CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Ciudad de México.- Mientras el presidente Andrés
Manuel López Obrador sostiene que “nunca se había protegido tanto a las
mujeres de México como ahora”, el gobierno federal quitó 2 mil millones
de pesos (mdp) destinados a la atención de mujeres víctimas de violencia
y que padecen cáncer, VIH/SIDA o necesitan atención de su embarazo y
parto.
Al revisar los datos de transparencia presupuestaria, Cimacnoticias
observó que la consigna de “hacer más con menos” —como la presidenta del
Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, se refirió a estos
ajustes—, alcanzó a 40 de 93 programas presupuestarios del Anexo 13. En este apartado se concentra el gasto específico para cerrar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.
El gobierno apretó el cinturón sin importar las necesidades vigentes
de violencia y salud, ya que durante el primer semestre del año fueron
asesinadas 2 mil 240 mujeres, 11 por día, y 575 más murieron por
complicaciones durante el parto, embarazo o postparto. Estas cifras
crecen cada día, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la
Secretaría de Salud, respectivamente.
Las decisiones se tomaron sin el aval de las legisladoras federales
que apenas en diciembre pasado pelearon estos recursos y a pesar de que
los ajustes podrían ser una violación a la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, que impide reducir los recursos dirigidos a
la igualdad entre mujeres y hombres.
Cuando las diputadas quisieron pedir cuentas al secretario de
Hacienda, no consiguieron consenso para llamarlo a comparecer en una
Cámara donde Morena es mayoría. El 10 de agosto, lograron que Arturo
Herrera asistiera a una reunión virtual aunque omitió responder los
cuestionamientos y negó los ajustes.
Escatimar gasto en salud durante una pandemia
De los 40 programas afectados por el estire y afloje de la secretaría
encabezada por Arturo Herrera, –quien el viernes 28 de agosto aceptó la
crisis económica y adelantó que los recortes alcanzarían el presupuesto
de 2021– presentamos el análisis de 8 programas enfocados en atender la
violencia de género, la salud sexual y reproductiva, y los derechos de
víctimas.
La Secretaría de Hacienda recortó, en cifras cerradas, 414.5 mdp al programa de Salud materna,
de la Secretaría de Salud (16.9 por ciento a lo que originalmente se le
dio). Con este dinero se atiende a las mujeres embarazadas, con cáncer
de mama y cérvico uterino y a mujeres con enfermedades pulmonares.
En este caso se pasó la misma tijera a luz y viáticos, que a
investigación y sueldos para el personal médico, subsidios para las
entidades, materiales de oficina y limpieza, medicinas, productos
farmacéuticos y material médico para la salud de las mexicanas.
Un perdedor más frente a la crisis fue el programa de Prevención y
atención de VIH/SIDA y otras ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), al
que Hacienda recortó 34.9 mdp (8 por ciento de lo etiquetado
originalmente en el Anexo 13).
A pesar de que el VIH permanece en todo el país, con este recorte el
gobierno federal dejará de enviar recursos para que entidades y
municipios prevengan la transmisión del VIH/Sida y otras ITS en mujeres.
Los ajustes también obligaron a las dependencias a abstenerse de
gastar en equipos informáticos y congresos y convenciones; pero no sólo
eso, para este año tampoco estará disponible todo el dinero planeado
para la compra de medicinas y productos farmacéuticos.
En Salud, la Secretaría de Hacienda también recortó 4.4 mdp para
capacitación de recursos humanos para la Salud (21.5 por ciento de lo
aprobado); y 13.1 mdp pesos para investigación (10.1 por ciento de lo
otorgado). Estos programas son para capacitar a técnicos y médicos
radiólogos para realizar mastografías y leer tamizajes; formar
promotoras de la salud para mujeres; fomentar la investigación; y para
la estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente.
Austeridad paraliza servicios especializados de salud
Los institutos nacionales y las direcciones de salud se vieron
obligados a priorizar la atención de personas con coronavirus y a pesar
de que no pudieron evitar la muerte de 22 mil mujeres por la COVID-19,
registradas hasta el cierre de agosto, la reconversión hospitalaria y la
escasez de recursos limitó la atención a las mujeres con otros
padecimientos.
Por ejemplo, al informar a Hacienda cómo iba el cumplimiento de sus
metas, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, reconvertido
al 100 por ciento para atender pacientes con COVID-19, dijo que
esperaba que a finales del año pudiera continuar con la atención
integral de las mujeres que atiende. A su vez, el Instituto Nacional de
Perinatología informó que la pandemia había afectado de forma muy
importante su productividad.
Las dependencias no están haciendo un gasto eficiente de los recursos
públicos, observó la economista Liliana Ruiz Ortega, quien dirige
Simetría, una organización especializada en análisis presupuestal. De
acuerdo con la economista, hasta junio de 2020 el gobierno mexicano
debió gastar en total alrededor de 65 mil mdp, pero sólo ha gastado 49
mil mdp, 76.5 por ciento de lo programado como meta.
Tras revisar las cifras, la economista consideró que los recortes al
presupuesto no se traducen necesariamente en redireccionar el gasto para
hacerlo más eficiente; por el contrario, advierte que estas
modificaciones podrían significar una parálisis al interior de las
dependencias u obstáculos para realizar su trabajo y, por tanto,no
cumplir sus metas finales.
Mantienen recortes para atender violencia
Desde marzo pasado, agrupaciones civiles y feministas denunciaron el
recorte al Anexo 13 –que apenas representa 1.5 por ciento del gasto de
todo el gobierno— y evidenciaron un recorte para los refugios y centros
de atención externa, las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana y
las Alertas de Violencia de Género.
Algunas funcionaras también criticaron la disminución del presupuesto
para el Instituto Nacional de las Mujeres y órganos defensores de sus
derechos, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Estos recortes fueron una realidad, ya que Hacienda quitó 58.7 mdp al Programa para prevenir y atender la violencia contra las mujeres (19.6 por ciento del dinero total etiquetado), a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Este recorte afectó a las entidades federativas y municipios que
tienen Alerta de Violencia de Género, mecanismo por medio del cual se
implementan acciones para prevenir el feminicidio, las desapariciones de
mujeres, entre otros delitos; así como la construcción de Centros de
Justicia para las Mujeres.
Además del recorte, hubo subejercicios. Hasta junio, este programa a
cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (Conavim), dependiente de Segob, había gastado sólo 6
por ciento de todo sus recursos.
Desde abril, el presidente anunció que se apretaría el cinturón en
gastos que en su consideración son superfluos; sin embargo, en el caso
de la Unidad de Igualdad de Género, de la Segob, se recortó el gasto en
investigaciones para la política pública en materia de igualdad; y
servicios integrales, gastos de difusión, pasajes, viáticos, congresos y
convenciones.
Hacienda también recortó 2.9 mdp al Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), del
Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). El PAIMEF apoya
acciones específicas de los institutos estatales de las mujeres para la
prevención y la atención de la violencia.
Menos dinero para más víctimas
El decreto de austeridad, publicado por el presidente el 23 de abril,
dice que quedan exentos de recortes los programas de Derechos Humanos,
pero en esta consideración “entra todo o nada. Ahora vemos que al menos
los programas para mujeres no están ahí. Aunque sí están explícitos los
programas de transferencias directas o el Tren Maya”, explicó en
entrevista la consultora en políticas públicas, Cecilia Toledo Escobar.
Con esa ambigüedad de fondo, Hacienda también recortó 5.8 mdp al
programa de Derechos Humanos, de la Segob, (76 por ciento de todo el
dinero asignado). En estos recortes están incluidos gastos para el
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, la implementación del Programa Nacional para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; así como
para la operación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos
de Violencia contra las Mujeres (Banavim).
En el caso de este último, la Cámara de Diputados le asignó 3.5 mdp
para su operación, pero Hacienda dejó en ceros a este mecanismo. El
Banavim es una fuente de información para generar políticas públicas.
Por otra parte, la Secretaría de Hacienda recortó la partida
destinada a las mujeres, de la CEAV. Este recorte ascendió a 5.5 mdp
para el programa de Atención a Víctimas, es decir, quitó de un tajo 71
por ciento de este recurso, el cual se ocuparía para capacitar a
personal en perspectiva de género.
Los recortes a este programa se concretaron aún cuando el 24 de
junio, el subsecretario de Segob, Alejandro Encinas, aseguró que
mantendría el presupuesto de la CEAV. El recorte fue para impresión y
elaboración de material informativo, servicios de vigilancia,
mantenimiento de inmuebles, pasajes aéreos y terrestres, viáticos,
remuneraciones al personal eventual, materiales y útiles de oficina;
energía eléctrica, agua, infraestructura de cómputo; y arrendamiento de
edificios y locales.
El 2 de junio la CEAV anticipó que por los recortes anunciados en
abril para todo el organismo “frenará sus actividades esenciales y
paralizará su funcionamiento”, pues la mayoría de su personal es
subcontratado y sus oficinas son arrendadas. Semanas después, la
entonces titular del organismo, Mara Gómez, renunció al cargo.
Gobierno apuesta por la austeridad
El economista Carlos Brown explicó en entrevista que cada año
Hacienda puede modificar el presupuesto aprobado por la Cámara de
Diputados. La dependencia sólo está obligada a notificar los cambios al
Congreso si éstos son mayores a 5 por ciento de los recursos de un ramo
en particular, de acuerdo con la misma Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
En 2019, según el análisis de Brown, el Anexo 13 tuvo una
modificación positiva porque Hacienda le aumentó 6 por ciento. Sin
embargo, los incrementos fueron para los programas prioritarios del
gobierno como Pensiones para Adultos Mayores y el Programa de Empleo
Temporal, cuyo objetivo no es disminuir las desigualdades entre mujeres y
hombres.
A julio de 2020, los recortes de Hacienda representan 2 por ciento de
los recursos totales al Anexo 13. Si se excluyeran los programas de
Abasto Rural, Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensiones para Personas
Adultas Mayores y Sembrando Vida, este año el presupuesto sería incluso más bajo al asignado en 2013, que fue de 18 mil 7 mdp. Un retroceso de siete años.
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