El caso volvió a ser mencionado durante la conferencia matutina de este lunes, donde el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Ricardo Trevilla Trejo, informó que existen carpetas de investigación en curso tanto en la Fiscalía General de la República (FGR) como en la Fiscalía de Justicia Militar, y que se dictó prisión preventiva en contra de seis presuntos responsables.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el caso de Leidy y Alexa no es un hecho aislado. En Sinaloa, al menos 39 niñas, niños y adolescentes han sido asesinados arbitrariamente desde que se agudizó la disputa entre los grupos criminales identificados como los chapitos y la mayiza.
“Treinta y nueve personas menores de edad privadas de la vida son 39 familias destruidas. 39 tragedias que ponen rostro a una crisis que indebidamente se ha venido normalizando”, señaló la organización.
Recordemos que el pasado 6 de mayo, Leydi y Alexa viajaban junto a sus familiares , Saúl Rojas, de 45 años; Anabel, de 40; Gael, de 12, y otra menor de edad, a bordo de una camioneta GMC por el municipio de Badiraguato, Sinaloa, cuando fueron interceptados por elementos del Ejército y atacados con armas de fuego.
En su momento, la institución castrense aseguró que los hechos ocurrieron durante un enfrentamiento con civiles armados en una carretera que conduce a Parral, Chihuahua, a la altura de La Ciénaga. Diversos medios de comunicación difundieron entonces que las niñas habrían muerto en medio de un fuego cruzado; sin embargo, con el paso de los días, esa versión fue desmentida por los familiares y organismos de derechos humanos.
El informe «La violencia contra las mujeres y niñas en contextos de crimen organizado» explica que la violencia esta arraigada con las dinámicas de poder, género, y desigualdad estructural que son claves cuando hablamos de mujeres víctimas directas del crimen organizado, el cual puede ejercer violencia sexual, trata de personas e incluso feminicidios. Se trata de una serie de estrategias de castigo o intimidación en comunidades donde operan grupos criminales.
Ahora, la forma en la que se suscitó este caso, el Centro Prodh subraya que se reflejan un patrón persistente en la actuación del Ejército mexicano y de las autoridades, documentado desde hace más de 15 años: elementos militares que abren fuego indiscriminadamente contra vehículos que perciben como “amenazantes”, provocando la muerte de civiles inocentes.
Asimismo, el organismo ha denunciado que el Ejército frecuentemente ignora las reformas que buscan acotar el fuero militar, actúa como primer respondiente y manipula evidencia o controla la información, con la “pasiva complicidad” de autoridades civiles debilitadas ante el avance de la militarización.
Cabe señalar que desde 2011 el Comité de los Derechos del Niño expresó al Estado mexicano su “inquietud ante la amenaza contra el derecho a la vida de los niños causada por el grado de militarización” en el país. Volviendo a solicitar en 2015, a revisar la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada, para que las niñas y niños estén protegidos de la violencia, así como implementar de manera efectiva protocolos para la protección de sus derechos durante las operaciones federales contra los grupos de la delincuencia organizada, llevadas a cabo por el ejército y las fuerzas de seguridad, así como garantizar el derecho a la justicia de las familias de las niñas y niños víctimas de violencia en el país.
Militarización como eje de la política de seguridad
Pese al incremento de la violencia atribuida a las fuerzas armadas, durante la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo se ha consolidado el modelo de seguridad basado en la participación militar, mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas y la presencia de la Guardia Nacional (GN) en tareas antes asignadas a cuerpos civiles, bajo el argumento oficial que sostiene que las instituciones castrenses son más eficaces e incorruptibles.
No obstante, los cuestionamientos persisten, pues desde su creación, la GN acumula cerca de 219 denuncias por violaciones a derechos humanos, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado más de 4 mil quejas en contra de las fuerzas armadas en general.
En su Décima Revisión Periódica, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señaló que las labores de seguridad pública deben ser, por regla general, responsabilidad de personal civil. Durante dicha evaluación, representantes del gobierno mexicano negaron la existencia de militarización en el país; incluso, en su participación ante la CEDAW en junio de 2025, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, afirmó que las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas “forman parte del pasado”.
Sin embargo, organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (REDIM) sostiene que la militarización ha ignorado tratados internacionales y recomendaciones expresas de organismos de derechos humanos, sin generar condiciones de paz ni seguridad. Por el contrario, ha profundizado la violencia y la impunidad.
La organización advirtió que esta política ha multiplicado las violaciones graves a derechos humanos y que los responsables continúan protegidos por la falta de rendición de cuentas. Además, expresó su preocupación porque, pese a los indicadores negativos, el gobierno federal y el partido mayoritario en el Congreso persisten en mantener una estrategia que describió como “un negocio multimillonario de muerte que mantiene al país bañado en sangre”.
