10/17/2026

De más de 520 denuncias por violencia sexual en el Ejército, solo 3% acabó en condena

 

La violencia sexual contra mujeres dentro del Ejército mexicano permanece marcada por la impunidad. De más de 520 mujeres que denunciaron delitos sexuales durante un periodo de 12 años, solo 3 por ciento de los casos derivó en una condena, mientras que el 97 por ciento restante no llegó a una sanción efectiva, de acuerdo con una investigación de la periodista mexicana Zorayda Gallegos.

El reportaje Violencia sexual en los cuarteles: radiografía de la impunidad documenta cómo las jerarquías militares, las desigualdades de género y los obstáculos institucionales dificultan que las mujeres denuncien las agresiones y consigan justicia.

Por este trabajo, Gallegos recibió el Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2026, un reconocimiento que distingue su investigación sobre la violencia, el machismo y el silencio institucional dentro de las Fuerzas Armadas.

En entrevista con Noticias ONU en Ginebra, la periodista advirtió que la violencia sexual no es un fenómeno aislado ni se limita a los cuarteles: también ocurre en escuelas y hospitales militares.

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De más de 520 mujeres que denunciaron delitos sexuales en las Fuerzas Armadas de México durante 12 años, solo un 3% de los casos dio lugar a una condena, revela la periodista mexicana @zogallegos, Premio @BreachValdez de Periodismo y DDHH 2026.https://t.co/h9JdIVLdvo— Noticias ONU (@NoticiasONU) October 12, 2026

Jerarquías militares, un obstáculo para denunciar la violencia sexual

Uno de los factores que contribuyen a la vulnerabilidad de las mujeres militares es la estructura jerárquica y vertical de las Fuerzas Armadas, donde la obediencia a los superiores constituye una regla fundamental.

Gallegos explicó que, durante su formación, a las mujeres se les enseña a obedecer y acatar órdenes, una dinámica que puede colocarlas en una situación de vulnerabilidad cuando quien ejerce la autoridad incurre en conductas abusivas.

“Eso significa que si un mando militar le dice a una mujer ‘entra en mi dormitorio’, pues ella tiene que entrar porque si no estaría desacatando una orden que le está dando su superior”, señaló la periodista.

Esta relación desigual de poder dificulta que las víctimas se resistan a sus superiores y evidencia los riesgos que enfrentan las mujeres cuando la autoridad militar puede convertirse en un factor de presión.

A estas condiciones se suma el machismo arraigado en las instituciones castrenses, que también se refleja en la asignación de tareas y las oportunidades de ascenso. Según Gallegos, a las mujeres se les suele vincular con actividades de cuidados y enfermería, incluso cuando cuentan con la preparación necesaria para ocupar cargos de mayor responsabilidad.

Revictimización y falta de perspectiva de género en la justicia militar

Los obstáculos no terminan cuando una mujer decide denunciar. La investigación también documenta casos en los que las víctimas enfrentan resoluciones judiciales con razonamientos sexistas o sin perspectiva de género, lo que añade barreras a su búsqueda de justicia.

Estas prácticas pueden profundizar la revictimización y dificultar que las mujeres obtengan una respuesta institucional frente a las agresiones que denunciaron.

La respuesta de las propias Fuerzas Armadas también fue cuestionada en el reportaje. Aunque se creó una oficina contra el hostigamiento y el acoso sexual, Gallegos señaló que el acompañamiento psicológico ofrecido a algunas víctimas estaba orientado a que perdonaran a sus agresores, olvidaran lo ocurrido y continuaran con su carrera militar.

En contraste, explicó que las medidas dirigidas a los hombres señalados por cometer abusos podían limitarse a recomendaciones.

“Es lo máximo”, expresó la periodista al referirse a estas respuestas institucionales.

El contraste entre las dificultades que enfrentan las denunciantes y la falta de sanciones efectivas para los agresores expone uno de los principales problemas documentados por la investigación: la persistencia de condiciones que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia dentro de las instituciones militares.

¿Qué cambios propone para combatir la impunidad en el Ejército?

Para romper el ciclo de silencio e impunidad, Gallegos consideró necesario reformar el sistema de justicia militar y ampliar la participación de las mujeres en los puestos superiores, los espacios de toma de decisiones y los cargos relacionados con la procuración e impartición de justicia.

La periodista subrayó que estos cambios requieren voluntad política para transformar las condiciones institucionales que dificultan las denuncias y la sanción de los responsables.

La investigación pone de relieve que atender la violencia sexual en las Fuerzas Armadas no implica únicamente contar con mecanismos para recibir denuncias, sino también garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia sin enfrentar nuevas formas de violencia y que las agresiones tengan consecuencias efectivas.

Zorayda Gallegos reivindica el periodismo que documenta verdades incómodas

El trabajo de Gallegos también se desarrolla en un contexto adverso para el ejercicio periodístico en México. La reportera ha enfrentado presiones, comentarios intimidatorios y amenazas veladas relacionadas con sus publicaciones.

Pese a ello, defendió la importancia de difundir información de interés público y garantizar a la sociedad el derecho a una información independiente e imparcial.

Para la periodista, recibir el Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2026 representa un honor porque el galardón rinde homenaje a Miroslava Breach y Javier Valdez, periodistas mexicanos asesinados por su trabajo.

“Siempre apostaron por un periodismo valiente, arraigado en sus comunidades y contando verdades incómodas. Hasta que les costó la vida, es una situación que no debió de haber ocurrido jamás”, afirmó Gallegos.

Su investigación sobre la violencia sexual en el Ejército mexicano expone las barreras que enfrentan las mujeres militares para denunciar los abusos y obtener justicia, al tiempo que coloca en el centro del debate la responsabilidad de las instituciones para prevenir la violencia de género y garantizar sanciones efectivas.

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