Las trampas del presidencialismo

Aldo Fabián Hernández Solis

Black Magazine

El presidencialismo es una manera de acercarse al sistema político mexicano en dónde la figura del presidente es central, y sobresale sobre otras instituciones que se subordinan a él. El ejecutivo se vuelve el poder más fuerte, frente al legislativo y judicial. El presidente como mediador supremo, con la legitimidad del voto directo y con el poder de dar solución a los problemas sociales, se convirtió en parte central de la dominación posrevolucionaria, y perdura hasta hoy.

El presidencialismo no se reducía a la centralidad de un líder carismático, era una institución, la del presidente, que se presentaba como la parte más visible de pactos y alianzas entre clases y grupos sociales. Pactos que quedaron sellados en instituciones, derechos, plasmados la Constitución de 1917. Así mismo, la acción de justicia social y de trasformación radical, con mayor fuerza en el cardenismo, ligo al pueblo con la figura presidencial. El “Tata Cárdenas” ejemplifica este reconocimiento, que desborda el carisma, y que habla de alianzas clasistas y de grupo.

La fuerza del presidencialismo, sin embargo, no era total, partía de procesos de consulta y negociación con distintos sectores y con la misma clase política. ¿Qué de esto queda en nuestros días?

En la actualidad la figura del presidente está por los suelos, Peña Nieto tiene la más baja aprobación como presidente de toda la historia. Culminación de un proceso de pérdida de legitimidad de la figura presidencial paulatina pero constante. El pacto entre clases y grupos, ha sido transformado en el neoliberalismo, rompiéndose el pacto constitucional en los aspectos sociales (las reformas “estructurales”), quedando un remedo de corporativismo corrupto. Al tiempo que se hicieron nuevas alianzas con grupos económicos dominantes nacionales e internacionales, la iglesia católica y el vecino norte. El poder presidencial, un poder real, está supeditado, en mayor grado que antes, al interés de una minoría, al gran capital y a la influencia de los EUA.

El presidencialismo se ha convertido en una herramienta para la imposición del proyecto neoliberal. Para tejer alianzas como el “Pacto por México”, para controlar a la oposición, para imponer reformas, para “ganar elecciones”. Pero su legitimidad social, está por los suelos, es una herramienta de dominación carente de brillo y de aprobación, pero que aún funciona.

El poder presidencial es hoy usado para beneficio de unos pocos, para el saqueo y la pérdida de derechos. Pero es un poder que existe, que permite hacer, de ahí que las disputas políticas más importantes se den por la presidencia de la república. Es está la importancia histórica del 2018.

Sin embargo, hay trampas a las que nos puede llevar la idea del presidencialismo. La primera es entender la lucha política centrada en la conquista de la presidencia y así usar este poder para transformar la sociedad, postergando la democratización del poder. Situación riesgosa que haría de cualquier transformación algo débil y con riesgos de desviarse o burocratizarse. Este es una trampa presente en una situación de cambio y de trasformación social.

La otra trampa tiene que ver con aspectos ideológicos de la dominación neoliberal. Una lectura de la realidad en que el presidente funciona como “chivo expiatorio”, concentrando la culpa y el hartazgo social de un modelo del que es parte. Así la culpa del estado de cosas pasa por la figura presidencial y no por aspectos estructurales de un modelo fallido. Concentrando las esperanzas en otro hombre y no en una alternativa al modelo neoliberal.

El análisis sobre el presidencialismo puede acarrear trampas, que hay que desmontar, para avanzar hacia una democracia verdadera.

Publicada por primera vez en Black Magazine: http://www.blackmagazine.mx/la-democracia-mexicana/

La posibilidad de un eventual “dedazo” de Peña Nieto agrieta al PRI

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. Foto: Germán Canseco

Por José Gil Olmos 

proceso.com.mx

El viernes 16 un grupo de 89 militantes mostró lo que la dirigencia nacional del PRI y el presidente Enrique Peña Nieto no querían que se exhibiera: el malestar de una buena parte del PRI ante la posibilidad de que se vuelva a aplicar el “dedazo presidencial” para postular en 2018 a un candidato carente de historial partidista como José Antonio Meade o Aurelio Nuño.

Aunque el líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Arturo Zamora, calificó de “políticos de café” y “frustrados” a quienes se manifestaron contra esta práctica y demandaron la sustitución de Enrique Ochoa en la dirigencia nacional de su partido, durante varios meses y sobre todo rumbo a la XXII Asamblea Nacional el próximo agosto, ese descontento sigue creciendo.

La principal demanda de los inconformes es que no se debe cambiar el artículo 166 fracción IX de los estatutos del partido para seleccionar a los candidatos a presidente de la República, gobernador y jefe de gobierno de la Ciudad de México, el cual señala que para aspirar a esos puestos de elección “se requerirá acreditar la calidad de cuadro, con 10 años de militancia partidaria”.

Además de la posible postulación de Meade o Nuño –el primero exfuncionario del gobierno del panista Felipe Calderón y el segundo de reciente afiliación al PRI–, los priistas antidedazo advierten que en el último lustro el PRI ha perdido 5 millones de votos, 1 millón de los cuales se ha ido hacia el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de Andrés Manuel López Obrador, lo cual ha generado divisiones y confrontaciones que, como algunos temen, pueden revivir las de 1988, cuando salieron del partido Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, entre otros integrantes de la Corriente Democrática.

Ante esas críticas y la exigencia de que renunciara Ochoa Reza, la dirigencia nacional del PRI guardó silencio.

El miércoles 21, entrevistado en W Radio, el exlíder del PRI Manlio Fabio Beltrones rechazó las declaraciones de Arturo Zamora sobre el grupo que pidió se realizara en la próxima Asamblea Nacional una consulta a la base para elegir al candidato presidencial del PRI.

“Las voces que descalifican a los que opinan de manera diferente y que lo quieren hacer con libertad no son válidas dentro del PRI ni de ningún partido político. Y aquellas que callan y que están aceptando simplemente lineamientos de orden superior, pues viven en una tradición que ya fue muy superada dentro del partido” dijo el excoordinador de las bancadas priistas en el Senado y en la Cámara de Diputados.

Por su parte, Alberto Aguilar Iñárritu, quien participó en el cónclave del 16 de junio, precisó que se busca la democratización interna del PRI, sin que haya una imposición del presidente Peña Nieto. Entrevistado por el diario El Universal, el exdiputado federal subrayó que, si no se cuida la selección del candidato presidencial, el PRI llegaría “herido” a las elecciones de 2018.

La negociación es clave: Sauri

Dulce María Sauri Riancho era presidenta del PRI en 2000, cuando por primera vez el partido perdió la Presidencia. En entrevista con Proceso advierte que, si se pretende utilizar las viejas formas y procedimientos agotados desde 1994, “el PRI y el presidente de la República se van a equivocar”.

Desde su punto de vista, el “dedazo presidencial” ya no existe y tampoco responde a las necesidades de elevada competencia electoral que se registran desde 1988.

“Basta con analizar los mecanismos de negociación interna que llevaron a Enrique Peña Nieto a la candidatura en 2012. La palabra mágica, a mi juicio, es ‘negociación’: búsqueda de consensos para postular a un candidato o candidata competitiva, pero que también garantice un buen ejercicio de gobierno en caso de resultar triunfador”, precisa la exgobernadora de Yucatán.

Sin embargo, señala que quienes demandan la elección directa del candidato y que el presidente de abstenga de intervenir, “difícilmente se convencerían de su no participación, salvo que alguno de ellos fuera seleccionado”.

Sauri Riancho precisa que hoy en día el PRI ya no es el partido hegemónico en el poder, que más que postular un candidato elegía al presidente en su proceso interno, pues quedó fuera de la Presidencia de la República 12 años, la sociedad cambió y la competencia electoral se ha incrementado notablemente.

No obstante, considera que la consulta directa y el voto abierto a militantes y simpatizantes no es la única vía para garantizar una postulación competitiva: “Serán el programa, la propuesta y la legitimidad personal, combinados con una negociación interna que privilegie los intereses colectivos, el único camino para competir y quizá triunfar en la elección del 1 de julio de 2018”, consideró.

–Luego de ganar la elección en el Estado de México bajo severas críticas, ¿este aire le será suficiente para llegar fuerte a la elección de 2018? –se le cuestiona.

–Ganar la elección del Estado de México es condición necesaria, más no suficiente para triunfar en la elección presidencial del siguiente año. Así sucedió en 1999 (con Arturo Montiel) y 2005 (con Enrique Peña Nieto), cuando a pesar de haberse impuesto en el estado del más elevado padrón electoral, el PRI perdió la Presidencia. En esta ocasión, si no hubiera logrado el triunfo, sus condiciones de competencia hacia 2018 se habrían deteriorado todavía más.

Sauri Riancho advierte que ganar en 2017 puede ser un espejismo para los priistas, pues el partido ha perdido un importante caudal de votos no sólo en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, sino también en Veracruz, tal como se mostró en sus elecciones municipales.

“En ese último estado, el PRI sólo logró ganar uno de los 11 municipios más poblados: Orizaba. Y en la Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato, que completan el grupo de las cinco entidades de mayor padrón electoral, las intenciones de voto favorecen a la izquierda y al PAN, no al PRI y sus aliados. Recordemos también que en 2018 cuatro de esas cinco entidades tendrán elecciones locales concurrentes para gobernador y jefe de Gobierno, en el caso de la Ciudad de México”, precisa.

–¿Cómo cree que llegará el PRI a la elección de 2018?

–El principal factor de cohesión interna del PRI es la expectativa de alcanzar y mantener el poder. Es muy factible que varios grupos internos se hayan preparado para un “ajuste de cuentas” si el PRI hubiese sido derrotado en el Estado de México. Una potencial “noche de cuchillos largos” que hubiese favorecido la pretensión de marginar al presidente de la República de la postulación del candidato presidencial. No sucedió así. Por eso, la próxima asamblea reviste importancia como canal de expresión de aquellas personas y grupos que se sienten marginados o relegados, no del PRI, sino del favor presidencial, y que demandan ser tomadas en cuenta en los procesos internos próximos.

–¿La Asamblea Nacional del PRI en agosto será crucial para 2018?

–Crucial, no lo sé, pero sí importante. Más que por el tema estatutario, de candados sí o candados no, por el programa político que pueda surgir de ella y que dé pie a una buena plataforma electoral. Y, sobre todo, por el ánimo que pueda generarse entre la militancia. Al ser la expectativa de poder el factor de cohesión más relevante, sentir que es posible competir y ganar el año próximo se vuelve fundamental. Es la profecía que puede cumplirse en 2018.

Acotamientos

Respecto la exigencia de un grupo de militantes de que no se quite el candado de 10 años de militancia que marcan los estatutos, bajo la sospecha de que podrían imponer a un amigo de Peña Nieto como José Antonio Meade o Aurelio Nuño, Sauri Riancho sostiene que como militantes tienen derecho a expresarse para mantener y endurecer los requisitos de militancia y experiencia partidista para aspirar a la candidatura presidencial.

“Lo pueden hacer en las asambleas y en las comisiones de dictamen que elaborarán los documentos a discutir y a aprobar en la Asamblea Nacional del 12 de agosto próximo. En especial, se pueden manifestar en la Mesa de Estatutos. Así sucedió en 1996, en la asamblea XVII, cuando la militancia exigió la imposición de los candados estatutarios, que demandaban el ejercicio previo de un cargo de elección popular para poder aspirar a la candidatura presidencial y a las gubernaturas.”

Recuerda que desde entonces quedó acotada la participación del presidente de la República en la postulación del candidato a sucederlo, “pues la Asamblea XXI eliminó este requisito por voluntad mayoritaria de los delegados, entre los cuales, por cierto, se encontraban varios de los asistentes a la reunión del viernes 16”.

–¿Qué pasaría en el PRI si se impone el presidente Peña en la selección del candidato presidencial?

–¿Quién sería la “imposición” de Peña Nieto para este grupo? No lo sé. Tal vez alguno de los integrantes del gabinete presidencial, quizá alguno de los gobernadores del PRI sobrevivientes de las acusaciones de corrupción, como podría ser Eruviel Ávila. ¿O el calificativo de “impuesto por Peña Nieto” lo llevaría casi cualquiera, salvo algún integrante de ese grupo?

Por último, Sauri considera que quizá no sea necesaria la renuncia de Enrique Ochoa Reza sino hasta después de la próxima Asamblea Nacional, de donde deben surgir los cambios a los documentos básicos, en especial al Programa de Acción, y se establecerá la visión de futuro que el PRI presentará a la sociedad durante la campaña del próximo año.

“Cuando menos hasta después de la conclusión del proceso para postular al candidato presidencial, pienso que Enrique Ochoa debe mantenerse en la presidencia. Después tal vez sea pertinente considerar su relevo, aunque por experiencia propia considero que, superada esa delicada etapa, bien puede capitalizar el aprendizaje intenso de este periodo para coordinar la postulación de ocho candidaturas a gobernador y las del Congreso de la Unión”, finaliza.

Militarización legalizada, cómo nos dueles México

Compromiso de todos, modernizar la actuación de los cuerpos policiacos, afirma

Las fuerzas armadas seguirán en labores de seguridad pública: EPN

La labor de los elementos castrenses, dice, ha permitido que vuelva la paz a diversas regiones

Periódico La Jornada

El presidente Enrique Peña Nieto señaló que los soldados y marinos están para preservar la seguridad interior y cuidar la soberanía nacional, no necesariamente para hacerse cargo de tareas que en estricto sentido corresponden a las policías investigadoras y a las procuradurías del país; sin embargo, aclaró, las fuerzas armadas seguirán realizando labores de seguridad pública mientras se cuenta con policías preparadas.

Tras un largo aplauso brindado por funcionarios, procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia a los secretarios de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, y de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, el Presidente agradeció a las fuerzas armadas realizar labores de seguridad pública, tareas que han asumido con lealtad a la patria y que es lo que ha permitido que hoy tengamos, no obstante, la modernización en la que hemos venido trabajando; que tengamos, sí, ciudades y regiones de nuestro país que han regresado a la paz y a la tranquilidad.

Lo anterior, al clausurar el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2016, llevado a cabo en instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Allí, el mandatario dijo que, sin duda, la seguridad y la justicia de los mexicanos es hoy día el reto más importante de nuestra época, el que requiere la mayor atención, coordinación, capacidad y profesionalismo de las instituciones del Estado mexicano en todos los órdenes para atender esta asignatura.

El presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento

 a las fuerzas armadas. Lo acompaña el general 

Salvador CienfuegosFoto José Antonio López

Estos señalamientos se dieron en seguimiento a lo dicho el pasado jueves por Cienfuegos Zepeda durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, quien demandó que se regularice la situación de las fuerzas armadas y se apruebe un marco legal que diga hasta dónde sí, hasta dónde no, y nosotros haremos lo que siempre, lo que dice la ley; acataremos lo que disponga el propio Congreso.

Ayer, el mandatario hizo patente su reconocimiento a las fuerzas armadas y pidió que también lo hicieran los procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia. Indicó que los soldados y marinos continuarán haciendo labores de seguridad pública en tanto logramos, y éste es el compromiso que debemos asumir todos, y digo todos, porque no está sólo en el ejercicio y en la tarea del Presidente de la República, sino que lo está en el de todos los gobernadores y de todos los poderes del Estado mexicano para que realmente podamos actualizar y modernizar la actuación, preparación, profesionalismo y fortalecimiento de las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública.

Agregó que no obstante, no siendo la misión que tiene confiada, nuestras fuerzas armadas, con lealtad a la Patria, con sentido del deber y de gran institucionalidad, se han incorporado, han apoyado y están, además, decididas a seguir haciéndolo para asegurar, en tanto logramos el objetivo de esta asignatura aún pendiente, el poder apoyar las labores de las instituciones de procuración y de la policía preventiva de nuestro país.

Por ello, dijo, la justicia es un deber de todos los días; es una obligación que involucra, por igual, a los tres poderes y órdenes de gobierno. Cuando la justicia falla, hay que decirlo, fallamos todos, concluyó.

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Necesario, establecer reglas que garanticen los derechos humanos, señalan

Legisladores, dispuestos a sacar en breve ley que regule actuación de las fuerzas armadas

Debe haber un debate en el que también participen especialistas y ONG: Barbosa

 Periódico La Jornada

El PRI en el Senado está dispuesto a hacer el mejor de los esfuerzos para construir a la brevedad el nuevo marco jurídico requerido por las fuerzas armadas, a fin de que puedan continuar con sus tareas de combate al crimen organizado, sostuvo el senador Arturo Zamora.

En entrevista, dijo que al actual periodo de sesiones sólo le queda una semana, pero los priístas van a proponer que durante el receso legislativo de enero se trabaje con celeridad, a fin de que a principios de febrero, y de ser posible antes, esté listo el dictamen sobre la nueva legislación en materia de seguridad interior que las fuerzas armadas demandan.

El senador Zamora explicó que por instrucciones de su coordinador, Emilio Gamboa, estará muy atento al trabajo que se lleve a cabo en la Cámara de Diputados, donde se tiene un proyecto de reforma que de ninguna manera trata de militarizar la seguridad interior, sino de darle a las fuerzas armadas la armadura legal necesaria que dé certeza a sus actuciones.

El coordinador nos planteó que estemos muy atentos al trabajo que están realizando nuestros compañeros diputados, para que contribuyamos, incluso si es necesario trabajar en conferencia ambas cámaras y tener listo el marco legal al que se refirió el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos.

Cuestionado sobre la posibilidad de que a la propuesta del PRI en la Cámara de Diputados se incorpore la minuta que está en San Lázaro, con las reformas aprobadas en el Senado en 2014 y que legalizaron la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, respondió que el nuevo marco legal tiene que darse a partir de las necesidades actuales y futuras de los soldados y los marinos.

Integrante también del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el senador Zamora dijo que entiende el reclamo que el titular de Sedena formuló, ya que en los pasados 10 años el Ejército ha tenido que realizar tareas adicionales a las que le señala la Constitución y estar en las calles para proteger a la sociedad de la amenaza del crimen organizado.

–¿Se podrá votar esa reforma en febrero?

–Somos legisladores de tiempo completo y tenemos que responder a las necesidades de los electores y del país. Se pueden aprovechar las vacaciones decembrinas y el receso de enero para construir el dictamen junto con las demás fuerzas políticas.

En entrevista aparte, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, advirtió que crear una ley de seguridad interna, que dé certeza legal a la actuación del Ejército y la Marina, no es un asunto que se debata en 48 horas o una semana, como planteó la víspera el panista Roberto Gil Zuarth.

Expuso que el PRD está abierto a la discusión, pero a través de un debate nacional intenso, en el que participen el gobierno, la oposición, especialistas, académicos y organizaciones de derechos humanos.

Hay una realidad que no podemos evadir. Hace 10 años sacaron al Ejército a las calles, para que ayudara a detener el narcotráfico y la delincuencia organizada, y este combate no se concibe ahora sin las fuerzas armadas, porque no se logró sanear y modernizar a las policías. Agregó que se debe legalizar su actuación para darles certeza, pero cuidando que se protejan los derechos de la ciudadanía.

El actual marco jurídico es insuficiente, precario, asegura el priísta Camacho Quiroz

Roberto Garduño

La exigencia del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, de normar la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública hizo eco en la Cámara de Diputados. Los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD se pronunciaron por acelerar el proceso legislativo que dé forma a la ley de seguridad interior.

Los coordinadores de los tres partidos coincidieron, por separado, en reconocer el papel de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia y se pronunciaron por establecer protocolos de defensa de los derechos humanos.

César Camacho Quiroz, coordinador del PRI, dijo que el espacio natural de los integrantes del Ejército y la Marina son los cuarteles; “están capacitados para la defensa del territorio, de la soberanía, pero la necesidad ha obligado a que las fuerzas armadas se sumen a tareas no sólo de seguridad pública, sino que asuman tareas que sí le son propias de seguridad nacional.

No obstante, el marco jurídico es precario, insuficiente, y el secretario (Cienfuegos) ha urgido en más de una ocasión a contar con un entramado jurídico que les dé solidez y toda la fuerza para actuar.

La diferencia

El político mexiquense y su compañera de bancada Martha Tamayo presentaron una iniciativa de ley en la que advierten que la seguridad interior se distingue de la seguridad pública porque la segunda está a cargo de las policías, integradas por civiles, que aunque se forman con algunas prácticas –criterios de orden militar y eventualmente son conducidas por elementos castrenses– forman parte de las fuerzas del orden que dependen de gobiernos municipales, estatales y el central, como la Policía Federal y la Gendarmería.

La ley de seguridad interior no es, como algunos han sugerido, un cheque en blanco; se trata de que las autoridades castrenses, que la fuerza militar puedan estar al servicio de la sociedad, cuidando que estas amenazas, incluso trasnacionales, puedan ser combatidas con eficacia.

Camacho Quiroz anunció que en las próximas semanas intensificarán las discusiones para que pronto se lleve al pleno el proyecto de ley de seguridad interior que, como cualquier iniciativa, seguramente se modificará. Hay que dejar clara la posición de respeto absoluto a los derechos humanos y la necesidad de que siempre, para que estas actuaciones ocurran, debe haber una declaratoria de protección a la seguridad interior, que expide el Presidente con la autorización del Consejo de Seguridad Nacional.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, hizo un llamado a impulsar un marco legal para que las fuerzas armadas puedan actuar en asuntos de seguridad interior y con ello generar la certeza jurídica que demandan.

La seguridad interior no es responsabilidad de la Sedena ni de la Marina, por lo que desde el Poder Legislativo debemos impulsar los instrumentos legales apropiados y funcionales para enfrentar las situaciones de seguridad que hasta la fecha nuestras fuerzas castrenses vienen realizando.

Es necesaria una ley, agregó, que regule la participación de militares en el combate al crimen organizado. Este ordenamiento debe especificar claramente cuándo las fuerzas armadas actuarán. Se requiere dar certeza en sus funciones de seguridad interior.

Marko Cortés, líder de la bancada del PAN, anunció que él y sus compañeros coinciden con lo expresado por el general Cienfuegos y convocan a los otros grupos parlamentarios a dictaminar, a la brevedad, la iniciativa que presentó el diputado panista Jorge Ramos, para dar un marco correcto a la acción de las fuerzas armadas.

A decir de los panistas, el 26 de noviembre de 2015 se presentó en la tribuna de la Cámara de Diputados la única iniciativa que se refiere a la seguridad interior, y esto es resultado del interés que tiene Acción Nacional por responder a una de las prioridades de los mexicanos, ya que la seguridad es un tema que preocupa a 73 por ciento de la población.

Explicó la escencia de su propuesta, es decir, para que el Ejército Mexicano y la Marina sólo puedan ser utilizados por causas expresamente especificadas en una declaratoria de causa de seguridad nacional.

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Llama a gobiernos locales a fortalecer corporaciones policiacas

La IP demanda que fuerzas armadas continúen labor de seguridad pública

 

Periódico La Jornada

La cúpula empresarial del país demandó que el Ejército Mexicano y la Marina no regresen a los cuarteles hasta que los gobiernos de los estados tengan la capacidad de enfrentar al crimen organizado, para lo cual hizo un llamado al Poder Legislativo a que apruebe leyes que den mayor certeza jurídica a las fuerzas armadas, y exigió a los Ejecutivos locales a que fortalezcan sus corporaciones policiacas.

No podemos dejar el peso de la responsabilidad únicamente en el Ejército y la Marina; tenemos 10 años en una circunstancia similar. Este es un llamado a todos los gobernadores, a las policías Federal, estatales y municipales. Necesitamos contar con la voluntad de todos para poner orden y tener un camino en el que podamos obtener mejores resultados, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

Luego de un encuentro entre la mesa directiva del organismo y los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, el dirigente dijo que Tamaulipas y Veracruz son dos de los estados en donde los gobiernos se han visto rebasados por el crimen organizado, aunque también mencionó a otras entidades, como Oaxaca y Michoacán.

Caso grave

En el caso de Tamaulipas, precisó, el estado lleva 10 años sin policía local y tampoco se ha cumplido con crear una universidad para formar nuevos elementos. Castañón instó al Congreso de la Unión a que con urgencia concluya el proceso legislativo para aprobar la ley de seguridad interior y un marco jurídico que dé certeza a la actuación de las fuerzas armadas.

En el acto, realizado en el Club de Industriales, el presidente del CCE hizo un reconocimientos al Ejército y a la Marina –a los que identificó como las instituciones más respetadas por la sociedad en su conjunto– y entregó un reconocimiento a los titulares de las secretarías por su amor por México, su profesionalismo y su entrega.

Agregó que el sector empresarial está desarrollando diversos programas para incorporar al trabajo a miembros de Ejército que están jubilados.

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Tener a soldados en las calles es someterlos a un riesgo mayor

Rezago en las policías impide el regreso de militares a los cuarteles, dice la SG

 

Periódico La Jornada

La Secretaría de Gobernación (SG) reconoció que el rezago en las policías estatales y municipales es añejo y ello impide el retorno de los militares a los cuarteles.

Tenemos que seguir trabajando en el fortalecimiento de capacidades municipales y estatales. En la medida en que se logre este reforzamiento será posible que eventualmente y de manera gradual las fuerzas armadas continúen con sus funciones constitucionales, señalo Álvaro Vizcaíno Zamora, titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), dependiente de la SG.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, lamentó el jueves que las instituciones locales no han sido reconstruidas y, por tanto, desde hace una década los militares tienen que hacer labores policiales en las calles. Dijo que es necesario contar con cuerpos policiacos “eficaces, bien adiestrados, bien capacitados… pero esto no se ha dado”.

Vizcaíno Zamora, responsable de la instancia de coordinación de estrategias para apuntalar la seguridad pública a escalas local y federal, subrayó que en algunas corporaciones la plantilla de policías es vieja, de elementos mayores de 40 años de edad, situación que dificulta la formación de nuevos cuadros.

A escala nacional, el promedio de no aprobación de controles de confianza aplicados a uniformados es de 9 por ciento del total de la plantilla, aunque en el caso de las municipales este porcentaje es mayor.

Igualmente se refirió a la importancia de fortalecer el nivel municipal, donde existe el mayor número de uniformados que no aprobaron las evaluaciones, y hacer efectiva la depuración en ese ámbito.

Programa de capacitación

Ayer, durante la primera reunión nacional de secretarios ejecutivos estatales, órganos implementadores del nuevo sistema de justicia penal y la red nacional de voceros en la materia, se presentó un programa de 10 acciones para el fortalecimiento de las capacidades de las instancias locales y la actualización del programa rector de profesionalización de todas las instituciones de seguridad pública: peritos, policías, ministerios públicos y personal del sistema penitenciario.

En entrevista, se insistió al funcionario en que diera un comentario sobre la crítica del titular de la Sedena en cuanto a la necesidad de delimitar las funciones y atribuciones de los elementos castrenses durante las tareas de combate al crimen. Advirtió que tener a los soldados en las calles es desnaturalizar su profesión y someterlos a un riesgo mayor.

El secretario ejecutivo del SNSP insistió en la necesidad de fortalecer las capacidades de las policías: Sin duda se ha reconocido en todas las instancias que existen debilidades institucionales en algunas corporaciones municipales y estatales. Por ello, en la medida en que se fortalezcan se podrá también contribuir a fortalecer, separar y distinguir las tareas de seguridad pública de las de seguridad interior y de las de seguridad nacional.

Las debilidades institucionales, subrayó, tienen muchos años, y es por ello que el fortalecimiento de las capacidades estatales y municipales nos permitirá lograr ese objetivo.

También destacó que es necesario aceitar el sistema de justicia penal, porque hay engranes que no están girando a la velocidad para la que fueron diseñados, por ejemplo, los mecanismos alternativos de solución de controversias.

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Unidad neoporfirista

Nael Ramírez Domínguez

Rebelión

Este primero de diciembre se cumplió cuatro años de gestión del gobierno de Enrique Peña Nieto, un gobierno que desde el primer día tuvo el repudio manifestado en grandes protestas populares por todo el territorio nacional, un gobierno marcado por escándalos de corrupción bien ejemplificado en “La casa Blanca”, así como de represión a movimientos sociales, que traen a la mente la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Como cada año, en cadena nacional, Peña Nieto da su mensaje a todos los televidentes y radioescuchas, haciendo un brevísimo balance de su gestión y señalando lo conducente por un año más; en esta ocasión tuvimos más de lo mismo, pero lo que causó gran intereses es su llamado a la unidad de los mexicanos, lo realmente asombroso fue el argumento fantasioso sobre el porqué de dicha unidad.

El presidente cree que:

“Nuestra historia nos recuerda que cuando no hemos estado unidos, el país ha sufrido desastres que dejan cicatrices dolorosas.

La desunión provocó la pérdida de la mitad de nuestro territorio.

La desunión condujo a la imposición de un emperador extranjero, ajeno a nuestra vocación republicana.

La desunión ocasionó una revolución de años, que causó un millón de muertes y una destrucción que tomó décadas recuperar.”

De estos enunciados, así construidos a la ligera y sin la mayor pena, podemos decir que el Presidente no tiene ni idea de lo que ha sido nuestra historia, y no sólo eso, sino que no comprende en lo más mínimo cómo se compone o desarrolla una sociedad.

Creer que las divisiones sociales se engendran por mera voluntad, por simples discrepancias de pensamientos, o algo peor, por el no entendimiento entre los individuos, no es más que dejar toda argumentación al idealismo, a la corriente filosófica que aún permea en el mundo religioso y como se ve, en las altas esferas del poder público en México.

Entender la realidad con una visión idealista, sin duda, muestra la mayor ignorancia que un Jefe de Estado pueda tener, la ciencia tanto físicas como sociales, ya han dado muestras de que la naturaleza y la sociedad se desarrollan independientemente de la voluntad, no es la idea de la unidad la que “nos sacará adelante”, sino los cambios efectuados en la materia, en lo que causa las divisiones sociales.

Así entonces, mediante el análisis materialista de la historia, podemos ver que toda sociedad hasta nuestros días* ha estado y está dividida en clases sociales, debido al papel que desempeñan dentro del proceso de producción, lo quieran o no los miembros de una u otra clase.

Así, las clases sociales están en permanente lucha, debido a la permanente contradicción de intereses entre ellas, una clase contra otra clase, una alianza de clases contra otra, variando esa lucha según cada contexto en el que se dé la disputa de intereses.

En el contexto de la Guerra entre México y Estados Unidos -en donde perdimos más de la mitad del territorio nacional- y en la llegada de Maximiliano de Habsburgo, había en México una clara división, los que buscaban conservar los privilegios de la Iglesia y volver a la monarquía, y aquellos que buscaban instaurar un régimen republicano; Conservadores los primeros, Liberales los segundos.

Esta división no surgió por malentendidos, sino fue producto de los grandes intereses que cada grupo representaba, mantener las mismas estructuras e instituciones que tuvo el coloniaje o barrer todo obstáculo que impidiera el libre pensamiento, comercio y producción.

Sabemos que triunfaron los liberales, México avanzó y se desarrollaron condiciones económicas capitalistas (un capitalismo periférico, sui generis) que dieron auge al crecimiento técnico y científico en la producción, pero aún se mantenían resabios del viejo orden social; la desigualdad en la distribución de la riqueza era abismal, el 1% por ciento de la población era propietaria del 95% del territorio nacional, las haciendas eran el símbolo de ésta situación social. (1)

Ante la profunda contradicción de intereses surgidos por la profunda desigualdad en la distribución de la propiedad, era totalmente lógico que surgiera la Revolución de 1910, mostrando “la desunión” que imperaba en las condiciones materiales de los mexicanos.

Pintar a esta revolución de manera negativa, como causante de un “millón de muertes y una destrucción que tomó décadas recuperar”, es tener una asombrosa miopía de inteligencia. No señor Presidente, no fue la “desunión” la causante de ese millón de muertes, si buscamos un poco más, el causante de ese millón de muertes fueron las condiciones de semiesclavitud en la que vivían los jornaleros, fue esa oprobiosa distribución de la tierra la que engendró la división entre los mexicanos, algo así como la división que engendra la actual situación económica de México donde el 1% posee alrededor del 43% de la riqueza total del país (2).

El llamado a la unidad, haciendo a un lado la reflexión sobre lo que nos desune, no es más que abrazar la máxima del porfirismo “Paz, orden y progreso”, en una etapa neoporfirista.

Notas

*No incluyo aquí al comunismo primitivo, régimen social en el que la humanidad ha durado más, aproximadamente 190 mil años.

1.- “Carta a la Juventud”, Vicente Lombardo Toledano. México. 1960.

2.- Informe de Oxfam México. http://www.cambialasreglas.org/pdf/desigualdadextrema_informe.pdf

#FiscalCarnal, el costo de la simulación

Por Jenaro Villamil 

Raúl Cervantes en el Senado. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre el martes 25 y el miércoles 26 de octubre, la maquinaria de la operación política y la simulación legislativa se echó a andar en el Senado de la República para demostrar su sometimiento al Ejecutivo federal y su nulo papel de contrapeso y representante de la sociedad.

En menos de 24 horas, los senadores encumbraron como nuevo procurador general de la República a Raúl Cervantes Andrade, exabogado del PRI, exlitigante corporativo, expresidente de la Mesa Directiva y exaspirante a ministro de la Suprema Corte.

Fue despedido como un rey por todas las bancadas, y prácticamente fue “coronado” como próximo fiscal general de la República, gracias a que el texto del 16 transitorio del artículo 102 de la Constitución le daba un “pase automático” al procurador en turno para durar nueve años. En otras palabras, Cervantes Andrade se perfilaba para estar 11 años como el Zar del Ministerio Público.

Pocos, muy pocos senadores alzaron la voz ante el vergonzoso proceso que coronó a Raúl Cervantes como el futuro fiscal general “autónomo” encargado de restablecer la credibilidad y eficacias perdidas de la PGR.

“Esta es la mayor muestra del divorcio entre la Presidencia, el Senado y los sectores de la sociedad que sí reconocen una grave crisis en el sistema de justicia penal en México”, subrayó el comunicado del 28 de octubre, emitido por 50 agrupaciones de todo el país que condenaron el perfil y el procedimiento del #FiscalCarnal.

Entre esas organizaciones estaban Artículo 19, Alianza Cívica, Fundar, Freedom House y Todos los Derechos para Todos, además de abogados y destacados escritores e intelectuales que quedaron pasmados e indignados frente a la gran mascarada de una “elección” del Senado, cuando en realidad se trataba de un franco dedazo presidencial.

Peña Nieto simplemente ignoró el compromiso adquirido en el marco del Tercer Plan de Acción de la Alianza del Gobierno con organizaciones nacionales e internacionales. Ahí el Ejecutivo federal se comprometió a “conducir con una consulta técnica con la sociedad civil, académicos y expertos” para elegir al próximo procurador. La consulta nunca existió.

Tan dura fue la reacción que en redes sociales circuló el hashtag #JoderAlPaís y luego el de #FiscalCarnal que se prolongó hasta esta semana.

El escándalo fue creciendo, en lugar de aminorar, como todo lo que ha sucedido en las decisiones del peñismo para simular una acción de justicia.

La llamada de atención más grave se publicó en la revista británica The Economist, la misma que subrayó que el peñismo “no entiende que no entiende” su propia incapacidad. En su reciente editorial, The Economist le recomendó a Peña Nieto que rescatara su reputación y removiera a Raúl Cervantes Andrade para que alguien independiente pueda conducir la Fiscalía General.

Las comparecencias de 32 aspirantes a fiscal anticorrupción se convirtieron en otro foco rojo. Buena parte de los aspirantes a esta figura advirtieron que no se podrá lograr nada sin reformarse el artículo 102 constitucional para darle auténtica “autonomía e independencia política” al próximo fiscal especializado.

César Alejandro Chávez Flores, último visitador general de la PGR que fue obligado a renunciar en agosto de este año, afirmó en su comparecencia ante senadores para aspirar a la Fiscalía Anticorrupción:

“El modelo de fiscalía transitoria adolece de limitaciones graves, ya que si bien su titular será nombrado por el Senado, puede en cualquier momento ser removido por el procurador o, si lo hay, por el fiscal general, sin que se requiera causa justificada para ello, pues la Constitución estableció que esa facultad se ejerce libremente”.

Peor aún, Chávez Flores destacó que la Fiscalía Anticorrupción nacerá muerta sin una reforma constitucional, ya que el exprocurador general Jesús Murillo Karam emitió discrecionalmente el acuerdo administrativo A/011/14, que mutiló la posibilidad de la autonomía técnica, normativa y política del próximo fiscal anticorrupción.

Gracias a este acuerdo al margen del Congreso, el fiscal anticorrupción operará con la infraestructura de la actual Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.

Esta unidad cuenta con sólo 35 agentes del Ministerio Público; carece de peritos especializados en contabilidad y finanzas para investigaciones de enriquecimientos ilícitos y lavado de dinero; no cuenta con especialistas en contrataciones gubernamentales, particularmente en obras públicas, y carece de peritos en tecnologías de la información para labores de inteligencia.

En otras palabras, en la peor crisis de corrupción que inunda a prácticamente todos los gobiernos estatales y a buena parte de la administración pública federal, el fiscal anticorrupción será una simple simulación.

No tendrá recursos materiales ni capacidad técnica, jurídica ni política para realmente investigar y perseguir a las redes de las cleptocracias que han hundido al país en escándalos como los de Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, más los que se sumen.

Esta Unidad Especializada sólo ha obtenido en seis años un total de 70 autos de formal prisión, es decir, un promedio de 10 autos y ¡ninguno es por enriquecimiento ilícito! En otras palabras, todos los “peces gordos” de la corrupción se ríen de esta unidad que será el germen de la Fiscalía Anticorrupción.

En el proceso de selección del próximo fiscal anticorrupción, los “dados cargados” estaban a favor de la actual comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente, con amplio apoyo de la Secretaría de Gobernación, según confirmaron varios senadores que participaron en las comparecencias.

Doble escándalo: en octubre los senadores nombraron a un posible fiscal general “carnal” del presidente de la República y quieren en la Fiscalía Anticorrupción a una servidora pública que ya antes había sido electa para un “organismo autónomo” como el INAI. La ley del chambismo y el influyentismo.

En el Senado comenzó a ventilarse la posibilidad de una alianza del PRD y el PAN para posponer la elección del fiscal anticorrupción y para reformar el artículo 102 constitucional con el objetivo de eliminar el “pase automático” del procurador actual hacia la Fiscalía General y perfilar otro modelo de Fiscalía Anticorrupción.

En su reciente artículo del 28 de noviembre en el diario Reforma, Denise Dresser advirtió que “es insuficiente que el PAN y PRD prometan cambiar artículos transitorios con tal de que Cervantes no tenga pase automático… La única solución para salvar a la Fiscalía General es que Cervantes renuncie”.

“La Fiscalía Anticorrupción nacerá débil, dependiente, subyugada”, sentenció Dresser, quien ha participado activamente junto con las organizaciones civiles para modificar de raíz el proceso de la partidocracia de designaciones de cargos públicos por cuotas y cuates.

Este martes 29, Peña Nieto sacó un as de su manga: envió al Senado una propuesta de reforma constitucional para eliminar el artículo 16 o “transitorio Gil Zuarth”, como se le conoce en el Senado.

La iniciativa de Peña Nieto modifica el “pase automático” de Raúl Cervantes Andrade, pero no lo veta para ser posible fiscal general ni cambia el modelo de designaciones que sigue dependiendo de las negociaciones cupulares, del mercadeo partidista, al margen de la sociedad civil.

Lo único que lograron el gobierno, su partido y sus aliados fue ganar tiempo y simular que son “sensibles” ante las críticas de la sociedad civil y al interior del Senado. ¿Por qué si son tan sensibles no se reforma por completo el modelo de Fiscalía General y se le otorgan dientes, recursos y autonomía al fiscal anticorrupción?

En el seminario internacional #FiscalíaQueSirva se establecieron cuatro mínimos institucionales que deben cumplir ambas fiscalías: autonomía funcional, autonomía administrativa y presupuestal, modelo de gestión adecuado y modelo de investigación orientado a la realidad.

Además propusieron que los perfiles del fiscal general y de los fiscales especializados deben surgir de mecanismos transparentes y participativos de selección; deben incluir mecanismos de remoción respetuosos del debido proceso, y la ley “debe regular las bases de un servicio profesional de carrera fiscal”.

Nada de esto se incluye, por ahora, en la iniciativa del Ejecutivo federal. El gran riesgo es que otra simulación acabe por descarrilar no sólo a la Fiscalía General y a la Fiscalía Anticorrupción, sino toda la reforma política que se aprobó en 2013 como una negociación del Pacto por México.

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Mejor acabar con el presidencialismo

Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo. Foto: Octavio Gómez

Por Pablo Gómez , (apro).- Algunos lamentan que el informe presidencial se haya eliminado como acto ceremonial y que ahora sea un trámite burocrático. Pero el problema nunca ha sido la forma de presentar las cuentas, sino el carácter del Poder Ejecutivo. Sea cual fuere el método de informar, bajo el sistema presidencialista la función de gobierno está conferida a una sola persona, mientras que la representación popular vive en permanente minusvalía, e incluso requiere una mayoría de dos tercios de sus integrantes para hacer valer sus propios proyectos de ley.

El informe del Ejecutivo viene de las monarquías constitucionales y fue asumido por las repúblicas junto con otras fórmulas tendientes a reducir las funciones de los parlamentarios. Esa división en la que cada poder (el Ejecutivo y el Legislativo) debe sostenerse por sí mismo no se convirtió en los hechos en una dictadura congresual, como se argumentó al principio al concederse a los representantes el control de ingresos y gastos o poder de bolsa. Por el contrario, el Ejecutivo tiene una enorme capacidad para brincarse el presupuesto e incluso para reducirlo en los hechos. Luego de eso, presenta cuentas y no ocurre absolutamente nada.

Quienes se lamentan de la cancelación de la lectura del informe en plenaria del Congreso consideran que hace falta escuchar los compromisos que desee hacer el presidente en turno, pero en realidad el informe fue instituido para entregar cuentas de la administración pública y no para conocer el programa del gobierno, aunque tampoco se impiden las promesas.

La cancelación de la visita anual del presidente al Congreso fue resultado de la crisis del presidencialismo exacerbado que el país sufrió durante muchos años, al tiempo que la oposición adquiría mucha mayor presencia en las cámaras. Desde 1979 se empezaron a intentar las interpelaciones al Ejecutivo durante la sesión del informe. Llegó un momento en que era mejor para el titular del Ejecutivo que se le impidiera hablar y que se aplicara a la letra el precepto que ordenaba la concurrencia del presidente y la presentación de un informe por escrito. Así sucedió.

Cuando el presidente concurría al Congreso, el informe se discutía en las cámaras de manera ritual y sin repercusiones; ahora que se envía por oficialía de partes todo es igual. En realidad, lo que está en crisis en México es el sistema político que opera bajo la simulación y la falta de discusiones verdaderas entre los partidos políticos.

La propuesta de crear un concejo de gobierno, integrado por los secretarios de despacho ratificados por el Congreso y presidido por el titular del Ejecutivo, fue rechazada tanto por el PRI como por el PAN. Ahora se propone para la Ciudad de México y creo que volverá a ser rechazado, porque no se advierte disposición de empezar siquiera a erosionar el molde presidencialista.

En cambio, el PAN, con apoyos en el PRD, pide la segunda vuelta en la elección presidencial, que no resuelve el menor problema, pero de seguro llevaría al país a votar en dos ocasiones para elegir a un presidente que tendría la misma fuerza política que en la primera de ellas, pues el sentido del segundo voto es algo obligado por la circunstancia.

Mejor sería terminar con el presidencialismo, modificar el sistema político del país para que el parlamento, conformado mediante la representación proporcional, formara gobierno. Con eso también se podría avanzar en lo tocante a los partidos políticos, los cuales asumirían la función de fuerza gobernante cuando estuvieran en mayoría y serían oposición reconocida cuando se encontraran en minoría. Los gobiernos de coalición serían posibles como pactos formales en el seno del Congreso para dar suficiencia parlamentaria al gobierno.

Claro, toda resolución del parlamento tendría que ser obligatoria para el Ejecutivo, integrado éste en un concejo en cuyo seno se adoptaran resoluciones legales de cara al país.

Abrir la política, pues. ¿Para qué volver a la parafernalia de la lectura presidencial? Mejor que se debata entre iguales.

“¿Cuál presidencialismo?”

Plan B por Lydia Cacho

Foto: quintanaroo.gob

No importa lo que digan, este PRI sí es nuevo, al menos en los estados de la República las transiciones políticas ya no son ni serán las mismas que antes del 2000 cuando Vicente Fox, de la mano del electorado, rompió la barrera del presidencialismo convencional.

Esta nueva oleada de virreyes y narcopolíticos lo quiere todo y no disimulan.

Cada vez que incrementan las violaciones a los derechos humanos, los secuestros, las violencias criminales alguien asegura: “Dicen que el presidente ya regañó al gobernador”; buena parte de la sociedad persiste en repetir el discurso del presidencialismo tradicional.

Pero la evidencia demuestra que Enrique Peña Nieto ha perdido por completo el control de sus propios gobernadores; la corrupción descarada no es punible desde la mirada de alguien que la ejerce con tanto descaro. Al habitante de Los Pinos le sirven los estados por sus maquinarias electorales bien afinadas, ellas son parte de un sistema que aún funciona mejor de lo que quisiéramos; por lo demás los deja gobernar como les place.

Esto viene a cuenta porque este año Sinaloa y Quintana Roo tienen elecciones para gobernadores, en ambos estados se cuecen habas: en el noroeste por la influencia evidente del cártel dominante cuyo líder, ahora libre, seguirá intentando gobernar municipios y el propio estado; allá la gente sueña con que un independiente les libre de una elección de Estado Criminal, pero todo indica que Manuel Clouthier, el único con la credibilidad y la preparación, no se lanzará este año. En Sinaloa se murmura que el asesinato del padre podría repetirse en el hijo si tiene la valentía. Esperemos que se equivoquen.

Sinaloa no es el único estado del país en que el homicidio de un candidato podría ser la salida de las mafias que han tomado el poder. El mes pasado una camioneta en la que viajarían el precandidato y subsecretario de Turismo, Carlos Joaquín González y su esposa, tuvo un aparatoso accidente carretero en una zona en la que los teléfonos celulares no tienen señal. Joaquín y su esposa decidieron de última hora no subir en el vehículo, nadie lo sabía. Casi inmediatamente que sucedió el trágico accidente que arrebató la vida a una familia local con la que se impactó la camioneta en la que supuestamente viajaría el candidato, los troles de redes sociales y algunos medios cercanos al gobernador acusaron de asesino al candidato. Aseguraron, sin una sola evidencia, que el chofer había huido de la escena, cuando en realidad los tripulantes estaban severamente heridos y uno de ellos quedó en coma. Nadie mencionó la presencia de un trailer que se lanzó contra la camioneta que terminó volteada en un vado.

Ahora la PGR ha recibido un informe detallado de los hechos que no coinciden en absoluto con la noticia original que parecía un copia-pega en los diarios pro-gobierno. Es bien sabido que Roberto Borge ha expresado frente a empresarios y políticos que jamás llegará al poder Carlos Joaquín; el gobernador incluso ha hostigado a empresarios que se han reunido con el hermanastro de Pedro Joaquín Coldwell, ex gobernador de Quintana Roo y actual Secretario de Energía.

La guerra intestina dentro del propio PRI en el estado hace cada vez más evidentes los alcances de las venganzas de cada grupo; el gobernador ha quemado a un candidato (Góngora) para proteger a otro (Toledo). Lo que le ocupa es que quede en su lugar uno de los suyos, que le proteja y evite que le investiguen cuando no tenga fuero. Teme que investiguen las desapariciones forzadas y el despojo multimillonario en Tulum y Majahual orquestado por él y su socio Félix González (ex gobernador del estado); teme que evidencien cómo secuestró al poder judicial y los 10 casos emblemáticos de tortura, entre ellos el de Héctor Casique Fernández y el de Pedro Canché. El primero sigue preso a pesar de la orden judicial de liberarlo, el segundo salió libre gracias a la organización internacional Article 19. Borge teme que se evidencien en un juicio todos los actos de corrupción, el robo de tierras, el aumento en el trasiego de drogas y de personas traficadas desde la frontera con Chetumal. Y porque teme, violenta y hostiga lo mismo a periodistas que a empresarios que no se cuadran a sus intereses. Ha gastado sumas multimillonarias para publicar panfletos y clonar medios a su antojo. Ha sometido al estado al peor endeudamiento de la historia para el estado que más recursos aporta al PIB nacional.

Mientras el PRI juega sus juegos mortales, Morena se ha convertido en Quintana Roo en la fuerza política más potente que hayamos tenido como oposición. Borge y sus actos de brutalidad han causado lo que el PRD nunca logró: unir a cientos de miles de personas jóvenes a sumarse a un partido opositor; si Morena no elige mal a su candidato tal vez le dé una sorpresa al país.

Resurge el presidencialismo metaconstitucional

Peña y Rivera en la presentación de los nuevos ministros de la Corte. Foto: Miguel Dimayuga Jesús Cantú

MÉXICO, DF (Proceso).- Desde inicios del presente sexenio aparecieron las primeras señales del resurgimiento del presidencialismo metaconstitucional: primero, con la firma del llamado Pacto por México, que le permitió al Ejecutivo desempeñar un papel decisivo en las reformas legislativas, aunque en algunos casos tuvo que hacer concesiones en las reformas constitucionales, que posteriormente se encargó de borrar en la legislación secundaria; dicha intromisión en el Legislativo se acrecentó a partir de septiembre de este año, cuando PRI y PVEM reúnen la mayoría de diputados; y el círculo se cierra con la intromisión en el Poder Judicial, con la designación de cuatro ministros del Pleno.

La división de poderes, tan preciada en los regímenes democráticos, se empezó a concretar en México en septiembre de 1997, cuando por primera ocasión en la historia contemporánea el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo cual tuvo de inmediato diversas expresiones, entre las cuales destacan la rotación de la presidencia de dicha cámara entre las tres principales fuerzas políticas, lo que provocó que diputados de partidos de oposición respondieran dos de los tres informes presidenciales, que correspondieron a dicha legislatura; y, desde luego, la confrontación respecto al tema del Fobaproa, que incluso derivó en una controversia constitucional, interpuesta por la propia cámara para exigir la entrega de la información en poder del Ejecutivo.

Esta independencia del Legislativo pronto se vio reflejada en el Poder Judicial, y su primera manifestación fue en septiembre de 2000, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Ejecutivo entregar a la Cámara de Diputados la información que requería respecto al Fobaproa. La primera ocasión en la historia que la Corte dictaba una resolución dándole la razón a la oposición, que en ese momento era mayoría en la cámara, y en contra del Ejecutivo federal.

La puerta ya estaba abierta, y después de dicho fallo puede constatarse que la Corte lo mismo fallaba a favor que en contra del Ejecutivo; entre los ejemplos en contra se encuentra la invalidación del reglamento a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en el que mediante un decreto el presidente Vicente Fox pretendía aumentar los porcentajes de las capacidades de exceso que los generadores particulares pueden vender a la Comisión Federal de Electricidad sin necesidad de subasta pública, o la facultad que se pretendió arrogar el mismo presidente respecto al horario de verano. A favor, aparece entre los más difundidos la controversia respecto a la facultad del presidente de vetar la Ley de Egresos, es decir, el presupuesto federal que se dio a partir del debate entre Ejecutivo y Legislativo sobre el presupuesto de 2005.

Pero la independencia de la Corte también permitió a las minorías parlamentarias interponer acciones de inconstitucionalidad y obtener fallos favorables, como fue el caso de la llamada Ley Televisa en 2006, que fue impugnada por un grupo de senadores de diversos partidos políticos que se oponían a la misma; finalmente la Corte les dio la razón invalidando varias disposiciones determinantes para los privilegios que los concesionarios pretendían obtener con dicha reforma legislativa.

Igual se pueden encontrar ejemplos de controversias constitucionales que interpusieron municipios contra gobiernos estatales y viceversa, o de gobiernos estatales en contra de la federación; o de acciones de inconstitucionalidad interpuestas por parte de los partidos en contra de la legislación electoral en los estados o de los órganos (Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Acceso a la Información, etcétera) y del consejero jurídico de la Presidencia en contra de leyes federales o estatales. Siempre bajo la lógica de incertidumbre en el resultado de la misma, pero la certidumbre de que la resolución obedecería a la interpretación mayoritaria en el pleno, sin ninguna interferencia ajena al mismo.

Esta independencia de los tres poderes es fundamental para evitar los excesos y abusos de cualquiera de ellos, particularmente el Ejecutivo y el Legislativo, y por ello es preocupante que el Ejecutivo logre recuperar esa influencia indebida en la Corte. En julio de 2012, cuando se celebró la elección presidencial ya rondaba el fantasma de la pérdida de independencia del Legislativo, ante la posibilidad de que la coalición que postulaba al candidato presidencial con mayores posibilidades de ganar obtuviera también la mayoría en el Congreso; pero se pensaba que prevalecería la del Poder Judicial, dado que el presidente que asumía en diciembre de 2012 únicamente nombraría dos nuevos ministros, con lo cual su posibilidad de cambiar la correlación del mismo era muy limitada.

Sin embargo, sucedieron dos eventos que modificaron radicalmente dicho panorama: uno, la cesión en los hechos de la facultad de postulación del entonces presidente Felipe Calderón, quien apuntaló a uno de los cuatro ministros provenientes del Ejecutivo; y dos, la muerte del Ministro Sergio Valls, lo que le permitió al actual presidente Enrique Peña Nieto proponer a cuatro ministros, en lugar de los dos que originalmente estaba previsto.

Hoy la conformación del pleno de la Corte (Proceso 2038 y 2041) evidencia diversos elementos que hacen temer la regresión: cuatro ministros provenientes del Ejecutivo y cuatro ministros propuestos por el mismo presidente; el principal problema es que para que prosperen las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales entre el Legislativo y el Ejecutivo se requieren ocho votos a favor, lo cual es imposible de lograr si el Ejecutivo tiene posibilidad de incidir en el sentido del voto de cuatro de ellos.

Así, las posibilidades de que en el futuro se logre una resolución que ordene al Ejecutivo entregar información al Legislativo, como sucedió en septiembre de 2000 o que la oposición logre la cancelación de disposiciones clave de una legislación, como sucedió en 2007 con la Ley Televisa, es prácticamente imposible.

A pesar de que la ciudadanía otorga menos de 40% de la votación al PRI, éste ha logrado tejer las alianzas y conseguir los apoyos suficientes para iniciar la restauración del presidencialismo metaconstitucional (pues a pesar de que Manlio Fabio Beltrones no es de su mismo grupo, nadie duda que finalmente se pliega frente a sus indicaciones) que ya parecía superado desde 1997 y más aún cuando el PRI fue relegado al tercer lugar en 2006.

Alertan contra ‘albazo’ en el Senado para designar ministros de la Corte

Gloria Leticia Díaz

Sánchez Cordero, Medina Mora y Silva Meza en la Corte. Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, DF (apro).- Organizaciones de derechos humanos alertaron sobre las designaciones de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Senado este martes 24 en fast track, sin un análisis cuidadoso de los perfiles de los candidatos y sin la participación de la sociedad civil.

En conferencia de prensa, defensores recordaron que el viernes 20 de forma arbitraria la mesa directiva adelantó las comparecencias de los aspirantes a las dos ternas de las que surgirán los sustitutos de Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza para este martes 24, y no a principios de diciembre, como estaba previsto en un acuerdo validado 24 horas antes por la Comisión de Justicia del Senado.

Las ternas enviadas por Enrique Peña Nieto al Senado el 13 de noviembre están compuestas por Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Judith Sánchez Valle, así como por Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Laynez Potisek.

El director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez, urgió a los senadores a “despolitizar el proceso y hacer una designación técnica para evitar la pérdida de la autonomía y la independencia” de la SCJN.

Tras señalar que durante el sexenio de Felipe Calderón la SCJN cumplió un papel muy importante para declarar inconstitucional “algunas medidas propias de derecho penal del enemigo”, Patrón llamó a “regular el procedimiento para acotar márgenes de presión y contubernios políticos en las designaciones”.

Patrón Sánchez alertó que de las figuras propuestas por Peña Nieto, resalta la de Alejandro Jaime Gómez Sánchez, extitular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), y a quien tocó atender el caso de la masacre de Tlatlaya en junio del año pasado, y que ameritó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enviara una recomendación, la 51/2014, por malos tratos y agresiones sexuales contra tres mujeres sobrevivientes de los hechos, así como por diversas irregularidades cometidas durante la integración de la investigación.

Para el director del Centro Prodh, organización que representa a una de las sobrevivientes, “quien haya podido tener una vinculación con violaciones a derechos humanos no puede formar parte del máximo órgano de control de constitucionalidad del país, no podemos seguir teniendo propuestas eternas sin motivaciones ni sustentos mínimos para asegurar autonomía frente al poder formal y poderes no estatales”.

Layda Negrete, de México Evalúa, resaltó que entre los integrantes de las dos ternas “ninguno cuenta con trayectoria en derechos humanos siendo un tema tan importante en México, eso habla de que la protección en derechos humanos no es prioridad para el presidente”.

Negrete alertó que los organismos de derechos humanos internacionales de la ONU y del Sistema Interamericano “tienen los ojos puestos en estas designaciones de la SCJN, pues hay antecedentes de la debilidad del proceso”.

La muestra clara de ello, dijo, es que “la laxitud y discrecionalidad del Senado” es parte de esa debilidad.

“El jueves teníamos una idea de cómo sería el proceso y 24 horas después ya lo habían cambiado, eso habla de la falta de garantías de imparcialidad del proceso, es deficiente, nos preocupa conservar lo que acordó la Comisión de Justicia, que recoge las opiniones de la sociedad civil y evitar que haya una designación fast track mañana (martes)”, apuntó.

Iván García Gárate, profesor de Derecho e investigador asociado de Borde Jurídico, apuntó que los candidatos para relevar a Sánchez Cordero y Silva Meza “son profesionales del Derecho que han trabajado desde el lado del Ejecutivo como magistrados en materia fiscal y administrativa, y en un caso un exprocurador”, lo que deja en duda su imparcialidad y autonomía.

Miguel Moguel, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, agregó que “la formulación de las ternas es potestad para el Ejecutivo sin la necesidad de razonarlas ni justificarlas ni dar argumentos, es un tema procedimental, ya que lo entrega al Legislativo y éste hace la designación”.

Moguel destacó que ante esas deformaciones es urgente “sumar esfuerzos para cambiar el método, impulsar una iniciativa para garantizar la autonomía e independencia de la SCJN, y buscar cómo hacemos vinculante las observaciones de la sociedad civil”.

Otras organizaciones que lanzaron la alerta de albazo legislativo son Artículo 19, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Designaciones Públicas, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Instituto de Justicia Procesal Penal y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

La Suprema Corte –sin lugar a dudas- está politizada y al servicio del poder

Suprema Corte al servicio del poder

Pedro Echeverría V.

Rebelión

1. La muy politizada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nunca ha sido independiente; desde que nació fue un instrumento del Estado al servicio de la clase dominante. ¿Qué han sido el gobierno, el poder legislativo, el ejército, la policía, los jueces, los tribunales, las cárceles, los medios de información, sino instituciones obligatoriamente al servicio del Estado capitalista? Ahora se tratará de evitar que evidentes priístas y panistas ingresen a la SCJN cuando ese órgano nunca ha contado con algún ministro independiente y quienes ingresan a él –por lo visto en 100 años- no han podido hacer otra cosa que subordinarse a las órdenes gubernamentales.

2. Pero estar en la SCJN por 15 años, cobrando seis o siete millones de pesos anuales por tres lustros -más prestaciones, regalos y recompensas- para sólo leer un discurso y levantar la mano (aunque crezca cada día más el odio del pueblo contra ella), es un enorme privilegio equivalente a los otros dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo, a los que podemos agregar ahora el Electoral, los medios de información y los llamados “poderes fácticos”. Si alguna vez en la historia ha sido beneficiado un pobre, ha sido por lo simple de su caso; pero nunca se verán casos grandes del Ejecutivo, Legislativo, de los empresarios, del PRI o del PAN sin apoyo de la SCJN.

3. Lo que ha sucedido es que la gente ilusa se confunde. Sin hacer ningún análisis de clase social cree que una institución política, económica, social, del Estado, cuando le beneficia personalmente es “buena” y cuando le perjudica es “mala”. Me recuerdan aquellas gentes individualistas y oportunistas que quieren que sus amigos suban al gobierno para beneficiarse personalmente o aquellos que quieren un presidente yanqui que beneficie a México. No tienen la mínima idea del bienestar colectivo y general. Sólo piensan en beneficio personal, individual, olvidando que existen otros seres humanos u otros países que más necesidades tienen.

4. En México deben desaparecer (o ser enterrados) por funestos todos los poderes. Si el pueblo trabajador estuviera consciente y organizado demostraría que ninguno le sirve y que como pueblo es capaz de autogobernarse. Parece que los cinco juntas de gobiernos zapatistas en Chiapas –los caracoles- es lo que nos han querido demostrar desde hace algunos años: la enorme capacidad de los indígenas, los campesinos, los proletarios, los perseguidos, los oprimidos, que son capaces de auto organizarse y dentro de la miseria que han vivido, pueden levantar su trabajo comunal, vivir de manera solidaria y en paz cuidándose permanentemente de agresiones externas.

5. Ninguna institución (mucho menos la SCJN que es la que se encarga de “hacer justicia”) dentro del sistema capitalista –porque de manera natural da prioridad al dinero y la ganancia- puede vivir fuera de la corrupción y los negocios. Hay algunos ejemplos que demuestran que hasta en la repartición de comida para los hambrientos, los refugiados y migrantes, no ha habido gobierno, empresario o negociante que no busque hacer trampa para quedarse con algo. No olvidan que en el capitalismo lo importante es hacer capital, enriquecerse de cualquier manera. ¿O, acaso, se van a tocar el corazón pensando en otros seres humanos?

6. Por ello los ministros de la SCJN tienen como base la “legalidad”, el respeto a la ley aunque ésta esté contra los seres humanos por estar fuera de tiempo y de la realidad. Beltrones, el nuevo presidente del PRI, al dar posesión a los directivos de su mafia, declaró que su partido seguirá apoyando a su candidato al cargo de la SCJN y, seguramente el PAN –integrante del “Pacto por México”- hará lo mismo. Ellos han sido los dueños del gobierno y en tanto no exista una radical y  fuerte oposición política, seguirán dominando todas las comisiones que se integren, aunque se diga que son órganos independientes del gobierno.

Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com