¿Reforma política sin consenso?

 José Antonio Crespo

Al retirarse el PRD del Pacto por México, deja abierta la posibilidad de que la reforma político-electoral sea aprobada por mayoría, más no por consenso. Bien sabemos que en las democracias lo que prevalece es la regla de la mayoría (calificada o absoluta) para la toma de decisiones. Se criticó por tanto a Enrique Peña Nieto al inicio del Pacto por privilegiar el consenso sobre el contenido de las reformas. Se dijo, con justa razón, que ello podría llevarnos a adoptar una vez más reformas “descafeinadas” que no nos sacarán del rezago en que nos hallamos desde hace décadas en distintos rubros. Mejor aprobar las reformas por mayoría de dos partidos, con un profundo contenido, que buscar consensos a reformas más bien superficiales.

A partir de tal razonamiento, se podrá argüir que no importa demasiado la salida del PRD de la mesa de negociación de la reforma político-electoral, pues se cuenta con la mayoría calificada requerida para aprobarla. Sin embargo, me parece que tiene razón Lorenzo Córdova, consejero electoral del IFE, cuando en estas páginas advierte de la importancia política que tiene el consenso al tratarse no de reformas de índole técnica, sino de diseñar el marco que regula la pugna por el poder, así como de la selección de los árbitros en dicha contienda (“Consenso y reglas del juego democrático”, EL UNIVERSAL, 29/Nov). Un llamado al que se sumaron los consejeros del IFE ayer, al exponer los focos rojos que ven en la reforma misma.

Recordemos que en efecto, cuando se pierde el consenso sobre reglas y árbitros las cosas tienden a complicarse. La reforma electoral de 1990 —cuando se creó el IFE— y la siguiente de 1993 no gozaron de ese consenso, pues el PRD se opuso (con razón, a mi parecer) a avalar dichos ordenamientos que mostraban pasos atrás y avances meramente cosméticos. Eso, algo tuvo que ver con la crisis preelectoral de 1994, que obligó nuevamente a reformar la normatividad electoral, por tercera ocasión en el mismo sexenio. Dicha reforma ya contó con el consenso de los partidos, si bien el candidato perredista, Cuauhtémoc Cárdenas, la desconoció el 18 de marzo de ese año, que lo llevó a no reconocer el resultado de la elección presidencial, pese a haber terminado en tercer lugar con un lejano 17% del sufragio (frente al 50 % de Ernesto Zedillo). El consenso se dio nuevamente (y de manera unánime) en la reforma de 1996, y en el nombramiento de los árbitros del IFE. Las cosas marcharon de maravilla, tanto en 1997, como en 2000 y en 2003. Pero justo entonces, al nombrarse un nuevo Consejo General, se volvió a perder el consenso en el arbitraje, tanto por la tozudez inicial del PRD, como por el agandaye del PRI y la torpe mezquindad del PAN. El candidato perredista tuvo ya en sus manos una verosímil carta de impugnación. Casi todos los analistas, de diversa inclinación política —incluyendo al presidente saliente del IFE— consignaron el error que eso supuso advirtiendo que las cosas se podrían complicar en 2006, como ocurrió. Para las reglas y el arbitraje, dijo José Woldenberg, conviene ir más allá del requisito legal, pues el consenso otorga mayor legitimidad.

Desde luego, no todas las razones aducidas por el PRD para su retiro son convincentes. Se queja de que la reforma política es carta de cambio por la energética; sí, pero desde el inicio así lo dijo el PAN, y el PRD continuó en la mesa. Dice también que no se cumple con el compromiso de suprimir los institutos estatales electorales. Pero a quien más le interesaba eso era al PAN, en tanto que el PRI prefería el statu quo, y fue el PRD quien propuso el modelo híbrido que al parecer prevalecerá. En lo que tiene razón el PRD es que esta reforma política se adopta con precipitación, improvisación y desorden justo para entrar de lleno a la reforma energética. Y quizá el punto más sólido de su enojo consista en que se quiere reglamentar la figura de “consulta popular” de tal forma que no pueda someterse a ratificación ciudadana la reforma energética. Ni PRI ni PAN quieren someter dicha reforma al refrendo ciudadano en esos términos (aunque López Obrador prefiere la consulta antes, no después, de aprobarse la reforma, mientras el PRD la quiere para 2015, durante la elección intermedia, como lo establece la Constitución).

El PRD se niega también a participar en las comisiones del Senado (salvo en lo que toca a la reforma del Distrito Federal), y no regresar salvo que se tomen en cuenta sus consideraciones en materia de la propia reforma política, lo que se ve difícil. La reforma política no nacerá con buenos augurios.

@JACrespo1

Investigador del CIDE