"Una reforma fiscal que redistribuya premiaría respetar las reglas del juego. No sería un remedio milagroso, pero sí una navaja suiza para combatir al narco".
La captura y muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, cimbró al país en más de una forma. Por un lado, asestó un golpe innegable a la delincuencia con la eliminación de un capo violento y dominante. Por otro, detonó represalias de las bandas criminales contra el gobierno y la población civil. Por último, resucitó el debate sobre la estrategia óptima para combatir al narcotráfico: ¿abrazos, balazos, ambos o ninguno? Este último punto es el que interesa a quien escribe.
Como punto de partida, un diagnóstico mínimo es indispensable para contextualizar las economías del narco. Los grupos delictivos operan bajo una lógica territorial de alianzas que limitan la oferta y, en colusión, fijan precios. El principal disuasivo que obstruye la entrada de retadores es el uso extendido de la violencia; cuando recrudece, la menor producción incita un mayor precio que los consumidores —la mayoría en países de poder adquisitivo superior— están dispuestos a pagar tratándose de una demanda inelástica por la naturaleza adictiva del producto. Aunque existen sustitutos imperfectos que elevan la sensibilidad por cambios de precio, los productores diversifican con un menú de narcóticos y otras actividades ilícitas que reduce la volatilidad de ventas. Además, los descomunales márgenes operativos fomentan la importación de capital escaso en la forma de armas militares que no sólo fulminan competidores, sino que rivalizan con el monopolio de la fuerza del Estado. Por último, pero no menos importante, los cárteles tienen poder monopsónico, a saber, ostentan la capacidad de fijar salarios regionales al ser el empleador dominante, sea como demandantes de sicarios o bien compradores de insumos.
El mercado lucrativo del narco ofrece distintas rutas como estrategias de combate desde el punto de vista estatal. Como salida deseable mas no perfecta, eliminar la ilegalidad de la actividad fomentaría la entrada de nuevos competidores, la caída de precios y la compresión de márgenes operativos de la industria, aunque tendría como inconveniente un incremento en la producción que demandaría atender las adicciones como asunto de salud pública. Muerto el tabú y elevada la eficacia del tratamiento preventivo y remedial, reduciría la elasticidad de la demanda y restaría poder de mercado a los cárteles. No obstante, por economía política enraizada en el puritanismo de Estados Unidos —epicentro de la demanda—, esta solución resulta una quimera en el corto plazo.
Una salida alternativa es concentrar el parque para encarecer los insumos empleados en la producción de narcóticos. En lo concerniente al capital, combatir a los cárteles en directo es tarea compleja que puede incluso tornarse contraproducente. Por un lado, puede promover una carrera armamentista no sólo entre grupos, sino también con el Estado. Por otro, la violencia desatada eleva las barreras de entrada a la industria y blinda los márgenes operativos con ajustes alcistas del precio de exportación. Por estos motivos, dificultar el acceso al armamento de alto calibre es fundamental, pero con la Segunda Enmienda constitucional de Estados Unidos hemos dado, Sancho.
Una opción más realista descansa en el trabajo y el poder monopsónico de los cárteles. La traducción al lenguaje político oficial es la “atención a las causas”. Si el capital es de fácil acceso, la contratación encarecida de sicarios, proveedores, testaferros y demás colaboradores no sólo dañaría las finanzas de los grupos delictivos, sino que también mermaría la red de influencia que sostiene la logística y la administración. Sin embargo, los cientos de miles de asesinados a manos del narco sugiere que restar capacidad de fijación salarial a los cárteles demanda un acto redistributivo potente para complementar la expansión del salario mínimo y los programas sociales, que no logran colmar de corto plazo ciertos vacíos de empleo e infraestructura.
Ante la falta de soluciones milagrosas y la presencia de una camisa de fuerza como la demanda estadounidense, una estrategia mixta es la debatible salida óptima. No obstante, una respuesta de magnitud moderada podría no sólo dilatar el conflicto, sino obsequiar tiempo al reacomodo de grupos y al brote de nuevas cabezas según la razonable teoría de la hidra. Luego, una estrategia integral de magnitud mayor a la actual es deseable para lograr un equilibrio social de violencia reducida. Y como la ampliación sustancial de las capacidades estatales cuesta, una reforma fiscal luce como aduana ineludible para combatir mejor al narco. Además, ganaría efectividad (y legitimidad popular) si redistribuye del rico al pobre.
El Estado ganaría al menos tres armas con una reforma fiscal redistributiva. La más obvia es la potencia de fuego. Un incremento presupuestal a las fuerzas armadas y policiales pondría más capital en manos de la competencia de los cárteles, no sólo mediante armas sino también vehículos de traslado, sistemas de inteligencia y equipo de protección. Además, la contratación de nuevo personal con mejores salarios elevaría la moral de las tropas y restaría unidades de reclutamiento potencial al crimen organizado, sobre todo si la expansión de la masa salarial ocurre en zonas críticas. Competir por el mismo grupo objetivo (hombres jóvenes) que contratan los cárteles desplazaría recursos humanos de la fábrica de actitudes antisociales que es el crimen organizado al escalafón militar dignificado.
Un segundo beneficio, acaso más indirecto, es la ganancia en movilidad social por una mayor redistribución. Si los cárteles reclutan sicarios y prestanombres con facilidad es porque la desigualdad predispone al hijo del pobre a seguir los pasos del padre. Esa falta de oportunidades potencia el señuelo de riqueza expedita del narco, a costa de la educación y del trabajo legal. Una reforma fiscal que redistribuya en serio expandiría la capacidad del Estado de construir escuelas dignas y generar empleos legítimos hasta romper o al menos debilitar el poder monopsónico de los cárteles en zonas desaventajadas.
Como tercer efecto, una reforma fiscal redistributiva podría restar utilidades a los cárteles de forma indirecta. Gravar la economía ilegal es tarea compleja. El PRI y el PAN intentaron con el IVA y el IEPS a gasolinas, pero las altas tasas tributarias propiciaron el surgimiento de mercados negros como los del huachicoleo y las factureras: dos efectos indeseados de la misma dependencia en los impuestos indirectos. Una alternativa progresiva (protectora de pobres) sería aumentar los tributos a la riqueza, en particular a los bienes inmobiliarios, con umbrales de valor exento y tasas escalonadas. En la práctica, penalizaría más el lavado de dinero y el refugio de ganancias malhabidas en activos difíciles de ocultar.
La confluencia de estas tres armas tendría como resultado debilitar a los capos, fortalecer a los generales y encauzar a la legalidad a los jóvenes marginados. En síntesis, el Estado ganaría tamaño a costa de la economía ilegal. Recuperaría el monopolio de la fuerza y rompería el empate catastrófico con la hidra. La violencia no disminuiría a cero, pero desescalaría. En definitiva, una reforma fiscal que redistribuya premiaría respetar las reglas del juego social. No sería un remedio milagroso, pero sí una navaja suiza potenciada para combatir al narco ya no trinchera a trinchera, sino mediante un sitio al infierno generador de violencia.
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