Covid-19 con pago de salario íntegro

Manuel Fuentes

Al ser declarada la situación de emergencia por causa de fuerza mayor entonces el patrón está obligado a pagar hasta un mes de salario íntegro. 

La declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, emitida este 30 de marzo por el Consejo de Salubridad General, a consecuencia de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (covid-19) ha causado un revuelo inusual en el medio laboral por las consecuencias que trae a las empresas de todo tamaño, con sus trabajadores.

Hay una corriente de abogados que considera que el Acuerdo de este Consejo equivale a una declaratoria de contingencia sanitaria posibilitando a los patrones pagar durante el mes de abril, en que se ha declarado la suspensión de labores en servicios no esenciales, el equivalente a un día de salario mínimo general ($123.22 en todo el país y $185.56 en la zona libre de la frontera norte) por cada día que dure la suspensión.

El debatido artículo 42 Bis de la Ley Federal del Trabajo señala:

En los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, que implique la suspensión de las labores, se estará a lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley.

El artículo que cita en la parte final precisa:

(...) el patrón no requerirá aprobación o autorización del Tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.

Con esta corriente de abogados disiento por varias razones:

- El Consejo de Salubridad General en su acuerdo no emitió expresamente la "declaratoria de contingencia sanitaria", sino una declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Sus alcances y causas son distintas, una y otra.

- La palabra contingencia de acuerdo con la Real Academia Española (RAE) es la "posibilidad de que algo suceda o no suceda" es por tanto un acto futuro, sin estar en posibilidades, por serlo, de asegurar que un hecho se va a materializar o no.

- La palabra emergencia tiene otras connotaciones distintas a la contingencia, al tratarse de una "situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata", por su naturaleza, se trata de un hecho presente que no se puede postergar.

- Contingencia es un acto futuro y la emergencia es un acto presente.

En consecuencia, la acción del Consejo se hizo con la intención de atender y tomar las medidas de manera inmediata, en tiempo presente, por tratarse de una causa de fuerza mayor al ser un acontecimiento natural extraordinario de enorme magnitud que ya afecta de manera creciente a las personas.

Al ser declarada esta situación de emergencia por causa de fuerza mayor entonces el patrón está obligado a pagar hasta un mes de salario íntegro (por tratarse de una indemnización de acuerdo con el artículo 430 de la LFT), sin que se le pueda disminuir o suspender de manera alguna.

Si bien es cierto la Ley Federal del Trabajo obliga al patrón a avisar a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la suspensión temporal de labores, el cierre de sus instalaciones origina un hecho que lo imposibilita, sumado a que la autoridad sanitaria sí tiene la facultad, en esta emergencia declarada, de ordenar la suspensión de trabajos o servicios de acuerdo con la fracción VII del artículo 404 de la Ley General de Salud. Por tanto, ese aviso no es obligatorio por las circunstancias especiales que se viven en este momento.

En estas condiciones de urgencia es reprochable que los patrones opten por despidos, suspensión de salarios o disminución de éstos para evadir responsabilidades. 

Los trabajadores deben negarse rotundamente a firmar cualquier renuncia o aceptar convenios leoninos que reduzcan sus percepciones en estos momentos de calamidad; son sin duda tiempos de solidaridad, responsabilidad y no de perversiones.

https://lasillarota.com/opinion/columnas/covid-19-con-pago-de-salario-integro/376267

De la huelga de GM y el aparato de control sindical

lasillarota.com

Mientras que 49 mil trabajadores de la empresa General Motors se la están jugando en una huelga de enormes proporciones para evitar una mayor pérdida de empleos y salarios en su país; en México los dirigentes de los descamisados sindicalistas que ensamblan y fabrican autopartes de esa compañía, les dicen a éstos que ¡se atemperen! con el reclamo de aumento de salarios, porque aquí se paga con pesos de a veinte centavos y no en dólares de los verdes.

La huelga de los motoristas norteamericanos ya alcanzó complejos de Ramos Arizpe, Coahuila y de Silao, Guanajuato, y los obreros del overol azteca andan más que preocupados, porque ya tuvieron que parar labores, no en apoyo a la huelga de sus compañeros obreros de Detroit, sino porque el abastecimiento de autopartes que les llega del norte se ha dejado de producir.

Aquí en México las empresas de autopartes empiezan a parar en medio de la reforma laboral que se presiona, ya debía empezar, y que busca mejorar los salarios, esos que habitan en el sótano de la trasnacional. Por ahí de manera tímida apareció en la Gaceta Parlamentaria del 3 de octubre de 2019 en la Cámara de Diputados una propuesta de Ley orgánica de eso que llaman Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y que no será otra cosa que un aparato de control sindical y de conciliaciones de garrote, pero también una oportunidad de tener una autoridad que vigile se cumpla con la democracia en las organizaciones sindicales.

Mientras que los mexicanos terminaban de dar el Grito en el Zócalo, el 16 de septiembre, los obreros del gigante de Detroit decidieron de una vez por todas, llevar a cabo una huelga y abandonar sus puestos de trabajo para evitar se siguiera resquebrajando su empresa General Motors (GM) que se escurre hacia los países del sur, donde pagan salarios de miseria y los líderes sindicales de acá que gozan de prestigio controlador, por medio de violencia y despidos sin tregua.

Fueron 33 plantas de manufacturas y 22 almacenes de GM en Estados Unidos en una huelga nacional que desde 2007 no se tenía noticia, todo por fracasar las negociaciones para un nuevo contrato colectivo con vigencia por cuatro años que concluyó a inicios de septiembre pasado. Un modelo de negociación que cada cuatro años empieza de cero.

En México, mientras tanto, el grupo parlamentario del PES (que nadie conoce) se convirtió en hacedor de una propuesta que permitirá a la Cámara de Diputados crear la Institución más esperada de la reforma laboral, no porque los obreros hagan marchas y mítines porque ya aparezca, sino porque su poder es enorme para lograr que los sindicatos respeten las decisiones de sus asociados mediante el voto libre, personal, directo y secreto.

Muchos se preguntan cómo lo harán si en la víspera, el gobierno federal retiró presupuesto a la Secretaría de Trabajo para despedir a 500 empleados e inspectores de trabajo y, los que quedan, otra cantidad similar, dispuestos para atender violaciones en materia de seguridad e higiene. Ahora los quieren acomodar a vigilar más de 700 mil contratos colectivos, algo así como mil 400 expedientes por inspector para que atiendan cada uno de ellos, 5.8 empresas diarias para vigilar ¡recuentos!, reto inviable ¿Y la prevención de riesgos de trabajo para los que fueron contratados? Bien gracias.

Los trabajadores quieren que GM limite la contratación de obreros temporales, de poca paga, y que cancele definitivamente sus planes de cerrar en el año 2020 cinco empresas, dos en Michigan, una en Ohio, otra en Maryland y una más en Canadá. Cierres que, de llevarse a cabo, traerían una reducción de 14,500 trabajadores en el país del norte.

Mientras este conflicto de GM nos alcanza, en México se vive una dualidad: se proyecta desde arriba el incremento de percepciones a través de una política de aumento en los salarios mínimos en porcentajes mayores a los que comúnmente se hacían, pero a la vez se permite mantener una política de bajos salarios contractuales y tenerlos en el piso, para que las inversiones no se vayan a otro lugar. Se quiere una reforma laboral con bajo presupuesto a pesar de su gran calado, ¿quién puede explicar estas contradicciones?

A la reforma laboral se le trata como a una carreta, a la que se le quiere empujar, pero le faltan las ruedas de atrás. Son tiempos de enmendar.

No hay medicamentos, hasta nuevo aviso

MANUEL FUENTES

Un problema de enormes proporciones se ha generado por el cambio de estrategia del nuevo gobierno en el cambio de compra de medicamentos. La resistencia de las grandes corporaciones, los negocios ya hechos por exfuncionarios metidos en el proceso, prestanombres, coyotes y empresas intermediarias están haciendo lo posible para que el proyecto fracase.

Lo más grave es que los rehenes de este proceso son las personas enfermas que requieren con urgencia los medicamentos y estos no llegan por más protestas que se hagan. No hay razones que se entiendan y para ellos, para los derechohabientes, la causa es la ineficiencia gubernamental por la inexperiencia y la reducción presupuestal para operar.

Raquel Buenrostro, titular de la Oficialía Mayor ya se desmarcó y dice que la mala planeación fue del pasado gobierno, que el proceso se inició en el mes de noviembre de 2018 en la última fase del gobierno de Peña Nieto y que el desabasto actual no es culpa del gobierno federal.

Es un enorme reto que tiene el gobierno por la carencia de recursos para distribuir los millones de medicamentos en los diversos estados de la República, en los cientos de farmacias, clínicas y hospitales. En la necesidad de contar con grandes almacenes, con suficiente personal y equipos para su distribución y refrigeración.

Los opositores señalan que el gobierno federal no cuenta con la infraestructura necesaria y que el ahorro que le venden al presidente de la República del 20 al 30% (que serán alrededor de 200 mil millones de pesos) va a resultar más caro que el remedio que se quiere buscar.

Raquel Buenrostro dice que no es una ocurrencia del nuevo gobierno porque ya hay países que lo están implementando. Reconoce que Inglaterra (país del primer mundo) se tardó 10 años y Chile, con 18 millones de habitantes, se tardó 15 años. Vaticina la funcionaria hacendaria que, en México, sin dar más elementos que la duración del sexenio del gobierno en que trabaja, que operará con eficiencia el nuevo sistema en al menos 5 años.

Las grandes corporaciones farmacéuticas saben que el desabasto es parte del negocio; si el medicamento es escaso, el gobierno debe comprar al doble de precio por la presión de las personas, de manera especial las que padecen enfermedades crónico-degenerativas, que, al retrasarse en su entrega, se pone en juego su vida y calidad de salud. También están las personas que requieren medicamentos por diversas enfermedades o las que han sufrido un accidente y que requieren de atención inmediata.

Los trabajadores de las instituciones son los que sufren los reclamos diarios de los pacientes, los altos funcionarios pueden alegar el bien que tendrá el país con esa medida, pero ellos no dan la cara. Hay trabajadores que no sólo reciben insultos sino también hasta agresiones físicas por parte de los derechohabientes que exigen se les entreguen los medicamentos.

Hay personas de la tercera edad, algunos en muletas o en sillas de ruedas que cada día hacen largas filas y están a la espera de la entrega de medicamentos y se encuentra con el mismo letrero:

"No hay medicamentos, hasta nuevo aviso"

Se requiere la formación de una coordinación interinstitucional con facultades de toma de decisiones inmediata en el que participen los responsables de las diversas instituciones médicas para atender los casos más urgentes. No es un tema de política o de ahorro, es un tema de vida o muerte.

No debe permitirse que las grandes ideas de escritorio carezcan de los equilibrios necesarios para quien tiene que hacer frente a las necesidades, en el terreno de la realidad, en la vida diaria de los pacientes para evitar que los problemas que se quieren resolver se agraven en perjuicio de millones de personas que requieren de una respuesta sin ambages por parte del gobierno federal.

Reforma Laboral: consummatum est

MANUEL FUENTES

Una reforma laboral no será considerada consumada cuando se violentan derechos humanos en perjuicio de los trabajadores. 

Finalmente, el proceso de la reforma laboral, en la vía de los hechos ha terminado, como dicen los juristas: consummatum est; Aún falta por agotar la etapa de aprobación formal en la Cámara de Senadores, pero en los días que restan del mes de abril todo será cuestión de trámite.

Los foros y consultas que se anunciaron a los sectores interesados en la Cámara de Senadores quedarán en el olvido. El objetivo ahora será, que contra viento y marea el decreto de reforma laboral sea promulgado a más tardar este primero de mayo.  Cualquier observación que se formule debería regresar a la Cámara de Diputados para su discusión y dicen que los tiempos no dan para que esté de vuelta en la Cámara de Senadores antes del primero de mayo. Un periodo extraordinario lo consideran inviable políticamente.

Reforma Laboral

Por ello se prevé que la discusión y aprobación en la Cámara de Senadores ocurrirá sin variar una coma, una palabra, un artículo, alguna frase mal puesta, alguna regresión a los derechos laborales. Su análisis tendrá que guardarse en un cajón del sótano legislativo, porque el dictamen enviado por la Cámara de Diputados será aprobado, de manera literal, ya que en las ventanas exteriores del aposento del gobierno mexicano están que revientan, por los reclamos de legisladores demócratas para que se apruebe la reforma laboral en forma inmediata.

Es una condición que impone el país del norte: la aprobación de la reforma laboral; petición que nuestro gobierno "acepta" de manera soberana (¿?), a pesar de los reclamos de organizaciones laborales para que se atiendan observaciones que anulan los avances de la libertad sindical.

El manotazo dado en la mesa por la congresista demócrata Nancy Pelosi para que se apruebe la reforma laboral en México, con la amenaza que de no hacerlo se negará la aprobación del acuerdo comercial trinacional, ha puesto en alarma, casi en la taquicardia, a los funcionarios mexicanos. Por ello han movido las piezas necesarias para que toda discusión en la Cámara de Senadores se abandone a pesar de cuestionamientos que existen sobre el proyecto en alguno de sus puntos.   

Aunado a las declaraciones de la Congresista Pelosi fue la publicación de la carta firmada por más de 80 congresistas demócratas enviada al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer en el que apuran se presione al gobierno mexicano para que apruebe la reforma laboral con los puntos comprometidos.

Los más de 80 congresistas exigieron "más firmeza" en el reclamo al gobierno mexicano para que cumpla con el Anexo 23 del Tratado "USMCA" (en su versión inglesa), conocido como T-MEC (en su versión mexicana). Señalaron que no "debe permitirse" que los compromisos mexicanos de reforma laboral se conviertan en un juego de opción múltiple en el que las partes puedan elegir cuáles obligaciones quieren cumplir o no.

Estados Unidos

Los legisladores estadounidenses se sienten incómodos, molestos, y ahora exigen que el gobierno mexicano cumpla su palabra. Ellos no entienden que el poder legislativo mexicano es un ente independiente y tiene que darse sus propios tiempos, pero esta vez se le ha cerrado toda posibilidad de fungir su papel de poder autónomo.  El reclamo de los legisladores del norte puede más que una actitud soberana que debe ser defendida, puede más que la exigencia de organizaciones mexicanas de trabajadores que reclaman afectaciones en sus derechos.

Los legisladores demócratas reclaman al representante comercial de Estados Unidos que se haya permitido que al gobierno mexicano posponer la promulgación e implementación de la reforma laboral acordada en el Anexo 23 del T-MEC. Ahora consideran imprescindible que a los trabajadores mexicanos se les conceda una prerrogativa que ni en Estados Unidos tienen, como es ejercer el voto personal, libre y secreto en las negociaciones, en dos tiempos: (1) En la elaboración de las peticiones que se dirijan al patrón y (2) En el proyecto de acuerdo con el patrón que se materializará en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Los legisladores urgieron a que exista una Junta (sic) Nacional de Conciliación y Registro Laboral y se garantice que los desafíos del ejercicio de representación sindical no estén sujetos a demora en los procesos legales.

Impulsar una reforma laboral como la que se está aprobando requiere de suficientes recursos presupuestarios porque de lo contrario, esa libertad sindical y la desaparición de los contratos de protección que se pretende serán letra muerta; ahora el gobierno mexicano no da señales que pretenda abonar en ese camino.

Una reforma laboral no será considerada consumada cuando se violentan derechos humanos en puntos estratégicos en perjuicio de los trabajadores. Una reforma laboral aprobada así, dejará una herida abierta, que tendrá una respuesta obrera.

DE OTROS AVATARES

Sigue la Huelga en la UAM, y un rector que no da la cara

Qué tragedia para la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tener una rectoría incapaz de dar respuesta satisfactoria a sus trabajadores, ahora con la suspensión de labores más larga de la historia. Más de 58 mil estudiantes y 9 mil, 929 trabajadores son las víctimas, son los rehenes de un Rector que no se ha atrevido a dar la cara en estas negociaciones, que ha permanecido escondido atrás de personajes que sólo han provocado una mayor división en la comunidad.

¿Hasta cuándo se terminará esta huelga? ¿Hasta cuándo entenderá Rectoría que la prolongación de esta huelga ha sido por la falta de respeto al Contrato Colectivo y de la bilateralidad, así como la falta de responsabilidad de atender el grave deterioro salarial de sus trabajadores?

A las autoridades no le importan los estudiantes que ya enfrentan la pérdida de un trimestre, retraso en la entrega del trámite de su titulación, de la falta de pago en sus becas universitarias, de la degradación universitaria.

¡Qué vergüenza!

Las tres divinidades laborales

@Manuel_FuentesM 

@OpinionLSR  @lasillarota

   

A 100 días: ¿mayor empleo o desempleo?

Manuel Fuentes

Una de las afirmaciones que llamaron la atención en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador fue que en éstos 100 primeros días de su gobierno se crearon 220 mil 628 empleos con un crecimiento superior al de los tres sexenios anteriores, indicando como fuente de información a datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Qué tan ciertas son estas afirmaciones cuando las percepciones del crecimiento del empleo dicen lo contrario? ¿Percepciones? Seguro mi maestro Luis Llorens, que me daba clases de sociología de manera paralela, allá en los inicios de mi carrera de derecho en la UNAM, me regañaría por decir "percepciones". Debe ser la ciencia de los números, me decía, la que debe imponerse en los debates y no tus percepciones sensoriales. Deben ser las realidades y no tus sentimientos los que te dominen. Pero debo reconocer que me enseñó también a sobreponer el principio de la realidad, para identificar cuando las estadísticas son mañosas o maquilladas que intentan ocultar lo que se puede ver fuera de la ventana. Por eso me asomo siempre a esa realidad, es inevitable hacerlo.

Pero, ¿cómo evitar estas percepciones, si lo que he visto en las últimas semanas han sido miles de despidos en estos 100 primeros días del gobierno de AMLO? Nunca había presenciado en los inicios de un gobierno la separación de tantas personas sin existir una justificación, un estudio previo, que justificara esa medida tan radical, que ha traído como consecuencia una mayor ineficiencia de atención al público en distintas áreas de gobierno, por la sobrecarga de trabajo de los que se quedaron, pero lo peor, personas sin opciones laborales.

Con quien he discutido estas medidas me arguyen que la separación de algunos de esos miles de trabajadores de honorarios no cuenta en la estadística para efectos laborales. Ellos, me dicen, ¡no son trabajadores!, ¡ni siquiera están inscritos en el IMSS o en el ISSSTE!, ni siquiera perciben aguinaldo, vacaciones, prima vacacional o pago de horas extras, no tienen derecho a cotizar para una jubilación. Es cierto, todos ellos, los de honorarios, no existen para efectos de estadística laboral.

A pesar de trabajar entre doce y catorce horas diarias, ser el sostén en la operación funcional de las áreas de trabajo; no cuentan, no existen en las estadísticas laborales y mucho menos en las de pérdida de empleo. Si sufren un accidente de trabajo, les dicen: ¡vayan al doctor Simi!, o con la vecina para que les sobe el golpe; el Estado, el patrón no responde para ellos.

Ellos, los de honorarios, tienen un contrato civil, otros hasta uno mercantil, como si fueran eso, una simple mercancía, y se suman a los miles de trabajadores fantasmas que no aparecen en los números, esos que se requieren para alegar pérdida de empleos.

Tampoco cuentan en las estadísticas laborales los trabajadores eventuales en el recuento de pérdida de empleos, ésa que exigen quienes hacen los números,

-¡Se te acabó tu contrato de trabajo, ni modo!, recoge tus cosas y vete.

-¡Ah! y recuerda, no tienes derecho a un finiquito por ser eventual.

¿Cómo explicarles a todos quienes perdieron el empleo en instituciones públicas o privadas, que les deben hacer caso a las cifras del IMSS que leyó el presidente? ¿Cómo convencerles que se tuvo un crecimiento de empleo mayor al de los tres gobiernos anteriores?

Las otras cifras

Me encontré con otras cifras, que contradicen las que le entregaron al señor presidente. En diciembre de 2018, el propio IMSS señalaba que se habrían perdido 378 mil 561 empleos, "la peor caída en 20 años". Se estimaba de acuerdo con las tendencias anteriores, habría 20 millones 475 mil 926 empleos formales, pero cerró el año con 20 millones 79 mil 365 de plazas.

Es evidente que esta disminución del empleo al termino de 2018 y principios de 2019 no tiene nada que ver con la llegada de AMLO al gobierno federal, sino que es resultado de malas prácticas económicas, de la enorme corrupción de gobiernos anteriores, pero no por ello, se deben maquillar las cifras como los burócratas de antaño, para caerle bien al jefe, piense y crea que todo inicia bien.

Tomando como referencia los datos del IMSS, se observó que durante el mes de enero de 2019 se dieron de alta 94 mil 646 personas, cifra 16.7% menor a la observada durante enero de 2018.  Llama la atención que fueron 61.2% los contratados de manera temporal en ese periodo, sometidos a empresas outsourcing, y que en algunos proyectos de la reforma laboral que se avecina no se toca.

De acuerdo con cifras proporcionadas por la Secretaría del Trabajo federal, la Ciudad de México se puso a la cabeza en pérdida de empleos durante el mes de enero de 2019 con relación a 11 entidades del país. En el inicio de 2019 se perdieron 13 mil 342 trabajos en cifras del IMSS, mientras que en el mismo periodo de 2018 fueron 4 mil 019 puestos.

Tomando como referencia los datos del propio IMSS en el mes de febrero de 2019 se crearon 125 mil 982 plazas, cuando en el mismo periodo de 2018 se crearon 154 mil 311 empleos, lo que representa una pérdida de 18.3 por ciento.

Cabe decir que al observar quiénes son el mayor número de personas afectadas en los recientes despidos, éstos de los primeros 100 días, de cada 10 separados, 6 son mujeres, lo que representa la gravedad de la situación, porque quienes sufren de esta pérdida son el 80% madres solteras y jefas de familia. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el desempleo al mes de diciembre de 2018 alcanzó una tasa promedio de 3.6% a nivel nacional, pero llama la atención que las mujeres sufrieron una tasa de desocupación de 3.7% a nivel nacional y de 4.8% en las zonas urbanas más importantes del territorio mexicano.

¿Pero a quién hacerle caso? ¿A qué cifras tenemos que creerle? ¿A las que el propio gobierno toma y que mira con otro lente? ¿A las personas que se mira por la ventana y que gritan desesperadas que perdieron el empleo?

¿A quién hacerle caso, querido maestro?

De otros avatares

Ha sido lastimosa la actuación de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados federal, con ese remedo de "consultas públicas" para la reforma laboral.  Se ha carecido de una sistematización en la discusión y ha existido una falta de apertura para una discusión seria.

Hay muchos temas como el de la estabilidad laboral, empresas subcontratistas, inspección de trabajo, la conciliación no punitiva, libertad sindical, no intervención del ejecutivo federal en el registro sindical y contratación colectiva, democracia en las negociaciones de trabajo, terminar con los contratos de protección, transparencia, justicia laboral con visión social y no mercantil como se pretende, que corren el riesgo de convertirse en letra muerta, antes de que nazcan, por falta de mecanismos y responsabilidad efectiva del Estado, para su operatividad.

La negativa a realizar foros en distintas capitales del país, la elección discrecional de los participantes y el tormentoso sistema de la página de Internet para acceder democráticamente a ser parte, como ponente en las discusiones, auguran falta de legitimidad de cualquier reforma que se instrumente. Son tiempos de enmendar caminos.

Alejandro, un guerrero que nunca muere

@Manuel_FuentesM | @OpinionLSR | @lasillarota

Propuesta de reforma laboral del PRI cojea por la derecha

Manuel Fuentes

El miércoles 23 de enero de 2019 los senadores del PRI salieron del tapanco en el que se encontraban escondidos para presentar una nueva versión de su propuesta de reforma laboral. Lo hicieron con cierto temor porque la que presentaron en diciembre 7 de 2017 fue vapuleada por estar redactada, casi integralmente, por el sector patronal.

No hubo disimulo en esa propuesta priísta, era el mundo feliz del sector empresarial que lanzó un arcabuz para:

(1) Intentar romper (aún más) la estabilidad en el empleo;

(2) Fortalecer el modelo de contratos colectivos de protección;

(3) Otorgar impunidad total a la subcontratación (como en los hechos existe hoy en día);

(4) Sustituir el pago de indemnizaciones basadas en el salario integrado por las llamadas U.M.A. (Unidad de Medida y Actualización);

(5) Obstaculizar el ejercicio del derecho de huelga;

(6) Legitimar el control de los sindicatos y de los contratos colectivos a través de un organismo descentralizado controlado por el presidente de la república;

(7) Separar la Conciliación del proceso judicial y convertir a la primera en punitiva en contra del trabajador;

(8) Legitimar los acuerdos privados entre trabajador y patrón quitando toda intervención de la autoridad laboral y

(9) Crear un procedimiento judicial casi idéntico a los procesos mercantiles, anulando la tutela al trabajador.

Reforma Laboral

La iniciativa que presentaron este enero de 2019 catorce "destacados" senadores priístas: Miguel Ángel Osorio Chong, Ángel García Yáñez, Beatriz Elena Paredes Rangel, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Claudia Edith Anaya Mota, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Eruviel Ávila Villegas, Jorge Carlos Ramírez Marín, Manuel Añorve Baños, Mario Zamora Gastélum, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Sylvana Beltrones Sánchez, Vanessa Rubio Márquez, Verónica Martínez García, es una (¿nueva?) versión que cojea por la derecha.

Le dan una barnizada de rojo (pero de pintura de agua para que se deslave pronto), de aparente progresismo (pero con casimir importado), que en realidad debajo de ese disfraz busca destruir a las organizaciones sindicales y legitimar un proceso judicial ante los nuevos tribunales laborales (que no hay certeza de cuándo llegarán) para favorecer a los empresarios (como hoy sucede con las anquilosadas Juntas de Conciliación y Arbitraje).

Los aspectos principales propuestos por los senadores priístas en detrimento de los trabajadores son los siguientes:

1.- Anular la clausula de exclusión por ingreso prevista en el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo, que actualmente permite a los sindicatos titulares de los contratos colectivos que los trabajadores de nuevo ingreso formen parte de su organización como requisito para ingresar a laborar.

La desaparición de esta cláusula de exclusión, como lo proponen los senadores priístas, en países de Centroamérica o Colombia ha traído como consecuencia una baja en la tasa de sindicación y permitido la aparición de numerosas organizaciones sindicales para pulverizar los frentes de resistencia de los trabajadores bajo la bandera de "libertad sindical".

La "libertad sindical" que se quiere anular, con la propuesta priísta, es la colectiva para permitir que los patrones presionen a sus trabajadores para evitar se afilien a organizaciones sindicales, y éstas se hagan pequeñas y más pequeñas y anularlas por completo.

Esa es la "libertad sindical" que ahora abanderan los senadores del PRI

El fenómeno "Matamoros" será la principal motivación para intentar desaparecer esta cláusula de exclusión por ingreso, que de tener mal uso el voto secreto será su principal antídoto.

Lo que llama la atención es que uno de los senadores firmantes sea Carlos Humberto Aceves del Olmo, actual dirigente de la CTM ¿le habrán informado del contenido de la iniciativa que afecta a las organizaciones sindicales de cualquier rango?, (es pregunta, no reclamo).

2.- La presencia de 15 miembros integrados de manera "paritaria" del sector patronal y sindicalismo (el más "representativo", es decir ellos, para que no molesten los independientes de siempre) y el gubernamental, en nada más y nada menos, que en el organismo controlador del registro de sindicatos y contratos colectivos (organismo inventado por los priístas y empresarios y hasta elevado a rango constitucional).

Antes a sectores no les preocupaba la forma de organización de este organismo controlador de registros porque suponían que estaría un funcionario incondicional. Con la perdida de las elecciones presidenciales y estando un gobierno distinto ahora quieren tener injerencia de alguna manera en ese super organismo del monopolio de registros de sindicatos y de contratos colectivos de trabajo.

3.- La legitimación de una etapa de Conciliación, amparada en la reforma constitucional, separada del proceso judicial que la convertirá en punitiva al forzar a arreglos conciliatorios por debajo de la ley federal del trabajo. Encarecerá la justicia laboral porque requerirá de actuarios, con fe pública para notificar a las partes y alargará los procesos.

4.- Un proceso judicial que obligará a los trabajadores a ofrecer pruebas desde el escrito inicial de demanda, sin permitir su modificación o enderezamiento. Proceso compuesto de una primera etapa por escrito de demanda y contestación y ofrecimiento de pruebas y una segunda etapa oral, que se desarrollará en un sistema de audiencias denominadas: preliminar, de juicio y de continuación de audiencia de juicio con la presencia de un juez laboral, lo que significará grandes costos de logística y de personal, haciéndola inviable en el corto y mediano plazo.

Esta propuesta de los senadores priístas representa, en estos puntos y otros a analizar posteriormente, un retroceso en la justicia laboral, y está muy lejos de ser una verdadera reforma laboral que democratice las relaciones laborales en este país.

Desaparecen salarios mínimos profesionales en la frontera norte

@Manuel_FuentesM

El senado y la presidencia del IFT

lasillarota.com

Manuel Fuentes 

Días agitados se viven en el país, no solamente por las tragedias que han traído consigo los fenómenos naturales, sino también en el contexto político.

La agenda de telecomunicaciones y radiodifusión no ha estado exenta de tal agitación, la batalla por la presidencia del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se desató la semana pasada ante la incapacidad del Senado de la República para hacer el respectivo nombramiento en tiempo y forma, pues aún sabiendo que la presidencia llegaba a su término el 11 de septiembre determinaron hacer el nombramiento hasta este periodo de sesiones, pero ante la falta de quién encabece la Comisión de Comunicaciones y Transportes de ese órgano legislativo y las pugnas entre los partidos por el nombramiento de la mesa directiva, simplemente no hubo condiciones para realizarlo.

A finales de agosto, organizaciones civiles y personas dirigimos una carta al senado para solicitar que el nombramiento de la presidencia del IFT fuera un proceso abierto, transparente y participativo, basado en criterios que garanticen la idoneidad de la persona por su independencia frente al gobierno y a los regulados, así como una clara agenda para evitar lo que se conoce como la captura regulatoria.

Ante la falta de acuerdos, el jueves pasado se anunció que la comisonada Adriana Labardini, que termina su periodo en febrero del 2018, asumiera la presidencia del IFT temporalmente por cumplir el criterio de edad, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodiodifusión. Sin duda Labardini ha mostrado capacidad e independencia en su desempeño por lo que es una buena noticia su nombramiento, además de convertirse en la primera mujer en presidir al regulador también tiene el mérito de representar al sector social.

Una vez que el senado incumplió con el mandato legal debiera de retomarlo a la brevedad dando paso a un proceso abierto y transparente, definiendo el perfil idóneo y evaluando el desempeño de los postulantes que en la práctica son tres, el propio Gabriel Contreras (que en su caso sería una ratificación) que termina su periodo en 2020, Adolfo Cuevas que tiene su periodo hasta el 2022 y María Elena Estavillo quien terminará en el 2019. Arturo Robles Rovalo y Mario Fromow Rangel en su carta al senado manifestaron su interés solo si no se ratifica a Contreras, el único comisionado que de entrada se descartó fue Javier Juárez Mojica, con lo cual confieren su apoyo al actual presidente del instituto. Estas manifestaciones se hicieron ante la solicitud que hiciera el senador Zoé Robledo a los integrantes del Pleno para que dieran a conocer su interés por encabezar al IFT.

Estoy convencida que antes de barajar nombres lo que se requiere por parte de los legisladores es un análisis riguroso del desempeño de los postulantes a través del sentido de sus votos en temas relevantes en materia de facultades del instituto, competencia económica, derechos de las audiencias, medidas asimétricas, entre otros. También  los postulantes deberían de presentar una propuesta de agenda regulatoria que nos muestre qué es lo que aspiran al encabezar al regulador y que sirva para evaluar su trabajo.

Por lo pronto se anunció que hoy martes se reunirían las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos primera para definir el procedimiento, que al parecer retoma los puntos de la carta de las organizaciones.

Veremos qué sucede, pero lo cierto es que en el sector juegan poderosisímos intereses políticos y económicos, esperemos que la designación no sea a modo, producto de la defensa de intereses particulares, ya sea de la industria o el gobierno, que quieren seguir teniendo injerencia indebida en la agenda y que han ocupado sus esfuerzos en debilitar al regulador a través de constroversias constitucionales y reformas a la ley.

Ojalá que no atestiguemos estrategias con miras a un nombramiento con base a cuotas y cuates, pasandose la autonomía constitucional por el arco del triunfo, por eso tenemos que exigir un IFT independiente, ni de las empresas ni del gobierno, de la sociedad para el interés público.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó una evaluación del proceso de implementación de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión en México, resulta un informe por demás interesante porque por primera vez incluyó temas como los derechos de las audiencias, medios públicos, pluralidad y contenidos audiovisuales, algo poco común en este organismo internacional. Además hace una serie de recomendaciones que fortalecen la competencia y derechos. ¿Las tomará en cuenta el Estado mexicano, acostumbrado alumno aplicado ante la OCDE? Sobre eso le comentaré en mi próxima colaboración.

El Centro de Análisis e Investigación, Fundar, dio a conocer el escandaloso gasto en publicidad oficial en los cuatro años de gobierno de Peña Nieto por la cantidad de 36 mil 261 millones de pesos, 71% más de lo que le aprobó el congreso, de seguir a ese ritmo, al final de su sexenio habrá gastado ¡60 mil millones de pesos! La mayor parte de ese dinero público va a dar a las arcas de Televisa en radiodifusión y al periódico El Universal en prensa. En momentos de emergencia nacional por el terremoto en Chiapas y Oaxaca que afectó a los más pobres, ese recurso de publicidad oficial debe de irse a la reconstrucción de estos dos estados que son los más pobres del país.

Entre las pugnas y la tragedia hay una buena noticia, el IFT otorgó una concesión de uso social comunitaria a Violeta Radio, que será la primera emisora feminista en la Ciudad de México, en hora buena y felicidades a la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar por este logro.

@callejag | @OpinionLSR | @lasillarota

Los tiempos del oscurantismo

lasillarota.com

Las acusaciones en contra de Emilio Lozoya Austin tienen muy inquieto al círculo cercano del presidente de la república porque en el año de 2012, cuando se dice recibió el primer soborno, este personaje era el coordinador de "asuntos internacionales" en la campaña electoral de Enrique Peña Nieto.

Fueron 4 millones de dólares, una cantidad nada despreciable recibida supuestamente a través de esas empresas offshore en las islas Vírgenes Británicas: Latín American Asia Capital Holding. Un trabajo de arquitectura del negocio financiero para no dejar rastros.

Los reportajes publicados tanto en México por Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, quienes integran Quinto Elemento Lab por medio de la revista Proceso, como por el periódico O´Globo de Brasil develan detalles de un grave entramado de corrupción que rodea al grupo en el poder y que día a día es inocultable.

Emilio Lozoya a través de sus abogados lo niega todo; dice que demandará a sus acusadores por difamarlo, que es inocente, que se siente indignado, pero no hay manera de eludir declaraciones juradas que se encuentran en una investigación judicial en Brasil.

Se da cuenta en la prensa que la Procuraduría General de la República (PGR) citará a Lozoya a declarar, para aparentar que ya está investigando, para intentar calmar a quienes acusan de una colusión perversa en esa institución con el acusado. El actual titular de esa dependencia ministerial también participaba en la campaña presidencial junto con Lozoya y todo mundo sospecha de la parcialidad de esa instancia legal.

Si en realidad quiere investigar y no aparentar, debe solicitar la colaboración de las autoridades brasileñas para que desglosen lo relativo a las imputaciones a Lozoya Austin, acusado de haber recibido otros seis millones de dólares cuando era director de Pemex para la remodelación de la refinería Miguel Hidalgo en Tula.

¿Pero hasta donde una PGR que camina de la pata de la dependencia presidencial investigará lo que se hizo con ese dinero? ¿Quién o quienes fueron sus beneficiarios? ¿Hubo funcionarios priistas coludidos? ¿Se regó ese dinero en la campaña presidencial pasada?

Son respuestas que requiere darse a la sociedad, porque las instituciones públicas no tienen por objeto beneficiar a ciertos personajes, a ciertos líderes que ahora son dueños del poder.

Pero los dueños del oscurantismo harán lo posible para que siga reinando la impunidad a pesar de los reclamos de una sociedad que no está dispuesta a permitirlo.

Las acusaciones en contra de Lozoya conducen a otros caminos que la clase política del viejo y nuevo cuño quieren evitar. Quieren que se silencie la noticia, que no trascienda en las siguientes elecciones. Que se olvide que los dirigentes priistas nada tienen que ver con la corrupción. ¿Quién les cree a estas horas?

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De otros avatares

Del conflicto en el periódico La Jornada

Es muy grave lo que ocurre en el periódico La Jornada. Los principales dirigentes sindicales, su secretaría general, Judith Calderón y el secretario de organización, Leonardo Mondragón han sido despedidos fulminantemente; pesa sobre ellos además una denuncia penal que ya conoce la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en el expediente CI-FBJ/BJ-1/UI-1 S7D/03464/07/2017 después de haber encabezado un movimiento de huelga el 30 de junio pasado.

Sumando los agravios sobre de ellos, existe también una querella penal en contra del hijo de la secretaria general, que  ya fue citado ante la agencia del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales.

La denuncia no la materializó la empresa periodística formalmente sino la gerente de la misma y algunos subordinados más, que, de acuerdo con fuentes ministeriales, se puede extender a otros 20 trabajadores la persecución penal.

Pero la empresa no puede esconder la piedra diciendo que ella no es la promovente, porque al tiempo de notificar la denuncia penal por medio de policías judiciales de la Ciudad de México, en forma cronométrica, usando funcionarios federales le avisó también de su despido.

Son muy graves estos hechos de penalizar las relaciones laborales después de una huelga que fue declarada inexistente 55 horas después de haber sido estallada; después de una resistencia legítima de la mayoría de sus trabajadores para evitar el recorte de sus prestaciones en más del 45% y sus salarios.

Los huelguistas, después de la declaratoria de inexistencia, tuvieron que regresar a laborar con un acuerdo suscrito entre la empresa y sindicato de que no se ejercerían represalias de ningún tipo; sin embargo, el conflicto se agrava ahora, ante una respuesta desmesurada de la administración de ese medio periodístico.

Es lamentable se judicialicen penalmente los conflictos laborales y aún más, por ejercer derechos colectivos laborales, pero más grave sentar un precedente de represalia mandando a los dirigentes sindicales a la calle y además pretendiendo vayan a prisión como en los tiempos del oscurantismo.

@Manuel_FuentesM

Sospechas del caso Duarte

¿Cómo esconderse en un lugar público? Aquí tras lomita.

Manuel Fuentes 

lasillarota.com

Hay mucho escepticismo en el caso del recién aprehendido Javier Duarte por la actitud tan benévola (ineficiente, torpe, negligente e incapaz) del gobierno mexicano para darle un verdadero escarmiento a quién “presumiblemente” es el mayor pillo de todos los tiempos.

Aunque un juez, ni autoridad alguna lo ha declarado culpable, porque, querámoslo o no, tiene el derecho de presunción de inocencia, el pueblo ya lo quema en hoguera de leña verde (para que el fuego vaya creciendo en forma lenta y se asfixie con el humo picante).

Por todos lados se escuchan comentarios de incredulidad, de que hay gato encerrado en este caso; en los cafés, en el transporte público, en los elevadores, en los centros de reunión, en todos lados acerca de ese exgobernador que estaba fugado y que se había vuelto ojo de hormiga y que ahora lo atrapan de la manera más estúpida. Encontrarse con la familia completa para que facilitar que la policía los siguiera hasta su madriguera.

¿Cómo esconderse en un lugar público? Aquí tras lomita,como dicen mis vecinos.  No, es de no creerse, vaya tontería, esconderse (¿?) de esa manera y sobre todo aquel que presumía tener inteligencia suprema (para que como dicen en la prensa, usar incontables prestanombres para hacer sus raterías y nadie se diera cuenta).

¿Quién vigilaba sus movimientos desde que llegó de gobernador en Veracruz? Nadie, según dicen algunos tinterillos del gobierno, a pesar de que las irregularidades financieras ya las había detectado la Auditoría Superior de la Federación desde 2014 por engañar a la autoridad intentando ocultar faltantes de recursos público.  Esa institución hasta presentó sendas denuncias en la Procuraduría General de la Republica y estas fueron tratadas como desperdicio, mandándolas a la basura.

¿Hicieron mal las denuncias o en la PGR los acusados tenían buenos amigos?  ¿Las denuncias fueron del conocimiento del cuestionado Jesús Murillo Karam o de Arely Gómez González? ¿Quién decidió no darle tramite a pesar de la gravedad del desfalco de miles de millones de pesos?

A Javier Duarte a pesar de acusaciones que se desataban por todos lados, andaba tranquilo, como Juan por su casa, porque sus amigos lo protegían.  ¿Por qué se le permitió tanto tiempo actuar de manera impune? ¿Quién lo protegía? ¿Qué aportaciones hacía a los grupos políticos que giraban en torno a él? ¿Qué aportaciones (¿legales?) hacía a las campañas de sus amigos políticos para que no lo persiguieran? ¿Cuántos de sus prestanombres le sirvieron para allegar a sus amigos del poder dinero mal habido)?

A sus críticos, lo acusan, de mandarlos a matar, en ese, su sexenio funesto. Fueron 17 periodistas asesinados y tres desaparecidos (levantados y de los que nunca más se supo) en su régimen.  A pesar de que incontables voces lo señalaron, él con enorme cinismo se burlaba, día a día, de las autoridades (sus amigas).  Era considerada, Veracruz, la entidad más peligrosa para los periodistas del continente americano y nada se hizo. 

A la ciudad de México llegaron a refugiarse decenas de periodistas ante la persecución y amenazas recibidas o mejor se quedaban a escribir de sociales. No olvidamos el homicidio del periodista Rubén Espinoza en la colonia Narvarte que nunca fue aclarado debidamente por las autoridades capitalinas y en el que la citación judicial al, en ese entonces, gobernador Javier Duarte fue una burla, un verdadero circo.

Hay preguntas aún sin resolver ¿Por qué no se detuvo a la esposa, cuando apresaron a Duarte, si de acuerdo a la información pública ha sido participe del manejo de recursos? ¿No había denuncia en contra de ella o su familia?

Ahora desde las altas esferas del gobierno, se dice, ningún delito quedará impune (ja). ¿Dónde está el dinero sustraído de las arcas públicas? ¿Dónde? ¿alguien les cree que lo regresaran? Hay sospechas de complicidad.

Muy grave lo que pasa en este país en que la justicia se hace a modo.

@Manuel_FuentesM

@OpinionLSR

Parar las elecciones de Estado

Artistas, escritores, investigadores universitarios, defensores y cineastas han formado el Observatorio #NiUnFraudeMás

Manuel Fuentes

lasillarota.com

El pasado jueves 6 de abril, cuando iniciábamos una conferencia de prensa para dar a conocer la creación del Observatorio #NiUnFraudeMás, conformado por ciudadanos de diverso origen, entre ellos: artistas, escritores, investigadores universitarios, defensores y cineastas entre otros, llegó Rubén Albarrán, cantante de la banda de rock alternativo Café Tacuba, presencia que hizo soltar una sonrisa de alegría a quienes estábamos allí.

No era para menos la sensación de satisfacción, porque se iban sumando uno a uno de quienes consideramos fundamentales para dar fuerza al papel que deben tener los ciudadanos, de diferentes posiciones políticas, partidarias o no, para evitar se burle la voluntad del pueblo en los procesos electorales.

Lo que ocurre en el Estado de México, refugio de los actuales gobernantes, motivó crear este Observatorio al dar cuenta de acciones cínicas de funcionarios federales y del estado mexiquense de disponer, sin límite, de recursos públicos para intentar la compra de voluntades electorales.

El Observatorio se formó inicialmente con Irma Eréndira Sandoval, John Ackerman, Epigmenio Ibarra, Lorenzo Meyer, Blanca Salces, Margarita Favela, Jorge Zarate, Fabricio Mejía, Jaime Cárdenas, Araceli Damián, Sergio Romero, Gerardo de la Fuente, Eric Cogordan, Netzaí Sandoval, Miguel Torruco, Gonzalo Rocha, Ruben Albarrán, Héctor Diaz Polanco, Rafael Barajas, Fernando Rivera Calderón, Asa Cristina Laurel y este columnista, pero se esperan se sumen más y más.

Estamos convencidos que el informar a los votantes sobre sus derechos electorales, el fomentar la denuncia en todos los ámbitos, tanto en medios de comunicación como a través de acciones legales sobre irregularidades electorales, ayudará a empoderar la voluntad ciudadana. 

El cantante Rubén Albarrán dijo en esa conferencia de prensa, que él no creía en los políticos ni en los partidos políticos.  Que ha sido tanta la burla y el engaño en los procesos electorales, que él decidió hace 10 años quemar su credencial de elector como una forma de expresar su repudio; sin embargo, reconoció que ha sido tanto el malestar de los electores contra este gobierno entreguista, que decidió sumarse a este Observatorio #NiUnFraudeMaspara no permitir más atracos a la voluntad de las personas de quién debe gobernarlos.

El cantante de Café Tacuba dijo que los gobernantes en turno han subastado nuestro país como si fuera propio.  Dijo, -es como si entregáramos las llaves de nuestra casa a esos políticos durante seis años y al regresar nos la encontráramos sin muebles, toda devastada, revuelta y hasta puesta en venta.

En la conferencia de prensa estuvo invitada la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez quién acusó al PRI de lucrar con la necesidad de la gente, provocar desconfianza y empobrecimiento.

La elección del Estado de México es determinante para el actual gobierno, porque teme que una derrota electoral suya en esa entidad influya en el proceso electoral presidencial del año próximo. Su temor es por el rechazo generalizado que enfrenta por las políticas económicas impuestas que empobrecen a la mayoría de la población.

Se han contado por este Observatorio, más de 100 actos públicos en los que ha participado el presidente Enrique Peña Nieto, una docena de secretarios del gobierno federal, el gobernador Eruviel Ávila, su hija, funcionarios de todos los niveles y hasta Angélica Rivera, esposa del presidente de la República, quienes llegan como magnates de la política, a entregar regalos, con todo cinismo, y hasta dinero en efectivo, todo con recursos públicos. Dicen este es el mejor gobierno y nadie más.

El Estado de México posee un padrón de más 10 millones electores, el más grande del país pero padece 88 años sin alternancia política; sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional enfrenta en las encuestas un escenario complicado que lo aleja como puntero; por ello trata de imponer una elección de estado, con todos los recursos públicos a su alcance, legales o no.

El Observatorio #NiUnFraudeMas tendrá como reto sumar a cientos, a miles de ciudadanos, sin importar su filiación o preferencia política para que se respete la voluntad popular en el próximo proceso electoral mexiquense.

Denunciar cualquier violación a la Ley General en Materia de Delitos Electorales será una constante de este Observatorio, para que se castigue con penas de prisión cuando:

-Cualquier persona recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar.

-Se solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación.

-Se amenace con suspender los beneficios de los programas sociales por motivos electorales.

-Se organice la reunión o el transporte de votantes el día de la Jornada Electoral.

-Se solicite u ordene evidencia del sentido del voto.

Esta iniciativa ciudadana, como señalaba John Ackerman en la presentación del Observatorio, tiene su razón, ante la inacción de las autoridades correspondientes para defender directamente el ejercicio de la democracia en la entidad federativa más poblada de la Republica.  Ese es el reto.

@Manuel_FuentesM
@OpinionLSR

La libreta de Miroslava

Cuando escribía, lo hacía con rapidez, respiraba profundo para tomar fuerza: dar voz a otros era su misión principal.

Manuel Fuentes 

lasillarota.com

Cuando llegaba la periodista Miroslava Breach Velducea a la sierra de Chihuahua tenía su lugar; allí la esperaban los indios rarámuri con esa sonrisa de gratitud que solo ellos saben dar. Sabían que el trabajo de ella era especial, así como el del médico rarámuri encargado de curar los sueños de los suyos; solo que ella no era maga, sino mensajera de la palabra. 

Verla en esos lugares con sus pantalones de mezclilla, sus botas y su sombrero, en medio de la sierra y desfiladeros, con su sonrisa sin condiciones, les daba tranquilidad a los rarámuri, porque era su voz y por medio de ella se hacían escuchar.

-Ya viene la “Miritos”, y la buscaban para abrazarla. ¿Cómo ha estado? Ya la extrañábamos.

“Miritos” le decían de cariño a la periodista sus más cercanos, los rarámuri entre ellos. Sabían que así le llamaba su madre, quién recién había fallecido el año pasado.  Para recordar a su madre, Miroslava confiaba la manera como ella le llamaba.  Era de las pocas veces que se le quebraba la voz, pero solo entre los muy cercanos se atrevía a contarlo. También le decían “Miros” con afecto.

Era una mujer de temperamento, enérgica, pero muy cálida y sensible.  A pesar de estar de un lado a otro investigando, buscando información, se daba tiempo para cocinar; llegaba hasta convidar de las galletas que salían de su horno casero. Se daba tiempo para ser madre y periodista a la vez. Su preocupación constante era Carlitos, como le decía de cariño a su hijo de apenas 14 años; el salvó la vida esa mañana fatídica del jueves 23 de marzo por retrasar su salida mientras su madre lo esperaba en la camioneta. También estaba al pendiente de su hija Andrea que había elegido la carrera de abogada y que apenas abría camino en ese mundo tan contradictorio de las normas jurídicas.

Miroslava siempre tenía proyectos e investigaciones en curso y en eso era muy discreta; le gustaba tener la visión de todas las partes en conflicto, preguntaba por todos lados, pero sabía seguir con paciencia las pistas hasta hallar un dato seguro para no errar. Cargaba siempre una libreta y en ella anotaba todo, todo lo que veía, lo que sentía, sus planes inmediatos, hasta sus sueños. Lo hacía con extrema rapidez y luego guardaba sus notas como un tesoro.

Quienes la conocieron veían como preparaba su nota, la redactaba y desde cualquier lugar en que hallará un medio seguro la enviaba a su periódico. Le gustaba refugiarse en su casa para escribir y armar sus investigaciones.  Se daba tiempo para revisar las tareas de su hijo, cocinar y poner en orden su casa a la vez.

A Miroslava mucha gente la conocía, sabían que era periodista y muy aguerrida. Desde 1995 en que se había asentado en Chihuahua fue abriendo camino, hasta ser una corresponsal muy preciada del periódico La Jornada, siempre con proyectos en mente.

Ese jueves del 23 de marzo, a las 7:06 de la mañana, ocho balazos alarmaron a los vecinos quienes salieron presurosos para saber qué ocurría y darse cuenta de la tragedia; llamaron a la policía, a los servicios médicos, a la gente de gobierno, a los amigos.  Se acercaron y la vieron agonizante. Los servicios de emergencia llegaron casi de inmediato y unos minutos después falleció.  Era como una pesadilla verla así.

Los asesinos sabían de sus movimientos; que salía temprano a dejar a su hijo día a día; que la zona carecía de vigilancia policiaca y el poco tránsito, facilitaría la agresión y la huida del lugar.

Ocho balazos fueron los que recibió para que no tuviera posibilidades de sobrevivir; no importó a los asesinos matarla frente a su casa de manera tan cobarde; sabía que así la tomarían desprevenida.

Ella hablaba con sus amigos y temía que algún día la matarían por lo que escribía, lo decía en voz baja, para que no se escuchara, ni ella misma. Cuando escribía, lo hacía con rapidez, respiraba profundo para tomar fuerza: dar voz a otros era su misión principal.

Era una apasionada de su trabajo, desempeñaba el oficio más hermoso del mundo, como lo decía Gabriel García Márquez cuando se refería al trabajo el periodismo, pero hacerlo en México, era trabajar en el más peligroso del mundo.  Su homicidio se suma al de Ricardo Monluí Cabrera en Veracruz y el de Cecilio Pineda en el estado de Guerrero, ocurridos en menos de un mes.

Nos duele profundamente el homicidio artero de la periodista Miroslava, nos repugna la impunidad y los gobernantes incapaces que padecemos, estatales y federales.  Que no haya impunidad, que no ocurra como otros tantos expedientes que se vuelven polvo sin resolverse.

Miroslava tendrá siempre su lugar en la sierra, con los Tarahumara, y en todos aquellos espacios en que fue conocida, siempre con su libreta en mano, con la mirada en alto, con el orgullo de ser periodista. Miros, Miritos, como le decían de cariño, siempre estará con nosotros.

@Manuel_FuentesM

@OpinionLSR

Nuevo modelo educativo de la mentira

La presentación de este “Nuevo Modelo” era la oportunidad de dejar atrás el fracaso en la implementación de la llamada “Reforma Educativa”,.

Manuel Fuentes

lasillarota.com

Se veía presuroso a Aurelio Nuño, Secretario de Educación este lunes 13 de marzo, por la presentación del “Nuevo (¿?) Modelo (¿?) Educativo (¿?)” que como pieza maestra se mostraba a gran parte del gabinete, a gobernadores, legisladores, a organismos empresariales y al presidente de la República en un documento de 215 hojas, impecablemente ilustrado, encargado para su confección a especialistas (de escritorio) del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

La presentación de este “Nuevo Modelo” es encubrir el fracaso de la llamada “Reforma Educativa”, basado en la cancelación de derechos laborales y carencia de un proyecto pedagógico de gran alcance. 

Borrar el carácter de “secretario policía” que le ha caracterizado a Aurelio Nuño, desde esa mal reforma educativa, para imponer más por las malas que por las buenas, evaluaciones iguales para todo el magisterio,  sin atender la especialidad de cada mentor, sin capacitación previa e impuestos apenas con una semana de anticipación en jornadas desgastantes.

Olvidar, o tratar de hacerlo, con un mensaje de aprender a aprender (¿el autoritarismo?), la noche de terror que vivieron los habitantes de Nochixtlán ese 19 de junio de 2016 para desalojar a los habitantes de ese lugar que se solidarizaban con los maestros que exigían respeto a sus derechos.  Olvidar, según él, los más de 800 policías federales y estatales que enfrentaron a una población sorprendida, que era atacada a balazos, con un saldo de al menos 6 muertos y 53 civiles lesionados.

Un “Nuevo Modelo” presentado a la sociedad sin el consenso de los maestros que lo implementarían, a pesar de que se dice, recibieron más de 300 mil comentarios y opiniones que fueron “sistematizadas” por especialistas del CIDE, en un argumento que parece más un discurso propagandístico que de realidades.

Este supuesto “Nuevo Modelo” basado en el método de “aprender a aprender” tiene sus antecedentes principales, al menos 50 años de aplicarse en nuestro país.  Están las experiencias de los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM e instituciones de carácter privado, entre las que destacan las que desarrollaron refugiados españoles en nuestro país.

Este método después fue sistematizado por el socialista francés Jacques Delors en1994, en un ensayo llamado “Los cuatro pilares de la educación” patrocinado por la UNESCO, sintetizado en 4 puntos básicos:  aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.

Este método no tiene nada de “Nuevo” como el Secretario Aurelio Nuño y quienes le vendieron ese proyecto, pregonan.  En las Normales Superiores que a toda costa pretende desaparecer este gobierno, impulsan ese modelo educativo de aprendizaje desde hace varios años, basado en el análisis, razonamiento, crítica y no en la memorización mecánica hueca.

Pero a diferencia de quienes proclaman como el mayor descubrimiento educativo, hace muchos años los maestros de las regiones más alejadas de nuestro país, en miles de poblaciones donde impera la pobreza absoluta, en las concentraciones urbanas de todos los estratos sociales, denostados por este gobierno, trabajan en modelos que buscan tener como centro del conocimiento la guía de la razón, de la lógica para fomentar un pensamiento crítico en los menores, basado en principios nacionalistas.

Esas experiencias impulsadas en todas las regiones del país por maestros de educación básica y media superior no fueron tomadas en cuenta.  Se prefirió contratar a investigadores de escritorio (bien pagados) que hacerlo con recursos propios para que este proyecto fuera viable.

Este “Nuevo Modelo” ni siquiera considera una capacitación a cada uno de los mentores, ni métodos para impulsar en todo el país este programa.  Se requieren muchos recursos económicos que han sido demandados por el magisterio en la implementación de la mal reforma educativa y que los gobiernos de los estados han respondido carecer de éstos.  Por el contrario, se ha propiciado que escuelas privadas, creadas al vapor, hagan grandes negocios para supuestamente “capacitar” a los maestros para sus evaluaciones. 

Un “Nuevo Modelo” que no es nuevo, ni es modelo, no puede llevarse a cabo si se sigue haciendo de lado al magisterio, si se sigue imponiendo evaluaciones carentes de proyecto sin considerar las necesidades nacionales.  Si se les persigue, se les despide de manera arbitraria, se les encarcela y hasta asesina.

Este “Nuevo Modelo” parece proyecto de campaña política (sin disimulo), para tratar de que el Secretario de Educación, aparezca de nuevo en las encuestas de los posibles candidatos a la presidencia.

Los proyectos que trascienden no se enraízan denostando a los maestros en anuncios publicitarios, tratándolos como si fueran retrasados mentales, ellos y sus alumnos, repitiendo y memorizando información sin sentido.  Esa no es la realidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas.

De nada le han servido las visitas en algunas escuelas públicas al Secretario de Educación y no enterarse de los programas y métodos que impulsan maestros y maestras en todo el país.

Una verdadera reforma educativa requiere la participación real del magisterio, de los padres de familia, de los menores, de la sociedad entera y no de apariencia.

No es justificable, casi al final de este régimen peñista, se impulse un supuesto modelo educativo de la mentira, como si fuera un producto comercial, basado en ambiciones personales de políticos apurados en aparecer en la carrera presidencial. Eso se llama oportunismo de viejo modelo.

@Manuel_FuentesM

@OpinionLSR

El Secretario de la matraca

Toda la estructura legal en materia laboral está diseñada para mantener salarios de miseria y eso el gobierno mexicano lo presume en el exterior.

Manuel Fuentes 

Acaba de declarar Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Trabajo del gobierno peñista, que “van a faltar muchos años para que podamos sacar una matraca para anunciar que se tienen mejores salarios” en el país (Patricia Muñoz en La Jornada). Ese comentario parece una mala broma, pero no lo es.

Toda la estructura legal en materia laboral está diseñada para mantener salarios de miseria y eso el gobierno mexicano lo presume en el exterior.  Saca la matraca para decir que en México hay obreros productivos, a los que se les puede explotar con todo y con muy bajos salarios.

El presidente Peña Nieto recién declaró en San Luis Potosí que las reformas estructurales, esas que obtuvo con ayuda del PAN y del PRD, son imán para la inversión. Pero no dice que ha sido a costa de nuestra soberanía nacional y del bienestar social.

El gasolinazo se explica por la inexistencia de una industria nacional vigorosa, por la enorme dependencia con el país del norte, por la pésima administración económica invadida de corrupción.

Navarrete Prida, al foro que se para, saca la matraca para decir que van muchos meses sin una sola huelga estallada. Ahora son 40 meses y hace lo posible para que ese record no se rompa.

Ha inventado, con apoyo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la figura de la “huelga improcedente” diseñada para los sindicatos que se atrevan a declarar una huelga. Archivar el expediente para que se borre toda huella de inconformidad.

Recién los trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en el estado de Coahuila, estallaron una huelga el 16 de febrero pasado y han conocido el golpe de la matraca.  A pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales, por órdenes “de arriba” su movimiento ha sido declarada ilegal la suspensión de labores aprobada por una asamblea mayoritaria. Esa huelga no existe para el gobierno federal ni para ninguna autoridad. 

El gobernador del estado de Coahuila Rubén Moreira salta de gusto que el gobierno federal niegue el derecho de huelga a esos trabajadores universitarios que le han cuestionado su sistema de salud y de pensiones.

Navarrete Prida dice que al no haber huelgas en este país (por la buena o por la mala) es signo de “paz laboral”, de bienestar para los trabajadores, de prosperidad de las empresas, de empleo pleno.

¿En qué país vive señor secretario?

 @Manuel_FuentesM

@OpinionLSR