Asesinan a la periodista Amal Shamali, corresponsal de Qatar Radio, en Gaza

 Escrito por Ximena Adalí Valdes Vargas 

.- Ciudad de México.- Según la organización independiente el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) hasta enero de este 2026 al menos 261 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados en Palestina y la víctima más reciente fue la periodista Amal Shamali, quien murió en un ataque israelí cuando se encontraba en una tienda de campaña en el campo de refugiados de Nuseirat, según informó el Sindicato de Periodistas Palestinos.

Amal Shamali, fue asesinada el pasado 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer, ella trabajaba como corresponsal en Qatar Radio, además colaboraba con varios medios de comunicación árabes, locales y se encontraba entre los periodistas que continuaron con su labor informativa a pesar de los continuos ataques y la guerra en la Franja de Gaza, así declaró el Sindicato de Periodistas Palestinos.

Los hechos se suscitaron poco después de la medianoche del 8 de marzo tras los bombardeos de ataques israelíes los cuales mataron al menos a tres personas, entre ellas a Amal Shamali, otra mujer y una niña de 12 años e hirieron a otras 10 personas entre los que se encontraban más niños, así lo detallaron funcionarios de salud del hospital Al-Awda en el campamento de Nuseirat, ubicado en la zona central de la Franja de Gaza.

Hay que señalar que este ataque se produjo a pesar de haber aceptado un alto al fuego en esa zona. Este pacto fue aceptado en octubre del 2025.

Israel mantiene genocidio en Gaza a pesar del alto al fuego: AI – cimacnoticias.com.mx

Cabe precisar que esta guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando Israel declaró una ofensiva caracterizada por intensos bombardeos en la Franja de Gaza, los cuales, hasta el momento, han provocado la muerte de más de 45 mil personas. De ellas, se estima que al menos 14 mil 500 eran niñas y niños. En el caso de las mujeres, se ha documentado el asesinato de 10 mil, de acuerdo con el informe más reciente de ONU Mujeres.

Recordemos también que en agosto del 2025 oficialmente Gaza fue declarado en periodo de hambruna lo que afectó a más de medio millón de personas según estimó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esto de acuerdo con el análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) lo cual se trata del colapso deliberado de los sistemas necesarios para la supervivencia humana y ha sido considerada «un arma de guerra».

En cuanto a este nueve asesinato contra una mujer periodista, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente los ataques, asesinatos y muertes sistemáticas de las y los periodistas de Palestina por parte de la ocupación israelí.

El último ataque por parte de Israel donde murieron integrantes de la prensa fue en agosto del 2025 cuando bombardeó el Centro Hospitalario Nasser, ubicado al sur de la Franja de Gaza el cual causó la muerte de 20 personas, entre ellos 5 periodistas, entre ellos se encontraba Mariam Abu Daga, la única mujer periodista asesinada en ese atentado.

Este bombardeo del 2025 fue un sitio donde la prensa lo utilizaba para transmisiones en vivo y documentar hechos.

31 mujeres periodistas asesinadas

A través de un informe de prensa publicado por el Comité de Libertades del Sindicato de Periodistas Palestinos se informó que como resultado de los ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023 al 9 de septiembre de 2025, han muerto 31 mujeres periodistas y aproximadamente 240 periodistas mujeres han sido sometidas a agresiones y torturas psicológicas y físicas en las prisiones israelíes, cifra que sigue en aumento hasta el día de hoy.

En este informe se detalla que la mayoría de las periodistas asesinadas eran mujeres jóvenes de entre 20 y 35 años y muchas contaban con formación académica, eran profesionales reconocidas. Cubrían temas relacionados con mujeres, niñez, desplazamiento y migrantes.

Por su parte, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) denunció en su 35 Informe anual, la muerte de 129 periodistas en 2025 (cifra más alta documentada por el Comité desde que la organización empezó a llevar registros desde hace más de 3 décadas) mientras realizaban su trabajo y señaló que las Fuerzas de Defensa de Israel fueron responsables de 2 tercios de todos los asesinatos de integrantes de la prensa tanto en 2025 como en 2024.

Ataques en Gaza han cobrado la vida de 21 mujeres periodistas. Mariam Abu Daga, de AP, último caso – cimacnoticias.com.mx

En un informe especial del Comité para la Protección de Periodistas, Jodie Ginsberg, periodista británica y directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas, dijo:

“Los periodistas están siendo asesinados en cifras récord en un momento donde el acceso a la información es más importante que nunca”. Incluso en países que no están en guerra como México, India y Filipinas en 2025, y casi en todos los países han fracasado persistentemente en obtener justicia».

Drones: una nueva herramienta para los asesinos de periodistas

Una señal clara de advertencia en las cifras de 2025 es el creciente número de periodistas asesinados por drones: aeronaves no tripuladas o pequeños dispositivos voladores controlados a distancia y con la capacidad de distinguir visualmente objetivos.

Este tipo de asesinatos a miembros de la prensa aumentaron de ser dos en 2023 a 39 en 2025, según datos del CPJ.

De las 39 muertes relacionadas con drones documentadas en 2025, 28 fueron a manos del ejército israelí en Gaza; cinco por las Fuerzas Paramilitares de Apoyo Rápido (RSF) en Sudán; cuatro por Rusia en ucrania; una por fuerzas hutíes en Yemen; y otro por un presunto ataque turco en Irak.

Pese a este escenario de “lesa humanidad”, no ha habido enjuiciamientos ni investigaciones de actos de genocidio por parte de las autoridades israelíes.

Los Demonios Del Edén [Documental Completo]

Una crónica sobre la lucha de la feminista y periodista Lydia Cacho al enfrentarse a los poderes que protegen a un pederasta en Cancún. Al darle la voz a niñas y niños víctimas de abuso sexual en su libro LOS DEMONIOS DEL EDEN publicado en el 2005, la periodista se convierte también en una víctima del crimen organizado al verse encarcelada y acusada de difamación. Desde su detención a fines del 2005 y durante el 2006 y el 2007, Lydia Cacho se ha ocupado de su defensa y de denunciar a las redes que unen a un grupo de empresarios y políticos corruptos que se aferran duramente a sus posiciones de poder. 

LOS DEMONIOS DEL EDÉN

Documental

72 minutos

México

2007

Sinopsis

Una crónica sobre la lucha de la feminista y periodista Lydia Cacho al enfrentarse a los poderes que protegen a un pederasta en Cancún.

Al darle la voz a niñas y niños víctimas de abuso sexual en su libro LOS DEMONIOS DEL EDEN publicado en el 2005, la periodista se convierte también en una víctima del crimen organizado al verse encarcelada y acusada de difamación.

Desde su detención a fines del 2005 y durante el 2006 y el 2007, Lydia Cacho se ha ocupado de su defensa y de denunciar a las redes que unen a un grupo de empresarios y políticos corruptos que se aferran duramente a sus posiciones de poder.

El desarrollo del documental

Se realizó durante 18 meses en Cancún, Puebla, Tehuacán y ciudad de México. Durante este periodo el equipo siguó varios momentos cruciales del caso de Lydia Cacho.

La producción arrancó en enero del 2006 cuando Lydia organizó el concierto contra los 

Feminicidios en el Zócalo de la Ciudad de México, a un mes de su detención. A lo largo de ese año, se filmaron varias sesiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juzgados de Cancún ,en las maquiladoras de Tehuacán, en las calles de Puebla ,en el Centro Integral de Atención a la Mujer entre otros.

Al revelarse las conversaciones telefónicas entre Kamel Nacif, Succar Kuri y sus amigos empresarios y políticos, se obtuvo el material necesario para utilizar los fragmentos que aparecen en el documental y que retratan crudamente el “modus operandi” de una red de corrupción.

También se contó con los testimonios de mujeres del equipo del CIAM, con la opinión del experto en geopolítica Alfredo Jalife Rahme y con las voces de periodistas renombrados como Blanche Petrich, Jorge Zepeda y Carmen Aristégui.

El documental incluye los testimonios de los defensores de derechos humanos y redes cívicas de Puebla como Martín Barrios, Rodrigo Hernández, Gastón de la Luz y Julio Glockner que muestran la otra cara del gobernador Mario Marín y su amigo el empresario Kamel Nacif.

Se incluyen fragmentos televisivos del seguimiento del caso y de la manera en que se proyectó a la opinión pública.

Otra parte del documental se da en el Centro Integral de Atención a la Mujer en Cancún que Lydia Cacho fundó. y donde gracias al notable esfuerzo de un grupo de mujeres y hombres, se logran avances en la batalla contra la violencia hacia mujeres y menores.

El documental se concluyó en junio del 2007 cuando la Suprema Corte de Justicia aplazó la resolución sobre el gobernador de Puebla Mario Marín quien continúa siendo investigado.

http://losdemoniosdeledendoc.blogspot...

Asesinan a balazos al periodista sonorense Santiago Barroso

Policías protegen a su familia

Lo atacaron en su casa; pidió ayuda y murió en una clínica del IMSS en San Luis Río Colorado

Hermosillo, Son., El periodista Santiago Barroso Alfaro, director del noticiario Buenos días San Luis, que transmite la estación de radio Río Digital, en la frecuencia de 91.1 FM, fue asesinado en la ciudad fronteriza de San Luis Río Colorado, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Eran las 21:10 horas del viernes 15 de marzo cuando dos hombres tocaron la puerta de la casa del periodista en la colonia Sonora; al abrir, los pistoleros le hicieron tres disparos de arma de fuego: dos en el estómago y uno en el pecho.

Gravemente herido, el comunicador alcanzó a solicitar ayuda telefónica al 911. En respuesta, paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron a la clínica 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social donde falleció a las 23 horas del viernes.

La FGJE investiga la muerte del reportero como delito de homicidio calificado, mientras la Agencia Ministerial mantiene entre sus líneas de averiguación el ejercicio de su profesión.

De ese modo, la FGJE determinará si fue un ataque a la libertad de expresión y si el mismo está relacionado con su actividad en el periodismo de investigación.

La dependencia dispuso a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para efectuar las pesquisas.

En un primer reporte, la AMIC señaló: Se trabaja en todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos y dar con el o los responsables, realizando hasta el momento entrevistas a diversas personas del ámbito del periodista.

Asimismo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública otorgan protección a la familia del periodista.

De 47 años de edad, Barroso Alfaro egresó de la licenciatura en comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California; dirigía el portal de noticias Red 653 y trabajó en el periódico La Crónica de Mexicali.

 El periodista Santiago Barroso Alfaro fue asesinado en la
ciudad fronteriza de San Luis Río Colorado,
sonora.Foto tomada de Facebook

Regresó a su natal San Luis Río Colorado –ubicada a 60 kilómetros de Mexicali– para hacerse cargo temporalmente de la corresponsalía de El Imparcial, de Hermosillo. En los años recientes dio clases en una universidad tecnológica y conducía su noticiario radiofónico.

Investigación a fondo

Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, escribió en su cuenta de Twitter: Expreso mi enérgica condena al ataque contra el periodista Santiago Barroso; he solicitado una investigación a fondo para llegar hasta las últimas consecuencias. Mis condolencias a la familia de Santiago y al gremio de comunicadores.

El secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, publicó en esa red social: “Expreso mi más sentido pésame por el asesinato del periodista Santiago Barroso en San Luis Río Colorado, Sonora, y manifiesto a las autoridades locales la plena disposición de la @SSPCMexico para colaborar en la investigación correspondiente”.

El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores lamentó el homicidio y exigió a las autoridades estatales y federales una investigación ágil que lleve a la captura de quien o quienes lo hayan privado de la vida, y que determine claramente si su ejecución fue producto de su trabajo periodístico o si obedeció a causas ajenas a ello.

“El crimen (…) es una muestra más de que quienes ejercemos el periodismo y la comunicación seguimos siendo perseguidos por nuestra actividad”, señaló el foro en un boletín.

En lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador seis periodistas han sido asesinados, dos de ellos en Sonora. El pasado 16 de febrero Reynaldo López y Carlos Cota fueron atacados por un grupo de sicarios en Hermosillo; uno de ellos falleció y la fiscalía arrestó a cinco presuntos responsables, quienes señalaron que confundieron el vehículo que abordaban los comunicadores.

Cristina Gómez Lima y Antonio Heras

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 17 de marzo de 2019, p. 3

México: Debaten entre periodistas sobre la violencia contra mujeres

Encuentro Internacional: Lecciones para México, libertad de expresión y procesos de transición

Participaron periodistas de todos los continentes, algunas a través de videollamada

Layla Sánchez Kuri

México, 04 feb.-19. AmecoPress/SEMlac.- Para visibilizar la violencia contra las mujeres periodistas y diferenciarla de la que viven los hombres, la organización Artículo 19 junto con la Embajada de la República Federal Alemana, llevaron a cabo el Encuentro Internacional: Lecciones para México: libertad de expresión y procesos de transición.

La cita se abrió el pasado martes 22 con el tema: “Violencia en contra de la mujer, libertad de expresión e impunidad”, integrado por tres paneles.

En el primero de ellos, denominado Memoria: testimonios de violencia en contra de las mujeres y censura, la periodista Gloria Ruiz del medio Sin Censura, relató su experiencia como víctima de violencia por parte de funcionarios estatales, y aseguró que vivir una situación así te cambia la vida.

A pesar de las amenazas que ha recibido, sigue ejerciendo el oficio en su estado natal Coahuila, gracias a que recibe apoyo del mecanismo de protección para periodistas.

Por su parte, la reportera colombiana y ahora activista por los derechos de las mujeres, Jinet Bedolla, quien en el año 2000 fue secuestrada, violada y torturada por paramilitares de su país, narró los hechos y los resultados de su campaña “No es hora de callar”, con la cual ha logrado dar atención a mujeres de las comunidades, supervivientes de violencia sexual.

La enseñanza de esta vivencia le ha dado herramientas para reconocer que desde “la voz se puede transformar, desde el dolor, se puede transformar”.

La representante de Periodistas contra el Asedio, de Brasil, Janaina García, concluyó que después de dos años de trabajo la característica que diferencia genéricamente los ataques contra periodistas es la violencia sexual. Las periodistas están expuestas a este tipo de asedio, a diferencia de los hombres quienes reciben otro tipo de amenazas.

Esto se amplifica en las redes digitales, donde el asedio a las periodistas es moral, sexual y virtual, con mensajes llenos de amenazas contra ellas.

Las plataformas han complejizado la violencia contra las mujeres y es un contexto que se comparte en Latinoamérica, y algo interesante es que la violencia contra las periodistas es una violencia escondida, señaló Paulina Gutiérrez, representante de Artículo 19.

Cherly Akinyi, de la oficina regional de África Oriental de Artículo 19, aseguró que el patriarcado y la misoginia están muy arraigados en la región africana y que existe una gran violencia digital contra cualquier mujer que sobresale, sean periodistas o políticas.

Dio a conocer los resultados de 10 entrevistas que se hicieron a mujeres periodistas en Kenia acerca del tema de la violencia que han sufrido y coincidieron en que no pueden expresarse libremente en las redes digitales, deben cuidar lo que opinan, incluso en sus perfiles personales de Facebook. Esto ha provocado una autocensura muy fuerte, pues prefieren abstenerse y no participar de discusiones en la redes.

Entre las conclusiones de este panel, se destacó que es necesario que en las empresas periodísticas se comprenda el asedio a las mujeres periodistas y se brinde el respaldo necesario para que puedan realizar su trabajo.

Estándares internacionales de libertad de expresión y combate a la violencia contra las mujeres fue el título del segundo panel, integrado por el relator especial para la promoción y la protección de la libertad de expresión de la ONU, David Kaye, con una participación a través de videollamada; Laura Tresca, directora regional de Artículo 19, Brasil; Gabriela Gorjón, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Lina Ornelas, Head of Public Policy & Goverment Affairs.

El tema general fueron las intersecciones entre libertad de expresión, violencia contra las mujeres y derechos humanos. El debate se centró en la violencia digital. Se hizo énfasis en las medidas de seguridad implementadas por herramientas como Facebook para poner atención al discurso de odio que se expresa por esta red, y diferenciar cuando es para mujeres y cuando es para hombres.

Lina Ornelas aseguró que en las plataformas se está trabajando, pero en los medios se siguen reproduciendo los estereotipos de género, y la violencia contra las mujeres en línea no es un tema aislado.

En el panel tres, donde se trataron Iniciativas colectivas para combatir la violencia en contra de las mujeres, Lulú Barrera de Luchadoras, Amalia Toledo de Fundación Karisma, Colombia; Cynthia Valdez; Paz Peña de Acoso On–Line y Hugo Rodríguez, continuaron con el tema de la seguridad en las redes digitales para combatir la violencia contra las mujeres, pensar metodologías que la contrarresten.

Lulú Barrera señaló que lo importante es transformar la cultura, no descuidar a la gente que está en la calle y que es el reflejo de lo que sucede en línea. Por su parte, Amalia Toledo de Karisma, organización que lanzó la campaña sobre el “machitroll”, para denunciar a los hombres que acosan y agreden mujeres en las redes, puntualizó que es un momento donde se debe poner atención en la región (Latinoamericana) al avance de la ultraderecha y cómo se apropia del discurso de las mujeres y lo usa para su beneficio.

Además, sugirió que tanto Facebook como Twitter deben tener un apartado para denunciar violencia de género y ayudar así a la víctima a que sea más fácil. Concluyó que todo debe estar reforzado con la política pública que eduque a la población.

Al término de esta primera sesión, Artículo 19 presentó avances de una herramienta digital como mecanismo de apoyo y acompañamiento para las mujeres periodistas que se encuentren en situaciones de riesgo o violencia. Por el momento se ha desarrollado un proyecto piloto que está en fase de prueba.

Foto: Archivo AmecoPress.

Piden replantear enfoque de acciones de protección a periodistas y personas defensoras

Debe considerar el derecho a defender DH

Organizaciones civiles llamaron al gobierno mexicano a replantear el enfoque de las acciones de protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas en riesgo, para crear una política pública integral que considere el derecho a defender Derechos Humanos y la perspectiva de género, interculturalidad indígena y étnica.

En conferencia en el Centro Cultural Tlatelolco, en la Ciudad de México, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil),

Protección Internacional (PI) y las agrupaciones del Espacio OSC presentaron el informe “Es Tiempo Ya” que analiza las políticas y Mecanismos de Protección para defender el derecho a defender los Derechos Humanos.

El informe, elaborado por Cejil, organización internacional con sede en Costa Rica, compara las políticas públicas para defensoras y defensores en cuatro países: Colombia, Brasil, México, y Honduras, los cuatro países latinoamericanos que han institucionalizado un Mecanismo de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

El informe analiza las rutinas y procedimientos de estos Mecanismos, la evaluación de riesgo, las medidas de protección, y los recursos asignados. El análisis concluye que la visión política hacia defensoras y defensores es a menudo reaccionista, es decir, se reduce a atender las agresiones físicas.

Las fallas y aciertos del Mecanismo de Protección de México fueron expuestos por la periodista desplazada de Tamaulipas e integrante de la Red Nacional de Periodistas, Rosa María Rodríguez Quintanilla, quien denunció las múltiples amenazas y hostigamiento que sufrió su familia antes de verse obligada al desplazamiento forzado.

“Allá quien denuncia se convierte en enemigo del Estado. No es el miedo al crimen organizado, es el terror a quienes gobiernan en Tamaulipas, donde quienes deberían garantizar tus derechos son quienes te agreden. Vivimos en total indefensión”, dijo y explicó sus razones para irse: “En este clima de terror era imposible que nosotros despertáramos en nuestra tierra.”

La periodista y coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género narró que las mujeres son amenazadas de manera diferente, por ejemplo, los perpetradores se dirigen directamente a su entorno familiar. Destacó que el nuevo gobierno inspira cierta esperanza pero señaló que aún preocupa que el discurso público de Andrés Manuel López Obrador sea misógino.

“Recientemente escuché expresiones misóginas, sexistas del presidente electo. Pero también un discurso de odio hacia la prensa, que contribuye a ese clima de hostilidad, de falta de respeto hacia nosotros”, dijo Rodríguez.

La falta de voluntad política del gobierno saliente para garantizar el derecho de defender los Derechos Humanos se ha expresado en la mala implementación del Mecanismo de Protección. La más reciente y grave, coincidió con expertos, es la falta de recursos económicos para esta institución.

Al respecto, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, señaló: “cómo es posible que el Estado que presume en espacios internacionales su Mecanismo de Protección no pueda asegurar su presupuesto?”. 

A su vez la coordinadora de la organización Propuesta Cívica, Sara Mendiola, dijo que “se tienen que implementar medidas que prevengan las agresiones, investigarlas, sancionarlas y repararlas”, es decir, ampliar su visión para que no sólo sea protección física.

El oficial de incidencia política de Cejil José Ignacio Gómez, agregó que era necesario preguntarse cuáles son las estructuras que sostienen la desigualdad de poderes: el extractivismo, el patriarcado como algunos de los pilares que hoy afectan la defensa de Derechos Humanos y que transforman un derecho en una pena de muerte en las Américas.

El informe fue presentado por Enrique Eguren, integrante de Protection International; Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de UDEFEGUA; Alejandro Cerezo de Acción Urgente para los Defensores de los Derechos Humanos; Guadalupe del Carmen, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota; y Sandra Alarcón de Tlachinollan.  

El enlace para descargar el informe “Es Tiempo ya” es el siguiente:

https://www.cejil.org/sites/default/files/es_tiempoya_interactivo.pdf

CIMACFoto: Silvia Nuñez Esquer

Por: Anayeli García Martínez y Sonia Gerth

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Aprehenden a uno de los presuntos asesinos de María del Sol Cruz Jarquín

Continúa audiencia de control de detención

Alrededor de las 07:00 horas de este martes 28 de agosto se habría logrado la detención de uno de los autores materiales de la ejecución de la entonces candidata a concejal Pamela Terán, en un atentado en el que también asesinaron a la comunicadora María del Sol Cruz Jarquín, y al chofer y primo de la candidata, Adelfo Guerra.

Sin un comunicado oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, (FGJEO), pues hasta el mediodía de este martes aún no concluye la audiencia de control de detención, pudo confirmarse la aprehensión de uno de los homicidas, la cual ocurrió en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, donde se lleva a cabo el proceso.

La noticia empezó a circular en las redes sociales y hasta el momento se espera la información oficial sobre la detención, y los demás avances de la investigación en la Fiscalía mientras en instancias electorales también sigue el proceso en contra de quien fuera el candidato a presidente municipal Hageo Montero López.

Y es que María del Sol fue obligada por su jefe, el entonces titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Francisco Montero López, a cubrir la campaña electoral de su hermano, en la ciudad de Juchitán, por lo que se constituye un delito electoral.

“María del Sol no tuvo oportunidad de textear que subía a la camioneta de Pamela Itzamaray Terán Pineda, candidata a segunda concejal del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza como parte de la planilla por la coalición PRI-PVEM-PANAL que encabeza Hageo Montero López. Ambas fueron asesinadas la madrugada de este sábado, en el centro de ese municipio, el noveno más violento del país.”

Cabe recordar que alrededor de las 03:00 horas del 2 de junio pasado, sobre la calle 5 de Mayo en el centro de Juchitán de Zaragoza, a unos 30 metros del Bar Jardín, fue ejecutada Pamela Zamari, candidata el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la segunda concejalía, cuando subía a su camioneta.

En el ataque armado también fue asesinado el primo de la candidata, Adelfo Guerra y la comunicadora María del Sol Cruz Jarquín, hija de la periodista oaxaqueña Soledad Jarquín Edgar.

Al lugar llegaron familiares de Pamela, hija de Juan Terán Regalado, presunto líder de una organización delictiva que opera en el Istmo de Tehuantepec.

La familia de Pamela y de Adelfo se apersonaron al lugar de los hechos y en forma violenta se llevaron los cuerpos no sin antes advertir que estas muertes no van a quedar impunes y que “va a empezar la matazón”.

Imagen retomada de Chelsy Wong

Por: Paulina Ríos Olivera

Cimacnoticias/pagina3.mx | Oaxaca, Oax .-

“No insulten nuestra inteligencia”, pide madre de defensora Nadia Vera

  A 3 años del multihomicidio en la Narvarte familias exigen justicia

Mirtha Luz Pérez Robledo, madre la defensora de Derechos Humanos y estudiante, Nadia Vera, asesinada el 31 de julio de 2015 junto a cuatro personas más en un departamento de la Colonia Narvarte en la Ciudad de México, realizó un pronunciamiento a través del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas “Frayba”, en el marco del tercer aniversario del suceso.

EN DEFENSA PROPIA, EN DEFENSA DE LA MEMORIA:

“Desde este país de las simulaciones, donde se simula una democracia sólo durante las elecciones, y el partido que queda en el poder se vuelve una dictadura que amenaza, como suelen amenazar las dictaduras a quienes no coinciden con ella y a quienes critican sus desaciertos y por ende los ciudadanos tenemos que hablar entre líneas y con insinuaciones.

Desde este país donde los del poder no nos escuchan y lo que decimos los ciudadanos comunes se vuelve un monólogo constante o una letanía fúnebre porque la violencia y la impunidad no parecen aminorar.

Desde este país donde la mayoría de los ciudadanos somos invisibles a los ojos de los políticos, que sólo trabajan para buscar su beneficio personal y no el bien común.

Desde este país donde desde el poder se fabrican verdades absolutas atravesadas por un interés mezquino.

Desde este país donde vigilan constantemente a los periodistas que se vuelven incómodos para el sistema, porque son los únicos que saben hacer diligentes investigaciones que la PGR en su negligencia no es capaz de realizar.

Desde este país donde me tocó la vida, pero también la muerte.

Desde este país sólo pido sensibilidad. Si usted señor funcionario público, servidor público, pusiera en su pensamiento la palabra funcionario y funcionara para lo que dice que le pagan. Si usted servidor público pudiera servir con su trabajo al país, si tuviese un poco de sensibilidad desde el cargo en que esté, siendo presidente, jefe de gobierno, gobernador, senador, legislador, procurador de la nación, de algún estado, o del municipio que fuese. Si tuviese un poco de sensibilidad, podría entonces su cerebro sentir un poco de empatía con los ciudadanos que sufren, desde un trámite que debería ser simple si usted cumpliera con su trabajo, hasta la búsqueda de un desaparecido o la investigación de un crimen.

Si pudiera ser sensible señor empleado de la Procuraduría sabría que cada persona desaparecida o asesinada tiene una historia de vida, una familia que sufre, que siente angustia y dolor por la pérdida de su ser querido.

Hacer su trabajo, aminoraría en algo esa angustia, porque le daría a las familias de los de los asesinados un poco de acompañamiento, y aunque nunca comprenderé qué es justicia después de que mi hija ha sido asesinada, si hace su trabajo y busca la verdad fundamentada en una investigación científica, podrá darle a las familias, un poco de consuelo y no tendría que pasarse los días en los medios de comunicación dando pésames falsos, ofreciendo disculpas obligadas, anunciando el pago de nimias indemnizaciones por no haber hecho bien su trabajo o renunciando obligatoriamente a su cargo, como quien abandona un barco que se hunde.

En este remolino de muertos que se ha vuelto el país, en este aire de cenizas de desaparecidos, entre este hatajo de malvados que se ostentan como autoridades, entre el hartazgo que ya ha alcanzado a muchos y los lleva al sinsentido, a la indiferencia, a la indolencia cómplice y criminal y se vuelven depredadores de sus semejantes; aquí, alguien logra alzar la voz, y exige sólo lo que es nuestro derecho de los sin voz:

EL DERECHO A LA VERDAD, EL ACCESO A LA JUSTICIA, EL COMBATE A LA IMPUNIDAD, EL RESPETO A LA MEMORIA.

Entendemos que no hay verdades absolutas, pero no insulten nuestra inteligencia diciéndonos una mentira así nomás; sabemos que ustedes mienten, y queremos que acepten que han mentido. Y créanme, porque Uds. no piensen en nosotros, porque no les importe nuestra suerte, no desaparecemos, seguimos aquí, con nuestros muertos que siguen vivos en cada uno de nosotros”.

Mirtha Luz Pérez Robledo

(La madre, la mujer, la ciudadana)

FRAYBA DENUNCIA IMPUNIDAD

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Frayba, informó en un comunicado aparte, que a casi mil días del homicidio y feminicidio ocurridos en la colonia Narvarte, donde fueron asesinados y torturados el Fotoperiodista Rubén Espinosa, la defensora Nadia Vera, Yesenia Quiroz, la extranjera de origen colombiano Mille Martín y la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, las familias siguen sin respuestas, como el día uno, sin que las autoridades logren hacer su labor y otorguen una investigación científica, verídica y comprobable que demuestre, qué fue lo que ocurrió dentro de ese departamento aquel 31 de julio del 2015.

En conferencia de prensa desde San Cristóbal de las Casas, la familia de Rubén Espinosa Becerril, afirmó que es más que evidente que las autoridades no tienen la capacidad, ni el interés y mucho menos los elementos para esclarecer este crimen. “Desde un principio demostraron su negligencia para salvaguardar la escena del crimen, investigar a los testigos, recabar testimonios de los vecinos, obtener pruebas contundentes, localizar los teléfonos de las víctimas, rastrear las llamadas y mensajes de los teléfonos así como cuentas bancarias de los presuntos asesinos, indagar sobre sus posibles vínculos con crimen organizado, trata de blancas o políticos involucrados”.

Cuestionaron al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera ¿Cómo llegó a su puesto de Jefe de Gobierno de la CDMX? ¿Cómo pretende llegar a ser parte del Senado? ¿Cómo, después de tantas promesas sin cumplir? ¿Cómo después de darle su ´palabra de honor´ a las familias de las víctimas para esclarecer un crimen y salir de puntillas para no cumplirla?

Finalmente las familias reafirmaron que jamás apostarán por el olvido y seguirán exigiendo saber la verdad, el castigo a los culpables materiales e intelectuales y Justicia para los 5 del caso Narvarte.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: la Redacción

Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis .-

Asesinato de Miroslava Breach relacionado con narcopolítica de Chihuahua

Se realiza audiencia para acusar a presunto autor del crimen 

Durante la audiencia de vinculación a proceso de Juan Carlos Moreno Ochoa, alías “El Larry”, presunto autor del asesinato de la corresponsal del diario La Jornada, Miroslava Breach Velducea, salió a la luz información que apunta a que el crimen se cometió porque la reportera publicó información sobre la colusión de políticos chihuahuenses con grupos del crimen organizado.

De acuerdo con datos publicados por los corresponsales de la revista Proceso y del diario La Jornada, quienes estuvieron en el juicio oral que se realiza desde ayer, el Ministerio Público señala a tres involucrados: El Larry, autor intelectual; Ramón Andrés Zavala Corral, quien disparó el arma y fue asesinado el pasado 19 de diciembre en el estado de Sonora; y Wilbert Jaziel Vega Villa, vigilante y conductor del vehículo y quien está prófugo.

De acuerdo con Proceso, durante la audiencia de ayer se presentó la transcripción de una llamada entre la reportera y otro personaje, identificado por el semanario como el vocero estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Piñera, quien le preguntó a Breach cómo obtuvo la información sobre la alianza del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Chínipas con el crimen organizado.

En el audio de la llamada, encontrado en una laptop en la casa donde se escondieron los sicarios, la reportera dijo que no revelaría sus fuentes y que ella era originaría de Chínipas por lo que conocía muy bien a las personas del lugar y al entonces candidato, en todo caso pidió que sólo ella fuera considerada responsable de lo que publicó.

La reportera y el vocero del PAN hablaban de una nota publicada el 4 de marzo de 2016 en La Jornada, titulada: “Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”, donde ella reveló que grupos del crimen organizado infiltraron las listas de candidatos a alcaldes del PRI y del PAN; información que también publicó la corresponsal de Proceso, Patricia Mayorga, actualmente amenazada y en el exilio.

Lo último que dijo Breach Velducea en esa llamada fue su razón para publicar información que ponía en riesgo su vida y la de su familia: “El silencio es complicidad y eso es lo que ha generado todo este desmadre”.

Por otra parte, La Jornada reportó que la mañana de ayer 27 de diciembre el secretario general de Gobierno de Chihuahua, César Jáuregui Robles, declaró que Wilbert Jaziel Vega Villa, vigilante de la casa de la reportera y conductor del vehículo en el que se trasladó el autor material del crimen, fue detenido en marzo pasado y rindió declaración pero fue puesto en libertad porque no había pruebas suficientes en su contra.

Sin embargo, por la tarde el Gobierno de Chihuahua, encabezada por el panista Javier Corral, desmintió esa información y en un comunicado dijo que de acuerdo con la Fiscalía General “nunca fue detenido, ni ha sido testigo protegido, ni declaró ante el Ministerio Público” y señaló que la nota, que atribuyó a el Diario de Chihuahua, buscaba demeritar el éxito de la investigación.

Sobre este proceso penal para esclarecer el homicidio, que forma parte de los 15 asesinatos de mujeres periodistas documentados por Comunicación e Información de la Mujer en los últimos siete años, los cinco hermanos de la periodista no tienen acceso directo porque no son considerados víctimas del crimen.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México .- 

¿Por qué matan a tantos periodistas en México?

Casi medio centenar durante el mandato de Peña Nieto 

Giorgio Trucchi

Rel-UITA 

La organización Artículo 19 publicó recientemente un informe[1] sobre la violencia contra la prensa en México durante el primer semestre del 2017, donde se documenta un total de 276 agresiones -una cada 15,7 horas-, incluyendo a 6 periodistas asesinados y 1 desaparecido.

Estas cifras, señala la organización mexicana, representan un incremento del 23 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Más del 50 por ciento de las agresiones fue cometido por funcionarios públicos.

El asesinato de Juan Carlos Hernández Ríos, periodista y colaborador del portal de noticias de Guanajuato La Bandera Noticias, ocurrido el pasado 5 de septiembre, eleva a 10 el número de periodistas asesinados en lo que va del año.

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), serían 126 los periodistas asesinados desde el 2000, el 84 por ciento de los cuales (106) durante los mandatos de Felipe Calderón (61) y Enrique Peña Nieto (45).

Desde 2003 hasta mayo de 2017, 24 periodistas han desaparecido[2], un promedio de dos por año.

El 96 por ciento de los comunicadores asesinados cubrían temas relacionados con corrupción y seguridad que involucraban a funcionarios públicos y crimen organizado.

El periódico La Jornada señala que el año pasado, México fue el tercer país con el número más elevado de muertes de periodistas en el mundo, superado únicamente por Siria y Afganistán, dos países en guerra.

Pese a que más de 260 periodistas se han integrado al Mecanismo de Protección creado por el gobierno mexicano, la misma Secretaría de Gobernación (Segob) reconoce que el mayor número de agresiones contra comunicadores proviene propio de funcionarios públicos.

La CNDH alerta de que más del 90 por ciento de todas las agresiones -incluyendo a las mortales- queda impune.

La violencia homicida afecta especialmente a los periodistas, hombres y mujeres, que trabajan en provincia, en particular en Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Chihuahua.

Trabajo precario e inseguro 

Colusión Estado-crimen organizado 

“El hecho de que la mayoría de agresiones y asesinatos de periodistas ocurre en la provincia, pone de manifiesto las condiciones de alta precariedad laboral y el estado de indefensión en que se encuentran”, dijo a La Rel, Federico Mastrogiovanni, periodista italiano radicado en México.

“Muchos de ellos investigan temas delicados, señalando las relaciones estructurales que existen entre instituciones locales y federales, capital trasnacional y el crimen organizado, en un contexto de profunda vulnerabilidad donde las autoridades pueden actuar con impunidad absoluta”, agregó Mastrogiovanni.

Para el autor del libro y documental Ni vivos ni muertos[3] sobre el drama de la desaparición forzada en México, la impunidad no sólo lleva a la repetición crónica de los actos delictivos, sino que es parte integral de la violencia institucional contra la libertad de expresión.

“Se trata de un sistema de dos vías: por un lado instituciones profundamente agresivas contra los periodistas y, por el otro, un sistema judicial inoperante y negligente que muchas veces hasta se dedica a entorpecer las investigaciones”, explicó Mastrogiovanni.

Sistema de protección a periodistas 

“Es una farsa” 

Pese a una situación que se vuelve cada día más complicada, el periodista italiano asegura que el sistema de protección a periodistas[4] creado por el gobierno no sería más que una farsa.

“Quieren aparentar cierto compromiso con la libertad de expresión y la seguridad de periodistas, pero al final sirve sólo y exclusivamente para enriquecer aún más a los funcionarios públicos”, lamentó.

“¿Cómo vamos a poder confiar en instituciones y funcionarios que todas las investigaciones señalan como los principales responsables de las agresiones contra el gremio periodístico?”, se preguntó Mastrogiovanni.

Contextualizar cada agresión 

“Así se defiende la libertad de expresión” 

Si bien considera muy importante denunciar nacional e internacionalmente cualquier tipo de agresión contra la prensa, el también catedrático de la Universidad Iberoamericana señaló a La Rel la importancia de analizar la especificidad de cada acto de violencia.

“La mejor manera para defender la libertad de expresión y hacer justicia es tratar de entender el micro contexto en el que se dan las agresiones y los asesinatos de periodistas.

No podemos medir a todos por el mismo rasero. Cada caso es diferente y cada territorio tiene sus dinámicas internas.

Sólo así -continuó Mastrogiovanni- podremos denunciar con la justa fuerza la relación directa entre la violencia contra periodistas y la connivencia entre poderes económicos, instituciones y crimen organizado”, concluyó.

Notas 

[1] https://articulo19.org/informesemestral2017/

[2] https://articulo19.org/periodistasdesaparecidos/

[3] https://www.youtube.com/watch?v=C4YsPZUj05I

[4] Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Fuente: Rel-UITA

Los pendientes del gobierno mexicano ante espionaje

                                                                                 

Una mujer utiliza su celular en la Aldea Digital de la CDMX. Foto: Octavio Gómez

Por Erubiel Tirado 

 (apro).- De modo inopinado, y en notas aisladas y esporádicas entre columnistas y reportajes pseudotécnicos, se dio cuenta que en México se espía para beneficio y seguridad del “Estado”.

Sin embargo, el reportaje reciente en la primera plana de The New York Times del 19 de junio deja claras varias cosas que hay que destacar y demandar a las autoridades, no una posición (que de manera extraoficial se indica en la nota), sino aclarar con una investigación formal:

1) El gobierno federal y al menos 12 estatales realizan actividades de espionaje en contravención del marco legal que se prevé, en términos de la Ley de Seguridad Nacional, para la intervención de comunicaciones electrónicas personales.

2) La coartada inicial para hacer una erogación multimillonaria que a ciencia cierta no se sabe (y no se sabrá porque la ley permite a las autoridades clasificar esta información y no rendir cuentas de tipo alguno), es captar información sensible que permita a las agencias de seguridad combatir el crimen organizado y el narcotráfico

3) Las actividades de espionaje se centran contra líderes de opinión y activistas sociales antes que contra supuestos criminales con un enfoque intimidatorio y hasta represivo.

Origen del mal…ware

Una versión comercial de intervención de comunicaciones telefónicas en las dos principales plataformas existentes (Android y iOS), aparentemente para usufructo de una empresa de servicios informáticos de origen israelí, se vende a gobiernos para hacer, de modo limitado, lo mismo que hace a nivel global y sin distingos la National Security Agency, NSA, de Estados Unidos: espiar las telecomunicaciones personales.

La supuesta principal diferencia es que la NSA lo hace con el objeto de prevenir ataques terroristas y/o perseguir a perpetradores de dichos actos, en tanto que la empresa israelí supuestamente acota su beneficio comercial a gobiernos y para fines de investigación criminal.

Sin embargo, de acuerdo con la información disponible (El Universal, 20 de abril, y The New York Times, 19 de junio) plantea características técnicas que suponen propósitos que van más allá a los declarados de un beneficio comercial, por un lado, y de una pretensión de estricta seguridad o de investigación criminal, por otro:

1.- Empleo de un programa (software llamado Pegasus) de intervención que no sólo permite el robo de información en los teléfonos celulares, sino que los convierte en mecanismo de captación de imágenes y sonidos sin que lo advierta el propietario. Instrumentos de captación pasiva y activa de datos, aun encriptados.

2.- La intervención se logra mediante una abierta intrusión a la privacidad de las personas con actos abiertos de hostigamiento electrónico por parte de los operarios del servicio de espionaje.

3.- Una vez intervenido el celular con el software malicioso, éste mantiene una actividad latente aun cuando no se sustraiga la información por los operarios del sistema; además de que, en caso de ser advertida la intromisión, es prácticamente imposible identificar el origen (institucional) del espionaje.

¿Compradores de tecnología o meros usuarios de servicios espionaje?

A principios del sexenio y bajo el paraguas del despliegue con la salvaguarda de la seguridad nacional, se descubrió que principalmente la Sedena había hecho una erogación millonaria (en dólares) para realizar espionaje.

Sin embargo, la información subsecuente y las denuncias de organizaciones civiles, nacionales e internacionales, preocupadas por la intromisión ilegal de las agencias gubernamentales a la privacía de las personas, estableció cuando menos tres aspectos importantes.

1.- Que diversas instituciones del gobierno federal como Sedena, Marina, Segob, junto con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen, y que varios gobiernos estatales -al menos hasta mediados del año pasado eran Baja California, Campeche, Chihuahua, DF (ahora Ciudad de México), Durango Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala- se hicieron clientes de la empresa tecnológica para espiar bajo parámetros de legalidad poco claros o francamente anticonstitucionales.

2.- Que no se trata de contratos en los que se adquiere tecnología, hardware y software (que al final pasa a ser propiedad del adquirente) y que se opera con personal propio de las instituciones o gobiernos contratantes, sino que es una prestación de servicios tecnológicos en función del número de aparatos a intervenir y del tiempo que se establezca en el contrato adjudicado (en forma directa, o sea, sin concurso y sin licitación). De ahí, los costos sumamente elevados y que se mantenga en secreto.

3.- Que el alcance de los beneficiarios de estas actividades de espionaje se hizo evidente a partir de un litigio internacional en el que se involucraba la supuesta inviolabilidad del gigante informático Apple. Esto ‘dejó a ciegas’, según el eufemismo del columnista al que se le suelen hacer filtraciones de fuentes gubernamentales, las capacidades de espionaje del gobierno federal (donde no se menciona a los militares). No sólo eso, sino que la empresa suspendió sus actividades contractuales de intervención y sustracción de datos.

¿Interés nacional o de políticos gobernantes?

Las características de contratos de servicios de tecnologías de información y comunicaciones, como las que están detrás de este caso de espionaje, tienen varias implicaciones serias que deben llamar no sólo al cuestionamiento severo, sino a un deslinde claro de responsabilidades legales y políticas, que pone en peligro la seguridad del Estado mexicano.

Por un lado, la escasa información contractual disponible supone que la empresa que espía electrónicamente para el gobierno federal (incluidos sectores de inteligencia militar y civil) y los gobiernos estatales, proporciona la información sustraída a sus patrones contratantes.

No queda claro si los términos contractuales imponen secrecía y confidencialidad de la información obtenida por la empresa y entregada a los gobernantes mexicanos (los contratos se clasifican como confidenciales y difícilmente pueden ser objeto de escrutinio o auditabilidad).

Esto es importante toda vez que las empresas que figuran en este tipo de actividades son financiadas o responden, al final, a intereses de otras naciones o simplemente son mercenarias porque, al término de sus contratos, los datos sustraídos son vendidos sin que los contratantes originarios intervengan o siquiera se enteren (en este caso, las instituciones mexicanas se enteren o simplemente no son propietarias plenamente de la información que se sustrajo en su nombre y para su aprovechamiento).

No es un asunto menor y cobra mayor relevancia ante la calidad de los contratantes que se suponen velan por nuestra seguridad nacional (el Cisen, la Sedena y la Marina), lo que hace de esta acción una verdadera traición por parte de los sectores militares y civiles involucrados por su falta de visión estratégica y su ambición desmedida de protegerse políticamente porque están al servicio de intereses políticos de coyuntura y de muy corto plazo.

En este sentido, vale la pena recordar que este gobierno federal ha superpuesto una infraestructura de vigilancia que, según, fue diseñada para la inteligencia de la seguridad nacional a través de los llamados “centros fusión” con un enfoque regional (cinco en total) donde de congrega la actividad de recolección de información de las dependencias civiles y militares.

Las preguntas que surgen ante lo expuesto por el periódico estadunidense es si el enfoque de trabajo de esta infraestructura está relacionada con la contratación de los servicios de espionaje a la población, si la empresa contratada provee la información sustraída sólo a las instituciones que la contrataron en lo individual y aquéllas la comparten en el esquema fusión.

A la luz de estas y otras implicaciones legales y políticas, llama la atención la carencia de leyes efectivas que velen por nuestra integridad como personas y contra la intromisión a nuestra privacidad, garantizadas por la Constitución.

Asimismo, destaca la pobreza de los instrumentos del Congreso que cuenta con una Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que legalmente sólo puede pedir información al gobierno pero carece de atribuciones de investigación y de acusar a los responsables de violar nuestros derechos constitucionales en aras de dicho concepto.

Más grave aún resulta la comprobación que el sistema político mexicano recurre a instrumentos ilegales para el control de la disidencia social, la crítica política. Hay un uso abusivo, ilegal y sin contrapesos de los recursos de inteligencia para la seguridad que no se emplean para la salvaguarda del Estado mexicano (ni de las entidades federativas) sino para las élites gobernantes, distorsionando así una función que debiera ser protectora de todos nosotros y de nuestras instituciones.

La pluralidad política que trajo consigo la transición del régimen desde finales del siglo pasado, también ha “democratizado” y renovado las prácticas viciadas del priismo ancestral que recurría al espionaje vulgar como premisa necesaria para la represión selectiva de sus críticos.

Nada bueno hay en gobiernos e instituciones que claman por la legalidad o marcos de actuación que los protejan (como lo piden los militares con la Ley de Seguridad Interior) cuando son ellos los primeros en quebrantarla en detrimento de nuestros derechos humanos. Lo que sigue es peor

NO MÁS AMENAZAS A PERIODISTAS Respaldo a la compañera Frida Guerrera #FeminicidioEmergenciaNacional

Daniela Villegas

¿Cuáles son sus fuentes para armar las bases de datos de feminicidios? ¿Cómo los contabilizan?  preguntaba a una compañera que trabaja en la construcción de bases de datos sobre feminicidios en la frontera norte mexicana. A lo que ella respondía que se seguían los conteos de los medios de comunicación, pero sobre todo de los medios locales y los blogs, ya que las descripciones y cifras "oficiales" de las instituciones gubernamentales no son veraces ni puntuales.

Blogs como el de la periodista y activista Verónica Villalvazo, mejor conocida como Frida Guerrera, resultan fundamentales a la hora de hacer un seguimiento de los feminicidios no sólo por la contabilización puntual que hace de ellos desde el 2016 en su blog y en su cuenta de Twitter @Fridaguerrera, sino también porque da voz, rostro y acompañamiento a las víctimas y familiares de feminicidio, en la búsqueda de justicia.

Es por ello que las recientes amenazas de las que ha sido objeto resultan deleznables, puesto no sólo se quiere silenciar a una mujer comprometida con un periodismo de derechos humanos, sino porque busca implantar el miedo, la re-invisibilización de las víctimas.

No sería la primera vez que es amenazada por hacer su labor periodística. Ya en 2009 sufriría de hostigamiento durante su estancia en Oaxaca al hacer seguimiento y denunciar un caso de pederastia en el Instituto San Felipe de Oaxaca, caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora el pasado 21 de marzo las agresiones iniciarían tras reportar en su blog el 4 de agosto de 2016 la violación y el feminicidio de Karen de 17 años, caso que no ha sido reconocido como feminicidio por las autoridades, y el asesinato de su hermano Erik de 12 de Ecatepec, Estado de México.

En un país hundido en la violencia como lo es México, en que el tener cuerpo de mujer o ser un cuerpo feminizado aumenta los riesgos de vivir violencia letal, la labor de Frida es valiente y fundamental. Sus textos hacen una labor de desmitificación al politizar el discurso con titulares tales como: Zulema un feminicidio, no una historia de amor y No fue un suicidio, fue feminicidio. De esta manera visibiliza y desmonta discursos que suelen poblar los medios de comunicación masivos que reafirman y repiten esquemas patriarcales al violentar a las mujeres de igual manera desde el plano del lenguaje. Frida recupera con sus titulares de ésta manera el lenguaje que politiza que desarma que invita a la reflexión en torno a los imaginarios ya instalados y reafirmados por algunos medios del “amor romántico” y desafía las versiones “oficiales” de las instituciones al señalar como suicidio lo que claramente fue feminicidio.

Otro aspecto que me gustaría resaltar es que, a través de su periodismo digital a través de diversas plataformas, entre ellas Periscope en el que de forma continua transmite en vivo denunciando y haciendo acompañamientos en relación a los feminicidios da un giro a las connotaciones de lo público y lo privado pues trasciende ambas esferas. Entra a nuestras computadoras, a nuestros hogares, a nuestras oficinas, desde el espacio público del Internet y de las distintas locaciones donde transmite. Se apropia de ambos espacios para informar, hace lo privado público y lo público entra a las esferas privadas, unas van de la mano de las otras. Es así que con su pluma y con el video en vivo Frida denuncia y torna visibles las vidas de niñas y mujeres que suelen terminar en meros números que les arrebatan su condición de sujetas, de humanas con una historia propia.

Articulo 19 ya ha señalado en su informe publicado recientemente que el 2016 fue el año más violento para las y los periodistas en México y lamentablemente continúa siéndolo este año como lo evidencia el reciente asesinato de la compañera periodista Miroslava Breach. Ésta situación corrobora el que CIMAC y Artículo 19 publicaran el informe “El Poder del Cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015” que el Internet es una herramienta fundamental para el periodismo actual y donde se ha generado campañas de desprestigio hacia las periodistas donde el principal objetivo es violentarlas a través de lenguaje violento y amenazas sexuales.

Abro el blog de Frida Guerrera y empiezan a desfilar ante mis ojos, los rostros y nombres de niñas, adolescentes y mujeres adultas víctimas de feminicidio en México. Las historias se despliegan una tras otra, así como la construcción de la historia de las víctimas provenientes de distintas geografías del país. Al escribir estas líneas, Frida documenta el Feminicidio #14Oaxaca y transmite en la plataforma Periscope la denuncia del feminicidio de Gabriela Fernández del Estado de México.

Apoyemos a Frida para que continúe visibilizando, narrando y acompañando las luchas sociales y las historias de feminicidio. Su lucha es por la vida, por la de todas nosotras. #FeminicidioEmergenciaNacional

Colofón

El personaje ficticio Robin Whore en su cuenta en Facebook expresa gráficamente la indignación provocada ante las infames declaraciones que hizo el 28 de marzo Marcelino Perelló en su ahora extinto programa de radio en la UNAM ‘Sentido Contrario’. En esa ocasión Perelló demeritó en su programa la denuncia de Daphne Fernández contra ‘Los Porkys’ al decir: “Eso de que te metan los dedos tampoco es para armar un desmadre estrepitoso (…) si no hay verga no hay violación”. Daphne no sólo vivió violencia sexual sino que también sigue siendo violentada por el Estado mexicano al no hacerse justicia y en suma Perelló hizo uso de su programa radiofónico para continuar con la normalización de la violencia hacia las mujeres. Me sumo a la ola de indignación y aplaudo que se haya removido su programa del cuadrante. Y que se continúe denunciando y retirando a quienes usan los medios de comunicación para verter posturas misóginas que perpetúan y naturalizan violencias hacia los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados.