Corte Penal Internacional tiene elementos para juzgar a EPN, Chong, Cienfuegos y Karam: catedrático UNAM

    

Por: Antonio Aranda

(05 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa es una historia que aún está lejos de terminar. Incluso con la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó con las investigaciones del caso por más de un año, no se cierra el expediente, sino que se abren nuevas líneas de investigación para conocer la verdad; así como senderos jurídicos para que altos funcionarios del gobierno federal sean procesados ante la Corte Penal Internacional.

Cabe recordar que México es parte del Estatuto de Roma y firmó la creación de la Corte Penal Internacional desde el 28 de octubre de 2005, lo cual, le obliga a reconocer la competencia de este tribunal para juzgar crímenes de agresión, genocidio, lesa humanidad, guerra y desaparición forzada como es el caso de Ayotzinapa.

En este sentido expertos en derecho penal internacional como Raúl Jiménez Vázquez, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y presidente del comité ejecutivo de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, aseguran que los padres de los normalistas desaparecidos tienen todos los elementos a su favor para llevar a juicio ante la Corte Penal Internacional a Enrique Peña Nieto y su círculo más cercano de colaboradores en el ámbito judicial.

En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO el abogado Raúl Jiménez detalló que “en una primera instancia se podría llevar a la Corte Penal Internacional a todos los servidores públicos que participaron de manera activa, es decir los policías de Cocula y Huitzuco que se los llevaron o al Ejército que no defendió a los alumnos que estaban siendo atacados. Pero también está el delito de responsabilidad por cadena de mando, es decir, que si esas conductas graves fueron producto de la omisión de los altos funcionarios ellos también podrían ser juzgados en la corte penal por omisión”.

Tomás Zerón debe salir para no entorpecer investigación de Ayotzinapa

Como se dio a conocer en diversos medios de comunicación el pasado 28 de abril, la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) ya investiga al personal que supuestamente sembró pruebas del caso Ayotzinapa durante las diligencias periciales del 28 de octubre de 2014, en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, las cuales encabezó Tomás Zerón de Lucio en calidad de director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Sin embargo para el especialista en derecho Raúl Jiménez Vázquez, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM esto no sería suficiente. En su opinión, Tomás Zerón debería, por mínimo, ser separado del cargo mientras se realiza la indagatoria.

“No podemos esperar una renuncia de Tomás Zerón, eso es un acto voluntario y él no lo hará, pero lo que sí se puede hacer es suspenderlo temporalmente para facilitar el ejercicio de las funciones de control interno que son responsabilidad de la Visitaduría General de la PGR. De hecho hasta donde tengo entendido varios partidos políticos han solicitado la separación de su cargo”.

Estado obligado a ofrecer disculpas

Aunque el abogado Raúl Jiménez Vázquez está convencido de que la Corte Penal Internacional tiene elementos para juzgar en un futuro cercano a Enrique Peña Nieto y sus colaboradores en materia de seguridad como son los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, y Jesús Murillo Karam, el ex procurador de la República y autor de la “verdad histórica” también considera fundamental que el Estado ofrezca a todas las víctimas del caso Ayotzinapa una disculpa pública y la reparación del daño.

“Tanto las víctimas directas que son los 43 normalistas de Ayotzinapa, como las indirectas que son los padres de familia, que tenaz y valientemente han persistido en la necesidad de que fluya la verdad y haya justicia, deben recibir por parte del Estado una disculpa pública por el maltrato al que los han sometido, así como la reparación integral de las violaciones a sus derechos humanos”, enfatizó Jiménez Vázquez.

Gobierno mexicano evade llegar a conclusiones

Para el obispo de Saltillo, Coahuila quien ha sido postulado al Premio Nobel de la Paz, Raúl Vera, el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa tiene como fondo enviar un mensaje para toda la nación, de impunidad y sobre todo crear el horror entre la población para evitar que tome la iniciativa en la exigencia de sus derechos al gobierno federal.

El prelado declaró a Revolución TRESPUNTOCERO que la salida del GIEI, únicas personas con la calidad ética y moral de supervisar al gobierno mexicano en la investigación, deriva de la falta de compromiso que tiene el Estado mexicano con la verdad.

“El gobierno mexicano no quiere llegar a una conclusión ¿por qué? por la colusión que tiene con el crimen organizado y la manera en que el gobierno va tratando los casos de ofensas y daño a la ciudadanía y los va administrando. Está administrando el terror y el horror para el control de la población”.

Finalmente Raúl Vera señaló que ante la salida del GIEI la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la obligación de tomar el papel de garante en la investigación sobre Ayotzinapa ya que México tiene compromisos firmados con esta institución y debe honrarlos.

Al gobierno no le conviene un pueblo organizado: Nestora Salgado en Aristegui CNN

"Si como pueblo no ponemos alto y exigimos justicia, esto va a seguir pasando", sentenció Salgado.

(Foto: Karina Maciel)

Redacción AN

Nestora Salgado, ex coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero, detenida el 21 de agosto de 2013 por la Marina y Ejército, quien permanece presa desde entonces, consideró que hubo ”atropellos atroces e injustos, lo que han hecho conmigo no lo merezco, soy una persona que buscó seguridad y paz para su pueblo, que luchó en su momento” sin tener necesidad de ello, pues “vivía felizmente con mi familia, mi esposo, mis hijas”.

En entrevista para Aristegui CNN, desde el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan -la primera que concede desde su detención-, le dice al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre que ”me decepcionó mucho como gobernador y como hombre, porque creo que el hombre sólo debe de tener una palabra y si el señor había dado su palabra a apoyar a la policía comunitaria, le preguntaría qué tanto tiene que ver él en el crimen organizado para protegerlo tanto”.

Nestora sostiene: “Yo soy inocente y me fabricaron delitos que ellos saben que no lo hice, quiere decir que están vinculados en este crimen, en esta red de prostitución y pornografía, yo le preguntaría a Ángel Aguirre hasta dónde está metido él, por qué es tan cruel conmigo, porque sabe que yo no cometí delito”.

“Creo que no tenía esa necesidad de darle seguridad a un pueblo, cuando la seguridad le corresponde al Estado, pero en su momento nos dimos cuenta que el Estado no estaba haciendo su trabajo y que nos estaban matando a mucha gente, desapareciendo a jóvenes, secuestrando y violando a niños. Entonces vi que se necesitaba alzar la voy y que alguien denunciara lo que estaba pasando”, relató.

La ex policía comunitaria vivió en Estados Unidos, a donde se fue a los 18 años; allá hizo “una vida. Me fui como ilegal después de trece años logré tener la residencia temporal, es lo que me dio oportunidad de regresar a visitar a mi familia… tengo la ciudadanía, ya con los papeles yo regreso a México. De momento vivo alejada de todo esto que estaba pasando, vivía en Estados Unidos, me dedicaba a trabajar y a mi hogar”.

Cuando regresó a México, notó que algo pasaba en su comunidad y “no hay nadie que pueda decir lo que pasa, en noticias nunca se habla de lo que pasaba en Guerrero. Estaban pasando cosas gravísimas, como secuestros, desapariciones de jóvenes, extorsiones, le llaman cobro de piso. Este lenguaje lo voy aprendiendo después de que me empiezo a meter como parte del pueblo, pero no necesariamente como policía comunitaria, sino como una ciudadana común y corriente”.

Lo primero que le preocupó fue la pobreza en la que estaba el poblado y sus alrededores.

Aclaró que empezó a participar “de lejos, nunca como un grupo político, ni siquiera tenía una asociación civil”.

Sin embargo, se volvió comandanta de la policía comunitaria, porque “cuando ya el pueblo y todos estamos viendo que están pasando cosas atroces, el pueblo se cansa de esto. No fue Nestora la que vino a decir vamos a hacerlo, el pueblo estaba asustado. En Olinalá los sicarios ya se paseaban armados en las calles”.

Aseveró que desconoce de qué grupo criminal eran esos sicarios pero añadió que se “habla de Guerreros Unidos, Los Rojos, pero en lo personal desconozco”.

Relató que “cuando desaparecen a un taxista es cuando ‘detona la bomba’, se levanta el pueblo en armas, pero no es que Nestora levantó al pueblo en armas. Cunado se levanta el pueblo en armas están decididos a detener a los delincuentes y quemarlos, yo intervengo para que no quemen a nadie”.

“Las muchachitas que me acusan, la gente las quería quemar. Me acusan de secuestro de esas cuatro jóvenes. Son del pueblo, una es Dulce Rubí, Yesenia… (no recordó el nombre de las otras dos). Me acusan de secuestro cuando en su momento yo las protegí, el pueblo tan enojado las quería quemar porque participaban con los sicarios. Estaban siendo utilizadas, siempre las vi como víctimas de la delincuencia”, indicó.

“Sabiendo nuestro derecho de que podíamos organizarnos como pueblo originario y que teníamos derecho a impartir justicia comunitaria, pedimos al gobernador Ángel Aguirre que queríamos formar nuestra policía, lo acepta, nos da recursos, las camionetas ya con logotipos. Las armas estaban en proceso porque iban a ser registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional. Nos prometió 25 armas, todo estaba legalmente, tomamos protesta, es una estructura que se hace por asambleas, consensuamos al pueblo para ver si estaba de acuerdo, el pueblo lo acepta“, abundó.

La periodista Carmen Aristegui le preguntó sobre la similitud de su caso con el de José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas michoacanas. Nestora respondió: ”No sé mucho de la historia de Michoacán en cuanto a la ley, nosotros tenemos la ley 701 que nos avala como policías comunitarios, no estamos haciendo las cosas fuera de la ley. Yo admiro mucho el trabajo de Mireles porque también organizó a un pueblo, defendió a un pueblo lejos de ser un criminal”.

Consideró que los dos “estamos en la cárcel porque siento que al gobierno no le conviene en su momento o nunca le va a convenir la organización de un pueblo”.

“Me detuvo el Ejército junto con la Marina. Lo que detona esto es la detención de un síndico, el municipal que por muchas denuncias estaba involucrado jumto con el presidente municipal Eusebio Rodríguez. Al síndico lo detuvo la poliucía comunitaria, yo era coordinadora”, narró.

“Tenemos atribuciones de detener a todo ciudadano que esté incuriendo en algún delito en flagrancia. Así lo agarramos, el señor estaba acusado de encubrir mucho a los delincuentes, cuando se detiene por la policía, detona la bomba, no les gustó que nos metiéramos con una autoridad, pero era una autoridad que estaba cometiendo un delito”, recalcó.

Ángel Aguirre “nos apoyó pero jamás se imaginó que realmente íbamos a trabajar, teníamos una convicción, queríamos seguridad en nuestro pueblo.Yo a él le enseñé videos de cómo violaban a niños… cuando empiezo hacer estas denuncias… entonces lo ven difícil y como una amenaza para ellos”, acusó.

Aseveró que ella no apoya al crimen, “no apoyo a los secuestradores, yo apoyo a esta organización (Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Wallace) porque creo que se necesita, yo confiaba en la señora, creía en su palabra, lo que ella decía. Pero en mi caso me decepcioné mucho porque creo que la señora no conoció mi caso de fondo, se dejó llevar por una versión que le vendieron las supuestas víctimas. Pero no se metió al expediente para ver que está fabricado, están violando mis derechos“, aseveró.

Sobre las cuatro jóvenes que la acusan de secuestro, señaló que no fue ilegal la detención y que tiene las cartas firmadas por las madres de ellas, donde le van a pedir apoyo, pero después ellas “dicen que por ayuda del presidente municipal, él las convence de que me pongan denuncia por secuestro, pero no fue un secuestro… las niñas en su conciencia y corazón saben que jamás les causé un daño”.

Ayotzinapa

Respecto al caso Ayotzinapa, opinó: “Se me hace muy cruel lo que pasó con estos chicos. Tuve la fortuna de conocer a algunos de ellos y que en algún momento me brindaron apoyo, desde que me detuvieron ellos estaban dispuestos a pedir mi liberación, creo que ha sido porque el gobierno de Guerrero ha hecho caso omiso a las denuncias, se han hecho ciegos y sordos, yo creo que es por complicidad”.

Lo que pasa en Guerrero “abarca desde la droga, la prostitución y un sin fin, es terrible. Estoy muy consternada con lo que está pasando y lo que se sabe. Realmente hay cosas que ya no me sorprenden porque sabiendo cómo está el sistema en Guerrero se puede esperar más”.

Sigue la exhibición de detenidos

Con frecuencia se suele presentar a las personas detenidas ante los medios de comunicación como si ya hubieran sido juzgadas y declaradas culpables.

Miguel Carbonell 

lasillarota.com

Las autoridades suelen adornar sus discursos diciendo que tienen un profundo compromiso con el respeto al Estado de derecho y que la ley es su marco único de actuación. Pero a la hora de cumplir con la normatividad no parecen refrendar ese discurso. 

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que toda persona a la que se le impute la comisión de un delito tiene derecho “a no ser expuesto a los medios de comunicación” y “a no ser presentado ante la comunidad como culpable” (ver artículo 113 fracciones XIII y XIV). La Suprema Corte ha expuesto en varias de sus sentencias que la exhibición de detenidos genera un “efecto corruptor” sobre el conjunto del proceso penal, lo que a su vez nos aleja de la búsqueda de la verdad que es el principal propósito de todo juicio.

Pese a la claridad de la norma y la contundencia de la jurisprudencia existente sobre el tema, tanto el gobierno federal como muchos gobiernos de las entidades federativas siguen mostrando imágenes y convocando ruedas de prensa para exhibir a las personas que acaban de ser detenidas. 

La vulneración de las normas aplicables es evidente y supone un intento burdo de manipulación de la justicia y de la opinión pública que debe ser denunciado. Con frecuencia se suele presentar a las personas detenidas ante los medios de comunicación como si ya hubieran sido juzgadas y declaradas culpables. Los periodistas repiten (a veces por ignorancia, otras por mala fe, o incluso por otras causas que es mejor no poner por escrito) que se detuvo “a un narcotraficante”, a “un sicario”, a “un secuestrador”. Y la mayor parte de las personas que ve a los detenidos en la televisión o que escucha la noticia en la radio piensa que es así, que esa persona ya es (jurídicamente hablando) un delincuente.

Pero lo cierto es que a esa persona todavía no se le ha acusado de nada formalmente ante un juez; que todavía no se ha desahogado un proceso en su contra, en el que se le haya dado oportunidad a todas las partes de aportar y desahogar pruebas; que no ha tenido el tiempo para promover un recurso de apelación o de amparo. Es decir, que no se han dado los pasos indispensables para que cualquier persona pueda ser considerada (jurídicamente) como responsable de haber cometido un delito. 

Ahora bien, pese a que luego de su detención todavía ningún juez ha conocido de una acusación en su contra, la persona exhibida ya fue condenada por un tribunal que no acepta recursos de apelación ni de amparo: El tribunal de la opinión pública. 

La manipulación es muy grosera e intenta tratar a los ciudadanos como imbéciles, pero también es bastante efectiva: Se trata de ganar ante el tribunal de los medios de comunicación; se trata de hacer justicia mediática; se trata de que no sean los jueces, sino los periodistas los que dicten la culpabilidad de una persona. 

Como es obvio, nada de eso nos acerca al ideal de un Estado de derecho, sino todo lo contrario. Lo que demuestra la exhibición de personas detenidas es la desesperación de las autoridades frente al crecimiento de la delincuencia. 

Como saben que no pueden construir acusaciones bien fundamentadas, muchas de las cuales se van cayendo conforme avanzan los juicios (como en el caso de Sandra Ávila Beltrán, la llamada “Reina del Pacífico”; o el caso –un poco más lejano en el tiempo- de “El Michoacanazo”), intentan solamente dar efectistas golpes mediáticos. 

¿Hasta cuándo tendremos autoridades que lo único a lo que le dan importancia es a salir en los medios masivos de comunicación y no a hacer bien su trabajo? 

¿Hasta cuándo seguiremos dejando que nos manipulen a través de montajes mediáticos, en vez de que las autoridades busquen afanosamente (y con seriedad) la plena aplicación de la ley? 

@MiguelCarbonell

No hay alternativa

Lo que nos debe quedar como lección de tantos y tantos horrores es que no hay una ruta alternativa distinta al Estado de derecho.

Miguel Carbonell 

lasillarota

Los hechos terribles de Iguala y Tlatlaya, no son los únicos y ni siquiera los peores que hemos visto en los años recientes. Las desapariciones forzadas en México suman centenares o acaso miles, lo mismo que los homicidios sin esclarecer. Hay casos tremendos que siguen sin ser resueltos, como la masacre de migrantes de San Fernando, los 300 desaparecidos en el municipio de Allende, Coahuila, las fosas clandestinas con centenares de cadáveres halladas en Durango (se contabilizaron más de 310 cuerpos), las miles de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua (llegaron a las 4,500 mujeres desaparecidas, según algunas estimaciones), los feminicidios en varios municipios del Estado de México a partir del 2010 (hay más de 170 reportes de desapariciones solamente en lo que va del 2014), y un largo etcétera.

De hecho, México ni siquiera ha dado cumplimiento cabal a la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco, dictada desde 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El precedente es relevante porque Radilla fue víctima de una desaparición forzada precisamente en el Estado de Guerrero, pero en 1974. Y siguen sin aparecer sus restos. Y sigue la sentencia sin ser cumplida, pese a que podía haber constituido una magnífica oportunidad para mejorar a nuestras instituciones encargadas de investigar desapariciones forzadas.

Tampoco se han instrumentado las medidas que la Corte Interamericana dictó en el caso del feminicidio en Ciudad Juárez, conocido como “Caso Campo Algodonero”, en cuya sentencia se pedía desde hace más de cinco años crear una base de datos con muestras de ADN de los familiares de personas desaparecidas para poder contrastarlas con los cuerpos que eventualmente aparecieran en fosas clandestinas. Si México hubiera cumplido con ese punto nos hubiéramos evitado el bochorno de no saber a quiénes corresponden los cuerpos hallados en las más de 10 fosas halladas recientemente cerca de Iguala, en las que habían cadáveres que no son los de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Lo que nos debe quedar como lección de tantos y tantos horrores es que no hay una ruta alternativa distinta al Estado de derecho. Necesitamos construir instituciones fuertes, que tengan los recursos humanos y tecnológicos para hacer buenas investigaciones y ofrecer explicaciones creíbles a la ciudadanía. Necesitamos una política efectiva de prevención social del delito (y no la vacilada gubernamental que se limita a entregar anteojos a estudiantes de primaria o secundaria).

Necesitamos una justicia penal que no se agote en la discusión de cuestiones formales, sino que indague a fondo para llegar a la verdad jurídica y asegure el respeto de los derechos fundamentales de procesados y víctimas. Necesitamos cárceles y reclusorios que cumplan con su tarea en vez de ser universidades del crimen, como lo son actualmente en algunos casos. Es decir, necesitamos trabajar de forma más decidida para que no se vuelvan a repetir tantas tragedias y para que podamos dejar atrás del espanto de estos años.

México merece un futuro mejor y un porvenir más seguro. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Falta ahora que nos pongamos todos a trabajar para lograrlo.

@MiguelCarbonell

En leyes energéticas, violación de reglamento y proceso “oscuro”: PRD Y PT

El senador petista Manuel Bartlett y el perredista Zoé Robledo acusaron que el proceso legislativo de las leyes energéticas fue irregular, atropellado y con una "mayoría hechiza" que apoyó al Ejecutivo.

Redacción AN

El proceso legislativo de las leyes energéticas es “oscuro”, “irregular”, con dictámenes prefabricados y se ha violado el reglamento de la Cámara, alertaron los senadores Manuel Bartlett (PT) y Zoé Robledo (PRD. 

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, hablaron sobre la reciente aprobación en comisiones de los 4 dictámenes de las leyes de la reforma energética, en la cual no participaron sino que abandonaron la sesión, luego de que no se admitieran a discusión sus reservas.

Bartlett aseguró que han violado reglamentos, y corrigen dictámenes en reuniones fuera del Senado, “es realmente ya grotesco lo que está haciendo el Senado, no se discute, no se respeta”.

El petista sostuvo que México tiene un sistema energético que funciona y, pese a ello, buscan abrir todo el sistema energético que, sostuvo, diluirá a Petróleos Mexicanos.

El sector energético, adelantó, “queda en manos extranjeras y régimen privado”, “vamos a dejar de tener sistema púbico y vamos a tener sistema privado”. Ante ello, sostuvo que los impulsores de esta reforma deberían explicar las bondades pero sólo se han dedicado a repetir generalidades.

“A través de argucias y violaciones al reglamento van evitando la discusión”, insistió.

“La energía es la vida del país… lo que menos quieren es que se discuta”, comentó.

El senador expuso que aunque pidan cambios, los otros escuchan, pero al final se dice que está suficientemente discutido, “dicen automáticamente que no”, “atienden lo mínimo a la oposición”.

“Lo último (antes de pasar al pleno)era votar 4 paquetes porque ya se discutió según ellos… llegamos a la locura de votar cosas que se conocieron hace semanas”, expuso.

Bartlett consideró que la población en general no sabe que empresas privadas comenzarán a extraer el petróleo del país, pues no se ha difundido ampliamente lo que esto implica; no obstante, dijo que la “gente está en contra de que se entregue electricidad y petróleo”.

Lo que ocurre en el Senado, sentenció, “equivale realmente a una dictadura”, en la que el Ejecutivo domina al Congreso, con una mayoría que lo apoya, no con razones sino con votos.

Por su parte, el perredista Zoé Robledo aseveró que se llevó a cabo un procedimiento que “suplantó” el reglamento del Senado. 

Además, señaló que “el PAN ha logrado arrinconar, chantajear, poner contra la pared” al PRI, pues necesita sus votos y por ello atiende sus puntos de vista, tanto que las mesas de discusión pararon dos semanas por la ausencia de los panistas.

“Al PAN les aceptaron sus reservas y las nuestras ni siquiera estuvieron a discusión”, aseguró.

Fue, pues, un proceso atropellado, irregular, oscuro, que la mayor parte se realizó afuera del Senado, resumió.

Ante la falta de debate, consideró que no se pudieron conocer a fondo las dos visiones diferentes de país, por dos modelos diferentes de Pemex.

Seguridad: viraje crítico

Editorial La Jornada

En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada ayer, el gobierno de Enrique Peña Nieto se deslindó en forma por demás crítica de la estrategia en el rubro desarrollada durante la administración calderonista: el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el propio titular del Ejecutivo federal expusieron diagnósticos devastadores de la guerra en la que Felipe Calderón y su equipo embarcaron al país, así como de sus nefastas consecuencias para la vigencia del estado de derecho, la integridad institucional, la seguridad pública y la procuración de justicia.

Aunque los resultados contraproducentes de la estrategia calderonista son de sobra conocidos por la opinión pública –decenas de miles de muertos, pérdida del control de varias regiones, descomposición en corporaciones policiales, procuradurías y organismos del Poder Judicial, numerosas violaciones a los derechos humanos, desarticulación del tejido social e impunidad generalizada–, la evaluación presentada por Peña Nieto y sus colaboradores resulta novedosa, por cuanto no se tenía una noción clara del panorama que el calderonismo dejó a su paso; por ejemplo, el grado de dislocación al que fue conducida la Procuraduría General de la República o del tamaño de la descoordinación y duplicación de funciones en las áreas de seguridad del gobierno.

A partir de ese diagnóstico, la nueva administración presentó seis lineamientos para reformular la política de seguridad pública y la procuración de justicia en el país: reducir la violencia y los índices delictivos mediante la planeación; emprender medidas preventivas a fin de atender las causas de la violencia, respeto a los derechos humanos; coordinación entre las instituciones federales y entre éstas y las estatales y municipales; conversión de la Policía Federal en una gendarmería nacional, y una evaluación constante.

Tales propósitos resultan, en principio, positivos –en sí mismos y porque denotan la intención de poner distancia respecto de la desastrosa línea de acción de los pasados seis años–, pero el tiempo y los hechos reflejarán, en definitiva, el grado de su eficacia.

En lo inmediato, es pertinente notar dos omisiones en la nueva política de seguridad e impartición de justicia, la más grave es la ausencia de referencias a las causas profundas del auge delictivo y de la consiguiente inseguridad: la devastación causada por la política económica vigente, con sus caudas de pobreza, marginación, desempleo y carencias crecientes en materia de salud y educación; desde esa perspectiva, una estrategia antidelictiva eficaz tendría que presentarse en estrecha articulación con una política social coherente orientada a compensar las pérdidas sociales causadas durante el ciclo de gobiernos neoliberales que ya dura tres décadas. Adicionalmente, una acción de gobierno orientada a contrarrestar la catástrofe calderonista debería incluir el combate a la impunidad, e iniciarlo justamente a partir del diagnóstico presentado ayer. Es razonable suponer que tras la descomposición, la descoordinación y las distorsiones institucionales, así como detrás del cúmulo de violaciones a los derechos humanos registradas entre 2006 y el año que termina, hay responsabilidades civiles, penales, administrativas y políticas que deben ser investigadas, esclarecidas y, en su caso, sancionadas. Tal curso de acción no sólo debe ser visto como un dictado legal, sino también como un paso necesario para dar fundamento de credibilidad a las propuestas formuladas.

Detenciones y violencia injustificadas

Editorial La Jornada

En los días posteriores al sábado primero de diciembre surgieron diversos elementos que prueban la conducta injustificada de los efectivos policiales durante la represión de las protestas por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente, así como documentos que sugieren la connivencia entre agentes del orden y sujetos que ese día protagonizaron actos de vandalismo en el Centro Histórico de la capital: videos, testimonios, declaraciones e inconsistencias en las versiones oficiales indican, por una parte, que los cuerpos del orden actuaron en forma errática, en el menos peor de los casos; que algunos de sus efectivos lesionaron deliberadamente a varios manifestantes; que muchas de las detenciones fueron efectuadas en forma arbitraria y sin que hubiera flagrancia, y que pudo haber una vinculación operativa perversa entre autoridades no identificadas y provocadores usados para crear un ambiente de confrontación.

De lo anterior se desprende, por una parte, que buena parte de los 67 detenidos que hasta ayer aún continuaban presos por los desmanes en el primer cuadro de la ciudad son inocentes de los cargos que se les pretende imputar y, por el otro, que existió un descontrol, un designio de atizar la violencia, o ambas cosas, en las corporaciones federal y capitalina.

Ayer, Amnistía Internacional se sumó, mediante un comunicado, a la demanda que enarbolan diversas organizaciones sociales y humanitarias del país de poner en libertad a los ciudadanos manifiestamente inocentes que fueron capturados el sábado anterior y pidió que se investiguen los excesos represivos cometidos por las fuerzas policiales.

Los reclamos resultan procedentes por cuanto muchos ciudadanos se encuentran hoy en la cárcel sin haber cometido delito alguno y en la medida en que ni las instancias federales ni las capitalinas han manifestado, hasta el momento, una intención verosímil de investigar los excesos policiales perpetrados el sábado pasado.

Justamente ayer, en momentos en que Miguel Ángel Mancera tomaba posesión como nuevo gobernante de la ciudad, familiares, amigos y compañeros de los detenidos se manifestaron afuera de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El hecho es significativo, porque el nuevo jefe de Gobierno hereda un conflicto que deberá encarar y resolver en forma prioritaria, por cuanto la continuidad que ofreció en su discurso inaugural no debe convertirse en encubrimiento de abusos de poder.

Otro tanto ocurre con el gobierno federal que asumió el día de los hechos: el nuevo procurador, Jesús Murillo Karam, tiene ante sí la obligación legal de esclarecer las agresiones policiales que dejaron a un manifestante en estado de coma, a otro sin un ojo y a varios más con lesiones de diversa gravedad. De otra manera, los sucesos del primero de diciembre se convertirán en una marca inaugural negativa para la administración de Peña Nieto y en la confirmación de los temores externados por muchos sobre los riesgos del regreso del priísmo a la presidencia.

El go kart de Calderón

José Gil Olmos

Calderón en el parque recreativo Portezuelo Grande.
Foto: Presidencia

MÉXICO, D.F. (apro).- Hace casi seis años arrancó su gobierno vistiendo una casaca militar que le quedaba grande y declarando la guerra. Hoy, a punto de concluir, termina su mandato a bordo de un diminuto auto de carreras infantiles, aseverando que “al presidente no se le rebasa”. Así pasará a la historia Felipe Calderón: como el panista al que le quedó grande la figura presidencial.

A lo largo de su sexenio mostró los prejuicios personales que le han caracterizado en su carrera política. Ante la pequeñez de su personalidad se rodeó de funcionarios que no destacaran por encima de su inteligencia o capacidad, y ante su inseguridad se allegó de personajes que le redituaran fidelidad antes que resultados.
Luego, ante la sospecha de ilegitimidad de su victoria, sacó al Ejército a las calles para combatir al narcotráfico, avivando la violencia que nunca antes se había visto en el país, con más de 70 mil muertos y miles de desaparecidos.

Calderón quiso caminar solo desde sus primeros pasos en Los Pinos. Rencoroso, nunca trató de acercarse a quien le impidió ponerse lisa y llanamente la banda presidencial, obligándolo a entrar y salir por la puerta trasera del palacio legislativo de San Lázaro. A partir de este episodio hizo lo que su mentor Carlos Castillo Peraza le criticó desde que era joven: actuar con menosprecio ante todos.

La atención que dio a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico es el ejemplo más claro de este trato impúdico a la sociedad. Los engañó diciéndoles que les ayudaría a tener justicia, les mintió cuando les prometió seguridad, los timó cuando les ofreció solución a su búsqueda dolorosa por sus familiares desaparecidos.

Verlo en estos días a bordo de un go kart, jugando a las carreras con el gobernador priista del Estado de México, Eruviel Ávila, en el parque de la Marquesa, resulta una imagen sarcástica frente a quien fracasó como el presidente del empleo, de la paz y la tranquilidad.

Montado en el diminuto auto, en lugar de verse grande, sagaz, hábil o inteligente, expuso su parte contraria, con sus fracasados aires de grandeza que nunca alcanzó.

REPORTE INDIGO 205 EL COMPLOT CONTRA AMLO EN 2006

¡AMLO 2012! PARTICIPA Y

Cables de Wikileaks revelan más del complot electoral de 2006

En la emisión matutina de Noticias MVS, Carmén Aristeguí retomó una investigación realizada por Anabel Hernández en la que destaca que cables clasificados de wikileaks revelan acciones y actores decisivos antes y después de las elecciones de 2006.

La investigación destaca que “el complot” existió y que sus protagonistas fueron “funcionarios públicos, políticos y hasta jerarcas de la iglesia católica” y que “todos ellos desfilaron de la Embajada de Estados Unidos en México y del Vaticano para conspirar contra quien encabezaba las preferencias electorales”

Entre el mar de información contenida en los cables, “que no han sido revelados ni editados” enfatiza Hernández, destacan cuatro actores decisivos en el complot: Andrés Sánchez Gutiérrez (consejero federal del Instituto Federal Electoral), José Sidaoui (subgobernador del Banco de México), Cuauhtémoc Cárdenas (fundador del Partido de la Revolución Democrática y líder moral de este partido) y Juan Sandoval Íniguez (arzobispo de Guadalajara)

El nada parcial consejero Andrés Sánchez Gutiérrez, identificado por la embajada de Estados Unidos como “un consejero con poco amor hacia López Obrador”, se presentó “días antes de la elección presidencial en las oficinas de la representación del gobierno EU en México” según la investigación y el cable confidencial 06MEXICO3309.

En esa reunión informó que “los resultados de los comicios que se realizarían el 2 de julio de 2006 no se darían a conocer ese día y que AMLO perdería la elección por pocos votos”. Y además “abogó por la causa del candidato del PAN Felipe Calderón”.

Por su parte, José Sidaoui, según información del cable 06MEXICO820 sin clasificar y “sólo para uso oficial” cuatro meses antes de la elección hizo una advertencia a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México.

Donde advirtió un escenario perverso en caso de que Andrés Manuel ganara la lección presidencial: AMLO “gobernaría como Hugo Chávez en Venezuela” y que no sólo representaba una “amenaza para el crecimiento económico, sino también para la estabilidad macroeconómica”.

El tercer actor identificado por la investigación de Anabel Hernández destaca a un Cuauhtémoc Cárdenas como “nunca antes se le había visto, al menos públicamente”. Los comentarios de Cárdenas, según el cable 06MEXICO6867, fueron enviados a la CIA, al Departamento del Tesoro, Al Departamento de Justicia, al Departamento del Trabajo y al Departamento de Seguridad Nacional, indica la investigación.

El cable, fechado el 11 de diciembre de 2006, señala que “funcionarios de la embajada se reunieron con Cárdenas para conocer su perspectiva de la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente” donde “criticó las medidas de protesta emprendidas por Andrés Manuel y defendió a Felipe Calderón diciendo que le daba el beneficio de la duda y que podía ser mejor presidente que Vicente Fox”.

Las declaraciones del próximo galardonado con la medalla Belisario Dominguez, se percibieron como “Cárdenas cree que el nuevo presidente tiene buenas intenciones y la capacidad política para impulsar nuevas reformas que Fox no hizo” según Hernández.

Finalmente, Anabel Hernández revela que en el cable 06VATICAN60 se destaca la visita a la Embajada de EU en el Vaticano en marzo de 2006 de un “influyente cardenal de América Latina”, es decir, Sandoval Íñiguez.

Durante esa visita mostró su preocupación “por la creciente presencia de líderes de izquierda en América Latina”. Dijo que era “una tendencia peligrosa” y pidió directamente la “ayuda” de George Bush para evitar que un gobierno izquierdista asumiera la Presidencia de México.

REDACCIÓN SDP

La nota del día de la PATRIA, GRINGOS GO HOME !!!!

El gobierno de Calderón no lo admite, pero en EU los republicanos exhortan a combatirla

La insurgencia se apodera del norte de México, advierten en Washington

Insisten en que la Iniciativa Mérida es un éxito, pero es inservible en esta nueva situación

La Casa Blanca manifestó que espera acciones en el país para enfrentar el problema

Una mujer cubre con una toalla a su hija mientras pasan a un costado del lugar donde ocurrió un tiroteo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. En diferentes hechos, seis hombres fueron ejecutados en ese municipio sin que hasta el momento haya detenidos por los crímenesFoto Reuters

Dpa

Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2011, p. 17

Washington, 14 de septiembre. El Departamento de Estado reafirmó hoy su apoyo a la Iniciativa Mérida, y rechazó que el programa con México constituya un fracaso, tal como fue tildado la víspera por republicanos durante una audiencia en el Congreso estadunidense.

Seguimos apoyando la Iniciativa Mérida, dijo el portavoz del Departamento de Estado Mark Toner.

Estamos en fuerte desacuerdo con cualquier intento de calificar la Iniciativa Mérida como fracaso de algún tipo, agregó.

Durante una audiencia en el Congreso el martes sobre la Iniciativa Mérida, el presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, el republicano Connie Mack, reclamó una nueva estrategia de contrainsurgencia para combatir los cárteles en México, al considerar que la Iniciativa Mérida no ha dado los resultados previstos.

Aunque México no quiera admitirlo, en ese país se está produciendo una insurgencia a lo largo de la frontera estadunidense que hace necesario diseñar una nueva forma productiva de combatirla que no es la Iniciativa Mérida, sostuvo Mack.

Es hora de que reconozcamos la necesidad de una estrategia contrainsurgente que pueda combatir la evolución y resistencia de las organizaciones criminales trasnacionales mexicanas, exigió el congresista republicano.

La Iniciativa Mérida ha sido un éxito en muchos aspectos, replicó Toner.

Ha reforzado las capacidades de las agencias de la ley en México, ha proporcionado una mejor coordinación y cooperación (...) entre Estados Unidos y México, enumeró.

Reconocemos que es un desafío compartido y confiamos en que el gobierno mexicano está adoptando algunas medidas duras para enfrentar el problema, agregó.

Pretende además infiltrar a detectives privados en una corporación policiaca mexicana

Washington asume un papel directo en la lucha contra cárteles

Operan en México agentes de la CIA y la DEA, señala el NYT

Agentes policiacos mexicanos tendrían que realizar trabajo conjunto con estadunidensesFoto Reuters

De la Redacción

Periódico La Jornada
Lunes 8 de agosto de 2011, p. 2

Nuevos agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligancia de Estados Unidos), civiles del Pentágono, militares retirados y agentes de la DEA (agencia antidrogas) se están desplegando en México, al ampliar Washington su papel directo en la guerra antinarcóticos en el país vecino.

De hecho hasta está considerando emplear contratistas de seguridad privados, con iniciativas diseñadas para evadir leyes mexicanas que limitan la presencia de fuerzas de seguridad extranjeras en el país, reportó el periódico The New York Times.

En las semanas recientes un pequeño número de agentes de la CIA y civiles del Departamento de Defensa de Estados Unidos comenzaron a trabajar en una base militar en el norte de México, donde por primera vez oficiales de seguridad de ambos países trabajan conjuntamente en recaudar información y planear operaciones.

Por otro lado, también se contempla insertar un equipo estadunidense de contratistas privados dentro de una unidad policiaca antinarcóticos mexicana, informó el rotativo.

Funcionarios de ambos países indicaron al NYT que estas nuevas iniciativas han sido elaboradas de tal manera que evadirán las restricciones de las leyes mexicanas que prohíben a militares y policías extranjeros operar en territorio nacional.

En la base militar mexicana, un equipo integrado por menos de 24 agentes de la DEA y la CIA, junto con militares retirados del Comando Norte del Pentágono, instala un centro de inteligencia basado en el modelo de los centros de fusión que Estados Unidos opera en Afganistán e Irak para vigilar a grupos insurgentes.

La iniciativa se desarrolló después de que se intensificó la violencia en Monterrey, Nuevo León, y de que el gobierno del presidente Felipe Calderón solicitó a sus contrapartes estadunidenses mayor acceso a tecnología sofisticada de vigilancia y a expertos. Después de meses de negociaciones, Estados Unidos estableció en las semanas recientes el centro de inteligencia en la base militar mexicana, cuya ubicación no fue revelada por el NYT, a solicitud de las autoridades estadunidenses.

El reportaje del diario, firmado por Ginger Thompson y publicado en la primera plana de su edición dominical, afirma que, con esta iniciativa, Washington cambia su papel tradicional de compartir información a estar más directamente involucrado en recaudarla.

Los oficiales estadunidenses enfatizaron que jugarán un papel exclusivamente de apoyo a las autoridades mexicanas. Un oficial militar estadunidense declaró al rotativo que “los mexicanos están a cargo. Es su show. Sólo somos de apoyo técnico”.

Por otro lado, ex oficiales de la DEA informaron al NYT que ambos países evalúan una propuesta para insertar a un grupo de contratistas de seguridad privados –conformado, entre otros, por ex agentes de la DEA y ex integrantes de grupos especiales de las fuerzas armadas estadunidenses– en una unidad de policía antinarcóticos mexicana especializada, la misma que llevó a cabo el operativo en coordinación con la DEA para detener al capo José Antonio Hernández Acosta la semana pasada.

Aunque el periódico informa que esta medida aún no se ha aprobado, indicó que la labor del grupo estadunidense sería tener una especie de academia de capacitación dentro de la misma unidad, para ayudar a guiar operaciones a fin de que concluyan en procesos judiciales exitosos. De hecho, fiscales mexicanos también trabajarían con la unidad, según las fuentes estadunidenses.

Entre Afganistán y Colombia

Varios analistas de seguridad de ambos países comparan los desafíos de ayudar a México a reconstruir sus fuerzas de seguridad y sus instituciones civiles con retos parecidos a los de Afganistán, reporta Thompson, en los que Washington lucha junto a un socio al que necesita, pero en el que no confía del todo. Recuerda que el nuevo embajador estadunidense en México llega desde un puesto diplomático en Kabul.

Pero, agrega, funcionarios del gobierno de Barack Obama descartan esa comparación con Afganistán y prefieren comparar la situación en México con la de Colombia hace unos 15 años. Estos funcionarios dicen que una de las lecciones que han aprendido es que en toda lucha contra el crimen organizado las cosas tienden a empeorar antes de mejorar.

El NYT indica que, a través de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos ha otorgado capacitación a casi 4 mil 500 nuevos agentes de Policía Federal; ha ayudado a realizar intervenciones de telecomunicaciones, en el manejo de informantes y en el interrogatorio de sospechosos, como también en la entrega de helicópteros Blackawk. Además, en meses recientes ha realizado sobrevuelos de territorio mexicano con naves no tripuladas manejadas a control remoto (los llamados drones) para detectar narcotraficantes.

Las nuevas iniciativas, reporta Thompson, se llevan a cabo tres años después de que Estados Unidos incrementó su asistencia de seguridad a México a través de la Iniciativa Mérida (con un presupuesto de 1.4 mil millones de dólares, más otros millones del Departamento de Defensa). A la vez, también se impulsan estas iniciativas un año antes de elecciones federales en los dos países donde ambos presidentes y sus partidos podrían enfrentar cuestionamientos sobre la estrategia antinarcóticos que han implementado y sus resultados.

Si esa cooperación ha dado buenos resultados, ¿por qué no desciende el trasiego de droga?

Silenciosa invasión a la soberanía: juristas

Las ejecuciones no cesan en el país, a pesar del trabajo de inteligencia que se realiza, aseguran organizaciones no gubernamentalesFoto Xinhua

Alfredo Méndez y José Antonio Román

Periódico La Jornada
Lunes 8 de agosto de 2011, p. 3

La revelación que hizo el diario The New York Times respecto de que México se convirtió en la zona cero de la lucha contra el narcotráfico provocó reacciones de molestia y preocupación entre juristas y especialistas en seguridad y justicia mexicanos.

Los presidentes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y de la Unión Nacional de Juristas de México, Manuel Fuentes Muñiz y Eduardo Miranda Esquivel, respectivamente, coincidieron en que estos convenios binacionales de cooperación, enfocados a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, como el que mantienen México y Estados Unidos, violan la Constitución mexicana.

Ambas organizaciones agrupan a juristas de corte progresista a escala nacional.

Entrega de soberanía

Fuentes Muñiz sostuvo que no es únicamente una muestra de incapacidad gubernamental de las autoridades mexicanas en la lucha contra el crimen organizado trasnacional, sino también es una entrega de soberanía y una violación descarada a la Constitución.

Destacó que la Carta Magna establece en su artículo 21 que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las que actuarán bajo la conducción y mando de aquel en ejercicio de esta función.

El diario estadunidense publicó ayer en su página de Internet que los intercambios de inteligencia entre México y Estados Unidos han ayudado a la captura o eliminación de unos 30 líderes de narcotraficantes.

México se convirtió en la zona cero de la lucha contra el narcotráfico, cuyos cárteles son responsables de más de 80 por ciento de la droga que ingresa a Estados Unidos, por lo que ha recibido más asistencia antinarcóticos en los últimos tres años que Afganistán y Colombia, aseguró el rotativo.

El penalista Heraclio Bonilla consideró que “el absurdo señalamiento de que los cárteles mexicanos son responsables de ingresar 80 por ciento de la droga demandada por estadunidenses es una evidencia de que quienes integran el gobierno de Obama piensan que estamos igual de dañados que su pueblo y no tenemos capacidad para analizar los datos que ellos mismos generan.

“Si el intercambio de información y la suma de inteligencias han dado tan buenos resultados en capturas y ejecuciones, ¿por qué no ha descendido el nivel de ingreso de drogas al vecino del norte? ¿A quién le están haciendo el trabajo?”, se cuestionó el ex abogado del ex presidente Luis Echeverría.

En su reportaje, el NYT indicó que en fecha reciente operativos de la CIA y civiles con entrenamiento militar han sido enviados a una base militar en el norte de México, donde “por primera vez funcionarios de seguridad de ambos países trabajan conjuntamente en recolectar información sobre los cárteles de las droga y colaboran para planear operaciones”.

Este punto es el que causó mayor extrañeza a los especialistas consultados por este diario. La información revela una alta dependencia del calderonismo respecto del gobierno de Estados Unidos en materia de investigación de delitos, es decir, un colonialismo en materia de investigación y justicia penal, opinó el presidente de la ANAD.

Fuentes Muñiz exhortó al Congreso de la Unión para que, mediante una investigación, determine si hay responsabilidades de Calderón o de algún miembro de su gabinete encargado de la política internacional.

En el mismo sentido, el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, consideró que lo revelado por el rotativo demuestra que hay una silenciosa invasión a la soberanía nacional por parte del gobierno estadunidense.

El también vocero del Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo –integrado por un centenar de organizaciones sociales, obreras, campesinas, de juristas y de otros sectores que apoyan la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República– indicó que es vergonzoso e ilegal que el gobierno mexicano permita la operación de la CIA y de otros cuerpos policiacos y militares estadunidenses en territorio nacional para combatir a la delincuencia organizada que opera en México.

No es porque estemos en contra de que se combata al crimen trasnacional, que no se confunda. Señalamos el error de cálculo del gobierno calderonista, que al avalar esta política intervencionista permite que se refuerce la penetración e intervención económica, política, cultural y ahora policiaco-militar de Estados Unidos en México, sostuvo Miranda Esquivel.

Sobre los intercambios de información entre Estados Unidos y México, Vargas Aguilar recordó que nunca ha sido gratuito el apoyo que el gobierno del vecino país del norte le ha dado al mexicano, pues siempre va inmersa una intención de dominación o de imposición de sus políticas económicas, sociales o de seguridad nacional.

¿Cómo es posible que nuestro país reciba más asistencia antinarcóticos que Colombia y Afganistán? ¿De qué tamaño será el problema que enfrentamos, que ahora hasta la CIA (Agencia Central de Inteligencian de Estados Unidos) está operando en una base militar mexicana? Con esta información periodística queda la impresión de que los gobiernos de Felipe Calderón y Barack Obama nos están ocultando la verdadera dimensión del problema, o la verdadera intención del gobierno estadunidense, cuestionó Simón Vargas Aguilar, colaborador de La Jornada.

Colaboración hipócrita

La colaboración del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico resulta hipócrita, pues no hay un compromiso de frenar el consumo, que es el motor principal de este negocio ilícito, aseguró Édgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Al comentar las versiones periodísticas sobre el intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos, que han derivado en un aumento en la captura y eliminación de líderes narcotraficantes, el activista de derechos humanos señaló que esta participación de agentes estadunidenses se da sin ningún mecanismo de control.

Incluso, dijo, pareciera que el diseño de estas políticas y estrategias responden más a los intereses del país vecino que a los de México.

En entrevista, Cortez señaló que hasta ahora ha sido México el que ha pagado los costos sociales de esta lucha, donde Estados Unidos no se ha comprometido en el tema de disminuir el consumo de drogas, por lo que su colaboración resulta hipócrita. Señaló que mientras exista demanda de narcóticos, será materialmente imposible avanzar en esta lucha.

El activista agregó que la capacitación de cuerpos policiacos, dentro de un marco regulatorio transparente, resulta razonable, pero es inadmisible que agentes de Estados Unidos participen en interrogatorios de presuntos responsables vinculados con el crimen organizado en territorio nacional, pues esa es una tarea exclusiva de autoridades mexicanas.

Además advirtió contra la obtención ilegal de documentos o pruebas para inculpar a alguien, producto de intervención de comunicaciones sin la previa solicitud y autorización de los jueces.

De acuerdo con versiones periodísticas, fuerzas estadunidenses han entrenado más de 4 mil agentes federales mexicanos y han realizado grabaciones de conversaciones e interrogado a sospechosos.

Monterrey: ¿Terrorismo o Estado fallido?

Escrito por Jenaro Villamil

Fuente: Hechosdehoy.com.mx

Al pararme ante un puesto de periódicos la palabra más destacada en los rotativos capitalinos es “terrorismo” con sus distintas variables: “acto terrorista”, “verdadero terrorismo”, etc. Es la síntesis del discurso que lanzó el presidente Felipe Calderón en cadena nacional tras conocerse las dimensiones de la matanza en el Casino Royale.

Las medidas específicas de ese discurso fueron pocas: tres días de luto nacional, el anuncio de la recompensa de 30 millones de pesos a los responsables de la tragedia del casino Royale y el viaje del primer mandatario a la capital de Nuevo León.

En la definición de lo sucedido en el Casino Royale, el gobierno federal se juega no sólo su viabilidad sino la eficacia del mensaje, el apoyo social en el combate al crimen organizado y el balance de lo que ha sucedido en 5 años de su sexenio.

El término “terrorismo” sólo se ha oficializado hasta ahora. Ni en los ataques del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, ni en la matanza de Salvárcar en Ciudad Juárez, menos en el macabro hallazgo de cabezas arrojadas en bares, fiestas o en haciendas yucatecas o al encontrarse los 72 cuerpos de migrantes apilados en una fosa de San Fernando, Tamaulipas, las autoridades federales habían ensayado una definición cercana al “terrorismo”.

Fue Calderón quien lanzó la primera definición en su mensaje en Twitter la noche del jueves 25 de agosto: “acto de terror”, lo denominó. Minutos después su vocero del Consejo de Seguridad Pública, Alejandro Poiré lo divulgó. Y el viernes en la mañana, en mensaje en cadena nacional, el mandatario mexicano lo fraseó de la siguiente manera:

“Es evidente que no estamos enfrentando a delincuentes comunes. Estamos enfrentando a verdaderos terroristas que han rebasado todos los límites, no sólo los de la ley, sino del elemental sentido común y de respeto a la vida”.

En ese mismo discurso insistió en redoblar esfuerzos y las medidas adoptadas desde el inicio de su gobierno para combatir a las bandas criminales. Sin embargo, el mensaje presidencial no reparó en la involuntaria declaración de derrota que significa escalar la caracterización de la amenaza: ¿después de 5 años de decretada la “guerra” o “lucha” contra el narcotráfico, tras 50 mil muertos, y tras un despliegue militar fuera de la declaratoria de emergencia por qué hasta ahora admite que sí estamos ante un escenario de terrorismo?

Si llegamos al terrorismo significa que la estrategia original ha fallado. Si así fuera, ¿por qué no aclara Felipe Calderón qué medidas específicas se tomarán o pretenden adoptarse frente a una amenaza que implica, en esencia, una escalada mayor de violencia? ¿la clave está, acaso, en la Ley de Seguridad Nacional que Calderón urgió a aprobar en el Congreso?

Llama la atención que el presidente norteamericano Barak Obama no retomó el término colocado por Calderón para darle una dimensión a la tragedia de Casino Royale. Obama condenó “el bárbaro y reprobable ataque” en medio de una batalla para “terminar con criminales trasnacionales”. Tampoco Hillary Clinton se atrevió a denominar como “terrorismo” lo sucedido. Y eso que la secretaria de Estado había alertado meses antes sobre la configuración de una “narco insurgencia” en México. Término que indignó al gobierno mexicano.

Ni Obama ni Clinton reaccionaron al explícito reproche de Calderón contra Estados Unidos en su discurso: “también ustedes son responsables”. Paradójicamente, ésta fue la nota principal para rotativos como el español El País que tituló así la noticia: “Calderón carga contra Estados Unidos tras la matanza de Monterrey”.

La Jornada desplegó en su contraportada la nota divulgada por The New York Times en la que se documenta, con mayor detalle, la evidente y clara participación de militares y agentes estadounidenses en la batalla contra el narcotráfico. El rotativo habla de operaciones boomerang , cuyo objetivo es evadir la vigilancia y corrupción del crimen organizado en México, así como ofrecer sitios de alta seguridad para la colaboración entre los dos países.

Según The New York Times en los últimos 18 meses se han realizado dos de estos operativos, “con resultados poco significativos”.

¿Esto forma parte del guión de lucha contra el “terrorismo” que ha adoptado Calderón? ¿O simplemente se trata, una vez más, de una cesión mayor de soberanía para confirmar la tesis norteamericana de que vivimos frente a un Estado fallido que requiere de la “asesoría” de los organismos de inteligencia y de combate de nuestro vecino del norte?

La tragedia de Monterrey es peor por partida triple: en primer lugar, porque existían elementos suficientes para prever que un ataque o matanza de estas dimensiones se estaba preparando desde hace tiempo y las instituciones estatales y federales no hicieron nada para evitarlo; en segundo lugar, porque al endurecer su discurso Calderón da un salto todavía más peligroso y discrecional en una batalla que tenderá a polarizar más a la sociedad mexicana y no evitará nuevas víctimas civiles en esta escalada violenta; y, en tercer lugar, porque ni los reproches ni los berrinches presidenciales contra Washington han evitado lo que es un hecho: pasamos de la “colaboración” a la creciente “intervención” de los Goodfellas.

Tragedia, errores y oportunismo político

Editorial La Jornada

A casi dos días del ataque cometido contra el casino Royale de Monterrey, Nuevo León –que arrojó un saldo oficial de 52 muertos–, sigue resultando imposible responder, con base en la información disponible, a las preguntas fundamentales sobre quiénes planearon y ejecutaron este atentado y con qué propósito: hasta el momento, lo único que puede establecerse con certeza es que este hecho, abominable desde cualquier perspectiva, forma parte de un giro cualitativo en la barbarie que sacude al territorio nacional, en la medida en que ha tomado como objetivo a personas inocentes y ajenas a los conflictos entre organizaciones criminales y a las pugnas entre éstas y las corporaciones de seguridad pública.

Un efecto colateral del atentado, sin embargo, ha sido poner al descubierto la irregularidad y opacidad con que operan las casas de apuestas en México, y particularmente en Monterrey, donde más de una docena de establecimientos de ese tipo funcionan sin los permisos correspondientes –incluido el casino atacado– y donde la proliferación de esos negocios resulta, dada la ubicación geográfica de la ciudad –en una de las principales rutas de trasiego ilegal de estupefacientes–, un blanco más que atractivo para la operación de bandas delictivas, la corrupción de autoridades y el lavado de dinero.

Es importante recordar que nuestro país se caracterizó históricamente por ostentar una normatividad estricta respecto de la operación de centros de apuestas. Desde que en 1935 el entonces presidente Lázaro Cárdenas prohibió las casas de juego –con el fin de evitar el surgimiento de efectos sociales y económicos perniciosos, pero también por considerarlas espacios proclives para el surgimiento de la corrupción y para la operación de las mafias–, las sucesivas administraciones mantuvieron esa política de proscripción durante casi siete décadas a pesar de los numerosos intentos de grupos políticos y empresariales por derogarla. Fue hasta la pasada administración panista, la encabezada por Vicente Fox, y a instancias de un reglamento de ley publicado por la Secretaría de Gobernación en la gestión de Santiago Creel, que se potenció un crecimiento desordenado de la industria de juegos de azar. Ahora, a raíz de la tragedia ocurrida en Monterrey, las autoridades tendrían que verse obligadas a dar marcha atrás en lo que a todas luces fue un error histórico y revertir las prácticas que permitieron la anarquía imperante en ese rubro, en el entendido de que esa medida pudiera redundar en una acción mucho más efectiva para combatir al crimen organizado que los aparatosos –y a lo que puede verse, inútiles– despliegues policiaco-militares en el territorio.

Mención aparte merecen los señalamientos formulados ayer por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, durante el mensaje en que fijó la postura de su gobierno respecto de la tragedia en el casino Royale. En dicha alocución, el político michoacano mezcló la obligada condena que merece un episodio de esta naturaleza con pronunciamientos que, más que producto de la consternación, parecieran obedecer a un intento por lucrar políticamente con el dolor de medio centenar de familias y de todo el país: tal es el caso de la declaratoria de luto nacional emitida por el político michoacano durante su discurso –con una premura que no ha sido mostrada por el propio gobierno calderonista ante acontecimientos igualmente trágicos y lamentables, como el incendio en la guardería ABC– y del intento por impulsar, a partir de estos trágicos acontecimientos, la aprobación de la controvertida ley de seguridad nacional.

En estas horas difíciles, lo que cabe exigir del gobierno es una respuesta enérgica, sí, pero sobre todo transparente y sensible al sufrimiento de la población. Preferible a posturas que enrarecen y contaminan el panorama político y la percepción pública de los hechos delictivos sería que la autoridad lleve a cabo las pesquisas correspondientes y que ofrezca, cuanto antes, una respuesta verosímil y convincente sobre los puntos oscuros que persisten respecto de este episodio.

Los riesgos

Luis Javier Garrido

El gobierno de la derecha panista está tratando de venderle a Washington la tesis de que su proyecto de intervención militar y económica en México y en otros países del continente, sustentado en la Iniciativa Mérida, estaría en grave riesgo de no imponerse a otro miembro del PAN en Los Pinos en 2012, y esto lo está llevando a un mayor entreguismo y a intensificar la violencia originada por el Estado.

1. Las elecciones presidencial y legislativas de 2012 se están presentando de esta manera, desde hace tiempo, como coyuntura crucial no nada más para los intereses de los grupos mafiosos en el poder en México sino también para las políticas de Washington tendientes a controlar América Latina, en vistas a disponer de los recursos estratégicos del continente, y es cada vez mayor la injerencia de múltiples grupos de interés extranjeros en el proceso político de México, de manera que los meses previos a los comicios se presentan bajo el signo de múltiples conflictos.

2. La administración Reagan impuso desde inicios de los años 80 del siglo pasado la tesis de que políticos de derecha, por muy ineptos e ineficientes que fuesen, servirían mejor en México a sus intereses que los surgidos del PRI, marcado a juicio de Washington por el estatismo y el populismo –sobre todo tras la nacionalización de la banca de 1982– o desde luego que políticos con un compromiso social y una visión de Estado que respondieran a las expectativas populares. Fue así que las siguientes administraciones de George Bush (1989-1993) y William Clinton (1993-2001) impulsaron decididamente ese objetivo, que más tarde las de George Bush Jr. (2001-2009) y Barack Obama (2009-…) han buscado consolidar con ese mismo criterio de que personajes mediocres de la derecha oscurantista, clerical y fanática del PAN, como Felipe Calderón, son más útiles y efectivos para sus intereses.

3. La pretensión de Felipe Calderón de que luego del desastre absoluto de su administración en todos los órdenes, Estados Unidos, avale su pretensión de dejar a un panista en Los Pinos, y que ha sido vista como descabellada hasta para el mismo capital nacional y trasnacional, sigue vigente por lo mismo, por mucho que aparezca como un absurdo. Eso explica que dos aspirantes señalados como ineptos, como el titular de Hacienda, Ernesto Cordero (candidato de Felipe), y el secretario de Educación, Alonso Lujambio (candidato de Margarita), se sientan con posibilidades. O que Slim (es decir, Salinas) coquetee con el senador Beltrones (un candidato para perder) a fin de enviarle señales a Peña Nieto (un candidato para pelearla) de que no está todo decidido.

4. O, lo que es todavía más grave, que se estén multiplicando una serie de iniciativas políticas, que comprometen no nada más a Calderón y a los panistas sino también al PRI, las que atentan abiertamente contra el porvenir del país como una nación libre y soberana, pues al parecer ambas fuerzas políticas están dispuestas a hacer las mayores concesiones a Estados Unidos con tal de tener el respaldo de la administración de Obama en 2012.

5. El PAN y el PRI, según todos los indicios, están buscando en esta coyuntura hacer prevalecer los intereses facciosos que representan –y que en el fondo son los mismos–, y para ello no están dudando en hacer entrar de manera cada vez más abierta y peligrosa a Washington en el proceso mexicano.

6. Washington está teniendo que enfrentar en el norte de África y en el Medio Oriente nuevas y riesgosas guerras de intervención en su diseño de controlar el petróleo y los principales recursos estratégicos del planeta, pues la mascarada de la primavera de los pueblos árabes se ha desvanecido ante la realidad de la intervención armada extranjera, y el proyecto de instaurar en esos países con facilidad un nuevo autoritarismo (pro Estados Unidos) en vez del antiguo autoritarismo (menos dependiente), se está complicando de fea manera en Libia y en Siria, en donde está apareciendo el riesgo de que se iraquicen los conflictos, mientras en Túnez y Egipto las cosas no están tan claras para las corporaciones estadunidenses.

7. En México, por el contrario, con Felipe Calderón y un puñado de políticos fanáticos, sumisos y traidores de la ultraderecha mexicana, la administración Obama está teniendo con facilidad todo lo que en Libia le ha llevado meses de guerra con un resultado aún incierto: el control militar de fronteras, aeropuertos, costas y mar territorial; la sumisión a sus agencias del Ejército, la Marina y la Policía Federal mexicana, así como el establecimiento de una base camuflada; la penetración sin problemas en la organización y estructura de gobiernos locales y municipales; la entrega a las trasnacionales del petróleo, la minería y otros recursos estratégicos pasando por encima del marco constitucional y legal mexicano; y, por último, un enclave estratégico para profundizar su proyecto en América Central y el Caribe.

8. Los meses que van desde este retorno a la actividad parlamentaria el próximo primero de septiembre y las elecciones de 2012 aparecen ya en consecuencia a) como un riesgo mayor para la sociedad mexicana, puesto que el gobierno calderonista está dispuesto a multiplicar las acciones violentas y atentados de su falsa “guerra contra el narco” para atemorizar a todos y convencer de que sólo los panistas pueden luchar contra el crimen organizado; b) un riesgo mayor para la nación de que un PRI doblegado ante el chantaje en Washington acepte fácilmente votar en las cámaras legislativas las iniciativas anticonstitucionales y antinacionales en materia laboral, político-electoral y de seguridad nacional, lo que llevaría a un desastre social e institucional aún mayor que el actual; c) un riesgo de que el proceso de fascistización del país se extreme a todos los niveles, como se ve ya en la política que están siguiendo los medios masivos de comunicación; d) un riesgo de que los entreguistas calderonistas multipliquen las concesiones ilegales a Washington, a espaldas y en contra de los mexicanos; e) un riesgo de que el proceso electoral del año próximo se violente como nunca antes en nuestra historia, lo que ya es mucho decir, y f) un riesgo, en fin, para América Latina de que un México, instaurado como un protectorado, sirva como base para combatir a los gobiernos que tienen aspiraciones nacionales.

9. Las señales ominosas se ven ya todos los días. Calderón entregó este mes de agosto, para vergüenza de la nación, a corporaciones multinacionales los primeros tres campos maduros de Pemex yendo en contra de lo establecido por la Constitución mexicana, y en otra dimensión de la vida pública nadie duda de que la violencia que se está incrementando sea generada desde el poder. Y aún falta casi un año para los comicios.

10. Los peligros que se ciernen sobre la nación y los mexicanos en los próximos meses son muy grandes, por mucho que algunos se resistan a reconocerlo, y se puede decir que como nunca está en juego el futuro del país, por lo que deben multiplicarse las iniciativas para impedirlo sin dejar de espetarles a Calderón y a sus cómplices lo que el pueblo una y otra vez está gritando: ¡Ya basta!