"A 20 años de haberse consumado el fraude e impuesto el Gobierno espurio de Calderón, Fox admite haber dinamitado la democracia mexicana en 2006".

La lengua de Fox admite que manejó la Presidencia y el Gobierno como su negocio privado, y que intervino en el proceso electoral para imponer a Felipe Calderón como su sucesor. Aunque estos hechos quedaron evidenciados y documentados periodísticamente desde los mismos años en que estuvo en funciones, escucharlo admitirlo hoy con total cinismo resulta indignante. Sus recientes palabras ante el periodista Juan Luis Cebrián no son simples anécdotas de un cínico, sino delitos confesos.
Tenía razón aquel manifestante que, durante las protestas poselectorales multitudinarias, escribió en su cartulina: “El pueblo no pudo con el fraude, el fraude no podrá con la historia”. A dos décadas de distancia, el tiempo no ha borrado de la memoria colectiva uno de los mayores agravios a nuestra incipiente democracia, un fraude electoral que fue también el preámbulo de una de las etapas más dolorosas, violentas y sangrientas del país: el calderonato, cuyos estragos aún se padecen.
A 20 años de haberse consumado el fraude e impuesto el Gobierno espurio de Felipe Calderón, Fox admite con total desfachatez haber dinamitado la democracia mexicana en 2006. Aquel plan comenzó a gestarse con mucha antelación durante el foxismo, mediante artimañas operadas por Fox y otros miembros del PAN para frenar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Entre esas maniobras se incluyeron el proceso de desafuero, la inequidad en la contienda, y las campañas sucias de desprestigio y miedo financiadas mediante el desvío de millones de pesos desde la Presidencia por Fox, así como propaganda y campañas financiadas también por empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, sumadas las autoridades electorales que validaron ese fraude. Todas estas irregularidades quedaron sintetizadas en la infame frase de Calderón: “Haiga sido como haiga sido”.
Ahora que, tras los dichos de Vicente Fox, se plantea crear una comisión en el Congreso para investigar el fraude electoral de 2006 y su injerencia a favor de Felipe Calderón, sería importante también que se indague el enriquecimiento que él y su familia obtuvieron al amparo del tráfico de influencias y el uso que de la Presidencia hizo para sus negocios, como su botín.
Cuando Fox llegó a Los Pinos, era un empresario prácticamente en quiebra. En su primera declaración patrimonial reportó apenas dos terrenos –uno valuado en 22 mil 300 pesos y otro en 311 mil– ningún vehículo a su nombre y acciones en dos empresas familiares en bancarrota, y ya para agosto de 2001 compraba una casa de contado en dos millones de pesos. Al final de su sexenio declaró ser propietario de tres casas y tres terrenos; aunque nuevamente omitió registrar vehículos, pronto se le vio conduciendo distintos autos deportivos de lujo. Al salir del cargo inauguraba su Centro Fox como un complejo multidisciplinario para eventos internacionales, acompañado del San Cristóbal Center y la Hacienda San Cristóbal, habilitada como hotel de lujo. Además, figuraba ya como propietario o socio en una treintena de empresas junto con su esposas y los hijos.
Durante su estadía en Los Pinos, bajo un esquema de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses, Fox se dedicó a enriquecerse junto a sus familiares, allegados y socios.
Su sexenio se caracterizó por la operación de sus hijos e hijastros como gestores de contratistas gubernamentales, asociándose con empresarios beneficiados desde la estructura del Gobierno.
Aunque en campaña prometió sacar a las “tepocatas prietas” y acabar con los excesos del régimen priista, la élite panista terminó repartiéndose los cargos públicos para usarlos como su negocios también y ampliando aún más los privilegios de la burocracia dorada a costa del erario. Esto abarcó desde los gastos estratosféricos en la residencia oficial de Los Pinos –para que la pareja presidencial y su familia vivieran como la realeza– hasta prebendas crecientes para toda la cúpula blanquiazul en las diversas secretarías de Estado.
Así, el primer Gobierno de alternancia, que había generado altas expectativas de cambio democrático, terminó en un fracaso para el país, pero en un negocio financiero para Fox y su círculo cercano, quienes se enriquecieron a la sombra del poder. Hoy, con total descaro, presume haberle dejado ese “negocio” a otro miembro de su partido tras intervenir ilegalmente en la elección de 2006.
Mientras la cúpula panista se llenaba los bolsillos, en el país crecía la pobreza debido a una política deliberada de precarización laboral y estancamiento salarial. Durante ambos sexenios panistas, los aumentos al salario apenas rondaban los dos o tres pesos anuales, lo que provocó una contracción en el poder adquisitivo de los trabajadores.
Felipe Calderón usaba los lemas de “manos limpias” y “Presidente del empleo”, fue todo lo contrario. Además de los graves episodios de corrupción y tráfico de influencias que caracterizaron su Gobierno y a su Gabinete, otra de sus infamias fue dejar en la calle a más de 44 mil trabajadores al extinguir la compañía paraestatal Luz y Fuerza del Centro, para entregarle parte del negocio eléctrico a empresas extranjeras para las cuales operaba como cabildero.
En ese periodo, la generación de puestos de trabajo quedó muy por debajo de las necesidades del país, así lo constata un informe del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, el cual cifra que el número de desempleados pasó de seis millones 533 mil al inicio del sexenio de Calderón a ocho millones 671 mil hacia el final de su mandato. Asimismo, el estudio señala que el 58 por ciento de los empleos creados en ese lapso pertenecían a la economía informal, marcados por la precariedad y los bajos salarios.
El calderonato se caracterizó también por fomentar la precarización laboral mediante lo que el Gobierno llamaba “flexibilización en la contratación”. En la práctica, esto consistió en incentivar esquemas abusivos –como periodos de prueba, supuesta capacitación inicial o pagos por hora sin seguridad social– para evadir prestaciones. Sumados a la subcontratación y a la tolerancia ante despidos injustificados, estos mecanismos deterioraron gravemente las condiciones laborales en beneficio del sector empresarial y en detrimento de los trabajadores. Además de la lesiva reforma al sistema de pensiones. Todo ello en un contexto donde la pobreza patrimonial y alimentaria afectaba a más del 50 por ciento de la población.
En ese escenario, mediante una ocupación policiaca y militar coordinada por su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna –actualmente encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico–, Felipe Calderón decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la compañía que albergaba a uno de los sindicatos más combativos del país y que se oponía abiertamente a la privatización del sector eléctrico.
La fecha del decreto para su extinción no fue casualidad, sino una maniobra calculada para aprovechar la euforia colectiva por la clasificación de la Selección Mexicana al Mundial de Sudáfrica. Así, al amparo del “sabadazo futbolero”, Calderón asestó un golpe letal a la histórica paraestatal para favorecer con ello a las empresas privadas que se iban apoderando del sector eléctrico; años más tarde aparecía en el directorio de una de esas empresas como “asesor”.
El decretazo y la ocupación policiaco-militar que se hizo de las instalaciones de Luz y Fuerza impidió que la Auditoría Superior de la Federación avanzara en la fiscalización que por entonces realizaba a las finanzas de la paraestatal. El órgano fiscalizador revisaba los millonarios ingresos por concepto de suministro eléctrico, buscando verificar la recaudación. Para esos momentos existían seis mil 500 “cuentas especiales” de empresas y particulares que desde hacía años no pagaban el suministro de energía eléctrica. También se auditarían las transacciones que se hacían con unas 500 compañías a las cuales extraoficialmente se les permitía conectarse sin pagar por el servicio. Pero la fiscalización que hacían los auditores fue interrumpida también por la ocupación policiaca-militar ordenada por Calderón. Dada la relevancia contable de la investigación, el área jurídica de la ASF solicitó que se permitiera a su personal continuar con el trabajo, pero el acceso les fue negado.
De esa manera se impidió que se conocieran los manejos financieros de la paraestatal, dejando impunes tanto la danza de millones que ahí se operaba como los negocios que las empresas del sector eléctrico beneficiadas del calderonato hacían aprovechándose de la infraestructura de la paraestatal.
Tras la extinción de LFC, los integrantes del Gabinete –Fernando Gómez Mont en Gobernación, Georgina Kessel en Energía y Agustín Carstens en Hacienda– insistieron en que el sector no se privatizaría, pero la realidad era que, para ese momento, casi el 50 por ciento de la electricidad del país ya era generada por consorcios extranjeros bajo esquemas simulados como productores independientes, autoabastecimiento, cogeneración y exportación. Calderón había autorizado a esas compañías extranjeras –para las cuales fungía como cabildero– a vender energía eléctrica a las empresas públicas, aunque era algo anticonstitucional, detonando una sobreproducción artificial innecesaria cuya compra se imponía obligatoriamente a LFC y a la Comisión Federal de Electricidad.
Por cierto, Kessel, la Secretaria de Energía del calderonato también recurrió a las llamadas “puertas giratorias” al contratarse como consejera también de Iberdrola, el mismo consorcio que a través de una de sus filiales contrató a Calderón como consejero.
Estos manejos irregulares fueron apenas una faceta de un sexenio marcado por el tráfico de influencias, las puertas giratorias y el enriquecimiento de la burocracia dorada. Mientras tanto, el resto de la ciudadanía padecía una creciente ola de violencia y un baño de sangre derivados de una fallida “guerra contra las drogas” que no era sino el parapeto que Calderón usó como estrategia narrativa para buscar legitimar su Gobierno, estrategia que le resultó fallida, además tenía a un Secretario de Seguridad que en realidad colaboraba con el narcotráfico. Se generó en el país el desplazamiento forzado interno, el reclutamiento criminal y el empoderamiento de los cárteles, los cuales se diversificaron hacia una amplia gama de delitos.
Veinte años después, las propias palabras de Vicente Fox terminan por confirmar la ilegalidad de aquel origen. “Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso, pero yo me dije a mí mismo que la sucesión en el país debiera quedar en las mismas manos de mi partido político. Llegué a decir públicamente que yo no entregaría el poder, salvo a un Presidente electo del PAN”, declaró el exgerente de Coca-Cola. Son las confesiones del mismo personaje que gestionó el Gobierno como su negocio personal y que, tras llegar al poder usando en su campaña consignas contra el PRI, hoy también se abraza y se alinea con lo peor de ese partido.
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