Ciudad de México. Organizaciones internacionales que trabajan por el derecho a decidir de las mujeres, realizaron una declaración conjunta sobre el derecho al aborto que presentarán en el 45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo del 14 de septiembre al 6 de octubre en Ginebra, Suiza, en el contexto del Día Internacional del Aborto Seguro, que se conmemora cada 28 de septiembre.
De acuerdo con la Declaración de este año (que puedes consultar y firmar aquí hasta el 29 de septiembre), todas las personas tienen derecho a intervenciones que salven sus vidas durante las crisis o fuera de ellas. Sin embargo, los derechos de las mujeres y las niñas a la autonomía corporal y al aborto seguro han sido algunos de los primeros derechos que se han sacrificado bajo el pretexto de dar prioridad al COVID.
Esto, señaló la declaración, incluye el aborto libre, seguro y legal y la atención integral del aborto y el postaborto, sin los cuales las mujeres y las niñas se ven obligadas a buscar abortos inseguros o a llevar a término embarazos no deseados.
De acuerdo con las organizaciones, durante esta pandemia algunos gobiernos aumentaron las barreras a los servicios de aborto al considerarlo un procedimiento médico no esencial, o usaron la crisis para restringir aún más el acceso, tanto en la ley como en la práctica.
En los sistemas de salud, por ejemplo, la planificación inadecuada y la redistribución del personal médico y los recursos para atender la pandemia por el COVID-19 disminuyeron el acceso al aborto y a la anticoncepción.
Agregaron que las medidas de confinamiento restringieron la posibilidad de trasladarse a los centros de salud, lo que exacerbó los ya “gravosos” requisitos para cumplir con los estrictos límites gestacionales en materia de aborto. Las medidas de encierro también dieron lugar a la pérdida de medios de subsistencia de muchas personas.
De acuerdo con el pronunciamiento, hubo un “dramático” aumento de la violencia en los hogares y de pareja, así como de la carga del cuidado en las mujeres y las niñas, el cierre de las fronteras, las medidas restrictivas basadas en la condición migratoria, así como el racismo sistémico en la vigilancia policial e implementación del aislamiento. Todo esto, señalaron, limitó el acceso a la atención del aborto.
En contraste, durante la pandemia, algunos otros Estados ampliaron los límites legales para el aborto médico y facilitaron los procedimientos de telemedicina, lo que demostró “que estas barreras nunca fueron médicamente necesarias”.
Por todo ello, en el Día Internacional del Aborto Seguro, las organizaciones instarán a los Estados a respetar, proteger y cumplir los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, con estas acciones específicas:
- Garantizar el acceso irrestricto a los productos y servicios de salud sexual y reproductiva disponibles, accesibles, aceptables y de calidad, incluidos los anticonceptivos modernos y la atención integral del aborto y la atención posterior al aborto a petición de quienes lo soliciten, como parte de la cobertura sanitaria universal y como atención sanitaria esencial, en todo momento, incluso durante la pandemia por COVID-19. Esto debería incluir la opción de la telemedicina, el aborto médico y el aborto autogestionado
- Remover todos los obstáculos jurídicos, administrativos y sociales, incluida la criminalización, que impiden el acceso al aborto en condiciones seguras e implementar la orientación basada en la evidencia para la atención del aborto, y continuar con todo cambio positivo en las leyes y políticas sobre el aborto después de la pandemia
- Adoptar un enfoque interseccional y basado en los derechos para la respuesta y recuperación ante la pandemia por COVID-19 que aborde la supremacía blanca y otras opresiones sistémicas y los determinantes de la salud en la ley y en la práctica. Centrar la justicia reproductiva y su énfasis en los derechos a la autonomía corporal, la autodeterminación, la decisión de tener hijas o hijos, o no tenerlos, en ambientes seguros y saludables al regular el acceso a servicios de aborto, anticoncepción, salud sexual y reproductiva y todas las condiciones materiales necesarias para gozar de estos derechos
- Fortalecer y financiar los sistemas de salud pública a través de los impuestos y sin el control de otros gobiernos, acuerdos multilaterales y empresas transnacionales. Para ello es necesario que los Estados donantes, las instituciones financieras internacionales y otros acreedores y donantes adhieran a los estándares de Derechos Humanos y garanticen que la asistencia financiera y de otro tipo sea sostenible, que esté concebida con una participación significativa de los movimientos feministas locales, las defensoras de los Derechos Humanos, entre otros grupos, como las medidas de austeridad, la privatización y los ajustes estructurales.
La Declaración fue elaborada por la Iniciativa por los Derechos Sexuales (SRI); la Coalición por la Justicia Sexual y Reproductiva; el Centro de Derechos Reproductivos; el Centro de Recursos e Investigaciones sobre la Mujer de Asia y el Pacífico; la Asociación para los Derechos de la Mujer en el Desarrollo , CHOICE for Youth and Sexuality, IPPF, Ipas, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, la Coalición de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos y la Asociación Sueca para la Educación Sexual.
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