"Honrar la palabra" en la reforma del DF, exigen al PRI

La decisión está en manos de los grupos parlamentarios de PRI y PAN, señalan legisladores

Mancera insta al Senado a aprobar la reforma política del DF el martes

El mandatario anticipa que buscará a líderes de las bancadas para destrabar las diferencias

Desde hace 15 años sufre un largo peregrinar en el Congreso, recuerdan senadores

Periódico La Jornada

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, instó al Senado a aprobar la reforma política de la ciudad de México antes de concluir el periodo de sesiones el martes.

Cuestionado sobre la decisión del PRI de frenar la noche del jueves esta reforma y no incluirla en primera lectura, a pesar de que había sido aprobada por la mañana en comisiones, en respuesta al acuerdo del PRD de no votar el nombramiento del vocal del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Mancera Espinosa confió en que se resolverán las diferencias que hay entre los senadores y en que la reforma política del Distrito Federal pueda avanzar.

Me parece que hay voluntad política y que ésta puede quedar de manifiesto la próxima semana, resaltó.

En opinión de Mancera Espinosa es factible que en la sesión del lunes el dictamen quede en primera lectura, por ser una reforma constitucional requiere de una segunda, recordó y esto pudiera ser el martes y ese mismo día aprobarse.

Comentó que en el transcurso del día buscaría a los coordinadores y al presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, para ayudar a destrabar las diferencias.

En tanto que el presidente del PRD-DF y vicecoordinador del grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa, Raúl Flores García, descartó que la decisión en el Senado de posponer la lectura del dictamen anticipe una vez más su empantanamiento.

Admitió, sin embargo, que el riesgo siempre está e hizo un llamado a la prudencia para evitar que, al calor de otras discusiones, se pretenda obstaculizarla.

Consideró un dato importante el hecho de que en las cinco comisiones por las que debió pasar el dictamen con las modificaciones que aprobó la Cámara de Diputados, en cuatro de ellas se aprobó por unanimidad.

Afirmó que se trata de una reforma que en general tiene el consenso de las fuerzas políticas, salvo Morena, y si el PRI en el Senado tratara de obstaculizarla tendría que hacerlo asumiendo el costo político.

Sobre la integración del constituyente, que será el encargado de redactar la Carta Magna de la ciudad de México, el Ejecutivo capitalino remarcó que esta propuesta no es suya, sino de los senadores y aclaró que en el caso de los seis integrantes, de un total de 100, que le corresponderá nombrar estará abierto a que participen expertos, ciudadanos e incluso un representante de la Asamblea Legislativa.

Llama PRD a priístas y panistas a honrar su palabra y avalen el dictamen el 15 de diciembre

Andrea Becerril y Alma Muñoz

En manos de PRI y PAN está de nueva cuenta aprobar la reforma político electoral del Distrito Federal, que desde hace 15 años pasa por un largo peregrinar de una cámara a otra, donde ha estado congelada unas veces y otras retirada del pleno cuando estaba a punto de votarse.

El titular del Ejecutivo capitalino, Miguel Ángel Mancera, entregó ayer cobijas a visitantes de los estados durante la puesta en marcha de la brigada Peregrino, la CDMX te acompañaFoto Roberto García Ortiz

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, que un día antes denunció la decisión del PRI de frenar la minuta, expresó ayer confianza en que el líder de la bancada priísta, Emilio Gamboa, respete los acuerdos y en la sesión del próximo lunes el dictamen quede en primera lectura.

El senador Alejandro Encinas pidió a los legisladores priístas y panistas honrar su palabra y aprobar el martes la reforma, con la que cerrarán un debate que lleva más de 201 años, acerca de dotar de autonomía a la capital de la República.

Recordó que varias veces se frustró la posibilidad de legislar en la materia. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma política para la capital del país, la cual el Senado decidió congelar.

El segundo intento fue en el gobierno de Marcelo Ebrard; se llegó a un acuerdo con todas las fuerzas políticas, pero la iniciativa de consenso se presentó en el Senado y ahí fue frenada.

En la pasada Legislatura, la reforma política del Distrito Federal estuvo a punto de aprobarse en diciembre de 2014, pero la bancada del PAN abandonó la sesión cerca ya del fin del periodo y quedó pendiente.

En abril de este año, finalmente la reforma fue aprobada en el Senado y se turnó a San Lázaro, donde le hicieron cambios que no son de fondo y es la minuta que actualmente se discute en la cámara alta. Este es el momento que más cerca hemos estado para dotar de autonomía a la capital del país y más allá de berrinches, esperamos que salga, dijo Encinas.

Reiteró que es una iniciativa consensada y una de las más completas, mejor incluso de las impulsadas por López Obrador y otros legisladores, que permitirá a la ciudad contar con su propia Constitución y no sólo implicará una revisión del régimen municipalista del país y nuevas figuras como la del gobierno metropolitano.

El senador Barbosa resaltó que siempre hay el riesgo de lo que pasó en otros periodos legislativos en que fue frenada. Sin embargo, recalcó, habrá que esperar al lunes para ver si hay sensibilidad en los grupos parlamentarios de PRI y PAN, y el dictamen queda en primera lectura.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, el priísta Enrique Burgos, dijo que el dictamen ya está en la mesa directiva y si realmente las fuerzas políticas llegan a un acuerdo, la pueden subir a primera lectura el próximo lunes y aprobarse el martes. Agregó que de que se puede arreglar, se puede, pero falta el acuerdo.

En tanto, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD consideró que el destino de la reforma política del Distrito Federal está sujeto a una decisión voluntariosa y caprichosa de los grupos parlamentarios del PAN y del PRI.

Reforma política del Distrito Federal sin reforma constitucional

Avance en términos de la reforma política han sido claramente insuficientes.

Armando Hernández Cruz 

lasillarota.com

La reforma política del Distrito Federal está en marcha. Pero la ciudad de México no podrá contar con una Constitución propia, en tanto no culmine el proceso legislativo en el Congreso de la Unión, en donde se generen los cambios constitucionales que conlleven, entre otros, la creación del Congreso Constituyente.

Como sabemos, hasta ahora la ciudad se mantiene política y administrativamente acotada y sujeta a una serie de controles que la Carta Magna le atribuye formalmente a los poderes federales; por ello los habitantes son catalogados “ciudadanos de segunda”, como la violación de una serie de derechos que sí poseen los mexicanos en el resto de entidades del país.

Incluso el estatus jurídico del Distrito Federal, como la ubicación y funcionamiento de los poderes federales en un territorio determinado, que forma parte del mismo entramado constitucional, deberá resolverlo el Congreso de la Unión (el Senado ya dictaminó lo propio, resta lo conducente a la Cámara).

La elección del jefe de Gobierno, de los delegados en las demarcaciones territoriales y los diputados de la Asamblea Legislativa con ciertas atribuciones, representaron un avance en términos de la reforma política, pero han sido claramente insuficientes.

Por lo anterior, y en tanto el proceso legislativo no culmine (el dictamen de Reforma Política fue enviado del Senado de la República a la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril) en los tiempos que determine el poder legislativo, se propone elaborar una “reforma política del Distrito Federal sin reforma constitucional”.

Es decir, que en el marco de sus atribuciones, la ALDF presente la iniciativa al Congreso para la reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y de esa manera avanzar hacia los fines generales que persigue la reforma política del DF, en los términos de una nueva arquitectura constitucional, como se plantea para una reforma política de fondo.

Así, la reforma política del Distrito Federal sin reforma constitucional que se propone, hace hincapié en que el legislador actual elabore y siente las bases al marco normativo vigente de la ciudad en dos sentidos: 1) Para cambiar viejas prácticas que alejan el ejercicio gubernamental del ciudadano, y; 2) Para que los capitalinos comiencen a sentir como propia la ciudad de México, desde la elaboración de ciertos símbolos identitarios. Es decir, se propone que la ALDF envíe la iniciativa al Congreso sobre los órganos autónomos de la ciudad de México y la creación de órganos colegiados en las delegaciones, un cambio en el Estatuto vía el Congreso.

En cuanto a la Ley Orgánica Demarcacional y la propuesta de símbolos de identidad para la ciudad de México (como un gentilicio, un himno propio, una bandera y un logotipo), corresponde a la ALDF sin modificar el Estatuto de Gobierno o la Carta Magna. Por ejemplo, en los términos del Artículo 44 se establece: “La ciudad de México es el Distrito Federal…”. Y por el artículo 42 del Estatuto, fracciones XI y XVI, donde se faculta a la Asamblea para “legislar en materia de administración pública local” y para el “fomento cultural y cívico…”, respectivamente.

De los Órganos Autónomos de la ciudad México: La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF); el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF); la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCADF); el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF); el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), lo que se propone es su integración en un “título” del Estatuto, respetando su normatividad y reconocida autonomía.

Sobre la creación de los Órganos Colegiados en las demarcaciones territoriales (que no Delegaciones porque ya no existe el DDF), igualmente pueden crearse con reformas al Estatuto, en los términos del Apartado A, fracción II del 122 constitucional, que atribuye al Congreso la facultad de emitir y también modificar el Estatuto.

Finalmente, para la Ley Orgánica Demarcacional se propone su creación por la vía de la ALDF, cuya facultad está prevista en la Base Primera, fracción V, inciso g), del 122 constitucional. Dicha iniciativa, a efecto de aglutinar todo lo referente a la normatividad de las demarcaciones políticas de la ciudad de México. Por lo tanto, proponemos que el legislador local avance en todas aquellas materias donde no tenga impedimentos constitucionales, en tanto avanza la reforma en los términos del legislador federal.

@drarmandohdz

Ciudadanos incompletos y tutelados en el DF

Miguel Concha

Como si su destino fuera estar en trámite permanente, la reforma política del Distrito Federal (DF) ha dado sólo un paso más en su aparente eterno camino hacia su realización. El pasado martes 28 de abril, el Senado aprobó la reforma constitucional que permitiría al DF convertirse en Ciudad de México, y con ello, como las demás entidades de la Federación, contar con una Constitución propia y decisiones en el contexto de la soberanía de sus ciudadanos. El camino elegido por la Cámara de Diputados –en este caso Cámara revisora– para dictaminar la minuta que le turnara el Senado, hace previsible que, salvo la convocatoria a un periodo extraordinario en los próximos meses, la actual legislatura ya no la aprobará, y que este proceso tendría que aguardar hasta el siguiente periodo, ya con otra legislatura, y con una correlación de fuerzas modificada. Lo que conducirá a una resolución poco previsible en este momento. Sin duda, uno de los aspectos que más pesó en los diputados para tomar esa decisión –seguramente más preocupados por los equilibrios partidarios que por la participación ciudadana-, fue el amplio malestar en la opinión pública causado por la decisión de los senadores de añadir una suerte de tutelaje al proceso de elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, al establecer que 40 por ciento de los constituyentes fueran designados por los órganos legislativos federales y por los ejecutivos federal y local, con lo cual reducen por este solo hecho la decisión de los constituidos, es decir la ciudadanía del hasta ahora DF, del 100 por ciento, como ocurre en toda democracia, a únicamente el 60 por ciento, dejando ver con ello la persistencia de una visión que nos ubica como ciudadanos incompletos, tutelados y restringidos en nuestra democracia.

Se trató en este aspecto –corrigiendo la expresión de una senadora– de una decisión de partidos para partidos, cuidando solamente sus intereses. En este caso, que el predominio del partido gobernante a nivel federal compensara el peso que el electorado le ha negado en el ámbito local. Sin embargo, y dicho lo anterior, hay que seguir alertas, para que no por los absurdos entuertos del Senado desechemos la demanda de soberanía para los ciudadanos y ciudadanas del DF, que se expresa en la voluntad firme de tener una Constitución propia, lo que no puede reducirse a un simple acto burocrático ni es solamente un asunto de políticos. Que la sociedad civil lo ha demando de manera categórica y propositiva, queda claro con sólo algunas de las muchas referencias que podrían hacerse. En noviembre de 2013 diversas organizaciones civiles y sociales elaboraron una propuesta de modificación de artículos constitucionales que se convirtió en iniciativa formal, al ser asumida y presentada al pleno por los senadores Encinas, Bartlet, Camacho y Sansores. En esta iniciativa se establecía que la Constitución de la Ciudad de México debía tener como fundamento la garantía de los derechos humanos; ser además elaborada por un constituyente electo por la ciudadanía, integrado por los diversos sectores de la sociedad, exclusivamente para ese fin; asegurar la más amplia participación ciudadana en todo el proceso de elaboración del texto constitucional, y culminar con su aprobación por un referéndum constituyente.

Llama poderosamente la atención que en el dictamen de las comisiones conjuntas del Senado de diciembre de 2014, y contrariamente a lo que establecen los procedimientos parlamentarios, no se haya tomado en cuenta esta iniciativa. Pero, lo peor de todo, que subrepticiamente haya introducido artículos que afectaban fuertemente los derechos laborales no sólo de los trabajadores del DF, sino los de todo el país. Ante ello, de nueva cuenta la sociedad civil se movilizó, denunció esta situación, y, retomando sus propuestas, hizo un llamado público al Senado, suscrito también por el jefe de Gobierno y por organizaciones sindicales y civiles, académicos y abogados laboristas (publicado en La Jornada el 17/4/15), en el que volvían a establecer que la Constitución de la ciudad debe estar orientada por el principio de progresividad en todos los derechos humanos, lo que hace inaceptable cualquier regresión; que la Constitución debe ser elaborada por un constituyente originario electo por la ciudadanía, y que es ineludible la participación de la sociedad civil en todo este proceso. El Senado retomó las dos primeras demandas, aunque la segunda con el dislate señalado, y de la tercera no hizo el mínimo caso. Viendo hacia el futuro, el reto para la ciudadanía es claro: aprovechar la situación generada para presionar por la corrección de los renglones torcidos y sospechosos del Senado, reconociendo también que se avanzó parcialmente respecto del dictamen de diciembre. En primer lugar hay que presionar para eliminar el afán tutelar, y por lo contrario aceptar la voluntad de los electores como el criterio último de legitimidad –como en cualquier democracia que se precie realmente de serlo–, eliminando a los constituyentes designados; y, con la misma importancia, establecer como criterio del proceso constituyente la más amplia participación de la ciudadanía en la elaboración de la Constitución, culminando con la más alta expresión de la voluntad popular, el referéndum constituyente. Sería de esperarse que en esta demanda los senadores que han avalado las propuestas ciudadanas, y el mismo jefe de Gobierno del DF, que suscribió el llamado de las organizaciones civiles y sociales, apoyen el esfuerzo ciudadano por convertir una decisión de partidos en un instrumento ciudadano para la democracia y la garantía de sus derechos humanos.

Habrá ‘dedazo’ en el DF y favorecerá al PRI: analistas en CNN

Aunque ya la aprobó el Senado, falta que la reforma política del DF sea discutida por la Cámara de Diputados y, por tratarse de cambios constitucionales, también deberá ser revisada por los congresos locales.

(Foto: Karina Maciel)

Redacción AN

La reforma política del DF, aprobada por el Senado, contiene puntos controvertidos y se pueden presentar objeciones, en el tema de la Asamblea Constituyente -que se encargará de redactar una Constitución-, pues ésta tendrá “designaciones de dedo”, por parte del presidente Enrique Peña Nieto, y al quedar conformada favorecería al PRI, quien tiene “pocas simpatías” en la capital, señalaron analistas en entrevista para Aristegui CNN.
El analista político Francisco Paoli Bolio expuso: ”Tengo objeciones en el orden formal, jurídico, constitucional, y tengo objeciones en el constituyente, o lo que están llamando constituyente, en la designación de dedo, porque si va a ser un estado libre y soberano, como los otros 31, tienen que ser electos por el soberano, el soberano es el ciudadano, es el que tiene derecho… yo creo que son demasiados cien, están haciendo cien para tener cuotas qué repartir”.
Lo anterior lo comentó en referencia a que serán 100 los diputados locales que conformen la Asamblea Constituyente, de los cuales 40 serán designaciones, no por elección; “eso va a tener cierta ilegitimidad”, consideró.
Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados y “no sé si va a haber mayoría en las entidades federativas”, agregó.
A pregunta expresa de qué calificación le pondría a la reforma, respondió que cuatro. “Hay un acuerdo para que esto salga ya, por lo visto, y no están siendo atendidos los principios constitucionales”, lamentó
“Estoy de acuerdo en que hay que buscar las fórmulas para que los ciudadanos que vivimos en la Ciudad de México tengamos los mismos derechos y las mismas responsabilidades que tienen el resto de los ciudadanos que viven en estados de la República, pero eso no quiere decir que sea con las misma fórmulas. Ni somos estado ni vamos a serlo… ni somos un régimen municipal, porque sólo los estados pueden tener un régimen municipal. Y creo que no es factible tener un constituyente. La Constitución del Distrito Federal está en el artículo 122 de la Constitución federal”, señaló.
“No sé si se va a aprobar en el Senado con los términos que son adecuados de acuerdo con la teoría constitucional y política, porque se está habalando de una Constitución, y las constituciones las tienen los estados, sea estado nacional o entidades federativas, son libres y soberanos. No sé si una ciudad pude tener una Constitución. Mi primera duda es si realmente procede una Constitución”, mencionó.
Apuntó que con las reformas se otorga al gobierno (del DF) una serie de facultades que no tiene ahora, como nombrar al jefe de la policía y al procurador.
Por su parte, Antonio de la Cuesta, director de análisis político del CIDAC, señaló que en esta reforma “son 53 cambios a artículos constitucionales, la mayoría de los cuales lo único que hacen es cambiar o borrar el nombre de Distrito Federal y cambiarlo por entidades federativas , e incluir en ese corpus a lo que va a ser la Ciudad de México. Hay despropósitos tales como en el artículo 44 que se dice que en un dado caso de que los poderes Federales salgan de esta demarcación, incluso perderíamos nosotros el nombre de Ciudad de México”.
El analista sostuvo que  la Constitución de la Ciudad de México ya está pactada y va más allá de lo jurídico.
Se trata de “un acuerdo político de redistribución de fuerzas en el Distrito Federal, el cual va a favorecer principalmente al partido que detenta el gobierno federal, es decir al PRI, porque el PRI que es el partido que menos simpatías tiene en el Distrito Federal y esto es una cosa histórica, va a tener una representación importante en el Constituyente”.
Apuntó que el PRI podría tener hasta 32 de los 100 constituyentes, es decir la tercera parte del cuerpo serían priistas o cercanos al PRI, contrario a lo que ha ocurrido históricamente en las elecciones del DF.
Quienes harán la Constitución, remarcó, serán los cuarenta asignados por diferentes poderes, mientras los otros sesenta se van a someter a votación el 6 de junio de 2016 y ”de acuerdo a la proporcionalidad de cada partido, esos sesenta serán distribuidos”.
Precisó que los cien que redactarán la Constitución serían: 40 por designación, entre ellos 14 senadores, 14 diputados, 6 designados por el presidente Enrique Peña Nieto y 6 por el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera. Mientras que los otros 60 serán elegidos en 2016.
Para el director no habrá un cambio sustancial, pues las delegaciones, que pasan a ser alcaldías, no serán en realidad municipios.
“Si realmente fuéramos a tener un cambio sustantivo, o es decir que las delegaciones se convirtieran en municipios, y no lo va a ser. Van a ser alcaldías nombradas, siguen siendo delegaciones, sin los poderes que a la fecha tienen los municipios”.
“El que sí va a quedar empoderado es el jefe de Gobierno de la Ciudad de México”, agregó.
Bolio calificó las reformas con un 4, mientras que de la Cuesta le dio un 5 de calificación.

La reforma política del DF y los trabajadores

En adelante se pretende que la ciudad de México tenga su propio Tribunal Burocrático que atienda los conflictos laborales.

Manuel Fuentes

lasillarota.com

Después de la aprobación irresponsable de los senadores de la República el pasado 14 de diciembre de un dictamen que ordenaba incluir en la Constitución de la Ciudad de México un nuevo régimen laboral para que todos los trabajadores de organismos autónomos y descentralizados formaran parte del apartado B del artículo 123 Constitucional ahora están enmendando el camino.

El nuevo dictamen ha retirado esa pretensión después de manifestaciones y protestas multitudinarias, que obligaron a los senadores a no continuar con su pretensión y retirar un dictamen del que nadie quiso reconocer su paternidad.

El nuevo planteamiento de estos legisladores es considerar a la Ciudad de México como entidad federativa con autonomía en su régimen interior y en su organización política y administrativa y establecer que el régimen laboral de los “entes públicos” se regirá a la luz de los precedentes que para los Estados de la Unión y los Municipios se contienen en los artículos 115 y 116 Constitucionales como dice el nuevo dictamen de justificación de la reforma política.

Las relaciones laborales que se dan en los estados de la República les permite legislar en materia de los trabajadores al servicio del gobierno de los estados y de los municipios y esa pretensión se quiere replicar en la Ciudad de México.

En ese orden de ideas el nuevo dictamen aprobado en las últimas horas por los senadores propone adicionar una nueva Base XI al apartado A para el artículo 122 Constitucional, en donde se ha diseñado la Reforma Política del DF, para que diga lo siguiente:

“Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se regirán por la ley que expida la Legislatura Local, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución y sus Leyes reglamentarias”.

Esta nueva facultad que se otorga a la legislatura local de la Ciudad de México se propone se concrete en reformas que entrarían en vigor hasta el 1º de enero de 2020 para dar un tiempo razonable para establecer instituciones laborales locales que resuelvan las controversias laborales con sus trabajadores.

Actualmente es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje quien atiende los conflictos laborales de los trabajadores al servicio del gobierno del DF, de las delegaciones políticas, de la Legislatura y del Poder Judicial local conjuntamente con los trabajadores del gobierno Federal. En adelante se pretende que la ciudad de México tenga su propio Tribunal Burocrático que atienda los conflictos laborales de los trabajadores a su servicio.

Se establece en el artículo sexto transitorio del dictamen una disposición aclaratoria que mientras la Legislatura de la Ciudad de México ejerza sus nuevas atribuciones de expedir una ley laboral en la materia.

“Las relaciones laborales entre la Ciudad de México y sus trabajadores que, hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto, se hubiesen regido por la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos continuaran normándose por dicha Ley, y los conflictos que se susciten se conocerán y resolverán por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, hasta que se establezca la instancia competente en el ámbito local de la ciudad de México”.

Se agrega un nuevo párrafo de gran importancia que señala:

“Los trabajadores de los poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales y sus órganos autónomos, así como las entidades paraestatales de la administración pública local conservaran los derechos adquiridos que deriven de la aplicación del orden jurídico que los rija, al momento de entrar en vigor el presente decreto”.

Será la nueva legislatura de la ciudad de México la que norme las relaciones laborales y que deberá respetar los derechos de los trabajadores de los organismos autónomos y descentralizados que actualmente se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional.

En mi concepto hay algunas líneas en el nuevo dictamen, el cual se compone de 62 cuartillas, que deben de modificarse como el de “entes públicos” que se usa en la exposición de motivos para justificar el nuevo régimen laboral en la ciudad de México.  Es una palabra innecesaria y confusa ya que un “ente público” en diversas definiciones es un “organismo, institución o empresa de carácter público”.  En este caso la nueva legislatura de la ciudad de México no tendrá facultades para legislar sobre organismos descentralizados ya que ello corresponde al Congreso de la Unión por lo que el uso de ese concepto es innecesario.

Fueron centenares de sindicatos y miles de trabajadores los que pararon con movilizaciones y protestas la intentona de los senadores de eliminar el derecho de huelga y contratación colectiva para los trabajadores de organismos descentralizados y organismos autónomos (que así lo tienen) en la ciudad de México con el pretexto de la reforma política y eso es un motivo de reconocimiento.

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx      twitter: @Manuel_FuentesM

  

La reforma política que queremos

Miguel Concha

El proceso constituyente de la ciudad de México ha pasado por diversos momentos de avances y retrocesos en la posibilidad de dotar de derechos plenos a sus habitantes. Así, en 1824 la Asamblea Constituyente adoptó un sistema federal, y en el artículo 50 del nuevo ordenamiento facultó al Congreso para elegir un lugar que sirviera de residencia a los poderes de la Federación, ejercer en su distrito las atribuciones del Poder Legislativo de un estado y variar esa residencia cuando lo juzgara necesario. Con esa disposición se creó formalmente el Distrito Federal, aunque el artículo quinto no hizo mención de él como parte de la Federación.

La Constitución de 1857 previó posteriormente la creación del estado del Valle de México en su territorio, así como la elección popular de sus autoridades políticas, municipales y judiciales. Sin embargo, en 1917 se promulgó, junto con la nueva Constitución, la Ley de Organización del Distrito y Territorios Federales, que concentraba en un gobernador importantes facultades que hacían en la práctica ineficaz el régimen municipal previsto en la Constitución.

Un giro significativo se dio en abril de 1928, pues el presidente Álvaro Obregón propuso suprimir los ayuntamientos del Distrito Federal y dejar que el Congreso de la Unión determinara las bases conforme a las cuales debía organizarse política y administrativamente. Tuvieron que pasar más de cinco décadas para que en 1987 se diera una nueva reforma que posibilitó la existencia de una Asamblea de Representantes y, con ello, la recuperación de la tendencia a un esquema de gobierno soberano para su población. Estos cambios se profundizaron luego como producto de la reforma de 1993 y posibilitaron la elección de un jefe de Gobierno, atribuciones más amplias a la Asamblea Legislativa, y contar con un estatuto de gobierno, que sería un marco normativo más amplio, que se desprende del artículo 122 constitucional. Es preciso mencionar que la participación ciudadana fue un factor fundamental para que se dieran esos cambios, pues el plebiscito ciudadano realizado el 21 de marzo de 1993 constituyó un poderoso empuje al proceso constituyente de la ciudad de México. Gracias a éste se logró un amplio, aunque no suficiente, margen de autonomía.

Desde ese momento, el tema de la reforma política para el Distrito Federal ha estado presente en la agenda de diversos espacios y colectivos de la sociedad civil (Derechos Plenos, Capital Soberana, Frente Amplio Social Unitario, Frente Popular de la Ciudad de México, Promotora por una Reforma Democrática para la Ciudad de México y la Red para la Incidencia en el Desarrollo de la Ciudad de México, entre otros), que en los últimos meses se han dado a la tarea de estructurar propuestas que lograron incorporar en una de las cinco iniciativas existentes en el Senado sobre la materia. Nos referimos a la del 5 de diciembre de 2013, que entre otros aspectos retoma como núcleo de sus planteamientos: 

1) una constitución para la ciudad de México, que le otorgue el mismo nivel de decisiones autónomas que a todas las entidades federativas, reconociendo su especificidad como ciudad y como capital del país;

2) una constitución que se fundamente en la totalidad de los derechos humanos, con perspectiva de género, y participación ciudadana en todas las etapas de las políticas públicas; 

3) un proceso constituyente con participación de la sociedad, tanto en la generación como en la modificación de la constitución, por medio de un organismo ad hoc. La asamblea constituyente no tiene que cumplir con la doble función de ser a la vez asamblea legislativa, y debe por el contrario ser un órgano autónomo, con el único propósito de elaborar y aprobar la Constitución;

4) que la participación de la sociedad en el proceso constituyente sea en sus diversos niveles: en la elaboración de la constitución, en la integración de la asamblea constituyente y en la aprobación de la constitución, vía el referéndum constituyente.

Uno de los temas fundamentales es entonces el que tiene que ver con el órgano constituyente, el cual, en la iniciativa presentada por el jefe de Gobierno, recaería totalmente en la Asamblea Legislativa, y, por ende, en los partidos políticos. Sin embargo, un proceso constituyente es por antonomasia una oportunidad única para la participación plural y diversa del mayor número de actores sociales y políticos, no únicamente partidarios, que en el afán de establecer un pacto fundante presentan las aspiraciones más altas que una sociedad alcanza a visualizar. Estas organizaciones manifiestan que es necesario trascender la dinámica centralista, que por ahora permea los espacios institucionales, y escuchar la voz de la sociedad.

 Al intensificar su interlocución y encontrar algunos actores sensibles dentro de la clase política, las organizaciones lograron que sus propuestas circularan dentro del Senado antes del cierre abrupto del pasado periodo de sesiones. Una nota informativa, fechada el 15 de diciembre de 2014, sintetiza parte de los temas centrales del debate, incorporando mecanismos para su puesta en operación y dando cuenta de su viabilidad. Por ejemplo, la conformación de la asamblea constituyente, la cual tendrá 66 integrantes, 40 elegidos por mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 26 según el principio de representación proporcional. Ésta ejercería en forma exclusiva todas las funciones de poder constituyente para la ciudad de México, y el jefe de Gobierno y los integrantes de la asamblea constituyente tendrían la facultad de presentar iniciativas para la elaboración de la constitución. Estos espacios y redes consideran que es el momento de aprobar una reforma política que dé derechos plenos a la ciudad, con participación de la sociedad y salvaguardando todos los derechos alcanzados.

La reforma política del DF cambiaría el nombre a la capital y permitiría un congreso constituyente

Hay acuerdo, dijo, para establecer en la Constitución una nueva Ley Metropolitana, mencionar textualmente la figura del Fondo de Capitalidad y la transformación de las delegaciones en alcaldías.

animalpolitico

La Comisión del Distrito Federal en el Senado avanzó en los acuerdos para dictaminar y votar este mes la reforma política, la cual convertiría al DF en la entidad “Ciudad de México”, informó el senador perredista Mario Delgado al detallar que hay consenso para contar con mecanismos de coordinación metropolitana por primera vez.

Dijo que la Ciudad de México no sería una entidad federativa como tal, sino que tendrá características especiales.

“En términos de autonomía política se logra absolutamente esa autonomía, sin embargo mantiene ciertas características especiales por ser la capital de la República. Se aclara mucho está condición de mantener, de conservar la naturaleza jurídica de la ciudad para que se reconozca como una entidad federativa integrante del Pacto Federal con todas las facultades inherentes a dicha calidad y con autonomía constitucional”, dijo.

Hay acuerdo, dijo, para establecer en la Constitución una nueva Ley Metropolitana, mencionar textualmente la figura del Fondo de Capitalidad y la transformación de las delegaciones en alcaldías.

En este último tema, detalló, las delegaciones pasarán de ser figuras unipersonales a alcaldías, en las que habrá una representación plural, a través de la elección de entre 7 y 12 concejales.

Delgado abundó que los nuevos alcaldes tendrán autonomía política pero no presupuestal con respecto al Jefe de Gobierno.

El PRD propondrá, agregó Delgado, que una vez que se apruebe la Constitución de la Ciudad, ésta sea sometida al referéndum de los ciudadanos. “Se trata de un momento fundacional”, afirmó.

Las bancadas del PRI, PAN y PRD en el Senado acordaron que la reforma política del Distrito Federal permita a los capitalinos elegir dos Asambleas en los comicios de 2015.

El presidente de la Comisión del DF en el Senado, Mario Delgado, explicó que una de las Asambleas tendrá como única facultad aprobar la nueva Constitución de la Capital, mientras que la otra operará de manera normal, con sus 66 legisladores para el periodo 2015-2018.

En conferencia de prensa, Delgado Carrillo confirmó que para 2015 los capitalinos deberán acudir a dos elecciones para elegir a los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los integrantes de la Asamblea Constituyente, que serán integrantes de la sociedad que legislarán la Constitución del Distrito Federal.

Dado el carácter excepcional de la Asamblea Constituyente, sostuvo Delgado, la elección de sus integrantes no tendrá el mismo tratamiento ni limitantes que se aplican a los procesos electorales.

El perredista explicó que el único acuerdo consensuado es elección de las dos Asambleas, pero aclaró que los detalles sobre la operación de la Constituyente serán discutidos los próximos días en las comisiones de la Cámara alta.

En ese sentido, rechazó que se tenga ya una redacción de la Constitución y refirió que Porfirio Muñoz Ledo ha sido un apoyo invaluable en este proceso, pero será lamentable que se cuente ya con un proyecto cuando lo deseable es que sea la Asamblea Constituyente, con miembros honorarios, quienes redacten la Constitución de la Ciudad de México.

El legislador del PRD propuso que la Asamblea Constituyente quede integrada, de manera extraordinaria, por cerca de 100 personas, que no sólo representen a los partidos políticos, sino a los diversos sectores de la sociedad. Los miembros de ese órgano legislativo, planteó, deben tener carácter honorario, por lo que no cobrarían salario.

Respecto de los acuerdos, informó que este miércoles se volverán a reunir los integrantes de la Mesa Directiva para revisar disensos y la intención es que este mes se vote la reforma política, “porque este son ya está muy bailado”.

Delgado detalló que el periodo de funciones de la Asamblea Constituyente podría ser de menos de tres años, ya que se pretenden establecer plazos para que el Jefe de Gobierno envíe su iniciativa y otro plazo para que sea aprobada.  “No se necesitan los tres años”, señaló.

Informó que un punto “que está ya muy consensado es el tema metropolitano. Por primera vez en la Constitución se van a establecer mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación, de desarrollo y ejecución de acciones regionales metropolitanas para la prestación de servicios públicos en los términos que emita el Congreso de la Unión”.

Además, el legislador hizo un recuento de los temas que ya tienen consenso de las fuerzas políticas y de otros que aún se encuentran sometidos a negociación.

Por otro lado, en el caso de la deuda, las bancadas mantienen diferencias, ya que existe una propuesta para que el techo de la misma sea aprobado -como hasta ahora-por el Congreso federal.

En el caso del Fondo de Capitalidad, Delgado anunció el PRD propondrá una que se incorpore a la Ley de Coordinación Fiscal, para evitar que esté sujeto a los vaivenes políticos.

Con información de Milenio y Reforma.

Reforma política deja fuera requisitos de escolaridad para diputados y senadores

               Estéfana Murillo 

En la reforma política no se contempló marcar el grado de estudios que deben poseer diputados y senadores para acceder al cargo; 17 senadores no cuentan con licenciatura

Foto: Especial

Aunque el Congreso de la Unión finalmente aprobó las leyes secundarias de la reforma político- electoral, luego de dos meses de negociaciones, quedó pendiente la ampliación de requisitos para la elección de senadores y diputados federales, particularmente en lo que respecta a su profesionalización y grado de estudios.

Tras la aprobación de la reforma constitucional y sus leyes reglamentarias, los artículos 55 y 58 constitucionales, relativos a los requisitos para obtener el cargo de senador y diputado federal, quedaron intactos. Únicamente se hizo alusión al artículo 54 constitucional, por el que se establece el método de asignación de legisladores por la vía de la representación proporcional (plurinominales), es decir, aquellos legisladores que llegan al Congreso sin ser votados. También se reformó el artículo 59 que se refiere a la relección de senadores hasta por dos periodos consecutivos y de diputados federales hasta por cuatro periodos consecutivos.

Con ello, el Congreso quedó a deber la garantía de que los representantes populares realmente estén capacitados para el diseño de las leyes y reformas necesarias para el país.

De acuerdo con datos del Sistema de Información Legislativa, consultados por 24 HORAS, en la actual legislatura existen siete senadores de la República que no poseen estudios de licenciatura y otros 10 que no cuentan con el titulo.

El senador Armando Neyra Chávez (PRI) tiene como último grado de estudios la primaria.  Sin embargo, ha sido diputado local y cinco veces diputado federal, además de haber liderado diversas organizaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el Estado de México.  Desde septiembre del  2012 (año en el que asume el cargo) a la fecha, ha presentado nueve iniciativas, siete de ellas acompañado de otros legisladores.

Por su parte, Isaías González Cuevas (PRI) alcanzó el nivel secundaria, eso no le impidió ser senador. El legislador funge como secretario general en la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), además ha sido diputado federal en dos ocasiones. En sus dos años como senador, González Cuevas ha presentado seis iniciativas, de las cuales cuatro las presentó en colaboración con otros legisladores de su bancada.

Son tres los senadores cuyo máximo grado de estudios es la preparatoria: Margarita Flores Sánchez (PRI), Carlos Alberto Puente Salas (PVEM) y Elia Hernández Núñez (PAN). Cabe destacar que Hernández Núñez asumió el cargo, el pasado 6 de marzo, como suplente del senador con licencia Ernesto Cordero.

Dos senadoras tienen carreras técnicas: Martha Elena García Gómez (PAN) quien tiene título como técnico en administración y contaduría; y Juana Leticia Herrera Ale (PRI) quién posee una carrera técnica comercial.

Diez son los senadores con licenciatura trunca o pasantes. Entre ellos destaca el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, quien tiene constancia de estudios en derecho por la UNAM, pero no aclara si obtuvo el grado de licenciatura. Otro caso es el de la senadora panista Gabriela Cuevas Barrón, quien es pasante de la licenciatura de ciencias políticas y sociales del ITAM.

En contraparte, en esta legislatura son nueve los senadores con estudios a nivel doctorado. Raúl Cervantes Andrade (PRI), presidente de la Mesa Directiva del Senado, así como el vicepresidente José Rosas Aispuro (PAN). En ese nivel también se encuentran los senadores Enrique Burgos García, Lucero Saldaña Pérez, Gerardo García Sánchez y Verónica Espinoza Martínez, todos ellos del PRI; Roberto Gil Zuarth del PAN; así como Manuel Bartlett Díaz y Martha Palafox Gutiérrez por el PT.

Reforma política: los riesgos del financiamiento privado

@ADNPolitico

El financiamiento privado de los partidos políticos en México puede traer riesgos para la democracia mexicana como la sobrerrepresentación de poderes económicos, advierten especialistas en el programa México Opina de CNN en Español.

El analista político Fernando Dworak señaló que, más allá de los modelos de financiamiento público o el privado, lo ideal para México sería sistema mixto para evitar riesgos como partidos políticos que gozan de la prebenda pública o la entrada de grandes poderes económicos.

“Todas las democracias oscilan entre ambos extremos, en el netamente privado está el problema de identificar los fondos y entrada de grandes intereses (…) si se hace un financiamiento público existe el riesgo es generar un sistema de becarios, partidos políticos que se hagan para gozar de la prebenda pública”, dijo.

El exconsejero electoral, Jaime Cárdenas, consideró que el financiamiento privado debe desaparecer porque genera una representación de los poderes económicos que no tienen las personas pobres.

“La solución sería reducir el financiamiento privado o de plano eliminarlo y también una reducción del financiamiento público y la clave está en los instrumentos de fiscalización”, mencionó sobre uno de los temas que tienen atorada la reforma política en el Congreso.

Por su parte, el senador por el PRI, Enrique Burgos, habló sobre la fiscalización de los recursos y dijo que la clave está en la rendición de cuentas.

Al respecto, el productor de CNNMéxico.com, Miguel Ángel Vargas, advirtió que el financiamiento privado puede abrir las puertas a “oficializar dinero” del que no se conoce su origen, pues en México no se ha logrado fiscalizar los recursos de los partidos políticos para asegurar la procedencia de éstos.

Actualmente las leyes secundarias de la reforma político-electoral se encuentran en discusión en el Congreso; los casos en los que el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) podrá atraer una elección local, cómo se financiarán los gastos de campaña de partidos y candidatos y de qué manera se les fiscalizará son algunos de los puntos que mantienen trabado el debate.

Los 8 puntos que atoran las leyes de la reforma política

Por Mauricio Torres  @ADNPolitico

CNNMéxico. Los casos en los que el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) podrá atraer una elección local, cómo se financiarán los gastos de campaña de partidos y candidatos y de qué manera se les fiscalizará son algunos de los puntos que mantienen trabada la discusión de las leyes secundarias de la reforma político-electoral.

En conjunto, el PAN y el PRD tienen 40 observaciones al proyecto de dictamen que impulsa el PRI.

De ellas, ocho son consideradas puntos "fundamentales" en la negociación que las principales fuerzas políticas y el gobierno federal llevan a cabo en el Senado. Aquí te explicamos cada uno de ellos.

1. Los 'poderes' del INE
Uno de los aspectos fundamentales de la reforma constitucional en materia político-electoral promulgada en febrero pasado fue la creación del INE sobre la base del extinto Instituto Federal Electoral (IFE).
A finales de 2013, los principales partidos acordaron que el INE no sólo tenga facultades para organizar elecciones federales, como las tenía el IFE, sino que en algunos casos pueda atraer la organización y realización de comicios en estados y municipios.
Cuándo podría hacerlo debe definirse en las leyes secundarias, pero éste es un tema que confronta a las fuerzas políticas.
La propuesta del PRI plantea que el INE pueda atraer una elección local a petición de al menos cuatro de sus 11 consejeros o de la mayoría de los consejeros de un órgano electoral estatal, siempre y cuando se presente alguna de estas condiciones: 1) que existan "diversos factores sociales" que amenacen la paz pública o pongan en riesgo a la sociedad o 2) que no haya "condiciones políticas idóneas" debido a la injerencia de alguna autoridad de la entidad en la contienda.
El senador panista Roberto Gil Zuarth dijo el sábado pasado que esto equivaldría a tener un INE "débil", con poca capacidad de incidir en los comicios en estados y municipios.
Para el PRD, sin embargo, dotar al INE de mayores facultades de atracción sería restar autonomía a lo órganos locales.

2. Financiamiento
Otro punto clave en el debate es cómo se financiarán los partidos y sus candidatos.
El senador perredista Alejandro Encinas dijo este lunes que su bancada busca que el financiamiento únicamente sea público o con base en aportaciones de militantes. Según la izquierda, esto permitiría tener un mayor control en los recursos de las fuerzas políticas.
Por el contrario, el PRI y el PAN están a favor de un esquema similar al actual, en el que partidos y candidatos se financien principalmente con dinero del erario pero que puedan también recibir donativos de particulares.
La ley vigente señala que las fuerzas políticas y sus aspirantes pueden recibir donaciones privadas –con ciertos límites–, siempre que no provengan del extranjero o sean de organismos internacionales, instituciones religiosas o empresas mexicanas de carácter mercantil.

3. Límites a la propaganda
Encinas informó este lunes que una de las demandas de la izquierda es prohibir el reparto de propaganda utilitaria en época de campañas.
La propaganda utilitaria son aquellos objetos de uso doméstico –delantales, utensilios de cocina, cubetas– a los que los partidos imprimen el nombre sus candidatos y distribuyen en mítines.
El PRD señala que repartir ese tipo de propaganda está relacionado con la compra o coacción del voto.

4. Prorrateo
El PRD también exige que las leyes secundarias prohíban el prorrateo de gastos de campaña, es decir, la posibilidad de que los partidos distribuyan el total de sus erogaciones entre distintos candidatos.
La izquierda considera que esa práctica, hasta ahora legal, fue utilizada por el PRI en las elecciones de 2012 para evitar que el presidente Enrique Peña Nieto rebasara el tope fijado por el IFE, de 336 millones de pesos.
En contraparte, el PRI y el PAN están a favor de que el prorrateo se mantenga en la nueva legislación.

5. Fiscalización
Una crítica en la que coinciden el PAN y el PRD es en que consideran insuficiente la propuesta del PRI en materia de fiscalización de gastos de partidos y candidatos.
"Acordamos que iba a haber una fiscalización en tiempo real, eso lo acordamos en la reforma constitucional. ¿Qué dice la reforma secundaria? No dice absolutamente nada", dijo la semana pasada el líder de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado.
Para el PAN y el PRD, es necesario modificar ese punto para acelerar la revisión de los gastos de las fuerzas políticas, que actualmente pueden tardar hasta un año. Según la oposición, esto permitiría detectar y sancionar irregularidades con mayor rapidez.

6. Voto en el extanjero
Otro punto en el que concuerda la oposición es el del voto de los mexicanos que viven en el extranjero.
El PAN y el PRD exigen cambios legales que faciliten que los connacionales que viven fuera del país se registren en el padrón, obtengan su credencial y voten en elecciones, incluso por medios electrónicos.
La propuesta del PRI, sin embargo, mantiene el modelo de voto postal, que en 2012 el propio IFE describió como limitado para fomentar la participación de los mexicanos en el extranjero.

7. Porcentajes de representación
Una de las propuestas del PRI a la que más se opone el PRD es la de exigir un mayor porcentaje de votos para que un partido pueda tener espacios en un congreso local.
Encinas señaló este lunes que el PRI busca que el número de curules de una fuerza política se calcule restando ocho puntos a su votación obtenida.
Al respecto, el documento de los priista indica: "En la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales".
"Establecer una subrepresentación de hasta el 8% implica que por lo menos en 17 estados habría un bipartidismo claro, ya sea con el PRI y el PAN o el PRD y el PRI", dijo Encinas.

8. Candidaturas independientes
Un último punto que genera controversia entre los partidos es la regulación para la participación de los candidatos independientes, una figura creada con la reforma política de 2012 pero que hasta ahora carece de reglamentación.
Entre otros aspectos, la propuesta del PRI plantea que sólo puedan registrarse hasta tres candidatos independientes por cada cargo de elección y que tendrán un plazo no mayor a 120 días para recabar las firmas ciudadanas necesarias para postularse.
Para lo aspirantes a la presidencia, esto sería del 1% de la lista nominal de electores del país (unas 780,000 personas). Para quienes quieran ser senadores, sería del 2% de la lista nominal de la entidad correspondiente. Y para quienes aspiren a una diputación federal, sería del 2% de la lista nominal del distrito en cuestión.
A decir del PAN, estos requisitos son excesivos y equivalen a "restringir" la participación de candidatos sin partido.

61% de los ciudadanos, en contra de reelección legislativa

El 61% de los ciudadanos se manifestó en contra de la reelección legislativa, según muestra una encuesta del periódico Reforma sobre este tema que está en discusión en el Congreso de la Unión.

De acuerdo con el estudio, sólo el 21% de los encuestados expresó estar a favor de la medida que ya fue aprobada por el Senado de la República y que ahora se encuentra en la Cámara de Diputados para su debate.

La encuesta también incluye la postura de un grupo de líderes de opinión seleccionados por el diario, quienes, contrario a lo expresado por el grueso de los ciudadanos, se manifiestan mayoritariamente a favor de la reelección legislativa: el 64% manifestó estar a favor de la medida y el 35% dijo estar en contra.

Este miércoles, la Cámara Alta aprobó, como parte de la reforma política-electoral, la reelección para los legisladores federales y locales, así como de presidentes municipales; en el caso de los legisladores federales, los congresistas podrán permanecer en el cargo hasta por 12 años, la minuta pasó a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.

El proyecto aprobado por el Senado, contempla que los legisladores y alcaldes puedan competir por la reeleción por un partido distinto al que inicialmente los postuló, siempre y cuando hayan dejado de pertenecer a éste en la primera mitad de su mandato.

En caso de aprobarse por la Cámara revisora, la legislación pasará a los congresos locales.

La encuesta de Reforma también indica que el 47% de los ciudadanos mexicanos que fueron entrevistados dijo estar de acuerdo con la existencia de candidaturas independientes en las elecciones, mientras que el 37% se manifestó en contra.

Los líderes de opinión se mostraron más optimistas con esta medida, pues el 85% dijo estar a favor de este tipo de postulaciones y sólo el 14% no las apoyó.

La encuesta se llevó a cabo entre el 21 y el 24 de noviembre de 2013, mediante 1,020 entrevistas "cara a cara" realizadas en viviendas de ciudadanos mexicanos; la medición tiene un margen de error  de +/- 3.1% y un nivel de confianza de 95%.

En cuanto a los líderes de opinión, se hizo un sondeo vía correo electrónico a 775 personas, el cual se aplicó entre el 22 y el 26 de noviembre de este año.

Para lograr apoyo a la iniciativa energética, 

el PRI cede a propuestas del PAN

Con ayuda de senadores del PRD aprueban en lo general la reforma político-electoral

Critica Sansores que dejaran fuera la revocación de mandato y la reglamentación de consulta ciudadana

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

 Periódico La Jornada

Miércoles 4 de diciembre de 2013, p. 7

El pleno del Senado aprobó en lo general la reforma político-electoral, luego de una semana de negociaciones, prolongadas hasta la madrugada, de las que el PRD se retiró a última hora, con el argumento de no querer avalar el uso de ese ordenamiento como moneda de cambio para dar paso a la iniciativa energética.

Sin embargo, anoche, de los 122 senadores presentes, 106 –de PRI, PAN y parte del PRD– votaron en favor de la reforma política. La bancada perredista se dividió nuevamente, y 10 de sus integrantes, de la Corriente Nueva Izquierda, se sumaron a panistas y priístas. Hubo una abstención, de Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza.

La prisa del PRI obligó a intensificar el trabajo legislativo. El dictamen se aprobó en comisiones cerca de las cuatro de la madrugada de ayer, pero las negociaciones entre el PRI y el PAN continuaron varias horas más, hasta que acordaron cambios al documento.

Por ello, la sesión del pleno del Senado, que quedó pendiente desde el lunes –en que se hizo un receso a las cinco de la tarde–, se reanudó ayer a la una y media de la tarde.

Debieron pasar 22 horas para que se diera primera lectura a ese dictamen, que modifica 60 artículos de la Constitución, y ello sólo fue posible luego de que el grupo parlamentario del PRI, que coordina Emilio Gamboa, cedió en varias de las exigencias del PAN, entre ellas para establecer como causales de nulidad de las elecciones el rebase en 5 por ciento del gasto de campaña, y contratar tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley.

Asimismo, establecer que las violaciones en comicios son determinantes para anular una elección, cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor a 5 por ciento.

En las horas que transcurrieron desde las siete de la noche del lunes, en que se suspendió en comisiones el debate en lo particular del dictamen de la reforma político-electoral, el PAN logró asimismo que se reglamentara sobre la subrrepresentación en los congresos locales, y quitar a las dirigencias de los partidos políticos la facultad de decidir sobre la relección de legisladores.

Con esos cambios, a los que se oponían los gobernadores del PRI, el PAN avaló el dictamen, que se presentó ayer en una segunda sesión vespertina del pleno senatorial para su votación.

Chocaron entonces las posturas partidistas. PRI, PVEM y parte del PAN expusieron en tribuna que es una reforma trascendente, que introduce modificaciones al sistema político-electoral, mientras el PRD sostuvo que es incompleta, ya que ni siquiera incluyó lo acordado en el Pacto por México en esa materia. El tricolor cedió para lograr el voto del blanquiazul en la reforma energética.

Sin embargo, la senadora priísta Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, sostuvo que es el comienzo de la transformación del sistema político mexicano, y se cambia la Constitución para abrir paso al derecho presidencial de gobernar con la oposición.

Los gobiernos de coalición permitirán, dijo, que las decisiones de gobierno no sean responsabilidad de un solo hombre o una fuerza política. Agregó que se entrará a una nueva etapa del sistema electoral, “que ha sido reconocido internacionalmente. Nuestro Instituto Federal Electoral, que fue producto de muchas lucha sociales y de exigencias políticas, hoy lo enriquecemos y lo transformamos en el instituto nacional electoral.

Igualmente, el presidente de la Comisión de Reforma del Estado, Miguel Ángel Chico Herrera, resaltó que la reforma representa la culminación de semanas de trabajo y debate, de encuentros y desencuentros, que al final conllevan al anhelo ciudadano de arribar a una democracia de pesos y contrapesos que garanticen la pluralidad.

Otro priísta, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos, destacó que se trata de una reforma de gran calado. Sin embargo, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, indicó que se trata de un adefesio , que ni siquiera es conocido por la totalidad de los senadores, ya que apenas ayer fue publicado.

La senadora Layda Sansores, de Movimiento Ciudadano, dijo que es una reforma mediocre, ya que dejó fuera la revocación de mandato y la reglamentación de la consulta ciudadana.

El senador panista Fernando Torres Graciano señaló que no es una gran reforma, como lo están diciendo en el pleno, ya que faltaron, entre otros temas, la reducción del Congreso, como lo prometió en campaña Enrique Peña Nieto.

La reforma se aprobó en lo general a las 9:15 de la noche, y comenzó la discusión en lo particular sobre 15 artículos reservados, que se prolongará por varias horas, aunque no se prevén modificaciones de fondo.

Formalmente no están citadas a sesionar para hoy las comisiones que dictaminan la reforma energética, pero se espera que en el transcurso del día comiencen trabajos.

Planchan PRI y PAN la reforma política en el Senado

Acuden funcionarios para tratar de desatorar 

la negociación con el blanquiazul

Entre reclamos, senadores aprueban en lo general 

la reforma político-electoral

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

 Periódico La Jornada

Martes 3 de diciembre de 2013, p. 7

En un recinto bajo fuerte resguardo policiaco, entre reclamos de organizaciones ciudadanas, la ausencia de los legisladores del PRD y divisiones entre los panistas, en comisiones el Senado se aprobó ayer en lo general la reforma político-electoral, pero falta aún por aprobarse la discusión en lo particular, que se atoró cerca de las siete de la noche.

A esa hora se suspendió la discusión, se llamó a un receso de media hora, que se prolongó mucho más, ya que al cierre de esta edición aún no se habían reanudado los trabajos de las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, Estudios Legislativos Segunda y Reforma del Estado.
Se presentó incluso el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y se reunió en privado con los presidentes de comisiones, al igual que el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, para tratar de desatorar la negociación con el PAN.
Se prevé que la discusión en lo particular se vaya hasta la madrugada, ya que faltan por discutir cerca de 20 de las 67 reservas presentadas por legisladores del PAN, fundamentalmente por Javier Corral, quien expuso que se trata de una reforma que ni siquiera recoge lo acordado en el Pacto por México, ya que no empareja la lucha por el poder, ante la inmoral y abierta intromisión de los gobernadores en los procesos locales.
Las comisiones comenzaron a dictaminar a la una y media de la tarde y recibieron de inmediato las críticas de seis jóvenes integrantes del organismo Reforma Política Ya, quienes a gritos reclamaron a la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, por lo que consideraron una simulación, sobre todo en la relección de legisladores y alcaldes.
El priísta René Juárez Cisneros, también a gritos, les exigió que se callaran. Su compañero, David Penchyna, pidió que los sacaran, pero los panistas Javier Corral y Roberto Gil Zuarth demandaron tolerancia. Los jóvenes que lograron colarse a la sesión de comisiones, porque ya estaban en el recinto, donde ofrecieron una conferencia de prensa –acompañados por el perredista Armando Ríos Piter–, se quedaron, sin más protestas.
Hubo luego intervención de algunos legisladores, entre ellos del priísta Omar Fayad y del panista Gil Zuarth, quienes consideraron que estaban por aprobar una reforma trascendente para el sistema político-electoral. Antes de que se diera la votación en lo particular, se presentaron los senadores del PRD, sólo para fijar postura.

El senador Alejandro Encinas dijo que el PRD abandonó la negociación de esa reforma porque, además de no estar de acuerdo con el proyecto de dictamen, no van convalidar que ésta se haya convertido para algunos en moneda de cambio para vender su voto en la iniciativa energética.
Resaltó además que hay varios puntos del proyecto de dictamen de la reforma política que no avala su bancada. Uno de ellos, recalcó, es referente a la nulidad de las elecciones, ya que tanto el gobierno federal como el PRI insistieron en introducir el factor de determinancia.
Ese criterio, expuso, fue el que emplearon las autoridades electorales en 2006 para no anular la elección.
La reforma política se aprobó luego en lo general, con 29 votos en favor, del PRI, PAN y PVEM; dos en contra del PT; cuatro abstenciones, tres de ellas de legisladores panistas y una de la senadora de Nueva Alianza, Mónica Arriola Gordillo, quien se manifestó en contra de la determinación de elevar de dos a tres por ciento el umbral para que los partidos mantengan su registro.
La discusión en lo particular se detuvo 15 minutos antes de las siete de la noche, al darse un empate en una de las comisiones dictaminadoras, cuando se discutía la reserva de Corral al tercero transitorio, a fin de poner plazo a la elaboración de la Ley Reglamentaria del artículo 134 constitucional.
Los presidentes de las cuatro comisiones dictaminadoras no se pusieron de acuerdo en el procedimiento, ya que el panista Héctor Larios sostuvo que tenía que haber una nueva reunión de la comisión. Tampoco hubo consenso en qué hacer con el artículo del segundo transitorio, reservado también por Corral y que la mayoría votó para que se le suprimiera el primer párrafo.
En el mismo se establecía el 30 de junio de 2014 como plazo al Congreso para la aprobación de las leyes de partidos y general de elecciones, pero al suprimirse quedaron en el limbo todos los demás párrafos de ese artículo segundo transitorio.
Corral se confrontó incluso con el senador panista José María Martínez, quien lo acusó de querer descarrilar la reforma, por todas las reservas que propuso y por sostener que se creó un régimen transitorio de escándalo.