Arturo Alcalde Justiniani
El triunfo popular de julio pasado
abre posibilidades para lograr cambios en la agenda nacional, no sólo
en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal; es extensivo a los distintos
niveles de gobierno y de manera particular al Poder Legislativo.
El Congreso de la Unión inicia hoy una nueva etapa de trabajo. Se
cierne sobre su quehacer muchas expectativas que buscan ser atendidas.
La lluvia de peticiones es amplia y buena parte de ellas no pueden
esperar. Una de esas decisiones está relacionada con un tema clave para
reconstruir el mundo del trabajo: se trata de la ratificación por parte
del Senado de la República del Convenio 98 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la libertad sindical y al
fortalecimiento de la contratación colectiva.
El convenio 98 forma parte de los cinco convenios fundamentales de la
OIT, referidos a la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del
trabajo infantil, la prohibición de la discriminación en materia de
empleo y ocupación y a la libertad de asociación. El convenio 98 tiene
la tarea específica de impulsar la negociación colectiva y es hermano
complementario del convenio 87. Ambos datan de siete décadas atrás, sin
embargo, nuestro gobierno sólo ratificó el 87 y por lo que se refiere al
98 el Senado ha suspendido su ratificación por los intereses del añejo
corporativismo y la intención de mantener los contratos colectivos de
protección patronal firmados a espaldas de los trabajadores.
Finalmente, en diciembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto
decidió firmar el convenio 98. Su aceptación fue ampliamente celebrada
ya que colocaba a México, al menos en el plano legal, en la ruta de
otros países democráticos del mundo. En la actualidad lo han firmado ya
164 países de los 187 que forman parte de esta organización
internacional.
En un momento se pensó que la ratificación por parte del Senado,
condición constitucional para que tenga plena vigencia, sería inmediata,
sin embargo, la gestión de un grupo de abogados beneficiarios de los
contratos de protección patronal, temerosos de que el fortalecimiento de
la negociación colectiva auténtica pusiera en riesgo su negocio,
lograron retrasar esta ratificación. Argumentaron con falsedad que
ratificarlo podría alterar ¨la paz social¨, ya que al suprimirse los
controles a la negociación colectiva se facilitaría la multiplicación de
sindicatos. Ninguno de sus argumentos encuentran sustento en el texto
del convenio ni en las interpretaciones que la OIT ha llevado a cabo
sobre el mismo.
En los cuatro artículos básicos del convenio 98 se plantea en esencia
proteger la negociación colectiva frente a todo acto de discriminación
tendiente a controlar la libertad sindical, a garantizar la vigencia de
este derecho frente a los intentos de controlarlo por parte de los
patrones y los gobiernos. Se señala que deberán crearse mecanismos
adecuados para que este derecho sea respetado y en particular se hace
referencia al fomento de un plan de desarrollo para impulsar la
negociación colectiva ya que es el instrumento fundamental por medio del
cual patrones y trabajadores dialogan y acuerdan sobre las condiciones
de trabajo en una lógica de beneficio mutuo.
Este histórico Senado tiene ahora en sus manos la posibilidad de
concluir este proceso de ratificación por las múltiples razones que
justifican esta añeja petición. Entre ellas tres: la primera, es su
congruencia e íntima vinculación con la reforma al artículo 123 de
nuestra Carta Magna de febrero de 2017, en donde se elevó a rango
constitucional la negociación colectiva y se establecieron reglas para
su fortalecimiento, entre ellas, que su creación inicial o firma debería
ser apoyada por los trabajadores mediante el voto personal, libre y
secreto. La segunda razón encuentra su justificación en los beneficios
del diálogo entre trabajadores y empleadores; nada mejor que la
información recíproca, compartir objetivos comunes y compromisos y
convenir sobre las reglas de trabajo necesarias para unos y otros. Por
ello es la institución central en el derecho laboral. La tercer razón es
consecuencia de los compromisos contraídos con la comunidad
internacional, tanto con la OIT como en los diversos convenios y
tratados de derechos humanos y más recientemente en el Capítulo Laboral
de la nueva versión del TLCAN, que contiene el compromiso de nuestro
país de garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva
auténtica.
Confiamos plenamente en que el nuevo Senado de la República, ajeno a
ataduras corporativas e intereses malsanos, culmine esta ratificación
largamente esperada.
Pd. Es de reconocer la apertura y sensibilidad de Claudia Sheinbaum
próxima jefa de Gobierno de Ciudad de México al mantener la Secretaría
de Trabajo y Fomento al Empleo. Su decisión después de escuchar a
distintos sectores da muestra de la política de diálogo que tanto
necesitamos.
