Los desfiguros del Tribunal Electoral

                                                                                 

Sesión del TEPJF realizada el 3 de agosto. Foto: Benjamín Flores

Por Jesús Cantú , (Proceso).- El pasado 30 de octubre, casi cuatro meses después de la jornada electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió anular los comicios para la renovación del ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, tras detectar irregularidades graves en el traslado, resguardo y custodia de los paquetes electorales. Este factor es –debe ser– motivo suficiente para hacerlo, siempre que se acrediten anomalías en más de 20% de esa paquetería o en un número tal que implique una cantidad potencial de votos superior a la diferencia entre el primero y el segundo lugares.

En este caso concreto, el boletín que emitió la autoridad jurisdiccional (porque a las 8 de la noche del 31 de octubre –casi 24 horas después de haberse votado– todavía no era posible acceder a la sentencia del Tribunal) incluía “la ausencia de contabilización de 28 paquetes electorales que representan una diferencia porcentual superior a la diferencia entre el primer y segundo lugar”, lo cual es cierto en la medida en que en cada casilla pueden sufragar 750 electores como máximo. Es probable que en los 28 paquetes –en el hipotético caso de que todos estuviesen al máximo– haya 21 mil votos y la diferencia máxima entre el primero y el segundo lugares haya sido de apenas 4 mil 679 votos; es decir, casi cuatro veces más.

Además, destaca que “la falta de 69 paquetes electorales al momento del cierre de las bodegas” agrandaría el número potencial de votos no contabilizados y, por ende, lo haría todavía más relevante.

El boletín puntualiza que los cuatro magistrados que votaron a favor del proyecto de resolución que decretó la nulidad de la elección “consideraron que tales irregularidades son determinantes”, porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar de la votación (4 mil 679 votos) es menor a un punto porcentual y, además, las irregularidades advertidas se dieron en un alto número de casillas instaladas, cuya votación recibida es significativamente superior a la diferencia mencionada.

El boletín es enfático al enumerar las irregularidades que llevaron a cuatro magistrados a votar a favor del proyecto de resolución, además de los aspectos ya señalados respecto a las casillas no contabilizadas y los paquetes faltantes: “violación de los principios constitucionales… las irregularidades en el traslado, resguardo y custodia de los paquetes electorales; las irregularidades durante la sesión de cómputo; la pérdida de paquetes electorales y el subsecuente recuento a partir de los encartes o lonas electorales”.

Hasta aquí la argumentación es totalmente válida y acorde con la normatividad vigente y la misma intención del legislador de garantizar que todos los votos cuenten y se cuenten y que el manejo de los paquetes electorales impida su vulneración.

Sin embargo, la forma en la que los magistrados construyeron el proyecto final, los precedentes de esta misma Sala Superior y la zigzagueante trayectoria del resultado de esta misma elección siembran muchas dudas sobre la actuación de los tribunales electorales. 

Respecto al proceso para la construcción del proyecto de resolución que finalmente obtuvo la mayoría de votos hay un hecho incontrovertible y verificable: los magistrados lo recibieron apenas 24 minutos antes de iniciar la sesión en la cual lo votaron; eso implicaba que ya no tenían oportunidad de leerlo y analizarlo, como merece cualquier resolución, según señaló en la misma sesión el magistrado Reyes Rodríguez al argumentar su voto en contra del proyecto. 

Por otra parte, la noche del martes 30 de octubre, minutos antes de que se conociera el nuevo proyecto, el periódico regiomontano El Norte divulgó en su página digital que los magistrados habían llegado a esa solución porque el primer proyecto, preparado por su compañero Felipe Fuentes y en el cual otorgaba el triunfo al candidato priista, obtenía el respaldo de dos magistrados, en tanto la magistrada presidenta Janine Otálora no quería emitir el voto decisivo.

En relación con los precedentes de la misma Sala Superior, el que más juega en su contra es la resolución en la que negaron la solicitud de nulidad de la elección de gobernador de Coahuila en 2017, en la que la misma autoridad electoral administrativa reconocía en un informe interno que 23% de los paquetes electorales (lo cual implicaba aproximadamente 835 de las 3 mil 627 casillas instaladas en esa ocasión) habían tenido alguna deficiencia en el proceso de armado, traslado y resguardo en una elección (Proceso 2125) que se resolvió por una diferencia de 2.39 puntos porcentuales entre el primero y el segundo lugares. 

En ese caso los magistrados argumentaron que todos estos problemas se habían subsanado (lo cual era imposible) en las sesiones de cómputo, pues si el paquete fue vulnerado, el insumo (boletas y actas) podían estar vulneradas.

Y, por si esto fuera poco, la Comisión Municipal de Monterrey otorgó el triunfo, al concluir la sesión de cómputo, al candidato panista, por una diferencia de 0.9 puntos porcentuales; el Tribunal Estatal Electoral revirtió dicho resultado al anular un número importante de casillas para dárselo al abanderado priista por apenas mil 129 sufragios que representaban el 0.2% de los sufragios; y la Sala Regional del TEPJF revocó dicha sentencia y le regresó el triunfo al blanquiazul (Proceso 2191).

Los cuatro elementos concatenados: un proyecto de resolución entregado menos de media hora antes de ser votado; la filtración de que existía un proyecto previo que no lograba reunir los votos necesarios; la inconsistente interpretación de la ley por parte de la misma Sala Superior; y el ir y venir de una constancia de mayoría, en función de que instancia administrativa y jurisdiccional resuelve el caso, hacen pensar más en que las filias de los magistrados son el elemento que domina sus decisiones, sin importar la letra o la interpretación de la ley. 

Lo que prevalece es su lealtad a la fuerza política que apoyó su designación; así, siempre buscan la forma de encontrar la disposición y la interpretación que les permita emitir el fallo que satisface a esa fuerza política. Las competidas y controvertidas elecciones locales (estatales y municipales) que se han celebrado en estos últimos dos años, tras la designación de los siete magistrados de la Sala Superior en octubre de 2016, han evidenciado –una y otra vez– este sesgo partidista.

Este análisis se publicó el 4 de noviembre de 2018 en la edición 2192 de la revista Proceso.

La controversia de Peña y la cadena de complicidades

                                                                                 

Peña Nieto. El descaro. Foto: Germán Canseco

Por Jesús Cantú  (Proceso).- Tras los escándalos de corrupción en los gobiernos estatales y, particularmente, la investigación desarrollada por la Fiscalía General de Chihuahua en torno a los desvíos de recursos del gobierno de César Duarte, es muy evidente que el PRI se apoyó en el financiamiento ilegal que le otorgaban los gobernadores de su partido para regresar a Los Pinos tras 12 años.

En 2000, cuando perdió la Presidencia de la República, el PRI gobernaba en 21 estados; sin embargo, en la misma elección perdió Morelos y unos meses después Chiapas, con lo cual se quedó al frente de 19 entidades que exprimió para complementar el financiamiento oficial. Aunque la ruta no fue en línea recta, pues los conflictos internos los llevaron todavía a perder otros gobiernos, para llegar a su punto más bajo en 2005, con 17; al año siguiente de la controvertida elección presidencial de 2006 los priistas empezaron a repuntar para llegar nuevamente a 21 en 2012 y empezar a descender en 2014, para caer hasta las 12 en las que serán gobierno al finalizar este año.

La vía para el desvío de los recursos se evidenció en diciembre del año pasado, cuando se conoció el expediente de Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación del gobierno chihuahuense, condenado a cuatro años de cárcel por desviar 246 millones de pesos. De acuerdo con el mismo expediente, los recursos extraordinarios que aportaba la federación –del llamado Fondo del Ramo 23– se destinaban a cubrir el dinero que se había distraído del presupuesto estatal para financiar las campañas electorales priistas. 

De esta forma se destinaba el monto de la aportación federal para el apoyo electoral, pero la Auditoría Superior de la Federación no podía identificarlo, porque lo único que revisaba era el destino de los fondos federales y esos sí estaban bien ejercidos; el mismo monto de recursos se desviaba del presupuesto estatal, pero eso quedaba impune porque los órganos superiores de fiscalización de los estados no cumplían con su labor fiscalizadora.

El mecanismo siempre debió ser el mismo. Lo que cambió a partir de diciembre de 2012 fue la complicidad federal, pues en los 12 años de gobiernos panistas los desvíos se hicieron sin el conocimiento de las autoridades federales; pero eso cambio al regreso del PRI. Sin contar con pruebas para sustentarlo, una hipótesis plausible es que así operaron, entre otros, los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Veracruz y Chihuahua para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y por ello gozan de la protección presidencial.

Una vez que recuperaron la Presidencia en 2012, se utilizó la misma vía para financiar las campañas de los candidatos priistas en los estados en los que eran oposición; eso fue lo que descubrió la fiscalía de Chihuahua y que la llevó a encarcelar a Alejandro Gutiérrez, mano derecha de Manlio Fabio Beltrones, particularmente durante su breve estancia en la dirigencia nacional tricolor.

Dado que Gutiérrez era la punta de la madeja que conduciría a Beltrones e, incluso, al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, desde el primer momento la PGR buscó atraer el caso, precisamente para impedir que el daño fuese mayor. 

El pasado 31 de agosto el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, a solicitud de la PGR, canceló el proceso por peculado contra Gutiérrez, con lo cual procedía liberar al inculpado para que enfrentara en libertad el proceso que tiene en el fuero común. Sin embargo, la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua interpuso un recurso ante la justicia federal, mismo que la magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México desechó el 27 de septiembre, por notoriamente improcedente, con lo cual se le tuvo que otorgar la libertad al día siguiente. 

Dado que Gutiérrez todavía enfrenta un proceso en el fuero común por un peculado de 1.7 millones de pesos, tiene que permanecer en Chihuahua y portar un brazalete para rastrear en tiempo real su ubicación. 

El mismo día de la liberación de Gutiérrez, el gobernador Javier Corral declaró: “Lo puedo decir con absoluta certeza: aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune; tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él, y es muy probable que sea la justicia de Chihuahua”.

A partir de esa declaración, el 11 de octubre la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó –según información publicada en el periódico Reforma– una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reclamar “posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales”.

Más allá de proteger a los funcionarios federales que se encuentren presuntamente involucrados, lo que esta acción legal pretende es evitar que la Fiscalía de Chihuahua cuente con información y pruebas suficientes para desentrañar toda la trama mediante la cual se desviaron recursos públicos para financiar las campañas electorales de los candidatos tricolores. 

La controversia es otra acción jurídica del gobierno federal para obstruir la acción de la justicia e impedir que se identifique a todos los involucrados y se evidencie la complicidad de las autoridades estatales y federales en estos desvíos.

La integración de la averiguación previa con todos los elementos permitiría demostrar que una parte importante de los recursos faltantes en las arcas públicas estatales fueron a parar a la campaña de Peña Nieto y a otras; seguramente todos los gobernadores acusados de desvíos aprovecharon esa puerta que les abrió el todavía presidente para apropiarse de cantidades adicionales para beneficio personal y de sus familias.

La controversia constitucional interpuesta por la Consejería Jurídica de la Presidencia es otra muestra más del absoluto descaro con el que están dispuestos a actuar con tal de proteger a sus cómplices y evitar la acción de la justicia. Otra muestra más de que en el presente sexenio la corrupción fue sistémica.

Este análisis se publicó el 21 de octubre de 2018 en la edición 2190 de la revista Proceso.

El trascendente reto de la Corte

                                                                                 

Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Foto: SCJN

Por Jesús Cantú(Proceso).- En junio del presente año, por unanimidad de votos, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenaron a la Procuraduría General de la República (PGR) crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia a fin de resolver la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; en aquella, debían participar representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y familiares de las víctimas.

Esmeralda de Troitiño, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa, así como exintegrante del Poder Judicial de Panamá, al conocer la resolución del tribunal colegiado señaló: “Lo valioso hoy del Estado mexicano es que su sistema judicial alcanza una sentencia que yo, como exmiembro de la justicia de mi país, reconozco como trascendente”.

Sin embargo, la sentencia fue impugnada por todos los actores que jurídicamente estaban facultados para hacerlo –la PGR, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la CNDH y la Cámara de Diputados–, por considerar que viola la Constitución, según la cual la única instancia que puede investigar los delitos es el Ministerio Público 

Más allá de las cuestiones de interpretación de la constitucionalidad de la sentencia, la interposición del recurso por parte de tres de los cuatro actores puede explicarse porque están directamente implicados en ella: PGR y Presidencia, porque en la misma sentencia se desvirtúa la investigación que condujo a la llamada “verdad histórica”, y la CNDH, porque la incorpora a la comisión y ensancha sus facultades. No es el caso de los legisladores, cuya única motivación puede ser la estrictamente jurídica.

El tribunal sustenta su instrucción de incorporar a representantes de  los familiares de las víctimas y de la CNDH en la falta de independencia de las autoridades ­encargadas de procurar justicia, ya que omitieron explorar diversas líneas de investigación plausibles y recurrieron a la tortura para obligar a varios de los acusados a autoincriminarse; también tiene reservas sobre los cuerpos encargados de la seguridad en los tres órdenes de gobierno, pues hay indicios de responsabilidades directas de policías municipales, estatales y federales, así como del Ejército y la Marina.

En estas condiciones, el tribunal colegiado optó por crear esta comisión de la verdad y recurrir a peritos independientes nacionales y extranjeros, los cuales, estableció puntualmente, tendrán “libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que estimen pertinente, en especial donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se pueden encontrar los estudiantes desaparecidos, o vestigios que aporten información sobre su paradero, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”.

Puesto que es una instancia del Poder Judicial la que ordena el establecimiento de esta comisión (en la que sí participa el Ministerio Público Federal pero en la que tendrán un espacio privilegiado un órgano del Estado Mexicano ajeno a la PGR, como es la CNDH, y representantes de los familiares de las víctimas, ciudadanos mexicanos pero ajenos totalmente a cualquier entidad pública), las pesquisas que ésta realice formarán parte de la averiguación previa que permita hacer la consignación ante las autoridades judiciales. En los hechos respeta el monopolio del ejercicio de la acción penal para el Ministerio Público, pero para la integración del expediente tiene que acatar las instrucciones de los miembros externos de la comisión e incorporar los peritajes de expertos independientes, con lo cual la carpeta que se consigne ante el Poder Judicial será el producto de este cuerpo colegiado mixto (miembros del MP y ajenos).

Por consiguiente, los alcances de esta Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia son mucho mayores que los de una Comisión de la Verdad creada ­desde el Poder Ejecutivo; las de este último género tienen facultades de investigación más limitadas y su informe no se integra al expediente que se consigna ante al Poder Judicial, es decir, su impacto se da mayormente sobre la opinión pública (nacional e internacional) y contribuye a esclarecer la verdad, aunque no necesariamente tiene efectos jurídicos para lograr la justicia.

Situación totalmente distinta es la de la comisión ordenada por el tribunal colegiado, pues su objetivo es precisamente la reposición del procedimiento de integración del expediente que se consignará ante al Poder Judicial, con lo cual sí tiene efectos jurídicos. Su función no es elaborar un informe, sino integrar una averiguación previa, y su producto no es un informe que se presenta ante la opinión pública, sino un expediente.

En estas circunstancias el pleno de la Corte tiene en sus manos la ratificación o revocación de una sentencia que ciertamente transformaría la procuración de justicia en México, pues en la práctica terminaría con el monopolio del MP para ejercer la acción penal. En los hechos la ratificación de la sentencia, aunque pueda hacerlo con algunos matices o ajustes de forma, podría tener un impacto mayor sobre la procuración de la justicia en México que la propia creación de la Fiscalía General de la República.

En julio último, un mes después de emitida la sentencia, el Tercer Tribunal Unitario, también con sede en Reynosa, les dio la razón a los quejosos y consideró que la sentencia es jurídicamente imposible de cumplir, como sostiene la PGR; pero en septiembre el mismo tribunal colegiado que emitió la sentencia ratificó que sí hay fundamento constitucional para crear la comisión, aunque consideró que la inejecución de la misma era excusable por la resolución del tribunal unitario.

Eventualmente una resolución favorable a la sentencia del tribunal colegiado por parte de la Corte también implicaría la destitución y consignación de los funcionarios directamente implicados en el desacato; pero esa sería una cuestión incidental, toda vez que el impacto trascendente sería abrir la puerta a terceros –ajenos al Ministerio Público– a la procuración de la justicia. 

Dado el compromiso que el presidente electo hizo con los familiares de los desaparecidos en días pasados, es un hecho que en este caso habrá Comisión de la Verdad, pero sus alcances e impactos dependen de la decisión de la Corte; su resolución puede transformar radicalmente la procuración de justicia en México o mantener el statu quo.

Este análisis se publicó el 14 de octubre de 2018 en la edición 2189 de la revista Proceso.

Ayotzinapa y los errores de Peña Nieto

Ayotzinapa. Investigación estancada. Foto: J. Raúl Pérez

Por Jesús Cantú , (Proceso).- A cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, únicamente hay tres certezas: la cadena de errores que ha cometido el gobierno federal en relación con las investigaciones de los hechos; la indignación que desataron en México y el extranjero; y la persistencia de los padres de los estudiantes en la búsqueda de la verdad y la justicia.

Los yerros empiezan en la valoración misma de los acontecimientos, pues en un primer momento el presidente Enrique Peña Nieto pretendió minimizarlos y delegó totalmente la responsabilidad de las investigaciones a las autoridades estatales. Fue hasta una semana después, cuando José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, ya había huido, que la Procuraduría General de la República atrajo la investigación.

Casi un mes después, el 23 de octubre de ese año, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ante la indignación nacional e internacional, se vio obligado a solicitar licencia a su cargo; y dos semanas después, el 7 de noviembre, en rueda de prensa el entonces procurador Jesús Murillo Karam pretendió cerrar el caso anunciando su llamada “verdad histórica”, según la cual los estudiantes habrían sido cremados por el cártel Guerreros Unidos, en el basurero municipal de Cocula, Guerrero.

El 11 de noviembre, cuatro días después de la declaración de Murillo Karam, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) señaló que no se había confirmado que los restos hallados en el basurero y otras fosas de Guerrero correspondiesen a los de los estudiantes desaparecidos. El 18 de noviembre, el gobierno federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron conformar un grupo de expertos internacionales que acompañaran las investigaciones de las autoridades mexicanas en relación con este caso.

El 27 de noviembre, apoyado centralmente en la “verdad histórica”, Peña Nieto presentó un plan para combatir la inseguridad, orientado a la creación del llamado mando único con el fin de eliminar las policías municipales, conformar una corporación de nivel estatal y crear una coordinación única nacional. Dicho plan nunca se pudo concretar a pesar de la insistencia del presidente.

El 6 de diciembre el EAAF confirmó que el fragmento de hueso hallado en una fosa común pertenecía a uno de los estudiantes. El 16 de enero del 2015 se anunció a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que auditaría las investigaciones de la PGR.

El 6 de septiembre de ese mismo año, el GIEI dio conocer su informe en el que rechazó la versión de la PGR y contundentemente afirmó: “…no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014… Toda la evidencia recolectada muestra que en el basurero municipal de Cocula sólo se han dado fuegos de pequeñas dimensiones cuya temporalidad no puede ser debidamente definida”.

Dicho informe también estableció una serie de recomendaciones (Proceso 2030) para continuar las investigaciones y desentrañar la verdad. Esto dio pie a que se concretara un nuevo acuerdo para que el grupo continuara su trabajo durante seis meses más; en víspera de que concluyera el plazo, el 1 de abril de 2016, la PGR dio a conocer un nuevo dictamen sobre el incendio del basurero, de otro experto, en un intento de descalificar el primero realizado por el GIEI. El grupo de expertos concluyó sus labores en México y el gobierno de Peña Nieto pretendió nuevamente cerrar el caso.

Pero el 4 de junio de este año, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito emitió una sentencia en la que ordenó crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, “como un procedimiento alternativo para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR”. En dicha comisión deberán participar las víctimas, sus representantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacionales. El 22 de junio, la PGR impugnó dicha sentencia y la semana pasada, el 21 de septiembre, el mencionado tribunal la confirmó, así que lo único que queda es cumplirla.

El 26 de septiembre, justo en la conmemoración del cuarto aniversario de los trágicos acontecimientos de Iguala, el juez primero de Procesos Penales Federales en Matamoros ordenó la liberación de ocho integrantes de Guerreros Unidos acusados del asesinato y quema de los normalistas. El gobierno federal ha sido incapaz de resolver el caso y ha fracasado en sus intentos de imponer su “verdad histórica”.

En octubre de 2015, Zeid Ra’ad Al Hussein, entonces Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, señaló que el caso Ayotzinapa “representa un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera particular, pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero”.

Días antes, el 2 de octubre de 2015, Rose-Marie Belle Antoine, entonces presidenta de la CIDH, al dar a conocer el informe preliminar de la visita que hicieron representantes del organismo para constatar cuál era la situación de los derechos humanos en México, señalaba: “Los problemas descritos son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas. El día de hoy se cumple el 47° aniversario de la masacre ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La masacre continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual del total de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto.”

Tres años después aún predominan la impunidad y las violaciones a los derechos humanos; ningún avance se ha logrado en la resolución de los dos hechos a los que hacían referencia los dos altos funcionarios de derechos humanos de los organismos internacionales. Las heridas se mantienen abiertas y en ninguno de los dos se conoce todavía la verdad y, mucho menos, se ha logrado la justicia.

Aunque ambos casos son los más presentes en la memoria colectiva, son muchos más los que están exactamente en las mismas condiciones y es imperativo resolverlos para avanzar en la construcción de un México más justo, libre, pacífico y democrático.

Este análisis se publicó el 30 de septiembre de 2018 en al edición 2187 de la revista Proceso

La importancia de los plurinominales

     

Votación en la Cámara de Diputados. Foto: Benjamín Flores

Por Jesús Cantú , (Proceso).- Los legisladores plurinominales son muy satanizados en México; se afirma que llegan sin necesidad de hacer campaña ni de apoyo ciudadano, sino simplemente porque fueron designados por la dirigencia de su partido político. Eso es cierto en las condiciones actuales del sistema electoral mexicano; sin embargo, juegan un papel fundamental para limitar la sobrerrepresentación de los partidos con mayor participación electoral.

Si desaparecieran los 200 diputados de representación proporcional, como proponen algunos analistas políticos, comentaristas de medios de comunicación y una buena parte de la ciudadanía, en la elección intermedia de 2015, con escasamente 31.5% de los votos el PRI hubiese tenido la mayoría en la Cámara de Diputados, con 155 legisladores, que representan 51.66% de los 300 diputados que la integrarían, es decir, una sobrerrepresentación de 24 puntos porcentuales. Con menos de la tercera parte de los votos el PRI se hubiera hecho de más de la mitad de los diputados. De ese tamaño sería la distorsión de la voluntad popular.

El impacto todavía sería mayor en el proceso electoral todavía en curso, pues la coalición Juntos Haremos Historia, que postuló a Andrés Manuel López Obrador como su candidato a la Presidencia de la República, obtuvo 45.7% de la votación en la elección de diputados, pero ganó 218 diputados de mayoría relativa, lo que es el 72.7% de los 300 diputados electos por dicho principio. Con menos de la mitad de los votos tendría casi las tres cuartas partes de los legisladores.

Si el sistema electoral mexicano contemplase únicamente el sistema de mayoría relativa y la coalición electoral trascendiese al ejercicio de la función pública, con menos de la mitad de los votos tendrían la posibilidad de reformar la Constitución sin necesidad del apoyo de ningún otro legislador, pues tendrían la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados (72.7% de los legisladores), en el Senado (78.1%) y la mayoría en 19 congresos estatales.

La inclusión de la representación proporcional en la llamada Cámara Baja, aunque permite una sobrerrepresentación de hasta ocho puntos porcentuales, es lo que hace que la coalición únicamente tenga 306 diputados, que representan 61.2% de ellos, con lo cual para modificar la Constitución requieren todavía de 27 diputados ajenos a la coalición.

Mientras tanto, en el Senado es la primera minoría la que introduce un mayor equilibrio. Dado que la distribución de la lista nacional no contempla para nada los senadores ganados por mayoría o primera minoría, contribuye poco a disminuir la sobrerrepresentación. En este caso el mayor distorsionador es la adjudicación de dos senadores de mayoría relativa con una sola victoria, pues si este fuese únicamente el método, la coalición Juntos Haremos Historia tendría 50 senadores, que representarían 78.1% del total de 64 que tendría la llamada Cámara Alta, con apenas 46.3% de la votación, es decir, con menos de la mitad de los votos obtendría más de las tres cuartas partes de las curules.

Es decir, con la primera minoría gana otros cinco senadores, lo que hace un total de 55, que representa 57.3%, de 96; y con la representación proporcional, otros 14 que lo llevan a 53.9% de los 128 que tiene la cámara. De una sobrerrepresentación de 31.8 puntos porcentuales, si únicamente existiese la mayoría relativa, se reduce a 11 puntos con la primera minoría y a 7.6 puntos, con la representación proporcional.

La revisión de lo que sería la conformación de las cámaras demuestra que un sistema únicamente de mayoría relativa, como muchos pretenden, no correspondería para nada a la voluntad ciudadana, pues los partidos con mayor participación electoral estarían sobrerrepresentados muy desproporcionadamente.

No obstante, este análisis también permite identificar que la situación actual tampoco se apega fielmente a la voluntad popular. En el caso de la Cámara de Diputados es evidente que las coaliciones permiten burlar la ley y multiplicar la sobrerrepresentación máxima establecida en la Constitución, al multiplicarla por el número de partidos que conforman la coalición, es decir, a cada partido en lo individual le están permitidos ocho puntos de sobrerrepresentación, por eso los dos partidos de la coalición mayoritaria que conservaron el registro (Morena y PT) lo consiguen y logran 15.5 puntos de sobrerrepresentación.

La mejor opción para corregir esta distorsión es no permitir nada de sobrerrepresentación, lo cual hubiera llevado a que los partidos que integraron la coalición tuvieran nada más 229 diputados, es decir, 45.8% de los legisladores con 45.7% de los votos.

Mientras tanto, el único sentido que debería tener la lista nacional de senadores,­ que permite elegir a otros 32 legisladores, es lograr que el porcentaje de curules y de preferencia electoral sean casi idénticos, con lo cual a la coalición que obtuvo la mayor preferencia electoral (46.3% de los votos) le hubiesen correspondido únicamente cuatro senadores de la lista para hacer un total de 59, que representan exactamente 46.1% del Senado.

La función del sistema electoral de representación proporcional es precisamente la de tratar de acercar al máximo el porcentaje de votación al porcentaje de legisladores y, por lo tanto, no tiene razón de ser la sobrerrepresentación. La norma constitucional que permite un máximo de ocho puntos porcentuales se estableció en la reforma de 1996 porque el PRI (en ese entonces todavía partido hegemónico con mayoría absoluta en el Congreso) pensaba que con ello aseguraba la mayoría en la Cámara de Diputados, lo cual no sucedió en la elección de 1997, cuando por primera ocasión la perdió. Hoy no tiene sentido.

En el caso del Senado, es absurdo mantener la lista nacional si no sirve para acercar al máximo el porcentaje de preferencia electoral al de estos legisladores, así que en ese caso las opciones son: eliminar la lista nacional y reducir a 96 el número de senadores, o bien dejarla para corregir las distorsiones provocadas por el sistema de mayoría relativa que no alcance a corregir la primera minoría.

Los plurinominales permitieron mitigar pero no corregir las distorsiones del sistema de mayoría relativa; es conveniente contemplar una reforma para eliminar la sobrerrepresentación, dejar la proporcionalidad pura y, por ende, representar lo más fielmente posible la voluntad ciudadana en la integración del Congreso.

Este análisis se publicó el 29 de julio de 2018 en la edición 2178 de la revista Proceso.

Más allá de las encuestas

     

Encuesta de BGC

Por Jesús Cantú  (Proceso).- Invariablemente en cada proceso electoral se ponen en duda los resultados que arrojan las encuestas de preferencia electoral y se critica a la autoridad en la materia por no hacer nada para impedir que se divulguen algunas de éstas que discrepan notablemente de la mayoría y, todavía peor, que quedan muy alejadas de las cifras arrojadas por los cómputos de los votos el día de la jornada electoral.

Este proceso no ha sido la excepción; sin embargo, han surgido algunos ejercicios muy interesantes que vale la pena analizar con más detenimiento, ver qué enseñanzas se obtiene de ellos y, por supuesto, cómo se pueden perfeccionar y potenciar.

Uno de estos ejercicios es la llamada “encuesta de encuestas”, que toma las bases de datos de esos estudios demoscópicos (en el caso de México, todas las registradas ante el Instituto Nacional Electoral; por ende, las bases de datos son públicas) y que, por medio de metodologías diversas, llega a una especie de promedio (que no es tal estrictamente porque no se limita a sumar los resultados de todas las encuestas y luego dividirlo entre el número de las mismas), con lo que se logra mitigar los sesgos involuntarios o errores de cada una de ellas, así como lograr cifras más cercanas a los resultados finales. El problema de estos ejercicios es que siguen utilizando las bases de datos de encuestas que no gozan de toda la credibilidad.

En estos momentos hay al menos cinco ejercicios que están haciendo esto para las elecciones mexicanas del próximo 1 de julio: Oraculus, Bloomberg, El País, Gppolls y Numérika. Todos ellos coinciden hasta ahora en el orden de las preferencias electorales para los cuatro candidatos presidenciales, en los rangos de votación esperada para cada uno de ellos y hasta en las diferencias entre el primero y el segundo lugar, y el segundo y el tercero, en este último punto salvo el caso de Bloomberg, que cierra más la disputa por el segundo lugar y aleja más al segundo y tercero del primero.

El segundo ejercicio fue la encuesta que ordenaron la Coparmex y la Fundación Este País, ya que presenta aspectos que vale la pena analizar con más detenimiento: primero, el contratar a dos casas encuestadoras de reconocido prestigio; segundo, el comprometerlas a que, además de realizar su levantamiento, realizaran una verificación cruzada del trabajo de campo del otro; y, tercero, el tamaño de la muestra. La publicidad de la base de datos, que es importante, ya no es novedad porque es obligatoria por disposición de ley.

Los resultados de esta encuesta, dados a conocer el martes 12, precisamente el mismo día que se celebró el tercer y último debate entre los cuatro candidatos presidenciales, también son muy coincidentes con los de los ejercicios anteriores; sin embargo, ubican al puntero (Andrés Manuel López Obrador) ligeramente por encima del rango superior; al segundo lugar (Ricardo Anaya) dentro de los rangos de los ejercicios ya comentados, y al tercer lugar (José Antonio Meade) ligeramente debajo de esos rangos.

Estos resultados hacen que la diferencia entre el primero y el segundo lugar se ubique un poco por encima de los otros ejercicios, salvo en el caso de Bloomberg, que es todavía mayor, y que la diferencia entre el segundo y el tercero sea superior a todos los ejercicios, con lo cual elimina la competencia por esa posición, que es precisamente donde más controversia hay.

Los dos ejercicios son dignos de reconocimiento porque pretenden arrojar luz sobre un tema que ha sido muy controvertido desde que las elecciones se consolidaron como la vía para designar a las autoridades en 1997, y también atemperar los ánimos de los actores políticos y de la ciudadanía en general.

Pero igualmente vale la pena voltear hacia otros países; un caso que destaca por la permanencia y profundidad del ejercicio es el de Estados Unidos, que realiza estudios antes y después de las elecciones desde 1948, no únicamente con el ánimo de conocer las preferencias electorales, sino de entender por qué sus conciudadanos votan como lo hacen.

A pesar del conocido fracaso de la mayoría de las encuestas en la pasada elección presidencial, hay varios aspectos que vale la pena destacar. Primero, la existencia de una organización de académicos de diversas universidades estadunidenses que diseñan, implementan y supervisan todo el proceso; segundo, el compromiso de dos universidades (las de Michigan y Stanford) de aportar fondos propios o de terceros para los estudios; tercero, el mantener la comparabilidad en el tiempo, y cuarto, la disponibilidad pública de todas las bases de datos, con lo cual cualquiera puede tener acceso a las mismas y realizar investigaciones.

En México lamentablemente no hay ningún esfuerzo similar y de hecho no hay ninguna universidad pública ni privada que realice sistemáticamente ese tipo de ejercicios, con lo cual les dejan el terreno libre a las casas encuestadoras y a algunos medios de comunicación; esto baja un poco el rigor metodológico y reduce el tamaño de las muestras de las encuestas, pues el factor económico se vuelve determinante.

Una vez que la democracia electoral se ha consolidado en México (más allá de todas las interferencias ilegales que persisten, como la compra y coacción del voto), es el momento de pensar en la realización de proyectos de investigación con mayor rigor metodológico y que, al mismo tiempo que permitan conocer más al votante mexicano, contribuyan a erradicar las prácticas ilegales o irregulares que todavía inciden en ejercicio del voto y distorsionan los resultados electorales.

Lo ideal sería que un proyecto de esta naturaleza surgiera de un consorcio de universidades públicas y privadas y contara con el apoyo de las autoridades electorales; éstas no deberían intervenir para nada en las cuestiones metodológicas, pero sí aportar fondos (como lo hacen con la observación electoral) para financiar los proyectos que diseñen libremente los académicos. 

Los estudios que emanen de un ejercicio de esta naturaleza serían un referente para el resto de las encuestas, pero además serían un insumo invaluable para los hacedores de las políticas públicas, incluyendo los legisladores que hoy proponen y aprueban reformas legales, en muchos de los casos sin ningún soporte sólido y con rigor científico.

Este análisis se publicó el 17 de junio de 2018 en la edición 2172 de la revista Proceso.

ASF: otra pieza para el blindaje de Peña

Muna Dora Buchahin Abulhosn, exdirectora general de Auditoría Forense de la ASF.

 Foto: Especial

Por Jesús Cantú (Proceso).- El presidente Enrique Peña Nieto piensa que puede eludir la acción de la justicia si debilita a las instituciones encargadas de sancionar los actos de corrupción. En mayor o menor medida, muestran las huellas de sus embestidas las seis entidades públicas incluidas dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y el Consejo de la Judicatura Federal.

Esto es sobre todo evidente en los siguientes casos: En el de la fiscalía anticorrupción, no ha sido posible designar a quien deberá ser titular transitorio hasta el 30 de noviembre de este año; en el de la Fiscalía General de la República, tampoco fue posible avanzar; por lo demás, fue muy cuestionada la designación del nuevo titular de la ASF, y en cuanto al TFJA sus nuevos magistrados se designaron con el voto favorable de sólo 49 senadores (apenas 38% de los 128 integrantes del Senado) en una de las últimas sesiones del último período.

En lo que respecta a la Fiscalía General, la injerencia presidencial provocó la movilización de un grupo de organizaciones de la sociedad civil en el movimiento denominado Fiscalía que Sirva, a fin de solicitar la reforma al artículo 102 de la Constitución para establecer un procedimiento de designación de su titular que garantice su independencia del presidente. Aunque no se ha podido avanzar en la creación de la mencionada fiscalía ni en la designación de un fiscal anticorrupción, la Procuraduría General de la República opera bajo el mando de un encargado de despacho que descabezó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y frenó todas las investigaciones vinculadas a la corrupción, particularmente las relacionadas con el caso Odebrecht.

La Fiscalía Anticorrupción y el TFJA son particularmente importantes porque serán las instancias responsables de sancionar por la vía penal y administrativa los actos de corrupción. En lo que atañe a la primera, su intento de dejar a un fiscal a modo (conocido popularmente como “fiscal carnal”) no prosperó y puede pagar caro su desmesura, pues las posibilidades de designarlo en la actual Legislatura ya son mínimas.

En el caso del tribunal, logró operar de último minuto, el 25 abril, en la antepenúltima sesión ordinaria de la actual Legislatura, la aprobación de los magistrados propuestos por el presidente de la República para integrarlo y asegurar la llegada de jueces afines al actual gobierno.

Mientras tanto, la ASF en lo general ha sido eficaz para detectar los delitos e irregularidades que se cometen en las entidades obligadas, incluyendo el ejercicio del gasto público federalizado en las entidades; pero sus denuncias y recomendaciones han sido prácticamente ignoradas por los órganos de control internos, responsables de sancionar las faltas administrativas hasta antes de la creación del SNA, y por los ministerios públicos, tanto federal como estatales, encargados de integrar las averiguaciones previas para consignar ante el Poder Judicial.

Por ello la designación del nuevo titular de la ASF, al concluir el período constitucional de Juan Manuel Portal, era crucial porque del buen desempeño de dicha instancia depende en gran medida la posibilidad de sancionar los actos de corrupción, ya que la ASF es la responsable de identificarlos y denunciarlos ante las instancias correspondientes.

Peña Nieto lo sabía y sus diputados operaron para conformar una terna a modo. A partir de la misma designaron a David Rogelio Colmenares Páramo, priista que fue secretario de Finanzas del gobierno de Oaxaca durante el mandato de Heladio Ramírez, de 1986 a 1992, y aspiró a suceder a su jefe. También fue representante del gobierno de Oaxaca en el entonces Distrito Federal (1998-1999) durante el gobierno de José Murat, y director de Administración y Finanzas de Liconsa (1995-1998).

En apenas dos meses al frente de la ASF Colmenares ya removió a tres de los cuatro titulares de las Auditorías Especiales (las de Cumplimiento Financiero, Desempeño y Gasto Federalizado), movimientos que pasaron prácticamente de­sapercibidos, hasta que removió la semana pasada a la directora general de Auditoría Forense, Muna Dora Buchahin Abulhosn. Entre otras cosas, esta funcionaria fue la responsable de realizar la auditoría que permitió denunciar la llamada “estafa maestra”, que hasta la fecha alcanza un monto de 7 mil 700 millones de pesos e involucra a funcionarios de la Sedesol, Sedatu, universidades públicas y particulares involucrados como supuestos proveedores.

Buchahin hizo pública una carta en la que cuestiona la decisión de separarla de su cargo sin razón explícita, así como la negativa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF a realizar otras dos auditorías forenses a la Sedatu a partir de denuncias documentadas, a pesar de los graves antecedentes.

El nuevo titular de la Auditoría Especializada en Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, justifica la separación de Buchahin por un presunto conflicto de interés y, eventualmente, en un presunto desvío de recursos humanos.

Sin embargo, los cuestionamientos de conflicto de interés ya se habían expuesto en la Cámara de Diputados, cuando el propio Lozano compareció ante la Comisión de Vigilancia, que entrevistaba a los candidatos a ocupar el cargo de auditor superior. Los atajó de la siguiente manera:

“Tengo que decir: no litigamos, no vendemos consultorías, auditorías a los gobiernos de estados, no hacemos libros blancos, no ofrecemos asesorías de solventación de auditorías, no ofrecemos intervención ante ningún organismo…lo que hemos hecho 10 años es difundir la educación y hacer capacitación antifraude, que es un capítulo internacional que tuvimos la oportunidad de fundar con el auditor Portal en México… Entonces, yo no veo ningún conflicto de interés”. Añadió que la labor de Buchahin en la organización de la sociedad civil era pro bono y que eso estaba permitido.

Si efectivamente existe presunción de algún tipo de conflicto de interés o desvío de recursos, debe solicitarse la intervención de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, responsable de iniciar la investigación y fincar las responsabilidades, lo que según Lozano ya hizo; pero en ese caso hay que esperar el dictamen correspondiente y no adelantarse a las actuaciones de la misma y despedir a Buchahin.

Todo apunta a que el nuevo auditor se dispone a integrar un equipo a modo para intentar proteger al actual presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete; es una pieza más de este blindaje que el titular del ejecutivo pretende construir para evadir la acción de la justicia.

Este análisis se publicó el 10 de junio de 2018 en la edición 2171 de la revista Proceso.

Declaratoria oficial de incapacidad

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. 

Foto: Miguel Dimayuga

     Por Jesús Cantú  (Proceso).- Aterra la declaración del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida,­ de que hay “un crecimiento inusitado en índices delictivos de alto impacto en diversas regiones del país”, así como su intento de eludir su responsabilidad en ese fenómeno al repartir las culpas a los otros dos poderes (Legislativo y Judicial), así como a los gobiernos estatales y municipales.

La posición del gobierno federal de repartir las responsabilidades es exactamente la misma desde el inicio del sexenio, pero lo que resulta aterrador es que hoy, más de tres años y ocho meses después de que se inició la nueva tendencia alcista en los delitos de alto impacto –tiempo al que le antecedieron dos años de decrecimiento–, el responsable de la seguridad interior se asombre de lo que sucede.

El punto de inflexión se encuentra en el catastrófico septiembre de 2014, cuando Esquire México y el portal de Proceso divulgaron la versión de un testigo sobre la matanza de 21 jóvenes que perpetró el Ejército en Tlatlaya, Estado de México; unos días después, el 26 de septiembre, se perpetró la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los dos hechos sacudieron a la opinión pública mexicana y mundial, y fueron el preludio para que en abril del año siguiente se revirtiera la tendencia del índice de homicidios dolosos; desde entonces, los impactos del crimen organizado se mantienen al alza.

Tampoco resulta inusitado, como señala el titular de la Secretaría de Gobernación, que la violencia se recrudezca en año electoral, pues desde la elección de 2006 (hace 12 años) sucede exactamente lo mismo, con la única salvedad de la elección presidencial anterior (en 2012), cuando sí hubo una baja en los índices delictivos tras el cruento 2011. Y, por supuesto, el escalofriante 1994 es inolvidable (Proceso 2169).

En octubre de 2016, hace año y medio, en este espacio alertaba precisamente sobre lo que hasta ese momento indicaban las cifras oficiales: “…en 2014 se perpetraron 20 mil 10 homicidios dolosos; en 2015, 23 mil 63, y en los primeros siete meses de este año, 12 mil 376; en julio la cifra llegó a 2 mil 73, la segunda más alta desde agosto de 2012” (Proceso 2084).

Y resaltaba: “Hasta el último día de julio, son escalofriantes los saldos de esta guerra contra el narcotráfico (declarada en diciembre de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón): 197 mil 225 homicidios dolosos (121 mil 923 en el sexe­nio calderonista y 75 mil 302 durante el de Enrique Peña Nieto (hasta julio de este año), amén de 215 militares abatidos por la delincuencia organizada (158 con Calderón y 57 en el actual), y 82 alcaldes asesinados”.

En marzo del año pasado señalaba en mi colaboración: “Los datos del Inegi se inician en 1990 y muestran que los homicidios y la tasa por cada 100 mil habitantes mantuvieron una tendencia a la baja entre 1992 y 2005, repuntaron en 2006 y posteriormente llegaron a su índice más bajo, con 8 mil 867 en 2007 y una tasa de apenas 8 por cada 100 mil habitantes; sin embargo, en 2008 volvieron a incrementarse y en 2011 alcanzaron su nuevo pico. Pese a la tendencia a la baja en el último año del sexenio anterior y los dos primeros de éste, en los cuatro del actual se observan cifras superiores a los 20 mil muertos anuales; el número menor se tuvo en 2014, con 20 mil 10” (Proceso 2108).

Y alertaba que, de mantenerse la tendencia de crecimiento que se inició en abril de 2015, 2017 sería un año más cruento que 2011 (hasta entonces el más alto) “al rebasar los 30 mil homicidios dolosos anuales y la tasa de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En noviembre de 2017, hace medio año, la portada y los reportajes de la revista se dedicaron precisamente a denunciar lo que estaba sucediendo en el país, en el cual se incluyó un artículo de mi autoría donde retomé datos y conclusiones de dos investigaciones que demuestran que debe legislarse para regresar “a los militares a los cuarteles y establecer con claridad los límites y las obligaciones del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada, pues hasta hoy la presencia del Ejército en las labores de seguridad pública incrementó la violencia…” (Proceso 2013).

En marzo de este año retomé el tema a propósito de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que levanta trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la cual la percepción alcanzó su nivel más alto en el primer trimestre de este año, al llegar a 76.8%, y destacaba: “La encuesta tiene información muy valiosa y debería ser un insumo para la evaluación de las políticas públicas y su consecuente revisión, pues hay correspondencia –con un cierto rezago– entre el crecimiento de las tasas delictivas y la percepción de inseguridad, lo cual demuestra que es un problema real y no un problema de comunicación” (Proceso 2164).

Y aquí está el verdadero problema del actual gobierno: ni siquiera se toma la molestia de revisar la información que producen sus propias dependencias, en este caso el Inegi y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que generan información muy valiosa e indispensable para la toma de decisiones.

El crecimiento “en los índices delictivos de alto impacto” no tiene nada de inusitado; era totalmente previsible desde los hechos ya narrados de septiembre de 2014 y se reforzó con la tendencia alcista que se inició en abril de 2015. En este semanario se ha documentado puntualmente la tendencia y se ha venido advirtiendo de las consecuencias si se mantenía la política de combate a la inseguridad utilizando únicamente información pública de libre acceso; por supuesto que esto debe ser más evidente desde la Secretaría de Gobernación, con acceso a información privilegiada, especialmente en un tema tan delicado y sensible como este.

Por ello es aterrador el comunicado de la Secretaría de Gobernación, pues evidencia su incapacidad para analizar la información o para diseñar e implementar políticas púbicas que permitan resolver un problema tan acuciante y lacerante.

Este análisis se publicó el 3 de junio de 2018 en la edición 2170 de la revista Proceso.

Delincuencia desatada

  

Hallan un cuerpo de hombre en una cancha de futbol en Juárez. 

Foto: Raymundo Ruíz

Por Jesús Cantú  (Proceso).- El país ha sido escenario de la peor explosión delictiva en muchos años: los homicidios dolosos del primer cuatrimestre de 2918 se incrementaron 18.78% respecto del mismo periodo del año pasado, que es el más violento en las últimas tres décadas; el exfiscal de Jalisco sufre un atentado en el centro de Guadalajara; un tren es descarrilado en Orizaba, Veracruz; y, de acuerdo con información publicada el 13 de mayo en Reforma, el número de tomas clandestinas en los ductos de Pemex que pasan por la Ciudad de México se incrementó 916%.

La lista es interminable. Los incidentes violentos ya no son exclusivos de algunas entidades, sino que incluyen a las grandes metrópolis. No son únicamente los territorios bajo el control de la delincuencia organizada; ahora se extienden a todo el país, incluyendo la capital; pero también las otras dos grandes metrópolis (Guadalajara y Monterrey) sufrieron acontecimientos que las convulsionaron.

El año 1994 (cuando se realizó la elección presidencial para suceder a Carlos Salinas de Gortari) es recordado como uno de los más convulsos, puesto que se inició con el alzamiento zapatista en la sierra chiapaneca; en marzo siguiente se perpetró el asesinato del candidato presidencial del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, y posteriormente el homicidio de quien se perfilaba como coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, José Francisco Ruiz Massieu, cometido unos días antes de su toma de posesión como legislador.

En 1996, poco más de un año después de la llegada de Ernesto Zedillo a la Presidencia, el país presentaba una tasa de homicidios de 14.505 por cada 100 mil habitantes, y un año más tarde, cuando se celebró la primera elección legislativa en la que el PRI no obtuvo la mayoría de diputados, la tasa bajó a 13.552. Para 2000, cuando se dio la primera alternancia en la Presidencia de la República, la tasa bajó a 10.737 y se mantuvo con algunas fluctuaciones hasta el final de sexenio, en 2006, cuando reportó 10.452.

Dicho indicador bajó a 8.867 en 2007, primer año del sexenio de Felipe Calderón y cuando se inició la guerra contra la delincuencia organizada tras el envío del Ejército en diciembre de 2006 a Michoacán.

A partir de ese momento la tendencia se revirtió y la violencia se desató: en 2009, año de la elección intermedia en la que se renovaba la Cámara de Diputados, la tasa de homicidios llegó a 19.803, es decir, más del doble que la de dos años antes. Para 2012, cuando se celebró la elección presidencial que dio paso a la segunda alternancia en el Poder Ejecutivo, con la elección de Enrique Peña Nieto, postulado por la coalición conformada por el PRI y el PVEM, la tasa ya se ubicaba en 25.967, que si bien era más del triple que la de 2007, era menor que la de 2011 (27.213).

En los dos primeros años de este gobierno se mantuvo la disminución de la tasa, pero a la mitad del mandato, en 2015, se revirtió dicha tendencia y se ubicó en 20.762. Para 2016 se ubicó en 24.559, y el año pasado, tras un incremento de 23% en los homicidios dolosos, la tasa debe ubicarse arriba de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, por encima de los 27.213 de 2011, que era el porcentaje más alto hasta entonces.

A juzgar por los primeros cuatro meses de 2018, la tasa de homicidios dolosos en este año electoral superará los 30 asesinatos por cada 100 mil habitantes y probablemente se ubique en casi cuatro veces la tasa de 2007, con lo cual se habrá cuadruplicado en sólo 11 años.

En las dos colaboraciones anteriores (Proceso 2167 y 2168) me ocupé de los homicidios de políticos y periodistas, dos grupos especialmente golpeados por la violencia, junto con los activistas sociales –particularmente los defensores de derechos humanos–, que también han sido muy vulnerados. Sin embargo, como puede verse en los párrafos anteriores, aunque hay algunos grupos más lastimados, la violencia golpea gravemente a toda la población.

Los procesos electorales catalizan muchos de los procesos de la vida pública por el dinamismo que en ella introducen, y es evidente que sucede lo mismo con la violencia. La delincuencia organizada intenta incidir hoy, de muy diversas maneras, en los procesos electorales: financiamiento a las campañas electorales, postulación de candidatos a puestos de elección, eliminación de candidatos que les pueden resultar incómodos o que son promovidos por grupos opuestos y, desde luego, también con presiones a la ciudadanía para que vote por determinados aspirantes, rechace a otros o simplemente no acuda a las urnas.

Las presiones a la ciudadanía se manifiestan de diversas maneras, pues en comunidades pequeñas llegan a la amenaza colectiva, a indicarles cuál es el candidato que debe ganar o cuál debe perder, y la ciudadanía no se atreve a desafiar a los grupos delictivos por temor a las represalias. En las grandes ciudades la operación es muy distinta e implica presionar directamente a los candidatos o bien elevar los niveles de violencia que se viven en las urbes, provocando temor entre los electores a fin de inhibir el ejercicio de su derecho y obligación de sufragar.

Pero los miembros de los poderes fácticos también pretenden incidir en los procesos electorales y, en ocasiones, como se evidencia con lo que sucedió en 1994, recurren asimismo a las prácticas de la delincuencia organizada, particularmente en momentos en los que ésta es culpable de toda la violencia que padecen los ciudadanos.

El recrudecimiento de la violencia en 1994, 2006, 2015 y 2018 está vinculado a la celebración de los respectivos procesos electorales, particularmente el actual, que es el más complejo de la historia, con más de 3 mil 400 puestos de elección popular por definir.

La violencia tendrá impacto, todavía impredecible, en los resultados electorales, pues aun cuando algunos candidatos han sido eliminados, es imposible establecer aún los verdaderos alcances de ello.

El fenómeno difícilmente se detendrá en los meses por venir, pero también puede tener los efectos opuestos a las intenciones de quienes lo perpetran: puede motivar que los ciudadanos acudan a votar como la única vía para romper la destructora tendencia actual.

Este análisis se publicó el 27 de mayo de 2018 en la edición 2169 de la revista Proceso.

El PRI, al borde del abismo

     

René Juárez Cisneros, líder interino del PRI; 

José Antonio Meade y Enrique Ochoa. Foto: Raúl Pérez

Por Jesús Cantú , (Proceso).- A menos de dos meses de la elección presidencial y con José Antonio Meade­ –candidato de la coalición Todos por México, encabezada por el PRI– en un lejano tercer lugar en las encuestas, el presidente Enrique Peña Nieto decidió cambiar de dirigente nacional y apostar nuevamente por un experimentado político para sustituir a un tecnócrata.

Con la sustitución de Enrique Ochoa Reza por René Juárez en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Peña Nieto suma la quinta designación de dirigente de partido, si se considera que fue él quien impulsó a Humberto Moreira el 4 de marzo de 2011 a dicha posición, precisamente para que le pavimentara el camino a su candidatura. El primer cambio de dirigente lo tuvo que realizar obligado en diciembre de ese mismo año, cuando se destapó el escándalo de la deuda que Moreira había heredado a Coahuila, el estado que había gobernado precisamente hasta marzo de 2011, cuando renunció a la gubernatura, antes de concluir su mandato.

Peña Nieto se autodestapó como el candidato tricolor a la Presidencia de la República en el noticiario estelar de Televisa, conducido por Joaquín López Dóriga, el 19 de septiembre de 2011, unos días después de haber dejado la gubernatura del Estado de México, y el 17 de diciembre siguiente recibió su constancia como candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Unos días antes, el 2 de diciembre, se dio la renuncia de Moreira, y Peña Nieto lo reemplazó con Pedro Joaquín Coldwell, quien asumió el día 28 de ese mismo mes y estuvo como líder priista poco menos de un año, hasta el 30 de noviembre de 2012, un día antes de asumir como secretario de Energía en el gobierno de Peña Nieto. Coldwell, experimentado político, entregó buenas cuentas en materia electoral pues, más allá de ganar la Presidencia, el PRI recuperó las gubernaturas de Chiapas y Michoacán y logró el gobierno en 21 entidades federativas, cuatro más del hasta entonces mínimo de 17, que se mantuvo de 2002 a 2007.

Entró al relevo de Joaquín Coldwell el exgobernador mexiquense César Camacho, quien se mantuvo como dirigente nacional hasta el 20 de agosto de 2015, tras entregarle buenas cuentas en las elecciones intermedias de ese año, cuando logró que el PRI y sus partidos satélites (PVEM y Panal) consiguieran la mayoría en la Cámara de Diputados, que les ha permitido aprobar varias leyes sin necesidad de negociar con la oposición, como fue el caso de la Ley Chayote y la de Seguridad Interior. En las gubernaturas recuperó Guerrero y Sonora, pero perdió nuevamente Michoacán, Querétaro y Nuevo León, aunque este último a manos del primer gobernador independiente de México, Jaime Rodríguez Calderón, con lo cual el saldo era de 20 gobiernos estatales.

Sin embargo, Camacho Quiroz dejó la dirigencia para incorporarse a la nueva Cámara de Diputados y entró al relevo Manlio Fabio Beltrones, con quien se inició la debacle: en las elecciones estatales de 2016 perdió cuatro de los bastiones tricolores: Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, además de que el PAN recuperó Aguascalientes y Chihuahua. El PRI, en contrapartida, logró recuperar Oaxaca y Sonora. La estrepitosa derrota electoral que condujo a los priistas a quedarse únicamente con 16 gubernaturas (si se considera como tricolor, ya que participó en la alianza, Chiapas) obligó a la renuncia de Beltrones el 20 de junio de ese mismo año, es decir, su liderazgo duró escasamente 10 meses.

Aquí vino el cambio de rumbo. Peña Nieto optó por un tecnócrata: Enrique Ochoa Reza, que en las elecciones estatales de junio de 2017 logró mantener los bastiones priistas del Estado de México y Coahuila, si bien perdió nuevamente la gubernatura de Nayarit, con lo que el PRI se quedó en el gobierno únicamente en 15 entidades, el número más bajo en toda la historia del priismo; sólo el triunfo en las dos primeras fue una razón suficiente para sostenerlo en el cargo.

Sin embargo, en este proceso electoral las encuestas reflejan un debilitamiento nacional del PRI: en tercer lugar en las preferencias en la elección presidencial de este 2018 y el rumor constante de que habrá cambio o declinación de Meade a favor del candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya; también un tercer lugar en las encuestas sobre la composición del Congreso, y con posibilidades reales de ganar únicamente la gubernatura de Yucatán, pues en las otras ocho entidades ni siquiera está en la pelea.

Este cambio tan frecuente de dirigentes nacionales del PRI únicamente tiene parangón con los siete presidentes que designó Ernesto Zedillo, quien entregó la Presidencia a un candidato de oposición en el 2000. Zedillo fue destapado el martes 29 de marzo de 1994, tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y el 13 de mayo siguiente reem­plazó a Fernando Ortiz Arana como presidente del PRI, quien había intentado ser el candidato en sustitución del malogrado Colosio, por Ignacio Pichardo Pagaza. Sin embargo, en ese año la elección se celebró el 21 de agosto, con lo cual todavía restaban poco más de tres meses para la elección y en esos momentos el abanderado tricolor encabezaba las preferencias electorales.

Después de la designación de Pichardo Pagaza, Zedillo realizó otras seis, prácticamente una por año: María de los Ángeles Moreno, el 3 de diciembre de 1994; Santiago Oñate –quien negoció la reforma electoral de 1996, junto con Emilio Chuayfett como secretario de Gobernación–, el 19 de agosto de 1995; Humberto Roque Villanueva, el 15 de diciembre de 1996; Mariano Palacios Alcocer –quien estuvo al frente del PRI en las primeras elecciones legislativas en las que no obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados–, el 11 de septiembre de 1997; José Antonio González Fernández, el 1 de septiembre de 1999, y, finalmente, Dulce María Sauri, el 1 de diciembre de 1999, prácticamente dos meses después del inicio del proceso electoral presidencial del año 2000, que condujo a la primera alternancia en la Presidencia de la República.

Es un intento desesperado por dar un golpe de timón que le permita al PRI detener la espiral descendente en la que se encuentra en estos momentos en las preferencias electorales; sin embargo, la decisión ya es muy tardía. Además, no soluciona el problema de fondo: el altísimo nivel de desaprobación del gobierno de Peña Nieto y la irritación social que existe por los escándalos de corrupción que han sacudido a su gobierno y a los de los exgobernadores priistas.

El impacto en la opinión pública y, por ende, en las preferencias electorales no será suficiente para revertir las tendencias, así que por esa vía la maniobra no tendrá resultados importantes. Puede tener un poco más de impacto si en realidad meten a Juárez Cisneros para operar la estructura del fraude, que fue lo que les funcionó en el Estado de México y en Coahuila en 2017, pero no operado por Ochoa Reza, sino por los gobernadores Eruviel Ávila y Rubén Moreira. Sin embargo, la distancia con el puntero es tan grande que difícilmente la podrán revertir por esa vía, incluso si operan a favor del candidato de Por México al Frente, como ya hicieron en 2006 con Felipe Calderón. 

Este análisis se publicó el 6 de mayo de 2018 en la edición 2166 de la revista Proceso.

Independientes, prueba de fuego para el INE

Por Jesús Cantú , (Proceso).- El proceso de registro de las candidaturas presidenciales independientes en el presente proceso electoral federal ha dejado en claro que, salvo honrosas excepciones, los aspirantes son igual de marrulleros que los personeros de los partidos políticos: impugnan todos los acuerdos de la autoridad electoral e intentan abrirse espacios para burlar las normas; recurren a todo tipo de prácticas ilegales para ganar, y ante las resoluciones adversas su prime

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

 Foto: Octavio Gómez

ra reacción es la descalificación de las autoridades competentes.

Esto se hizo evidente desde el 28 de agosto de 2017, cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió los lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de las candidaturas independientes, que contemplaba la utilización de una aplicación digital desarrollada expresamente por el instituto para recabar las firmas y remitirlas a la autoridad electoral para que ésta las validara.

De inmediato, muchos de los interesados en registrarse interpusieron recursos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para cuestionar la aplicación, por considerar que, al hacer obligatoria su utilización, el INE excedía su facultad reglamentaria e implicaba una carga adicional excesiva para ellos.

Una vez que esa autoridad dio a conocer los resultados de los dos ejercicios de validación de los apoyos presuntamente recabados por los tres aspirantes que lograron reunir el mínimo de firmas de respaldo, se evidenció que algunos de sus alegatos buscaban abrirles espacios de maniobra, como el solicitar que los lineamientos les permitieran recabar optativamente los apoyos a través de las “cédulas de respaldo” en papel.

La aplicación, además de facilitar el levantamiento del apoyo por parte de los candidatos, también potenciaba las posibilidades de verificación de la autoridad electoral, que era precisamente lo que buscaban burlar varios de los aspirantes. Esto fue manifiesto en la posibilidad de practicar la doble revisión a nivel censal y no muestral, lo cual amplía el grado de certeza.

La primera revisión es fundamentalmente digital, confronta los registros capturados por la aplicación con la lista nominal de electores y permite eliminar todos aquellos registros incorrectos en su mayoría producto de errores humanos. Es decir, fueron capturados dos veces –corresponden a ciudadanos que se encuentran en el padrón pero no en la lista nominal, probablemente porque su credencial ya se les venció, o fueron dados de baja por pérdida de derechos políticos o alguna otra razón, como inconsistencias en los datos de su captura, etcétera.

La segunda revisión requiere, además de lo digital, la participación de especialistas para identificar la falsificación o simulación de credenciales, la manipulación de los datos de las mismas, la utilización de fotocopias de credenciales de elector para la simulación de apoyos y demás maniobras que, eventualmente, sí implican la comisión de delitos electorales tipificados en el Código Penal. Cuando los apoyos producto de estas prácticas son pocos, es posible que se hayan hecho sin el consentimiento o conocimiento del candidato; pero cuando son varios cientos de miles, es prácticamente impensable que él sea ajeno.

El INE, de acuerdo con lo que dio a conocer el viernes 16, decidió que únicamente le negarían el registro a los dos candidatos que no cumplían con los requisitos de número y dispersión de apoyos establecidos en la ley, es decir, sin prejuzgar su responsabilidad en la comisión de algún delito electoral y sujetándose a una interpretación letrista de la ley vigente. Sin embargo, sí darán vista de todas las anomalías que detectaron a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y a la Procuraduría General de la República para que integre las averiguaciones previas y, en su caso, haga las consignaciones correspondientes ante el Poder Judicial.

De conformidad con esta interpretación, la única que obtiene el registro es Margarita Zavala, mientras que Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter no lo logran. Militantes de partidos políticos, académicos y organizaciones de la sociedad civil reclaman que ninguno de los tres es digno del registro, pues de acuerdo con su interpretación los tres cometieron actos delictivos. En descargo del INE, hay que decir que si negara el registro en estos momentos estaría prejuzgando, pues lo único que tiene son indicios, y todavía no se da el pronunciamiento de una autoridad judicial para someterlos a proceso, ya no se diga para dictar una sentencia.

El INE, además, tomó la previsión de darle a los aspirantes cinco días para que pudieran ejercer su derecho de audiencia. Los representantes de Zavala y de Rodríguez Calderón acudieron en tiempo y forma a la revisión. Según la información disponible hasta el jueves 22, Zavala logró recuperar siete de 432 firmas que estaban clasificadas como simulaciones, mientras que Rodríguez recuperó 14 mil 426 de un total de 387 mil 897 que se restaron en la segunda revisión. Aun así, no le alcanzan para obtener el registro. Ríos Piter optó por ir directamente al TEPJF.

Al resolver los recursos interpuestos por los aspirantes contra los lineamientos y, posteriormente, cuando se hizo una adenda para especificar los municipios de excepción, donde sí se podía utilizar papel, el tribunal fue muy firme en señalar que “los lineamientos sí tienen una finalidad legítima constitucional, pues se emitieron para garantizar un principio constitucional, como lo es la certeza en materia electoral, así como derechos humanos de la ciudadanía y de los propios aspirantes a las candidaturas independientes”.

Y agregó que además facilitan “los procesos de organización y verificación de los apoyos obtenidos por cada candidato y hacer los procesos más eficientes, también permiten garantizar la certeza de forma que el apoyo que se obtenga de un determinado ciudadano no se utilice por otros candidatos independientes, o que se utilicen apoyos de personas que no existen o que no se encuentran, evitándose fraudes y abusos que perjudican a la ciudadanía en su conjunto y afectan la credibilidad del sistema”.

El próximo jueves 29 el Consejo General del INE votará los acuerdos para otorgar o no el registro a los candidatos a la Presidencia de la República, entre quienes se encuentran estos tres aspirantes independientes. De acuerdo con la información disponible, se lo negará a Rodríguez Calderón y a Ríos Piter, quienes seguramente interpondrán ante el TEPJF los recursos legales a los que tienen derecho.

Hasta hoy todo indica que el INE, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, hizo una revisión minuciosa y cuidadosa de todos los apoyos, apegada estrictamente a lo señalado en la ley y los lineamientos y, dado que el tribunal ya avaló esos lineamientos –salvo que encontrara errores significativos en el trabajo del INE–, debería ratificar la negativa de registro.

En vísperas del inicio de las campañas electorales las autoridades electorales están a prueba: la ratificación de las decisiones del INE fortalecería a las autoridades del ramo, pero la revocación de las mismas, fuese por detectar errores graves en el procedimiento del INE o por otra decisión formalista del tribunal, las dejaría en una debilidad extrema.

Este análisis se publicó el 25 de marzo de 2018 en la edición 2160 de la revista Proceso.