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5/26/2019

Semarnat: la importancia de rectificar

La Jornada
Editorial


Josefa González Blanco Ortiz Mena, hasta ayer titular de la Secretaría del Medio Ambiente y RecursosNaturales (Semarnat), presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador tras el incidente del viernes, cuando provocó el retraso de un vuelo de Aeroméxico.

De acuerdo con la información dada a conocer, González Blanco habría pedido al gerente de la aerolínea, con quien mantiene una relación de amistad, que detuviera el despegue hasta que ella pudiera abordar.


No se trata de la primera vez en que la abogada se ve envuelta en situaciones controversiales: de manera acaso anecdótica, en julio de 2018 reconoció que en casa de sus padres, donde concedió una entrevista, se exhiben colmillos de elefante, y ese mismo mes causó polémica al declarar que confía la protección de la selva a los aluxes, seres míticos de la cosmovisión maya. En febrero de este año se le cuestionó acerca de los posibles conflictos de interés que ella misma dio a conocer en su declaración patrimonial, los cuales derivarían de las actividades empresariales de tres de sus primos, mientras que apenas el 16 de este mes se vio forzada a regresar de un viaje en las Islas Marías para comparecer ante la prensa por la contingencia ambiental que padeció la capital del país.

En este contexto, resultan buenas señales tanto el reconocimiento público del error que hizo la ex encargada de la política ambiental del gobierno federal, como la aceptación de su renuncia por parte del mandatario, ante todo por tratarse de un tema que ha sido bandera del político tabasqueño desde la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia, esto es, las prácticas abusivas en el empleo del transporte aéreo por parte de altos funcionarios de administraciones anteriores. Tal como indicó González Blanco en una carta divulgada a través de Twitter,el verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios y que el beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no esté por encima del bienestar de la mayoría.

En la política la forma suele ser fondo, y por ello cabe saludar la rectificación inmediata de un desliz inadmisible. Asimismo, es de esperarse que el episodio protagonizado por González Blanco sirva de advertencia, para los funcionarios de los tres poderes y niveles de gobierno, con respecto al final de la inmunidad que hasta hoy parecían otorgar los cargos públicos.

4/27/2019

Yunes es parte de la red de pederastas, ratifica Lydia Cacho


- Proceso

* Involucrado, también el senador Emilio Gamboa, reitera la escritora
* Kamel Nacif hizo aportaciones millonarias a Vamos México, revela

Cancún, Quintana Roo, 17 de febrero (apro).- La activista, escritora y periodista Lydia Cacho ratificó hoy aquí que el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Miguel Ángel Yunes, está vinculado en el caso del presunto pedófilo Jean Succar Kuri.
En conferencia de prensa, comentó que los mismos testimonios de las jóvenes víctimas señalan a Yunes como amigo de Succar, tal como lo es del empresario poblano Kamel Nacif.
“Las niñas dijeron a la PGR sobre Yunes, lo describieron físicamente, lo refirieron como un político, como amigo cercano de Succar”, aseveró.
También está involucrado, reiteró, el senador Emilio Gamboa, con quien Succar hizo negocios en el Aeropuerto Internacional de Cancún, cuando el ahora legislador era secretario de Comunicaciones y Transportes.
Cacho también cuestionó la actuación de la Procuraduría de Quintana Roo.
La periodista aseguró que su detención, ocurrida en este puerto, fue una acción coordinada entre esa dependencia y la Procuraduría de Puebla.
Por ello, demandó se investigue la actuación del procurador de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, quien presuntamente ordenó su detención de manera irregular, a fin de que fuera trasladada por carretera a Puebla, en atención a la denuncia presentada en su contra por Kamel Nacif Borge, primo hermano del exgobernador quintanarroense Miguel Borge Martín.
En conferencia de prensa, Lydia Cacho sostuvo igualmente que tiene pruebas en el sentido de que Kamel Nacif hizo aportaciones millonarias a Vamos México, cuya presidenta es Marta Sahagún de Fox.
También reveló que la orden para “congelar” la extradición del presunto pederasta preso en Arizona, Jean Succar Kuri, se dio en los más altos niveles de la política mexicana.
Al tiempo que la periodista Lydia Cacho aseverara que nunca recibió apoyo del gobierno quintanarroense durante su detención en Cancún, el secretario de Gobierno, Eduardo Abuxapqui, dijo que están en la mejor disposición de auxiliarla.
En rueda de prensa, la periodista reconoció que hay personas, tanto nacionales como de otros países, que le han manifestado su solidaridad para que presente su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como en otras instancias internacionales.
Dijo que anoche que llegó a ese destino turístico, en donde reside, recibió una llamada del gobernador Félix González Canto, quien le aseguró que todo el procedimiento iba a desarrollarse dentro del marco legal.
En el café “Nader”, la periodista señaló que antes de su detención ya había recibido amenazas, situación que dio a conocer en su momento al procurador de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez.
Sin embargo, señaló, nunca recibió el apoyo de éste, por lo que, agregó, no puede perdonarle su ignorancia.
La directora del Centro Internacional de Atención a Mujeres (CIAM) detalló que, en ocasiones anteriores, ya había denunciado la corrupción en la Procuraduría local y el tráfico de influencias, y que siempre fue hostigada por eso.
Aseguró que nunca ha sido amiga de ningún gobernador de Quintana Roo, y mucho menos del actual, Félix González Canto.
Confirmó que nunca tuvo un aviso oficial antes de su detención, y en un principio supo que la denuncia en su contra había sido presentada en Puebla, pero por otros delitos, y no por difamación y calumnias.
Al respecto, el secretario de Gobierno de Quintana Roo, Eduardo Abuxapqui, aseguró que están en la mejor disposición de apoyar a Lydia Cacho.
En entrevista en Mérida, Yucatán, a donde acudió a la firma del llamado Acuerdo de Chapultepec, expuso que si la periodista o sus representantes piden apoyo al gobierno de Quintana Roo, se lo darían como lo harían con cualquier ciudadano que así lo demande.
Sin embargo, hasta ahora ni Cacho ni sus representantes legales han solicitado apoyo al Ejecutivo del estado para enfrentar el proceso que se le sigue en Puebla, afirmó.
De igual manera, aclaró que el gobierno del estado no tiene planes ni ha solicitado la extradición del empresario Jean Succar Kuri, quien permanece detenido en Estados Unidos acusado de pederastia y corrupción de menores.
“Eso ya está en manos de las autoridades federales, y a ellas corresponde en todo caso solicitar la extradición; y nosotros, en su caso, daríamos todas las facilidades y apoyo al proceso si así se requiere”, ofreció.
De tal forma, que ahora toca a las autoridades judiciales evaluar las pruebas y los argumentos en este caso, y determinar las sanciones o castigos que sean aplicables, ya sea al gobernador poblano o cualquier otro involucrado en el asunto, apuntó.
Ante un nutrido grupo de periodistas de Cancún, Lydia Cacho expresó:
“Es importantísimo que finalmente el caso Succar se destrabe; sabemos que estaba 'congelado' por órdenes mucho más arriba de lo que imaginamos”.
Cierran filas en torno a Chuayffet
Mientras tanto, en la Ciudad de México, la diputación del PRI en la Cámara de Diputados pidió hoy a los gobernadores del tricolor, “le retiren de inmediato la confianza” y pidan la renuncia a Miguel Ángel Yunes Linares como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
A través del vocero de la bancada tricolor, Miguel Lucero Palma, y la representación de ésta en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Heliodoro Díaz Escárraga, se advirtió que si el gobierno federal decide mantener a Yunes Linares en ese cargo, “podría considerarse como una ofensiva más del presidente Vicente Fox”.
Heliodoro Díaz precisó en rueda de prensa que “nadie, mucho menos un funcionario del gobierno federal, un empleado de Fox”, puede reconvenir las expresiones de un representante popular, sea del partido que sea, en este caso del diputado Emilio Chuayffet.
Se refirió así a la carta que ayer envió Miguel Ángel Yunes al diputado federal Emilio Chuayffet Chemor, coordinador de la bancada parlamentaria del PRI, en respuesta a lo que éste planteó por la mañana del jueves, en el sentido de investigar no sólo a quienes atentaron contra los derechos de la periodista Lydia Cacho, sino a quienes están implicados en actos de pederastia, entre ellos a Yunes Linares.

1/25/2019

Los abusos de los Bours, al amparo del poder político y económico

Tráfico de influencias
Pelean todas las posiciones en Sonora

Los hermanos Eduardo, Ricardo, Rodrigo y Javier Bours Castelo se ubican en el centro de los negocios // En la impunidad, prácticas monopólicas como las de Bachoco, abusos y omisiones de gobierno


Foto
▲ Eduardo Bours Castelo, el jefe del clan, en conferencia de prensa cuando aún era gobernador de Sonora, en Palacio de Gobierno.
La familia Bours es sinónimo de concentración del poder en el estado de Sonora. Tanto del político como del económico. Sus integrantes, los hermanos Eduardo, Ricardo, Rodrigo y Javier Bours Castelo están en el centro del poder y los negocios.
Eduardo fue senador y gobernador del estado; Ricardo fue presidente del municipio de Cajeme y aspira a ser gobernador; Rodrigo fue candidato a alcalde en el mismo municipio, mientras que Javier es el operador financiero más visible del clan.
Los Bours tienen su base territorial de dominio en el sur del estado de Sonora, en el municipio de Cajeme. Desde allí operan su red de contactos políticos y el apoyo económico que los sostiene.
Muchas veces han estado en el centro de la polémica. Así ha sucedido desde la gestión de Eduardo como gobernador del estado o con el incendio de la Guardería ABC. Con Rodrigo insistiendo en acceder al poder por la vía independiente y Javier sorteando las acusaciones de posible evasión fiscal por 30 mil millones de pesos en tratos que habría pactado para vender Megacable a Grupo Televisa (https://bit.ly/2z3G46X). Y más recientemente, con la solicitud de revisión a posibles prácticas monopólicas por parte de Industrias Bachoco, con presencia importante en el mercado de pollo procesado y huevo.
El tema de acaparamiento del mercado avícola por parte de la familia Bours volvió a surgir el pasado 7 de enero durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando Nancy Rodríguez, reportera del medio Oro sólido en redes, preguntó sobre el tema de los monopolios criminales en lo que respecta a la venta, distribución y comercialización de huevo y pollo.
En su pregunta, la reportera mencionó que se había castigado a la empresa Bachoco, propiedad de la familia Bours de Sonora, por prácticas monopólicas. Pero las sanciones no habían surtido ningún efecto y los precios de esos productos han seguido a la alza, en perjuicio de muchos ciudadanos, incluso niños, que han dejado de consumir esos alimentos (https://bit.ly/2S5ffdX).
López Obrador le respondió que turnaba el caso a la Secretaría de Economía para dar seguimiento a su inquietud y se pronunció directamente en contra de los monopolios.
Industrias Bachoco ya fue sancionada en el pasado en dos ocasiones, con multas que superan los 3 millones de pesos.
La acusación que se hace contra Bachoco es que para asegurar una mayor participación en el mercado del pollo y el huevo habría simulado un brote de gripe aviar, provocando la disminución del producto y, por tanto, su encarecimiento, dejando a la empresa familiar de los Bours con acceso a una mayor tajada del segmento de ventas.
Algunos columnistas y medios de comunicación en su momento calificaron esa práctica de perversa y como la trampa de Bachoco.
“Con el paso de los días –señaló un analista– han comenzado a crecer sospechas sobre lo que podría haber atrás de este oportuno brote de gripe aviar para una empresa que suele incurrir en prácticas monopólicas en detrimento de los consumidores de pollo y huevo en el país.
“No debe olvidarse que han sido sancionados en un par de ocasiones por la Comisión Federal de Competencia Económica acusándolos no sólo de colusión, sino de otras prácticas en contra de la dependencia.
“También es importante destacar que productores de Estados Unidos se han quejado de las medidas ante la competencia implementadas por Bachoco, puesto que ha solicitado acciones que evitan, en los hechos, que los consumidores mexicanos puedan tener piezas de pollo a menores precios de los que son vendidas por una empresa de tintes netamente monopólicos.
De confirmarse estas acusaciones en contra de la empresa de la familia Bours, estaríamos ante hechos que intentan encarecer productos básicos de alimentación, privando a los más vulnerables de su consumo, sólo con el fin de obtener ganancias económicas. (https://bit.ly/2FLJelz)

Recurrencia en conductas de evasión
Otro asunto delicado es el de Magcable, en el que podría configurarse un caso de evasión fiscal.
Aunque Javier Bours representa la cara de Megacable, los demás hermanos están al tanto de la operación y participan en la toma de decisiones. Presumiblemente, las estrategias de evasión fiscal no son nuevas para los Bours, son parte del modus operandi de su poderoso grupo empresarial.
Se sabe que existe una investigación conjunta del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la República (en la actualidad Fiscalía General de la República) en contra del Grupo Bours por la posible comisión de los delitos de defraudación fiscal.
Por este asunto está en prisión Roberto Rendón López, quien fuera director financiero del grupo. En varios amparos ha denunciado que todo el esquema financiero de operaciones simuladas para evadir impuestos al fisco abriendo cuentas en el extranjero fue orquestado directamente por los hermanos Javier, Eduardo, Ricardo y Rodrigo Bours Castelo.
El asunto se encuentra actualmente en la Procuraduría Fiscal de la Federación, a cargo de Carlos Romero Aranda, quien deberá analizar las denuncias de tráfico de influencias en contra de la familia Bours para evitar el pago de miles de millones de pesos en sus diferentes empresas, que por ley deben de ser entregados al gobierno federal.
La PGR abrió la carpeta de investigación CI 2243/18 derivada de una denuncia presentada por el mismo ex directivo del Grupo Bours, Roberto Rendón López, en contra de Francisco Javier Bours Castelo, José Gerardo, José Rodrigo y Ricardo, todos de apellidos Robinson Bours Castelo, así como de Arturo y Jose Francisco, ambos de apellidos Bours Griffith, por los delitos de asociación delictuosa, falsificación de documentos, fraude, falsedad de declaraciones judiciales y provocación de un delito.
La demanda de Rendón López respondió a que en febrero del año pasado el juzgado séptimo de distrito le dictó auto de formal prisión por defraudación fiscal por 154 millones de pesos, por presuntamente no haber realizado el pago del impuesto sobre la renta en 2009. Como resultado de esta acusación está recluido en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Obregón.
Sin embargo, según Rendón López, los imputados suplantaron su identidad al utilizar su firma electrónica en 2017 y principios de 2018, ello pese a que ya se encontraba recluido.
Su firma electrónica fue utilizada sin su consentimiento para realizar varios trámites ante el SAT, al ser señalado como accionista y apoderado de 14 empresas propiedad de la familia Robinson Bours, incluso en Colombia, Honduras, El Salvador, Suiza, Panamá y Guatemala.
De acuerdo con Roberto Rendón López, en por lo menos otras 13 empresas del grupo se ha operado el mismo esquema de transacción durante varios años, lo que significaría un quebranto muy considerable en contra del fisco federal.
La indagatoria constituye una prueba de fuego para las autoridades judiciales y hacendarias actuales. Éstas deberán aplicar la ley estrictamente para no dejar inconsistencias. Así se dejaría establecido que en esta administración el poder económico de familias como los Bours de Sonora, no está por encima de la ley.

Foto Cortesía de Julián Ortega/ El Imparcial
 Periódico La Jornada

11/30/2016

#FiscalCarnal, el costo de la simulación


Raúl Cervantes en el Senado. Foto: Octavio Gómez
Raúl Cervantes en el Senado. Foto: Octavio Gómez
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre el martes 25 y el miércoles 26 de octubre, la maquinaria de la operación política y la simulación legislativa se echó a andar en el Senado de la República para demostrar su sometimiento al Ejecutivo federal y su nulo papel de contrapeso y representante de la sociedad.
En menos de 24 horas, los senadores encumbraron como nuevo procurador general de la República a Raúl Cervantes Andrade, exabogado del PRI, exlitigante corporativo, expresidente de la Mesa Directiva y exaspirante a ministro de la Suprema Corte.
Fue despedido como un rey por todas las bancadas, y prácticamente fue “coronado” como próximo fiscal general de la República, gracias a que el texto del 16 transitorio del artículo 102 de la Constitución le daba un “pase automático” al procurador en turno para durar nueve años. En otras palabras, Cervantes Andrade se perfilaba para estar 11 años como el Zar del Ministerio Público.
Pocos, muy pocos senadores alzaron la voz ante el vergonzoso proceso que coronó a Raúl Cervantes como el futuro fiscal general “autónomo” encargado de restablecer la credibilidad y eficacias perdidas de la PGR.

“Esta es la mayor muestra del divorcio entre la Presidencia, el Senado y los sectores de la sociedad que sí reconocen una grave crisis en el sistema de justicia penal en México”, subrayó el comunicado del 28 de octubre, emitido por 50 agrupaciones de todo el país que condenaron el perfil y el procedimiento del #FiscalCarnal.
Entre esas organizaciones estaban Artículo 19, Alianza Cívica, Fundar, Freedom House y Todos los Derechos para Todos, además de abogados y destacados escritores e intelectuales que quedaron pasmados e indignados frente a la gran mascarada de una “elección” del Senado, cuando en realidad se trataba de un franco dedazo presidencial.
Peña Nieto simplemente ignoró el compromiso adquirido en el marco del Tercer Plan de Acción de la Alianza del Gobierno con organizaciones nacionales e internacionales. Ahí el Ejecutivo federal se comprometió a “conducir con una consulta técnica con la sociedad civil, académicos y expertos” para elegir al próximo procurador. La consulta nunca existió.
Tan dura fue la reacción que en redes sociales circuló el hashtag #JoderAlPaís y luego el de #FiscalCarnal que se prolongó hasta esta semana.
El escándalo fue creciendo, en lugar de aminorar, como todo lo que ha sucedido en las decisiones del peñismo para simular una acción de justicia.
La llamada de atención más grave se publicó en la revista británica The Economist, la misma que subrayó que el peñismo “no entiende que no entiende” su propia incapacidad. En su reciente editorial, The Economist le recomendó a Peña Nieto que rescatara su reputación y removiera a Raúl Cervantes Andrade para que alguien independiente pueda conducir la Fiscalía General.
Las comparecencias de 32 aspirantes a fiscal anticorrupción se convirtieron en otro foco rojo. Buena parte de los aspirantes a esta figura advirtieron que no se podrá lograr nada sin reformarse el artículo 102 constitucional para darle auténtica “autonomía e independencia política” al próximo fiscal especializado.
César Alejandro Chávez Flores, último visitador general de la PGR que fue obligado a renunciar en agosto de este año, afirmó en su comparecencia ante senadores para aspirar a la Fiscalía Anticorrupción:
“El modelo de fiscalía transitoria adolece de limitaciones graves, ya que si bien su titular será nombrado por el Senado, puede en cualquier momento ser removido por el procurador o, si lo hay, por el fiscal general, sin que se requiera causa justificada para ello, pues la Constitución estableció que esa facultad se ejerce libremente”.
Peor aún, Chávez Flores destacó que la Fiscalía Anticorrupción nacerá muerta sin una reforma constitucional, ya que el exprocurador general Jesús Murillo Karam emitió discrecionalmente el acuerdo administrativo A/011/14, que mutiló la posibilidad de la autonomía técnica, normativa y política del próximo fiscal anticorrupción.
Gracias a este acuerdo al margen del Congreso, el fiscal anticorrupción operará con la infraestructura de la actual Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.
Esta unidad cuenta con sólo 35 agentes del Ministerio Público; carece de peritos especializados en contabilidad y finanzas para investigaciones de enriquecimientos ilícitos y lavado de dinero; no cuenta con especialistas en contrataciones gubernamentales, particularmente en obras públicas, y carece de peritos en tecnologías de la información para labores de inteligencia.
En otras palabras, en la peor crisis de corrupción que inunda a prácticamente todos los gobiernos estatales y a buena parte de la administración pública federal, el fiscal anticorrupción será una simple simulación.
No tendrá recursos materiales ni capacidad técnica, jurídica ni política para realmente investigar y perseguir a las redes de las cleptocracias que han hundido al país en escándalos como los de Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, más los que se sumen.
Esta Unidad Especializada sólo ha obtenido en seis años un total de 70 autos de formal prisión, es decir, un promedio de 10 autos y ¡ninguno es por enriquecimiento ilícito! En otras palabras, todos los “peces gordos” de la corrupción se ríen de esta unidad que será el germen de la Fiscalía Anticorrupción.
En el proceso de selección del próximo fiscal anticorrupción, los “dados cargados” estaban a favor de la actual comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente, con amplio apoyo de la Secretaría de Gobernación, según confirmaron varios senadores que participaron en las comparecencias.
Doble escándalo: en octubre los senadores nombraron a un posible fiscal general “carnal” del presidente de la República y quieren en la Fiscalía Anticorrupción a una servidora pública que ya antes había sido electa para un “organismo autónomo” como el INAI. La ley del chambismo y el influyentismo.
En el Senado comenzó a ventilarse la posibilidad de una alianza del PRD y el PAN para posponer la elección del fiscal anticorrupción y para reformar el artículo 102 constitucional con el objetivo de eliminar el “pase automático” del procurador actual hacia la Fiscalía General y perfilar otro modelo de Fiscalía Anticorrupción.
En su reciente artículo del 28 de noviembre en el diario Reforma, Denise Dresser advirtió que “es insuficiente que el PAN y PRD prometan cambiar artículos transitorios con tal de que Cervantes no tenga pase automático… La única solución para salvar a la Fiscalía General es que Cervantes renuncie”.
“La Fiscalía Anticorrupción nacerá débil, dependiente, subyugada”, sentenció Dresser, quien ha participado activamente junto con las organizaciones civiles para modificar de raíz el proceso de la partidocracia de designaciones de cargos públicos por cuotas y cuates.
Este martes 29, Peña Nieto sacó un as de su manga: envió al Senado una propuesta de reforma constitucional para eliminar el artículo 16 o “transitorio Gil Zuarth”, como se le conoce en el Senado.
La iniciativa de Peña Nieto modifica el “pase automático” de Raúl Cervantes Andrade, pero no lo veta para ser posible fiscal general ni cambia el modelo de designaciones que sigue dependiendo de las negociaciones cupulares, del mercadeo partidista, al margen de la sociedad civil.
Lo único que lograron el gobierno, su partido y sus aliados fue ganar tiempo y simular que son “sensibles” ante las críticas de la sociedad civil y al interior del Senado. ¿Por qué si son tan sensibles no se reforma por completo el modelo de Fiscalía General y se le otorgan dientes, recursos y autonomía al fiscal anticorrupción?
En el seminario internacional #FiscalíaQueSirva se establecieron cuatro mínimos institucionales que deben cumplir ambas fiscalías: autonomía funcional, autonomía administrativa y presupuestal, modelo de gestión adecuado y modelo de investigación orientado a la realidad.
Además propusieron que los perfiles del fiscal general y de los fiscales especializados deben surgir de mecanismos transparentes y participativos de selección; deben incluir mecanismos de remoción respetuosos del debido proceso, y la ley “debe regular las bases de un servicio profesional de carrera fiscal”.
Nada de esto se incluye, por ahora, en la iniciativa del Ejecutivo federal. El gran riesgo es que otra simulación acabe por descarrilar no sólo a la Fiscalía General y a la Fiscalía Anticorrupción, sino toda la reforma política que se aprobó en 2013 como una negociación del Pacto por México.

11/03/2016

Critica WSJ nombramiento de Cervantes al frente de la PGR


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diario The Wall Street Journal (WSJ) hizo eco de las críticas que surgieron en México por el nombramiento de Raúl Cervantes al frente de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Aunque los puestos en el gabinete a menudo son otorgados a aliados y personas leales al partido gobernante, esta nominación en particular está generando controversia por una amplia revisión legal encaminada a mejorar el lamentable sistema legal de México, donde cifras del gobierno muestran que sólo el 2% de los crímenes se resuelven”, puntualizó en un artículo publicado este miércoles.
Luego de destacar que Cervantes es un “aliado” y “confidente” del presidente Enrique Peña Nieto, y “de hace mucho tiempo” miembro del Partido Revolucionario Institucional, WSJ sostuvo que activistas y analistas legales están preocupados por la designación, que ven como una “táctica” de Peña para “protegerse a sí mismo y a sus aliados de posible enjuiciamiento después de que dejen el poder, en poco más de dos años”.
En su artículo, el rotativo estadunidense retomó las declaraciones de Juan Francisco Torres Landa, miembro de la asociación México Unido Contra la Delincuencia, quien aseguró que con el nombramiento de Cervantes al frente de la PGR, Peña Nieto “se está riendo de los mexicanos”.
Torres Landa añadió: “En un momento cuando México está ansioso por instituciones de justicia mejores e independientes, él nombra a un miembro de su partido con el claro propósito de cubrir su espalda cuando ya no sea presidente”
Según el diario, Cervantes –que asumió como procurador el pasado 27 de octubre– está “en la fila” para ocupar el cargo del primer fiscal independiente del país, figura creada en la reforma política, y servirá durante nueve años, en los cuales no podrá ser despedido por el presidente.
De igual manera, mencionó que el nombramiento del primo de Alfredo Castillo, titular de la Comisión Nacional del Deporte y excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, llega en el marco de la búsqueda del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
Duarte, apuntó, es el tercer gobernador mexicano que “desaparece” para evadir cargos en Estados Unidos o México.

2/23/2016

Buscan senadores citar a titulares de PGR y SRE por caso Moreira (Documentos)


Buscan senadores citar a titulares de PGR y SRE por caso Moreira (Documentos)
Señalan los legisladores que "hay evidencias de la comisión de delitos" en la defensa del ex dirigente del PRI cuando fue encarcelado.
(Foto: Twitter / @a_encinas_r)

Senadores del PRD, PAN y PT propondrán citar a la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y a la procuradora general de la República (PGR), Arely Gómez, para solicitar información al gobierno mexicano por el trato preferencial al ex presidente del PRI, Humberto Moreira, cuando estuvo preso en España.
En el orden del día de la sesión de este martes se incluyeron dos propuestas de puntos de acuerdo de los senadores Mario Delgado Carrillo, Luis Fernando Salazar Fernández, Layda Sansores San Román y Carlos Manuel Merino Campos, en nombre de diversos Senadores, que se solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la titular de la PGR para que expliquen e informen sobre las gestiones realizadas en el extranjero a favor del ex gobernador de Coahuila.
El segundo documento es del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que propondrá un punto de acuerdo por el que se solicita a la SRE informe sobre el desempeño y el papel que tuvo la Embajada de México en España durante la captura, encarcelamiento y liberación de Moreira.
“Es necesario que la titular de la SRE informe qué tipo de gestiones desarrolló el servicio diplomático mexicano para intervenir por Moreira (…) El servicio diplomático del país no puede prestarse para atender asuntos de índole político cuando hay evidencias de la comisión de delitos”, dijo Encinas en su cuenta de Twitter.
“Es un asunto de enorme trasfondo político y no puede utilizarse a las instituciones para controlar daños que afectan al partido en el gobierno”, afirmó.






5/02/2015

La debida diligencia contra el tráfico de influencias

MUJERES CAUTIVAS
Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*


Desgraciadamente se trata de la generalidad. Es imposible voltear hacia uno y otro lado sin que la complicidad y la corrupción resulten ser la causa principal de la mayoría de los grandes problemas de México, trátese de inseguridad, narcotráfico, despojo de tierras a campesinos, falta de medicinas, corrupción, etcétera, y, desde luego, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual no es la excepción.
 
En este país pueden pasar meses o años sin que la justicia se aplique, aunque las y los defensores y víctimas sigamos al pie de la letra lo que estipula la ley.
 
Este es el caso de Esperanza, a quien hemos llamado así quizá para invocar las buenas noticias que por el momento no llegan.
 
Hace unos años, Esperanza era una estudiante universitaria nacida en un país latinoamericano, con dificultades para pagar sus estudios y con una deuda inmensa de hospital por un infarto que sufrió un familiar. Le dijeron de un lugar en México en el que estaban contratando “bailarinas” sobre el escenario, con excelente paga.
 
Luego de haber enviado las fotos requeridas, su contacto le pagó el boleto sencillo de avión para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se tenía que presentar con atuendo sobrio para no llamar la atención.
 
Fue llevada directamente a Estocolmo 14, en la Zona Rosa, donde fue entrevistada por Laura Rocha, Alejandra de Pavia y Claudia Sánchez.
 
La enviaron a trabajar a “The Butchers Club”. Durante las primeras horas de la noche tenía que usar vestido largo de coctel y ya más tarde vestido corto. Poco tiempo pasó para que Esperanza cayera en la cuenta de que no iba a desempeñar un trabajo común, sino que la estaban prostituyendo y que tenía que cumplir con una cuota diaria de copas, privados y servicios sexuales.
 
Se tuvo que someter al régimen de cobros de este burdel disfrazado de restaurante con show. Por ejemplo, estaba obligada a cobrar los privados (60 por semana, obligatoriamente), a través de un sistema de boletos; cada boleto tenía un valor de 290 pesos y cada baile costaba cierto número de boletos.
 
Además debía colocar el mayor número de bebidas alcohólicas; no tenía permitido recibir propinas y debía acceder a todo lo que el cliente deseara, incluyendo sexo y/o sexo sin protección.
 
Al principio notó que en su misma situación había al menos otras 50 jóvenes. Después se dio cuenta de que estaban llegando más extranjeras: colombianas, venezolanas, rusas. Las más jóvenes, de 18 o 19 años de edad en promedio. Tiempo después fue transferida al “Solid Gold”, donde trabajó junto con rusas, ucranianas, estonias y lituanas, en cantidad mayor que el sitio previo.
 
Esperanza narró ante la autoridad que los dueños de estos lugares también organizaban fiestas privadas en las que las jóvenes –como mercancía– eran puestas a disposición de los invitados, todos ellos de las más altas esferas del poder en México.
 
Esperanza y otras mujeres fueron rescatadas en un operativo en 2013. Varias de sus compañeras han sido repatriadas, aunque ella ha decidido permanecer a una distancia prudente de México para continuar con el proceso jurídico y obtener justicia.
 
A la fecha varias mujeres y hombres y la que ayudaba a administrar a las jóvenes están en penales federales. Las mujeres están presas en el penal federal de Nayarit por el delito de trata y explotación de la prostitución ajena y delincuencia organizada, y hay dos órdenes de aprehensión por ejecutar.
 
Ninguno de los detenidos son los dueños, sino empleados. Las órdenes de aprehensión contra los propietarios siguen en suspenso… El expediente no se ha consignado contra los peces más gordos del caso, quienes en realidad se enriquecían gracias a la explotación de las mujeres. La debida diligencia ha esperado para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas.
 
La respuesta a esta inocente lentitud por parte de la autoridad se encuentra directamente relacionada con el nombre del principal abogado defensor de los dueños de estas casas de prostitución: Antonio Lozano Gracia, procurador general de la República durante la administración de Ernesto Zedillo.
 
Lozano es socio de un bufete jurídico que lleva su nombre; en su página web puede leerse: “Nuestra firma fue fundada en el año 2003 por profesionistas que hemos desempeñado importantes cargos en el servicio público en los tres órdenes de gobierno; ahora, desde el ejercicio libre de la profesión, continuamos comprometidos en la construcción de un mejor país...”, y yo diría de la doble moral, ya que defienden a presuntos tratantes y explotadores de mujeres.
 
Lozano Gracia trabaja de la mano con otros prominentes abogados que también han tenido puestos notables en la administración pública, como Arturo Chávez Chávez (también ex procurador general de la República, entre otros cargos de primer nivel); Gilberto Hershberger Reyes (subsecretario y subprocurador de la Reforma Agraria); Julián Angulo Góngora (ex diputado federal, miembro activo del PAN); o Francisco Cuevas Godínez (ex presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa).
 
¿Sería ilógico pensar que el retraso en la ejecución de dos órdenes de aprehensión y la consignación de los dueños de antros que prostituyeron a más de 100 mujeres durante varios años se debe al tráfico de influencias de Lozano Gracia y sus socios para obtener un tratamiento preferencial?
 
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, vigente en nuestro país, fue ideada, entre otras cosas, para brindar justicia pronta y expedita a las víctimas, y ajustarse a principios como los incluidos en su artículo tercero, fracción V, que habla de la debida diligencia:
 
“Obligación de los servidores públicos de dar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, persecución y sanción, así como en la reparación del daño de los delitos previstos por esta ley, incluyendo la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos…”.
 
En una situación así, en que durante varios años se permitió la trata y explotación de más de 100 mujeres; donde el bufete defensor de los proxenetas y tratantes cuenta con amplias relaciones para frenar cualquier acción de la justicia, ¿qué pueden esperar las víctimas?
 
¿Es o no discurso vacío el supuesto interés de la autoridad por el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y la cercanía de la Procuraduría General de la República con las víctimas?
 
Por eso digo que quien ya se ha desempeñado como procurador o procuradora general de la República o fiscal general de la Nación debería quedar impedido de litigar en materia penal, porque se presta a tráfico de influencias.
 
Twitter: @CATWLACDIR
 
*Directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).


Cimacnoticias | México, DF.- 

4/05/2015

Un cuñado de González Martínez y gente cercana a Peña Nieto, candidatos del Verde

En sesión del Consejo General, el INE palomeará a aspirantes a diputados

También figuran personajes ligados al PRI, como un hijo de Fidel Herrera, y empresarios


Sesión en el INE el pasado 1º de abril

Foto
Un cuñado de Jorge Emilio González Martínez y el esposo de la actriz Galilea Montijo, personajes vinculados a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y cercanos al círculo del presidente Enrique Peña Nieto, así como un hijo del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, ocupan los primeros sitios de las listas de candidatos a diputados federales plurinominales postulados por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Estos nombres forman parte de las candidaturas registradas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo Consejo General aprobará hoy, en sesión especial convocada para las 19 horas, para dar tiempo a que los partidos y los distritos hagan los últimos ajustes en la integración de expedientes.

Políticos que desde ahora se perfilan para encabezar en San Lázaro las bancadas de sus partidos son los dirigentes del PRI, César Camacho, y del PAN, Gustavo Madero, así como el perredista José Guadalupe Acosta Naranjo, quienes aparecen en los primeros lugares de sus respectivas circunscripciones.

Funcionarios y de la clase política

Con difusión más restringida, el listado del PVEM –que como el de otros partidos era objeto de revisiones de última hora– incluye, como en otras ocasiones, a familiares de González Martínez. José Alberto Couttolenc Buentello, cuñado del jefe político del Verde y ex regidor de Huixquilucan, está anotado en quinto lugar en la tercera circunscripción.

En el cuarto lugar de la cuarta circunscripción está Fernando Reina Iglesias, esposo de Montijo –quien ha aparecido en espots del Verde–; ha ocupado diversos cargos públicos, es coordinador de delegados de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente y campeón de esquí acuático.

Actualmente, en San Lázaro cuatro diputados del Verde son ubicados como parte de la telebancada, por su cercanía a la CIRT, a Televisa y al ámbito de las telecomunicaciones.

En las candidaturas de representación proporcional hay tres con ese perfil. Lorena Corona Valdés, ex diputada y otrora directora jurídica de Sistema Radiópolis, SA de CV (Televisa Radio) y Gerardo Soria Gutiérrez, quien como asesor jurídico de la CIRT defendió la llamada ley Televisa y es presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones; también, en enero de 2002 fue nombrado por Vicente Fox abogado general e integrante de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

En esa comisión también colaboró Paloma Canales Suárez como titular de la Unidad de Enlace, quien es otra aspirante a ocupar una curul en San Lázaro.

Asimismo, Alma Lucía Arzaluz, ex delegada de la Profepa en Puebla, y suplente de la senadora Ninfa Salinas, también está apuntada para ser diputada federal.

Por otro lado, funcionarios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto figuran en los primeros sitios de las plurinominales del Verde. Es el caso de Jesús Izquierdo Rojas, ex regidor del ayuntamiento de Toluca y secretario particular de Luis Enrique Miranda Nava en la Subsecretaría de Gobierno de Gobernación, así como Sharon María Teresa Cuenca Ayala, directora de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía.

Aparecen también personajes ligados al PRI, como Javier Octavio Herrera Borunda, hijo de Fidel Herrera Beltrán y quien ha desarrollado parte de su carrera en Chiapas, lo mismo que Jesús Ricardo Canavati Tafich, ex diputado, senador y alcalde de Monterrey por el tricolor.

La cuota empresarial es para Francisco Javier Funtanet, quien recientemente dejó el cargo de presidente de la Concamin.

Estos perfiles, más otros que han generado controversia por ser de candidatos surgidos del medio artístico, deportivo o que han saltado de un partido a otro, como Marcelo Ebrard o Manuel Espino, serán palomeados hoy por los consejeros del INE en una sesión que apunta para concluir en la madrugada.

El Consejo General aprobará aproximadamente 10 mil expedientes presentados por los 10 partidos de candidatos a diputados federales por las vías plurinominal y de mayoría relativa, además de los formatos de documentación electoral de 43 distritos donde competirán aspirantes independientes y las coaliciones PRI-Verde y PRD-PT.


Foto Luis Humberto González
Claudia Herrera Beltrán
 Periódico La Jornada
Sábado 4 de abril de 2015, p. 10

3/09/2015

Senado allana el camino para que Medina Mora sea ministro

Pese a impugnaciones, avanza su candidatura a la SCJN

Activistas realizaron un performance contra la candidatura de Medina Mora frente al Senado de la República | 

A pesar de las críticas al desempeño del ex procurador general de la República Eduardo Medina Mora, la Comisión de Justicia del Senado consideró que el también ex secretario de Seguridad Pública federal cumple con los requisitos para estar en la terna de candidatos al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por los próximos 15 años. 


Ayer, la Comisión de Justicia aprobó el dictamen en el que declara que Medina Mora y los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco, cumplen los requisitos que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ser ministro; por lo que el documento pasará al pleno para que los aspirantes comparezcan de nuevo y se vote por uno de ellos.

Durante la comparecencia de Medina Mora ante la comisión, la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) expresó sus críticas hacia el desempeño de Medina Mora como secretario de Seguridad Pública, procurador general y embajador. No obstante, por mayoría fue avalado para integrar la terna que será presentada ante el pleno del Senado para su votación.

En la sesión de ayer, la legisladora perredista Angélica de la Peña entregó más de 20 mil firmas que se recopilaron a través de la plataforma virtual change.org, de personas que se manifestaron en contra de que Medina Mora fuera considerado una persona idónea para ocupar el cargo de ministro de la Corte.

En opinión de la senadora, el candidato no goza de buena reputación y de acuerdo con los requisitos, el próximo ministro deberá ser una persona que haya servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia; o que se haya distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

A su vez, la también perredista Dolores Padierna secundó a De la Peña al señalar que no se puede hacer caso omiso de hechos “muy graves” ocurridos durante la gestión de Medina Mora en los diversos cargos que ha ocupado, “menos aún hacer oídos sordos a miles de voces de la sociedad que se encuentran indignadas ante esta propuesta que hace el Ejecutivo federal para ocupar dicho cargo”.

Aseguró que hay duda de la imparcialidad y profesionalismo de Medina Mora, y como ejemplo mencionó su responsabilidad en el caso de violación sexual de 26 mujeres en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, cuando era secretario de Seguridad Pública.

“El titular de la Secretaría de Seguridad Pública no puede abstraerse ni deslindarse de la actuación de su personal policiaco, porque tiene la responsabilidad de supervisar a la Policía Federal y garantizar su desempeño”, dijo Padierna. En su comparecencia, el hoy embajador de México en Estados Unidos expuso que él no podía ser responsable del actuar policiaco.

“Ante la Comisión de Justicia, durante la pasada comparecencia, Medina Mora negó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hubiera hecho responsable directo, pero evidentemente mintió ante el Senado de la República, y un juez que miente por sistema, no merece credibilidad ni confianza”, abundó la senadora.

Padierna incluso cuestionó que Enrique Peña Nieto lo propusiera como ministro cuando el caso de las violaciones sexuales de Atenco está en análisis ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el futuro podría generar una condena al Estado mexicano por su responsabilidad en esos operativos que resultaron en graves violaciones a Derechos Humanos. .

En la lista de casos la senadora también mencionó la responsabilidad d Medina Mora en el caso “Rápido y furioso”, sobre tráfico de armas; el llamado “Michoacanazo”, sobre el arresto de 11 presidentes municipales en Michoacán, y los operativos policiacos en octubre de 2006 en Oaxaca, entre otros.

No obstante el senador por el Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, defendió a Medina Mora al asegurar que “tiene vigente su derecho político a ejercer cualquier cargo en el servicio público”, así que por mayoría el dictamen se aprobó y la próxima semana pasará al pleno, fecha en que los aspirantes se presentarán de nuevo para ser escuchados por las y los legisladores que elegirán al nuevo ministro.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 

  

3/07/2015

Las candidaturas como premio al crimen


 MUJERES CAUTIVAS




Es de suponerse que en el seno de una democracia partidista sean justamente los partidos –instituciones de interés público–, quienes aglutinen y representen cada una de las posturas ideológicas de la población.
 
Por lo tanto, razonable y justo sería que los partidos llevaran a cabo un minucioso examen de perfiles, de tal manera que sus candidatos a distintos puestos de elección popular logren niveles (casi) insuperables, al punto que les permitan ganar las elecciones, sobre todo después de una historia tan triste como la mexicana, que se ha caracterizado por padecer una clase política de la peor calidad.
 
Pero, tal parece que no aprendemos: el actuar de los partidos políticos en México no hace otra cosa que demostrar con hechos que los puestos de elección popular –sobre todo en los cuerpos legislativos– no sirven para llevar a los mejores representantes del pueblo a tomar decisiones por el bien común, sino que se han convertido en un sistema de premios para preservar la impunidad.
 
Hace escasos tres meses, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, afirmó públicamente que dicho instituto político tomaría las acciones necesarias para “blindar” a sus candidatos estableciendo filtros y haciendo las investigaciones necesarias para garantizar su probidad, y cito textualmente:
 
“El partido se está blindando. Ahora mismo tiene tomada la decisión de ser extremadamente cuidadoso en la selección de candidatas y candidatos, porque no sólo pretendemos ganar una elección, sino ejercer un gobierno legitimador, y un gobierno exitoso con buenos resultados sólo lo pueden ofrecer personas con una conducta personal respetable”.
 
A las palabras se las lleva el viento, y tal parece que Camacho no tiene palabra.
 
En días recientes se dieron a conocer las listas de los candidatos a diputaciones plurinominales por el PRI, y cuál va siendo nuestra sorpresa al saber que Guillermina de la Torre Malváez, madre del ex dirigente del PRI-DF Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se encuentra considerada como candidata plurinominal en la cuarta circunscripción, en el lugar 10.
 
Claro que ser la madre de una persona acusada públicamente de dirigir una red de prostitución no sería delito, de no ser porque la señora controla aproximadamente a 5 mil pepenadores de todas las edades en el tiradero de Santa Catarina, que tiene a su servicio sin salario ni prestaciones, y que además le sirven como “acarreados” en movilizaciones y mítines. Claro, con total impunidad.
 
Pero lo anterior no es suficiente, ni es todo. Con la selección de sus candidatos, el PRI expresa claramente toda su intención de proteger a Gutiérrez de la Torre, delincuente contra quien ninguna autoridad parece querer proceder. No olvidemos, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI inició un proceso para expulsarlo que, hasta ahora, permanece “congelado”.
 
Es así que hay al menos 11 personas cercanas a Gutiérrez de la Torre que ya lograron una candidatura. Por ejemplo, el “dipuhooligan”, Cristian Vargas Sánchez, ya es candidato a jefe delegacional en Cuauhtémoc, aun cuando tiene vigente un proceso penal por agresiones en contra de Rosario Guerra.
 
Aunque declinó la candidatura, Sandra Esther Vaca Cortés fue registrada como aspirante a diputada local por Iztapalapa, a pesar de que es por todos sabido su rol como reclutadora de mujeres para ofrecerles trabajo en el PRI-DF, a cambio de servicios sexuales para Gutiérrez de la Torre.
 
Otros dos candidatos a jefes delegacionales son también cercanos: Fernando Mercado y Alejandro Barrientos, quienes aspiran a dirigir Magdalena Contreras y Venustiano Carranza, respectivamente; cada uno con su oscura historia.
 
¿Cómo evitamos pensar en una estrategia de protección a favor de Gutiérrez de la Torre?
 
Desde que se hizo pública la existencia de la “presunta” red de prostitución que encabezaba el ex líder priista, no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa.
 
Ya no sabemos si creer que las autoridades están solamente de adorno porque, ¿de qué otra forma podría entenderse que hayan pasado ya 10 meses en que tres víctimas hayan presentado su denuncia por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada ante la Procuraduría General de la República (PGR), sin que a la fecha se haya movido mínimamente el caso?
 
Bueno, sí se movió, la PGR se declaró incompetente y declinó su competencia a la PGJDF. Y no son las únicas denuncias.
 
Y es que la influencia de Cuauhtémoc no se limita a los candidatos. Gracias a una filtración del Ministerio Público (MP) adscrito a la PGJDF encargado del caso de una de las víctimas (Valentina), fue que Gutiérrez de la Torre conoció la acusación.
 
¿Cómo no pensar en encubrimiento? Y también gracias a eso, compareció en un juicio de amparo que se interpuso, ya que un acuerdo de la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales y Electorales no contaba con la debida fundamentación y motivación.
 
Finalmente, en más de una ocasión le hemos solicitado al procurador del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, que se declare incompetente para que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) pueda atraer el caso, ya que los hechos cumplen con los supuestos que prevé la Ley Federal de Delincuencia Organizada, es decir, que hay una acción concertada de al menos tres personas para cometer un ilícito y que cuenta con una estructura jerárquica.
 
No hemos obtenido respuesta. Inclusive, sigue insistiendo que si no tiene víctimas no puede investigar, a pesar de que le hemos entregado en propia mano una serie de pruebas y es un delito que se persigue de oficio.
 
En cambio, el caso fue turnado a la Fiscalía de Asuntos Electorales y Especiales, lo que viola su propia especialización interna. No es dable que se argumente que el MP es uno solo y los casos de las víctimas no estén radicados en la Fiscalía Especial de Delitos en Materia de Trata de Personas.
 
Si no se está brindando protección a Cuauhtémoc, si no se trata de encubrimiento, complicidad, impunidad, ¿vivimos entonces en un país con autoridades ciegas, sordas y mudas? ¿Por qué lleva la PGJDF seis meses sin practicar ninguna diligencia en la denuncia penal que presentó el PRD y el PAN contra Gutiérrez de la Torre?
 
¿Por qué tanta protección e impunidad? Más tarde o temprano lo sabremos, pero mientras tanto no le regalemos nuestros votos a grupos de hampones…
 
Twitter: @CATWLACDIR
 
*Directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
  


Foto: Luis Contreras/Hielo's/Altos Contrastes
Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | México, DF.- 

2/19/2015

Funcionario removido por presunto desvío de recursos, ahora es titular de Sedesol-Veracruz

RANULFO2
En abril de 2013, la dirigencia del PAN reveló una operación en el estado de Veracruz para sumar votos al tricolor, con ayuda de funcionarios de la Sedesol. Uno de los operadores priistas está de vuelta: ¡y en la Sedesol de Veracruz!

Foto: Gobierno de Veracruz

En abril de 2013, a menos de tres meses de la celebración de las elecciones locales en Veracruz, fijadas para el 7 de julio de ese año, el Pacto por México, suscrito por los principales partidos políticos y el gobierno federal, se fracturó.
Motivo principal: una estructura paralela del PRI, conformada por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, operaba a favor del tricolor en la entidad, junto con funcionarios del gobierno de Javier Duarte. Todo lo descubrió y denunció ante la PGR el Partido Acción Nacional. “Ladrones electorales”, calificaron los panistas.
Tras descubrirse la operación priista, Ranulfo Márquez Hernández fue removido de su cargo como delegado de la Sedesol en Veracruz.
Sin embargo, no pasaron ni dos años, y este personaje está de vuelta. 
EPNRANMárquez Hernández ahora es el titular de la Sedesol en Veracruz. Apenas el lunes pasado, se sentó atrás del presidente Enrique Peña Nieto, en un acto de la Cruzada contra el Hambre, en San Andrés Tuxtla, ahí donde el mandatario se enredó con la referencias a la cálida acogida de que fue objeto.
Bomba política
17 de abril 2013. En conferencia de prensa, el dirigente del PAN, Gustavo Madero, presentó un conjunto de grabaciones en las que se escucha a funcionarios y exfuncionarios de los tres niveles de gobierno, así como a candidatos y representantes del PRI, como parte activa en por lo menos ocho reuniones del llamado “Grupo Boca del Río”.
Las llamadas fueron realizadas entre el domingo 3 de febrero y el domingo 7 de abril del año 2013. En ellas se escuchan cómo organizan y evalúan durante horas las estrategias y procedimientos para la utilización masiva de las estructuras, recursos, padrones de beneficiarios… de los programas sociales del gobierno federal como Oportunidades o el Seguro Popular.
El PAN obtuvo 13 horas de grabaciones de las cuales aproximadamente dos horas y media son con video y el resto solo registran el audio del lugar.
Lo que se escucha dejó al descubierto el uso de recursos gubernamentales puestos al servicio del PRI para las elecciones de Veracruz en julio 2013:

18 de abril 2013. Rosario Robles destituyó a seis funcionarios de la Sedesol, “personas que se desprende directamente estuvieron involucrados en estos hechos”: 
*Felipe Sosa Hernández, coordinador operativo de la dependencia.
*Heli César Mendoza y Raúl Molina, jefes de zona.
*Graciela Tejeda, enlace operativo del programa “65 y más”.
*Jesús Balbuena Buenrostro, enlace operativo del programa “Oportunidades”.
*Mariano Molina, supervisor de “Oportunidades”.
En el caso del delegado de la dependencia en Veracruz, Ranulfo Márquez Hernández, fue separado “provisionalmente de su cargo, mientras las autoridades competentes realizan la investigación conducente”, dijo Robles:


La investigación que refirió Robles fue a partir de la denuncia presentada en la PGR, por el PAN, el 16 de abril 2013, contra el gobernador Javier Duarte y 57 funcionarios federales y estatales, por uso indebido y desvío de recursos públicos para favorecer a los candidatos del PRI.
Madero reclamó airadamente a Peña lo que había ocurrido. En una carta, el panista le dijo al presidente: “Los compromisos democratizadores y reformadores …del Pacto por México… no se están acatando ni por los funcionarios federales de su gobierno ni por los gobernadores de los estados donde gobierna su partido. Cada día, tenemos más evidencias de que en los 14 estados donde se llevarán a cabo elecciones este año se están utilizando estructuras, recursos y programas federales para impulsar a candidatos del PRI. Es el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Rosario Robles, y del gobierno del estado de Veracruz representado por Javier Duarte”.
Una de las exigencias del dirigente de Acción Nacional fue que1. Se integre con rapidez y eficiencia la averiguación previa derivada de la denuncia penal que… se presentó en contra de diversos funcionarios federales y estatales, ante la Procuraduría General de la República.
Asimismo, urgió que “se destituya de inmediato a los funcionarios federales directamente involucrados en los hechos denunciados: 
a) Paula Hernández Olmos. Coordinadora Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en Veracruz 
b) Héctor Pablo Ramírez Puga, Director General de Liconsa.
c) Héctor Eduardo Velasco Monroy, Director General de Diconsa.
d) Ranulfo Márquez Hernández. Delegado de Sedesol en el Estado de Veracruz.
e) Alejandro Baquedano Sánchez, Coordinador del Programa Oportunidades en el Estado de Veracruz.
f) Gonzalo Morgado Huesca. Delegado del ISSSTE en la misma entidad.
A la PGR también llegó la denuncia del PRD, pero se interpuso contra Rosario Robles y el gobernador Duarte.
En abril 2013, en Noticias MVS primera emisión,  hablaron los líderes del PAN y PRD:


Fractura del Pacto
La madrugada del 23 de abril 2013, la Presidencia de la República emitió un comunicado.
“En días recientes los dirigentes de los partidos políticos nacionales que participan en el Pacto por México han expresado diferencias, que son del conocimiento público”, refirió la comunicación desde Los Pinos.
El presidente Enrique Peña Nieto decidió suspender de manera temporal todas las actividades públicas del Pacto por México, para abrir un espacio al diálogo, que permita superar los “desencuentros”.
El mandatario pospuso en ese momento el acto programado a las 10:00 horas en el Palacio Nacional, en donde se pretendía presentar la reforma financiera.
Lo anterior, luego de que el PAN informó que no estaría presente en los actos del Pacto. El PRD hizo lo mismo. Ambos volvieron a la mesa con el gobierno federal, hasta el 7 de mayo, luego de que se firmó un adéndum al Pacto por México
El día de la firma, el líder del PRI, César Camacho, pidió no generalizar las denuncias sobre priistas que operan elecciones con recursos públicos y llamó a castigar a quien lo haga. “Quien la haga que la pague”, sentenció.
Unos días antes de la fractura, el 19 de abril -dos días después de la denuncia de Acción Nacional-, Peña Nieto arropó a Rosario Robles, con una frase: “no te preocupes, hay que aguantar“:

 ”Los delegados los nombré yo”
Robles fue cuestionada el 23 de abril, al comparecer por el caso Veracruz, en el Senado.
Fernando Yunes Márquez, senador del PAN, le preguntó directamente: “¿por qué se nombró a Ranulfo Márquez como delegado de Sedesol en Veracruz, saber si fue propuesta del gobernador del estado o qué cualidades se vio en dicha persona?”. 
Rosario respondió: “Hasta ahorita no hay un solo elemento que impida que un delegado pertenezca a un partido político… todos los delegados que a nosotros nos entregaron la renuncia, pertenecían al Partido Acción Nacional… nadie tiene derecho a desacreditarlos, nadie tiene derecho a ponerlos en juicio, lo que habla es su labor, no su militancia partidaria y mal caeríamos en ese tipo de juicios que no tienen nada que ver”.
“Los delegados los nombré yo en atribución de mis facultades… son nombramientos firmados por mí y los asumo plenamente”, refirió sobre los funcionarios que terminó removiendo, tras conocerse su operación a favor del PRI en Veracruz.
El regreso de Ranulfo
Tras ser removido de su cargo como delegado de la Sedesol, en abril 2013, Ranulfo volvió a ocupar un cargo este 2015, en la misma dependencia, pero ya no en el gobierno federal, sino en el de Veracruz. 
El jueves 8 de enero, Javier Duarte  tomó protesta a seis nuevos funcionarios, entre ellos Márquez Hernández.
En 2010, Ranulfo era dirigente estatal del PRI. Desde ese puesto, propuso al hoy ex gobernador veracruzano, Fidel Herrera, para ocupar la Presidencia de la República. Además, afirmó que el PRI de Veracruz respaldaría “económica y moralmente” a Fidel, si él decidiera buscar la precandidatura de su partido y “sacar al PAN de Los Pinos”.