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Pablo Gómez
El Pemexgate y la Estafa Maestra son operaciones hermanas: robar fondos públicos para invertir en la compra de votos. Recordemos unas historias.
En el año 2000 hubo elecciones generales. El candidato a presidente por el PRI era Francisco Labastida Ochoa, a quien se le observaba en peligro de ser derrotado luego de la crisis económica y el escándalo del Fobaproa, como al final ocurrió.
Por órdenes del mandatario saliente, Ernesto Zedillo, el director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, hizo un convenio con el Sindicato de Trabajadores Petroleros (Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, entre otros) para entregarle un total de 1 100 millones de pesos (unos 116 mdd), bajo la cobertura de subvenciones contractuales. Esta operación se realizó en varias entregas desde Pemex al sindicato y desde éste, en efectivo, a la Secretaría de Finanzas del PRI, sin que se haya podido saber si algunos de los intermediarios tomaron dinero para su propio peculio.
Durante los años de 2013 a 2015 y posiblemente después, se realizaron muchos convenios entre la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Rosario Robles, y universidades, centros educativos, organismos no gubernamentales (ONG) y otras entidades para proveerles recursos a efecto de que realizaran estudios, promociones y otras actividades «propias» de la política social del presidente Enrique Peña Nieto, pero sin que se llevaran a cabo en la práctica. El objetivo era desviar miles de millones de pesos de dinero público hacia campañas electorales del PRI, pasando a través de coberturas sociales cuyos operadores se llevaban una comisión adecuada, personas de toda confianza del grupo gobernante y del partido oficial.
Desde el año 2000 ya era más difícil financiar desde el gobierno las campañas electorales, aunque eso se hacía en diversas escalas, en especial en el ámbito local. Lo mismo podía decirse hacia los años 2013-2018.
Para el PRI, el tema consistía en aplicar cuantiosos recursos públicos sin declarar ingresos y mucho menos gastos electorales. El propósito era la compra directa del voto ciudadano. Ese mecanismo se tenía que hacer con dinero en efectivo para evitar escándalos como el de las tarjetas Monex y Bancomer (estas últimas no se investigaron en absoluto), utilizadas con ese fin desde la secretaría de finanzas priista, a cargo de Luis Videgaray, durante la campaña de Peña Nieto en el año de 2012. Fueron también varios miles de millones de origen público y privado.
Pemexgate y Estafa Maestra tienen unas similitudes evidentes. La primera defraudación consistió en una sola operación, aunque el desembolso duró varios meses. La remesa inicial fue utilizada por Francisco Labastida en la precampaña interna. La última, cobrada en efectivo en una sucursal bancaria y transportada en una camioneta blindada propiedad del candidato a presidente, llegó unas semanas antes de las elecciones. La segunda defraudación, la Estafa, duró varios años porque se ideó para financiar sucesivas campañas electorales locales.
No hubo «desafueros» ni juicios penales o políticos en ninguno de esos dos fraudes electorales, hasta ahora.
Por el Pemexgate, el IFE impuso una multa por mil millones al Partido Revolucionario Institucional, confirmada en el Tribunal Electoral con la mínima diferencia de votos, pero sólo por 500 millones, cuyo traslado en efectivo a las oficinas del PRI había sido acreditado por la PGR con testigos del banco y del partido, luego de cobrar los cheques firmados por el secretario de finanzas del sindicato, el candidato a senador Ricardo Aldana.
En el Pemexgate, el gobierno de Vicente Fox, que había presentado la denuncia, se desistió al firmar un nuevo convenio con el sindicato mediante el cual éste regresaría durante 20 años el dinero desviado, mediante descuentos de algunas prestaciones que la empresa le entregaba a la organización, pero, al mismo tiempo, se elevaban otras subvenciones para compensar los pagos. Ese fue un segundo fraude a Pemex. De esa forma se declaró judicialmente que ya no había daño patrimonial. Fueron exonerados los líderes petroleros, los dirigentes priistas y el entonces director de la paraestatal. Así lo decidió quien era presidente de la República, con la completa satisfacción de la dirección del PAN.
Luego de la llegada a la Presidencia de Enrique Peña Nieto, el PRI se planteó en 2013 el objetivo de obtener el triunfo en las elecciones locales. Había comicios próximos en 14 entidades del país. Fue entonces que dio inicio la Estafa Maestra, hermana del Pemexgate, pero realizada con mayor sofisticación en los métodos, cuantía y dispersión de recursos.
En los años de 2013 y 2014, las actividades de desvío de fondos públicos con propósitos electorales no se limitaron a la entonces Secretaría de Desarrollo Social, sino abarcaron también otras diez entidades públicas (Pemex, SCT, SEP, BANOBRAS, entre otras), por un monto de 7.67 mil millones, sin tomar en cuenta las operaciones realizadas con posterioridad, parte de las cuales también forman parte de la Estafa Maestra.
En este caso, las denuncias formales proceden principalmente, aunque no sólo, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y es hasta ahora cuando se han llevado a cabo algunas actuaciones en tribunales. La PGR era absolutamente incapaz de investigar algo que tuviera que ver con las ilegales operaciones electorales del presidente de la República y sus colaboradores.
Por su parte, las autoridades electorales no han actuado, a pesar de los informes de fiscalización y denuncias penales interpuestas por la ASF, con las cuales se podría configurar el desvío de miles de millones de pesos de origen público hacia el PRI.
Existe una lista de 128 empresas usadas por las entidades que recibían los fondos públicos para simular actividades, desempeños y gastos. En efecto, las ocho universidades implicadas y otros entes «contrataban» a esas empresas, las cuales entregaban el dinero al partido oficial o a los candidatos priistas. El entonces auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, definió alguna vez este mecanismo como un «fraude millonario».
Toda la historia de la Estafa Maestra debe ser contada en sede judicial, pero también corresponde al Congreso fincar las responsabilidades de carácter político, tal como se lo mandata la Constitución. Los procesos y juicios que se llegaran a abrir no tendrían que analizarse como venganzas. Hace años que en los juzgados y en las cámaras debieron incoarse los procedimientos legales. No se podía. La situación política es ahora otra. Sí se puede.
No hay hecho político que más irrite a las derechas moderadas o extremas que las cotidianas conferencias de prensa del presidente de la República, las denominadas mañaneras.
Una de las características de la situación actual es que se está disputando la palabra. Durante décadas, el poder llenó el espacio político con su propia palabra, la pronunciada por sus voceros directamente autorizados o por aquellos que se dedicaban a reproducir, elogiar, explicar, justificar a los poderosos: todo un oficio muy bien pagado.
Andrés Manuel López Obrador carece de voceros oficiales y tampoco tiene a los pagados. Él es el vocero de sí mismo. Habla todos los días, a veces no sólo por la mañana sino a deshoras. Los reporteros le preguntan libremente, le encaran, le refutan, le contradicen. El presidente responde y añade, se sale del tema y luego tiene que regresar ante la presión del diálogo ingrato.
Este esquema es el medio de disputar la palabra tantos años capturada por los ahora desplazados del poder.
Antes, los grandes medios ofrecían lugares a los opositores, incluyendo a López Obrador, pero no cedían la palabra, la cual estaba bajo el control de los poderosos.
Hoy, como las oposiciones formales dicen y vuelven a decir, pero no alcanzan a rebatir al presidente de la República, esta función sólo la intentan los periodistas del foro presidencial y, a veces, algunos otros de aquí y de allá. Así, por infortunio, es la precariedad del discurso de los partidos opositores la que le otorga mayor fuerza a la prensa de todas las tendencias y querencias.
Quizá por eso mismo no descuellan las tesis contrarias a las de la nueva fuerza gobernante, sino las búsquedas incesantes de las contradicciones del discurso presidencial, los olvidos, las evasivas, las equivocaciones, las confusiones. No existe un debate político propiamente dicho porque algo que pudiera llevar ese nombre no se lograría en conferencia de prensa sino en tribuna, en acciones masivas, en conglomerados convocados para la protesta y la propuesta.
Durante las tres décadas del movimiento que recién triunfó, las proclamas opositoras eran hundidas en un mar de baterías propagandísticas, la mayoría de paga, y en hoyos de silencio. En los tiempos actuales, en cambio, quien fuera líder de aquella oposición, el presidente de la República, habla todos los días, con o sin tino, pero su palabra al fin se escucha, sin tener que pagar y se puede contradecir.
Cosa diferente, claro está, consiste en la práctica de desvirtuar o tergiversar lo dicho por Andrés Manuel o por cualquier otro funcionario o legislador de la 4T. Existen montones de notas periodísticas que dicen lo contrario de lo expresado por la fuente y, a veces, los encabezados deforman lo escrito por el mismo reportero. Eso es algo de lo más común porque el más fácil es el periodismo sin responsabilidad social o el que soslaya su propia ignorancia.
Con o sin definiciones éticas, el caso es que nadie en los medios está obligado a hacer ditirambos al poder político de la República. Esto es parte del nuevo esquema de disputa de la palabra.
Un periódico o revista, emisora de radio o televisión, portal de noticias, etc., puede ser tan opositor como quiera y recurrir a su propia moral, por ejemplo, aquella que se deriva de sus ideas sobre el carácter de la fuente cuyos actos o pronunciamientos reseña, antes de la obligación de comunicar a su público lo que está pasando. Todo eso es parte de la nueva normalidad creada a partir de un nuevo sesgo que ha tomado la disputa de la palabra.
La prensa fifí siempre ha existido y se reconoce a sí misma de sobra. ¿Por qué tanto desconcierto? Porque expresar ideas y convicciones no es algo normal cuando se trata de un político poderoso, el cual debe «guardar las formas» aunque esas estén basadas en la hipocresía, denominada respeto. Se ha llegado a postular que los críticos no deben ser criticados por los sujetos de su propia crítica. Eso ya no es vigente. La libertad de difusión de ideas es para todos, todo el tiempo. Así lo señala la Constitución y lo confirma la práctica.
Ante la existencia de unas oposiciones bastante extraviadas y desmovilizadas, en la actual disputa de la palabra han ganado los medios, tanto los tradicionales como los emergentes, aunque muchos han perdido ingresos. Se han hundido el «chayote» y la gacetilla, aunque sobreviven, pero todos pueden ahora decir libremente lo que piensan y difamar a quien deseen, a la espera, eso sí, de una eventual respuesta que se escucharía.
Bien, la disputa de la palabra abierta por la 4T es también un invaluable instrumento de aquella prensa que le sirve a sus lectores o escuchas.
El mayor tropiezo político que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido la emergencia de olas migratorias procedentes de América Central. El problema ya lo había encarado la anterior administración, pero sin que se llegara al borde de una ruptura económica de parte de la Casa Blanca.
De los temas principales planteados por Donald Trump, el gobierno de México aceptó recibir a solicitantes de asilo en trámite en Estados Unidos, lo que ya se había hecho desde poco antes, y la prohibición formal de que los migrantes fueran admitidos en México en condición de tránsito hacia el norte.
Al tiempo, las autoridades mexicanas han reforzado la aplicación de la ley que obliga a todo extranjero a solicitar alguna forma legal de internamiento.
Esta reciente tensión en las relaciones entre los dos países ha tenido dos nuevos elementos políticos muy relevantes: la presión de Washington mediante la amenaza de imponer ilegalmente aranceles hasta el 20% a «todas las importaciones» procedentes de México y la muy sonada movilización de la novísima Guardia Nacional hacia las dos fronteras.
La inseguridad prevaleciente en el territorio mexicano y las altas tarifas de las bandas delincuenciales propiciaron un esquema de caravanas. Pero no sólo eso, sino que otra causa ha sido la agudización de la violencia social y la pobreza en los tres países centroamericanos expulsores de emigrantes. El fenómeno migratorio centroamericano sólo es nuevo en su forma y cuantía. En consecuencia, también en su repercusión política.
La crisis motivada por las olas migratorias como expresión extrema de la migración, va a seguir presente con o sin ellas porque aquélla es un fenómeno social y, en tanto, seguirá siendo motivo de confrontación entre los gobiernos de EU y México.
Por su lado, a diferencia de Estados Unidos, México no puede asimilar con normalidad entre 500 mil y un millón de migrantes por año. Su infraestructura, economía y sociedad no están preparados para eso. Aunque sería imposible que tales números se mantuvieran mucho tiempo, en sólo cinco años se podría tener que acomodar a más de tres millones de personas.
Es acertado el planteamiento de López Obrador en el sentido de que es preciso encarar la migración centroamericana con empleo, mejor salario y crecimiento económico, mediante inversiones en cooperación internacional. Sin embargo, no puede haber respuesta económica de consecuencias inmediatas ante este fenómeno. Mientras se integra un plan de largo aliento, sólo puede haber política migratoria.
A pesar del acuerdo signado en Washington entre los gobiernos de México y Estados Unidos, siguen existiendo divergencias entre ambos. México elude declararse formalmente como «tercer país», por lo cual no quiere hacerse cargo de deportados desde el norte para regresarlos a sus respectivos países.
El otro punto significativo de la política mexicana tiene que ser la apertura hacia una emigración que no se aglomere en la frontera norte esperando una oportunidad de paso, sino que se arraigue, al menos de momento, en zonas donde sea posible obtener empleo y alojamiento.
En este contexto destaca el trato a los migrantes. De ninguna manera el gobierno de México debería admitir la erección de barreras policiales en el sur o en el norte. No se debe impedir que los migrantes ingresen al territorio nacional ni se debe bloquear que lo abandonen, como ha sido el sueño dorado de los gobiernos estadunidenses. Las deportaciones deben ser estrictamente las indispensables y legales.
En un marco de respeto a los derechos de las personas y a los principios constitucionales en materia de ingreso y salida del territorio, podrían darse pasos de carácter económico y social para afrontar la migración centroamericana, no sólo la que llega en olas sino aquella que va a continuar indefinidamente a pesar de que pudiera mejorar la situación en los países de origen.
Un problema adicional es la llegada de migrantes procedentes del Caribe y de África. Estos no podrían aceptar un arraigo en México porque para eso mejor se hubieran quedado en sus países. Es gente cuyo viaje fue costoso y, por tanto, muchos tenían condiciones personales diferentes a las que predominan entre los desempleados y subempleados centroamericanos.
En el fondo, la respuesta estadunidense a esta crisis migratoria expresa un agotamiento de la capacidad subjetiva de absorción de migrantes de parte de la sociedad norteamericana. El racismo siempre ha estado presente con fuerza en Estados Unidos, pero ahora tenemos una xenofobia de expulsión, la cual está entrando hasta en sectores de procedencia migrante. Algo semejante ocurre en Europa. Es tanto así que el tema se ha convertido en uno de los problemas más agudos de la lucha política.
Las proyecciones que se hacen podrían estar indicando que la composición étnica y religiosa de algunos países capitalistas desarrollados terminaría por cambiar dentro de algunas décadas. No existe la suficiente cultura de la igualdad humana, el liberalismo ha sido engañoso al respecto. Por ello, surgen partidos xenófobos cada vez más fuertes y se han producido relevos de gobierno como el que se dio en Estados Unidos, aunque con un presidente de minoría, el cual levanta otra vez la bandera de la xenofobia y la «grandeza de US» para buscar un nuevo mandato.
Las potencias económicas no cuentan con una política dirigida a fomentar el crecimiento, productividad y distribución del ingreso de los países desde donde provienen las olas migratorias. Se encuentran de momento en disputas entre ellas. Donald Trump ha llegado para complicar el panorama porque está peleado con casi todo mundo y pasando toda clase de facturas, pero se sigue metiendo en los conflictos propios y ajenos, creando además otros nuevos. Más que nada, parece que resurge una nueva versión del hegemonismo estadunidense como falaz medio de volver a la grandeza, otra vez.
Desde México se debe empezar a hacer política en Estados Unidos y no sólo con Estados Unidos. Las dos economías están integradas, la nación mexicana sólo se ha expandido hacia el norte, las cercanías culturales han ido a más, el flujo humano en ambos sentidos es cada vez mayor. En este marco, a quien más debería preocupar el predominio político de una derecha troglodita es a México como Estado, país y sociedad.
Hacer política en EU es una tarea que deben emprender cuanto antes el gobierno de México y los partidos mexicanos. Y, por cierto, esa no se realiza a través de los consulados, es directa y abarcadora del entramado social o no lo será.
El PRI y el PAN presentan la existencia de los organismos públicos electorales (Oples) de los estados, así como la de los respectivos tribunales de la materia, como expresiones del federalismo mexicano, el cual, dicen, debe ser defendido como principio fundamental de la República.
Esos Oples ya no organizan las elecciones, ni siquiera seleccionan y capacitan a los funcionarios de casilla, como tampoco, por tanto, reciben el voto. No fiscalizan el gasto de los partidos ni reciben las quejas sobre propaganda. Se les ha limitado a registrar candidatos y realizar los cómputos de las elecciones locales (sumatoria de datos de casilla), junto con algunos otros quehaceres también menores.
Además, las pocas funciones que se les han dejado a esos organismos electorales pueden ser parcial o totalmente trasladados al INE, hasta el grado de que todo el proceso quede a cargo de éste en exclusiva; o sea, en la práctica, puede el INE clausurar libremente cualquier Ople, como recién lo hizo en Puebla.
Pero eso no es lo peor. Los órganos rectores de los Oples son designados y removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y están sujetos a un reglamento aprobado por éste.
Por el lado de los tribunales electorales locales, sus integrantes son designados por el Senado de la República, como si fueran magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, casi todos sus fallos son recurribles ante éste, donde todo vuelve a empezar.
¿Esta estructura tiene algo que ver con el federalismo?
PRI, PAN y PRD pactaron esa aberración y la llevaron a la Constitución federal. Lo que le dejaron a los estados sólo son las cargas presupuestales. Nada más. Nuevo federalismo, sin duda.
¿Qué interés legítimo puede haber en mantener esta estructura electoral onerosa para las entidades federativas? Varios gobernadores ya no quieren seguir dando dinero a su Ople porque no es «suya».
El PRI y el PAN se dicen temerosos de que Morena se «apodere» de todo el andamiaje electoral nacional, es decir, que haga lo que ellos hicieron. Pero los Oples ya no cuentan prácticamente en dicho andamiaje, son vasallos del INE, pues sus titulares son colocados ahí por los consejeros electorales federales a través de negociaciones políticas.
El desaguisado legislativo que hicieron priistas y panistas en la última reforma pactada (2014) ha creado ahora una disyuntiva: devolver los organismos electorales a las entidades federativas, con toda la redundancia operativa y el dispendio que ello pudiera implicar, o convertir al INE en un completo instituto nacional. Lo que no se puede sostener es ese federalismo que nos han lanzado a la cara como una cínica falsificación.
El asunto no es menor. En la medida en que se mantengan los Oples como están ahora, se hará más difícil reformar al INE, pues éste tiene a su cargo, entre otras cosas, regir a dichos organismos electorales locales y decidir todo lo relacionado con los mismos.
Hemos tenido en los últimos años un Consejo General del INE con facultades prácticamente legislativas. No sólo designa a funcionarios de órganos autónomos (que no lo son más que en el enunciado), sino que también expide normas que deberían estar en una ley.
La cuestión es que ese Consejo General está dominado por dos partidos: PRI y PAN, que han designado a la mayoría de los consejeros electorales.
Luego, el presidente del PAN le planteó a Morena un «desafío», de esos que provocan hilaridad: que los cuatro consejeros que próximamente van a terminar sus respectivos periodos en el Consejo General (abril de 2020) no sean sustituidos por la Cámara de Diputados y que tal órgano de gobierno del INE se quede sólo con los siete restantes. Es decir, que se mantengan los designados por los partidos con anterioridad. Eso sería contrario a la ley vigente, pero el problema no sólo es ese, sino que con ese «desafío» se busca que nada cambie. El INE se antoja ideal para tal propósito porque es el paraíso del PRIAN: de los cuatro que terminarán su periodo, hay dos priistas, un panista y una aliada de ambos. Todo se conoce porque se ha visto.
Morena no quiere representarse en el INE como lo hicieron siempre otros partidos. Eso iría en contra del carácter independiente que debe tener la autoridad electoral. Pero, entonces, queda abierta la discusión sobre cómo garantizar que el andamiaje construido para organizar elecciones en el país sea totalmente profesional, independiente, confiable, austero y eficaz en el desempeño de su función.
Si no es posible lograrlo por ahora, lo será pronto, pero lo que no es admisible es la falsificación del federalismo ni la simulación política. Empecemos por llamar las cosas por su nombre y ubicar a cada cual en su verdadero lugar. Ni los Oples son de los estados ni el INE es imparcial e independiente.
Algunos portavoces de las oposiciones dicen que Morena quiere eliminar a los organismos electorales de las entidades federativas y empezar a nombrar nuevos consejeros del INE con el fin de apoderarse de todo el andamiaje. Es fácil entender que piensan como antes y creen que los demás son como ellos eran.
Vale, entonces, empezar a poner los puntos sobre las íes. El INE cuenta con un órgano de gobierno que es el Consejo General, integrado por once personas designadas por la Cámara de Diputados. Casi todos los partidos han tenido y/o tienen uno o varios consejeros con voto porque negociaron los nombramientos. No es el caso de Morena, quien no tiene absolutamente a nadie, su registro es el más reciente entre los partidos que hoy están presentes en el INE. Mal haría, por tanto, como nuevo partido gobernante, en buscar la reproducción de los vicios del viejo sistema.
La existencia de un Consejo General con representantes virtuales de los partidos fue considerado necesario como instrumento de equilibrio y escenario de negociaciones entre los contendientes en sede administrativa electoral. Si acaso ese órgano fue alguna vez útil, ahora ya es innecesario: ningún partido debe tener agentes con voto en el INE.
Parte de la solución consiste en desaparecer el Consejo General y conformar la Junta General Ejecutiva como instancia exclusivamente técnica y profesional. Las autoridades electorales no deben ser políticos disfrazados sino especialistas imparciales.
La Junta tendría que seleccionarse, mediante concursos, entre los técnicos más capacitados y probos. Se acabaría así el reparto de lugares entre algunos partidos con los consiguientes compromisos que afectan la imparcialidad.
Además, es preciso señalar que la mayoría de los acuerdos del Consejo General sobre temas relevantes son resueltos finalmente en el Tribunal Electoral. Cualquier resolución o acción de los integrantes de la Junta o de toda ella como cuerpo colegiado seguiría siendo ventilada en sede jurisdiccional. Esto quiere decir que ya no es necesaria una instancia política para el supuesto diálogo entre los contendientes.
En este marco, resulta también innecesario que las entidades federativas cuenten con organismos electorales cuyos integrantes son ahora designados por los consejeros electorales del INE, los cuales a su vez negocian entre sí y en función de sus querencias partidistas. Los nombramientos de los miembros de los llamados Oples han sido eminentemente políticos y, por tanto, estrictamente negociados.
En el mismo sentido carece de trascendencia práctica la existencia de los tribunales locales electorales, cuyos magistrados son designados con el mismo sistema que opera para los magistrados federales y cuyas resoluciones siempre son recurridas ante el Tribunal Electoral.
El INE (antes IFE) es una institución que ha envejecido porque no ha logrado superar sus traumas de origen y sus artritis adquiridas. Una de estas es que los resultados completos se conocen hasta cuarto días después de la elección. México es uno de los países más lentos en esta materia. El INE da resultados calculados sobre una muestra de casillas a las 11 ó 12 de la noche pero sólo con porcentajes y con rangos de mínimo y máximo de más de tres puntos de diferencia, es decir, tira escopetazo pero no brinda información verificada.
Con frecuencia, el INE agrega detalles normativos en la víspera de la elección, rompiendo con ese principio constitucional de que las reglas sólo pueden cambiarse un año antes.
La majestad política con la que han sido investidos los consejeros y consejeras electorales les ha llevado con mucha frecuencia a legislar en la práctica, sentar criterios, dar cátedras, controvertirse con los partidos adversarios al suyo y favorecer al propio, rechazar toda clase de críticas, derrochar fondos en asuntos irrelevantes o personales. Recién han llegado al extremo de combatir en sedes judiciales la aplicación del artículo 127 de la Constitución que les impide ganar más que el presidente de la República, a pesar de haber protestado cumplir y hacer cumplir la Carta Magna.
Esas artritis no sólo son producto de las personas que tienen voto en la «Herradura de la Democracia», sino del carácter eminentemente político del órgano de dirección del INE.
En muchos otros países las autoridades electorales son exclusivamente técnicas, son discretas, no hacen o admiten debates y se encuentran sujetas a confiables controles jurisdiccionales. Los partidos pueden negociar lo que quieran y llegar a acuerdos, pero la autoridad es quien aplica las normas y da cuenta de sus actos, sin discursos ni mentiras.
Al tiempo de la desaparición del Consejo General, también habría que eliminar las 300 juntas distritales que casi no trabajan cuando no hay procesos electorales. En casi todo el mundo, los cuerpos ejecutivos distritales se integran cuando se acercan los comicios. A juzgar por el inmenso aparato electoral con el que cuenta México, aquí habría procesos electorales abiertos durante todos los días de todos los años.
Es preciso en paralelo avanzar hacia un registro que no sea electoral sino de las personas, ciudadanos y menores de edad. La CURP ya está integrada en el padrón, el cual seguiría existiendo y siendo supervisado por las autoridades electorales que lo usan para varios propósitos. Un organismo profesional independiente en sus decisiones tendría que hacerse cargo del registro y de emitir la credencial de identificación plena para todo uso. La existencia de un padrón exclusivamente electoral fue algo necesario durante un tiempo pero ya no lo es.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, fue a la Cámara de Diputados, no propuso nada, pero habló de proposiciones «malintencionadas». No añadió más al respecto. Tal vez las anteriores sean vistas de esa forma. Como sea, entre los consejeros electorales predomina la idea de que todo va muy bien, por lo cual no surgirá de ahí ninguna plataforma de reformas para curar las artritis que padece el INE. Pero al menos esos consejeros no son quienes votan en el Congreso, sino que son de aquellos poderosos que no tuvieron que pasar por el tamiz del voto popular, pero tienen fuertes agarraderas en los partidos que los ungieron en el cargo. Eso sigue siendo preocupante por ser ancla del conservadurismo.
Habría que buscar, en cambio, un consenso político que permita un rejuvenecimiento, una actualización, una modernización del aparato electoral del país. El objetivo no debe ser el de disminuir gastos, los cuales ahora son inmensos e injustificados, sino contar con una autoridad que no juegue en el terreno de la lucha política y aprenda a hacer, ante todo, las cosas muy bien con probidad y austeridad.
El gobierno de Donald Trump es contrario, en general, al libre comercio con México y con casi todo el mundo, aún más que aquellos políticos demócratas quienes, en su mayoría, votaron en contra del TLC en el Capitolio hace 25 años. El actual presidente, sin embargo, ha logrado un nuevo acuerdo trilateral (México-EU-Canadá) con varias modificaciones, bajo la amenaza de dar por terminado el tratado original.
Sin embargo, si el Congreso estadunidense llegara a aprobar el nuevo T-MEC, el déficit comercial de Estados Unidos con México no disminuiría sensiblemente por efecto de las nuevas normas. En 2018 llegó a 81,500 millones de dólares, equivalentes al 13% de su balanza deficitaria mundial. A la economía norteamericana le hace falta ahorro interno. No tiene un problema con el mundo sino consigo misma.
Por otro lado, la crisis migratoria no podrá resolverse en unos meses, ni siquiera antes de dos años, porque hay oleadas de refugiados económicos que, además, huyen de la violencia social.
El plan de Trump para detener la inmigración sin visa no tiene viabilidad y no la tendría aunque se lograra pronto la conclusión final del ya viejo muro fronterizo.
Las relaciones entre México y Estados Unidos se encuentran entrampadas en dos problemas sin solución de corto plazo: comercio y migración fronteriza. Sobre este último tema, lo que busca Donald Trump es un manojo de concesiones de parte de México: 1) Forzar a los migrantes centroamericanos a admitir su estancia permanente en México, lo cual les haría inelegibles para optar por asilo en EU; 2) Deportar desde México a los extranjeros que lleguen a la frontera norte, incluyendo a los que ya hubieran solicitado asilo en EU; 3) Impedir el paso en la frontera sur mexicana de migrantes que pudieran estar dirigiéndose a EU.
A juzgar por la pretensión norteamericana de lograr un sistema de persecución brutal de todo migrante procedente del sur hacia Estados Unidos a través del territorio mexicano, es decir, la solución final de Trump, todo indica que un acuerdo completo sobre el tema no se encuentra al alcance de la mano.
El establecimiento de un arancel general de 25% para los bienes procedentes de México, empezando por un 5% hasta llegar al máximo luego de cuatro meses, sería una acción ilegal del gobierno de Estados Unidos, ya que el Tratado de Libre Comercio (TLC-NAFTA) es una norma aprobada por el Congreso de ese país. Si el Ejecutivo no la obedece, podría incurrir en un ilícito. La ley que permite la manipulación de las relaciones económicas internacionales de Estados Unidos está condicionada a una situación de «emergencia» que justamente no existe en materia económica, ya que el mismo Trump ha firmado el nuevo T-MEC con México.
Donald Trump pudo vetar el rechazo del Congreso al traspaso de fondos hacia la construcción del muro fronterizo. Por ello, esperaría que tampoco hubiera mayoría suficiente en el Capitolio (2/3 en ambas cámaras) para romper el veto en materia arancelaria.
El gobierno norteamericano cometería una transgresión a las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) al desconocer (denunciar) en los hechos al TLC sin cumplir con los requisitos señalados en el mismo. Aún sin tratado alguno, Estados Unidos no puede lícitamente imponer a un país miembro de la OMC aranceles superiores a los establecidos para el resto. Parece que, con las guerras de Trump, el comercio mundial pactado podría quedar hecho añicos cuando las reglas ya no están vigentes para la mayor economía.
Otro de los problemas creados por Donald Trump es que él usa la presión arancelaria para atender un asunto que no es comercial y que, además, está prohibido por las normas de la OMC. La capacidad de Trump para modificar los aranceles, como asimismo la tiene el presidente mexicano, se refiere al comercio pero no a la migración.
Al mismo tiempo, los aranceles a las importaciones son pagados por los consumidores estadunidenses y es difícil subsidiarlos como se estila para defender al producto nacional y colocarlo en el exterior. A esto hay que agregar que gran parte de los bienes exportados desde México a Estados Unidos proceden directamente de empresas extranjeras, muchas estadunidenses, que se verían afectadas en sus ganancias con el pago de un arancel sin poder repercutirlo en su totalidad en el precio de sus productos.
Si el próximo lunes 10 de junio hubiera aranceles ilegales o si se difiriera la aplicación de los mismos por parte de Trump, de cualquier forma México tendría que definir con claridad que no desea ir a una «guerra arancelaria». Nuestro país no es una potencia económica que pudiera entrar a un intercambio de represalias comerciales, menos con Estados Unidos, país fronterizo con el cual México tiene cerca del 80% de su comercio exterior.
Si el gobierno de México hiciera «operación espejo», los consumidores mexicanos de productos estadunidenses se encontrarían en una situación semejante: pagarían un nuevo impuesto, sobre el cual, por cierto, opera el IVA porque aquel es incorporado en el precio de venta. Se tendría un costo doble: el determinado por la paulatina reducción de las exportaciones, por efecto del arancel de EU, y el que se provocaría por el incremento de precios internos a causa del arancel mexicano.
Existen otros terrenos en los cuales se puede dar la lucha contra el uso ilegal e ilegítimo de los aranceles. Hay fuerzas en Estados Unidos que podrían marchar junto a México para lograr un repliegue de Trump en esta materia, ya que gran parte de las mercancías de origen mexicano no pueden ser sustituidas rápidamente por producción local. La idea de que las empresas estadunidenses que operan en México regresarían pronto a su país no tiene mucho sentido porque en Estados Unidos los salarios son mucho mayores, por lo que, aún con arancel, las ganancias seguirían siendo buenas para muchos industriales.
Donald Trump es más rudo que otros poderosos, pero no está presentando objetivos personales. En Estados Unidos existe una gran corriente que es partidaria de exigir al mundo concesiones en todos los aspectos, incluyendo el sometimiento de gobiernos a los requerimientos norteamericanos. Es una cara del viejo hegemonismo. Dentro de poco tiempo sabremos si se trata de una mayoría electoral.
Con aranceles violatorios del TLC, el nuevo T-MEC ni siquiera se pondría a votación en el Capitolio, como lo ha dicho la diputada Nancy Pelosi, presidenta y líder de la mayoría en la Cámara de Representantes. En eso podrían converger muchos demócratas con unos cuantos republicanos, pues el viejo TLC tendría que ser denunciado formalmente por el mismo Donald Trump, tal como él lo quería hacer en un principio. Quizá esto se encuentre dentro de los cálculos de la Casa Blanca.
El intento de obligar a un Estado fronterizo, México, a poner barreras humanas con el fin de «proteger» a Estados Unidos es una mala idea, por ser ineficaz para perseguir el objetivo de los poderes políticos estadunidenses: detener la disminución relativa de la franja blanca de la planta laboral, en especial en la industria, así como el desalojo de la actual fuerza de trabajo de puestos relativamente menos remunerados. Se busca frenar el traslado de la «ventaja comparativa» de la fuerza de trabajo mal pagada hacia el interior del territorio estadunidense, lo cual ya ocurre, generando presiones sobre el salario medio y el empleo, por lo que es preciso detener brutalmente la migración, según el actual gobierno norteamericano.
El conflicto ya no es el muro que iba a pagar México, según Donald Trump. Ahora son las murallas policiales que el mismo Trump exige que sean erigidas, en el sur y en el norte, por parte del gobierno de López Obrador. Algo así, se sabe, no es prácticamente posible ni políticamente admisible. Es un viejo sueño recurrente del poder político estadunidense.
La solución debe buscarse en otro lado: remontar las causas principales de la emigración centroamericana (y mexicana). Este tema, sin embargo, no parece interesar al actual presidente norteamericano. Veremos por cuanto tiempo más. Jugamos ajedrez, no ping-pong.
Alguien ha intitulado a algunos de los aún vigentes Estados de bienestar, los nórdicos, de «países populistas». Lo hizo Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del 24 de mayo pasado. Dijo que el propósito de su administración es alcanzar ese Estado de bienestar que existe en lugares, agregó, «donde son bien populistas». Parece que no pocos periodistas se lo tomaron a broma, o algo así.
En su alocución, AMLO señaló que en México hay mucha más desigualdad social que en los países nórdicos, con lo cual subrayó la diferencia estructural entre el capitalismo de aquellas naciones y el que existe en México. La concentración del ingreso es una expresión, entre otras, de esa diferencia.
En ese plano, lo que nos aleja de los países nórdicos es el Estado, como lo ha dicho Andrés Manuel, pues mientras aquéllos son redistributivos (captan el 50% del PIB), el nuestro es de ingresos ínfimos (capta menos del 15%). Sin alta recaudación relativa es imposible el Estado social, aunque ésa no basta.
Es preciso una contención de la dinámica del capitalismo basado en altas tasas de ganancia, complicada con esquemas monopólicos como los imperantes en México.
Aquí no sólo hemos sufrido el neoliberalismo como política concentradora del ingreso, promotora de la desigualdad y disolvente de las regulaciones estatales y de la economía pública, sino que casi siempre hemos tenido un Estado que se preocupa, ante todo, de garantizar altas tasas de ganancia al gran capital. El punto es que nos han llevado a un callejón en el cual, sin esos altos porcentajes de beneficio, se obstruyen las corrientes de inversión extrajera y se deprime la nacional.
Entonces, la cuestión consiste en romper con el esquema que ha llevado a que, gracias a sus bajas contribuciones y otras muchas inicuas concesiones, el gran capital invertido en México tenga iguales tasas de ganancia que las obtenidas en empresas que están ubicadas en la punta de la innovación global o en la renta del subsuelo, los hidrocarburos. Tenemos estructuras monopólicas empresariales con tasas de ganancia propias de las grandes tecnológicas mundiales, pero sin haber realizado un solo invento. La conclusión de todo eso es la precariedad del salario y la insuficiencia del gasto público.
Para encarar tal situación se necesitan varias reformas, además de las indispensables regulaciones antimonopólicas. Entre ésas se encuentran: modificar el esquema de financiamiento externo para no depender tanto de los capitales «golondrinos» y anclar la deuda externa en esquemas fijos; controlar mediante el sistema fiscal las exportaciones de capitales nacionales; promover el arraigo del capital-dinero mediante una suficiente certidumbre contributiva; controlar las remesas al exterior de las ganancias de los bancos extranjeros; desarrollar un sistema de financiamiento interno con menores tasas de interés mediante el establecimiento de un amplio sistema de garantías a cargo del Estado; disminuir las importaciones de bienes destinados al sector público y promover contratos internos de largo plazo; impulsar la innovación y la puesta en práctica de sus resultados en la industria mexicana; revolucionar la producción interna de alimentos y energéticos.
Al mismo tiempo, es indispensable aumentar la inversión pública, tanto en infraestructura como la directamente productiva, pero más allá de unos cuantos grandes proyectos.
Como algo prioritario se requiere una nueva política salarial con objetivos ciertos, precisos y claros.
Todo lo anterior se debe amarrar con un objetivo insustituible: el incremento de la tasa de crecimiento del producto.
Algunos puntos han empezado a dibujarse en los pocos meses del actual gobierno, sin embargo, Andrés Manuel subrayó que el propósito de un Estado de bienestar se puede lograr «si erradicamos la corrupción». Se sabe que, en este momento, bajo el Estado corrupto es imposible el Estado social, pero el programa anticorrupción, aunque tenga finalidades políticas propias, es un requisito de una reforma mucho mayor.
Como están las cosas en el mundo, el capitalismo como sistema va a seguir predominando ampliamente, pero un Estado de bienestar, o Estado democrático y social, no puede prescindir de reformas económicas. Es mentira que para redistribuir el ingreso primero es necesario aumentar éste. Lo que sí es cierto es que, para redistribuir mejor, será siempre necesario alcanzar altas tasas de crecimiento. Esto es algo por completo lógico. Mas una política redistributiva se dirime en el terreno de la lucha política porque los grandes acaparadores del ingreso van a defender la inmensa parte porcentual de la que ahora se apropian.
Aún más, la lucha contra la corrupción se puede quedar atorada si no sobrevienen las reformas sociales a las que se refiere el Plan Nacional de Desarrollo.
Ahora bien, dentro de este complejo panorama surge la singular pregunta de si será suficiente la eficiencia recaudatoria o va a ser preciso ajustar deducciones para ampliar la base gravable de las grandes empresas e, incluso, alzar la tasa máxima de la tabla del impuesto sobre la renta.
Los mecanismos más directos de redistribución del ingreso no son prescindibles para una reforma social que conduzca al financiamiento de salud, educación, pensiones y vivienda, así como a la cobertura de planes de infraestructura que promuevan el crecimiento económico.
El populismo nórdico, el Estado democrático y social, no es alcanzable sólo con el colapso del Estado corrupto. Nada puede suplir, por ahora, las reformas sociales. Dicho de otra forma, la lucha contra la corrupción debe inscribirse dentro de esas reformas. Esta idea es el quid del programa de la transformación de la vida política del país. El otro gran punto es el de la democracia.
La primera renuncia en el gabinete de López Obrador proviene de divergencias en el plano de la administración. Germán Martínez ha dicho algo al respecto. Sin embargo, al quejarse de la corrupción que corroe al IMSS, se abstuvo de presentar diagnóstico y plan de combate contra ese flagelo.
Como es de comprenderse, lo trascendente no es la separación de Germán Martínez sino el debate sobre los planes del gobierno de López Obrador para combatir la corrupción a lo largo y ancho de la administración pública. ¿Es posible alcanzar el éxito si se comienza con hacer concesiones a los circuitos de la gran corrupción? Sabemos que no se puede de un momento a otro acabar con la mordida callejera y de ventanilla, pero eso no debería poder decirse de la corrupción realizada por mafias que operan dentro y fuera del Estado.
La austeridad es un tema diferente al de la lucha contra la corrupción aunque uno y otro tienen muchas conexiones. Una administración austera no busca gastar menos sino más, pero en lo que es debido, sin derroche. La plataforma de lucha contra la corrupción no busca «ahorrar» dinero sino evitar el robo, con lo cual se preservan fondos para usarlos en otros propósitos señalados como prioritarios. Se han reducido programas y partidas de gasto puramente operativo, burocrático, pero sobre todo se han combatido sobreprecios, desviación de fondos, aviadurías, moches y grandes mordidas, amén de huachicoleos. Esto apenas empieza; así lo debemos esperar y exigir.
Si López Obrador aflojara el paso, de seguro que el nuevo gobierno fracasaría. Precios alterados de insumos, pagos en demasía, negocios con recursos públicos, concesiones amañadas, contratos a modo, peculados y muchas más formas de corrupción han formado parte del sistema político. No estamos hablando de «vicios» sino de articulaciones delincuenciales construidas dentro del poder político.
Queda por completo claro que el Estado corrupto no existe en forma aislada sino articulado a la economía y a la cultura. No debería, por tanto, combatirse sólo mediante tiros de precisión, por lo cual se está usando la denuncia pública y el desmantelamiento de estructuras legales para modificar al Estado, incluyendo políticas como las salariales y las garantías de derechos sociales.
A México, como a otros países, le ha tocado un capitalismo salvajemente neoliberal, pero al mismo tiempo una de las peores combinaciones de aquél: la corrupción como sistema. De tal suerte, la redistribución del ingreso y el establecimiento del Estado democrático y social no son factibles sin un proceso simultáneo de desarticulación del Estado corrupto.
Las cifras de condonaciones fiscales dadas a conocer por Andrés Manuel hace unos días se nos revelan como una fotografía política: véase el primer año de mandato de Peña Nieto, con más de 200 mil millones de pesos de impuestos condonados, que fueron parte del pago de financiamientos políticos ilícitos y demás apoyos para gastos electorales y para otros mecanismos de poder. Todas las aportaciones privadas se pagaban y, al mismo tiempo, en esas exacciones se creaban nuevos fondos para financiar la futura actividad política. Ésta, en México, ha sido muy cara: de una forma o de otra todo el dinero tenía que ser aportado por el Estado.
La nueva administración no podía arribar a entidades y organismos públicos con la idea de ir mejorando las cosas. Esa actitud hubiera sido un error fatal. Si se quiere transformar hay que remover el aparato administrativo anterior. Esto incluye al Seguro Social, donde desde tiempos muy remotos ha sido una tradición ocupar las delegaciones en los estados como referentes políticos de grupos y figuras del poder. Ya no se hable, por sabido, de los sobreprecios de los insumos médicos: esos sí que son «inhumanos».
Pero como es hasta cierto punto natural, cada error administrativo ha de ser magnificado por los conservadores para defender su viejo Estado corrupto. Hasta ahora, la resistencia ha sido moderada, pero quizá pronto se haga virulenta. Si el gobierno de AMLO mantiene la firmeza suficiente podrá ganar esa lucha. Pero si empezara a postergar acciones y a ceder ante los circuitos de la corrupción con sus referentes en empresas y políticos tradicionales, todo se vendría abajo. Es más, para algunos, el ritmo actual es aún lento y no va a tomar velocidad organizando insustanciales subastas de aviones y automóviles, las cuales resultan ridículas en lugar de espectaculares.
Si no se admite el freno o la tesis de la cautela, entonces es preciso empujar. Si así fuera, se podría empezar a combatir la corrupción cotidiana, la que golpea más directamente a la ciudadanía: bajar hasta el primer peldaño de la escalera, el más alejado de la cúspide del poder.
Desde un punto de vista meramente formal Pemex está en quiebra porque debe más de lo que tiene. Pero bajo un análisis estrictamente económico, Pemex ha sido saqueado por los gobiernos anteriores.
Esa inmensa deuda externa de la petrolera, que asciende a más de 100 mil millones de dólares, no fue consecuencia de necesidades reales de la empresa, sino de una forma de financiamiento del gasto público improductivo, la cual, por tanto, fue inconstitucional.
Fobaproa-IPAB llegó a alcanzar 100 mil millones de dólares de deuda (un millón de millones de pesos de entonces), por lo que se puede decir que la «quiebra» de Pemex es una nueva versión, sólo que este endeudamiento público no ha sido para cubrir deudas y quebrantos de empresarios y bancos privados, sino para sufragar el gasto de operación del gobierno federal durante los cuatro sexenios anteriores. Sin embargo, ambos fraudes también tienen en común que el pueblo tendrá que pagar.
Como se sabe, el débito gubernamental debe ser destinado a inversiones que produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos, excepto reestructuraciones o regulaciones monetarias. Esto señala la Constitución. Para eludir fácilmente este mandato, las sucesivas administraciones mantuvieron muy pesada la «carga fiscal» de Pemex, obligándolo a contratar deuda soberana. Es decir, el dinero que Pemex invertía no venía de sus propios ingresos, lo que hubiera sido natural y nada oneroso, sino de los préstamos.
Si los impuestos de Pemex hubieran sido fijados según el exacto nivel de sus necesidades de operación, mantenimiento e inversión, la empresa no hubiera tenido que contratar deuda, pero el gobierno tampoco hubiera podido financiar sus gastos de operación, los cuales fueron aumentando con enorme velocidad a partir del gobierno de Vicente Fox. En el fondo, se trataba de gasto político.
Se pasaba el dinero de una caja a otra para poder elevar el gasto no productivo mientras la inversión de Pemex se tenía que financiar con créditos en el extranjero, después de saquear todos los días a Pemex. La Ley de Ingresos disponía una cantidad fija diaria que Pemex debía entregar como anticipo del pago de sus contribuciones.
México cometió el mismo error que otros países pobres del mundo: dilapidó sus excedentes petroleros en gastos de mantenimiento político, meramente operativos, de una burocracia costosa y parasitaria, así como en subsidios, muchos de los cuales eran innecesarios. A esto hay que agregar la inmensa corrupción que llevaba ríos de dinero hacia las cuentas de gobernantes, funcionarios y contratistas.
Los sucesivos gobiernos decían que el dinero procedente del petróleo debía ser destinado a cubrir las necesidades de gasto de «todos los mexicanos…». Pero esa afirmación era una mentira. Gran parte del dinero procedente del petróleo se estaba usando en sufragar el gasto administrativo del gobierno, en lugar de usarlo en inversiones productivas, petroleras también. La tolerancia hacia la elusión y la evasión fiscal era menos problemática porque más de un tercio del presupuesto se cubría con los excedentes petroleros. En síntesis, todo fue un esquema parasitario hecho por parásitos.
En los últimos años, ante la crisis de la deuda pública y bajo la política de extinción de la empresa por quiebra total, Pemex tuvo que reducir drásticamente sus inversiones. Cayó la producción y la petrolera fue presentada como el fracaso más grande, aunque corrupción y huachicol seguían hacia arriba.
El nuevo gobierno está ahora entregando recursos frescos a Pemex, ha rebajado parte del pago de sus derechos fiscales y autorizó una reconversión de deuda. Se ha evitado más del 90% del robo de combustibles. Si Pemex continúa invirtiendo para producir más, el fisco podrá ir poco a poco regresándole lo que le debe con el fin de hacer de esa empresa una plataforma de crecimiento y desarrollo.
Al mismo tiempo, la producción de refinados es una tarea de Pemex por una razón: México no debe depender (al menos no casi totalmente como ahora ocurre), de las importaciones de gasolinas y gas porque en el momento en que hubiera problemas en el suministro, la economía del país podría paralizarse. Nadie, en serio, podría sostener que México deba seguir trayendo de fuera el 90% de las gasolinas.
El esquema elaborado por la convergencia política PRI-PAN en la «reforma energética» incluyó el plan para que compañías extranjeras trajeran las gasolinas. Pero eso no cambiaría en nada la situación. Quizá la complicara.
No existe energético más caro que el no se tiene. Así han pensado los estadunidenses desde hace años en su política de alcanzar la autosuficiencia en hidrocarburos. Ya casi lo logran, aunque deban producir petróleo y gas más caros. ¿Y México? ¿En qué es distinto en ese aspecto? Estados Unidos tiene el más poderoso ejército para ir a buscar el petróleo a donde sea, pero eso ni por asomo lo podría intentar México.
Moody´s afirma que Dos Bocas costará más de 10 mil millones de dólares y no los 8 mil calculados por el gobierno, lo cual ha de generar, dice, un boquete fiscal. Se basa en la falta de experiencia nacional en la construcción de refinerías, pero no explica dónde está la experiencia propia de esa «calificadora» de riesgos en la presupuestación de complejos petroleros. Sean 8 mil, 10 mil o más, el gobierno de México tiene que hacer lo que sea necesario, para lo cual no se requieren empresas calificadoras porque no es un asunto meramente financiero sino estratégico, un problema de Estado.
Eso nos lleva a un tema mucho más complejo: más allá de los viejos conflictos regionales históricos, la globalización no está evitando del todo nuevas contradicciones internacionales. Los desbalances del comercio han vuelto al escenario, como lo indica la «guerra» arancelaria de Estados Unidos contra China, así como otras medidas tomadas en contra de diversos países, incluido México.
Al mismo tiempo, Estados Unidos ha recrudecido su capacidad de bloqueo comercial y financiero contra aquellos países considerados como amenazas o sencillamente de gobiernos «indeseables».
Pasar de la «guerra arancelaria» a los bloqueos comerciales y financieros requiere tan sólo un paso. ¿Hasta dónde podrían llegar los conflictos dentro de la modernísima globalización? ¿De qué manera y hasta qué punto se podría descomponer la libertad mundial de comercio y circulación de capitales? En verdad no lo podemos saber, sino sólo sospechar. Por lo pronto, Dos Bocas debe ir adelante y luego averiguamos. Así se trabajan estos temas.
Para resolver sobre la Ley de remuneraciones de servidores públicos, la Suprema Corte tiene frente a sí un proyecto para declarar inconstitucional ese ordenamiento. Los y las ministras se encuentran de cara a la Constitución.
Para el ponente, el ministro Alberto Pérez Dayán, la ley objetada no contiene lineamientos para modular la determinación del sueldo del presidente de la República. Según él, tiene que haber una «elaboración objetiva» de la remuneración presidencial.
La Ley de remuneraciones ha sido una de las más combatidas por ser chocante a los altos funcionarios, incluyendo a los del Poder Judicial. Durante muchos años, esos servidores públicos se asignaron su propio sueldo. Llegaron a los más altos montos jamás vistos. Hoy, no combaten en realidad la ley de remuneraciones, sino el texto de la Constitución (Art. 127) que les impide ganar más que el presidente de la República porque el sueldo de éste se redujo.
El parlamento moderno empezó asumiendo el «poder de bolsa». Contener al monarca mediante la fijación de los impuestos y la autorización de los gastos. Parece, sin embargo, que ahora se quiere que los gastos corrientes tengan «parámetros» predeterminados, racionalidades técnicas preestablecidas, «métodos de cálculo» definidos. Esto quiere el ministro instructor Pérez Dayán.
Sin embargo, el sistema democrático liberal que se mantiene en el texto constitucional expone otra cosa. A la espera de una democracia directa y participativa, la vigente, enteramente formalista, indica que la política de sueldos la marca la representación popular. El poder de bolsa es exclusivo del Congreso y tiene dos partes: ingresos y egresos. Estos últimos los determina de manera exclusiva la Cámara de Diputados en el Presupuesto, el cual es anual.
Se postula que la política de sueldos la determina el electorado, al elegir a quien mejor propuesta tiene al respecto. ¡Ah!, pero Pérez Dayán quiere que las remuneraciones de los altos funcionarios sean determinadas por «parámetros» y mediante métodos «objetivos». ¿Cuáles pueden ser éstos? Si tuviéramos una difícil situación de bajos ingresos y altas deudas tendríamos que bajar los sueldos de los jefes sin pensar en «parámetros». De la misma manera, cuando el pueblo ha votado y nos ha dicho que basta de privilegios, tenemos que bajar los sueldos de esos mismos jefes por el simple dictado del electorado. Cuando es preciso aumentar el gasto social y rebajar las erogaciones operativas, meramente burocráticas, hay que reducir los sueldos de los funcionarios de alto rango para dar al presupuesto otros objetivos. Todo esto es lo que está ocurriendo.
Así funciona el sistema representativo liberal formalista. ¡Ah!, pero Pérez Dayán quiere inventar un nuevo sistema tecnocrático y obligar al Congreso a expedir una ley que diga lo contrario, es decir, que los sueldos de los jefes del aparato público se deciden mediante criterios «objetivos» y «técnicos», pero de ninguna manera políticos en el sentido más amplio y exacto del término.
Si así lo dijera al final la Suprema Corte, no podría ser de esa forma porque el país no está para admitir que el sueldo del presidente se defina mediante imposibles «razones» técnicas, lógicamente, por parte de unos tecnócratas. Es decir, aunque se declarara en la Suprema Corte la inconstitucionalidad de la ley de remuneraciones, mientras no se deroguen los artículos 75 y 127 de la Constitución, el sueldo del presidente de la República, el más alto en el Estado mexicano, seguirá siendo determinado por votación en la Cámara de Diputados, cada año, como está establecido desde que se fundó la República.
El ministro Pérez Dayán va más lejos en su intento de echar abajo la ley de remuneraciones. Como dicho ordenamiento fue expedido por la Cámara de Diputados siete años después de que se lo enviara el Senado, entonces es nulo. ¿Qué? Pues sí. Ese ministro ponente pretende hacer que la Corte declare que una ley es inconstitucional porque el Congreso se tardó demasiado en expedirla. ¡Wau! Eso nunca se había visto.
No existe precepto alguno en Constitución, ley o reglamento que prescriba la caducidad de un proyecto enviado desde una cámara a la otra. Jamás. Las normas señalan la «preclusión» de la facultad de las comisiones para dictaminar una minuta procedente de la colegisladora cuando se hubiera agotado el plazo con el propósito de poder discutirla y votarla directamente en el pleno, como se hizo en este caso, pero no existe la posibilidad de declarar desechado un proyecto enviado desde la otra cámara sin la votación de la asamblea, pero, además, para devolverlo a la de su origen. Nadie por su propia decisión puede archivar una minuta o declararla extemporánea, excepto, por lo visto, Pérez Dayán, quien de seguro debió haber leído el artículo 72 de la Constitución cuando era estudiante, pero se nota que no entendió nada.
El ministro instructor dice que la ley de remuneraciones debió haber señalado lo que ya dice la Constitución en un artículo diferente al 127, justamente el 95, en el que se prescribe que las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial no puede ser disminuidas durante su encargo. Pero ese precepto vigente no requiere reglamentación especial porque es de aplicación directa. Es más, se ha respetado.
Dice el ponente que la ley de remuneraciones ataca la «autonomía presupuestal» del Poder Judicial y de los órganos «autónomos». Esta afirmación es por completo contraria a la Constitución. La Carta Magna dice que los «autónomos» y poderes deben enviar, a través del Ejecutivo, su proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados, pero no dice que ésta debe aprobarlo como llegue. El poder de bolsa, en su vertiente de egresos, corresponde por entero sólo a los diputados y diputadas. Punto.
Lo que además hace la Cámara es determinar toda «retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley», como le ordena la Constitución. Esto incluye a los integrantes de los órganos «autónomos», preocupados, todos ellos, por mantener sus altísimos e injustificados sueldos.
La llamada «autonomía presupuestal» indica que la administración del presupuesto que le asigna la Cámara a cada ente autónomo y a los poderes Judicial y Legislativo no corresponde al Ejecutivo sino a ellos mismos, sin poder eludir la revisión de sus gastos por parte de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Pero sólo la Cámara puede autorizar sus respectivos montos presupuestales y los sueldos de los empleos señalados en ley. Hagan lo que hagan, así seguirá siendo.
En el fondo de este largo, escabroso y lamentable litigio sobre la ley de remuneraciones se encuentra la aplicación del artículo 127 de la Constitución. Antes, cuando el presidente ganaba lo que quería, sin contar lo que robaba, no había problema alguno. Hoy, el sueldo presidencial es moderado y adecuado a un Estado empobrecido y saqueado. Sí, es políticamente adecuado.
Hay intereses evidentes en este asunto aunque también, podría pensarse, miseria moral de los altos jefes que reclaman inmensos sueldos cuando el país en el que se encumbraron quiere cambiar.
Existen también en la ponencia de Pérez Dayán otras pretensiones de inconstitucionalidad y algunas propuestas que son discutibles, pero el enfoque en su conjunto es inicuo porque propone la subversión de una parte del sistema político de la Constitución pero desde un mal uso del control constitucional que forma parte de ese mismo sistema.
La Suprema Corte de Justicia no puede dictar una sentencia de carácter aditivo, con la cual se agregue algo a una ley. Puede declarar omisiones legislativas pero no legislar directa o indirectamente.
En la situación actual, si la Corte declarara sin razón la inconstitucionalidad de la ley por «omisión legislativa» para tratar de obligar al Congreso a legislar por pedido y lograr así la elevación del sueldo del presidente de la República, la mayoría legislativa le respondería expidiendo el mismo texto vigente porque los elementos que Pérez Dayán quiere que entren en la legislación atentarían contra la facultad constitucional de la Cámara de Diputados para expedir el presupuesto de egresos e incluir ahí la política de sueldos. Eso no lo podría admitir un parlamento que está tratando de recobrar altura republicana y democrática.
La transformación que se está intentando en el país a partir de la victoria electoral del 1 de julio de 2018 no va a rodar sobre una mesa de billar. Es natural que los conservadores hagan lo que se pueda para, desde sus trincheras, combatir los elementos centrales del dictado de las urnas. La respuesta ha de ser tratar de impedírselos.
