11/22/2026

La justicia distributiva del Gobierno de la 4T

 Puntos y Contrapuntos

Pedro Mellado Rodríguez

"Una de las funciones básicas del Gobierno es aplicar una justicia distributiva que contribuya al bienestar general de la mayoría de la población".

La Justicia ditributiva del gobierno de la 4T. Por Pedro Mellado

El derecho público es el derecho que emana del Estado, el derecho cuya fuerza obligatoria deriva de la posibilidad de que en su defensa se ejerza el poder coactivo que pertenece exclusivamente al Gobierno, en el que los ciudadanos delegan la facultad de actuar en nombre de todos, en procesos electorales periódicos determinados por la voluntad mayoritaria del pueblo.

“El Estado ejerce una justicia distributiva, en la que se inspira la autoridad pública para la distribución de honores y gravámenes: su objetivo es que a cada uno le sea dado lo que le corresponde con base en criterios que pueden cambiar, de acuerdo con la diversidad de las situaciones objetivas o de los puntos de vista”. Los criterios más comunes son: a cada uno según su mérito, a cada uno según su necesidad, a cada uno según su trabajo. Estos criterios los define el jurista, filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio en su tratado sobre teoría general de la política denominado “Estado, Gobierno y Sociedad”, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1989.

Establece Norberto Bobbio que “de hecho, la primacía de lo público significa el aumento de la intervención estatal en la regulación coactiva del comportamiento de los individuos. La supremacía de lo público se basa en la contraposición del interés colectivo al interés individual. La primacía de lo público adopta diversas formas de acuerdo con las diversas maneras en que se entiende el ente colectivo”.

El jurista italiano hace una clara diferenciación con el derecho privado, como el conjunto de normas que “los sujetos establecen para regular sus relaciones recíprocas, entre las cuales las más importantes son las relaciones patrimoniales, mediante acuerdos bilaterales, cuya fuerza vinculante reposa primordialmente, en el principio de reciprocidad. El contrato es la forma típica con la que los individuos regulan sus relaciones”.

Por lo tanto, señala Bobbio, “la justicia conmutativa es la que regula los intercambios: su objetivo fundamental es que las dos cosas que se intercambian sean de igual valor, con el fin de que el intercambio pueda ser considerado justo. Y concluye. Con la siguiente idea: “La justicia conmutativa ha sido definida como la que tiene lugar entre las partes, la distributiva como la que tiene lugar entre el todo y las partes”.

Una de las funciones básicas del Gobierno es aplicar una justicia distributiva que contribuya al bienestar general de la mayoría de la población, orientando el presupuesto público a satisfacer servicios y bienes que permitan atemperar o disminuir las desigualdades en la distribución de la riqueza que todos los habitantes del país generan con su esfuerzo cotidiano. Y en ese rango habría que ubicar las políticas salariales y las pensiones para el bienestar que en el cierre del 2026 llegarán a más de 42 millones de mexicanos.

La pobreza

Por eso es significativo que en el informe del Banco Mundial, “Perspectivas macroeconómicas sobre la pobreza”, presentado en la conferencia matutina en Palacio Nacional, por la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el reciente lunes 16 de noviembre del 2026, se haya observado que el incremento sostenido de los salarios reales y la ampliación de los Programas para el Bienestar, son dos factores relacionados con la reducción de la pobreza y la desigualdad en México.

En el análisis elaborado por el Banco Mundial se advierte que entre 2018 y 2026, 17.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza en nuestro país. En ocho años, seis del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los primeros dos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la población en situación de pobreza por ingresos pasó de 43.9 millones a 26.6 millones, cifra estimada para el cierre de 2026.

El economista César Morones, presidente del Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO) señala que esta semana México llegó al Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), realizado en la República Popular China, por la puerta de enfrente. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se presentó respaldada por el informe del Banco Mundial sobre la reducción de la pobreza en nuestro país.

Y con la certeza de que el principio de su Gobierno de que "por el bien de todos, primero los pobres", está dando resultados satisfactorios, la Presidenta de México llegó a la Cumbre del APEC representando a una de las 15 economías más fuertes del mundo, explicó César Morones. “El México del siglo XXI se encuentra entre las 15 economías principales del mundo, ahora con un PIB en los billones, colocándolo firmemente en el club de las economías más estables y dinámicas del globo”, agregó el economista de la Universidad de Guadalajara.

En su informe “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2026. Desafíos de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones”, dado a conocer esta semana, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que la institucionalidad de las pensiones, y en el caso de México las Pensiones del Bienestar, “constituye una dimensión fundamental para garantizar la calidad de las políticas a través de intervenciones efectivas, eficientes, sostenibles y transparentes, y de ese modo dar continuidad a los compromisos del Estado, proporcionar la infraestructura necesaria para que las políticas trasciendan los ciclos electorales, y transmitir certeza, legitimidad y seguridad jurídica a la ciudadanía”.

La institucionalidad de las Pensiones del Bienestar, en el caso de México, son derechos constitucionales establecidos en los artículos 4, 27 y 123 de nuestra Carta Magna y cumplen un papel importante para avanzar en la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades, porque permite una acción articulada para atender a grupos específicos de población.

Las observaciones del Banco Mundial son determinantes en la apreciación de que la estrategia económica del Gobierno federal, con respecto a los salarios y las pensiones del bienestar está funcionando y los criterios aplicados para llevarlas a cabo son compartidos por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y se reflejan positivamente en la economía de más de 17 millones de mexicanos que abandonaron la pobreza en los más recientes ocho años.

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