El caso de la defensora indígena Bertha Cáceres en Honduras es uno de los más emblemáticos en Centroamérica. El 2 de marzo de 2016 fue asesinada en su casa en La Esperanza, cuando hombres armados ingresaron a su vivienda durante la noche y de dispararon causando su muerte. Las investigaciones determinaron que se trataba de un crimen premeditado para silenciar la oposición del proyecto Agua Zarca, una central hidroeléctrica planificada sobre el Río Gualcarque e impulsada por Desarrollo Energético S.A. (DESA).
El pasado enero de 2026, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado hondureño conocía la planificación del feminicidio de Bertha Cáceres desde enero de 2016, dos meses antes de que se llevara a cabo.
A raíz del aniversario de su muerte, una delegación conformada por defensoras mesoamericanas como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Consorcio Oaxaca y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se reunieron del 28 de febrero al 2 de marzo en La Esperanza, Intibucá para conmemorar su asesinato.
La labor que realizan las defensoras de la tierra y el territorio es fundamental, de acuerdo con IM-Defensoras, en Mesoamérica son ellas quienes sostienen la vida de sus comunidades frente al despojo, la contaminación y las amenazas al bien común. Por ello, son quienes mayormente reciben ataques constantes por su labor. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 documentaron 93 agresiones contra 14 defensoras y 3 organizaciones que defendían estos derechos.
El informe del GIEI
A partir del análisis de cientos de horas de intervenciones telefónicas realizadas en una investigación penal iniciada en 2015, el GIEI documentó que antes del feminicdio de Berta Cáceres, se llevaron a cabo al menos cinco incursiones a La Esperanza, lugar donde residía la defensora, entre el 22 de enero y el 28 de febrero de 2016. En ellas participaron Douglas Bustillo, Mariano Díaz y Henry Hernández en acciones de vigilancia, seguimiento y preparación logística del crimen.
A pesar de contar con interceptaciones telefónicas en tiempo real en las que se hablaba de pagos y planes para asesinarla, el Estado hondureño no activó mecanismos de prevención ni adoptó medidas para protegerla. Esta omisión, concluyó el GIEI, constituyó una grave violación a su deber de proteger la vida de la defensora.
Sumado a ello, también se develó a partir de un análisis financiero que fondos de bancos internacionales de desarrollo —principalmente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO), destinados formalmente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca— fueron desviados para financiar actividades ilícitas vinculadas a la gestión violenta del conflicto territorial y, en última instancia, el asesinato de Berta Cáceres.
El GIEI documentó que tras el asesinato de Cáceres, se realizaron operaciones financieras para pagar a la célula que ejecutó el crimen, mediante cheques cobrados en efectivo y movimientos irregulares que permitieron convertir recursos empresariales en pagos directos a los responsables. Estos mecanismos evidenciaron la existencia de una estructura financiera diseñada para sostener la violencia y garantizar la ejecución del asesinato.
El modus operandi, no solo fue utilizado para financiar el asesinato, sino también actividades previas como vigilancia, inteligencia, incursiones armadas y logística. El GIEI identificó patrones reiterados de fragmentación de montos, uso de empleados de bajo rango como cobradores y pagos por servicios inexistentes, lo que permitió vincular directamente los flujos de dinero con los autores materiales del crimen y con operaciones violentas anteriores.
Agua Zarca, el proyecto contra el que lucho la defensora
El proyecto Agua Zarca fue una central hidroeléctrica planificada sobre el Río Gualcarque, Honduras, impulsada por Desarrollo Energético S.A. (DESA). Desde sus inicios, generó controversia y una oposición, principalmente de las comunidades indígenas lenca, por el acceso al agua y la afectación a sus derechos territoriales.
La resistencia fue liderada por Berta Cáceres, quien desde el 2013 señaló el involucramiento de intereses privados, el gobierno y el Ejército Nacional para la aprobación y desarrollo del proyecto. Asimismo, denunció la nula consulta previa, libre e informada sobre la construcción de la central hidroeléctrica en un espacio con significado espiritual.
La oposición al proyecto estuvo ligada a la violencia y represión contra defensoras y personas de la comunidad lenca. Integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fueron atacados, criminalizados y amenazados, lo que llevó al asesinato de Tomás García, líder indígena, a manos del Ejército Nacional, provocando que, tanto la constructora china Sinohyfro y el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO) abandonaran el financiamiento del proyecto.
El punto de quiebre de una lucha llegó el 2 de marzo de 2016, cuando Berta Cáceres fue asesinada en su casa en La Esperanza, Intibucá. Sicarios contratados, irrumpieron en su hogar y le disparan, provocando también que el activista Gustavo Castro resultara herido.
Las investigaciones determinaron que se trataba de un crimen premeditado para silenciar la oposición del proyecto. En 2018, un tribunal condenó a siete hombres —entre los que figuraron sicarios, exmilitares y empleados de DESA— como autores materiales. También se señaló la responsabilidad de Sergio Rodríguez por identificar a Berta como objetivo y proporcionar información vital para ejecutar el asesinato.
Tres años después, David Castillo, presidente de DESA y exoficial de inteligencia militar, fue condenado como co-autor intelectual del crimen, pues se comprobó que coordinó a los sicarios y uso su influencia para vigilar y castigar a Berta Cáceres antes de su asesinato.
Tras su muerte, el proyecto Agua Zarca quedó suspendido. Su lucha inspiró movimientos ambientales en América Latina y puso en evidencia los riesgos que enfrentan los defensores del medioambiente en la región. Su familia y el COPINH continúan exigiendo justicia para los responsables de más alto nivel.
Recordando a Berta Cáceres
De acuerdo con información del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Isabel Cáceres Flores, nació en el municipio de La Esperanza, Intibicà el 4 de marzo de 1971, era la hija menor de doce hermanas y hermanos. Su vida se caracterizó porque creció bajo un régimen conservador y gobierno autoritario, por lo que sus primeros años se vieron marcados por la lucha contra el conservadurismo militar.
Berta Cáceres, compañera y madre – cimacnoticias.com.mx
Mientras estudiaba en el Jardín de Niños “Esperanzano” y más tarde en la Escuela Guia Técnica número 12 “Juan Emilio Flores”; acompañaba a su madre a las labores de enfermería y asistencia médica hacia las mujeres en labor de parto, pero también estuvo en las luchas solidarias de los movimientos sociales llevando el correo entre la insurgencia.
Cuando cursó la secundaria en el Instituto Departamental de Occidente y posteriormente entró a la Escuela Normal Mixta de Occidente, militó en la Organización Patriótica Estudiantil Lempira (OPE-L) haciendo trabajo clandestino contra la Doctrina de la Seguridad Nacional y la presencia militar de Estados Unidos en Honduras.
Después de graduarse como maestra en 1988, participó en la Gran Ofensiva General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En 1989, impulsó programas de educación popular y fundó Acción Cultural y Ecológica de Rescate (HACER) para preservar la cultura Lenca y la defensa del medio ambiente. Más tarde, trabajó en la organización y capacitación de mujeres de la Organización Parroquial de Intibucá.
En 1993, co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) que fue clave en la lucha por los derechos del pueblo lenca y la protección de recursos naturales. Gracias a su liderazgo, logró victorias como la expulsión de aserraderos industriales, la creación de municipios indígenas y la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Además, organizó eventos internacionales en defensa del medio ambiente y la autodeterminación de los pueblos, así como la promoción de la inclusión política de las mujeres y la fundación de radios comunitarias indígenas para amplificar la voz de su movimiento.
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No obstante, enfrentó persecución y criminalización por su activismo. Su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa DESA y financiado por bancos internacionales la posicionó bajo la mira y en 2015, ganó el Premio Medioambiental Goldman.
Finalmente, aunque murió en marzo de 2016 generando indignación a nivel internacional, su lucha dejó un legado de resistencia en la defensa de los pueblos indígenas y del medio ambiente.
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