MONEDERO
Especial
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | México, DF.- Datos del Inegi indican que la prevalencia de violencia de pareja más alta es entre las mujeres que tienen un trabajo remunerado: alcanza 52.1 por ciento (más de la mitad); también las cifras dicen que la violencia está más extendida en las mujeres “unidas”.
Lo que la feminista Marcela Lagarde llama “el débil velo de la igualdad económica” que sucumbe ante los embates de la cultura patriarcal y los estereotipos sexistas mediáticamente reforzados, en una narrativa que incluso “protege” la violencia.
Se transita de la violencia familiar a la violencia laboral como un “continuum”. En el caso de la violencia económica generalmente está acompañada de violencia emocional.
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El ámbito laboral se ubica como el tercer espacio donde con mayor frecuencia son violentadas las mujeres y sus derechos; no es casual que más de una cuarta parte (26.3 por ciento) del total de las mujeres asalariadas experimenten discriminación laboral.
Pero esta cifra de discriminación laboral generada por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh-Inegi, 2011) tiene un subregistro muy importante: no consigna el acoso laboral, que es el pan de cada día para las trabajadoras.
Y tendría que incluir este dato, ya que el documento define a la violencia laboral en los siguientes términos: “Situaciones de discriminación, violencia emocional, física y sexual, como hostigamiento, acoso y abuso sexual, enfrentadas por la mujer entrevistada en el lugar donde trabajó durante los 12 meses anteriores, sin importar si trabajó una parte o todo el periodo”.
Con esta importante acotación, la encuesta mide a la discriminación laboral por los siguientes cinco factores:
1) Le han pagado menos que a un hombre que desarrolla el mismo trabajo (27.7 por ciento).
2) Ha tenido menos oportunidad que un hombre para ascender (28.4 por ciento).
3) Ha recibido menos prestaciones que un hombre en el mismo nivel o puesto (17.9 por ciento).
4) Debido a su edad o estado civil le han bajado el salario, despedido o no la contrataron (11.2 por ciento).
5) Le han pedido la prueba de embarazo (14.8 por ciento).
Atendiendo a su situación conyugal, las mujeres más afectadas son las casadas o unidas, más de la mitad (52.1 por ciento) refiere que le han pedido la prueba de embarazo (ver gráfica).
Las edades en las que se registra con mayor intensidad la discriminación laboral son de 25 a 44 años, representan más de la mitad; en total son 3.8 millones de mujeres víctimas de esta violencia. En el caso particular de la violencia económica la prevalencia más alta corresponde a las mujeres de 55 años y más.
Revisando la información sobre violencia laboral por embarazo se advierte que 5 millones de mujeres asalariadas fueron las afectadas, ya sea porque les solicitaron la prueba de embarazo (8 de cada 10), o bien porque la despidieron, no renovaron contrato o le redujeron el sueldo
Desde luego que todas estas cifras están por debajo de la terrible realidad laboral de las trabajadoras, muy en particular las de los puntos 4 y 5; son las cifras del silencio por el temor a perder el empleo.
Basta y sobra leer los anuncios clasificados donde se solicita trabajadoras, ahí se especifican los requisitos de edad y estado civil para acceder al empleo.
En cuanto a la prueba de embarazo, no sólo se obliga también se solicita prueba de VIH y las historias de vida se acompañan de una fotografía, para acentuar la discriminación por fenotipo.
A todos estos hechos se suma la violencia patrimonial, que también atenta contra la autonomía económica femenina, ésta se define como “la coerción o despojo hacia las mujeres de 15 años y más, de sus bienes, recursos materiales o propiedades. El objetivo es identificar si algún familiar u otras personas han despojado a la mujer entrevistada de algún bien o propiedad, o si la han forzado u obligado para poner sus bienes o alguna propiedad a nombre de otra persona”.
Para medirla se consideran tres elementos:
1) Le han quitado bienes o propiedades (67.5 por ciento).
2) Le han quitado documentos que comprueben que usted es la propietaria de algún bien (22 por ciento).
3) La han obligado a pasar a nombre de otra personas las cosas o propiedades que usted compró (10.5 por ciento).
La incidencia más alta se registra en las mujeres casadas o unidas.
Lo cierto es que la Endireh refiere que 3.6 millones de mujeres pide permiso para trabajar por un pago remunerado y 13.8 millones avisa o pide opinión, generalmente a su pareja; ya que la gran mayoría de las víctimas de violencia económica tienen un trabajo remunerado y viven con su pareja en unión libre.
Por fortuna cada vez son menos las mujeres (7 millones) que todavía consideran que el hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia; detrás de este argumento se justifican violaciones a los derechos femeninos que irrumpen en la vida laboral, un espacio masculino por excelencia.
Esta violencia no sólo se explica por las desigualdades de género y la cultura patriarcal, también tienen un asiento importante en la economía.
Un mercado precario con niveles de desempleo femenino como el de México fortalece la discriminación. Mecanismos como la subcontratación (“outsourcing”) y los contratos por hora propician y son causal de este desastre laboral.
La radiografía de violencia laboral, económica y patrimonial que muestra la Endireh 2011 tiene un costo económico para las mujeres, las vuelve más desiguales y más pobres.
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y del aniversario de la reforma laboral (que prometía el oro y el moro), un objetivo estratégico para el avance del país es cambiar las relaciones de poder para que las mujeres puedan gozar efectivamente de sus derechos, como declaró Alicia Bárcenas, directora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Twitter: @ramonaponce
*Economista especializada en temas de género.
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