La designación de Juan Alcudia causó revuelta entre el movimiento feminista, puesto que no acata la Ley 3 de 3, la cual fue aprobada en el Senado de la República el 28 de abril de 2023 y determina la suspensión de los derechos o prerrogativas de la ciudadanía cuando incurran en delitos contra la vida e integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual, por violencia política de género en cualquiera de sus modalidades o ser declarada como persona alimentaria morosa. Lo que significa que no pueden acceder a un cargo público.
Esta ley fue impulsada por Yndira Sandoval, fundadora de Las Constituyentes, cuando fue víctima de violencia y tortura por elementos policiales en Guerrero durante el año de 2017. Un año después, su propuesta comenzó a impulsarse en congresos locales y hasta septiembre de 2023 Cimacnoticias documentó que en 12 estados aún no había sido aprobada, mientras que, en Chihuahua, estado de México, Puebla y Nuevo León su aprobación fue considerada como «a medias».
Todo sobre la Ley 3 de 3 contra agresores en el poder: la mirada de Yndira Sandoval
Campeche es una de las entidades dónde no está aprobada, pero la Ley 3 de 3 goza de rango constitucional. No obstante, hay una tendencia que desdibuja los alcances de la ley ya que, gracias a diversos pactos patriarcales y la resistencia de obedecer la ley, es que en las tres órdenes de gobierno existen funcionarios señalados por violencia de género cuyos casos se han quedado en impunidad.
La Red de Colectivas feministas del estado de Campeche le recordaron al Congreso y al Ejecutivo del Estado de Campeche que es Layda Sansores, «que la protesta social no es un delito, sino un derecho legítimo protegido por la Constitución y los tratados internacionales firmados por México. La criminalización de quienes defienden la vida, el territorio y la justicia no solo atenta contra las personas directamente afectadas, sino que busca sembrar miedo y perpetuar el silencio frente a la violencia estructural».
Asimismo, apuntaron que el Artículo 1º constitucional, obliga a las autoridades del Estado a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Por lo que solicitaron que la Comisión de Derechos Humanos del Estado emita de manera urgente recomendaciones respecto al uso excesivo de la fuerza policial, el cual debe de atender al protocolo con perspectiva de género, así como a las irregularidades de las detenciones durante la manifestación.
También solicitaron la reparación integral del daño a las compañeras que fueron detenidas arbitrariamente, reconociendo la violación a sus derechos humanos. Sin olvidar que se debe garantizar la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica de todas las mujeres, sin represión ni criminalización.
Y al Congreso y a la gobernadora Layda Sansores, que impulsen de manera inmediata una Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que asegure condiciones de seguridad, protección y respeto para quienes ejercemos nuestra labor desde el activismo feminista.
Es importante recordar que los documentos filtrados por Guacamaya Leaks en el 2022, dejaron ver que el Estado mexicano tiene en la mira al movimiento feminista como a un enemigo. Incluso, en los correos electrónicos extraídos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se muestra información sobre cinco feministas que están fichadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Además, CIMAC ha documentado la criminalización de la protesta, señalando que esta consiste en el uso de la fuerza coercitiva y judicialización por parte del Estado para controlar y reprimir el activismo social y el derecho a la manifestación en Violencia contra mujeres periodistas en el marco del Día Internacional de la Mujer.
La vulneración al derecho a la protesta feminista en México, por parte de autoridades de todos los niveles de gobierno, se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente reforzada por actos sistemáticos, como el uso de discursos institucionales, que criminalizan y estigmatizan las movilizaciones sociales, y que se materializan a través de prácticas como:
La agresión
De acuerdo con la Red, el Gobierno de Campeche envió a más de treinta elementos policiales, los cuales intimidaron, hostigaron y detuvieron a tres manifestantes. Entre las violaciones a derechos humanos encontradas resaltan que no fueron entregadas de manera inmediata al Ministerio Público; hubo falta de justificación legal de su detención; las criminalizaron, hostigaron y golpearon. Una de ellas está embarazada.
La agresión ocurrida en la noche del 28 de septiembre quedó documentada en varios videos de la Colectiva Ley Sabina Campeche, quienes esperaban entablar conversación con las diputadas y diputados afuera de las instalaciones del Palacio Legislativo. En ellos comentaron que, en ese momento el Congreso se encontraba sesionando la designación de Juan Pedro Alcudia Vázquez en el cargo un domingo en la noche de manera «sospechosa».
Una vez que los elementos de la policía se acercaron a las protestantes, ellas advirtieron que se detuvieran de intimidar a las compañeras, apuntando en todo momento que «la manifestación es un derecho». Posteriormente en otro video se escucha a una de ellas decir que se encuentra dentro de una patrulla detenida por tres policías, mientras que ellos le advirtieron que no podía usar el celular, cortando así la grabación.
La Red manifestó que la protesta social no es un delito, sino un derecho avalado por la Constitución Política Mexicana y tratados internacionales firmados por México. Además, añadió que la criminalización no solo atenta contra las mujeres afectadas, sino que se usa como una herramienta para «sembrar miedo y perpetuar el silencio» frente a la violencia estructural.
«Estos hechos muestran con claridad la ilegalidad y el abuso de poder ejercido por las autoridades, que buscan inhibir la protesta y sembrar miedo entre las mujeres organizadas.» -Red de Colectivas Feministas del Estado de Campeche.
La denuncia por violencia política de género
El pasado 3 de septiembre, la diputada local Delma Rabelo Cuevas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) compartió la denuncia que hizo contra Juan Pedro Alcudia Vázquez ante la Secretaría de la Contraloría y en el Instituto Electoral del Estado por violencia institucional contra las mujeres, violencia política en razón de género y violación a la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
La agresión cometida por Juan Pedro Alcudia Vázquez fue realizada en agosto de 2025 cuando el funcionario se burló del amparo ganado por la diputada Delma Rabelo contra los comentarios realizados en unos de los programas de la emisión Martes del Jaguar», emisión semanal conducida por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, donde se discute temas políticos y se habla de personajes de la política mexicana.
Dicho programa ya ha sido denunciado por ejercer violencia política de género contra varias funcionarias ajenas al partido de Morena al que pertenece la gobernadora, una de ellas fue Delma Rabelo Cuevas. Sin embargo, pese a tener 12 amparos, 12 procedimientos electorales, 2 denuncias penales, 2 denuncias en materia de derechos humanos; el programa fue reconocido por tribunales federales como un activo del gobierno para rendir cuentas con la gente.
Durante una reunión donde se abordaron las denuncias de violencia política en razón de género contra el «Martes del Jaguar», Juan Pedro Alcudia Vázquez confirmó una de las diversas agresiones como violencia política en razón de género y se burló de que el programa continuara en emisión haciendo alusión al amparo que ganó la diputada Delma Rabelo Cuevas recayendo en el mismo delito al hacer el caso público. En el estado, el delito está tipificado en el artículo 16° BIS de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Campeche.
«Su respuesta al amparo que gané por las calumnias e injurias difundidas en el Martes del Jaguar (2023) no fue jurídica, fue un acto de exhibición, minimización y degradación. Intentó desacreditar el amparo que me fue concedido como mujer y ciudadana campechana, cuando aún no era diputada. Además, en la comparecencia personalizó su intervención con el único propósito de desacreditarme y minimizar la violencia de género cometida en mi contra.» – diputada local, Delma Rabelo Cuevas.
