Las comisiones del Congreso del Estado de México aprobaron reformas para incrementar las sanciones contra quienes ejerzan violencia ácida o química contra mujeres, niñas y adolescentes, con penas que podrían alcanzar hasta 36 años de prisión en los casos de mayor gravedad.
El dictamen fue avalado el 28 de septiembre por las comisiones legislativas y plantea modificaciones al Código Penal del Estado de México y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, la reforma todavía deberá ser discutida y votada por el Pleno del Congreso mexiquense antes de entrar en vigor.
La propuesta deriva de distintas iniciativas presentadas por las diputadas Zaira Cedillo Silva y Nelly Brígida Rivera Sánchez, de Morena; por integrantes del PRD, así como de una iniciativa ciudadana impulsada por la Fundación Carmen Sánchez y mujeres sobrevivientes de violencia química.
¿Qué sanciones plantea la reforma por violencia ácida?
El dictamen contempla sanciones diferenciadas de acuerdo con las consecuencias de la agresión y las circunstancias en las que ocurra.
De acuerdo con el Congreso mexiquense, las penas podrían llegar hasta 36 años de prisión cuando el ataque ponga en peligro la vida de la víctima y además sea cometido por una persona servidora pública o por alguien con quien exista una relación de parentesco, convivencia sentimental o afectiva, laboral, docente, de subordinación, confianza o responsabilidad y cuidado.
La propuesta busca incorporar de manera expresa la violencia ácida o química dentro de las conductas sancionadas por la legislación estatal. Entre las sustancias contempladas se encuentran ácidos, sustancias corrosivas, químicos y otros agentes capaces de provocar lesiones.
Una de las consecuencias consideradas por la reforma es la desfiguración permanente o la pérdida de un órgano, circunstancias que implicarían un incremento de las sanciones.
El Congreso estatal informó que el objetivo es fortalecer la respuesta institucional frente a ataques que afectan de manera grave la integridad física de las mujeres.
Violencia ácida: una agresión que puede dejar daños permanentes
Los ataques con sustancias corrosivas no sólo pueden provocar lesiones inmediatas. Las sobrevivientes pueden enfrentar quemaduras profundas, cicatrices, pérdida de órganos o funciones corporales y alteraciones permanentes en su apariencia.
Por ello, organizaciones y sobrevivientes han insistido en que la respuesta institucional no puede limitarse al castigo penal.
Durante el proceso legislativo en el Estado de México, activistas como Carmen Sánchez y Ximena Canseco señalaron la necesidad de que estos casos sean investigados adecuadamente y de que las víctimas tengan acceso a una atención integral.
La discusión sobre la violencia química también ha incluido la necesidad de garantizar atención médica especializada, acompañamiento jurídico, reparación integral del daño y medidas que permitan a las sobrevivientes reconstruir sus proyectos de vida.
Sobrevivientes piden una respuesta más allá de las penas
El avance legislativo ocurre después de meses de discusión sobre cómo debe reconocerse y sancionarse este tipo de violencia en la entidad.
En abril de 2026, durante un foro realizado en el Congreso mexiquense, sobrevivientes, activistas, instituciones y personas defensoras de derechos humanos plantearon la necesidad de reconocer la violencia ácida o química y establecer mecanismos específicos para enfrentarla.
La Fundación Carmen Sánchez ha participado en este proceso legislativo junto con mujeres sobrevivientes de ataques con sustancias químicas. Una de las propuestas ciudadanas analizadas por el Congreso fue presentada desde noviembre de 2025.
El debate también ha puesto sobre la mesa una diferencia relevante: mientras algunas propuestas buscaban crear un delito autónomo de violencia ácida o química, el dictamen aprobado en comisiones optó por incorporarla como una forma agravada del delito de lesiones.
¿Qué sigue para la reforma en Edomex?
El dictamen aprobado por las comisiones legislativas deberá ser llevado al Pleno del Congreso del Estado de México, donde las y los legisladores deberán votar las modificaciones.
Por ahora, los 36 años de prisión corresponden a la pena máxima prevista en el dictamen, no a una sanción que ya se encuentre vigente.
El avance representa un nuevo paso en la discusión sobre cómo sancionar los ataques con sustancias corrosivas contra mujeres, pero la atención a las sobrevivientes permanece como uno de los temas centrales: además de investigar y sancionar a los agresores, las políticas públicas deben contemplar atención médica especializada, acompañamiento y reparación integral para quienes enfrentan las consecuencias de una agresión que puede modificar sus vidas de manera permanente.
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