Abel Barrera Hernández*
Como hace 18 años, Inés
Fernández Ortega vive en su casa de madera en Barranca Tecoani. Sigue
atrancando su puerta con una viga, a pesar de los múltiples peligros y
amenazas que sufre. La cocina donde fue agredida sexualmente por
militares conserva los adobes y tejamaniles de su techo ahumado. Con sus
pies desnudos recorre la escarpada montaña para juntar leña y sembrar
maíz con sus pequeños hijos y Fortunato, su esposo. Mantiene siempre el
garbo cuando se expresa en me’phaa frente a las autoridades. Su idioma
materno forma parte de su identidad y lo demostró con el temple que la
caracteriza, en el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad
Internacional del Estado mexicano realizado el 6 de marzo de 2012, en
Ayutla de los Libres. Ahí le reiteró al secretario de Gobernación,
Alejandro Poiré, que no creía en la palabra del gobierno, porque no
cumple. Sin embargo, ella había aceptado sentarse a su lado, para
decirle lo que piensa.
En Barranca Bejuco, donde Valentina Rosendo Cantú lavaba su ropa en el río, tuvo que enfrentar a los
guachos. A sus 17 años fue víctima de tortura sexual perpetrada por elementos castrenses, quienes usaron las armas de cargo para amedrentarla, golpearla y violarla. Esta desigualdad estructural que fue calificada como una asimetría de poder por la jueza del juzgado séptimo de distrito en Guerrero, fue determinante para sentenciar por 19 años a dos militares.
Inés y Valentina, desde hace 18 años no han dado tregua a su lucha
por la justicia. Desde que bajaron a la agencia del Ministerio Público
experimentaron el desprecio y el desamparo de las autoridades que
supuestamente protegen a las víctimas. A pesar de las presiones que
sufrieron en sus comunidades, que eran asediadas por el Ejército, para
callar estas denuncias, nunca se doblegaron.
Rompieron el cerco de la impunidad y sentaron en el banquillo de los
acusados al Ejército y representantes del gobierno para espetarles su
postura pusilánime y complaciente con los militares violadores. Resonó
su palabra en el recinto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Coridh) que desenmascaró las mentiras de un gobierno que viola los
derechos humanos de las indígenas. Su verdad se tradujo en dos
sentencias emblemáticas que son pioneras en la defensa de los derechos
de las mujeres.
La Coridh señaló el 30 y 31 de agosto de 2010 al Estado mexicano como
responsable de violaciones graves a los derechos humanos de Inés y
Valentina, cometidas en un contexto marcado por la pobreza, la
discriminación y la
violencia institucional castrense. Determinó que se violaron los derechos a una vida libre de violencia, a no ser torturada, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada y al debido proceso y las garantías judiciales. Además, determinó que México incumplió su obligación de adecuar el marco jurídico a los parámetros derivados de los tratados internacionales.
A 10 años de las sentencias la corte dio por cumplidas las medidas
relativas a la publicación de la sentencia; al acto público de
reconocimiento de la responsabilidad, el tratamiento médico y
sicológico, las becas de estudio, el reintegro de costas y gastos y
adoptar reformas para permitir que las personas cuenten con un recurso
efectivo de impugnación cuando sientan vulnerados sus derechos por el
Ejército. Se observó cómo parcialmente cumplida la reforma legislativa
orientada a compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar
con los estándares internacionales.
Quedan pendientes las medidas de reparación estructural que las
autoridades deben atender de manera prioritaria para que no vuelvan a
ocurrir casos como los que padecieron Inés Fernández y Valentina
Rosendo. Son medidas centradas en las investigaciones contra los
responsables de estos casos; las relacionadas con la reforma al Código
de Justicia Militar, la capacitación de servidores públicos encargados
de la procuración y administración de justicia, así como de las fuerzas
armadas.
La lucha tenaz de Inés y Valentina iluminó el camino espinoso de la
justicia para las mujeres sobrevivientes de tortura sexual. A pesar de
estos trascendentales avances, Inés sigue esperando el veredicto final
del juez, para que se castigue a los perpetradores. El hoyo negro sigue
siendo el poder que ostenta el Ejército al dotarle el Ejecutivo federal
de mayores facultades para expandir su participación en la seguridad
pública.
La reforma al Código de Justicia Militar, además de quedar acotada y
lejos de cumplir con los estándares internacionales, especialmente en el
uso de la fuerza, ha erigido a Ejército y Marina como suprapoderes, que
en lugar de supeditarse a las autoridades civiles, piden cuentas y
ejercen el control de la población, amén de ser un actor con poder
económico. El Ejecutivo ha colocado al Ejército como constructor de
megaproyectos y el mando en seguridad pública.
Para Inés y Valentina la situación de marginación y discriminación de
las indígenas de la Costa-Montaña no ha mejorado. Han tenido que
batallar con las autoridades de salud para exigir que en sus comunidades
haya doctoras, enfermeras y medicamentos. La muerte materna es aún la
sombra funesta que amenaza a las madres que padecen los estragos de la
desnutrición. El cerco del hambre y ahora del Covid-19 forman parte de
los males que azotan a las comunidades indígenas de Guerrero.
En cuanto a las reparaciones comunitarias que plantea la sentencia de
Inés Fernández, han sido desatendidas por las diferentes
administraciones federales. De nada ha servido esta propuesta innovadora
que toma en cuenta la dimensión comunitaria de los daños ocasionados
por esta execrable actuación militar, cuando Inés y sus compañeras se
topan con el argumento recurrente de que no existen fondos para dar
cumplimiento a esta resolución. La creación del Centro Comunitario y
Albergue de niñas y niños en Ayutla de los Libres ha sido una exigencia
que no ha encontrado eco en el gobierno federal. Son 10 años de subir y
bajar la montaña, con esa firme esperanza de que se materialice su
sueño, de tener un lugar digno en la ciudad que las desprecia e ignora.
*Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlacinollan.
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