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11/08/2025

ONU Mujeres y Global Cybersecurity Forum se unen para avanzar en ciberseguridad para las mujeres

 

La alianza marca un hito en el avance de la Agenda de Acción Beijing+30 y el compromiso estratégico de ONU Mujeres para garantizar que las mujeres y las niñas se beneficien por igual de la revolución digital. En virtud del memorando de entendimiento, ambas organizaciones acordaron aumentar la representación de las mujeres en la ciberseguridad mediante alianzas estratégicas y amplificación digital, y organizar reuniones de alto nivel y mecanismos de aprendizaje cruzado.

Bajo este acuerdo, los dos organismos acordaron incrementar la representación de las mujeres en la ciberseguridad a través de alianzas estratégicas y la amplificación digital mediante convenios de alto nivel y de mecanismos de aprendizaje.

La colaboración incluirá reuniones conjuntas de alto nivel, eventos de aprendizaje cruzado y esfuerzos de promoción digital en el marco de la iniciativa de Empoderamiento de la Mujer en la Ciberseguridad del GCF y los programas mundiales de ONU Mujeres sobre innovación y tecnología.

Según el Informe sobre la Fuerza Laboral de Ciberseguridad de 2024 del GCF , las mujeres representan solo el 24 % de la fuerza laboral mundial en ciberseguridad, lo que subraya la necesidad de alianzas más sólidas para crear vías que permitan a las mujeres ingresar y prosperar en este campo de rápido crecimiento.

Las inversiones específicas en igualdad de género tienen el poder de transformar las sociedades y las economías. El informe Panorama de Género 2025, publicado recientemente por ONU Mujeres, señala que tan solo cerrar la brecha digital de género podría beneficiar a 343,5 millones de mujeres y niñas en todo el mundo, sacar a 30 millones de la pobreza para 2050 y generar un aumento estimado de 1,5 billones de dólares en el PIB mundial para 2030. No obstante, resalta que existen caminos para contener la problemática: si se invierte en acciones concretas de género digital.

Por su parte, el Reporte de la Población Activa en Ciberseguridad 2024, presentado por Global Cybersecurity Forum, subraya que existe una apremiante necesidad de atraer nuevos talentos por la vía de la promoción de la diversidad y la inclusión. Con el énfasis particular del empoderamiento de los grupos subrrepresentados, especialmente el de las mujeres.

Hoy, las mujeres representan solo el 24 por ciento de la fuerza laboral de ciberseguridad. De ahí, que incrementar la participación de las mujeres, no solo llenará los espacios vacíos, proporcionará la seguridad y se contará con mas capacidad. Y así, mejorará el desempeño de los negocios.

Este documento indica que en ciberseguridad, la presencia de las mujeres en América es de 25 por ciento; Asia Pacífico, 24.8 por ciento; Europa, 22.4 por ciento y África 13.5 por ciento. El reporte en cuestión destaca que no solo se trata simplemente de contar con mujeres, por contar con ellas; sino que las mujeres pueden traer consigo diversas perspectivas y acercamientos a los problemas a resolver y a la innovación.

Añade que la diferencia de género, juega un papel muy importante en las industrias a nivel nacional. Tal y como lo demuestran investigaciones. Y el documento también resalta que el motivar a las mujeres a entrar en esta área de la ciberseguridad, traerá consigo mejores salarios, alta productividad y un futuro promisorio para la industria.

De tal forma que el reclutamiento de las mujeres, es ya de 51 por ciento, dicha iniciativa, es crucial ante la baja representación de las mujeres, al final destaca que con las mujeres en esta área, se avanzará en la igualdad de género.

Las iniciativas implementadas por las organizaciones para incrementar la diversidad e inclusión en los roles de ciberseguridad están en: Políticas de inclusión en un 62 por ciento; programas de entrenamiento diverso en un 56 por ciento; iniciativas de reclutamiento del orden del 51 por ciento y programas de asesoría del 36 por ciento.

Redes de gobernanza criminal y mujeres, olvidadas en Plan Michoacán de Sheinbaum

 

.- Ciudad de México.- Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia que pretende fortalecer la seguridad en la entidad donde aconteció el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan. Sin embargo, mujeres defensoras de la entidad señalan que se necesita de una estrategia interseccional y feminista para dar tregua a la inseguridad en el estado.

De acuerdo con Sheinbaum, durante la semana del 4 al 7 de noviembre, cada secretaría del gabinete presidencial escuchará a los pueblos originarios, las mujeres, autoridades municipales y estatales, campesinas y campesinos, familias de las víctimas, autoridades tradicionales, iglesias, productores directivos y sociales para formular el Plan Michoacán.

Aunque se pretende que el plan cuente con tres ejes —seguridad y justicia, educación y cultura, y desarrollo económico— la defensora por los derechos de las mujeres, Karla Ruiz Vega, señaló en entrevista para Cimacnoticias que, tomando en cuenta los antecedentes de la entidad, la situación de inseguridad podría continuar. Esto principalmente porque se deja de lado las voces críticas como la sociedad civil o el movimiento de mujeres que han denunciado la inseguridad en la entidad en reiteradas ocasiones.

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Actualmente, Michoacán vive una crisis de violencia que ha aumentado de manera gradual y sistemática, sobre todo contra las mujeres. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESSP) señalan que la entidad cuenta con 19 casos de feminicidio y 133 casos de homicidio doloso, colocándose como la tercera entidad con más registros de este último. A esto se suma que, hasta el corte del 4 de noviembre de 2025, la entidad cuenta con 3 mil 335 mujeres desaparecidas, según lo documentado por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Para Karla Ruiz Vega, detrás de asesinatos como el de Carlos Manzo, quedan en el olvido los cuerpos de las mujeres. En septiembre de este año, Uruapan recibió la atención mediática tras la desaparición de la influencer Flor Marian Izaguirre Pineda. Gracias a su caso, también se dio a conocer la desaparición de otras cuatro mujeres en la ciudad; sin embargo, días después de encontrada en un hotel y estar gravemente herida, la joven murió. Se trató de un caso relevante que no recibió la misma reacción social que el asesinato del alcalde de Uruapan.

Asimismo, la feminista y activista señaló que, en la entidad, las personas buscadoras, en su mayoría mujeres, están olvidadas, ya que no se les da visibilidad y reconocimiento. De la misma forma, la violencia familiar o en pareja generada por el uso de drogas no es una problemática que se atienda, por ejemplo, el SESSP registró mil 279 casos de violencia familiar tan solo en lo que va de este año. Ambas problemáticas se relacionan no solo con la violencia hacia las mujeres, sino con la inseguridad en Michoacán.

Frente a este escenario, Karla Ruiz Vega señala la necedad de reconstruir el tejido social a través de una cultura de paz con visión interseccional y feminista: «Porque esto nos abona justamente a que podamos erradicar problemas estructurales que ponen a las mujeres en una situación de desigualdad y de opresión«. A esto añadió, la implementación de acciones inmediata y preventiva encaminados a una política pública presupuestada que fueran presentada desde la sociedad civil.

«Si queremos implementar un plan que realmente funcione, tiene que estar evaluado de manera constante y en el que participen personas de la sociedad civil organizada, ojos críticos que puedan sumar a las realidades que atraviesan a las mujeres y a las personas en general en cada uno de los municipios. Si no está la ciudadanía dentro de esos espacios, entonces vamos a seguir reproduciendo políticas de simulación y no vamos a atender las causas directas.» -Karla Ruiz Vega, feminista y activista por los derechos de las mujeres.

Las redes de gobernanza criminal olvidados en Plan Michoacán

Desde la perspectiva de Patricia Monreal, periodista en Michoacán, el asesinato de Carlos Manson se convirtió en un catalizador de inconformidad social que se formuló en la entidad por la situación de violencia e inseguridad y el olvido del gobernador Alfredo Ramírez Vélez de MORENA, quien, desde su llegada en 2024, ha estado enfocado en temas políticos-electorales, pues ya había asumido el cargo desde 2021.

Para la periodista, el Plan Michoacán no muestra la intención de desarticular las redes de gobernanza criminal que existen y que generan las condiciones de inseguridad y crisis de violencia en el estado:

«Nos habla de programas sociales, de escuelas, eso me parece que es forma, pero de fondo no toca lo esencial (redes de gobernanza criminal), lo que ha venido haciendo por décadas, incluido actualmente los gobiernos municipales, el gobierno estatal, este algunos actores del gobierno federal en Michoacán.», destacó.

Cabe recordar que el gobernador fue incluido en un registro público en el que se enlistan a personas políticas, burócratas, empresarias y otros personajes que mantienen relaciones con el crimen organizado. La base de datos fue elaborada por el medio Pie de nota, la organización Defensorxs y el periodista Óscar Balderas.

Recordemos que la elección del 2024 ha sido la más violenta registrada en México. De acuerdo con Votando entre balas, se documentaron 661 personas e instalaciones atacadas cuando en 2023 el registro fue de 570. La mayoría de las víctimas competían por puestos municipales y Michoacán se posicionó como la quinta entidad con más registros de violencia política-criminal (33 casos).

Mientras los gobernantes se disputan el territorio de Michoacán, en la entidad han ocurrido varios episodios de violencia contra defensores como Hipólito Mora, exlíder de autodefensas en la entidad, Homero Gómez González, defensor de la mariposa monarca o los constantes ataques en la Sierra-Costa por grupos criminales. Todos los casos relacionados con el crimen organizado y la permisibilidad en la entidad.

«Esto lleva muchísimo tiempo en Michoacán. Nadie le ha metido mano y la situación ha venido en mayor en descomposición y me parece que la construcción de unas escuelas, de unos hospitales no va a cambiar en nada, que les den seguro social a las y los jornaleros, no va a cambiar, no va a cambiar el tema, mientras no se tocan estas redes que se han venido generando por décadas» -Patricia Monreal, periodista en Michoacán

9/20/2025

Presentan «Juna», herramienta en WhatsApp para detectar violencia en el noviazgo

 

La iniciativa surge frente a una realidad alarmante en México, donde siete de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia y, en la mitad de los casos de feminicidio, el agresor es la pareja sentimental, explicó Ximena Céspedes durante la conferencia “Herramientas de detección y educación sobre la violencia de género: rompamos el círculo desde el noviazgo”.

México atraviesa una crisis de violencia contra mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de su Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, 7 de cada 10 mexicanas de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Hace seis años, en 2016, la cifra era de 66 de cada 100. 

En sus resultados generales, la ENDIREH 2021 muestra que las principales violencias a las que nos enfrentamos las mujeres mexicanas a lo largo de nuestras vidas son la violencia psicológica (con el 51.6 por ciento) y la violencia sexual (con el 49.7 por ciento). Entre las otras violencias registradas por la encuesta se encuentran la violencia física, la económica o patrimonial y también la discriminación.

El Inegi también registró los ámbitos en los que las mujeres hemos estado más expuestas a experimentar diferentes agresiones a lo largo de nuestras vidas. 

Los primeros lugares los ocupan el ámbito comunitario (con el 45.6 por ciento) y las relaciones de pareja (con el 39.9 por ciento). Esto refleja que no hay una distinción entre los espacios públicos y privados al hablar del riesgo latente para las mujeres de sufrir una agresión. 

Ante este panorama, la Fundación Naná creó junto con Microsoft a Juna. Ana María Orozco, Customer Success Account Director de Microsoft, explicó que la inteligencia artificial se entrenó con múltiples conversaciones que le permiten identificar distintos tipos de violencia, como la económica, psicológica y física.

La herramienta es capaz de analizar, en cuestión de minutos, un historial de conversaciones de uno a tres meses para detectar patrones de abuso y alertar a la usuaria si se encuentra en riesgo, así como señalar el tipo de violencia presente.

Además de brindar un diagnóstico, Juna busca educar: explica qué forma de violencia se está ejerciendo, ofrece información para reconocerla en uno mismo o en el entorno cercano, y proporciona orientación sobre instituciones y recursos de apoyo a los que se puede acudir en caso de necesitarlo.

Herramientas de prevención, detección y acción contra la violencia

Por su parte, Mexicanos Primero presentó Banderas Rojas en tu Relación, una herramienta basada en un estudio sobre violencia de género en el noviazgo que funciona como una escala de 0 a 48 puntos para identificar riesgos y experiencias relacionadas con violencia en las relaciones de pareja. Jenny Farías, directora de Proyectos, Operaciones y Sustentabilidad de la organización, explicó que este recurso está dirigido especialmente a las y los jóvenes y se complementa con un ejercicio audiovisual.

En colaboración con Pérez Correa González Abogados y Mora Abogados, también se presentó La Caja Púrpura, un conjunto de herramientas legales para mujeres en situaciones de violencia. Según explicó la abogada Jéssica Paola Ávalos, incluye desde cómo presentar una denuncia hasta a qué instituciones acudir para recibir asesoría legal y acompañamiento emocional. Esta guía de acción traduce el lenguaje jurídico en información práctica, para que cada mujer sepa qué hacer, dónde acudir y qué esperar en cada etapa del proceso.

Finalmente, en alianza con la organización GENDES, la Fundación dio a conocer dos programas educativos: La Escuela del Buen Trato, con enfoque en comunidades escolares, y Del Mal Trato al Buen Trato, dirigido a personas adultas y espacios laborales. Ambos cursos, presentados por el psicoterapeuta Ricardo Ayllón, director de GENDES, buscan fortalecer relaciones más equitativas mediante procesos de reflexión sobre masculinidades.

¿Cómo detectar violencia en el noviazgo?

Si bien Juna es una herramienta que ayuda a identificar violencia en el noviazgo, existen otras formas de reconocerla. El informe “Violencia en el noviazgo. Desde la perspectiva escolar” menciona que se puede detectar con cinco señales de alerta: el control excesivo, los celos constantes, la falta de respeto al consentimiento y a la autonomía, el comportamiento cambiante entre comprensión y agresión, y el aislamiento progresivo de la víctima respecto a sus redes de apoyo.

De acuerdo con el estudio “Descripción y caracterización del Ciclo de Violencia que surge en las relaciones de pareja”, este fenómeno se desarrolla en tres fases, cada una con tres subcategorías.

La primera corresponde a la tensión inicial, caracterizada por violencia psicológica, verbal o económica. Aquí surge tanto la incertidumbre como pensamientos repetitivos de la víctima ante amenazas directas o indirectas de la pareja. En esta etapa aparecen los detonantes, conductas o palabras que el agresor utiliza como justificación de su comportamiento, aunque en la mayoría de los casos son falsos o irreales, así como los actos de tensión, que preceden a la violencia física y causan dolor emocional.

La segunda fase se compone de violencia física y sexual, cuando el agresor busca “impartir una lección” mediante un comportamiento directo contra la pareja. En este punto surge la defensa o autoprotección, donde la víctima no siempre asume un papel de sumisión, sino que puede responder de distintas maneras.

Finalmente, la tercera etapa es la reconciliación, en la cual el agresor promete no repetir la violencia y la víctima se aferra a la esperanza de cambio. En este proceso aparecen la justificación: explicaciones del agresor cuando la víctima no cede y la aceptación, que ocurre cuando la víctima normaliza el ciclo de violencia.

El origen

La Fundación Naná nació como respuesta a la violencia que viven miles de jóvenes en relaciones de pareja. Fue creada por Ximena Céspedes tras el feminicidio de su hija Ana María Serrano Céspedes. Desde su origen, la misión de la Fundación ha sido clara: prevenir la violencia en el noviazgo, educar a adolescentes, padres y comunidades, y visibilizar señales de alerta que suelen pasar desapercibidas. El objetivo es que ninguna familia tenga que atravesar el mismo dolor y que más jóvenes aprendan a reconocer cuándo el amor se convierte en peligro.

Ana María tenía 18 años cuando fue asesinada el 12 de septiembre de 2023 en el estado de México. Su presunto agresor fue su exnovio, un joven con quien mantuvo una relación marcada por conductas de control, celos e inestabilidad emocional. Lo que inició como un noviazgo adolescente terminó en tragedia, evidenciando un patrón de violencia.

Hasta ahora, la familia de Ana María no ha logrado obtener justicia, ya que el acusado ha recurrido a diversos amparos para evitar ser llevado a juicio. A dos años del feminicidio, aún no se ha dictado una sentencia condenatoria.

Frente a la ausencia de respuestas claras y al dolor de la pérdida, Ximena Céspedes se negó a que la historia de su hija quedara reducida a una estadística más. Al preguntarse “¿para qué ocurrió esto?”, encontró en la acción un propósito. Así nació la Fundación Naná, nombre con el que su hija era llamada cariñosamente desde la infancia, que hoy se ha convertido en un espacio de prevención, acompañamiento y memoria.

Como ocurre con muchas víctimas, ni Ana ni su entorno sabían que estaba siendo violentada. Es común que la víctima sea la última en reconocerlo, pues este tipo de conductas suelen disfrazarse bajo la idea del amor romántico y confundirse con gestos de cariño.


8/23/2025

Olimpia Coral en Argentina impulsa Ley Ema, contra violencia digital como la sextorsión

 

Los dos proyectos llevan el nombre de “Ema” en homenaje a la estudiante argentina de 15 años, quien fue inducida a quitarse la vida en agosto de 2024, en la localidad bonaerense de Longchamps, tras la viralización de contenido íntimo por parte de su pareja. Sin embargo, la escuela no tomó las medidas pertinentes para atender dicho delito.

Esta iniciativa de ley fue propuesta por la diputada Mónica Macha, en conjunto con la familia de Ema y defensoras digitales como Olimpia Coral Melo. Su objetivo principal es prevenir, detectar y actuar de forma adecuada frente a la violencia digital en las escuelas, brindando herramientas concretas a docentes, estudiantes y familias.

En cuanto a la Guía Ema, se trata de un instrumento para la actuación frente a situaciones de violencia digital específicamente en el ámbito educativo. Es el primer recurso en Argentina que orienta acompañamientos y ofrece herramientas prácticas para abordar esta problemática.

Dentro de la guía, se incluye un marco conceptual para comprender términos como sextorsión, deepfake, porn deepfake, grooming y ciberflashing. Asimismo, contiene apartados sobre cómo detectar y prevenir estos casos, recomendaciones en caso de difusión, pasos para la sensibilización y reparación, dirigidos tanto a instituciones académicas como a estudiantes y familiares.

“Lejos de estandarizar respuestas, la Guía Ema busca ofrecer orientaciones sensibles, contextualizadas y con enfoque de derechos para actuar frente a estas situaciones, que suelen generar gran conmoción y confusión dentro de las comunidades escolares”, explicó Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados y la legisladora que presentó el proyecto.

La guía comenzó a gestarse dos meses después del trágico suceso de Ema, cuando Laura Sánchez, madre de Ema, se reunió con Olimpia Coral Melo, defensora mexicana impulsora de la Ley Olimpia, quien enfrentó una situación similar. Tras este encuentro, nació la necesidad de crear una guía que se difundiera en espacios escolares y ayudara a prevenir que casos como el de su hija se repitieran.

Ley Belén: deuda pendiente

Laura Sánchez, madre de Ema, declaró a medios argentinos que lo ocurrido con su hija no responde a un hecho aislado, sino a una problemática extendida en toda la región, por lo que es importante que el Estado garantice prevención y sanción.

Tan solo en Argentina, según datos de Amnistía Internacional, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia en redes sociales. Un 26% de las víctimas recibió amenazas directas o indirectas de violencia psicológica o sexual, y un 59% fue objeto de mensajes sexuales y misóginos.

Esta situación se explica dentro de la Guía Ema, que detalla que la tecnología no es neutral, pues refleja las decisiones y valores de quienes la desarrollan, perpetuando estereotipos y dinámicas de poder patriarcales.

Por ello, subrayan que adquirir competencias digitales es esencial para brindar protección frente a la violencia digital, que afecta a gran proporción de mujeres. Sin embargo, una deuda pendiente es la aprobación del proyecto de Ley Belén, que aunque ya se ha tratado en la Cámara de Diputados, aún no ha modificado el Código Penal para sancionar a quienes compartan o distribuyan contenido íntimo sin consentimiento.

La Ley Belén rinde homenaje a Belén San Román, víctima de difusión no consentida de material íntimo, quien con 25 años fue inducida al suicidio en diciembre de 2020 en la ciudad de Bragado (provincia de Buenos Aires), tras no soportar la presión, exposición y vergüenza por la vulneración sufrida. Por este motivo, su familia inició diversas protestas para visibilizar el caso de Belén.

No obstante, los avances no son nulos, pues previamente se impulsó la Ley 27.736, conocida como Ley Olimpia, aprobada en Argentina el 10 de octubre de 2023. Esta normativa modifica la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, incorporando la violencia digital o telemática como una nueva modalidad de violencia de género.

Esta ley establece la creación de estrategias y mecanismos de protección en los procesos judiciales para sobrevivientes de violencia digital, promoviendo políticas públicas orientadas a la educación digital y la prevención de este tipo de agresiones. Además, prevé medidas cautelares de protección, que pueden ser dictadas por la Justicia, incluyendo órdenes a plataformas digitales para eliminar contenidos que generen violencia.

Historias como las de Ema, Belén y Olimpia evidencian que el espacio digital puede ser peligroso, por lo que impulsar leyes, mecanismos de prevención y protección en todos los entornos posibles es indispensable para frenar esta problemática, que constituye una responsabilidad social.

9/26/2020

“Cuenta hasta 10”, una campaña “fantasma”

 

Ciudad de México. A casi 4 meses de haber presentado la campaña “Cuenta Hasta 10”, que buscaba prevenir la violencia en los hogares y que tuvo que ser modificada por las críticas que generó, la Oficina de Presidencia contestó a esta agencia en una solicitud de información, que desconoce información básica como quien elaboró la campaña y cuánto costó.

El pasado 26 de mayo, el vocero de la Oficina de Presidencia, Jesús Ramírez Cuévas, presentó en una conferencia de prensa de la Secretaría de Gobernación (Segob) una campaña que se identificó en medios de comunicación y boletines oficiales como “Cuenta hasta 10”. En las postales, videos y audios que integraban la campaña se veía a familias convencionales al borde de un conflicto violento, en el que se representó a las mujeres como ejecutoras y no como receptoras de la violencia.

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Cimacnoticias solicitó, vía transparencia, información a diversas áreas competentes de la Oficina de Presidencia, para conocer el monto asignado a esta campaña que fue difundida en medios digitales, radiofónicos e impresos, así como quiénes participaron en su elaboración. La respuesta de Presidencia fue que no existe documento físico o digital en el que obre el nombre de las empresas, organizaciones civiles o personas que participaron en la elaboración de la campaña “Cuenta hasta 10” para prevenir la violencia contra las mujeres; y que el Presidente de la República no ha encomendado, ni ha girado instrucciones para dar seguimiento y/o atención algún asunto relacionado; ni se han celebrado instrumentos jurídicos para la campaña.

Esta información contrasta con lo que Ramírez Cuevas dijo a la prensa para defender la campaña el mismo día de la presentación. El funcionario aclaró que personas del “sector privado, grupos de mujeres, asociaciones” habrían revisado los materiales. 

Y agregó: “la campaña ha venido desarrollándose en un diálogo con diferentes sectores y se vino afinando el mensaje. La campaña estaba preparada incluso con anticipación y justo en este diálogo se fue transformando para no estigmatizar y para no caer, digamos, en los clichés a los que estamos acostumbrados cuando se aborda el tema de las mujeres. Entonces por eso nos llevó unas semanas más darla a conocer”.

Ese mismo día, la campaña suscitó una serie de críticas de distintas organizaciones feministas que la calificaron como revictimizante, lejana a la realidad de las mujeres y clasista. Días más tarde, la Segob presentó una nueva campaña a la que llamó “complemento” de la anterior. 

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Segob y Presidencia “se echan la bolita”

Cimacnoticias buscó desde mayo pasado a personal de comunicación de la Segob y de Presidencia para conocer los grupos que participaron en la elaboración de la primera parte de la campaña, así como el dinero que se invirtió para la misma; los primeros negaron tener competencia en el tema y los segundos nunca respondieron a esta solicitud. 

Vía transparencia, ambas dependencias alegaron incompetencia. No obstante, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) ordenó a Presidencia dar la información requerida tras argumentar que “resulta que en efecto la campaña fue presentada en la conferencia de prensa por la Secretaría de Gobernación en sus conferencias mensuales sobre violencia contra las mujeres. Sin embargo, estuvo presente el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas y de ello se advierte que no solo como un invitado”.

El INAI también observó, con base en transcripciones de las conferencias mañaneras, que “el Presidente de la República manifestó que atendería una recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se hará una buena campaña, haciendo alusión a la campaña que es de interés del ahora recurrente. 

En conclusión, este Instituto esta impedido de validar la incompetencia aludida por el sujeto obligado, toda vez que, como se analizó, cuenta con unidades administrativas que tienen atribuciones para conocer de diversos aspectos físicos y financieros, asi como de vigilancia, coordinación y seguimiento, por lo que hace a programas y proyectos de la Administración Pública Federal, y de manera específica, en materia de comunicación social y estrategia de comunicación” 

Por todas estas pruebas, el INAI instruyó a la Oficina de Presidencia a que “asuma competencia, y dé la respuesta que en derecho corresponda en torno al nombre de las empresas, organizaciones civiles o personas que participaron en la elaboración de la campaña Cuenta hasta 10 para prevenir la violencia contra las mujeres…”

Obligada por el INAI, la Presidencia dijo reiteradamente que se hicieron varias búsquedas de la información “con criterio amplio” en las instalaciones de la Coordinación General de Política y Gobierno, es decir tanto en las oficinas ubicadas en Plaza de la Constitución; así como en las localizadas en Avenida Constituyentes.

Sin embargo, dijo, “no se encontró en esta Coordinación General de Política y Gobierno información referente a la solicitud, enfatizando que se realizó una nueva búsqueda exhaustiva, amplia y razonable con criterio amplio ‘…nombre de las empresas, organizaciones civiles o personas que participaron en la elaboración de la campaña “Cuenta hasta 10” para prevenir la violencia contra las mujeres; …’ en los archivos que la conforman sin localizar dicho documento ni elemento alguno que permita advertir o suponer que la misma obró en los archivos de esta Unidad Administrativa”.

La Oficina también alertó que “el Presidente de la República no ha encomendado, ni ha girado instrucciones para dar seguimiento y/o atención a algún asunto relacionado con el requerimiento determinado por el Órgano Garante Nacional a esta Unidad Administrativa, ni algún servidor público adscrita a la misma”.

Además, dijo, “no se cuenta con información que dé respuesta a la resolución de mérito, en virtud de que esta unidad administrativa no ha celebrado instrumentos jurídicos para la campaña que refiere el particular”

Cimacnoticias también solicitó información sobre los costos de esta campaña. En este caso, la Presidencia alegó que la búsqueda de esta información pondría en riesgo la salud del personal por la pandemia. Esta respuesta también se impugnó y está en espera de resolverse. 

Declaraciones de Presidencia no tienen fundamento

Ésta no es la primera vez que la Oficina de la Presidencia no consigue demostrar el fundamento de las declaraciones del Presidente de México o de su vocero.

Por ejemplo, la Oficina de Presidencia se deslindó de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador respecto a que las llamadas al 911 por violencia familiar durante el confinamiento “son falsas” y señaló que quienes pueden responder por los datos son la Secretaría de Gobernación (Segob), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (SESNSP) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Lo anterior fue respondido en una solicitud de información presentada por la organización civil Equis Justicia para las Mujeres –que acompaña a víctimas de violencia en el acceso a la justicia– a la Oficina de la Presidencia. 

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Por otro lado, el Inmujeres respondió a Equis Justicia que en el primer cuatrimestre de este 2020, 23.9 por ciento de las llamadas al 911 fueron declaradas procedentes. Es decir, estos datos no fundamentaban sino que contradecían la declaración del mandatario. Al respecto de este caso, el INAI también revocó la respuesta de Presidencia y se espera una nueva respuesta. 

En otro caso, Cimacnoticias solicitó a Presidencia conocer el fundamento de una declaración que López Obrador hizo el pasado 4 de abril en un informe sobre la pandemia. El mandatario aseguró: “puedo demostrar que, a la mitad de los hogares del país ya está llegando al menos un programa de bienestar y que 95 por ciento de las familias pobres de México están recibiendo, cuando menos, un apoyo o beneficio. El primero de diciembre de este año podré decir que todos los pobres de México ya cuentan con protección y amparo del gobierno que represento”.  

No obstante, esta dependencia negó tener competencia en el tema y refirió a la Secretaría de Bienestar, quien negó que exista algún documento que demuestre que la información es certera.  

6/13/2020

Piden a Secretaría de Salud dejar atrás estereotipos de género


 

Hermosillo, Son. Ciudadanía y colectivos sonorenses exigieron al secretario de salud del estado de Sonora, aplicar la perspectiva de género a los planes y programas de salud, y dejar de reforzar la desigualdad durante la pandemia.
En un comunicado dirigido también a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, se refirieron al llamado que hizo el funcionario para que las mujeres le ayuden a prevenir el COVID-19.
Quienes firman el comunicado, solicitaron que se aplique la perspectiva de género a los planes y programas de salud, sobre todo a la campaña de combate a la pandemia provocada por COVID-19.
Agregaron que no es la primera vez que se evidencia la necesidad de prevenir, atender, y reforzar los programas dirigidos a mujeres y niñas en situación de violencia de género y familiar, ya que el aislamiento que se adoptó como medida para prevenir contagios, la incrementó.
El pasado 5 de junio el secretario de Salud, Enrique Clausen, pidió a las mujeres ayuda y colaboración para combatir el COVID-19, pasando la responsabilidad del cuidado y prevención a las mujeres, lo cual recarga la doble o triple jornada que muchas mujeres y niñas cumplen por ser roles asignados a su género.
Consideraron que la petición refuerza la desigualdad entre mujeres y hombres y refleja la falta de visión por parte del Estado sobre las necesidades, bienestar y salud de las mujeres y las niñas, pues también ellas deben cuidarse a sí mismas.
Recordaron que, de acuerdo con ONUMujeres, las mujeres realizan 59 horas de trabajo de cuidados no remunerados. Además, en México los hombres dedican en promedio cuatro horas menos que las mujeres al trabajo no remunerado de cuidados.
Las firmantes señalaron que un reporte de la Comisión Interamericana de Mujeres señaló que el confinamiento agudizó la crisis del cuidado, aumentando la carga global de trabajo de las mujeres. La OIT aseveró que las mujeres tienen a su cargo 76.2 por ciento de todas las horas del trabajo de cuidado no remunerado, y son ellas quienes tienen doble o triple jornada laboral, situación que se ha agravado con las medidas del confinamiento.
Esta mayor carga de trabajo impacta negativamente el trabajo remunerado y la salud de las mujeres, sobre todo en ausencia de sistemas de cuidados institucionalizados.
Las ciudadanas sonorenses le pidieron en el comunicado que se apegue a las recomendaciones de dicho organismo, ya que ahí establecen que se tienen que adoptar medidas para los cuidados de los grupos vulnerables entre el Estado, el mercado y las familias.
Durante la vigencia de las medidas de confinamiento, los gobiernos pueden abordar el tema a través de campañas dirigidas tanto a mujeres como a hombres para promover sobre todo la corresponsabilidad, insistieron.
Las empresas que tienen la opción de facilitar el teletrabajo a su personal, deben promocionar la flexibilidad que permita a todo su personal de manera igualitaria conciliar las responsabilidades del hogar y del cuidado con las actividades laborales, desde el reconocimiento a la mayor carga de trabajo en las familias que están asumiendo principalmente las mujeres.
Y agregaron que es importante garantizar las licencias y permisos para el cuidado, para mujeres y para hombres. Con un balance igualitario en las responsabilidades productivas y reproductivas, pueden continuar en el mercado laboral en igualdad de condiciones, sin ser las mujeres quienes se vean afectadas en mayor grado por recortes o despidos por su desigual distribución del trabajo del hogar.
Sustentaron su petición en los postulados de los organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Comité de Expertas de la Convención Belém Do Pará.
Esos organismos han alertado por las medidas de confinamiento en los hogares por el COVID-19, pues traería a las mujeres mayor carga de cuidados y limpieza, así como mayor riesgo de perder el empleo o el ingreso por sus condiciones precarias, informales y desiguales de trabajo, además del incremento de la violencia de género.
Preocupadas por el alargamiento sin fecha de término del confinamiento, las 47 mujeres y ocho colectivas, aseguraron que la pandemia continuará y el Estado tiene que asumir la responsabilidad de incluir todos estos aspectos para garantizar los derechos a la salud, económicos y a una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas.
Finalmente hicieron un llamado al titular de Salud para que rectifique el discurso del viernes pasado y en lo sucesivo evite responsabilizar a las mujeres de lo que la Secretaría a su cargo debe realizar.
El día de ayer, el funcionario, quien recibió el comunicado a través de redes sociales, sin ofrecer una disculpa, ni compromiso de incluir la perspectiva de género, señaló en sus mensajes:
“La ayuda solicitada el viernes pasado a todas las mujeres, no fue para cargarles más trabajo de lo que ya tienen. Fue una petición de auxilio, una petición de apoyo, así como se la he realizado a todas las familias, a la juventud, a diversos profesionistas, entre otros, a muchos grupos. Fue un llamado a la solidaridad por todo lo que estamos viviendo ante esta pandemia”.
“Me queda claro que la responsabilidad de la salud de todas y todos los sonorenses es mía. Nunca fue la intención de hacer sentir mal a nadie, ni mucho menos cargarle la mano a nadie. Es por ello que hago un llamado a mujeres y hombres, para que, con la misma corresponsabilidad, en la medida de sus posibilidades, me apoyen en esta lucha”.
Cabe recordar que no es la primera vez que el secretario de Salud en sus mensajes utiliza estereotipos de género, así como mensajes religiosos ajenos al ámbito científico, y recurre a frases y peticiones de oración para quienes se encuentran enfermos o han muerto por la infección de COVID-19.

Familiares de mujeres asesinadas lanzan campaña #BastaDeContarHasta10




En respuesta a la campaña Cuenta hasta 10, lanzada por el gobierno federal el pasado 26 de mayo, familiares de víctimas de feminicidio difundieron ayer la iniciativa #BastaDeContarHasta10 y pidieron voltear a ver la violencia feminicida, las injusticias y las violaciones a los derechos humanos que hay detrás de cada uno de estos casos.
Para el gobierno es fácil hablar de cifras de víctimas y minimizar el problema, pero sabemos que la realidad es más grave, señalaron en videoconferencia, a la cual se infiltraron personas que enviaron mensajes ofensivos para quienes participaron en la misma.
Los familiares de las víctimas pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una reunión para atender sus casos y combatir los feminicidios. Malu García Andrade dijo que pese a los plantones y escritos enviados, hasta el momento se ha negado a escucharlas, al igual que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Es un insulto, añadió.
Sobre la iniciativa que lanzaron en conjunto con organizaciones como Nuestras Hijas de Regreso a Casa y Más Vida más Igualdad, Elizabeth Machuca explicó que el objetivo es combatir los perjuicios ocasionados por la campaña gubernamental. No es aceptable la forma en que se está abordando; en México no se frena esta problemática ni se cuenta bien a las víctimas, reprochó.
Por otra parte, organizaciones feministas coincidieron en que los datos sobre las llamadas al 911 por violencia contra las mujeres no son plenamente confiables, ya que la clasificación es subjetiva y depende del personal que las atiende.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en marzo se registró un máximo histórico de 26 mil 171 llamadas por violencia de género, y en abril fueron 21 mil 722.
Isabel Erreguerena, de Equis Justicia para las Mujeres, expuso que es necesario conocer el nuevo protocolo que el secretariado aplica al personal que responde las llamadas de auxilio, pues el último que está publicado es de 2016 y es muy escueto. Además, debido a las condiciones laborales, hay mucha rotación de personal en el área, lo que no permite que las capacidades desarrolladas se mantengan, señaló.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, mencionó que hay miedo en las autoridades para hacer frente a la violencia contra las mujeres, por eso los datos no son claros.

 
Periódico La Jornada

6/06/2020

Complicidades


Imagen cortesía de Segob
La cuarentena no ha sido favorable a los derechos de las mujeres: el potencial del movimiento feminista tan visible el 8 y 9 de marzo parece velado tras los efectos, devastadores o desgastantes, de la convivencia familiar en el espacio privado, con una movilidad restringida. El aumento de las violencias machistas, por un lado, y la negligencia o incapacidad gubernamental ante una situación de riesgo previsible, preocupan e irritan. La acumulación de agravios de todo tipo que hemos presenciado, aun a distancia, en estos meses, nos obliga a cuestionar de nuevo  no sólo el vacío institucional ya conocido sino también la indiferencia social que favorece la impunidad sistémica, institucionalizada, de crímenes atroces o de “violencias comunes.  Nos obliga también, como en otras coyunturas, a contener la desesperanza y a buscar otras salidas, otras formas de resistencia.
Mucho se ha discutido en estos días la llamada campaña “Cuenta hasta 10” con la que la Secretaría de Gobernación pretendía disminuir o detener, suponemos, la violencia familiar. Más allá del reciclaje de una mala campaña de hace décadas, de la revictimización que implica responsabilizar a quienes son violentadas del maltrato que las azota, sorprende el desconocimiento de la dinámica de la violencia, de pareja o familiar, y la incapacidad de recurrir a los múltiples estudios sobre prevención que se han hecho aquí y en otros países.
Hacer una crítica de lo más evidente no basta, sin embargo, lo más grave es que, en pleno ascenso de las pandemiasdel COVID y de la violencia – se quiera validar un concepto de la familia y de la sociedad, derivado de un imaginario oficial plagado de falsos ideales familiares de los años 50, ya entonces cuestionables.
Quienes así contribuyen, por acción o por omisión, al intento de suplantar realidades dolorosas con melodrama o moralina, olvidan que la negligencia no elimina su responsabilidad.
Al mismo tiempo que las autoridades siguen frustrando las expectativas ciudadanas de transitar hacia una vida sin ( tanta) violencia, las redes sociales y los medios nos  han confrontado con casos y escenas  que nos recuerdan cómo la indiferencia social también contribuye a perpetuar y agravar la violencia contra las mujeres. El caso más sonado es el del notario 102 del Estado de México sorprendido en la calle maltratando a una mujer, cuyo nombre ha quedado protegido pero a quien, pese a sus súplicas de auxilio ante la evidente brutalidad del agresor, nadie protegió y de la que ya no sabemos nada. Podemos aplaudir a quien grabó y difundió el hecho pero ¿por qué los demás testigos no intervinieron? ¿Por qué les bastó oír que ella era “su esposa” para “no meterse”? ¿Acaso eso implica que mujer es propiedad del hombre? ¿Y que por tanto la puede arrastrar o matar? ¿Y qué sucederá con otro que en realidad parece cómplice?
Estas preguntas pueden parecer retóricas porque sabemos que en el derecho mexicano la mujer fue tutelada (y maltratada con justificación legal y social) largo tiempo. No lo son porque ese guión obsoleto ya no vale, porque las feministas lograron importantes cambios legales como el reconocimiento de la igualdad, y la incorporación de México a convenios internacionales como Belém Do Pará, que obligan al Estado a instrumentar políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista y a eliminar los estereotipos, es decir, a cambiar de tajo la educación formal e informal.  
Tampoco son preguntas vanas porque cuando Diana Raigoza denunció, en agosto de 2019, que había sido acosada delante de testigos que no intervinieron, ella misma escribió en su página de FB: “¿Tenemos que esperar a que pasen actos de mayor gravedad para empezar a reaccionar, gente?”. Ante su feminicidio a puñaladas el 24 de mayo no basta con pedir justicia. Urge actuar contra la crueldad y la indiferencia.
La violencia extrema que vivimos favorece la tolerancia hacia ésta, pero ser testigos mudos nos hace cómplices. ¿Podemos  y queremos vivir en este tipo de sociedad?

Campañas sobre violencia deben ser sin estereotipos e informar sobre derechos


Ciudad de México. Las mujeres merecemos ser representadas en las campañas oficiales de comunicación sin estereotipos y con información sobre nuestros derechos, por lo que es preocupante que se gaste dinero público en campañas fallidas y revictimizantes sin que nadie se responsabilice por ello, coincidieron expertas en derechos de las mujeres y estudios culturales. 
El Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAVLV) establece la obligación del Estado mexicano de diseñar campañas de difusión disuasivas y reeducativas integrales y especializadas para disminuir el número de víctimas y agresores; difundir campañas que informen sobre las áreas a las que deberán recurrir las víctimas para presentar una denuncia; e impulsar campañas permanentes de comunicación social que sensibilicen y prevengan la violencia de género, roles, estereotipos y cualquier otra conducta que genere discriminación en contra de las mujeres.
Cimacnoticias entrevistó a las expertas en género y estudios culturales y de comunicación, Lucía Melgar Palacios y Adriana Sáenz Valadez, al respecto de este tema y de cómo son representadas las mujeres en las recientes campañas oficiales del gobierno mexicano para prevenir la violencia familiar.
Una campaña de comunicación debe ser coherente y ésta no lo es, explicó la doctora en Letras por la Universidad de Chicago y especialista en los derechos de las mujeres, Lucía Melgar Palacios. El problema va más allá del contenido de los spots, ya que por un lado las autoridades les dicen a las mujeres que les creen; por el otro, el presidente de México dice que la violencia familiar no ha aumentado y las llamadas al 911 son falsas; y, por otro lado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, responsabiliza a las mujeres de su protección en sus declaraciones a la prensa.
“Si bien los cambios que se hicieron la semana reciente a la campaña “Cuenta hasta 10” son mejores, la realidad es que la estrategía sigue siendo equivocada porque el llamado de las comunicaciones oficiales es a llamar al 911 cuando no se sabe qué seguimiento se da a las llamadas y que hay muchas mujeres que, por sus circunstancias y el confinamiento, no pueden llamar. Esto es algo muy común en las agresiones: los agresores controlan las telecomunicaciones de sus víctimas, no las dejan hacer llamadas y les quitan el teléfono”, criticó Melgar.  
El otro punto de preocupación para la investigadora es que con estas campañas fallidas, el gobierno federal tira el dinero público a la basura sin que nadie se responsabilice, cuando lo que se ha documentado durante esta pandemia es que no hay sufiscientes recursos para la prevención de la violencia, los refugios y las Casas para las Mujeres Indígenas. 
Con las campañas de comunicación, dijo la experta, “las autoridades no nos están haciendo un favor. Nosotras tenemos derecho a que no nos estén cargando estereotipos, pero los spots (de las campañas federales) que se hagan con publicistas permeadas por igualdad de género, con buenos actores y actrices, que hablen bien y que nos dejen de poner a mujeres golpeadas. La mujer tiene derecho a que la representen de manera autónoma, sin ser agresiva, y hablarnos como iguales, ciudadanas y no como personas tuteladas. También tienen que hablar de la obligación de los gobiernos y los hombres de respetar los derechos de las mujeres”. 
Melgar recordó que estos criterios están establecidos en la Convención Belem Do Para y la CEDAW, instrumentos internacionales de cumplimiento obligatorio para México y agregó: “El otro error es que, como campaña de prevención, ésta debió salir antes de que iniciara el confinamiento en México. No son las mujeres las que han normalizado la violencia (como hace ver la campaña), son las autoridades y los gobiernos que no se han atrevido a cambiar la educación ni a ponerle límites a las grandes televisoras que normalizan la violencia todos los días”.
No obstante, para la académica la responsabilidad del Estado para prevenir la violencia va más allá de las campañas de comunicación y tiene que ver con importantes rezagos de administraciones anteriores en generar una política integral que incluya educación, servicios, dinero para refugios un sistema de justicia funcional y búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas para garantizar el derecho a una vida libre de violencia. 
“No basta con llamar a denunciar, se tiene que garantizar que el personal les va a atender, que sirvan las Fiscalías. Hay un montón del trabajo que no se hizo en el pasado, ahorita es muy poco que pueden hacer, pero lo que podrían hacer es no revictimizar con campañas estigmatizantes”, expresó.
Por su parte, la académica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y licenciada en Ciencias de la Comunicación, por la UAM, Adriana Sáenz Valadez, coincidió en que la inconsistencia entre el mensaje de la campaña y las declaraciones del Presidente y la Secretaria de Gobernación desestimula la posibilidad de las llamadas, lo que contradice el objetivo. 
El otro error, de acuerdo con la también doctora en Humanidades y experta en análisis de género, es que la expresión “Contar hasta 10” es un recurso muy viejo, y las imágenes en color sepia hacen ver que la violencia es cosa del pasado, pero la violencia contra las mujeres es actual y el gobierno tiene responsabilidad.
Sáenz también criticó que la campaña se centra en atender la consecuencia, no la causas, como la difusión de las acciones preventivas para evitar que una persona se convierta en agresora; a esto se suma que la campaña carece de variables interseccionales, como la representación de personas indígenas, con discapacidad y de diferentes edades y condiciones sociales, lo que haría a la población sentirse identificadas.
Para la académica, los anuncios de comunicación –obligatorios para México– pueden ser un gran mecanismo para capacitar a las personas para proveerse de recursos que les brinden autonomía. 
“Muchas personas viven violencia y aceptan vivirla porque tienen mucho miedo de poderse hacer cargo de su sustento, los mensajes tienen que ser más propositivos, abiertos y considerar la diversidad de las personas de nuestro país”, expresó.
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Presentan complemento de campaña “Cuenta hasta 10”


Foto: Segob 

Ciudad de México. El gobierno federal publicó con cambios la campaña “Cuenta hasta 10” (como se ha llamado en medios), con la que busca prevenir la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar durante el confinamiento por COVID-19 y cuya versión preliminar fue criticada por víctimas, feministas y académicas. 

La Secretaría de Gobernación (Segob) escribió este 3 de junio en sus redes sociales: “Este año el @GobiernoMX ha fortalecido la labor para difundir mensajes contra la violencia familiar y las violencias contra las mujeres. Te escuchamos, te creemos y te apoyamos. Si vives violencia, #NoEstásSola, #LlamaAl911”. El mensaje estuvo acompañado de videos y postales. 




Este año el @GobiernoMX ha fortalecido la labor para difundir mensajes contra la violencia familiar y las violencias contra las mujeres. Te escuchamos, te creemos y te apoyamos.
Si vives violencia, #NoEstásSola, #LlamaAl911 (1/4) 

Todos los videos y postales son distintos a los que el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, presentó el pasado 26 de mayo en una conferencia de prensa, los cuales dijo que habían sido revisados por “sector privado, grupos de mujeres, asociaciones”. Estos primeros mensajes fueron criticados por feministas en las redes sociales, quienes expresaron su rechazo y relataron situaciones en las que acudieron a denunciar una agresión y fueron ignoradas.


Como documentó Cimacnoticias, víctimas de violencia familiar acompañadas por la Red Nacional de Refugios (RNR) también se pronunciaron en contra de la campaña, ya que, dijeron, promueve el silencio y no les hubiera sido de ayuda durante la agresión que vivieron; asimismo, el Centro de Investigación y Estudios de Género (CIEG), inició una propia campaña llamada “No vamos a contar hasta 10 porque”, con datos de distintas fuentes que reflejan el aumento de la violencia contra las mujeres durante el confinamiento. 

No obstante las críticas, Comunicación Social de la Segob reiteró a Cimacnoticias que la campaña de “Cuenta Hasta 10” no sería bajada ni sustituida, sino que se ampliaría con “mensajes específicos sobre mujeres”, los cuales fueron presentados este 3 de junio. De la campaña original quedaron fragmentos compilados en los otros videos, pero persiste el mensaje de “Cuenta hasta 10 y saca la banderita blanca”

Autoridades deben reflejar realidad de mexicanas: CNDH

A la par del lanzamiento de la campaña “ampliada” de “Cuenta hasta 10” este 3 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió por la tarde un extrañamiento en el que exhortó a las autoridades de todos los niveles de gobierno a difundir información sobre el contexto real de la violencia en contra de las mujeres. 

El organismo nacional reprobó que los contenidos de la campaña “Cuenta hasta 10” invisibilicen la gravedad de la violencia contra las mujeres en el período de confinamiento, ya que colocan a la institución familiar como un espacio seguro y cuyos conflictos se pueden resolver apelando a la calma, dijo. 

“Esto desconoce las situaciones de violencia, vejación y maltrato que ocurren en la vida cotidiana de las mujeres y sus hogares, violencias que no son de carácter individual ni aislado, sino de carácter sistemático y cuyas principales víctimas son las mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores”, expresó el organismo. 

La CNDH agregó que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer cuatrimestre de este año se asesinaron en promedio casi 11 mujeres al día. Asimismo, de enero al 26 de mayo de 2020, el organismo ha recibido 56 quejas por violencia de género, la mayoría por violencia sexual (26), acoso laboral (14) y violencia obstétrica, mientras que las instituciones probables responsables por ejercer esta violencia son el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 16 quejas, ISSSTE con siete y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con ocho.

El organismo reiteró que ante las diversas declaraciones de autoridades (sin precisar el nombre del Presidente, Andrés Manuel López Obrador) que apuntan al supuesto de una disminución en la violencia que viven las mujeres, “es indispensable realizar una comunicación responsable y basada en la información oficial disponible sobre este grave problema, de tal forma que se evite la minimización de la violencia contra las mujeres”. 

También instó a que cualquier campaña dedicada a erradicar la violencia hacia las mujeres retome una mirada transversal e interseccional del problema como una pandemia que requiere acciones diversificadas, que no responsabilice a las mujeres de la violencia en el hogar, y reconozca que la familia actual presenta fuertes cambios y fisuras donde las situaciones de abuso y violencia están presentes y es necesario atenderlas con urgencia.

Cimacnoticias preguntó a la Segob y a la Oficina de la Presidencia qué actores participaron en la elaboración y revisión de la campaña “Cuenta hasta 10”, como aseguró el vocero de la Presidencia al presentar la campaña, así como los gastos de su elaboración, pero ambas instituciones se responsabilizan entre sí de esta información.

5/30/2020

Víctimas de violencia rechazan campaña “Cuenta hasta 10”


Ciudad de México. Mujeres víctimas de violencia que permanecen en Refugios rechazaron la nueva campaña del gobierno federal para prevenir la violencia familiar durante el confinamiento porque promueve el silencio.
Este 26 de mayo, el vocero de Presidencia, Jesús Rodríguez Cuevas, presentó en una conferencia de prensa una campaña con carteles y videos que difunden el mensaje “Cuenta hasta 10”, “saca una banderita blanca” y llama al 911. Esta campaña, dijo el vocero, tiene el objetivo de visibilizar la violencia contra las mujeres y por otro lado mostrar algunas herramientas prácticas a los ciudadanos para enfrentar situaciones difíciles que a veces desembocan o terminan en actos de violencia contra contra las mujeres”. La campaña fue respaldada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 
Imagen cortesía de Segob
Horas después de su presentación a medios, la campaña fue criticada por defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres y miles de usuarias en las redes sociales. La Red Nacional de Refugios A.C, integrada por más de 40 Refugios y Centros de Atención Externa para mujeres víctimas de violencia en todo el país, preguntó directamente a las mujeres que enfrentan esta problemática qué opinan de la campaña y todas coincidieron en que no hubiera servido para ayudarlas a enfrentar la violencia de la que ellas huyeron.
“No creo que respirando ni contando hasta 10 va a cambiar la situación. Con mi agresor no me serviría. No es fácil contar hasta 10 y terminar la violencia en esos pasos”
Usuaria de 24 años de edad usuaria de la RNR.
Otra mujer, de 30 años de edad, dijo: “sacar la banderita blanca y contar hasta 10, al menos a mí nunca me funcionó porque no era de respirar, los golpes eran al instante.
Otra mujer víctima de violencia, de 19 años de edad, dijo: “Te están diciendo que te quedes en casa y eso es lo que no tienes que hacer. Una tiene que salir a buscar ayuda, no quedarse en casa y contar hasta 10”. 
Las mujeres víctimas de violencia de la RNR coincidieron en un posicionamiento con respecto a esta campaña: “La campaña ‘Cuenta hasta 10’ invisibiliza la violencia contra las mujeres, promueve el silencio, carece de enfoque de género y Derechos Humanos. Omite la responsabilidad del gobierno en la defensa y protección de las mujeres”.
Aunque ya fue presentada, los materiales publicitarios aún no han sido difundidos por las cuentas oficiales de Gobernación, Presidencia o la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim). De acuerdo con personal de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, pese a las críticas, la campaña continúa, se aumentarán algunos materiales “de mujeres en específico” y se presentará formalmente la semana próxima. 
La Secretaría de Gobernación también anunció que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) trabajará en una nueva campaña sobre violencia en colaboración con la empresa de telecomunicaciones AT&T.
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“Cuenta hasta 10”, la naturalización y justificación de la violencia contra las mujeres


Ciudad de México. Especialistas en derechos de las mujeres criticaron la nueva campaña del gobierno federal “Cuenta hasta 10”, presentada este día por el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, la cual busca prevenir la violencia contra las mujeres durante la contingencia, ya que en su opinión, es lejana a la realidad de las mexicanas, es clasista, está descontextualizada, está repleta de estereotipos y naturaliza o justifica la violencia contra las mujeres. 
Durante la conferencia de prensa a la que citó este 26 de mayo la Secretaría de Gobernación (Segob) para hablar sobre la violencia contra las mujeres, fue presentada la campaña que busca “visibilizar la violencia contra las mujeres y por otro lado mostrar algunas herramientas prácticas a los ciudadanos para enfrentar situaciones difíciles que a veces desembocan o terminan en actos de violencia contra contra las mujeres”. 
En las postales, videos y audios que integran la campaña se ve a familias convencionales al borde de un acto de violencia. El mensaje del gobierno federal es “cuenta hasta 10” y “saca la bandera blanca de la paz”.

La campaña es un fracaso 

La campaña “es un fracaso de la política para prevenir la violencia contra las mujeres. No veo cuál es la estrategia, ni la perspectiva de género ni dónde está el contexto de la realidad de las mujeres”, expresó en entrevista con Cimacnoticias, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), integrado por más de 40 organizaciones que acompañan a víctimas.  
Luz Estrada explicó que cuando se habla de violencia familiar se tiene que explicar el impacto diferenciado entre mujeres y hombres, así como la diversidad de violencias y contextos a los que pueden enfrentarse las mujeres. Por ejemplo, no es la misma realidad la de una mujer indígena que la de una mujer en un contexto urbano, expresó. 
“Si ellos revisaran (el gobierno federal) los peritajes de víctimas de violencia familia se darían cuenta que las mujeres viven círculos de violencia donde las razones muchas veces por las que se mantienen unidas al agresor es la dependencia económica, el miedo a la pareja, a salvaguardar el nombre de las familias como dice Andrés Manuel López Obrador. Decir ‘calma y saca tu bandera de la paz’ me pareció hasta grosero, sin perspectiva”,
María de la Luz Estrada
De acuerdo con la coordinadora del OCNF esta campaña es reflejo que las autoridades no están entendiendo la cultura machista discriminatoria. “Imagínate que sólo sea que contaras 10 y ya acabara la violencia. Muchas mujeres están totalmente sometidas, tienen miedo al agresor. Todos los miembros de la familia pueden tener miedo”, detalló y agregó que las organizaciones de la sociedad civil basan sus campañas incluso en estudios más formales de comunicación.
Esta campaña, dijo Estrada, recordó otras estrategias fallidas para atender la violencia contra las mujeres en México, entre ellas la del silbato rosa para evitar la violencia sexual, de la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la Ciudad de México, para la que se gastaron muchos millones de pesos y no tuvo resultados; y la campaña “Cuenta hasta 10”, que publicó Televisa hace 10 años para prevenir la violencia familiar. 
Por su parte, la coordinadora de la Red Nacional de Refugios A.C, (RNR) Wendy Figueroa Morales, dijo que en la campaña hay varias cosas que preocupan, por ejemplo que ponen la atención en el terreno individual como si fuera un asunto de voluntades. 
“Pienso en las mujeres que podrían estar dentro de esta casa. Pedirles que cuenten hasta 10 y esperar me parece que es una campaña que no va acorde a lo que estamos viviendo en el país. Son acciones preventivas pero que no están acercadas a una realidad”, reflexionó. 
La también experta en protección para mujeres víctimas de violencia dijo que, desde su perspectiva, parece que “esta campaña está realizada desde el escritorio y no desde las realidades. Muchas de ellas (las mujeres víctimas de violencia) lo que han hecho ahorita porque les da miedo contagiarse de COVID es guardar silencio para que la violencia no llegue, pero están esperando el momento de salir y buscar opciones”. 
Figueroa criticó, como ejemplo, la frase de una de las postales que integra esta campaña: “Para que la violencia no te gane respira y cuenta hasta 10”. La experta expresó que se requiere identificar que la violencia es un delito y que costó muchísimo tipificarla como tal. “El que la violencia `te gane´ parece ser que es una cuestión que se activa y se desactiva, pero en realidad es un acto brutal. El mensaje vuelve a naturalizar y justificar la violencia contra las mujeres por el hecho del confinamiento. Tenemos que tener claro que la violencia contra las mujeres es antes de la pandemia”, expresó.  
Y agregó que las organizaciones civiles, feministas, los propios organismos internacionales, han solicitado con datos y testimonios propuestas de políticas públicas, pero la solución pareciera estar de acuerdo a esta campaña en contar hasta 10, ausente el enfoque de género, Derechos Humanos e interculturalidad así como acciones puntuales y transversales que garanticen el derecho de las mujeres y niñez a una vida libre de violencias.
La coordinadora de la RNR también criticó que en el mensaje se pide llamar al 911 cuando muchas mujeres refieren que llaman a ese número pero no reciben el servicio de atención que se requiere. “El mensaje no es claro, tampoco asume la responsabilidad de las autoridades del gobierno mexicano para atender, eliminar y sancionar la violencia contra las mujeres” y, agregó, usar la bandera blanca en la campaña es reforzar el mensaje de gobierno sobre la construcción de paz, pero la pregunta es: “¿qué está haciendo el gobierno para garantizar esa paz?” 
Por su parte, la subdirectora de Equis Justicia para las Mujeres, Maïssa Hubert, dijo que la campaña no tiene enfoque de género, son hombres jóvenes y niños violentados y una sola mujer en posición de generadora de violencia. “No nos refleja como víctimas de violencia familiar”; en segundo lugar, la bandera blanca es pedir a la ciudadanía una tregua y una pausa con la violencia, pero esto no cuestiona los factores que provocan la violencia familiar; y el último problema es que la ciudadanía piense bien antes de recurrir a los servicios del Estado para denunciar la violencia.
La doctora en derecho y directora del Instituto de Justicia y Derechos Humanos, Patricia Olamendi Torres, se dijo preocupada por estas campañas porque demuestran que la problemática de las mujeres no se entiende. Coincidió en que es una campaña con un contenido clasista porque sólo plantea un modelo de familia en un estrato social y deja en las mujeres la responsabilidad de prevenir la violencia contra ellas, ya que no plantea ninguna acción de gobierno. 
Para Olamendi esta campaña es un retroceso en el avance sobre los derechos de las mujeres, ya que desde los años 70 ya se identifica la violencia contra las mujeres en México; ya se hicieron leyes, presupuesto, programas y un conjunto de acciones específicas, pero nada de eso se vio reflejado en el material audiovisual presentado hoy. 
La experta precisó que este retroceso se ha mostrado desde el inicio de la administración de López Obrador, ya que ha prohibido cualquier acción conjunta de gobierno con organizaciones de la sociedad civil, ha hecho señalamientos contrarios a los derechos de las mujeres y el movimiento feminista, y varios de los esfuerzos en este tema han concluido. 
“Lo peor es que lo están pagando muchas mujeres. Es una campaña que hubiera tenido sentido en los 60, ya que no se hablaba de la violencia contra la mujer, pero no ahora”, y agregó que lo que se esperaba del gobierno federal era una política pública muy concreta, relacionada con el presupuesto para que todos los programas para atender la violencia contra las mujeres se ejecuten durante la pandemia, ampliar juzgados especializados para la violencia, formar policía experta, formar más casas de transición, medidas más radicales para la detención inmediata de los agresores, y más apoyo a organizaciones sociales, pero esto no sucedió.
Al ser cuestionado sobre el fundamento para generar esta campaña, Jesús Cuevas expresó que lo revisó con mujeres y organizaciones. Ninguna de las expertas consultadas para esta nota fue invitada a participar en la evaluación de esta campaña, por el contrario, coinciden todas en que el gobierno federal actual las ha excluido de la planeación de las políticas públicas. Cimacnoticias consultó a Presidencia pero no hubo respuesta.
20/AJSE/LGL