Exhorta a autoridades federales y estatales asumir compromisos
Redacción
México, D.F. 5 oct. 10 (CIMAC).- Amnistía Internacional (AI) instó a las autoridades federales y estatales a implementar, de forma inmediata, todas las medidas necesarias para cumplir con las dos sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), contra el Estado mexicano en materia de violencia sexual contra mujeres indígenas. En una declaración pública emitida hoy, el organismo precisó que “es hora de garantizar la verdad, justicia y reparación para Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú”, dos indígenas originarias del estado de Guerrero, que en 2002 fueron víctimas de violación sexual por parte de soldados del Ejército mexicano.
Para AI, las dos sentencias de la CoIDH son claras en reconocer una serie de graves violaciones a Derechos Humanos (DH) contra ambas mujeres y sus familiares, las cuales han resultado, entre otras cosas, en impunidad, falta de castigo para los responsables y hostigamiento a las mujeres y organizaciones que han apoyado a Inés y Valentina en su lucha por la justicia. Esta organización recordó que desde que ocurrieron los hechos en 2002, el Estado mexicano negó que Inés y Valentina fueron agredidas y víctimas de violencia. Sin embargo, las resoluciones de la CoIDH “son contundentes en señalar que las mujeres sufrieron la violación sexual por parte de soldados”.
El máximo tribunal de Latinoamérica criticó la actitud del Estado mexicano, y estableció una serie de medidas obligatorias para reabrir la investigación penal en la justicia ordinaria, investigar a los funcionarios que obstaculizaron las investigaciones, mejorar la atención médica y brindar reparación a las víctimas, sus familias y la comunidad en que vivían al momento de la agresión. De acuerdo con AI, en estas sentencias se reitera la obligación de México de modificar su legislación interna para que sea la jurisdicción civil quien investigue, y procese a los militares que cometan violaciones a DH.
En noviembre de 2009, el alto tribunal dio a conocer la sentencia del caso Radilla Pacheco, a través de la cual, estableció por primera vez la obligación de reformar el Código de Justicia Militar para lograr dicho fin. Pero además, “la Corte también reiteró la obligación de los jueces mexicanos de garantizar que sus decisiones sean conformes con la jurisprudencia interamericana”, señaló AI. “De nuevo, el compromiso de México de cumplir con sus obligaciones en materia de DH está bajo la lupa”, mencionó la organización, quien también expuso que en menos de un año, la CoIDH ha emitido cuatro sentencias contra México en casos de graves violaciones de DH e impunidad.
La organización se mantendrá alerta ante la actitud que adopte el Estado mexicano, pues cabe mencionar que el primero de octubre, cuando se notificó a las partes esta resolución, la Secretaría de Gobernación reconoció la responsabilidad de México por “la dilación en el esclarecimiento de la verdad de los hechos”.
Asimismo la dependencia expresó su firme compromiso de seguir trabajando en la promoción y protección de los DH de las mujeres, las niñas y las indígenas, así como su compromiso pleno con el mejoramiento de los sistemas de salud y de procuración y administración de justicia en México. Por tal razón afirmó que “en atención a sus compromisos internacionales, el gobierno de México llevará a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar esta sentencia de la Corte”. No obstante AI expresó su preocupación porque estas sentencias demuestran que México violó la Convención Americana sobre DH, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y por primera vez en México la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura.
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