INTERNACIONAL
Casos de agresiones quedan impunes
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Helen Álvarez Virreira
Cimacnoticias/SEMlac | La Paz.-Desde el pasado 9 de marzo han transcurrido ocho meses desde la promulgación en Bolivia de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia número 348, y durante este tiempo lo que la norma ha promovido es la impunidad.
Hasta septiembre pasado, al menos en las ciudades de La Paz y El Alto no había un solo caso con sentencia, debido a lo largo de los procesos penales que pueden extenderse por años.
Ésa es la conclusión luego de haber entrevistado a ocho mujeres en situación de violencia, dos abogadas especialistas en la temática, una fiscal y a representantes de organizaciones civiles y autoridades.
Los relatos son un recuento de los daños que la normativa ha ocasionado a la lucha contra la violencia machista. Una de las situaciones que enfrentan las agredidas, y que está en el contexto del sistema patriarcal, es que “tienen que demostrar” que son “buenas mujeres”.
La dilación de justicia, los cobros ilegales, la revictimización, la corrupción, los vacíos en la norma, la deficiente infraestructura y la falta de personal especializado y sensibilizado, como establece la norma; así como la presión social y familiar para impedir que los agresores vayan a la cárcel, y la lógica de mantener unida a la familia a costa de que las mujeres soporten las agresiones, entre otros aspectos, han provocado que muchas mujeres ni siquiera se animen a denunciar, que desistan en el camino e incluso que vuelvan con sus agresores.
Los registros de algunas de las organizaciones que atienden casos corroboran esto. El servicio legal Mujeres en Busca de Justicia tenía medio centenar de casos resueltos hasta agosto de 2012, pero en el mismo periodo de 2013 atendieron 25 denuncias y de éstas, 10 mujeres ya habían desistido.
El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem) registraba un promedio de 45 denuncias por semestre, pero hasta agosto de 2013 solo tenía 15.
El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) no tuvo ni una sola denuncia hasta abril; entre mayo y agosto sumaron 15 –de las cuales una fue abandonada– cuando el año pasado, hasta agosto, tenían 28 casos con sentencia ejecutada.
Similar es la situación en los centros integrados de justicia que dependen del Ministerio de Justicia, según indicó una funcionaria que pidió se reservara su nombre.
Pero además están las mujeres que deciden no denunciar y que, en muchos casos, optan por resolver lo inmediato en los juzgados de familia, como pensiones para las y los hijos, que el agresor salga de la casa o ellas mismas dejan su vivienda y suelen iniciar el proceso de divorcio.
Entonces, los violentos quedan impunes. Cada una de estas organizaciones recibe de tres a cinco consultas nuevas por día.
NI CELERIDAD NI GRATUIDAD
Entre marzo y agosto cada una de las ocho fiscales que procesan las denuncias por la Ley 348 en las ciudades de La Paz y El Alto acumuló 345 casos, es decir 2 mil 760 en cinco meses.
Pero hasta ese momento, la fiscal Frida Choque, por ejemplo, sólo había logrado 20 imputaciones, menos del 6 por ciento del total, y sus colegas, según su cálculo, iban más o menos por la misma cantidad.
Choque explicó que además de los 17 tipos de violencia incorporados en la Ley 348, también están atendiendo los casos de la Ley Integral número 263 contra la Trata y Tráfico de Personas, además de delitos de violencia sexual.
Si un niño de cuatro años sufre violación sexual en el colegio y al mismo tiempo se presenta una víctima de violencia familiar, “dígame usted ahora qué voy a priorizar”, señaló.
Para la imputación, que es acusar formalmente al denunciado, la ley establece un plazo de ocho días. Pero sólo la asignación del fiscal para que trabaje en la investigación con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), creada en abril por mandato de la norma, demora entre cinco y 12 días, según la directora nacional de la FELCV, Rosa Lema Zannier. Entonces, el plazo se amplía entre 30, 45, 60 días y más.
Después de la imputación se inicia la investigación, cuyo plazo es de seis meses, aunque lo normal es que sea más, y pasará más tiempo todavía para llegar al juicio oral donde se dicte sentencia.
Todas las abogadas entrevistadas coincidieron en que no hay un proceso penal que dure menos de dos años, tiempo en el cual las mujeres quedan a expensas de los agresores.
Por otro lado, las organizaciones y las mujeres consultadas afirmaron que, a pesar de que la ley establece gratuidad, los cobros irregulares están institucionalizados.
Notificaciones, transporte y refrigerios para los investigadores, gasolina, tarjetas para llamadas telefónicas, fotocopias, película para fotos y revelado, entre una larga lista de exigencias, tienen que ser cubiertas por las denunciantes, que en general son de escasos recursos.
JUSTICIA PATRIARCAL
Todas las personas entrevistadas señalaron que los problemas se deben a que los delitos de violencia contra las mujeres ahora se tratan exclusivamente en el sistema penal, que tiene carencias. Por ejemplo, permite la “chicanería”, que es una serie de acciones de los demandados para alargar los juicios.
La abogada Marisol Quiroga, que participó en la primera etapa de elaboración del proyecto de ley, explicó que un gran error fue pensar que todas las mujeres estarían dispuestas a enfrentar al sistema penal y eso las ha dejado “en mayores niveles de vulnerabilidad”.
La decisión de penalizar la violencia en todas sus formas fue asumida por la Asamblea Legislativa y esto fue impulsado por las presidentas del Senado, Gabriela Montaño, y de la Cámara de Diputados, Betty Tejada.
“Ha habido una omisión de recordar que la justicia tiene sexo y que es macho”, sostuvo la abogada especialista en género y ex fiscal María Soledad Álvarez. En su criterio, “la ley puede ser perfecta”, pero no va a funcionar si no hay voluntad política, si no hay dinero, si no hay condiciones.
Y sobre condiciones, la de la FELCV es una de las más críticas. Como fuerza ahora tiene que atender unas 58 mil denuncias, pero dispone de unas 500 personas para hacerlo, frente a las 3 mil que tiene la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que ahora recibirá menos casos, dijo Mónica Bayá, secretaria técnica de la CDH.
La FELCV tiene 90 investigadoras e investigadores y cada quien maneja unos 50 casos, sostuvo a su vez Lema Zannier. A esto hay que sumar todas sus carencias de infraestructura y vehículos, y la corrupción y el machismo que pesan sobre la institución.
SIN REGLAMENTO
La directora general de prevención y eliminación de toda forma de violencia en razón de género y generacional del Ministerio de Justicia, Inés Pérez, sostuvo que el problema está en la falta de voluntad de los operadores y que hay funcionarias que están logrando mover todo el andamiaje judicial.
Hay esfuerzos locales para que, por ejemplo, los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) respondan al mandato de la ley, que ha convertido a esta instancia en un pilar de la articulación en la lucha contra la violencia.
No obstante, sólo 158 de los 339 municipios del país tienen SLIM y son recurrentes los reclamos sobre el maltrato que las mujeres reciben en estas instancias municipales. El director de Defensorías del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), Marcelo Claros, atribuyó esto al desgaste que implica la atención de casos.
Por otro lado, cada institución que tiene asignado un rol por la ley está preparando su protocolo de atención. Sin embargo, todas las organizaciones han demandado la reglamentación de la ley, ya que ahora cada quien la interpreta a su criterio, lo que dificulta aún más su aplicación.
Esto es crítico para aplicar la única conciliación permitida por la ley, que debería ser decisión de cada mujer. Pero las abogadas consultadas advirtieron que casi todas las fiscales promueven la conciliación.
Una funcionaria del Ministerio de Justicia, que denunció a su ex pareja por violencia, vivió esto de manera personal cuando la fiscal de su caso le sugirió que “arregle nomás” porque además “sólo tenía dos días de impedimento”.
En todo caso, el Ministerio de Justicia confía en que los protocolos resolverán varias dudas y también la Rectoría de los Derechos de las Mujeres que se creará y será una entidad pública desconcentrada.
ESFUERZOS
Varios grupos civiles están asumiendo por su cuenta la capacitación de fiscales y jueces, policías, forenses y médicos.
La cooperación internacional también está apoyando. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financió los 937 mil dólares de la fase de arranque del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE), en el que todo estará registrado.
También respaldan la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude) y ONU-Mujeres, entre otras.
Pero lo más urgente, coincidieron todas las instituciones y organizaciones, es que el gobierno asigne un presupuesto específico para que los operadores respondan al mandato de la ley y a eso se comprometió el vicepresidente Álvaro García Linera.
Según el último costeo de la ley, el primer año de aplicación se necesitaban 249 millones de bolivianos (36 millones de dólares) para 2013, y 137.5 millones (cerca de 20 millones de dólares) para 2014.
Todas las organizaciones consultadas consideraron que el compromiso real del Estado, de cara a la lucha en contra de violencia de género, se verá cuando se conozca el presupuesto general del Estado Plurinacional 2014.
Mientras, las abogadas no tienen otra alternativa que maximizar su voluntad, su creatividad y hasta su rabia para que las mujeres no se queden sin respuesta, aunque la violencia quede en la impunidad.
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