A 20 años de Valentina Rosendo Cantú, el senado votará hoy por la permanencia del ejército en las calles hasta 2028

 Escrito por Diana Hernández Gómez 

.-Ciudad de México.- Este 21 de septiembre, el senado de la República en México está discutiendo para decidir si las fuerzas armadas continuarán haciéndose cargo de la seguridad pública en México hasta 2028. Si la iniciativa se aprueba, entonces el ejército continuará en las calles, extendiendo así con un proceso de militarización nacional que ha dejado casos de abuso contra mujeres Valentina Rosendo Cantú.

La propuesta que reposa hoy en el senado consiste en modificar el Artículo Quinto Transitorio de la Constitución, el cual permite que las fuerzas castrenses participen en las labores de seguridad pública de nuestro país. Hasta este momento, dicho artículo establece que esta participación militar será vigente sólo hasta el 27 de marzo de 2024. No obstante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso una serie de reformas para extender el periodo hasta el año 2028.

Dentro del Senado hubo opiniones divididas acerca de esta iniciativa, la cual pasó por la cámara de diputados con 335 votos a favor y 152 votos en contra. La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del PRI, y el senador Germán Martínez Cázares, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) son algunos de los funcionarios que se han posicionado en contra.

TAL VEZ TE INTERESE: Avanza militarización en México; se advierte incremento a violaciones de derechos humanos

Ambos argumentan que México está atravesando una crisis en cuestión de derechos humanos, y que una de las raíces de esta crisis se encuentra en las estrategias de seguridad fallidas. Y es que, en medio de dichas estrategias, el ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina (por mencionar algunas instituciones militares) han dejado a su paso una serie de violaciones a los derechos de la población civil.

Muestra de ello es que, entre enero de 2012 y julio 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 4 mil 841 quejas por abusos militares perpetrados por las fuerzas armadas. Por su parte, la Guardia Nacional cuenta con al menos 219 quejas en su contra registradas desde su creación en mayo de 2019 hasta agosto de 2020.

Pero desde años anteriores a estos registros, ya había casos que sentaron precedentes importantes sobre los riesgos de militarizar el país. Uno de ellos, el caso de Valentina Rosendo Cantú, representa un antes y un después en el reconocimiento de la violencia militar en México.

El caso Rosendo Cantú: un parteaguas en la justicia por violencia militar

Valentina Rosendo Cantú es una mujer originaria del municipio de Acatepec, en el estado de Guerrero. El 16 de febrero de 2002, cuando tenía 17 años de edad, ocho militares se acercaron a ella mientras se preparaba para lavarse en un arroyo a 200 metros de su hogar.

Los militares (quienes llevaban a un hombre detenido) le preguntaron por “los encapuchados” y comenzaron a interrogarla de mantera intimidatoria apuntándole con un arma y mostrándole una fotografía y una lista de nombres. Ante la negativa de Valentina, el militar que le apuntaba la golpeó en el estómago con el arma y la tiró al suelo. Después, dos de los militares la violentaron sexualmente.

Al igual que en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, para Valentina Rosendo Cantú, el acceso a la justicia estuvo plagado de irregularidades por parte de las autoridades mexicanas y también del personal médico que la atendió poco después del ataque perpetrado en su contra.

Primero, el personal de salud pública de la comunidad de Caxitepec se negó a revisarla para evitar problemas con los militares. Después, en el Hospital General de Ayutla de los Libres, le realizaron una revisión incompleta y sólo le diagnosticaron un traumatismo en el abdomen. Por otro lado, su esposo puso una denuncia el día de los hechos frente al delegado municipal de Barranca Bejuco. Esta autoridad se dirigió al presidente municipal de Acatepec para pedir su intervención, la cual, sin embargo, nunca llegó.

Valentina Rosendo Cantú, mujer indígena abusada por miembros del Ejército Mexicano.

Ante la falta de acción de estas autoridades, el 26 de febrero (a diez días de las agresiones), la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos ayudó a Valentina Rosendo a presentar una queja frente a la CNDH. Por su parte, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero la acompañó a presentar una denuncia frente al Ministerio Público del Distrito Judicial de Allende, donde no le proporcionaron un intérprete pese a sus dificultades para hablar y entender el español. Tampoco le realizaron una evaluación médica.

Todas estas circunstancias llevaron a Valentina Rosendo Cantú a presentar su caso frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2003. Para marzo de 2009, dicha Comisión acredita la violación contra la mujer indígena Me’phaa y responsabiliza al Estado mexicano de las irregularidades cometidas durante la investigación.

El Estado no actuó a pesar de ello, por lo que, en 2010, el caso de Valentina pasa a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte reiteró la responsabilidad de las autoridades mexicanas y les ordena reabrir el caso, el cual se había archivado en 2004. Finalmente, tras varios años de ejercer presión, el 7 de junio de 2018, la Jueza Federal Iliana Contreras condenó a los responsables de la violación de Valentina Rosendo Cantú a 19 años de prisión.

Este caso sentó un precedente importante para los casos de violencia militar, pues con él, el sistema judicial mexicano se modificó para que los casos de violación de derechos humanos cometidos por miembros del Ejército Mexicano fueran llevados por tribunales civiles. También se aprobaron reformas al Código de Justicia Militar para establecer restricciones al fuero militar en casos de abusos contra civiles.

A pesar de esto, siguen presentándose casos como el de Valentina Rosendo. De acuerdo con Amnistía Internacional, la Guardia Nacional tiene por lo menos tres acusaciones por tortura y dos por desapariciones forzadas, y el Ejército tiene acusaciones de violencia sexual incluso dentro de sus propias filas. Si las reformas al Artículo Quinto Transitorio se aprueban, se corre el riesgo de que estas condiciones sigan perpetrándose y llenando de violencia militar al territorio nacional.

Tal vez te interese:

Inés y Valentina: 18 años de impunidad militar

Abel Barrera Hernández*

Como hace 18 años, Inés Fernández Ortega vive en su casa de madera en Barranca Tecoani. Sigue atrancando su puerta con una viga, a pesar de los múltiples peligros y amenazas que sufre. La cocina donde fue agredida sexualmente por militares conserva los adobes y tejamaniles de su techo ahumado. Con sus pies desnudos recorre la escarpada montaña para juntar leña y sembrar maíz con sus pequeños hijos y Fortunato, su esposo. Mantiene siempre el garbo cuando se expresa en me’phaa frente a las autoridades. Su idioma materno forma parte de su identidad y lo demostró con el temple que la caracteriza, en el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional del Estado mexicano realizado el 6 de marzo de 2012, en Ayutla de los Libres. Ahí le reiteró al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, que no creía en la palabra del gobierno, porque no cumple. Sin embargo, ella había aceptado sentarse a su lado, para decirle lo que piensa.

En Barranca Bejuco, donde Valentina Rosendo Cantú lavaba su ropa en el río, tuvo que enfrentar a los guachos. A sus 17 años fue víctima de tortura sexual perpetrada por elementos castrenses, quienes usaron las armas de cargo para amedrentarla, golpearla y violarla. Esta desigualdad estructural que fue calificada como una asimetría de poder por la jueza del juzgado séptimo de distrito en Guerrero, fue determinante para sentenciar por 19 años a dos militares.

Inés y Valentina, desde hace 18 años no han dado tregua a su lucha por la justicia. Desde que bajaron a la agencia del Ministerio Público experimentaron el desprecio y el desamparo de las autoridades que supuestamente protegen a las víctimas. A pesar de las presiones que sufrieron en sus comunidades, que eran asediadas por el Ejército, para callar estas denuncias, nunca se doblegaron.

Rompieron el cerco de la impunidad y sentaron en el banquillo de los acusados al Ejército y representantes del gobierno para espetarles su postura pusilánime y complaciente con los militares violadores. Resonó su palabra en el recinto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) que desenmascaró las mentiras de un gobierno que viola los derechos humanos de las indígenas. Su verdad se tradujo en dos sentencias emblemáticas que son pioneras en la defensa de los derechos de las mujeres.

La Coridh señaló el 30 y 31 de agosto de 2010 al Estado mexicano como responsable de violaciones graves a los derechos humanos de Inés y Valentina, cometidas en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia institucional castrense. Determinó que se violaron los derechos a una vida libre de violencia, a no ser torturada, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada y al debido proceso y las garantías judiciales. Además, determinó que México incumplió su obligación de adecuar el marco jurídico a los parámetros derivados de los tratados internacionales.

A 10 años de las sentencias la corte dio por cumplidas las medidas relativas a la publicación de la sentencia; al acto público de reconocimiento de la responsabilidad, el tratamiento médico y sicológico, las becas de estudio, el reintegro de costas y gastos y adoptar reformas para permitir que las personas cuenten con un recurso efectivo de impugnación cuando sientan vulnerados sus derechos por el Ejército. Se observó cómo parcialmente cumplida la reforma legislativa orientada a compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales.

Quedan pendientes las medidas de reparación estructural que las autoridades deben atender de manera prioritaria para que no vuelvan a ocurrir casos como los que padecieron Inés Fernández y Valentina Rosendo. Son medidas centradas en las investigaciones contra los responsables de estos casos; las relacionadas con la reforma al Código de Justicia Militar, la capacitación de servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia, así como de las fuerzas armadas.

La lucha tenaz de Inés y Valentina iluminó el camino espinoso de la justicia para las mujeres sobrevivientes de tortura sexual. A pesar de estos trascendentales avances, Inés sigue esperando el veredicto final del juez, para que se castigue a los perpetradores. El hoyo negro sigue siendo el poder que ostenta el Ejército al dotarle el Ejecutivo federal de mayores facultades para expandir su participación en la seguridad pública.

La reforma al Código de Justicia Militar, además de quedar acotada y lejos de cumplir con los estándares internacionales, especialmente en el uso de la fuerza, ha erigido a Ejército y Marina como suprapoderes, que en lugar de supeditarse a las autoridades civiles, piden cuentas y ejercen el control de la población, amén de ser un actor con poder económico. El Ejecutivo ha colocado al Ejército como constructor de megaproyectos y el mando en seguridad pública.

Para Inés y Valentina la situación de marginación y discriminación de las indígenas de la Costa-Montaña no ha mejorado. Han tenido que batallar con las autoridades de salud para exigir que en sus comunidades haya doctoras, enfermeras y medicamentos. La muerte materna es aún la sombra funesta que amenaza a las madres que padecen los estragos de la desnutrición. El cerco del hambre y ahora del Covid-19 forman parte de los males que azotan a las comunidades indígenas de Guerrero.

En cuanto a las reparaciones comunitarias que plantea la sentencia de Inés Fernández, han sido desatendidas por las diferentes administraciones federales. De nada ha servido esta propuesta innovadora que toma en cuenta la dimensión comunitaria de los daños ocasionados por esta execrable actuación militar, cuando Inés y sus compañeras se topan con el argumento recurrente de que no existen fondos para dar cumplimiento a esta resolución. La creación del Centro Comunitario y Albergue de niñas y niños en Ayutla de los Libres ha sido una exigencia que no ha encontrado eco en el gobierno federal. Son 10 años de subir y bajar la montaña, con esa firme esperanza de que se materialice su sueño, de tener un lugar digno en la ciudad que las desprecia e ignora.

*Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlacinollan.

Valentina pide no dejar en libertad a sus agresores

Militares apelan sentencia

Arropada por defensoras de derechos de las mujeres, por organizaciones civiles y por Inés Fernández Ortega y mujeres de Atenco, todas víctimas de tortura sexual, la indígena Me´Paa,  Valentina Rosendo Cantú, pidió a la jueza del juzgado séptimo que no libere a los dos militares que se encuentra detenidos por haberla torturado sexualmente y que cumplan su castigo, luego de la apelación que interpusieran los acusados de cometer el delito.

En conferencia de prensa Valentina expresó "... en mi largo camino de exigir justicia, para mi es muy importante porque ya hemos logrado una base de esperanza para otras generaciones, para otras compañeras que han sufrido de violaciones en su contra. A las compañeras que siguen su lucha, en su camino esta sentencia va a ayudar mucho, porque exigimos también que el gobierno no se tarde tantos años como en mi caso para que encuentren justicia. El gobierno me hizo caminar muchos años” y pidió que por ello no se deje en libertad a sus agresores.

Valentina Rosendo fue torturada sexualmente por militares en 2002 en la montaña de Guerrero, en la comunidad de Caxitepec, en el municipio de Acatepec cuando lavaba ropa en un arroyo; a los pocos días de su ataque ella denunció a los militares, pero nadie le creyó.

Desde entonces inició su búsqueda por obtener justicia y para que los responsables de la agresión que la hicieron huir de su comunidad ante el rechazo de sus vecinos, tuvieran una sanción. Luego de que su caso agotara todas las instancias de justicia nacionales donde se le negó la justicia, su caso llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos donde obtuvo lo que tanto ansió desde entonces: justicia.

En 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) determinó que Valentina sí fue víctima de tortura sexual cometida por militares y que el Estado Mexicano debía repararla por ello, por lo que le ordenó reabrir la investigación en el ámbito civil y sancionar a los responsables.

Como resultado de esta sentencia de la CoIDH, el pasado 1 de junio la jueza del Juzgado Séptimo, Iliana Fabricia Contreras Perales, condenó a 19 años, cinco meses y un día de prisión al cabo de infantería Nemesio Sierra García y al exsoldado Armando Pérez Abarca, quienes en 2002 violaron y torturaron sexualmente a Valentina.

En su oportunidad, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Isidoro Vicario Aguilar, uno de los encargados del caso, explicó que la sentencia no ha quedado firme porque ambos inculpados la apelaron los pasados días 5 y 6 de junio, por lo que se remitió al Primer Tribunal Unitario para que éste la resuelva.

Detalló que también recibieron la notificación de que el próximo 3 de septiembre será la audiencia para que se revisen los motivos de la apelación y que será después de 3 meses cuando el Tribunal con residencia en Chilpancingo, tome una decisión respecto al caso.

Vicario Aguilar agregó: "nosotros creemos que sí hay elementos y pruebas suficientes que obran en la causa penal para que el magistrado del Primer Tribunal tenga que confirmar esta sentencia histórica.", explicó Vicario Aguilar.

En entrevista, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, agregó que en el caso de que el magistrado del Primer Tribunal no valorara la sentencia y aceptara el recurso de apelación de los militares, Valentina podría ampararse, y agregó: “si ese fuera el escenario se estaría retrocediendo y se reafirmaría el pacto de impunidad entre el gobierno, civiles y el Ejército”.

TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA

La representante de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, María Corina Muskus Toro, precisó que es hora de transformar a un sistema de justicia que repare de forma integral a las víctimas de tortura sexual y que éstas tengan un verdadero acceso a la justicia y con perspectiva de género que termine con la impunidad porque en su opinión, en el país no existe la voluntad de investigar cuando son los militares los implicados en las violaciones a los Derechos Humanos.

Muskus Toro insistió que buscarán una política de desmilitarización de la seguridad pública que ha traído graves violaciones a los Derechos Humanos, en particular a las mujeres.

En un contexto en el que la tortura sexual es generalizada, dijo, debe tomarse en cuenta que estos actos afectan de manera particular a las mujeres pues tienen consecuencias psicosociales, ruptura familiar, estigmatización y criminalización de las víctimas y sobrevivientes y no sólo ello, sino que también enfrentan procesos penales largos y desgastantes.

Por su parte, el coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos, afirmó que el sistema de justicia mexicano enfrenta múltiples retos y desafíos para garantizar los Derechos Humanos de las mujeres, por lo que reconoció la sentencia de la Corte Interamericana por tortura sexual que permite que una víctima de elementos del Ejército mexicano, haya encontrado la justicia que México no le dio.

“Ha permitido que una víctima de tortura sexual a manos de integrantes del Ejército Mexicano haya encontrado salida al laberinto judicial mexicano caracterizado por la displicencia, la negligencia, el solapamiento y la simulación” y celebró que la sentencia contemple el tema cultural y le dé el valor a la palabra de la víctima.

"La sentencia reconoce el abuso de militares hacia una víctima civil lo que concluye que estamos frente a una situación de desigualdad estructural con asimetría de poder y es lo que Valentina fue capaz de vencer", expresó.

CIMACFoto: Scarlett Arias

Por: Scarlett Arias, corresponsal

Cimacnoticias | Chilpancingo, Gro.-

Una sentencia y un reencuentro: Valentina Rosendo Cantú

ENTREVISTA

   Jueza da valor preponderante a testimonio de víctima

Cuando la indígena tlapaneca Valentina Rosendo Cantú supo que los dos militares que la torturaron sexualmente hace 16 años fueron sentenciados a 19 años, cinco meses y un día de prisión, sintió que dejaba de mecerse en el aire y se reencontraba consigo misma. 

“Ya me reúno con mi misma porque antes era un pedacito. Me faltaba reunir con mi otra yo que se quedó en la montaña, allá, en el pueblo”, asegura, mientras busca un lugar en una sala de la CNDH para amamantar a Daniela, su hija de 8 meses de edad.

Así como en 2002 Valentina cargó en brazos a su hija Yenis, de entonces 3 meses, y caminó durante 8 horas para ir denunciar; 16 años después carga a Daniela, mientras recorre salas de prensa y estudios de televisión para dar entrevistas y decir que un Juzgado confirmó que ella siempre dijo la verdad.

El pasado 1 de junio el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero, a cargo de la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales, condenó al cabo de infantería Nemesio Sierra García y al exsoldado Armando Pérez Abarca, responsables de la tortura sexual de Valentina en 2002.

“Mi gente, la de mi pueblo, las mujeres de mi pueblo ya saben que siempre fui la que he dicho la verdad”, dice Valentina, quien tuvo que enfrentar el rechazo de su comunidad, de su pareja y de sus amigos.

No desistió en su exigencia de justicia. Se mantuvo firme pese a las amenazas e intento de secuestro de su hija. No le importó enfrentarse al 41 Batallón de Infantería del Ejército mexicano ni que los rumores para desacreditar su palabra persistieran aun después de que en 2010 ganó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

PROYECTO DE VIDA

Después de sobrevivir a la tortura sexual Valentina logró construir otro proyecto de vida. “Cambió muchas cosas. Aprendí a hablar español, volví a terminar la escuela, mis estudios, llegué a la preparatoria terminada. Me volví a juntar. Soy mamá de tres niñas y un niño, tengo cuatro ya”, dice en entrevista con Cimacnoticias.

Hoy recuerda cómo llegó con los pies cansados después de caminar 8 horas para ir de la comunidad de Caxitepec, en el municipio de Acatepec en el estado de Guerrero, al municipio de Ayutla a denunciar; y cómo tuvo que soportar que la psicóloga le dijera mentirosa y que un doctor le pidiera que se fuera porque él no quería problemas con los militares. 

Pero su entereza valió la pena y fue ejemplo para Yenis, su hija recién nacida, abandonada por su padre, quien no quiso seguir con una mujer que fue violada por los militares. Yenis creció con el ejemplo de su madre, siguió estudiando y hoy está en preparatoria. Quiere estudiar informática.

“Ella (Yenis) también vivió experiencias amargas, sufrió mucho por el abandono de su papá, sigue adelante con su estudio y juntas hemos caminado”, rememora Valentina al mirar el rostro de su hija más pequeña, a la que ahora cubre con un rebozo.

“Ellas lo saben bien (sus hijas). Tienen que cuidarse como mujeres, no se tiene que dejar, que no se tiene que quedar callada porque son mujeres, porque hablan me´pha (tlapaneco). Todas tenemos el mismo derecho y tenemos que apoyarnos entre nosotras”.

En este camino que la llevó a recorrer la montaña de Guerrero y a pisar la sede de la CoIDH en San José, Costa Rica, disfrutó los abrazos de la gente que creyó en ella, los que le dieron fuerza para seguir y que agradece.

“Disfruto de ganar una sentencia, de que los militares reciban su castigo. Es lo que yo quería desde siempre y ahorita pues que bueno. Para que todo mundo sepa que un caso así, como el mío, tiene que recibir un castigo los responsables”.

“Yo voy a seguir estudiando, me atrasé un poquito por mis hijas y ya quería descansar. Ya llevo en la casa mucho tiempo, pero si he estado, como dicen mis compañeras de lucha. Y pues mi sueño es, pues, seguir, que pueda seguir hablando con mujeres, acompañarlas, darle ánimo, eso es lo que se necesita a veces”.

Por eso ahora forma parte de la campaña “Todas juntas contra la tortura sexual” que reúne a mujeres sobrevivientes de este crimen.

“Cuántas mujeres han sido violadas, cuántas mujeres han muerto, compañeros de lucha, y, no, pues no hay ni un castigo, ni un responsable encerrado. Ahí el mío, está ahí. Eso es lo que tenía que hacer el gobierno desde un principio”, dice.

“Ahorita me estoy uniendo mucho con las compañeras de Atenco”, 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual que los días 3 y 4 de mayo de mayo de 2006 fueron violadas por policías estatales y federales y quienes ante la falta de justicia en instancias nacionales, esperan un fallo de la CoIDH.

En las elecciones estatales de 2015 circuló información que aseguraba que Valentina era candidata del partido Movimiento Regeneración Nacional a la alcaldía de Acatepec, y había sufrido un atentado. En realidad tuvo un accidente pero no era candidata ni estaba involucrada en la política.

Al recordar ese episodio afirma: “El gobierno me quiere embarrar en sus tonterías. Yo no, del gobierno yo nunca, no me uno a ellos. No sé bien ni cómo estuvo, de dónde sacaron tantas informaciones. Ellos juegan sucio y eso no me gusta a mi. Yo quiero acompañar a mis compañeras de lucha, eso es lo mío. Eso aprendí en el camino”.

CAMINO ANDADO

Siguiendo los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en concordancia con la sentencia de la CoIDH sobre el valor probatorio del dicho de las víctimas de violencia sexual, la jueza dio valor preponderante a las declaraciones de Valentina, lo que sienta un precedente para próximos casos que se ventilen en el Poder Judicial porque demuestra el valor de los testimonios de las mujeres.

Para describir las diferencias entre la víctima y los agresores, la jueza utilizó el término de “asimetría de poder” al señalar la vulnerabilidad en la que se encontraba Valentina, de entonces 17 años de edad en relación con los 8 militares, 6 que la observaron y 2 más que la violaron.

Aún cuando sus 2 agresores trataron de desestimar los dichos de Valentina porque argumentaron que su testimonio, declarado en tres ocasiones, tuvo variaciones que calificaron como “inconsistencias en el proceso”; la jueza determinó que la palabra de la víctima se debía valorar considerando que su lengua materna no era el español y que los hechos en sí tienen una naturaleza traumática.

“Entiendo que uno de mis agresores apeló su caso y eso pues no lo voy a dejar porque yo quiero que lo que salió en la sentencia se cumpla totalmente. No vaya a ser la de malas que el gobierno lo va a sacar (al agresor) antes como siempre lo ha hecho. Y voy a seguir pendiente hasta que reciba un castigo, como merece.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Valentina Rosendo: 16 años para romper la cadena de impunidad

   Soldados que la torturaron sexualmente serán sentenciados

Desde 2002 recorrió kilómetros para tocar puertas de oficinas gubernamentales cargando a su pequeña hija en brazos. Le dijeron mentirosa y la expulsaron de su comunidad por haber denunciado a soldados del 41 Batallón de Infantería del Ejército mexicano. Han sido 16 años de buscar una justicia que por fin parece asomarse.

Su lucha no fue fácil y no fue corta. Comenzó cuando denunció que el 16 de febrero de 2002 en la comunidad de Caxitepec, en el municipio de Acatepec en el estado de Guerrero, fue interrogada, golpeada, violada y torturada sexualmente por dos miembros del Ejército mexicano, mientras otros seis militares observaban.

Desde entonces, Valentina Rosendo Cantú tuvo que enfrentar al Ejército, declarar frente a los militares, tocar las puertas de instancias nacionales y llegar a organismos internacionales para que la justicia le devolviera lo que perdió aquel día. Aunque pudo abandonar la denuncia no lo hizo, continuó en su empeño de demostrar que su palabra era verdad.

Hoy, la niña de 17 años que sobrevivió a la tortura sexual en un pueblo de la Montaña de Guerrero, es una mujer que empieza a reacomodar las piezas movidas de su vida. Cada vez que se acerca a la justicia una pieza encuentra su lugar y este año el rompecabezas de su historia está a punto de encajar.

El pasado 1 de junio el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero, a cargo de la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales, condenó a 19 años, cinco meses y un día de prisión, al cabo de infantería Nemesio Sierra García y al exsoldado Armando Pérez Abarca, quienes en 2002 violaron y torturaron sexualmente a la indígena.

ROMPER LA CADENA DE LA IMPUNIDAD

A pesar de que Valentina denunció a los militares un par de días después de la agresión y de que el 41 Batallón de Infantería tenía los nombres de los elementos de las fuerzas armadas que en febrero de 2002 estaban realizando tareas de seguridad en Acatepec para destruir plantíos de amapola, la denuncia de la joven encontró múltiples obstáculos para llegar a una conclusión de los hechos ocurridos aquella tarde, cuando ella lavaba ropa en un arroyo cercano a su hogar y al pueblo de Barranca Bejuco y cuando los varones vestidos de camisola verde, pantalón verde y botas negras que portaban armas largas, la agredieron.

Aunque su vida dio un vuelco, durante todos estos años logró reconstruirse. Hoy la pequeña niña que llevó a todos lados en brazos en su búsqueda de justicia, es una joven estudiante de preparatoria.

A Valentina no la derrumbaron, aún cuando las autoridades mexicanas, primero las militares y luego las civiles, apostaron para que ella desistiera la denuncia y su demanda ante instancias internacionales donde sí fue escuchada. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), quien en agosto de 2010 ordenó al Estado mexicano investigar los hechos y sancionar a los responsables. 

Como parte de esa sentencia el 15 de diciembre de 2011, el Gobierno mexicano, en voz del entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, le ofreció una disculpa pública por no protegerla ni garantizarle justicia, Valentina afirmó: “lo que sigue es la investigación”. Desde entonces su interés ha sido lograr que sus agresores estén tras las rejas, donde ya están recluidos.

Luego de conocer la sentencia en su contra, uno de sus agresores, Armando Pérez Abarca interpuso un recurso de apelación en contra del fallo y aun no se sabe si Nemesio Sierra García, el otro agresor, hará lo mismo. Aun así, los abogados de Valentina, Vidulfo Rosales Sierra e Isidoro Vicario, quienes forman parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, deberán presentar sus argumentos para que la apelación no favorezca a los acusados y la sentencia quede firme.

16 años después, Valentina lo logró y demostró que su dicho era verdad. Hoy más que nunca las palabras que mencionó el día que aceptó las disculpas públicas del Estado mexicano se mantienen con fuerza: “Sigo con la frente en alto, con dignidad de mujer indígena. Estoy orgullosa de mí por ser quien soy. Mujeres, luchar es seguir adelante, es romper la cadena de la impunidad”.

TESTIMONIO PARADIGMÁTICO

La indígena tlapaneca logró lo que pocas mujeres víctimas de violencia sexual, lo que no ha conseguido Miriam López, detenida y torturada sexualmente en Baja California; Denise Blanco, Korina Utrera y Wendy Hernández, torturadas en Veracruz; Cristel Piña, violentada en Chihuahua; Yecenia Armenta en Sinaloa; Belinda Garza en Torreón y otras tantas sobrevivientes que esperan castigo para los soldados, marinos o policías que las violentaron. 

En un primer momento en 2013, y tras la sentencia de la CoIDH, la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) consignó la averiguación previa por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violación sexual, los dos agresores fueron juzgados y sancionados por tortura y violación sexual ya que el abuso de autoridad quedó integrado en la descripción de estas conductas. 

El valor de Valentina es un precedente para otros casos no sólo por el mensaje que manda al alzar la voz contra la impunidad militar sino por la sentencia que emitió la jueza Contreras Perales, quien actuó siguiendo la resolución de la Corte Interamericana y los preceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre juzgar con perspectiva de género los casos de violencia sexual.

En la sentencia a favor de la indígena, dada a conocer por los abogados este lunes 18, la jueza dio valor preponderante a las declaraciones de la joven, dio carácter probatorio a los testimonios de su entonces pareja y de la cuñada de la víctima, quienes a pesar de no estar en el momento de los hechos sí pudieron darse cuenta del estado en el que se encontraba la sobreviviente una vez que pudo llegar a su casa.

Y no sólo eso, la jueza utilizó el término de “asimetría de poder” al señalar la especial vulnerabilidad en la que se encontraba la entonces niña de 17 años en relación con sus ocho agresores, seis que la observaron y dos más que la violaron, es decir hombres que pertenecían a las fuerzas armadas.

Las amenazas en su contra, el abandono de su pareja y el ser exiliada de su comunidad no logró rendir a Valentina; por el contrario, su testimonio según se dejó en claro en la sentencia, hizo ver las consecuencias de una agresión sexual en una comunidad indígena y los efectos en el círculo familiar, consecuencias que convierten a la violación en tortura.

A pesar de que los dos agresores trataron de desestimar los dichos de la joven porque su testimonio, declarado en tres ocasiones, tuvo variaciones que ellos consideraron “inconsistencias en el proceso”, la jueza dijo que su palabra se debía valorar considerando que su lengua materna no era el español y que los hechos en sí tienen una naturaleza traumática.

Los dos acusados quisieron echar abajo la denuncia argumentando que no había constancia médica que acreditara semen en la víctima, algo que para el Juzgado no era admisible considerando la falta de servicios médicos en la zona montañosa de Guerrero que dificultó la obtención de un examen ginecológico. Aunque hay que decir que ella acudió a una clínica donde se le negó el servicio porque el personal no quería problemas con los militares. 

EXHIBIR LA IMPUNIDAD

Este lunes 18 Valentina Rosendo Cantú, acompañada del director de Tlachinollan, Abel Barrera; del representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab; de la subdirectora del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil), Marcia Aguiluz; y de la representante Amnistía Internacional, México, Tania Reneaum, hablará de los alcances de esta sentencia.

Hablará de su batalla para exhibir la impunidad militar y de otros elementos encargados de la seguridad pública, de cómo la indígena tlapaneca Inés Fernández Ortega, también fue violada sexualmente por militares en 2002, en el estado de Guerrero, y continúa con una lucha similar a la suya para que los soldados que la violentaron estén en prisión.

Desde mayo de 2015 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó hacer un análisis a profundidad sobre los estándares que estableció la CoIDH en materia de género, etnicidad y tortura sexual en las sentencias dictadas por los casos de Valentina e Inés, ellas mostraron que su tenacidad no cesaría hasta poner su dignidad en alto.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Llegó el momento de la justicia

OPINIÓN

   Zona de Reflexión

Por: Lucía Lagunes Huerta*

Valentina Rosendo Cantú ha reescrito el significado de su nombre. Tras 16 años de exigir justicia lo ha logrado. Ha conseguido llevar a tribunales a los militares que la torturaron sexualmente cuando tenía 17 años. El legado de su lucha alcanza a todas las mujeres.

Valentina lo tiene claro. Por ello conmina a las otras a alzar la voz y a estar unidas. Llegó el momento de la justicia -dice en tono suave- una justicia que le llevó media vida lograr.

En breves minutos, Valentina, indígena Me’pha, nos narra lo que vivió durante 16 años de búsqueda de justicia. “No es fácil caminar 8 horas para buscar justicia cargando a una hija pequeña”.

La primera barrera fue el idioma. Valentina aprendió el castellano por la urgencia de defenderse. Cuando ella acudió a las autoridades de justicia del estado de Guerrero, pese a no hablar castellano, tuvo que poner una denuncia sin contar con una persona que le tradujera.

Cuando acudió con la psicóloga que le ofreció el Estado, quien valoraría la afectación de la agresión sexual, las primeras palabras que Valentina recibió de ésta fue el cuestionamiento “¿de verdad te pasó lo que dices?”

¿Cómo iba a creer en las autoridades, si ellas dudaron de su palabra?

Pero no se rindió, no se dio por vencida y siguió adelante. Su arrojo y valentía tuvo respuestas por parte de toda una institución. Los militares la fueron a buscar a su casa, a su comunidad para intimidarla, para que se desistiera de su denuncia. En medio libró varias amenazas y más agresiones. A su hija mayor la intentaron secuestrar, a Valentina la amenazaron con desaparecer a sus padres y hermanos.

Nada impidió que Valentina rompiera el silencio. Sus palabras son las palabras de todas las víctimas de violencia sexual, de tortura sexual que exigen justicia, su victoria es la de todas las mujeres, porque de ella aprendemos todas, de ella nos fortalecemos todas.

Valentina también es el ejemplo de logros importantes. En 1994 tres hermanas tzeltales (las hermanas González) fueron torturadas sexualmente por militares en un retén militan en Altamirano Chiapas, la justicia militar enterró su caso. México no era parte del sistema de Justicia Interamericano.

En 1996 el caso de las Hermanas González se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 1999 fue aceptado por ésta. El 16 de diciembre de 1998 México reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la entonces embajadora Rosario Green.

Dos décadas después, esta instancia (la Corte) logró que los militares que torturaron a Valentina sean llevados ante la justicia.

El tiempo de la impunidad se acabó en el caso de Valentina. Con ello, cierra un ciclo de abusos y se abre el de la esperanza para muchas mujeres más, como Inés Fernández Ortega y las mujeres de Atenco.

Cuando una víctima rompe el silencio, en su voz y sus palabras lleva a todas las víctimas.

La reparación para Valentina camina. Seis años después de que el Estado Mexicano ofreciera disculpas públicas en un abarrotado museo de Memoria y Tolerancia, Valentina logró que sus agresores enfrenten la justicia

Los militares del 41 batallón de infantería que torturaron sexualmente a Valentina en 2002 y que vivieron a la sombra de la impunidad, tendrán que dar la cara en los tribunales civiles y con ellos todos aquellos que han violentado a las mujeres.

Las autoridades que dudan de las mujeres que denuncian violencia tendrán que aprender a abrir los ojos y los oídos para creerles y garantizarles un proceso de justicia digno.

Esta sentencia alcanza a todos los agresores. ¡Que ellos lo sepan! El tiempo de la impunidad se acabó porque es el momento de la justicia.

*Periodista y feminista, directora general de CIMAC.

Twitter: @lagunes28

Especial

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Dan 19 años de cárcel a soldados que violaron a indígena en 2002

Se dio a conocer la sentencia

Dan 19 años de cárcel a dos militares por la agresión sexual a Valentina Rosendo

A 16 años de los hechos, un juzgado de Guerrero dictó el fallo a los inculpados

En gráfica de 2011, Valentina Rosendo Cantú (a la extrema derecha) durante la ceremonia de reconocimiento público de responsabilidad del Estado Mexicano en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dos militares involucrados en la agresión sexual en contra de la indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú en 2002 –en un caso que generó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano– fueron condenados a 19 años de prisión por un juzgado nacional.

El fallo fue emitido en primera instancia el pasado 13 de junio por el juzgado séptimo de distrito, con sede en Guerrero, en el marco de la causa penal 62/213.

Los sentenciados, responsables directos de la agresión, son el cabo Nemesio Sierra y el cabo de infantería Armando Pérez Abarca, aunque también existe un fallo contra el sargento segundo Hugo Humberto García y el cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otañez, en calidad de implicados.

La agencia de noticias Dpa indicó que un representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) dijo que el fallo originalmente fue dictado el 1° de junio pasado, pero se dio a conocer apenas este viernes.

Como se ha informado, Valentina fue víctima de violación y tortura sexual por parte de un grupo de militares que llegaron a interrogarla el 16 de febrero de 2002, mientras ella lavaba ropa en un arroyo cercano a su casa, ubicada en la comunidad de Caxitepec, en el municipio de Acatepec, Guerrero.

La mujer, en ese entonces de 17 años de edad, emprendió un largo camino legal y denunció el caso frente a diversas instancias judiciales mexicanas, pero ante la falta de resultados llevó el caso al Sistema Interamericano de Justicia.

Finalmente en 2010, la CoIDH emitió una sentencia en contra del Estado mexicano en la cual ordenó a las autoridades castigar a los responsables del ataque contra Rosendo, ofrecer una disculpa pública y reparar integralmente el daño contra la víctima.

Dieciséis años después de lo ocurrido, con la sentencia de un tribunal mexicano que condena a los agresores a 19 años de cárcel, se reconoce el rol de dos de los militares responsables de los hechos, destacó el Cejil, organismo que calificó el fallo como histórico.

Por su parte, el Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan –uno de los colectivos civiles que asumió la defensa de Rosendo Cantú– coincidió con el Cejil, pues le da valor al testimonio de la víctima como elemento sustancial para emitir la sentencia condenatoria contra los militares involucrados”.

Esa Ong convocó a una rueda de prensa este lunes, pero no ofreció mayores detalles sobre el tema.

El caso de Valentina tuvo muchas similitudes con el de Inés Fernández Ortega, también indígena me’phaa, quien fue víctima de violación sexual cometida por soldados en esa entidad el 22 de marzo de 2002 en el marco de una fuerte presencia militar en esa zona.

Los dos episodios merecieron sentencias por separado de la CoIDH y se suman a otros fallos de ese mismo organismo relacionados con violaciones de derechos humanos cometidas por efectivos militares, como las agresiones contra Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel (conocidos como los campesinos) y la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla.

Foto María Meléndrez

Fernando Camacho y Gustavo Castillo

Valentina Rosendo Cantú: la hora de la justicia

Luis Hernández Navarro

El 16 de febrero de 2002, un grupo de soldados torturaron sexualmente y violaron a Valentina Rosendo Cantú mientras lavaba la ropa en el riachuelo de la comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, en el corazón de la Montaña en Guerrero. Luego, el 22 de marzo, tres soldados abusaron sexualmente de Inés Fernández Ortega, en Barranca Tecuani, en Ayutla de los Libres, municipio vecino. Los militares realizaban tareas de “erradicación de enervantes.

Valentina tenía entonces 17 años y una hija, Yenis, de tres meses. Indígena me’phaa, hablaba precariamente español y es parte de una familia de 10 hermanos. Cuando era niña, caminaba a la escuela durante hora y media, sin probar bocado. De regreso a casa subía la Montaña durante dos horas. A los 13 años terminó la primaria. Mientras estudiaba, trabajaba en el campo. Aprendió a sembrar calabaza y frijol y a cortar la flor de jamaica. Se fue a Chilpancingo durante año y medio con una prima a estudiar y trabajar, pero tuvo que regresar a su pueblo a ayudar a su mamá. Allí supo lo que era la discriminación.

En distintos momentos y foros, Valentina denunció cómo fue violada por los militares ese 16 de febrero. Los militares pertenecían al 41 batallón de infantería en Guerrero y llevaban detenida a una persona. “Estaba lavando –narra– cuando vinieron los guachos. Venían cuatro y atrás de ellos otros cuatro. Me preguntaron que qué hacía. Yo les dije: ‘estoy lavando’, pero con miedo. No soy de Barranca de Guadalupe, les dije. Me casé con un chavo de allá. Luego me preguntaron por encapuchados. Uno sacó una fotografía, me preguntó si conocía a ese señor, les dije que no. Después vi que sacó una lista de nombres, todos eran de Barranca Bejuco. Estaba lavando cuando me rodearon. Me golpearon con arma; les dije: ‘no conozco a esa gente’. Me agarraron y me golpearon y me caí; me pegué con piedra. Me golpearon; me paré; me jalaron de los cabellos y ahí fue cuando me violaron”.

Entre sollozos, Valentina corrió semidesnuda hacia el pueblo. Al llegar a la casa de sus suegros, se refugió en los brazos de su cuñada. Buscó ayuda médica en el centro de salud más cercano. No la quisieron atender por temor a los soldados. Le dieron cuatro aspirinas y la mandaron a su casa. Caminó ocho horas hasta Ayutla de los Libres, pero no la atendieron porque no tenía cita. Los agentes del Ministerio Público tardaron un mes en revisarla médicamente porque no tenían personal especializado.

El ultraje a Valentina no fue una ocurrenciade un grupo de soldados o un hecho aislado. Forma parte de las agresiones que las comunidades me’phaa y na’savi de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero han sufrido a raíz de la militarización de sus territorios desde 1994, heredera de la guerra sucia de la década de los años 70 del siglo pasado. Aunque oficialmente los soldados están en la región para hacer labor social de combate a la pobreza, dar atención médica, arreglar radios y televisores, cortar el pelo y pintar escuelas, en los hechos funcionan como fuerza de ocupación.

La lista de agresiones castrenses a la población civil es enorme. En 1994 la indígena Teresa de Jesús Catarina y otras cuatro mujeres fueron violadas por militares. En 1998, una brigada médica de la Secretaría de Salud esterilizó con engaños a 30 indígenas de La Fátima, Ojo de Agua, Ocotlán y el Camalote. En 1998, 10 personas fueron masacradas por el Ejército en El Charco.

Como ha explicado Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, esta violación sexual se enmarca dentro de la operación Az­teca 21que diseñó el Ejército desde la 35 Zona Militar, designando al 41 batallón de infantería para que se abocara a la erradicación de plantíos de amapola y a la aplicación de la ley federal de armas de fuego y explosivos. Este operativo comenzó en Barranca Piña, municipio de Acatepec. Posteriormente cambió de mando. Se sabe que el 14 de febrero de 2002, en el crucero de Pascala del Oro, detuvieron a un civil de quien nunca se supo ni su paradero ni su identidad. Esta información, proporcionada por el Ejército, coincide con el testimonio de Valentina, quien habla de un civil que llevaban amarrado cuando la agredieron y que fue testigo de la violación sexual.

Además del ultraje físico, Valentina sufrió el estigma de la comunidad, el abandono de su esposo, la vergüenza y la cerrazón de las autoridades mexicanas para esclarecer su caso y castigar a los culpables. Por si fuera poco, ha sido víctima también de amenazas, agresiones y hostigamiento por parte de agentes gubernamentales. Ha estado sujeta a vigilancia. Su vida, la de su hija y la de sus padres han estado en peligro.

Pero a ella no le ha importado. Indoblegable, fiel a sus principios, ha seguido adelante. Ante la falta de garantías para acceder a la justicia en México, Valentina acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinó remitir su caso (y el de Inés) ante la Corte Interamericana. Finalmente, en agosto de 2010, la corte emitió una sentencia en contra del Estado mexicano en la que señaló que había quedado plenamente probado que había sido víctima de graves violaciones de derechos humanos –incluida tortura sexual– en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que el tribunal denominóviolencia institucional castrense.

Como parte de una de las medidas de reparación del daño de esta resolución, la corte determinó que el proceso contra los responsables fuera llevado ante los tribunales civiles y no ante la justicia militar. Ahora, a 16 años de la agresión contra Valentina, está a punto de emitirse una sentencia por la vía civil contra los perpetradores del crimen. Una sentencia que debe ser condenatoria para lograr la justicia que por tantos años ha luchado. Una sentencia que evidencia el enorme daño que a la región y a la sociedad mexicana le ha provocado la militarización. Una sentencia que debe evitar que barbaridades así se sigan cometiendo.

Twitter: @lhan55

Valentina Rosendo, indígena tlapaneca violada por militares podría obtener justicia en fuero civil

Juzgado podría emitir sentencia contra sus agresores

La indígena tlapaneca Valentina Rosendo Cantú, quien en 2002, a sus 17 años de edad, fue víctima de tortura sexual por dos militares mientras seis más presenciaban el crimen, podría obtener justicia en el fuero civil si la sentencia que emita el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero es favorable, con lo que se convertiría en el primer caso de violación y tortura sexual cometido por elementos del Ejército que se resuelva en el fuero civil.

Después de que el 1 de octubre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitiera una sentencia contra el Estado mexicano por su responsabilidad en la violación de Valentina, la investigación se reactivó y en próximos días la jueza Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero, Iliana Fabricia Contreras, emitirá una sentencia contra dos presuntos responsables.

Cuando ocurrió el crimen, hace 16 años, Valentina denunció pero no obtuvo respuesta. A paso de tortuga logró avances cuando la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM); el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) llevaron su caso a instancias internacionales.

En 2014, cuatro años después de que CoIDH emitiera una sentencia, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a cuatro miembros del Ejército como presuntos reponsables de la violación sexual de Valentina Rosendo Cantú y de Inés Fernández Ortega, indígena que también fue violada sexualmente por militares en 2002, en el estado de Guerrero.

Las organizaciones que representan a Valentina afirmaron en un comunicado que los procesos penales contra los perpetradores son clave para el acceso a la justicia, por lo que aseguraron que las reparaciones en materia de justicia se considerarán cumplidas hasta que haya sentencias firmes contra los responsables. 

LARGO PROCESO

En febrero de 2002 Valentina fue atacada por ocho militares mientras lavaba ropa en un arroyo cercano a su comunidad en Caxitepec, municipio de Acatepec, en el estado de Guerrero. Al verla los efectivos castrenses le preguntaron por unos “encapuchados” y al no responder dos la violaron mientras seis observaban.

Valentina denunció y exigió que se realizaran las  investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los responsables pero la  investigación fue remitida a la jurisdicción penal militar, donde el caso se archivó, como se constata en el expediente ventilado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Es por esta razón que la CoIDH ordenó al Estado mexicano: “conducir en el fuero ordinario, eficazmente y dentro de un plazo razonable, la investigación y, en su caso, el proceso penal que tramite en relación con la violación sexual de la señora Rosendo Cantú (…)”. Es decir, el organismo pidió que se investigara en juzgados civiles y no militares.

Posterior a la resolución, en 2011 las investigaciones se radicaron en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la PGR; y en 2014 se detuvo a cuatro militares, dos implicados en el caso de Valentina y dos más en el de Inés.

Aunque estos casos son similares llevan procesos por separado así que mientras el caso de Valentina avanzó y pasó a un Juzgado, la indagatoria en el caso de Inés sigue en el desahogo de pruebas. En ambas investigaciones los militares permanecen en prisión aunque en el caso de Inés, uno de los implicados ya murió.

CONTEXTO DE DISCRIMINACIÓN

A decir de Tlachinollan y Cejil, estos actos de tortura sexual cometidos por elementos del Ejército mexicano se dieron en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que se denominó “violencia institucional castrense.”

Es por ello que la sentencia que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emita podría materializar la larga búsqueda de justicia que Valentina mantiene desde hace 16 años.

Desde que comenzó su proceso penal, la joven ha enfrentado amenazas, hostigamiento y agresiones que han impactado a nivel personal, familiar y comunitario toda vez que fue rechazada por la gente de su pueblo por ser víctima de violación, un tema que recalcó en 2011 cuando el Estado mexicano fue obligado a ofrecerle una disculpa pública por llamarle mentirosa.

En este sentido las organizaciones que litigaron el caso a nivel internacional destacaron que este será el primer caso de violación y tortura sexual cometida por elementos del Ejército que está a punto de resolverse en el fuero civil.

Los dos militares que son juzgados en el caso de Valentina enfrentan acusaciones por violación sexual, tortura y abuso de autoridad, entre otras. Aunque cabe decir que el resto de los implicados no fue localizado porque para hacerlo se necesitaba que las sobrevivientes los reconocieran fehacientemente através de fotografías.

Aun así, para las agrupaciones civiles, la jueza de primera instancia tiene la oportunidad de desarrollar los estándares emitidos por la propia Corte IDH sobre cómo juzgar estos casos con perspectiva de género y etnicidad, estableciendo un precedente a nivel nacional.

Es de mencionar que en mayo de 2015, al analizar las sentencias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó hacer un análisis a profundidad sobre los estándares que, en materia de género, etnicidad y tortura sexual, estableció la CoIDH en las sentencias dictadas por los casos de Valentina e Inés.

En este contexto Tlachinollan y Cejil consideraron que la próxima resolución es clave ahora que en México se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, una actividad regulada en la Ley de Seguridad Interior, recién promulgada en diciembre de 2017.

“Este nuevo marco normativo, criticado por diversos mecanismos internacionales de Derechos Humanos, también va en contra del sentido de la sentencia de la Corte IDH que solicitó al Estado mexicano reformas legislativas con el fin último de proteger y garantizar justicia a la población por violaciones a Derechos Humanos cometidas por el ejército”, expusieron.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Sólo 3 militares son procesados por violación a Inés y Valentina

   En los hechos de 2002 habrían participado 16 soldados más

Después de 14 años de la violación sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de militares, persiste la falta de justicia, ya que sólo tres soldados son acusados pese a que habrían participado más elementos de las fuerzas armadas en los hechos.

Luis Carlos Buob, abogado e integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que acompaña a las víctimas, informó que este martes 3 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) revisó el cumplimiento de la sentencia que dictó en octubre de 2010 contra el Estado mexicano, para brindar justicia y reparación del daño a ambas indígenas.

En la reunión, los representantes de Cejil y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan informaron que hay diversas acciones de reparación que no se han cumplido, por lo que pidieron que en agosto próximo los jueces de la CoIDH vengan a México para hacer una revisión más exhaustiva.

Buob explicó que, para ambos casos, hay por lo menos 16 medidas de reparación en materia de justicia, reconocimiento de responsabilidad, educación, salud, indemnización, reformas legislativas, políticas públicas y reparaciones comunitarias.

Uno de los temas que más preocupan es la falta de justicia, y es que en diciembre de 2013 se detuvo a cuatro soldados que fueron identificados por Inés y Valentina, pero hasta la fecha el caso sigue en investigación por lo que aún no hay sentencia, y uno de ellos murió en prisión.

Según la denuncia de las indígenas por los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –la de Inés presentada en junio de 2004 y la de Valentina en noviembre de 2003–, a esta última la habrían agredido ocho militares, y a Inés Fernández la habrían violentado 11 elementos de las fuerzas armadas.

Luis Carlos Buob señaló que las organizaciones que defienden a las víctimas saben que el militar que murió este año habría sido asesinado, aunque reconoció carecer de elementos para sostener si el crimen tuvo relación con las denuncias de Inés y Valentina.

Por otra parte, para las agrupaciones que acompañan el caso se deberían abrir investigaciones penales o disciplinarias al personal judicial del fuero civil que obstaculizó la presentación de las denuncias por las violaciones contra las indígenas, pero en este tema –explicó el abogado– todavía no hay ningún proceso.

En su momento, Inés y Valentina acusaron que el agente del Ministerio Público del distrito judicial de Allende, en Guerrero, dificultó la recepción de sus denuncias; y en el caso de Inés, el médico que la atendió en la clínica de Caxitepec, en el mismo estado, no avisó a las autoridades correspondientes tras la agresión sexual.

“Para las víctimas, por supuesto, el tema de justicia y combate contra la impunidad es bastante importante, y entonces nosotros pusimos énfasis en que a seis años de la sentencia de la Corte Interamericana y 14 años de sucedidos los hechos, aún no hay una resolución firme”, remarcó Buob.

Hasta ahora un logro es que los tres militares son juzgados ante el fuero civil, con lo que se garantizaría imparcialidad judicial, pero las organizaciones pidieron que en agosto próximo se celebre una reunión para que las autoridades encargadas de cumplir la sentencia de la CoIDH detallen el nivel de avance.

En ambos casos, las  autoridades se comprometieron a castigar a los culpables, así lo dijeron el 15 de diciembre de 2011 a Valentina Rosendo durante un acto de disculpa pública del Estado mexicano; y el 6 de marzo de 2012 a Inés Fernández, a quien también le ofrecieron justicia.
 

Foto: Lanzero

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

México cumple a medias sentencias en caso Inés y Valentina

   Denuncian falta de reparación del daño y castigo a violadores

Las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de violación sexual por parte de militares en 2002, acusaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que el Estado mexicano no ha cumplido a cabalidad la sentencia que este tribunal emitió hace seis años.

El 1 de octubre de 2010, la CoIDH publicó dos sentencias en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en la violación sexual de ambas indígenas que, en hechos diferentes, fueron violentadas sexualmente por soldados en el estado de Guerrero en 2002, y por tanto ordenó diversas medidas para reparar el daño, mismas que a seis años de los hechos aún no han sido acatadas, según dijeron las indígenas.

Para revisar el cumplimiento de las sentencias, este martes de 3 de mayo la CoIDH tuvo una audiencia en la que no estuvieron presentes Inés y Valentina, pero enviaron un mensaje en video para denunciar que la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha cumplido todos los acuerdos, y que aún falta que entren en operaciones un centro de salud y un centro comunitario en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.   

Inés, quien fue violentada en la comunidad de Barranca Tecuani, cuando tenía 25 años de edad, expuso los retrasos en el cumplimiento de la sentencia: “Lo que yo quiero es justicia por todo lo que me hizo el Ejército. En mi experiencia no se ha cumplido el acuerdo en relación al centro de salud que tiene que brindarnos la atención médica. Lo otro es el centro comunitario”.

A su vez Valentina, quien fue agredida en un arroyo cerca de su casa en Barranca Bejuco, a los 17 años de edad, aseguró que aún no hay castigo para sus torturadores.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organizaciones civiles que acompañan a las víctimas y que llevaron los casos hasta el sistema interamericano, dijeron que son las mujeres y sus representantes legales quienes han impulsado avances en el cumplimiento de los fallos de la CoIDH.

En un comunicado, las organizaciones señalaron que gracias a la tenacidad de las víctimas, en diciembre de 2013 cuatro militares fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la violación sexual; uno de ellos murió, pero los otros tres están en un proceso judicial ante el fuero civil.  

No obstante, las agrupaciones humanitarias también expresaron su preocupación por los obstáculos que han enfrentado ambas mujeres para acceder plenamente a la justicia, y es que –explicaron– uno de los implicados en el caso de Inés fue asesinado en una prisión militar, sin que hasta ahora se conozca el contexto en el que ocurrieron los hechos.

Tanto para Inés Fernández como para Valentina Rosendo, los juicios contra los perpetradores son claves para obtener justicia, por lo que Cejil y Tlachinollan advirtieron que hasta que haya sentencias firmes habrá reparaciones en materia judicial.

En la audiencia también se informó a la CoIDH de las medidas que aún no son implementadas y que servirían para garantizar la no repetición de hechos similares, tales como acciones legislativas y políticas públicas, incluyendo la estandarización de protocolos para la investigación de violaciones sexuales.

Las organizaciones también citaron la falta de programas y cursos de capacitación para investigar casos de violencia sexual; la falta de capacitación y formación en Derechos Humanos (DH) a integrantes de las fuerzas armadas; y servicios de atención a víctimas de violencia sexual en Guerrero.

Finalmente, durante la audiencia se reiteró que las reformas al fuero militar no han sido completamente cumplidas, ya que en abril de 2014 se acotó el fuero de guerra, pero sólo en casos de graves violaciones a DH, es decir, la obligación de que soldados acusados de delitos de esta naturaleza sean investigados y juzgados en tribunales civiles, para garantizar la independencia e imparcialidad judicial.

Cejil aseguró que si bien en los casos de Inés y Valentina hubo detenidos, el proceso avanza “lentamente” y todavía no hay personas sancionadas, por lo que aseguró que las reparaciones de parte del Estado mexicano aún son incompletas, pues no se formulan de manera coordinada y no integran las perspectivas de género, interculturalidad y de DH.

Ante ello, las organizaciones pidieron a la CoIDH que inste al Estado mexicano a transparentar las diligencias judiciales, y que se evite la revictimización de las mujeres.

CIMACFoto: Anayeli García Martínez

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Aplaza Corte debate sobre violación sexual a mujeres indígenas

   En suspenso obligaciones de Poder Judicial ante fallos de CoIDH

Justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaba por determinar cuáles son las obligaciones de los operadores de justicia cuando conozcan  casos de violencia sexual contra mujeres indígenas, el pleno de las y los ministros decidió aplazar la discusión a fin de robustecer los argumentos en la materia.

Luego de tres sesiones, los 11 integrantes de la Corte dijeron que la resolución del expediente varios 1396/2011 –elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán– debe ampliar las consideraciones sobre perspectiva de género y etnicidad, por lo que el tema se dejó en lista, es decir que queda pendiente de análisis hasta nueva fecha.

Por medio de este expediente, la SCJN analizaba las obligaciones que tiene el Poder Judicial para cumplir con sentencias emitidas en 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano.

El tribunal interamericano encontró responsable al Estado por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas tlapanecas víctimas de violación sexual por parte de militares en el estado de Guerrero, en 2002.

La decisión de aplazar el tema se tomó después de que los ministros José Ramón Cossío, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero señalaran que aunque el proyecto hacía mención de algunos puntos sobre perspectiva de género y etnicidad en casos de violación sexual, éstos eran insuficientes por lo que propusieron reforzar los argumentos.

José Ramón Cossío explicó que por lo novedoso del tema el proyecto de resolución debería tener un desarrollo más amplio de estos dos principios, pero además declaró que la Corte podría atraer casos sobre violación sexual a fin de sentar jurisprudencia, como lo hizo en el caso del fuero militar. 

Por ejemplo, apuntó que debería quedar establecido que en casos de violencia sexual los operadores de justicia deberían tener un modelo de valoración de la prueba que considere la narración de las víctimas, ya que este crimen se produce en ausencia de otras personas, por lo que no puede haber pruebas gráficas o documentales.

El ministro también señaló que debe quedar claro que los casos de violación sexual tienen una naturaleza traumática, por lo que es usual que en la narración de las víctimas de repente se encuentren inconsistencias; asimismo dijo que se debe considerar la edad, condición social y pertenencia a un grupo vulnerable de quien denuncia.

Por su parte, la ministra Sánchez Cordero aseguró que un tema delicado como la violencia sexual se debe tomar como tortura, y agregó que en el proyecto de resolución se debería señalar que la lesión causada por la violación crece cuando el delito lo comete un miembro de una institución contra un grupo vulnerable, como en este caso, que se refiere a soldados que agredieron a indígenas.

Por ello pidió que en el proyecto se incluyeran los criterios desarrollados por la Primera Sala de la SCJN, las recomendaciones de organismos internacionales al respecto, y los protocolos de actuación que ya se tienen, así como establecer que los juzgadores están obligados a  no dejar resquicios de impunidad, y a otorgar medidas de reparación del daño.

Expuso que la SCJN debería dar las directrices necesarias y las más claras posibles a todos los operadores jurídicos, ya que como parte del Estado mexicano puede establecer medidas de reparación y de juzgamiento para cumplir con una sentencia de la CoIDH.

Los ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar coincidieron con estos señalamientos y dijeron que era necesario incorporar los criterios expuestos, sin embargo este agregado modificó parte sustancial del proyecto, por lo que el pleno prefirió esperar a que se hicieran las modificaciones y después seguir con la discusión.

Previo a la sesión de hoy, grupos civiles como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que litigó el caso de Inés y Valentina a nivel internacional, llamaron a la SCJN a establecer criterios efectivos en materia de género, etnicidad y tortura sexual.

En un comunicado, dijeron que el análisis realizado por la SCJN no ha mostrado un tribunal constitucional que busque ampliar las garantías de Derechos Humanos, sino un tribunal que vive un periodo de retrocesos, entre otras cosas porque la semana pasada evitó analizar la compatibilidad de la reciente reforma en materia de fuero militar, publicada en junio de 2014, con el estándar fijado por la CoIDH.

De acuerdo con las organizaciones, respecto de la impartición de justicia con perspectiva de género, las sentencias de la Corte Interamericana establecen pautas de actuación muy concretas para las y los juzgadores que dirimen casos en los que están en juego los derechos de las mujeres, en aspectos tan concretos como la valoración del testimonio de las víctimas.

En cuanto a la impartición de justicia con perspectiva de género, las agrupaciones señalaron que las sentencias indican cómo deben actuar los órganos estatales cuando mujeres indígenas busquen justicia; y en lo referente a la tortura sexual dijeron que las sentencias son claras en establecer que la violación sexual cometida por servidores públicos constituye tortura.

Otros grupos que se sumaron a esta posición fueron Asociadas por lo Justo, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Equis Justicia para las Mujeres, entre otros. 

El caso será retomado por el pleno de la Corte en próxima fecha, cuando el ministro Pérez Dayán haga las modificaciones necesarias y presente un nuevo proyecto para su votación.

CIMACFoto: Anayeli García Martínez

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | México, DF.- 

Aún pendiente, reforma al Código de Justicia Militar: AI

NACIONAL

DERECHOS HUMANOS

   Un avance, detención de soldados en caso Inés y Valentina

CIMACFoto | Sandra Torres

Por: la Redacción

Cimacnoticias | México, DF.- 

La detención y procesamiento por la justicia civil de cuatro integrantes de las fuerzas armadas acusados de tortura y violencia sexual contra las indígenas tlapanecas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, supone un importante paso hacia la justicia para las víctimas, afirmó Amnistía Internacional (AI).

En un comunicado, la organización reconoció que este es un paso importante pero recordó que aún está pendiente el deber de reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para asegurar que todas las violaciones a Derechos Humanos (DH) cometidas por fuerzas castrenses sean investigadas y juzgadas en el fuero civil.

De acuerdo con AI, la detención y consignación a finales de 2013 fue resultado del proceso judicial que ambas mujeres emprendieron desde 2002, mismo que al ser conducido en el ámbito de la justicia militar fracasó a la hora de realizar una investigación eficaz, y no logró que ninguna persona rindiera cuentas por estos abusos.

AI destacó que ante la negación al acceso a la justicia, las dos mujeres acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), tribunal que en 2010 emitió dos sentencias en contra el Estado Mexicano en donde ordenó, entre otras medidas, realizar una investigación en el ámbito de la justicia civil.

“El procesamiento de cuatro miembros de las fuerzas armadas implicados en estas graves violaciones es un paso importante en el cumplimiento de estas sentencias. Es el resultado de la larga lucha de las dos mujeres y otros defensores y defensoras de los DH quienes las han acompañado”, declaró la organización.

Además agregó que es evidente que en este caso la Procuraduría General de la República (PGR) se empeñó en establecer la verdad y justicia para las víctimas de violaciones de DH, lo que puede empezar a romper el círculo vicioso de la impunidad que alienta nuevas agresiones de esta naturaleza.

No obstante, llamó al Poder Judicial de la Federación a realizar un proceso conforme a las normas internacionales del derecho a un juicio justo, efectivo e imparcial. Esto, dijo, incluye el respeto de la presunción de inocencia de los acusados ante un tribunal imparcial que proteja los derechos tanto de las víctimas como los acusados.
 

Caso Inés y Valentina: siguen sin cumplirse sentencias de CoIDH

NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   No hay detenidos ni reforma al fuero militar

Por: la Redacción

Cimacnoticias | México, DF.-

Después de tres años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció al Estado mexicano por su responsabilidad en la violación sexual cometida por militares contra las indígenas guerrerenses Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas aún esperan la justicia que se les negó desde 2002 cuando fueron agredidas.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que a tres años de que se emitieran las sentencias, las instancias del Estado mexicano no han estado a la altura de la determinación de ambas mujeres tlapanecas, toda vez que el cumplimiento cabal de los fallos todavía no se materializa.

En un comunicado, la agrupación humanitaria dijo desconocer algunas de las acciones que dependencias del gobierno federal han implementado para cumplir con las sentencias, y que las acciones realizadas distan mucho de los acuerdos con las víctimas.

Por ejemplo, mencionó que la Secretaría de Gobernación afirmó públicamente que creó un fideicomiso para el cumplimiento de lo ordenado por la CoIDH; sin embargo –advirtió Tlachinollan– no ha sido presentado a Inés y Valentina, ni se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En lo que se refiere al mecanismo para la atención médica, el organismo que litigó el caso ante la CoIDH aseguró que la medida no se ha cumplido, pues no ha respondido a los acuerdos establecidos y más bien se está a la espera de algunas adecuaciones.

En cuanto a las acciones de reparación comunitarias, Tlachinollan alertó que la creación y operación del albergue para estudiantes y el Centro Comunitario para las Mujeres en Ayutla de Los Libres, Guerrero, ordenados por la Corte, corren el peligro de desvirtuarse si no se priorizan mecanismos de rendición de cuentas y si no se aseguran mecanismos comunitarios de operación participativa.

Sobre la investigación de los hechos y la presentación de los responsables de las violaciones ante la justicia, actualmente las averiguaciones previas están radicadas ante la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República (PGR), pero aún no hay consignaciones.

El Centro de Derechos Humanos apuntó también que la reforma legal al Código de Justicia Militar –ordenada en las dos sentencias de la CoIDH– continúa sin materializarse, ya que no hay avances en las audiencias públicas organizadas por el Senado sobre el tema.

Las discusiones en la Cámara alta en torno a la eventual reforma al fuero castrense –para evitar que las violaciones a Derechos Humanas cometidas por las fuerzas armadas contra civiles sean juzgadas ante tribunales militares–, cobran mayor relevancia ante la inminente evaluación por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a México el próximo 23 de octubre, como parte del Examen Periódico Universal (EPU).

Actualmente se encuentra registrado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el expediente Varios 1396/2012, relativo a la determinación de las obligaciones que le imponen las sentencias de la CoIDH al Poder Judicial de la Federación.

La tramitación de ese expediente, dijo Tlachinollan, ofrece a la SCJN la oportunidad de definir cómo debe impartirse justicia con perspectiva de género y etnicidad. No obstante, en dos ocasiones ha sido retirado de la lista de temas pendientes cuando estaba a punto de ser discutido por el Pleno de ministros, por lo que se espera su análisis en breve.

En suma, la organización afirmó que las sentencias de la CoIDH distan de ser cabalmente cumplidas en México pese a la incansable lucha de Inés y Valentina. Por ello sostuvo que sería deseable que el compromiso de México con el sistema interamericano no se expresara sólo a través de grandes eventos, sino por medio del cumplimiento de las resoluciones.