Magdalena Gómez
En Chiapas se vive
un incremento de violencia paramilitar en municipios claves como Aldama,
Tila y Chenalhó. Ahora se escala de manera directa contra comunidades
bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Como ha sido denunciado, el pasado 22 de agosto, integrantes de la
Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Orcao) saquearon e
incendiaron bodegas de maíz y café ubicadas en el crucero de Cuxuljá,
del municipio de Ocosingo, Chiapas. A la fecha en la gama de agresiones
incluida esta última, el Estado aparece como el gran ausente. En los
hechos, sus propias fuerzas policiales o militares resultan sometidas al
nada casual imperio paramilitar, protegido y auspiciado por actores
políticos del entramado del gobierno del estado y ahora también con
presencia destacada en el Congreso de la Unión (véase el esclarecedor
análisis de Luis Hernández Navarro en La Jornada, 26/8/20).
A escala federal, para el caso de Aldama, el único funcionario que se
ha hecho presente en Chiapas ha sido el subsecretario de Gobernación,
Alejandro Encinas, quien hace una semana reiteró que se debe terminar la
impunidad y lamentó que los acuerdos previos de no agresión hayan
fracasado. Justo también en la última semana de agosto se difundieron en
algunos medios versiones absurdas, muy graves y altamente provocadoras
en torno al EZLN con planteamientos que implicarían su absoluta
desnaturalización y abandono del proyecto que ha construido las dos
últimas décadas (reproducidas y analizadas en Rompeviento televisión,
27/8/20).
En su ya largo historial, cabe destacar que el EZLN ha respetado el
cese al fuego decretado a escala presidencial el 12 de enero de 1994 y
aceptado desde entonces por esta fuerza política, porque no es otro el
carácter que adoptó al concentrarse en la organización de los municipios
autónomos y las comunidades zapatistas para formar las juntas de buen
gobierno y caracoles zapatistas, experiencia autonómica inédita
dentro y fuera del país. Apenas hace un año, anunciaron que rompieron
el cerco con siete nuevos caracoles adicionales a los cinco
existentes. Los municipios oficiales de Chiapas con nuevas zonas
zapatistas son Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Chilón, Tila,
Amatenango del Valle, Motozintla y Chicomuselo. El desarrollo de todo el
proyecto autonómico, pacífico, se ha dado en un entorno problemático,
como la falta de recursos, la militarización y la paramilitarización de
su entorno, las campañas de contrainsurgencia, de las cuales hacen parte
la continuidad de los apoyos oficiales en dinero, los acosos de
delincuentes y del narcotráfico entre otros factores que enmarcan su
desafío al Estado mexicano para construir la autonomía en los hechos y
recrear su derecho al derecho propio al margen de su reconocimiento
constitucional. En los recientes encuentros internacionales de mujeres
que luchan, organizados y promovidos por el EZLN, una de las evidencias
que han sorprendido es que en tierras zapatistas no se vive la violencia
contra las mujeres ni los feminicidios y ello es producto de su lucha y
defensa tenaz.
Ya se ha desplegado una campaña de solidaridad nacional e
internacional en torno a los hechos de Cuxuljá en Ocosingo, con la
exigencia de justicia. El Concejo Indígena de Gobierno del Congreso
Nacional Indígena denunció las agresiones y el incendio de las bodegas
de las bases de apoyo zapatistas y señaló que los paramilitares operan
junto al partido Morena y el gobierno, en todos sus órdenes, como parte
de la guerra que desde arriba se está desplegando contra la organización
de las comunidades zapatistas.
Debemos preguntarnos si en la llamada Cuarta Transformación, a sus
más altos niveles, se dan cuenta de la descomposición que se vive en
Chiapas y que hoy se pretende escalar la agresión al zapatismo, y si
serán capaces de separar los enconos personales, ante la abierta
oposición del zapatismo al actual gobierno, en especial a sus
megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico y con una
visión de Estado intervenir y contener al considerar que el EZLN es una
fuerza con trascendencia nacional e internacional, y que ahí están
involucrados pueblos indígenas con sus demandas históricas.
Ciertamente no hay motivos de esperanza en torno a tal dimensión, si
nos atenemos al espectáculo del 28 de agosto, cuando en demérito de la
investidura presidencial, su titular, en la conferencia mañanera, ordenó
a su subalterno de comunicación que expusiera los montos que
fundaciones extranjeras han aportado los últimos 14 años a
organizaciones sociales para financiar la oposición al Tren Maya, que es
ciertamente más reciente. De un plumazo habló y descalificó a los que
llamó supuestos ambientalistas y defensores de derechos humanos. Ya le
darán respuesta. ¿Qué puede esperar el EZLN?
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