filtraciones.
Aunque para Javier Carrasco, del IJPP, los medios de comunicación y los periodistas también podrían ser objeto de consecuencias por la vía civil, es decir, a través de una demanda por daño moral. “Ellos (los medios de comunicación) compran la información al servidor público […] es responsable el medio que lo está comprando cuando sabe que no debería publicar toda la información”, expuso.
Las consecuencias, desde su punto de vista, deben alcanzar a todas las personas responsables de la filtración, porque a las víctimas se les afecta mucho en su imagen, en la protección de sus datos personales e, incluso, porque se puede afectar la neutralidad de las autoridades cuando toman las decisiones.
Evidencian falta de ética periodística
Rafael Hernández García Cano, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) capítulo Puebla, dijo que la revelación de datos desde la desaparición de Liliana Lozada es “un asunto delicado” y que pone en evidencia la falta de ética periodística. Aclaró que si bien la libertad de expresión está protegida por la normativa nacional e internacional, ésta tiene como límites o restricciones los Derechos Humanos de las personas, como son la privacidad y el honor.
“Aquí me parece que se están afectando las dos cosas, por un lado, el derecho a la vida privada, que tendría que proteger el hogar, la oficina, el ámbito laboral, los expedientes médicos, legales y personales, y por otro lado se está afectando el derecho al honor y con ello, podríamos sospechar de cierta revictimización de la persona […] aquí hay un problema de ética periodística, aquí hay un problema con Diario Cambio”, añadió el también académico de la Universidad Iberoamericana de Puebla.
También reconoció que la tutela de los datos personales y sensibles de Liliana le corresponde a la Fiscalía, quien tendría que ajustarse a los criterios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Cuestionada al respecto la coordinadora del Observatorio de Medios de CIMAC, Cirenia Celestino Ortega, dijo que algo que han encontrado es que en México hay un periodismo que revictimiza, que cuestiona la vida de las víctimas, que defiende a los agresores, desde el origen de la información, que son las autoridades.
En el caso particular de Puebla, el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla, apunta en el documento “Seguimiento al Diagnóstico Feminicidio en Medios Digitales” que en 75 por ciento de las notas analizadas la fuente de información son las autoridades, ya sea de forma oficial o extraoficial.
“Lo que notamos es justamente que la institución, las personas que ocupan (cargos en) esas instituciones, no conocen en marco normativo al cual se deben, no reconocen su responsabilidad como funcionarios y funcionarios públicos. Entonces falta capacitación para estas personas que ocupan estos puestos muy importantes para que se reconozca el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia”, añadió Cirenia Celestino.
Piden investigar filtraciones
En un escrito fechado el 14 de enero de 2022, la organización CIMAC pidió a Myriam Berenice Flores Temoltzin, de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, iniciar una investigación exhaustiva que subsane los agravios y violaciones del proceso de la víctima y su familia, después de las filtraciones, además de enviar una comunicación a la familia para que presente la denuncia ante las autoridades correspondientes y brinden atención por parte de Oficialía de Partes del Programa de Presuntos Desaparecidos por parte de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla. Hasta la fecha el oficio no ha tenido contestación.
A su vez, consejeras del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) emitieron un posicionamiento en un sentido similar, donde piden “se investigue a la persona o personas funcionarias públicas que incumplieron con su deber de proteger la vida personal y dignidad de Liliana y se imponga la sanción establecida por el Código Nacional de Procedimientos Penales”.
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