El hambre no afecta a todas las personas de la misma manera. Las desigualdades económicas y de género limitan el acceso de millones de mujeres a los alimentos, una situación que se agrava en contextos de guerra, desplazamiento y crisis humanitarias. Mientras la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Sofía Monsalve, advierte sobre la normalización de las hambrunas, datos de organismos internacionales muestran que las mujeres enfrentan mayores niveles de inseguridad alimentaria que los hombres.
De acuerdo con el informe The Gender Snapshot 2025, elaborado por ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, durante 2024 el 26.1 por ciento de las mujeres adultas experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave, frente al 24.2 por ciento de los hombres.
Esto significa que alrededor de 822.3 millones de mujeres adultas enfrentaron dificultades para acceder regularmente a alimentos suficientes y adecuados, frente a 758.8 millones de hombres.
La diferencia no es únicamente económica. Las mujeres enfrentan barreras para acceder a ingresos, tierras, créditos y otros recursos productivos. A ello se suman las responsabilidades de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que pueden limitar su autonomía económica y su capacidad para responder a las crisis.
En situaciones de emergencia, estas desigualdades pueden profundizarse: las mujeres deben conseguir alimentos para sus familias, cuidar a niñas, niños y personas mayores y, al mismo tiempo, afrontar la pérdida de ingresos, el desplazamiento y las dificultades para acceder a ayuda humanitaria.
Las mujeres enfrentan mayores riesgos en contextos de guerra
La desigualdad alimentaria se vuelve especialmente visible en países afectados por conflictos armados. La destrucción de infraestructura, el abandono forzado de tierras, el cierre de mercados y las restricciones a la asistencia humanitaria dificultan el acceso a alimentos y medios de subsistencia.
En Sudán, por ejemplo, un análisis de ONU Mujeres publicado en 2025 advirtió que los hogares encabezados por mujeres tenían alrededor de tres veces más probabilidades de experimentar hambre extrema que los encabezados por hombres. El conflicto ha provocado desplazamientos masivos y daños en las zonas agrícolas, los mercados y los servicios básicos.
La situación muestra que la crisis alimentaria no puede entenderse únicamente a partir de la disponibilidad de comida. También importa quién controla los recursos, quién tiene ingresos propios y quién puede acceder a los alimentos y a la asistencia humanitaria.
En Gaza, ONU Mujeres ha documentado obstáculos específicos para que las mujeres y los hogares encabezados por ellas reciban ayuda. En enero de 2025, el organismo explicó que, cuando la distribución de alimentos dependía de hacer filas en condiciones de inseguridad, la asistencia podía llegar principalmente a hombres que tenían mayores posibilidades de acudir a esos puntos.
Estas barreras evidencian la necesidad de diseñar respuestas humanitarias que consideren las condiciones particulares de mujeres, niñas y otros grupos expuestos a mayores riesgos, en lugar de asumir que todas las personas pueden acceder a la ayuda de la misma manera.
La alimentación también está atravesada por el trabajo de cuidados
Las desigualdades de género no terminan en la distribución de la ayuda. También se manifiestan dentro de los hogares, donde las mujeres suelen asumir una parte desproporcionada de las tareas para conseguir, preparar y distribuir los alimentos.
Ante la escasez, algunas mujeres reducen su propio consumo para priorizar la alimentación de sus hijas e hijos u otras personas de la familia. Aunque esta respuesta puede ayudar a sostener temporalmente a los hogares, también pone en riesgo su propia nutrición y salud.
La inseguridad alimentaria puede tener consecuencias particulares durante el embarazo y la lactancia, cuando las necesidades nutricionales aumentan. Asimismo, la falta de alimentos variados y suficientes puede agravar las deficiencias de nutrientes y afectar la salud de las mujeres a largo plazo.
Por ello, garantizar el derecho a la alimentación requiere políticas que no se limiten a entregar comida. También implica atender las desigualdades en el acceso a ingresos, servicios de salud, protección social y recursos productivos, así como reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados.
Sofía Monsalve cuestiona un sistema alimentario desigual
En una entrevista publicada por El País el 15 de octubre de 2026, Sofía Monsalve, relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, advirtió que se está normalizando la hambruna mediante procesos de deshumanización de poblaciones enteras.
La especialista señaló que el hambre puede utilizarse como instrumento de guerra y dominación, como ocurre en contextos donde las restricciones a la asistencia humanitaria impiden que las poblaciones accedan a bienes indispensables para sobrevivir.
Su análisis también cuestiona la concentración de poder en las grandes empresas agroalimentarias y defiende una transformación de los sistemas de producción y distribución de alimentos.
Entre sus propuestas se encuentran una distribución más equitativa de la tierra, el impulso de la agroecología, el fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales y una mayor participación de las comunidades en las decisiones sobre la producción y el acceso a los alimentos.
Desde una perspectiva de género, estas transformaciones también deben considerar las barreras que enfrentan las mujeres campesinas e indígenas para acceder a la tierra, el crédito, la tecnología y los espacios de decisión.
La advertencia de Monsalve permite ampliar la discusión sobre las hambrunas: además de atender las emergencias, es necesario cuestionar las estructuras económicas y políticas que hacen que millones de personas carezcan de alimentos suficientes, mientras las mujeres enfrentan desigualdades adicionales para acceder a ellos.
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