La perspectiva de género deberá formar parte de la preparación de quienes trabajan en el Congreso de Baja California. Más de 120 personas servidoras públicas participaron este lunes 14 de septiembre en una capacitación sobre la materia, como parte de las obligaciones establecidas por la llamada Ley Daryela.
La legislación establece que todas las personas que presten un servicio público, sin importar su rango, jerarquía o modalidad de contratación, deben recibir y acreditar capacitación anual en materia de género, prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres.
De acuerdo con Patricia Alejandrina Ochoa Valle, titular de la Unidad de Género del Congreso estatal, el personal debe acreditar al menos cuatro cursos. El incumplimiento puede derivar en sanciones por parte de la Contraloría Interna y quienes no participen en las capacitaciones tampoco podrán aspirar a ascensos administrativos, informaron medios locales.
La medida no se limita a diputadas y diputados. La Ley Daryela contempla a quienes laboran en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos y organismos constitucionales autónomos de Baja California.
Capacitar a quienes tienen contacto con la ciudadanía
La diputada Liliana Michel Sánchez Allende, impulsora de la legislación, señaló que la capacitación debe alcanzar a todo el personal del Congreso, incluidos quienes realizan labores de vigilancia y quienes tienen contacto directo con las personas que acuden a las instalaciones.
Este punto resulta relevante porque la perspectiva de género no se limita al trabajo legislativo. También implica transformar la manera en que las instituciones públicas identifican y atienden situaciones de discriminación y violencia contra las mujeres.
La propia Ley Daryela señala que las personas servidoras públicas deben desempeñar sus funciones con estricto apego a la protección de la dignidad de las mujeres y promover una cultura incluyente y respetuosa de principios como la igualdad, la no discriminación, la perspectiva de género, la interseccionalidad y la interculturalidad.
La legislación define la perspectiva de género como una metodología que permite identificar, cuestionar y valorar las desigualdades, la discriminación y la exclusión que enfrentan las mujeres, así como las acciones necesarias para avanzar hacia la igualdad.
Una obligación que alcanza a todo el servicio público
La Ley de Capacitación en Materia de Género, de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres para el Estado de Baja California fue publicada en febrero de 2025 y establece como objetivo que las personas servidoras públicas cuenten con herramientas para prevenir y erradicar las distintas formas de violencia contra las mujeres.
Además de establecer la capacitación obligatoria, la norma contempla mecanismos para dar seguimiento a su cumplimiento. El Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California debe identificar el porcentaje de personas capacitadas en cada institución y publicar información sobre el grado de cumplimiento de la ley. También debe elaborar evaluaciones sobre el impacto de las capacitaciones.
En el caso del Congreso estatal, las siguientes capacitaciones están previstas para octubre y noviembre. De acuerdo con información difundida por El Mexicano, también se han registrado ausencias de integrantes del Poder Legislativo en cursos anteriores: siete faltas en la primera capacitación y cinco en la segunda. Hasta el momento, no se había definido una sanción para esas ausencias.
La aplicación de estas medidas plantea un desafío que va más allá de cumplir con un número de cursos: lograr que la perspectiva de género se traduzca en prácticas cotidianas dentro de las instituciones.
Para un Poder Legislativo encargado de crear y reformar leyes relacionadas con los derechos de las mujeres, contar con personal capacitado en igualdad y prevención de las violencias constituye también una condición para que esas normas puedan aplicarse desde las propias instituciones públicas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario