"En septiembre se cumplirán 12 años de la desaparición forzada de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, más de una década sin verdad ni justicia".-
Con la vinculación a proceso de Ángel Aguirre, quien era Gobernador en Guerrero cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) parece avanzar en la indagatoria para el esclarecimiento de ese crimen, el más grave de desaparición forzada de las últimas décadas, y el de mayor impunidad, que a casi 12 años de ocurrido sigue sin resolverse.
La participación de Ángel Aguirre en la desaparición forzada de los estudiantes nuevamente pone en evidencia el grave nivel de corrupción de los funcionarios involucrados en esa atroz acción y su colusión con grupos del crimen organizado.
El entonces Gobernador –según las imputaciones de la Fiscalía– ocultó y ordenó destruir evidencia: los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día 27, que precisamente grabaron las agresiones a los normalistas que viajaban en el autobús 1531 de la línea Estrella de Oro, el cómo y quienes los sacaron, y hacia dónde se llevaron a los estudiantes.
Según la información que ha obtenido la FGR –a partir de la cual obtuvo los elementos de prueba para la vinculación a proceso– Ángel Aguirre dio la orden de destruir los videos, porque evidenciaban que su sobrino Ernesto Aguirre Gutiérrez tenía relación con el crimen organizado, con el grupo "Guerreros Unidos", y que habría participado en la desaparición de los jóvenes normalistas.
La designación que Ángel Aguirre hizo de muchos de sus familiares en puestos de su Gobierno fue documentada por la prensa local, que incluso destacó el poder que ejercía Ernesto Aguirre Gutiérrez en el Gobierno de su tío.
A Ernesto su tío lo designó Coordinador de Planes y Proyectos Estratégicos, luego lo dejó como asesor. Pero además Ernesto Aguirre representaba al propio Ángel Aguirre en eventos. Así, por ejemplo, en actividades gubernamentales a las que acudían a Guerrero funcionarios del Gobierno federal, del Gabinete de Peña Nieto, era Ernesto Aguirre el que en ocasiones representó al Gobernador.
Ángel Aguirre, un priista de toda la vida fue en los años noventa, Gobernador sustituto del sanguinario cacique Rubén Figueroa, cuando éste fue destituido por el Congreso tras la matanza de Aguas Blancas. Fue también funcionario en varios gobiernos priistas en la entidad, además de dirigente de su partido y legislador; pero renunció al PRI cuando no le dieron la candidatura a las elecciones de 2011, y entonces se hizo perredista, partido bajo cuyas siglas asumió el cargo de Gobernador ese año.
Aunque con membrete de otro partido, en su Gobierno simplemente dio continuidad a las mismas caciquiles prácticas priistas de represión y corrupción. Al respecto, las organizaciones independientes de defensores de derechos humanos en la entidad dieron cuenta de manera puntual de los abusos y represión en ese periodo contra defensores de derechos humanos, activistas y estudiantes.
Además, en los años de Ángel Aguirre como Gobernador, Guerrero se ubicó como una de las entidades con mayor número de homicidios y otros indicadores de violencia, también por la diversificación de grupos del narcotráfico, algunos escindidos de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana, así como por la fuerte presencia que alcanzaron grupos como "Guerreros Unidos" y "Los Rojos", particularmente por su enorme nivel de cooptación de funcionarios y policías en el estado, a tal punto de controlar varios de los municipios.
El grado de penetración y vinculación de grupos del crimen organizado se evidencia a partir de que eran las policías las que operaban y actuaban según les ordenaran los líderes criminales. Los jefes de plaza de los cárteles eran a su vez mandos policiacos, quienes se encargaban de recaudar el cobro de derecho de piso, de levantones y ejecuciones a nombre de los grupos criminales.
En las más altas estructuras gubernamentales se tenía conocimiento de la operación y cooptación de funcionarios y policías con grupos del crimen organizado. El mapeo criminal de la entidad la tenía identificada instituciones del Gobierno federal, sin embargo, desde la federación también había omisiones.
A partir de la amplia información y documentación que fue obteniendo en su indagatoria, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) describe en uno de sus informes que, en Guerrero, y especialmente en Iguala, la violencia se incrementó desde el 2012, y el índice de desapariciones y muertes violentas fue ascendiendo también, que en esa época, el índice delictivo por entidad del país es ocupado en primer lugar por Guerrero.
Cifra que del 1 de diciembre de 2012 al 1 de agosto de 2014 se registraron en esa entidad dos mil 265 hechos delictivos, incluidas ejecuciones y secuestros.
Detalla dicho informe que, “para el 2014 existen varios mensajes de instituciones de Sedena, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia CRFI de Iguala y del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, que alertan sobre existencia de crimen organizado, de la presencia de 'Guerreros Unidos', de acciones de violencia extrema, incluso 10 o 15 días antes de la desaparición de los normalistas en Iguala. En muchos de esos documentos existen referencias precisas de lugares, presencia de grupos armados, presencia de filtros de entrada y salida, y control de medios de transporte de servicio público”.
Agrega, que “existe una amplia evidencia del nivel de información que tenía Sedena en ese momento sobre actividades delictivas de grupos ligados al narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que permite ver que lejos de ser cuestiones ajenas al propio ejército, hacían parte de sus patrullajes, recogida de información y análisis del contexto que permitían tener conocimiento directo de la situación”.
De manera que ese año 2014, la delincuencia y vínculos de autoridades locales con el crimen organizado fueron del conocimiento de las instituciones del Gobierno federal, pero éste era omiso.
Y es que el de Peña Nieto era un Gobierno que vivía en la frivolidad absoluta, comenzando por el Presidente quien con su familia se la pasaban en la parafernalia y superficialidad en Los Pinos, o en sus fastuosas giras frecuentes por el mundo.
Ante sucesos tan graves como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno de Peña intentó dar “carpetazo” mediante la mal llamada “verdad histórica”, enunciada así por el entonces Procurador Jesús Murillo Karam. Un montaje con el que, en complicidad de muchos medios de comunicación, revictimizaron y estigmatizaron a los desaparecidos.
Años después, derivado de las indagatorias que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), encabezó Alejandro Encinas, en sus informes la CoVAJ determinó que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo "Guerreros Unidos" y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Que autoridades federales y estatales “del más alto nivel” fueron omisas y negligentes, respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
Señala la CoVAJ en sus informes que “la creación de la ‘verdad histórica’, fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
Detalla que la que Murillo Karam anunciaría como “verdad histórica” se fundó en una versión “que fue adoptada durante una de las sesiones del Gabinete realizada en la oficina del Presidente de la República”, es decir, la oficina de Peña en Los Pinos.
En septiembre se cumplirán 12 años de la desaparición forzada de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, más de una década sin verdad ni justicia.
21 personas vinculadas al caso fallecieron, algunos en diversas circunstancias y otros fueron ejecutados. Se contabilizaban muchas detenciones, pero muchas de esas también quedaron sin efecto por maniobras de jueces del antiguo Poder Judicial.
Aunque en los informes más recientes –que son los emitidos por la CoVAJ– se reconoció como un crimen de Estado, muchos de los responsables aún siguen impunes.
Ángel Aguirre es el segundo exfuncionario público de mayor jerarquía en el cargo que ha sido vinculado a proceso –el primero fue Murillo Karam–, el exgobernador estuvo impune, y tan se sentía impune que aparecía en eventos y reuniones con sus amigos políticos, como lo mostró una fotografía que en enero de 2024 publicó el Senador priista Manuel Añorve Baños en su red social, donde aparecen él, Ángel Aguirre y Alejandro Moreno, con el mensaje: “Junto a mi primo y exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, visitamos en su oficina a mi Presidente alitomoreno”.
Al tratarse de un crimen de Estado, la Fiscalía debe llegar hasta las más altas estructuras, para no queden impunes los exfuncionarios públicos involucrados por acción o por omisión, incluido Enrique Peña Nieto, quien disfruta de un retiro dorado en España.
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