Documenta ASF que Sedena tiene mal desempeño en obras civiles
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la que
el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó contratos
para que realice las primeras etapas de construcción del aeropuerto en
Santa Lucía, acumula observaciones ante la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) por otras obras o contratos de los que se ha hecho
responsable.
Como se informó en este diario, la nueva administración destinó 15
mil millones de pesos al Ejército para que éste se haga cargo del
proyecto y de las primeras etapas de construcción de la nueva terminal
aérea en la base militar de Santa Lucía, encomiando la capacidad de los
ingenieros de la Sedena.
Sin embargo, la ASF ha documentado más de una vez que las Fuerzas
Armadas han tenido un desempeño cuestionable al ser designadas
responsables de obras civiles de grandes dimensiones o de contrataciones
con terceros.
Un ejemplo de ello es el de las observaciones que realizó en la
cuenta pública 2016, relacionadas con la barda perimetral del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México, cuando dicho proyecto aún se estaba
edificando en la zona de Texcoco.
En ese entonces, la entidad revisora del gasto público señaló que el
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México no entregó documentación que
justificara o comprobara el destino de más de 389 millones de pesos.
Tan sólo 5.6 millones de dicha cantidad derivaron de una serie de
pagos a la Sedena, organismo que incluyó 16 por ciento de impuesto al
valor agregado en gastos varios, cuando dicho gravamen sólo procede en
la compra de materiales.
En la cuenta pública 2017, la ASF volvió a realizar una auditoría de
cumplimiento financiero sobre la forma en que el Ejército utilizó los
recursos designados para la fabricación y mantenimiento de bienes de uso
castrense.
Luego de haber adjudicado nueve contratos a dos empresas distintas,
la ASF notó que el Ejército no hizo una investigación para buscar las
mejores condiciones en el mercado, y por ello terminó dando concesiones a
compañías que no tenían antecedentes históricos de servicios a la
Sedena.
Por otro lado, el Ejército rechazó materiales entregados por una de
las empresas que recibieron contratos de abastecimiento, y cuando dichos
materiales le fueron repuestos, no solicitó certificados de calidad, lo
cual originó una operación de intermediarismo no calculada, que generó
el pago de un sobreprecio por 920 mil pesos.
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