Aproximadamente 49.4 por ciento de la población inmigrante son mujeres
Urgen modificaciones en las legislaciones en materia de trabajo, migración y trata de personas
Gabriela Ramírez
México DF, 24 feb. 16. AmecoPress/SemMéxico.- El trabajo y la aportación al desarrollo regional de las mujeres migrantes es un hecho todavía invisibilizado por la sociedad y por las autoridades. Esto provoca que las mujeres que provienen de otros países de América Central, principalmente, sean víctima de una violación sistemática de sus derechos humanos.
Por ello organizaciones nacionales e internacionales, urgen a México a llevar a cabo modificaciones a la legislaciones en materia de trabajo, migración y trata de personas para reconocer, proteger y garantizar los derechos de las trabajadoras migrantes.
El panorama de las migrantes en la frontera sur
Para poder comprender la situación que viven las mujeres migrantes en la frontera sur de nuestro país es necesario identificar los diversos grupos de acuerdo a sus actividades, al tiempo de estancia en México y a su situación migratoria. A continuación se detallan algunas características de éstos grupos.
Las trabajadoras guatemaltecas documentadas
Alrededor del 96 por ciento de las trabajadoras guatemaltecas documentadas en la frontera sur labora como jornalera o peona en actividades agrícolas.
Estas mujeres trabajadoras migran por un tiempo determinado para trabajar en México, tienen en su mayoría entre 20 y 29 años, y desempeñan sus labores principalmente en Chiapas, en la región del Soconusco, según señala un documento académico denominada “Las Trabajadoras Migrantes en la Frontera Sur de México” realizado por ONU Mujeres y el Colegio de México, en el 2015.
Según los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración (INM), de acuerdo a los permisos que otorgan a trabajadores de Guatemala y Belice para laborar en las entidades de la frontera sur de México (Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo), de cada 10 trabajadores aproximadamente dos corresponden a mujeres.
En 2010, se registraron 28 mil 629 trabajadores documentados, de ellos, el 17.4 por ciento eran mujeres; en 2011, de un total de 29 mil 998 trabajadores, 17.8 por ciento eran mujeres. En 2012, este porcentaje fue ligeramente menor (16.4 por ciento).
La mayor proporción de las mujeres trabaja en actividades del café (63 por ciento), y en menor medida en el cultivo de papaya (19 por ciento ) y plátano (9 por ciento).
Las trabajadoras inmigrantes
Según el Censo de Población y Vivienda 2010, nivel nacional, aproximadamente 49.4 por ciento de la población inmigrante son mujeres. En el estado de Chiapas, 55 por ciento de las personas nacidas en otro país son mujeres. Esta proporción, es mayor en el caso de la mujeres de Honduras (61 por ciento), El Salvador (57 por ciento ) y Guatemala (56 por ciento).
El nivel promedio de ocupación de estas mujeres es de 57 por ciento, incluso en niñas desde los 14 años. El 49 por ciento de las mujeres nacidas en Guatemala se ocupan en servicios domésticos; el 42 por ciento de las hondureñas se ocupan principalmente como comerciantes y el 65 por ciento de las salvadoreñas principalmente en servicios domésticos.
Mujeres transfronterizas
Seis de cada 10 mujeres que cruzan la frontera para laborar en México permanecen hasta 24 horas y tienen una edad aproximada de 30 años. Las principales ocupaciones de estas mujeres, son en su mayoría como vendedoras ambulantes (41 por ciento), trabajadoras en servicios domésticos (36 por ciento) y trabajadoras agrícolas (12 por ciento). De ellas, sólo el seis por ciento cuentan con un documento que les permite trabajar.
Precariedad laboral y violación de derechos
Según el documento de ONU Mujeres y el Colegio de México, la migración de jornaleros y jornaleras agrícolas de Guatemala a Chiapas se convirtió en una estrategia de sobrevivencia para un gran número de familias campesino-indígenas del occidente guatemalteco y, al mismo tiempo, se constituyó en un soporte innegable e indiscutible de la economía de la región del Soconusco.
“En este flujo migratorio, la presencia de las mujeres ha tenido un papel central, aunque su registro como trabajadoras se ha realizado sólo desde fines de la década 1990”.
Un ejemplo es el caso de las trabajadoras domésticas que hasta ahora no se ha documentado desde cuándo comenzaron a incorporarse a ésta actividad en las localidades fronterizas del lado mexicano ni cuándo aumentó su volumen.
Estas mujeres se insertan en el mercado laboral a edades muy tempranas, lo que influye para que existan abusos laborales: reciben los salarios más bajos de la región y con jornadas de trabajo mayores a ocho horas diarias.
“En uno de los primeros estudios que se realizó en la ciudad de Tapachula, se pudo constatar que alrededor de 90 por ciento de las trabajadoras del servicio doméstico eran de Guatemala; muchas de ellas menores de edad, iniciándose en el trabajo doméstico desde los 12 años de edad”, señala el documento.
“Respecto a las trabajadoras sexuales, se ha documentado que en las comunidades de la frontera México-Guatemala constituyen un grupo especialmente vulnerable por su condición de desprotección frente a potenciales daños a la salud, por los obstáculos socioculturales, jurídicos y económicos para la satisfacción de sus necesidades básicas y por la falta de respeto a sus derechos humanos. En su mayoría, este grupo está integrado por mujeres que provienen de países centroamericanos, aunque también hay mujeres mexicanas que participan en los circuitos de movilidad interna que se producen en esta región fronteriza”.
Uno de los mayores problemas que tienen las trabajadoras sexuales, señala el documento, es la violencia (física, psicológica y/o sexual), así como la coerción, extorsión y maltrato.
“Esto afecta con mayor intensidad a las extranjeras, por lo cual, resulta necesario profundizar en el análisis de la violencia sexual, ya que este tipo de agresiones tiene importantes consecuencias físicas, psicológicas”.
Urgente cambio en la legislación
ONU Mujeres y el Instituto de las Mujeres en la Migración (IMUMI) han realizado una serie de recomendaciones a legisladores para salvaguardar los derechos de las trabajadoras migrantes.
Explican que la legislación migratoria mexicana incumple con la Recomendación General 26 de la CEDAW ya que no cumple cabalmente con el derecho a la igualdad y la no discriminación, así como con el acceso a la documentación migratoria; no plantea la creación de estructuras que cambien las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres migrantes; las disposiciones que regulan la documentación migratoria excluyen a las trabajadoras migrantes centroamericanas en la frontera sur de un acceso a condiciones seguras de ingreso, permanencia y trabajo en el país.
“En este sentido, la legislación migratoria promueve la migración irregular de las trabajadoras migrantes y falla en su objetivo de garantizar sus derechos en la frontera sur”, señala un publicación realizada recientemente por ambas organizaciones denominada Legislación mexicana y derechos de las trabajadoras migrantes.
Explican que la legislación deja a las trabajadoras agrícolas migrantes en una situación de desventaja y desigualdad frente a sus pares varones, pero también las excluye de derechos laborales, como la seguridad social, y las deja desprotegidas frente a posibles abusos de sus empleadores.
Respecto a la ley Federal del Trabajo, no cumple con la recomendación de la CEDAW ya que no genera estructuras para que el trabajo del hogar cumpla con las condiciones del trabajo decente; no incluye acciones afirmativas para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres trabajadoras; no reconoce la totalidad de los derechos laborales en las ocupaciones con alta participación de mujeres consideradas “femeninas”, como el trabajo del hogar y el trabajo sexual; y el trabajo en la industria del sexo no está regulado.
“La ley no hace una referencia explícita a las mujeres trabajadoras migrantes. Es necesario estudiar su participación en el mercado laboral mexicano y las discriminaciones que enfrentan, a fin de contar con evidencia para elaborar propuestas de reforma a la LFT que las incluyan”.
Finalmente, respecto a la ley General de Trata, señala que los alcances de la Ley son limitados ya que no contempla sistemas de supervisión para la detección de posibles situaciones de explotación laboral y trabajo forzado que pueden sufrir las trabajadoras del hogar; no contempla acciones afirmativas que respondan a las necesidades diferenciadas que requieren mujeres y hombres en su acceso a la justicia, a la exigibilidad, restitución y goce de sus derechos; la aplicación de esta ley se verá limitada mientras las leyes locales no estén armonizadas.
En meses pasados, ONU Mujeres se reunió con diversas organizaciones para plantear una serie de metodologías para la elaboración de informes sombra, ya que este año, México tendrá que entregar un informe sobre ésta situación al Comité para Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y el año que entra al Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios (CMW).
“Es un lujo poder tener tantas personas en los Comités de CEDAW y CWM trabajando para ver cómo podemos hacer más efectivos los informes. Esto dará pauta para dar seguimiento y para que las organizaciones podamos preparar casos bien documentados. Esto es para que el Estado no diga que ya lo están viendo cuando muchas veces no es así”, explicó entonces Gretchen Kuhner, titular del Instituto para las mujeres en la Migración (IMUMI).
Ana Güezmes, titular de ONU Mujeres, dijo que la participación de las organizaciones contribuirá a la armonización de políticas nacionales con los estándares internacionales de derechos humanos y a la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las convenciones.
Foro: SemMéxico.
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