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2/22/2020

El Estado falla en su responsabilidad de garantizar seguridad a las mexicanas

Cimacnoticias habló sobre las obligaciones del Estado para garantizar seguridad a las mujeres, con la magistrada de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Celia Marín Sasaki, quien ha conocido de diversos casos de feminicidio, entre ellos el de Lesvy Berlín Rivera, al resolver que debería clasificarse como feminicidio agravado.
– Sonia Gerth (SG): ¿Cuál es la responsabilidad del Estado frente a la violencia de género?
-Celia Marín Sasaki (SMS): En primer término, en el tema de la violencia de género nuestro país ha sido declarado responsable de violar los Derechos Humanos de las mujeres, en la resolución de Campo Algodonero, que tiene que ver con el tema que todas y todos conocemos tristemente, de las mujeres asesinadas de Juárez. Ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) hace un estudio muy profundo y declara responsable a nuestro país, por haber violado diversos Derechos Humanos de las mujeres. En el caso concreto, había violaciones a las garantías judiciales, a la debida diligencia, a las tutelas jurídicas efectivas, a la protección de estas niñas, porque dos de ellas eran menores de edad, violaron su derecho a la vida, su derecho a la integridad corporal. En todos estos derechos, el Estado fue responsable de esa violación, porque en principio, no les dio la protección que ellas requerían para desarrollarse en una vida libre de violencia. Y en segundo lugar, cuando ya se cometieron los delitos, no actuaron con la debida diligencia. ¿Qué hacían las autoridades cuando las familiares iban a denunciar las desapariciones? Les decían, basándose en todos estos estereotipos de género, “no, no vamos a iniciar las investigaciones, sino que hasta después de 48 horas, 72 horas, porque estas niñas han ido a bailar con sus novios!” Cuando el tiempo en esos delitos, esas investigaciones, ¡el tiempo es oro! Entonces, no actuaron con la debida diligencia. Y una vez que se comete todo este delito, empezamos a tener el problema de las investigaciones, de judicializar todo esto. A 10 años de la resolución de Campo Algodonero, no hemos cumplido, y seguimos teniendo víctimas y víctimas, y el feminicidio sigue en aumento. Y a diario se mata a diez mujeres, nada más por el hecho de ser mujeres!
-SG: ¿En manos de quién debería de estar la responsabilidad de cumplir? ¿Olga Sánchez Cordero?
-CMS: No, no. Las responsabilidades están en diversos órdenes. En principio, el Ejecutivo, como todas las autoridades del país, así lo declararon en la resolución de Campo Algodonero, todas las autoridades del país somos responsables, y somos garantes del respeto de los Derechos Humanos de las mujeres. Uno, el Ejecutivo, a través de sus políticas públicas efectivas. El legislativo, a través de una legislación acorde, correspondiente, y que realmente sea aplicable. Y en tercer lugar, el Poder Judicial a través de las resoluciones que emite cuando hay necesidad ya de meternos al problema de toda la violencia de género. Desde las violencias más leves, cuando están judicializadas, hasta el feminicidio, que es la violencia extrema. Todos los órganos del poder están involucrados. Somos responsables Ejecutivo, Legislativo, y Judicial.
-SG: Pero ¿se ha visto un cambio estructural a diez años que existe la sentencia?
– CMS: Sí, claro, las políticas públicas han cambiado, la legislación también. Hemos cumplido, porque están las recomendaciones, ¿no? Se tipificó el feminicidio. Se  aplica la perspectiva de género porque en esa resolución de Campo Algodonero, nos ordena: tu tienes que aplicar esta política pública, tu legislación y tus resoluciones ¡con perspectiva de género! La perspectiva de género ahí surge como una obligación convencional. Ya vinieron reformas constitucionales, entonces ya tenemos muchas herramientas, y muchos instrumentos de carácter formal. ¿Qué nos ha dicho la Corte Interamericana? México, tú ya tienes tratados internacionales, tienes reforma constitucional, tienes reformas a leyes secundarias, tienes protocolos… lo único que te falta, es que toda esa normatividad formal la apliques en la vida real, en la realidad de todas y cada una de estas víctimas.
-SG: Correcto, porque el año pasado Cimacnoticias publicó una investigación sobre varios casos de Justicia Patriarcal donde constatamos eso: tienen las herramientas, ¡pero no las aplican!
-CMS: Exactamente. Mira, todas esas leyes es una parte formal del derecho, pero ese derecho para que funcione y se aplique en la vida de los justiciables, hay que aplicarlo al caso concreto. Hay que hacerlo una realidad y en eso todavía estamos muy cortos porque la perspectiva de género no la entienden. La perspectiva de género, tanto en el Ejecutivo, el Legislativo y lo Judicial, es una metodología, es una herramienta que trata de poner en un plano de igualdad a las partes cuando existen asimetrías de poder y en un plano de igualdad. Te pongo el ejemplo de un proceso: Generalmente la situación de los hombres está arriba y la situación de las mujeres está abajo. Y tú no empleas la perspectiva de género como una metodología para partir de planos de igualdad, entonces claro que lo que tú resuelvas va a seguir manteniendo esa asimetría del poder, en donde a las mujeres siempre les va muy mal. También, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una jurisprudencia cuyo título es “Acceso a la Justicia en Condiciones de Igualdad. Elementos para juzgar con perspectiva de género.” Y te da toda una serie de pasos, en donde te señala qué es lo que tienes que observar tú como juzgador para eliminar esas asimetrías de poder, que impiden impartir esta justicia de manera completa e igualitaria. En principio, dice: “Para ello el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia.”
-SG: Sí, conozco la jurisprudencia. Mi pregunta iba más bien: ¿Cómo hacer que los servidores públicos realmente implementen la perspectiva de género? No solamente jueces y juezas, también policías, peritos por ejemplo… hay quienes dicen que hay que implementar sanciones a estas personas, que no solamente no lo hacen, sino también que violan los Derechos Humanos de las mujeres. Entonces, ¿En la Ciudad de México, son muy frecuentes los juicios contra servidores públicos?
-CSM: No, no no. En mi vida de juzgadora, nunca he visto algo así. Que se tipifique algún delito o que se lleve al ámbito penal por omitir, o sea, un delito de obstrucción de justicia o de servidores públicos por no aplicar la perspectiva de género, nunca lo he visto. Hasta el día de ahora nunca lo he visto.
-SG: Sólo como un ejemplo. El juzgador que dejó libre al ex CEO de Amazon que mató a su ex esposa, Abril Pérez, o la filtración de datos que revictimizan , y otras violaciones a Derechos Humanos. ¿Nunca ha visto usted?
-CSM: Nunca he visto una imputación, una investigación, una carpeta, o una investigación previa antes, en relación con ese tipo de conductas. Nunca las he visto. En mi vida de juzgadora. Ahora, creo que aquí hay un grave problema que tiene que ver con la especialización de esos órganos. El feminicidio es un delito complejo, que protege dos bienes jurídicamente tutelados: uno es la vida de las mujeres, y la otra, es el tema del género. Y lo desarrolla perfectamente el legislador cuando crea el tipo penal. Pero hay un gran desconocimiento en relación con esto. Y el gran desconocimiento aunado a la resistencia para poder comprender cuál es el alcance de este tipo penal, porque ahí está la influencia androcéntrica y patriarcal que no lo permite. Entonces, tú analiza, cuáles son los órganos especializados en esto ¡No existen! Sencillamente no existen. Porque para que tú especialices un órgano en esto, número uno, tienen que conocer la teoría de género. ¡Y no la conocen, ni en sus niveles más elementales! Entonces, no hay especialización, no hay capacitación precisa, clara. Hay instituciones que tienen protocolos para investigar y juzgar con perspectiva de género. La gente de sus instituciones, ¡no lo conocen!
-SG: Ah si? ¿De la Fiscalía Especializada?
-CSM: Pues, bueno. Para que te digo. Son diversas instituciones que tienen que ver con el tema. Y a ver ¿dónde está la currícula? ¿Quién se encarga de esto? Y esa especialización debe estar desde la cabeza hasta los pies. Y además, la gente ¡que esté convencida del tema! Porque si pones a puros machistas ahí, ¡pues nunca va cambiar el tema!
-SG: Entonces, por lo que dice, supongo que usted opina que debe prevalecer el tipo penal del feminicidio
-CSM: ¡Claro que tiene que prevalecer! Porque eliminarlo o hacerlo a un lado, implica un desconocimiento de la gravedad de la violación de Derechos Humanos que representa esta figura típica. ¡No puede desaparecer! ¡Ni se puede modificar! Ni se le puede cambiar de nombre, esto es así. Naciones Unidas nos lo ha recomendado. La Corte Interamericana nos lo ha recomendado. No, ¿qué más falta? Estaríamos muy mal. Sería un retroceso en estos temas. Creo que tenemos que avanzar. Ya tenemos legislación, hay política pública. Vamos avanzando en especializar, en formar las y los servidores públicos.
-SG: ¿Hay algún aspecto que olvidé?
-CSM: Creo que nunca hay que perder de vista que la violencia contra las mujeres, Naciones Unidas la considera una pandemia. Imagínate el tamaño del problema. Cuando nos dicen que el tema de la violencia, “es un tema cultural”, hazte cuenta que me están mandando un mensaje de “no tiene remedio”. Y eso no es cierto, ¡yo me niego rotundamente a aceptar esa conclusión tan nefasta! ¿Qué tenemos que hacer? Prevención. ¡Tenemos que educar! Tenemos que ir a las escuela. Tenemos que empezar en etapas muy tempranas a formar, a ir creando, educando en la teoría de género. Y siempre estar presente en la primaria, la secundaria, en la preparatoria, en las facultades, en los posgrados: siempre estar presente ¡y como una asignatura obligatoria! Porque sino, no va haber ningún factor de cambio. ¡Jamás! ¿Qué queremos? Que ya no maten más mujeres. Claro que si ya las matan tiene que operar el mecanismo represivo, la sanción penal y todo lo que quieras, pero es mejor que no las maten, ¿no?


Ciudad de México. 

10/10/2018

No sólo en informes: la ausencia de Estado de derecho en México es un reclamo de años en la red


Ivonne Ojeda de la Torre

#MetaDatos | En las redes sociales, el Estado de Derecho mexicano ya estaba reprobado desde el 2014 cuando estallaron las protestas por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Una percepción similar arrojó el Índice global en esta materia presentado por World Justice Project. En la conversación, que se mantuvo con alta actividad entre la noche del lunes y la mañana del martes, trascendió el comentario de la Diputada Tatiana Clouthier, quien atribuyó el deplorable estado de las instituciones a la violencia e inseguridad.

En redes sociales como Twitter, el reclamo por la ausencia de impartición de justicia, la extendida corrupción en todos los niveles de Gobierno y la falta de credibilidad en las instituciones se ha visto reflejado en movilizaciones que han marcado al sexenio de Enrique Peña Nieto, entre ellas destacan #FiscalíaQueSirva, #LeyDeSeguridadInterior y #VerdadHistórica.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– La tendencia “Estado de Derecho” generó 11 mil 200 tuits a las 12:00 horas de este martes. El posicionamiento de esta frase se debió a las reacciones de indignación ante los resultados del índice del Estado de Derecho en México, realizado por World Justice Project, en donde el país obtuvo un promedio de .039, en una escala donde la máxima calificación es 1 y la mínima 0.
Los comentarios ante la baja calificación que obtuvo México en procuración del Estado de Derecho se intensificaron entre la noche del lunes y la mañana del martes. Esta discusión detonó en Twitter a partir de un tuit de la Diputada federal Tatiana Clouthier Carrillo (@tatclouthier), quien atribuyó la falta de Estado de Derecho en México al déficit de seguridad, y los altos índices de violencia que atraviesa el país, así como los abusos de poder de los gobiernos locales.
“Hola, así amanecemos dice World Justice Project: 32 entidades reprobadas en Estado de Derecho. La inseguridad, justicia ineficaz y desmedido poder de los gobiernos, las principales razones Guerrero, Baja California Sur, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Sonora, los peor”, indicó Clothier en su publicación que rebasó los 2 mil retuits.
Los mayores déficits que reporta el Índice de Estado de Derecho en el caso de México coinciden con los señalamientos y demandas de los usuarios en las redes sociales en torno a impunidad, corrupción e inseguridad que han sido generados durante el último sexenio.
De acuerdo con el estudio, el país obtuvo 0.35 puntos en promedio en la categoría “ausencia de corrupción”, uno de los promedios más bajos de los factores que revisó la ONG. Esta problemática ha sido un tema central en las conversaciones de corte político en las redes sociales, sobre todo en Twitter donde el elevado índice de corrupción que padece el país es denunciado en todos los niveles de Gobierno. La corrupción en México es uno de los pendientes que durante esta Administración no mostró avances significativos. Según el Índice Global de Corrupción, en el 2017 México empeoró por un punto con respecto al estudio del 2016 al incrementar de 29 a 30 puntos y colocarse en el lugar 135 de los 180 países evaluados.
El gráfico de la izquierda jerarquiza los alcances de las tendencias analizadas con relación al Índice del Estado de Derecho en México. A la izquierda se muestra el tamaño total de la muestra analizada. Foto: SinEmbargo
La indignación ante los altos niveles de corrupción en México involucró a 336 mil 518 cuentas en Twitter por la mañana de este martes, según el alcance estimado por Tweet Reach. Sin embargo, no es una discusión nueva. Durante el último sexenio han surgido varias movilizaciones para exigir que las instituciones gubernamentales erradiquen la corrupción. Los casos más trascendentes han sido las demandas por una #FicalíaQueSirva y el rechazo a la #LeyDeSeguridadInterior.
De la falta de confianza en las instituciones deriva el reclamo para que se instale un sistema anticorrupción eficaz en México. Los casos de corrupción emblemáticos durante este sexenio como los desfalcos cometidos por el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa y los desvíos que fueron detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Secretaría de Desarrollo Social, incrementan la indignación por el protagonismo que adquiere la corrupción en los gobiernos mexicanos.
Por otro lado, la ausencia de una Fiscalía independiente, y la propuesta de que dicho Fiscal sería elegido a través de una terna propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto, generó entre los usuarios preocupación, ante la posibilidad de que un fiscal a modo evitaría que casos que afecten los intereses del Ejecutivo sean procesados con el rigor necesario o incluso sean omitidos. De este malestar surgió la etiqueta #FiscalíaQueSirva que se mantiene con actividad a unas semanas de que concluya el sexenio. Este martes el hashtag tuvo un alcance de 336 mil 518 cuentas.
LA CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA
Otro de los factores que fueron medidos en el índice global del Estado de Derecho, fue la seguridad que garantiza el Gobierno mexicano. Los altos índices de violencia e inseguridad que alcanzaron niveles récord en esta Administración, contribuyeron a que en los resultados del estudio el país obtuviera un promedio de 0.40 puntos. La impunidad, la inseguridad, y el abuso de poder, que refirió la Diputada Clouthier, se han convertido en una problemática de abordaje recurrente en las redes sociales.
La afirmación sobre un México violento alcanzó el martes más de 12 millones de cuentas. Sin embargo, esta discusión es apenas una capa de las muchas que componen la conversación sobre la violencia que lacera al país. Sin mencionar la palabra violencia, esta problemática se refleja también en las dinámicas que se generan todos los días a través de los reportes de riesgo (#SDR) en localidades donde el crimen organizado tiene alta presencia, así como la violencia que estos mismos grupos esparcen a través de la red.
La actividad de la tendencia “Estado de Derecho” se mantuvo sin muchos cambios hasta las 15:00 horas del martes. Foto: Tweet Binder
Durante el mes de marzo, una protesta estalló en las redes sociales a partir de la desaparición y asesinato de Javier Salomón Aceves Gastelum, Marco Francisco García Ávalos  y Jesús Daniel Díaz García, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) en la ciudad de Guadalajara.
Esta protesta tuvo varios momentos, desde las alertas emitidas tras su desaparición, hasta las protestas que se generaron después de la que la Fiscalía de Jalisco informó que sus cuerpos fueron disueltos en ácido por integrantes del crimen organizado. A través del hashtag #NoSonTresSomosTodxs los usuarios participantes expresaron su indignación ante la extrema violencia a la que fueron sometidos los estudiantes. Sin embargo, esta protesta también albergó el consenso sobre la falta de credibilidad de las autoridades y la versión que proporcionaron de los hechos.
La crisis de credibilidad de las instituciones también fue visibilizada en las protestas por los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. A través del hashtag #VerdadHistórica miles de usuarios consideraron insostenible la versión dada por las autoridades sobre el supuesto asesinato de los 43 jóvenes a manos del crimen organizado, y de manera posterior incinerados en un basurero. Estos dos casos trascendieron durante el último sexenio, en donde la falta de credibilidad en las instituciones fue una constante. Sin embargo, la misma problemática se mantiene latente en los foros digitales y el mismo reclamo aparece en cada coyuntura que involucra al aparato se seguridad del Estado.

6/07/2018

El peligro real

La Jornada
Néstor Martínez Cristo

México está en peligro. Sin duda. En un grave riesgo, diría yo. Pero no por el populismo que tanto preocupa a algunos ni por la amenaza de convertirlo en otra Venezuela. No.

El país está en un serio riesgo porque la violencia está desatada y el crimen organizado, desbordado. Porque ya no sólo se conforma con infiltrar, erosionar o corromper las estructuras policiacas, de seguridad y de justicia, para continuar con sus redituables negocios ilícitos. Ahora va por más territorio, por más poder político del que detenta.

A la oleada de asesinatos de candidatos y políticos que ha hecho de este proceso electoral el más violento de la historia, se han incorporado sumas millonarias de dinero en efectivo que circula subrepticiamente para financiar candidaturas al margen de la ley. La injerencia externa en el proceso electoral es tal, que se estima que por cada peso legal, 15 no son declarados a la autoridad.

En este contexto, resulta consecuente inferir que una tajada considerable de ese enorme flujo monetario procede de la participación activa de la delincuencia organizada, particularmente del narcotráfico, que opera, que financia y que veta candidatos, pero que al mismo tiempo impone a los suyos y decide a quién apoya.

Si bien no existen cifras oficiales, las ejecuciones de candidatos y políticos vinculados a este proceso electoral se cuentan por decenas. Según estimaciones de la Asociación Nacional de Alcaldes, desde septiembre suman 106 políticos ejecutados y más de una treintena de ellos eran aspirantes a una alcaldía o diputación. El número es tres veces superior al de los asesinatos ocurridos durante las elecciones federales de 2015… y todavía falta casi un mes de campañas.

Los homicidios, que lo mismo suceden en alcaldías de Oaxaca, Guerrero o Chiapas, que de Puebla, Veracruz o del estado de México, ocurren a plena luz del día, en la impunidad, sin que las fuerzas del orden sean capaces de oponer resistencia. La delincuencia organizada actúa tal como es: sanguinaria, retadora, descarada, corruptora.

Apenas el fin de semana pasado, en Oaxaca, el homicidio de Pamela Terán Pineda, aspirante de la coalición Todos por México al ayuntamiento de Juchitán, hizo que los candidatos de cinco partidos determinaran suspender sus campañas, en tanto no existieran las garantías de seguridad para continuarlas. Tan sólo en esa entidad van, a la fecha, 21 candidatos muertos.

En realidad no son nuevos ni pocos los casos documentados sobre vínculos de gobernantes, políticos, empresarios y hasta militares, con la delincuencia organizada. Lo que alarma ahora es la intensidad, la violencia y el descaro con que se muestra el crimen ante la pasividad de las autoridades, en una coyuntura electoral tan delicada.

Sería ingenuo entonces creer que la delincuencia organizada no ganará espacios políticos en estas elecciones. Ha sabido mover sus fichas en el tablero; ha invertido lo necesario; ha colocado a los suyos en posiciones donde mejor le ha convenido y no ha dudado en hacer a un lado a todos y a todo aquello que le estorba.

Parece obligado que quien sea que gane la Presidencia de México atienda este problema –a mi juicio el mayor que enfrenta el país– sin tardanzas ni simulaciones. El avance irrefrenable del crimen organizado amerita, por tanto, una respuesta pronta, enérgica y de la misma magnitud.

El próximo presidente deberá atender desde luego las causas de fondo y definir –o redefinir– la estrategia frente al crimen organizado, en particular al tráfico de drogas, así como crear las instituciones necesarias, funcionales e independientes que permitan establecer un auténtico estado de derecho, a partir de un sistema de justicia confiable.

Está claro que los narcotraficantes están dispuestos a seguir adelante a costa de lo que sea. Sin escrúpulos ni recato. Tienen el dinero, las armas y el apetito del poder político. Es imperativo que la sociedad, las instituciones y los grupos de interés, señaladamente los empresarios, exijan al nuevo gobierno detener esa intentona que, de lograrse, terminaría por desestabilizar las estructuras de gobierno y por vulnerar al Estado mexicano.

En nada ayudará continuar ignorando o simulando que la delincuencia se mueve al margen de lo electoral. Está más activa que nunca y sabe lo que quiere. El asunto es tan delicado que no puede seguir siendo el elefante en la sala. La advertencia baladí sobre el populismo que vendría y que arruinaría al país equivale al petate del muerto. El peligro real se afianza ahora mismo, frente a la indolencia de todos nosotros, en las estructuras de poder.

6/08/2017

Penales y seguridad: el cambio que se requiere



La Jornada 
La barbarie que se desató entre el martes y ayer en el penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas –con un saldo de siete muertos y 13 heridos–, es indicativa del quiebre del estado de derecho que prevalece en buena parte de las prisiones del país y que se manifiesta en corrupción, explotación, narcotráfico y autogobierno en el interior de los reclusorios. Las que debieran ser instituciones modelo en materia de observancia de las leyes y control por el gobierno, suelen ser, por el contrario, territorios sin ley, en los cuales florece con particular brutalidad el imperio del más fuerte.
Aunque el principio de autoridad debería ser permanente en las prisiones, los cruentos enfrentamientos referidos dan cuenta de que en ese centro de reclusión tal condición brillaba por su ausencia –hasta el punto de permitir el ingreso de armas de alto poder– y que fue un intento por restaurarlo el que detonó la balacera en su interior.
Tal situación de descontrol no sólo se presenta en prisiones de mediana seguridad, como la de la capital tamaulipeca, sino incluso en cárceles de supuesta alta seguridad, como lo indican las dos fugas deJoaquín El Chapo Guzmán de los penales de Puente Grande, en Jalisco, y del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México. Esa circunstancia da por resultado la repetición de episodios trágicos como el de esta semana en Ciudad Victoria.
Para empezar a resolver este problema es necesario reconocer que el Estado ha renunciado a sus deberes primordiales como responsable de la readaptación social de los delincuentes y como garante de la seguridad, la probidad y el profesionalismo en las cárceles, en las cuales se resumen y concentran las peores miserias que afectan a la institucionalidad: la corrupción, el desdén por la vida humana y la falta de compromiso con la vigencia de los derechos humanos. En las prisiones, los reos no son vistos como personas que merecen una política de readaptación social, sino como objetos comercializables y explotables de los cuales puede sacarse el máximo provecho monetario.
Así, los reclusorios, en vez de cumplir su función como instrumento de combate a la delincuencia, se convierten en centros difusores de ella y en escuelas de crimen, crueldad y cinismo.
Es significativo, a este respecto, que en la pasada década el país ha construido cárceles a un ritmo vertiginoso y que ello no se ha traducido, ni mucho ni poco, en un incremento de la seguridad ni en una reducción de la violencia y del índice de hechos delictivos.
Es tiempo de replantear los instrumentos de la política penal vigente y de reconsiderar una estrategia de seguridad, que en lugar de combatir la delincuencia parece multiplicarla. Tal vez si el combate a lacorrupción en todas las instancias de la administración pública fuera algo más que un propósito repetido hasta la saciedad; si se diera prioridad a la edificación de escuelas y universidades por sobre la erección de cárceles, y si las autoridades se presentaran ante los infractores como ejemplo de observancia de las leyes, sería posible lograr resultados menos desoladores que los obtenidos hasta ahora.

4/23/2017

Marzo es el mes más violento del sexenio: 2 mil 20 homicidios


Colima, el estado con menor población, sigue en primer sitio

Periódico La Jornada

Marzo pasado fue el mes más violento en lo que va del sexenio.
La estadística oficial registró 2 mil 20 casos de homicidios dolosos –algunos múltiples–, episodios en los que 2 mil 256 personas se convirtieron en víctimas.
Si la observación se limita a averiguaciones previas abiertas en las procuradurías y fiscalías estatales, rebasar la línea de los 2 mil crímenes en un mes convierte a marzo en el tercer periodo más convulsionado en dos décadas.
En junio de 2011, la compilación fue de 2 mil 38 asesinatos intencionales a escala nacional y, en primer sitio, desde el origen de la estadística de incidencia delictiva, en 1997, el mes más crítico hasta ahora es mayo de 2011, con 2 mil 131 muertes.
Los homicidios dolosos son el principal indicador de los delitos de alto impacto, relacionados con acciones de la delincuencia organizada.
Los periodos que ocupan los primeros lugares en esta situación crítica histórica ocurrieron en el último tramo del sexenio de Felipe Calderón, aunque el nivel de marzo pasado está prácticamente en la línea.
La zona del Pacífico continúa como la más violenta, debido a la pugna de bandas por el control de plazas, principalmente para el trasiego de drogas y armas, admiten integrantes del gabinete de seguridad.
Aunque los funcionarios consultados dijeron que abril ya muestra bajas significativas en algunas entidades, como Baja California Sur, es un hecho que el primer trimestre de 2017 es el más violento del actual sexenio y de los más convulsionados inicios de año de la época reciente.
En marzo pasado también hubo recrudecimiento en robos (especialmente a transeúntes y de vehículos), extorsiones y secuestros, principalmente, al pasar de 110 plagios en enero a 119 en el tercer mes del año en curso. La mayoría de los casos se concentran en Tamaulipas, Veracruz y el estado de México.
La tasa parcial de homicidios dolosos a escala nacional fue en el periodo enero-marzo de 4.68 crímenes por cada 100 mil habitantes.
Es por ello que Colima, el estado de menor población del país, sigue en primer sitio con una tasa de 20.33, aun cuando este año ya muestra reducciones significativas comparadas con el 2016.
La novedad en este punto es Baja California Sur, la cual ya está en segundo sitio entre las entidades más violentas, incluso por arriba de Guerrero, por la razón antes expuesta: su población es pequeña contra la creciente incidencia delictiva, la cual se adjudica a una refriega entre el cártel Jalisco Nueva generación y sus nuevos aliados, contra el cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán, ahora preso en Estados Unidos.
Las cifras en cuestión fueron emitidas ayer por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación.
Si se compara por primer trimestre de cada año, en cuanto a averiguaciones previas, el desarrollo, de 2013 a 2017 es el siguiente: 4 mil 590, 4 mil 089, 3 mil 862, 4 mil 460 y 5 mil 575.
Cuando se habla de víctimas, estadística disponible a partir de 2014, la evolución es así: 4 mil 527, 4 mil 290, 4 mil 893 y 6 mil 511.
En 2017, la evolución mensual de asesinatos fue: mil 930 (enero); mil 825 (febrero) y 2 mil 20 (marzo).
Las entidades con un mayor aumento de crímenes fueron Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

5/25/2016

Las fosas de Tetelcingo, “actos aberrantes, terribles”: Javier Sicilia en CNN

cnn 1

"Fuimos a la institución encargada de impartir justicia, tal pareciera que fue la encargada de burlarse de todos nuestros esfuerzos", dijo, por su parte, la tía de Oliver Navarrete.

(Foto: Cuartoscuro)

En el panteón de Tetelcingo, en el estado de Morelos, comenzó el lunes la exhumación de más de cien cuerpos en las fosas.
El caso comenzó con Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, quien era comerciante y habitante del municipio de Cuautla, Morelos, él fue  privado de su libertad por un grupo de siete hombres armados el 24 de mayo de 2014.
Días más tarde su cadáver fue encontrado en una barranca de la región, de donde fue sacado y llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense del estado después. A pesar de haber sido reconocido por su madre, el cuerpo fue sepultado en una fosa común, con el resto de los cadáveres que ahora son exhumados.
En entrevista para Aristegui CNN, Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, señaló que estamos ante “actos aberrantes, terribles, que vuelven a poner enfásis en esta larga sospecha que tenemos muchos de que el Estado está coludido con el crimen organizado o es de una ineficiencia inaudita, lo grave es que  el fiscal dice que hay 116 cuerpos, hay una parte de la policía que dice que hay 150, vamos a ver quién tiene la razón, esperemos que sea el fiscal”.
“No sé cómo se pueden equivocar en una cifra tan pequeña, con 32 cuerpos que no aparecen, cómo se les fueron 32 cuerpos”, dijo.
Comentó que “lo más perverso es que el día en el que asesinaron a mi hijo y a los muchachos, el día en que nace el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El día que el gobernador públicamente decreta por ley , el día estatal de la víctima, estaban enterrando esos cuerpos clandestinamente… la Fiscalía misma, los peritos no sabían dónde estaban los cuerpos”.
“Es gravísimo, una actitud cínica, no ha habido renuncias”, dijo.
Recordó que el gobierno “se negaba” a abrir las fosas, “tuvo que venir una orden judicial para obligar a la Fiscalía para que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) participara”.
Los cuerpos “se enterraron en condiciones ajenas a cualquier protocolo forense, y sobre todo las medidas internacionales… estamos en México con 30 mil desaparecidos”, aseveró.
Y agregó que “tratan esto como si el país estuviera en paz, como si fueran realidades o muertos de delito común o de tránsito; no están transparentando nada”.
En tanto, el Fiscal General de Morelos, Javier Pérez Durón, señaló que “ahora sabemos que son 116 cuerpos que se encuentran dentro de esta fosa común del panteón de Tetelcingo, los cuales están referenciados con carpetas de investigación derivado de distintos hechos”.
Por “el hecho tan lamentable que tuvo Oliver que fue depositado en esta fosa, se realizaron las diligencias pertinentes en el año 2014 para realizar la inhumación correspondiente y entregarlo a los familiares
“Los demás cuerpos que se encuentran en la fosa, son personas que estaban en el Servicio Médico Forense, en el 2010, 2011 y 2012, que por cuestiones de salud y que no los reclamaron sus familiares fueron depositados en la fosa”, detalló.
El lunes las autoridades y organizaciones trabajaron en el lugar, “se estuvo rascando la profundidad, ya se encontró el primer cuerpo”, los peritos determinaron continuar este martes.
Para el proceso de exhumación están colaborando, “la Procuraduría General de la República, Policía Federal Científica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Víctimas, y tenemos el acompañamiento de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos”.
Ante las declaraciones de Sicilia, aclaró que la cifra de 116 cuerpos, se desprende “de dos informes periciales... los policías no habían contado los cuerpos, por tal motivo no sabían cuántos cuerpos había, por eso es que manifestamos que hay 116 cuerpos”.
Respecto al caso de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, el fiscal señaló que “existen ya los procedimientos administrativos y también la responsabilidad penal de por qué fue depositado Oliver en la fosa común, cuando ya había sido reconocido por su madre. De esto ya existen carpetas de investigación en contra de ex servidores públicos”.
En cuanto a los otros cuerpos, “es algo que se utiliza en todas las fiscalías y procuradurías de todas las entidades… personas que están en el Servicio Médico Forense y por cuestiones de salud pública se tienen que mandar a las fosas”.
En la parte final de la entrevista, Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, indicó que “lo que hemos vivido es aberrante, vergonzoso, fuimos a la institución encargada de impartir justicia, tal pareciera que fue la encargada de burlarse de todos nuestros esfuerzos”.
Para tratar de recuperrar su cuerpo, ” a pesar de que la Fiscalía nunca nos mencionó en que panteón estaba Oliver sepultado… nos dimos a la tarea de investigar el panteón, y llegar en el momento en que la Fiscalía nos había dejado plantados, porque esa era la intención, que nadie se diera cuenta de ese lugar”.
Con la exhumación que se está llevando a cabo, esperan que sea “un parteaguas, un antes y un después. Que el antes sea que todo lo que nosotros hemos vivido por buscar la procuración de justicia, no sea lo que vivan miles de personas que nadan buscando a sus seres querdiso”.
“Que se castigue a los servidores públicos que se atrevieron a hacer esta situación tan vergonzosa”, recalcó.
Audio completo de la entrevista:




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5/20/2016

México vive una violencia de “todos contra todos”



   Cineasta Natalia Brushtein promueve filme sobre desaparecidos

 Parte de lo que pasa en México es la falta de memoria que tenemos como sociedad, opinó Natalia Brushtein, cineasta argentina-mexicana radicada en nuestro país por más de 30 años.
 
La realizadora presentó su documental “Tiempo suspendido” en el pasado Festival Internacional de Cine del Desierto (FICD 2016). En el trabajo cinematográfico recrea la historia de su abuela Laura Bonaparte, quien fuera una importante activista de las Madres de la Plaza de Mayo, organización humanitaria que buscaba a las personas desaparecidas durante la dictadura militar en Argentina.
 
Brushtein toma el papel de nieta y ya instalada como tal, hace preguntas, refuerza imágenes en la deteriorada memoria de su abuela, quien vivía internada para su cuidado en una clínica.
 
Natalia la entrevistaba para el documental, lo que logró en los últimos años de vida de Laura. Pero también recorre lo andado por su abuela mientras revisa los documentos, manuscritos, fotografías y periódicos que Laura atesoraba en un baúl.
 
Así nos muestra cómo revisaron juntas el material que hoy día constituye el tesoro familiar más importante por el valor histórico que para Argentina tiene la documentación del pasaje más oscuro, en el que desaparecieron más de 30 mil personas a manos del Estado en los años 70 y 80.
 
De sus dos hijas y dos hijos, a Laura le desaparecieron tres y al padre de sus hijos lo secuestraron y quemaron junto con otras personas. Todo eso cargó en su espíritu esa abuela cuyo rostro al tiempo de la filmación tiene una expresión apacible y divertida, tal vez regalada por el tiempo, convirtiendo los recuerdos tormentosos en la nebulosa de un pasado tan difícil de soportar.
 
De profesión psicoanalista, Laura Bonaparte fue entrevistada y filmada en diversos momentos de su vida siempre ligada a la lucha por la aparición con vida de todas las personas víctimas del Estado argentino, lo cual rescata Natalia para dar un completo panorama de la vida de esta mujer, que ahora podemos conocer gracias a que su nieta ha llevado al cine parte de su historia.
 
EL DOLOR EN ARGENTINA   En entrevista con Cimacnoticias, la realizadora de “Tiempo suspendido” dijo que en Argentina el enemigo era bien identificado: era el Estado. Sin embargo, en México, país a donde emigró con su abuela hace más de tres décadas, no se alcanza a vislumbrar con exactitud entre quiénes es la pelea. Parecería que es una guerra de “todos contra todos”.   “Mi abuela hizo un trabajo muy importante en la memoria colectiva de Argentina. Fueron 40 años de lucha para el punto en que está en este momento ese país, en cuestión de justicia, porque desafortunadamente en cuestión de democracia no ha avanzado”, comentó Brushtein.   Lo que recuerda de su padre desaparecido –hijo de Laura y de quien sólo tiene unas cuantas fotos–, cuando ella apenas tenía un año de edad es vago, difuso, mientras que a su abuela la rememora como la persona con la cual vivió en México, cuando salió para refugiarse en nuestro país ante la inminente amenaza de ser asesinada.   Desapariciones, asesinatos, presos políticos… ése era el escenario que dejaron atrás la abuela, la madre y la hija pequeña, parecido al contexto actual de México, donde llevamos 27 mil desaparecidos.   Sin embargo, Natalia Brushtein consideró que no es exactamente igual que la Argentina de esos años, pues allá claramente había un gobierno que no quería que hubiera personas que pensaran de manera diferente, gente que quisiera un mundo mejor.   “En México no se identifica quién contra quién, sino que es todos contra todos. En México desaparecen a cualquiera, no sólo activistas políticos, que son los más afectados. No sólo periodistas, que también son muy afectados, sino la sociedad civil en general. Te puede tocar porque te quieren asaltar, porque te quieren robar, porque te quieren silenciar o porque eres mujer. Nadie está libre de caer en las garras del asesinato o desaparición forzada”, explicó.   “EL PAÍS PIERDE SU IDENTIDAD”   Agregó la cineasta: “Estamos encerrados en nuestras propias vidas por miedo, por falta de interés, por falta de comunicación porque finalmente lo que pasa en México también de alguna manera está silenciado, está modificado y está manipulada la información. Los medios de comunicación están muy cerrados y la mayoría de la gente tiene muy poca información de lo que realmente pasa en México.   “Me duele mucho ver a un país que poco a poco está perdiendo su identidad como país. Mi abuela lo decía: ‘Una sociedad sin memoria es una sociedad sin identidad’. Lo que pasa en México es que empieza a ser un país sin identidad porque no lucha por sus propios habitantes.   “Para un país y para las personas es imposible superar el daño por desapariciones y asesinatos masivos. Son marcas que quedan para siempre –advirtió quien pertenece a una familia en la que desaparecieron al menos cuatro de sus integrantes, todos familiares directos–. Uno aprende a sobrevivir, aprendes a llevarlo hacia adelante y los que pueden, intentan con la propia experiencia transmitirla a los demás, pero las marcas quedan para siempre.   “Es incomprensible que una persona desaparezca, porque necesitas el cuerpo para poder enterrarlo, para saber que ya no está más. Como ser humano uno puede entender que la muerte es parte de la vida. Duele, pero es parte de la vida. El desaparecido es algo en donde no te dan chance ni siquiera de hacer un duelo, y esa esperanza siempre está, algún día va a aparecer, porque no puede existir un desaparecido”.   Respecto a la diferencia entre una persona desaparecida y un colectivo de personas desaparecidas como los estudiantes de Ayotzinapa en México, Brushtein sostuvo que el individuo deja una huella en la familia, pero el colectivo, si bien está conformado por varios individuos, deja una marca en la sociedad.   En Argentina, los 30 mil desaparecidos fueron prácticamente de la misma generación. Se focalizaron en personas de entre 18 y 30 años de edad. Eso es dejar sin una generación que está en proceso de ser la que desarrolla el país. Deja un hueco, una marca que no puedes tapar con nada, es un vacío en la sociedad. Los 43 normalistas son 43 maestros que desaparecen y que dejan un vacío en la sociedad, expresó.   “Los 27 mil desaparecidos en México son un hueco que queda en la sociedad y que no puede ser que no lo veamos. Eso sin hablar de la cantidad de desplazados y muertos que hay. Y que ni siquiera son cifras que podamos saber cuántos son en realidad. Ese es el problema, que no está claro hacia quién está dirigida la violencia, es a cualquiera y afecta a todos”.   Natalia Brushtein estudió cine y se ha dedicado a la edición de documentales. Como antecedente hizo el cortometraje “Encontrando a Víctor”, sobre la desaparición de su padre, pero decidió profundizar y ampliar hasta concretar la realización de “Tiempo suspendido”, su primer largometraje  
Natalia Brushtein | Foto: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 

4/19/2016

Vivimos en un Estado de emergencia no declarado, asegura Carlos Fazio


Vivimos en estado de emergencia

El politólogo presentará su nuevo libro, ‘Estado de emergencia’, el jueves 21 de abril, a las 19:00 horas en Casa Lamm, acompañado de Santiago Corcuera, Mario Patrón, Miguel Álvarez y Abel Barreda.
(Redacción AN/Debate).

Con Estado de emergencia (Debate), el analista Carlos Fazio cierra la trilogía complementada por El tercer vínculo y Terrorismo mediático. En su nueva entrega el politólogo realiza una enérgica denuncia contra la violencia de Estado en México y sostiene que en nuestro país se vive un Estado de excepción no declarado, donde es posible rastrear la historia de una auténtica política oficial de exterminio.
Demuestra que, más allá de una supuesta guerra del Estado bueno contra los delincuentes malos, en México se libra una brutal disputa por territorios, mercados y recursos, cuyo resultado es un complejo vínculo entre grupos armados, élites político económicas y una población que ha vivido demasiado tiempo entre el agravio, la indignación y el miedo.
Desde hace más de una década se ha alentado un proceso de paramilitarización en diversas zonas de gran importancia geoestratégica. En el marco de esta guerra civil molecular de todos contra todos, la violencia reguladora se ha utilizado para acabar con el “enemigo interno” y los “competidores” en la economía criminal, pero también para controlar a la ciudadanía. Desde el llamado “pelotón de la muerte” en Ojinaga, pasando por los estudiantes del Tec de Monterrey asesinados por militares o el caso de los hermanos Almanza en Tamaulipas, hasta las masacres de Tlatlaya y Tanhuato o las desapariciones de los normalistas en Iguala, Fazio documenta una incesante serie de atrocidades donde han estado involucrados agentes del Estado mexicano. En esos casos se evidencia un patrón histórico de encubrimiento e impunidad, cuyo resultado es un complejo vínculo entre grupos armados, élites político-económicas y una población que ha vivido ya demasiado tiempo entre el agravio, la indignación y el miedo.
Carlos Fazio presentará Estado de emergencia, el jueves 21 de abril, a las 19:00 horas en Casa Lamm, con los comentarios de Santiago Corcuera, Mario Patrón, Miguel Álvarez, Abel Barreda y el autor.

4/01/2016

Heridas de impunidad


Miriam fue encarcelada injustamente y Adela busca por su propio pie a su hija secuestrada. Estas dos historias se plasman en “Tempestad”, documental de Tatiana Huezo que marca el estado fallido de las autoridades mexicanas

reporteindigo.com

“Son dos historias que se manejan en dos tiempos distintos, pero son como digamos un tiempo muy vigente, porque hoy en día siguen sucediendo de la misma manera en los dos casos, son como un espejo digamos de una realidad, que todos los días se vive y se habita en México”
Tatiana Huezo
Dicen que la lluvia lava las heridas, pero el dolor permanece como una mancha que no logra irse aunque pase el tiempo y los años.
La calma llega al terminar la borrasca, aunque en los corazones se guarde el recuerdo de un pasado imborrable. Y Miriam sabe lo que fue vivir a través de la incesante tormenta de injusticias que no vio venir y solo le cimbró al pasar.
Lo mismo le ocurrió a Adela, quien en las palabras de Cortázar, no eligió la lluvia que le iba a calar hasta los huesos y que todavía en el presente le carcome hasta la médula de su alma.
“Tempestad” es el relato audiovisual de las dos mujeres que fueron abusadas, no por la mano de un hombre específico, pero sí por la patria que les vio nacer, ya que México les ha dado la espalda con sus instituciones y autoridades gubernamentales que violentaron sus garantías como individuos.
La directora Tatiana Huezo se dio a la tarea de juntar sus testimonios y narrar las historias de sus heridas que hasta la fecha siguen indemnes.
El largometraje tuvo su estreno mundial en la pasada edición de la Berlinale y hoy se estrena en México con la gira de documentales Ambulante.  Además espera tener su estreno nacional para 2017.
Miriam: otra presunta culpable
Su vida era como cualquier otra, trabajaba en el Aeropuerto Internacional de Cancún recibiendo a pasajeros foráneos en el departamento de migración pero, el 2 de marzo del 2010, ella y sus 13 compañeros fueron requeridos de manera urgente para presentarse en la Ciudad de México.
Cuando arribaron a la capital del país, fueron presentados ante la PGR acusados de tráfico e internación de personas asiáticas en territorio mexicano y fueron trasladados al poco tiempo a un penal en Matamoros, el cual estaba bajo la jurisdicción de los capos de la droga de la entidad.
 Esa es la historia que le tocó vivir a Miriam Carbajal, quien es amiga desde hace más de 20 años de la realizadora con nacionalidad mexicana y salvadoreña.
Huezo se reencontró con Miriam cuando ésta salió del encarcelamiento y después de tratar el tema con suma discreción, Carbajal decidió romper el silencio y contar su verdad.
Adela: tras la risa de payaso
Para dar balance a su película, la directora buscó una historia que fuera un punto de fuga de la narrativa penitenciaria de Miriam y encontró a Adela Alvarado, una madre a quien el 14 de diciembre de 2004 le arrebataron a su hija de 20 años y que hasta la fecha sigue desaparecida.
“Yo quería que el contrapunto de la historia fuera sobre desaparecidos, entonces me acerqué a varias ONG que están trabajando con familiares que tienen a gentes desaparecidas y me entrevisté con varios y así encontré a Adela”, dice Huezo.
Así dio con una mamá payaso que rondaba en las marchas de desaparecidos, Adela, quien a pesar de que su hija sigue ausente, esconde su dolor tras el maquillaje las grutas del desconsuelo.
Tatiana: ensambladora de historias
“Tempestad” fue siempre el título con el que la cineasta quiso nombrar a su testimonial, y para lograrlo tuvo que perseguir las tormentas del Golfo de México durante un año, tarea que tenía dividida con seis meteorólogos distintos.
Las imágenes capturadas con maestría para el documental son montadas y recreadas, Huezo considera que esta libertad creativa no le quita mérito al producto final, ya que lo que importa es contar las historias de las mujeres que viven en incertidumbre de que se resuelva la justicia a su nombre.
“Lo real es absolutamente subjetivo, es una mirada. Para mí esta película y el cine documental es una mirada sobre una realidad. Es una interpretación y una representación de parte del director”, expresa Tatiana, que además considera que para ella “nada es real en una película”.
Logrando la ‘Tempestad’
A pesar de que Adela ha hecho pantomima en su vida, actualmente no vive en el circo, y Miriam ya había salido del reclusorio para cuando Huezo dio con ella, por lo que las miradas que encontramos en “Tempestad” fueron recreadas por parte de la directora.
Fueron 16 horas divididas en cuatro sesiones de entrevista con cada una, grabándolas solo en audio para usarlo como narración y montar sobre sus voces lo que capturó en video, tanto de la vida dramatizada del circo de Adela, como el viaje en autobús de Miriam, reproducido desde Matamoros hasta Tulum

11/25/2015

El Estado fallido y otros cuentos


¿Estado que quiere y no puede?


FRAGUA

Desde mediados del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) comenzó a escucharse en distintos medios que el Estado mexicano es un “Estado fallido”. Muchas veces repetida dicha afirmación incluso comenzó a utilizarse por algunas voces del periodismo disidente y organizaciones de izquierda como una forma de “denunciar” y “atacar” al Estado mexicano. Hoy, después de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, el concepto de Estado fallido ha sido retomado nuevamente para describir al gobierno de Enrique Peña Nieto, continuador fiel de la obra del presidente anterior, sin importar que sean de diferente partido.
Cuando se habla de Estado fallido se afirma que el Estado es débil, que no controla su territorio ni el uso de la violencia, o que es “incapaz” de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades por no tener dinero o los conocimientos para garantizar los derechos humanos de la población y que, además, ha sido “infiltrado” por grupos criminales que le han arrebatado el control y hasta lo han “rebasado”. A simple vista, hasta parece que la definición de Estado fallido le queda a la perfección al Estado mexicano. Si admitiéramos dicha definición como cierta nos ahorraríamos analizar y descubrir lo que realmente es el Estado y lo que representa en nuestra vida cotidiana. Es más, al Estado hasta le es cómodo ser catalogado como débil, fallido, ausente, como que quiere pero no puede.
Lenin, como marxista consecuente, define al Estado como “una máquina para que una clase reprime a otra, una máquina para el sometimiento a una clase de otras clases subordinadas”. No podría haber mejor definición para el Estado mexicano, el cual es una maquinaria perfectamente aceitada para garantizar, por medio de la represión (policía y ejército) pero también jurídicamente (reformas constitucionales y leyes secundarias), que la clase burguesa pueda oprimir económica y políticamente al pueblo. Veamos en realidad qué tan débil es el Estado mexicano.
Un Estado que desaparece una empresa estatal (por ejemplo luz y fuerza del centro) con un decreto a media noche de un sábado ocupando militarmente de manera inmediata todas las instalaciones de la misma y despidiendo a 44 mil trabajadores del sindicato más poderoso y mejor organizado del país (el SME) de un plumazo, como hizo Felipe Calderón en 2009, sin que se generara una crisis de gobierno, no puede ser un Estado débil.
Un Estado que se niega repetidamente, ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y otros organismos de derechos humanos a nivel internacional, a que declaren los militares señalados de participar y coadyuvar en la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero o en la ejecución extrajudicial de 22 civiles desarmados en Tlatlaya, Estado de México, haciéndolos intocables, definitivamente no es un Estado débil, tampoco es un “semiEstado” como afirman algunos intelectuales dizque marxistas.
Un Estado que tiene a la cuarta parte del Ejército en las calles para reprimir y vigilar al pueblo organizado y no organizado y que al mismo tiempo “deja” escapar por un túnel al narcotraficante más buscado de las últimas dos décadas, al que nunca le han congelado las cuentas bancarias que se sabe son de él y de sus prestanombres, no es un Estado débil, es un Estado en toda la extensión de la palabra, un Estado burgués que, como lo que es, se ha propuesto defender los intereses de los empresarios burgueses, sean estos empresarios de la telefonía, de la construcción, de la minería o de los estupefacientes.
¿A quién le conviene entonces que creamos que en México el Estado es fallido, ausente o débil? Al pueblo definitivamente no , dicha idea conviene al Estado porque lo deslinda y lo exculpa de asumir su responsabilidad sobre violaciones de derechos humanos que comete (ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, encarcelamiento por motivos políticos, etcétera) y le permite echarle la culpa a otro, un actor supuestamente ajeno al Estado pero que está “infiltrado” en él, al narcotráfico como responsable de la violencia que a diario se vive en nuestro país. Y entonces es fácil que ante cualquier situación violenta se le eche la culpa al narcotráfico que es muy malvado y al Estado que ¡pobrecito! no le alcanza para defendernos.
El problema no es que el Estado “falle”, el problema es el Estado, su esencia misma como aparato de la clase burguesa para la opresión de la clase trabajadora, es pues un Estado capitalista. Si lo pensamos de nuevo, el Estado en México no está fallando, está funcionando perfectamente como Estado terrorista que garantiza a los empresarios e inversionistas capitalistas extranjeros y nacionales que obtendrán jugosas ganancias de la explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales en nuestro país. Para garantizarlo no importa si tiene que desaparecer a estudiantes normalistas, ejecutar civiles desarmados, encarcelar luchadores sociales o aprobar leyes que legalicen el saqueo y el despojo, aterrorizando al pueblo a través de distintas y muy variadas formas. La alternativa es nuestra, la alternativa requiere de la lucha organizada de todo el pueblo para derrotar al capitalismo y construir un Estado distinto, un Estado que responda a los intereses de la clase trabajadora, un Estado socialista en el que la explotación del hombre por el hombre desaparezca como fundamento de la sociedad y que sea la simiente de una nueva sociedad sin hambre ni explotación.
NOTA:
Este artículo fue publicado como parte de la sección DEBATE del No. 11 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 17 de octubre de 2015.
 
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8/07/2015

Guerra antipopular prolongada



Eduardo Nava Hernández
Cambio de Michoacán

Ostula y la masacre de la calle Luz Saviñón en la colonia Narvarte de la ciudad de México son dos hechos que vienen a ensombrecer aún más el de por sí oscuro panorama del país en la última década. Lejos de ser hechos aislados son parte de la oleada de violencia que desde la criminalidad y desde los poderes públicos se ha enseñoreado en la sociedad mexicana.

En el caso de la agresión contra los comuneros de Santa María Ostula, del municipio de Aquila, las preguntas a esclarecer no se limitan a quién disparó contra los habitantes de esa población, dando muerte a un niño de 12 años e hiriendo a cuatro civiles más, incluyendo una niña. Se trata de saber qué hacía ahí una partida militar frente a una manifestación que reclamaba la detención del líder de las autodefensas de esa comunidad Cemeí Verdía Zepeda, reconocido por el gobierno como integrante de la Fuerza Rural del municipio y al que se detuvo sin pruebas, como habría de establecerlo el juez federal que conoció de la causa.

Las armas que le decomisaron a Verdía, así como el vehículo blindado que usaba, le fueron proporcionadas por el gobierno federal que ahora intentó acusarlo de los mismos cargos (al menos no le sembraron drogas) que ha usado para mantener al médico José Manuel Mireles en prisión: posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Desechadas las acusaciones por falta de pruebas, es el gobierno estatal el que toma la estafeta y lo reaprehende acusándolo de delitos de orden común: de robo y del homicidio de un sicario que participó en un atentado contra su vida el pasado 25 de mayo y que quedó gravemente herido en el enfrentamiento con Verdía y su escolta.

Coincide esto exactamente con la ratificación, tres días después de los hechos de Ostula, de los cargos federales que mantienen en una prisión en Hermosillo a Mireles, y ahora, si bien Verdía ha sido exonerado del delito de homicidio, con la ratificación de su formal prisión por el de robo. Es clara la intención del gobierno del país y del de Michoacán de escarmentar a los líderes de los grupos de autodefensa que no se sometieron al imperio, primero del comisionado Alfredo Castillo y luego al de su relevo militar, el general Felipe Gurrola, e impedir su expansión. Para ello, se ha echado mano no sólo del aparato de procuración de justicia sino también del poder Judicial y, sobre todo, de los cuerpos de seguridad tanto policiacos como militares.

Se trata de los mismos organismos que en casi nueve años, desde la declaratoria de guerra al narcotráfico de Felipe Calderón en diciembre de 2006, no han logrado contener en diversas regiones (Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guerrero, etc.) el avance y crecimiento de los grupos delincuenciales. Si a lo largo de 2013 y 2014 se logró enfrentar realmente a estos grupos en Michoacán, fue precisamente gracias al surgimiento de las rondas o policías comunitarias en algunas de las comunidades indígenas (Cherán, Ostula, Chinicuila, Aquila, Urapicho, etc.) y de las autodefensas en el Valle de Apatzingán. Sin embargo, desde el inicio de la gestión de Castillo Cervantes como comisionado federal para la Seguridad en Michoacán fue claro que el combate a la delincuencia organizada no era su única prioridad; también lo era el controlar y someter a su mando a las autodefensas. La prisión de Verdía y de Mireles tiene su origen en esa estrategia federal.

En Oaxaca, al mismo tiempo, el gobierno del país y el del Estado deciden dar también un golpe decisivo a la combativa Sección XXII del SNTE, cabeza visible de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la oposición magisterial a la mal denominada reforma educativa. Su exclusión del nuevo órgano que sustituirá al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), el embargo de las cuentas bancarias de la XXII y la reactivación de averiguaciones previas y órdenes de aprehensión contra sus dirigentes, además del uso consabido de los grandes medios de comunicación para satanizar a los maestros y culparlos del atraso educativo en su entidad, constituyen también una estrategia de contrainsurgencia civil diseñada y montada para liquidar ese importante foco de resistencia. La ocupación por la Policía Federal el martes 21 de julio de las instalaciones del IEEPO equivale a la que en octubre de 2009 realizó el Ejército en las instalaciones de Luz y Fuerza para liquidar al Sindicato Mexicano de Electricistas.

El uso de la fuerza y la captura de presos políticos —Nestora Salgado en Olinalá, Guerrero, el yaqui Mario Luna, vocero de la resistencia contra el despojo del agua en Sonora, además de los mencionados Mireles y Verdía, más los que vengan— se han convertido en prácticas constantes y recurrentes. Pero, como lo demuestran las matanzas de Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Ecuandureo, Aquila y Calera, Zacatecas, las fuerzas federales, tanto la Policía Federal como el Ejército y la Marina Armada, han sobrepasado sus funciones de seguridad pública y atacado o secuestrado y asesinado a civiles desarmados. El asesinato del niño Hidilberto Reyes García en Ostula, así como las heridas infligidas a seis personas más, entre ellas la niña Yeimi Nataly Pineda Reyes, de seis años, no se ha esclarecido con el paso de los días, pese a que los testimonios recogidos por periodistas hablan de que fue el ejército el que disparó ráfagas contra la gente después de que un miembro de la Policía Federal disparó cuatro o cinco veces al aire con su pistola.

Cemeí Verdía Zepeda es hoy un preso político más a cargo del gobierno de Michoacán; y Ostula una mancha más para las fuerzas armadas. Decía uno de mis profesores, sudamericano refugiado de una dictadura militar, que sacar a las tropas de los cuarteles es muy fácil; lo difícil es hacerlas regresar a ellos. Desde fines de 2006 que el Ejército, la Marina y otros cuerpos fueron movilizados contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, éstos se han adueñado del escenario territorial y socialmente hablando. Su impunidad y la incapacidad de los poderes civiles para someterlos los conducen a constantes acciones que se vuelven contra la población como violaciones a los derechos humanos.

Es incorrecto el decir de los dirigentes de Morena y el partido Movimiento Ciudadano en Michoacán acerca de que hay en el Estado un “vacío de poder”. En política, como en la física, los vacíos tienden a ser llenados de inmediato por los cuerpos más próximos que puedan expandirse. Siempre hay alguien que de manera formal o informal, legal o ilegal, completa o incompleta, está en condiciones de ejercer el poder. La inexistencia política del gobernador Salvador Jara no significa que haya un vacío de poder, ya que éste ha pasado en vastas regiones de Michoacán, desde los tiempos del intendente Castillo, a manos de las fuerzas federales, cuando no a las de grupos delincuenciales que controlan porciones significativas de territorio.

Pero ahora la acción militar y policiaca ha pasado, al parecer, a una nueva fase, de guerra antipopular en la que los cuerpos de seguridad se emplean preferentemente como recurso directo para enfrentar la insurgencia popular y a sus representantes. Y es una guerra que por nueve años ha ensuciado al país no sólo con la sangre de sicarios y mafiosos, sino también con la de defensores de derechos humanos, periodistas, núcleos en resistencia —como es claramente el caso de Ostula— y población en general ajena a esos conflictos.

El asesinato de cinco personas en el departamento de la Narvarte, entre ellos el periodista Rubén Espinosa Becerril y la activista de los derechos humanos Nadia Vera Pérez, cae bajo la sospecha, mientras no sea esclarecido plenamente, del cumplimiento de amenazas por ellos recibidas de personajes vinculados al gobierno de Veracruz, el Estado de la República con más muertes violentas de periodistas, la mayoría de ellas impunes. La forma brutal en que fueron asesinados Espinosa y cuatro mujeres, atados, torturados y con tiro de gracia, no hace pensar en un homicidio común sino en un acto premeditado y preparado. La Procuraduría del Distrito Federal está obligada a investigar hasta las últimas consecuencias para esclarecer si el gobierno veracruzano está de alguna manera involucrado en el crimen y si éste tiene un carácter político, como los demás que han ocurrido en la entidad costera del Golfo de México.

¿Cuántos capítulos más habrán de escribirse en esta ya demasiado prolongada guerra contra los activistas sociales y defensores de los derechos humanos?

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH

Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial-11945

6/21/2015

Nuevo episodio de la usurpación: 7 de junio de 2015



¿El resultado electoral del 7 de junio representa un vuelco en el proceso de descomposición del régimen, de su clase política y sistema de partidos, de sus cámaras legislativas y del Instituto Nacional Electoral? ¿El proceso electivo de 2015 contribuye de modo significativo a la superación de la crisis de representación del sistema político mexicano, de la crisis de legitimidad y legalidad del Estado mexicano y de sus tres poderes? ¿Los resultados de la pasada “contienda” electoral son muy diferentes a los esperados o calculados por la Constituyente Ciudadana o por otros analistas? ¿La elección del 7 de junio fue una fiesta de la democracia y la constatación de que en México nos encaminamos hacia formas de participación ajenas al fraude, la corrupción y la injerencia de poderes de facto mayormente delincuenciales que operan a través del propio estado, los medios de comunicación, las trasnacionales y potencias como Estados Unidos?
 
I. El fraude es consustancial al sistema político mexicano
El fraude y la mentira son condiciones estructurales del sistema político mexicano y de sus procesos electorales: el 7 de junio este hecho volvió a confirmarse.
Para empezar los resultados están trucados: la participación electoral no fue entre el 47. 25 y el 48.51 por ciento, fue mucho menor. (1) El 1° de mayo pasado Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral, declaró ante los Vocales Ejecutivos de la Junta Local de Jalisco que “el Consejo General del INE aprobará el Padrón Electoral y la Lista Nominal en su sesión extraordinaria del próximo miércoles 6 de mayo”, el más confiable de la historia, y “adelantó que son 87 millones 244 mil 921 los inscritos ante el Instituto y 83 millones 563 mil 190 ciudadanos los que podrán sufragar por contar con su credencial de elector actualizada y con datos validados”. (2) Esos datos sobre el total de empadronados y la lista nominal aparece, si no la han retirado o modificado, en el portal electrónico del INE.
Para alcanzar el 47 o 48 por ciento de participación ciudadana, el INE retiro de la lista nominal a 5 millones 649 mil 784 personas inexplicablemente. Es decir, pasó de 83 millones 563 mil 190 a 77 millones 913 mil 406. Si la cifra que se toma como referencia —la primera la participación ciudadana ronda el 43 por ciento y no el 47 aludido por el INE. Cifra que se reduce al 38 por ciento, si se toman en cuenta los votos nulos que rondan el 5 por ciento.
Así las cosas, los porcentajes de votación para cada partido en función de la lista nominal no rasurada, nos dan una imagen real del nivel de representatividad de cada uno. Por ejemplo, con cifras aproximadas, la votación del PRI con respecto a la lista nominal oficial, no alterada, pasaría del 29.8 por ciento al 13 o 14 por ciento; la del PAN del 21.9 al 10 u 11 por ciento; la del PRD del 11.1 al 4.5 o 5 por ciento, la de MORENA del 8.8 al 4 por ciento y la del PVEM del 7.1 al 3.3 o menos; mientras el resto de los partidos desaparecería. Y si el cálculo se hiciera tomando en cuenta el número de los inscritos en el padrón electoral, es decir, los más de 87 millones registrados, el partido con más votos no representaría más que a poco más del 11 por ciento. Ese es el nivel de representación formal de los partidos políticos, aunque en realidad el problema es más grave.
Ahora, si a todo eso le restamos los votos comprados o coaccionados propios de una elección de Estado como la vivida el 7 de junio, el nivel de votación real se reduciría a la mitad. Porque los mecanismos, a través de los que operan las elecciones de Estado en México, son los mismos que en otras ocasiones han sido denunciados por diversos organismos. Los cuales estiman que el porcentaje del voto comprado o coaccionado llega al 50 por ciento. Esto es particularmente notorio en las prácticas electorales del PRI, PAN, PVEM y PRD. Tanto el PRI como el PAN, mayormente, suelen usar a los partidos satélite como el Verde o al nuevo Encuentro Social, como vehículos para inducir votos. Así ocurrió en Hidalgo, donde el último partido mencionado superó el 9 por ciento de la votación con el apoyo del señor Chong.
Entonces, descontando los votos del fraude, en el caso señalado de los 4 partidos mayoritarios, su caudal de votos oscila entre el 7 por ciento y el 2 por ciento del total. Ese es su nivel de representación real.
Todo es más evidente si nos detenemos en las votaciones registradas en varios de los estados más importantes en número de población. Por ejemplo, en Nuevo León perdieron el PRI y el PAN; el candidato independiente, el tal “Bronco”, con todo y representar una opción empresarial, significa una ruptura con las formas históricas del comportamiento electoral de la población de la entidad. Igual sucedió en Jalisco. En la Ciudad de México, perdió el PRD, el PRI y el PAN que se aliaron para combatir a MORENA. En el Estado de México, el PRI sufrió descalabros severos y en Puebla el nivel de abstención fue de los más altos.
En realidad, si incluimos el número de casillas no instaladas, 603, el más alto desde 1991 y el número de votos anulados que tuvo su epicentro en la Ciudad de México, podemos decir que pese a todo el despliegue publicitario, la crisis de representación y el descredito del régimen y del propio Estado siguen por el mismo derrotero, hacia su recrudecimiento. En dicho contexto resultan ridículas las opiniones de que la cantidad de votos anulados se debió a que las y los votantes se equivocaron y marcaron mal su boleta. Por cierto, el nivel más alto de abstencionismo se dio en la Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México con 14 por ciento del total de los anulados en esa “entidad”. Todos saben que en dicha Delegación, el nivel de escolaridad y de ingresos es de los más altos de la república.
Además los testimonios sobre el rebasamiento de los gastos o topes de campaña y la manipulación descarada del voto de la pobreza en los estados donde la participación fue muy alta, como en algunas zonas de Chiapas, Yucatán o San Luis Potosí, entre otros lugares, revelan la podredumbre del régimen y de su nula voluntad de corregir, su descomposición estructural, propia y necesaria en un sistema político que gobierna a favor de minorías antinacionales y antihumanas.
Pero no sólo están esos datos, existen además múltiples hechos que constatan el descredito y la crisis del sistema de partidos y de la clase política. El proceso electoral aconteció en medio del recrudecimiento de la militarización, de la represión hacia movimientos y colectividades que han sido colocados en una situación de injusticia que, en muchos sentidos justifica su reacción ante un proceso electoral que desde la clase política y el Estado mexicano, pretende legitimar las injusticias y la impunidad de quienes las cometen a favor de los intereses oligárquicos. Las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de los Padres y Normalistas de Ayotzinapa y de múltiples comunidades en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, son justas en lo fundamental. Contra ellas se cebaron todos los poderes incluidos el mediático y los directamente delincuenciales. El asesinato de activistas como Antonio Vivar Díaz, en Tlapa Guerrero, fue parte de un operativo integral, donde se articularon el poder ejecutivo, el ejército, la marina, y todo tipo de policías con paramilitares ligados a la delincuencia organizada y a partidos como el PRI y a sectores del PRD.
En ese sentido, tiene razón Carlos Fazio, “las elecciones paramilitarizadas del 7 de junio estuvieron signadas por la violencia. Una violencia que venía de atrás y remite al poder en un Estado plutocrático, clasista y racista, y a la vieja forma de hacer política en México. En momentos como el actual, la acción de los poderes fácticos y el Ejército son acciones para liquidar la República, en tanto son represivas y destructoras de la nueva política que pugna por alumbrar, producto de que un sector importante y consciente de la población quiere decidir su destino.” (3)
II. 7 de junio el fraude esperado
Si bien este no es el lugar para hacer una crónica del proceso electoral, sí lo es para decir que el resultado no era inesperado. (4) Las proyecciones sobre las votaciones a favor de los principales partidos se cumplieron. La caída del PRI amortiguada por el PVEM y la debacle del PRD se cumplieron, acaso sorprendió el porcentaje de votos del PAN. Igual se confirmaron las expectativas de votación para MORENA. En cuanto a las posibilidades del boicot electoral, igualmente se mantuvo en los márgenes previstos de focalización en algunos estados y regiones. En todo caso el porcentaje de voto nulo era algo más incierto. Por lo que se refiere al monto de la abstención se mantenía en la incógnita y muchos esperábamos un porcentaje mayor; sin embargo el cómputo final se mantiene en los márgenes de lo esperado.
Todo mundo sabía que el triunfador formal sería el PRI y los partidos del Pacto por México, con excepción del PRD. Que este sería utilizado a modo de legitimación de la nueva andanada de despojos y represiones derivadas de las últimas reformas estructurales. Lo sucedido a la CNTE, ilustra la condición real del régimen. Muestra sus debilidades al recular ante el posible crecimiento del boicot con el que amenazaban las y los docentes, sin importarles la legalidad, sin reparar en que su decisión de suspender las supuestas evaluaciones violaba su Constitución neoliberal. Evidencia la total falta de honor y la desvergüenza absoluta de quienes usurpan las instituciones de la Republica. A estas alturas de su descomposición, que involucra a personajes como el Rector de la UNAM y a los más encumbrados empresarios del país, la manipulación mediática y la represión serán los principales medios para escalar la destrucción de los derechos sociales y nacionales.
Creemos que los hechos corroboran que más allá de intereses limitados legítimos, el principal problema para el futuro de la sociedad civil y el pueblo de México, no estribaba en llamar a votar o no votar, en participar o boicotear la elección. Que por el momento no había mayor oportunidad de lograr un avance en la organización de la resistencia nacional colocando en el centro la disputa electoral bajo cualquiera de sus formas. Que debíamos poner la mirada más allá del 7 de junio, entendiendo que por el momento no tenía caso exacerbar los debates entre fuerzas momentáneamente contrapuestas, pro-voto o abstencionistas, a las que finalmente el régimen ha colocado como enemigos a vencer, como víctimas potenciales de la nueva ola represiva y saqueadora. Creemos que era razonable entender los motivos de quienes llamaban a la abstención, el boicot y la anulación, y de igual modo entender las necesidades contenidas en las colectividades que ven en la lucha electoral la ocasión de darle cause a luchas reivindicativas democráticas o directamente materiales.
Ahora más que nunca se requiere de hacer frente común ante el triunfalismo de la clase política y sus partidos corrompidos. Denunciar el carácter antidemocrático, antipopular y antinacional del régimen y no dejarse engatusar por ventajas electorales transitorias.
III. Mantener la resistencia a la usurpación y luchar por la unidad nacional-popular
Todas las proyecciones relativamente confiables sobre el futuro inmediato de las mayorías y clases nacionales son catastróficas. En términos de desastre económico social el propio gobierno asume que los recortes al presupuesto público y el estancamiento del Producto Interno son la constante previsible. Recrudecimiento de la pobreza, del desempleo y de la destrucción de derechos laborales, sociales y nacionales será la tónica de una nueva crisis económica que aún no supera las secuelas que dejó la crisis de 2008-2009. Con un crecimiento errático de la economía estadounidense, la permanencia de la crisis en Europa y el fin del ciclo de precios altos de las materias primas, el futuro se antoja lúgubre. La radicalización de la guerra contra el pueblo, que convierte en enemigo interno a todos los opositores, como lo atestiguan las últimas masacres y particularmente la de Iguala-Ayotzinapa, constituye la carta a jugar por el gobierno. Las amenazas a la CNTE, los cargos contra Nestora Salgado, Rubén Sarabia, entre otros cientos de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, son ilustrativos del clima de criminalización de los opositores que se cierne sobre el país.
No obstante las rupturas y distancias entre la sociedad civil y el Estado, acrecentadas a raíz de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala y de la crisis de credibilidad y legitimidad del régimen, no ha sido posible articular uno o varios movimientos nacionales que den cauce común a quienes protestan en las calles y a los millones que desde sus lugares de vida están hartos de las acciones del gobierno y la clase política.
Persiste un cierto agotamiento de la representación ética y política de los movimientos sociales y políticos, electorales y extra-electorales que, a fines del siglo pasado e inicios del presente, ocuparon la escena política nacional, mientras las nuevas representaciones aún no acaban de emerger. Hasta ahora siguen predominando las propuestas que insisten en convocar a la unidad de la izquierda o las izquierdas a través de un frente nacional o por medio de la unidad y de las alianzas construidas alrededor de un “gremio” o de una corriente ideológica. En la mayoría de los casos se confunden y contraponen los procesos de unidad de la izquierda con la unidad de las clases y mayorías nacionales: indígenas, trabajadores, mujeres, jóvenes y clases medias.
La desarticulación de las resistencias sociales y civiles no es accidental. A diferencia de lo que piensa la mayoría de las personas que ideológicamente se declaran de izquierda, el apoliticismo, es decir, la tendencia a poner en el centro intereses particulares por sobre los generales, a desligar unos de otros, es resultado de la “confusión” entre la unidad de la sociedad civil o pueblo y la unidad de la izquierda. Cuando los más ideologizados proponen el frente de único de clase, únicamente integrado por obreros y campesinos pobres, fomentan un economismo o gremialismo formalmente radical, que impide o frena la posibilidad de ejercicio de la representación nacional por parte de las clases trabajadoras. A contracorriente de las declaraciones de los partidarios de ese enfoque que confunde unidad antineoliberal o nacional con unidad de la izquierda, en ese horizonte socialmente sectario se abandona la lucha por el gobierno y el poder político desde la sociedad civil o el pueblo. No es un accidente que en las lógicas más extremas del gremialismo u obrerismo se sepulten los aportes de las comunidades y los pueblos indígenas y campesinos. Que las luchas por la democracia y los derechos humanos se usen a modo de coartada y se excluya todo lo que huela a clases medias. Eso ha sucedido y sucede en los frentes actuales.
Para enfrentar a los responsables de la tragedia humanitaria, que vivimos las mayorías nacionales y poner un alto a la clase política antinacional y a las oligarquías trasnacionales, requerimos pensar en la unidad de la sociedad civil, de la nación, de diversas formas de acción política y cultural. De otra forma, no existe ninguna posibilidad de enfrentar victoriosamente la lucha cotidiana por la defensa del territorio, por detener y revertir las “reformas estructurales”. En ese proceso, deben conjugarse todas las formas de resistencia y desobediencia civil pacífica para dar cauce a la unidad de las mayorías y preparar el cambio de gobierno desde el pueblo.
Todo esto para explicar el porqué de nuestra negativa a enzarzarnos en las disputas dentro del campo popular sobre las diversas tácticas de participación en un momento no decisivo o trascendente y el porqué de nuestra resistencia a enredarnos en disputas por la unidad de la izquierda que sólo redundan en desunión y frustración. Se debe insistir en la necesidad de la reflexión y la construcción estratégica, como única forma de asumir adecuadamente las batallas cotidianas en defensa de la vida, el agua y los derechos nacionales, sociales y civiles, que finalmente expresan la lucha cotidiana por un nuevo gobierno, una nueva ética y un nuevo “pacto social” o constituyente.
Lo central es: ¿Qué sigue después del 7 de junio?, ¿Cómo construimos la unidad de las víctimas del neoliberalismo?, ¿Cómo rompemos las inercias del régimen a sumirnos en una nueva ola de despojos y crímenes de Estado?
En primer lugar, debemos asumir que vivimos bajo los gobiernos de la usurpación. En una situación de golpes de Estado Técnicos, de golpes a la Constitución, de fabricación de leyes que violentan su espíritu original, de magnicidios, de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, como lo definió el Tribunal Permanente de los Pueblos - Capitulo México (TPP). Todo ello para imponer la recolonización del país, una nueva ocupación integral de México, como lo señaló Pablo González Casanova. Recolonización que tuvo un momento detonador con la introducción abierta de las políticas de Estado de corte neoliberal y con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).
Así, lo que se impone, entre otras cosas, como parte de nuestros trabajos en marcha hacia la nueva Constituyente Ciudadana Popular, en el contexto de los resultados de las elecciones del 7 de junio y de la andanada desatada contra toda resistencia civil y social por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, es denunciar y repudiar este nuevo episodio de los gobiernos de la usurpación. Para lo cual proponemos organizar dos actividades que se desarrollarían tomando como referencia el Plan de Trabajo acordado en la asamblea del 2 de mayo.
1° Facilitar un proceso de juicio ético sobre la falta de probidad del proceso electoral del 7 de junio, a la manera de los trabajos realizados por el TPP-México; a concretarse en el mes de agosto, antes de que tomen posesión los nuevos diputados federales. Para ello, debemos apoyar la integración de un comité con académicos, artistas y representantes de organismos civiles y sociales.
2° Realizar una jornada nacional de repudio a la nueva usurpación del Congreso de la Unión a través de campañas de reflexión y acciones de resistencia y desobediencia civil pacífica, evitando las provocaciones que seguramente se montarán ese día.

Notas:
(2) “Consejo del INE aprobará el 6 de mayo padrón electoral: Córdova”, en Notimex, vie, 01 mayo 2015 17:56.
(3) Carlos Fazio, “Política y violencia”, en La Jornada, 8 de junio de 2015.
(4) José Blanco, “Lo previsible”, en La jornada, 9 de junio 2015.