La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) llamó a garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho a la protesta social con libertad, seguridad y dignidad, luego de documentar que persisten prácticas de contención, uso de la fuerza, estigmatización y otras posibles afectaciones a los derechos humanos de quienes participan en movilizaciones.
El señalamiento forma parte del Informe Anual 2025, Volumen II. Protección a mujeres en contextos de movilización y protesta social en la Ciudad de México, presentado junto con el informe general de actividades del organismo. El documento coloca bajo la lupa las condiciones en que mujeres, colectivas feministas y otros procesos colectivos encabezados o sostenidos por mujeres ocupan el espacio público para exigir justicia, igualdad y el cumplimiento de sus derechos.
El informe general de la CDHCM reportó que durante 2025 el organismo brindó más de 53 mil servicios de orientación, apoyo y protección, además de registrar 7 mil 715 expedientes de queja para su investigación en las cuatro Visitadurías Generales. En ese periodo emitió 13 recomendaciones dirigidas a distintas autoridades.
La presidenta de la CDHCM, María Dolores González Saravia, señaló que el informe permite observar el trabajo institucional realizado en agendas de grupos prioritarios, restitución de derechos, atención territorial, acompañamiento a procesos de búsqueda de personas desaparecidas y movilizaciones y protestas sociales.
La Comisión también planteó grupos de trabajo sobre temas como el derecho al cuidado, los derechos de víctimas de desaparición, la protesta, la salud mental de las juventudes, el derecho a la ciudad y el debido proceso.
Sin embargo, el volumen dedicado a las mujeres muestra una problemática específica: que el reconocimiento de la protesta como derecho humano todavía no se traduce plenamente en la forma en que las autoridades responden a las mujeres que salen a las calles.
2025, el año con más quejas por posibles violaciones en movilizaciones
La investigación de la CDHCM sistematizó información de 2020 a 2025 sobre servicios, quejas, recomendaciones, acompañamiento institucional y cobertura mediática de movilizaciones.
En ese periodo identificó 293 servicios vinculados con contextos de movilización y protesta social. De ellos, 67 correspondieron a 2025, la cifra más alta del periodo analizado. Al menos 216 servicios estuvieron relacionados con mujeres, equivalentes a 73.7 por ciento del total.
En esos servicios se identificaron 493 personas y colectivos agraviados: 280 mujeres, 137 hombres, 73 colectivos y tres registros anónimos. Las mujeres representaron 56.8 por ciento de las personas y colectivos agraviados registrados en este universo.
La tendencia también aparece en los expedientes de queja. Entre 2020 y 2025 la Comisión identificó 163 expedientes vinculados con presuntos hechos violatorios de derechos humanos ocurridos en movilizaciones sociales. De ellos, 36 correspondieron a 2025, el número más alto de todo el periodo. En esos expedientes se identificaron como personas agraviadas 179 mujeres, 101 hombres, 30 colectivos y un registro anónimo.
La CDHCM advierte que estos datos corresponden a quejas por presuntas violaciones y no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad. No obstante, permiten identificar patrones y riesgos que requieren revisión institucional.
Uso de la fuerza, la principal problemática documentada
El uso excesivo, arbitrario o indebido de la fuerza fue la problemática que apareció con mayor frecuencia en las narraciones de los expedientes analizados: se identificó en al menos 71 casos.
Dentro de esta categoría se incluyen agresiones físicas, utilización de objetos o agentes irritantes, lesiones, amenazas e intimidación. La Comisión también identificó al menos 60 casos con agresiones físicas, además de 36 menciones relacionadas con lesiones corporales, 35 con intimidación o amenazas, 30 con agresiones verbales, 16 con uso de armas u objetos y tres con agresiones de carácter sexual.
En las quejas, los derechos más mencionados fueron la libertad de expresión, con 79 menciones, y la integridad personal, con 72. La Comisión advierte que ambos derechos están estrechamente relacionados, pues las intervenciones destinadas a liberar espacios públicos pueden afectar directamente la integridad de quienes participan cuando recurren a la fuerza, intimidaciones o detenciones.
El análisis también encontró que 46 de los 163 expedientes correspondieron a movilizaciones protagonizadas por mujeres, mientras que 77 involucraron tanto a mujeres como a hombres. En otros 27 casos no se especificó la participación de mujeres, aunque podía inferirse su presencia por tratarse de grupos numerosos.
Las mujeres no sólo protestan por violencia de género
Uno de los aportes del informe es que evita reducir la participación política de las mujeres a las marchas feministas.
La CDHCM distingue entre protestas feministas, protestas por los derechos de las mujeres y otros procesos colectivos encabezados, acompañados o sostenidos por mujeres. En estos últimos aparecen demandas relacionadas con búsqueda de personas desaparecidas, verdad y justicia, defensa del territorio, agua, vivienda, trabajo, cuidados, memoria y seguridad.
Esta perspectiva resulta relevante porque, de acuerdo con el organismo, las mujeres transforman experiencias de desigualdad, violencia, exclusión o impunidad en demandas colectivas dirigidas al Estado y a la sociedad.
Así, ocupar las calles también constituye una forma de ejercer ciudadanía y convertir problemas históricamente relegados al ámbito privado —como la violencia, los cuidados, el duelo o la búsqueda de familiares— en exigencias públicas de justicia, igualdad, verdad, reparación y no repetición.
La protesta feminista enfrenta una respuesta diferenciada
El informe retoma hallazgos previos de la propia CDHCM que identificaron diferencias en el trato de las autoridades hacia las protestas realizadas por mujeres y, particularmente, hacia las movilizaciones feministas.
Entre las prácticas documentadas se encuentran el uso del primer nivel de fuerza en los costados de los contingentes aun cuando las manifestantes no expresaran resistencia pasiva; estrategias de contención como el encapsulamiento y encauzamiento, así como el uso de extintores, sustancias irritantes y cohetones u objetos explosivos por parte de personal policial. También se observó una mayor recepción de agresiones de particulares contra protestas feministas o conformadas mayoritariamente por mujeres.
Para la Comisión, el problema no termina en la existencia de protocolos. El desafío está en que éstos se cumplan y en que las autoridades abandonen respuestas que puedan resultar desproporcionadas o estigmatizantes.
El organismo identifica una brecha entre el reconocimiento normativo de la protesta social y su implementación práctica. Entre los patrones recurrentes señala la contención, el encapsulamiento, el uso de la fuerza, la estigmatización, las afectaciones a la integridad personal y posibles restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación.
También preocupa cómo se cuenta la protesta de las mujeres
La problemática no se limita a la actuación de las autoridades. La CDHCM revisó también cómo fueron narradas las protestas feministas en medios de comunicación durante 2025.
Para ello analizó 52 notas informativas, fotografías y publicaciones en redes sociales relacionadas con manifestaciones encabezadas por mujeres. El ejercicio identificó tres tipos de abordaje: lenguaje con enfoque de derechos y perspectiva de género; lenguaje criminalizante o estigmatizante; y lenguaje neutral o informativo.
El análisis tuvo un carácter exploratorio y no pretende representar a todo el ecosistema mediático. Sin embargo, para la Comisión resulta relevante porque las narrativas públicas pueden influir en la percepción social de las mujeres y de sus luchas.
En contraste, las movilizaciones revisadas —entre ellas las del 8M, 28 de septiembre, 25N y la movilización de madres buscadoras del 10 de mayo— fueron descritas en las fuentes analizadas como mayoritariamente pacíficas y con saldo blanco. La marcha del 8M de 2025, por ejemplo, fue reportada con una asistencia superior a 200 mil personas.
¿Qué pide la CDHCM para proteger a las mujeres que protestan?
El organismo plantea cerrar la distancia entre lo que reconocen las normas y lo que ocurre en las calles.
Entre sus propuestas está incorporar en la planeación de la Ciudad de México medidas específicas para garantizar el derecho a la protesta de mujeres y colectivas feministas; fortalecer el diálogo y la concertación política antes que recurrir a respuestas centradas en la contención policial; y reforzar los protocolos de actuación policial.
También plantea evaluar de manera periódica el uso de la fuerza en manifestaciones, fortalecer la supervisión de los mandos policiales, registrar los operativos y establecer mecanismos de revisión externa con participación de organismos de derechos humanos.
Para la Comisión, las respuestas estatales frente a las movilizaciones deben privilegiar el diálogo, la prevención y el desescalamiento. La dispersión y el uso de la fuerza deben ser medidas excepcionales, sujetas a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas y no discriminación.
La discusión adquiere además una dimensión particular en 2026, año en que la Ciudad de México será sede de partidos de la Copa Mundial de Futbol. La propia CDHCM advierte que los megaeventos pueden incrementar las movilizaciones sociales y, con ello, los riesgos de vulneraciones a derechos. Por ello plantea que las autoridades adopten medidas preventivas para garantizar que las mujeres puedan seguir utilizando el espacio público para exigir sus derechos.
El mensaje central del informe es que proteger la protesta de las mujeres no significa únicamente permitir que una marcha ocurra. Implica garantizar que puedan ocupar el espacio público y participar en la vida política sin violencia institucional, estigmatización ni respuestas desproporcionadas.
En una ciudad donde las mujeres han convertido las calles en espacios para exigir justicia frente a feminicidios, desapariciones y otras violencias, así como para defender el territorio, el trabajo, la vivienda, los cuidados y otros derechos, garantizar su protesta también significa garantizar su derecho a participar en la construcción de la vida pública.
