Fotografía retomada de Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.- Ciudad
de México.- Este 22 de diciembre, se cumplen 28 años de la matanza de
Acteal en Chiapas donde mujeres y niñas indígenas tzotziles fueron
asesinadas por paramilitares; sin embargo, la organización civil Las
Abejas de Acteal acusó que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) aún no ha dictado el informe de fondo pese a ser
notificados de que dicho documento ya estaba listo para su emisión años
atrás.
Durante el encuentro por la conmemoración de los 28 años de
la matanza de Acteal, Las Abejas señalaron que la represión contra las
comunidades indígenas se extendió desde el gobierno priista hasta el
panista con la represión en San Salvador Atenco, la guerra contra el
narcotráfico, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el
gobierno actual morenista con el asesinato del defensor Simón Pedro
Pérez López, el padre Marcelo Pérez Pérez y el representante agrario
Marcos Aguilar Rojas.
Remarcaron que este último gobierno ha
utilizado el apoyo a las comunidades indígenas en la narrativa. Ejemplo
de ello fue la llegada del primer ministro indígena como presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo,
expresaron que el sistema de justicia continúa teniendo deficiencias
pues el caso de Acteal aún no tiene justicia.
Fotografía retomada de Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Recordemos
que en punto de las 11 de la mañana de aquel 22 de diciembre de 1997,
un grupo de 80 a 90 paramilitares abrió fuego hacia las y los
integrantes de la organización civil Las Abejas de Acteal quienes se
encontraban haciendo oración en la capilla de la comunidad para pedir
paz en el municipio de Chenalhó, Chiapas. Los elementos del ejército
asociados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) local portaron
ropa azul y negra para poder internarse en la comunidad y se ubicaron en
puntos estratégicos con la finalidad de seguir a quienes salían del
recinto.
El motivo de la agresión fue «terminar con la semilla»
como más tarde relataría una de las sobrevivientes quien escucho ese
comentario de los paramilitares, es decir, el exterminio de los pueblos
indígenas. Cabe recordar que, en la década de 1970 y 1980 las
comunidades indígenas se vieron obligados a organizarse para defender el
derecho a la tierra y la autonomía. Más tarde, el 1 de enero de 1994
estallaría el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) en Chiapas contra el gobierno mexicano, un conflicto que
asumió el expresidente Ernesto Zedillo debido a la entrada en vigor del
entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Para
ese momento, Las Abejas de Acteal llevaban un año laborando desde su
fundación el 9 de diciembre de 1992. Se trata de un colectivo integrado
por 22 comunidades que buscaban el bienestar mediante la lucha pacífica y
sin violencia. Aunque la organización no se integró a la lucha del
EZLN, ambos grupos querían la reivindicación de los derechos de los
pueblos originarios y la preservación de la cultura.
Para el 16 de
febrero de 1996, se firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y
Cultura Indígena, no obstante, el gobierno de Ernesto Zedillo
desconoció los documentos y en 1997 se intensificó la militarización
provocando violaciones a derechos humanos. Asimismo, los miembros de La
Abejas se encontraban en medio del conflicto ya que en su territorio
estaba la disputa entre el EZJN y las tropas militares.
Aunque
buscaron solucionar el conflicto con el dialogo, la violencia en el
territorio incrementó y se llevaron a cabo homicidios, desapariciones
forzadas, robos a casas y despojos de tierras en las comunidades de Los
Chorros, Polhó y Majomut. Ese mismo año, ocurrió un desplazamiento
forzado de más de 2 mil 500 personas integrantes de Las Abejas quienes
tuvieron que refugiarse en cuatro campamentos.
De
acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante el
ataque del 22 de diciembre, el cual se prolongó ocho horas, el
expresidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz informó al
entonces gobernador Julio Cesar Ruiz Fierro el desarrollo de la
agresión. Para llevar a cabo esta matanza se ingresaron armas de fuego a
determinadas comunidades con el permiso de la policía municipal, mismos
que se encontraban a 200 metros de la matanza y no intervinieron por
orden del capitán Ricardo García Rivas.
Posterior al ataque, se
orquestó el encubrimiento del episodio violento: el entonces secretario
de Gobierno Homero Tovilla Cristiani y el subsecretario Uriel Jarquín
declararon que la situación estaba controlada cuando la diócesis de San
Cristóbal de las Casas solicitó información sobre el ataque.
Por
otro lado, Jorge Enrique Hernández secretario ejecutivo del Consejo
Estatal de Seguridad Pública del estado, ordenó el levantamiento de los
cadáveres con el propósito de que no fueran observados por los
periodistas que llegarían posteriormente; mientras que Uriel Jarquín
declaró a la prensa que no existía evidencia de dicho enfrentamiento.
No
obstante, pronto se dio a conocer que resultaron heridas 25 personas y
45 indígenas tzotziles asesinadas, entre ellas 15 niñas y niños, 9
hombres y 21 mujeres, cuatro de ellas estaban embarazadas. De acuerdo
con la CNDH, la agresión violó los derechos a la vida, seguridad,
integridad personal, libertad y autonomía; sin embargo, la violencia
ejercida contra las indígenas fue atroz, pues ellas más que nadie fuerom
castigadas por su lucha.
En el libro de la antropóloga Rosalva Aída Hernández titulado «La otra palabra. Mujeres y violencia en Chiapas antes y después de Acteal»
recupera un testimonio clave que evidencia la experiencia de las
mujeres durante la masacre. Es una niña quien, un año después de los
acontecimientos, expresa la extrema violencia empleada en los cuerpos de
las indígenas que ya habían sido asesinadas y cuyos ataques se
dirigieron hacia la sexualidad y maternidad.
Las dos autopsias
disponibles que se realizaron por médicos forenses del Estado y del
entonces Procuraduría General de la República (PGR) documentaron que las
mujeres no fueron entregadas con signos de tortura y mutilaciones
corporales, pese a la insistencia de varios testimonios recogidos por
organizaciones como el Fray Bartolomé de las Casas.
«Cuando
se fueron los hombres Micaela se fue a esconder a la orilla del arroyo.
Ahí vio cómo regresaron con machetes en la mano; “eran los mismos y
también eran otros; hacían bulla, se reían, hablaban entre ellos, “hay
que acabar con la semilla”, decían.» -Rosalva Aída Hernández
De acuerdo con Erika Linding Cisneros en su artículo «Cuerpo, sobre determinación de la violencia, memoria y resistencia»,
este comentario se trató de una amenaza contra el aniquilamiento de los
pueblos indígenas que apoyaban el zapatismo y de las mujeres por su
participación política. También señala que, a partir del testimonio de
la niña, el Estado mexicano inventó una versión oficial que presentó
como el efecto de «conflictos intercomunitarios» y negó la violencia ejercida contra las mujeres, sobre todo las que se encontraban embarazadas.
Fotografía retomada de Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Erika
Linding Cisneros apunta que el cuerpo de las mujeres fue el blanco
central de la violencia en la masacre de Acteal y que esto no ocurrió de
forma accidental, pues había una intención política: atacar el cuerpo
femenino como lugar simbólico de la reproducción de la vida, de la
comunidad y de la continuidad del pueblo indígena.
Con ello,
lograron instalar terror colectivo y enviar un mensaje de dominación,
castigo y humillación. Y es que, a lo largo de los años, el cuerpo de
las indígenas se ha percibido como prescindibles y legítimamente
violentables donde se condensa el colonialismo, racismo, patriarcado,
violencia de Estado y el castigo a su lucha activa.
Por ello, a 28 años de la matanza de Acteal, el Estado mantiene una deuda con las mujeres tzotziles.
Crédito: Las abejas de Acteal.- Ciudad
de México.– Jóvenes integrantes de la comunidad de Acteal, Chiapas, se
manifestaron en contra de los 16 años de impunidad que, denunciaron que
pesan sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por haber
liberado a paramilitares acusados de la Matanza de Acteal cometida el 22
de diciembre de 1997, donde fueron asesinados 45 tsotsiles, en su
mayoría mujeres, dentro de su propio territorio y hasta el momento,
ninguno de los cinco principales autores intelectuales ha sido detenido.
El
22 de diciembre de 1997, alrededor de 60 paramilitares vestidos de
negro dispararon con armas exclusivas del Ejército contra integrantes de
Las Abejas, comunidad indígena tsotsil, mientras oraban en una ermita.
Los hechos comenzaron a las 11 de la mañana y se prolongó hasta las 7 de
la tarde. El saldo fue de 45 personas asesinadas. De las víctimas, 16
eran niñas, niños y adolescentes; 20 eran mujeres y nueve hombres
adultos. Siete de las mujeres estaban embarazadas.
Con el
propósito de no dejar en el olvido este hecho de lesa humanidad, la
comunidad de Acteal se reunió el pasado 12 de agosto para exigir
justicia y denunciar que la impunidad que rodea al caso es consecuencia,
en gran parte, de la decisión de la SCJN de liberar a quienes ellos
describen como paramilitares, acción que, afirmaron, buscó encubrir a
los autores intelectuales: Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, general
Enrique Cervantes, general Mario Renán Castillo y Julio César Ruiz
Ferro, quienes no han sido llamados a rendir cuentas.
La SCJN
argumentó en su momento que la liberación de los paramilitares se debía a
que no existió un “debido proceso”. Sin embargo, los testimonios de las
y los sobrevivientes de la masacre fueron desestimados y omitidos en su
totalidad, motivo por el cual la comunidad acusó a la institución de
corrupción.
Ante ello, calificaron las negligencias de la SCJN
como una “vergüenza”, pero enfatizaron que la lucha de sus antepasados
les da fuerza para seguir exigiendo justicia y dignidad para su pueblo:
“Del
dolor que el mal gobierno nos causó al quitarnos a nuestras 45 hermanas
y hermanos, y a los 4 bebés ultrajados en el vientre de sus madres,
brotará nuestra fuerza y motivo para continuar la lucha hasta lograr
justicia verdadera”.
Durante esta liberación como ministras y
ministros de la Suprema Corte estaban: Sergio Aguirre Anguiano, Olga
Sánchez Cordero, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Luis
María Aguilar Morales, Margarita Luna Ramos, Sergio Valls Hernández y
como presidente del organismo Juan N. Silva Meza.
Asimismo,
recordaron que el caso permanece desde hace más de diez años estancado
en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que
hasta la fecha no ha emitido un informe de fondo. Esta falta de
resolución, aseguraron, ha permitido que la impunidad y la crisis de
violencia en la región se mantengan intactas.
Pese a la impunidad
que impera en el país, advirtieron que no permitirán que la memoria de
sus abuelas y abuelos quede en el olvido: “No dejaremos libre a Zedillo,
ni a sus cómplices ni a su ejército; estos criminales deben ser
juzgados y castigados para que nunca más se repita otra masacre en
México, como la de Acteal”.
Las y los integrantes de Las Abejas de
Acteal, responsabilizaron también a los gobiernos posteriores a
Zedillo, incluido el actual, por permitir asesinatos y hostigamientos
contra defensoras, defensores sociales, representantes de pueblos
organizados y periodistas.
Ejemplo de ello es el caso de Dora
Robledo, directora del El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de
las Casas (Frayba), quien ha enfrentado hostigamientos y amenazas de
muerte. Ante este hecho, la comunidad exigió a la CIDH condenar los
ataques y obligar al Estado mexicano a garantizar la vida de todo el
equipo del centro de derechos humanos, además de realizar una
investigación “sin pretextos” contra los responsables.
Finalmente,
no solo exigieron por lo derechos de su pueblo y de la nación, sino que
también se solidarizaron con el pueblo palestino, lugar donde se está
cometiendo un genocidio, hecho que condenaron como “la gran vergüenza de
estos tiempos que vivimos” cometida en contra de los gobiernos de
Israel y de Estados Unidos.
Somos
pequeños, no tenemos el poder de detener la barbarie de este atroz
genocidio contra el pueblo palestino, pero si nos unimos todas y todos a
levantar la voz para que se pare el infierno en Palestina, podremos
salvar la vida de mucha gente.
27 años después, la violencia persiste
A
27 años de la masacre, la violencia en el territorio persiste. El
pasado 8 de junio, en la comunidad de Tzajalch’e, municipio de Chenalhó,
se registraron múltiples detonaciones de armas de fuego provenientes de
un monte cercano, a apenas 400 metros de una escuela y de una iglesia.
Las
Abejas señalaron que no se trata de un hecho aislado. Desde hace años
han denunciado la presencia de grupos armados vinculados al crimen
organizado en la región. La situación se agravó desde julio de 2024,
cuando se intensificaron los bloqueos de caminos, cortes de
electricidad, ataques directos y reclutamiento forzado, sin que el
gobierno en turno haya atendido ni frenado la violencia.
Denunciaron
además la colusión de autoridades con estos grupos, pues cuando
intentaron documentar los hechos con sus celulares, policías de Chiapas
les confiscaron los dispositivos para borrar las evidencias y ocultar lo
ocurrido.
Cimacnoticias documentó en “Soy una niña
desplazada. Infancias como víctimas de conflictos armados en Chiapas”
que desde hace tres años la disputa territorial en la frontera sur ha
provocado enfrentamientos constantes en municipios de la Sierra Mariscal
y Frailesca, poniendo en riesgo la vida e integridad de 161 mil 570
niñas, niños y adolescentes.
Esta situación demuestra que, la
Matanza de Acteal no es un hecho aislado sino que responde a una
violencia estructural que encapsula al territorio chiapaneco, la cual
afecta desproporcionadamente a las mujeres. A casi 3 décadas del suceso,
aún no hay justicia para las comunidades lo que evidencia que la
corrupción y la impunidad siguen gobernando
Acteal, Chiapas. Mariana Díaz es tsotsil de Los
Altos de Chiapas, región de tejedoras ancestrales y paisajes montañosos
cubiertos por la niebla. Zona de la masacre de Acteal, que está a punto
de cumplir un cuarto de siglo y se mantiene impune; y de actuales
ataques armados contra la población del municipio de Aldama. Pero
también, dice Mariana, región de “resistencia y organización”, donde
ella y sus compañeras se mantienen “aparte del gobierno”, del que,
asegura, no reciben nada “porque su dinero no nos va a servir y no
queremos perder la cultura, el tejido, la lengua y el maíz”. ¿Y qué pasa
si recibes el apoyo?, se le pregunta. “Nos van a querer callar”,
responde. Por eso, explica, mejor bordan, y de ahí sale un poco para el
sustento y la organización.
Mariana tiene 32 años y cinco hijos. Hila desde niña en el telar de
cintura, le enseñó su hermana Celia. Necesita un mes para hacer la
urdimbre y cuatro meses para bordar la tela. Se levanta a las tres de la
mañana, hace el fuego, pone el café, muele el maíz, hace la tortilla,
sirve el desayuno, barre, lava, alimenta a los hijos y a los animales,
limpia la milpa y el cafetal. Y borda de tres a cuatro horas diarias. No
alcanza el día, dice.
“Cuando me voy a dormir”, cuenta la mujer, “cierro mis ojos y sueño
en que puedo vivir del bordado, de nuestros campos, de cuidar la tierra.
Mi sueño es hacer todas las figuras que hay en la comunidad, hacer
tortugas, gallos, corazones como mi corazón, que está feliz. Hacer
nuestros bordados para que no se pierda la cultura. Voy a la milpa para
cuidar a nuestra Madre Tierra. Mantengo mi vida para hacer nuestras
flores. Me gusta”.
La primera parte de este reportaje se realiza en Acteal, sede del
Santuario de los Mártires, como se les conoce a los 45 indígenas que
fueron asesinados el 22 de diciembre de 1997. En esta región, parece, la
violencia llegó para quedarse. No hay día en que no se escuchen los
disparos por el conflicto de tierras entre los municipios de Chenalhó y
Aldama. Sólo en Aldama hay 3 mil 499 personas desplazadas
intermitentemente. Esta situación, explica el Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas, viene desde el gobierno de Enrique Peña
Nieto, “pero se volvió más crítica con el de Andrés Manuel López
Obrador”. En Chalchihuitán, por su parte, hay cerca de mil 237 personas
desplazadas, y en Pantelhó, 3 mil 205, aunque algunas ya han retornado.
Entre la violencia crecieron las niñas y niños tsotsiles que hoy
tienen menos de 30 años. Y, aunque no han vivido otra cosa, no la
normalizan. De la precarización que llegó con la guerra contrainsurgente
en 1997 y del desplazamiento posterior, el bordado vino no sólo como
sustento económico, sino también como forma de organización entre
mujeres. Para juntarse entre ellas.
Lo que defendemos de nuestro territorio, dice en la entrevista
colectiva Carmela Pérez Pérez, de Tzajalchén, “está en nuestra ropa”.
Ella viste un huipil de mariposas bordadas con hilos plateados y
dorados, en el que “tratamos de representar que vuelan entre los árboles
y bejucos, y si hay algo más que nos agrade del agua o de las flores lo
ponemos en nuestra ropa. Es lo que hay acá, no nos inspiramos de otros
lugares”.
“La tierra, los árboles y todo lo que hay en nuestro lugar, lo
estamos defendiendo de cualquier abuso. Porque si sufren abuso, nosotras
también. Porque si alguien quema nuestro terreno mueren muchas vidas.
Nosotras queremos que nuestras tierras estén en nuestras manos para que
ahí se produzcan las verduras y todo lo que usamos, plantas medicinales,
tomates, todo. Hay quienes ya usan productos químicos para trabajar,
pero nosotros queremos trabajar con nuestras manos, así”, insiste
Carmela.
“De nuestras tierras”, añade la mujer tsotsil, “surge nuestra
imaginación, lo que dibujamos en nuestros tejidos y bordados. Por eso
las defendemos, porque si no lo hacemos se irá todo aquello que vemos y
dibujamos”.
Maderas, jade, agua y recursos minerales y pétreos en disputa
Las montañas de Los Altos de Chiapas son parte de las 7.5 millones de
hectáreas de un territorio disputado por transnacionales, gobernantes,
empresarios locales, crimen organizado y sectas religiosas. No es
difícil saber por qué: selvas húmedas, bosques de coníferas y encinos,
bosques húmedos de montaña y pastizales cultivados que representan el 39
por ciento del territorio de la entidad, además de las 106 áreas
protegidas. Su riqueza natural sólo es comparable al tamaño de su
cultura: 12 de los 69 pueblos indígenas del país conviven (y sobreviven)
en estas tierras.
Luis Hernández Castro, coordinador del Área de Trabajo Regional del
Frayba, explica que existe “una fuerte riqueza natural en la zona de los
Altos y particularmente en los municipios de Chenalhó, Aldama y
Chalchihuitán, en los que hay recursos maderables, plantas medicinales,
recursos del subsuelo y pétreos”. En la región, señala, hay también
yacimientos de jade, conocido en las comunidades como la piedra verde,
que lo mismo se encuentra en los márgenes de los ríos que en las
montañas. También hay importantes mantos freáticos, manantiales y ojos
de agua que se defienden porque se consideran espacios sagrados.
En los últimos años, como en el resto del estado, se ha expandido el
crimen organizado, justo donde históricamente crecieron los grupos
paramilitares involucrados en la masacre de Acteal. Ahora, explica el
integrante del equipo de derechos humanos, “ellos ejercen un control
territorial y poblacional a través del miedo y de las armas”. Y, en este
contexto, “las bordadoras de Acteal reflexionan sobre la defensa del
territorio, de su cultura, de sus cuerpos/territorio, y sobre el
territorio de su colectivo”.
La vida que se defiende
Aún no amanece y empiezan los fogones a encenderse en Tsajal Uk’um,
comunidad localizada a cinco kilómetros de terracería desde Acteal. Esta
es la región en la que hace casi 25 años ocurrió la masacre en el
contexto de la guerra de baja intensidad contra el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), documentada por el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y por diversos organismos
internacionales.
En Tsajal Uk’um la vida sigue abriéndose camino. Ernestina recoge las
hojas de chayote que le pondrá a los frijoles. Entra a la cocina, muele
el café y atiza el fogón; mientras, su suegra Olga se encarga de moler
el maíz azul. Marisol, la hija más grande de Olga y Vicente, hace la
tortilla en prensa de madera; Laura acarrea el agua en cubetas y
Liliana, de 17 años, se encuentra en el solar hilando una pulserita de
siete colores. El fogón es el centro de la vida. Afuera, el patio está
lleno de flores en este verano de lluvias. Ahí descansan los utensilios
de labranza, el mecapal, los azadones, machetes y los cestos para
recoger y limpiar el frijol. “Es la vida que me gusta”, dice Olga, una
de las fundadoras de la Cooperativa Jolob Luch Maya, de la Sociedad
Civil Las Abejas.
La tarde se asoma en este paraje de la resistencia y Olga Hernán
Pérez mete gallinas y guajolotes a sus corrales. Luego, hilvana con
palabras en su lengua ancestral el nacimiento de la cooperativa de
mujeres bordadoras, fundada apenas un mes después de la masacre de
diciembre de 1997. “En 1998 comenzamos con la cooperativa, debido a que
estábamos sufriendo. Fuimos desplazadas y no teníamos forma de ganar
dinero. Nuestros hijos sufrían y se enfermaban al igual que nosotros.
Luego vinieron nuestros hermanos y hermanas, ‘reúnanse y hagan esto’,
nos dijeron. Les hicimos caso, nos agrupamos para bordar y así surgió
nuestra cooperativa”.
Sentada a un lado de Olga, Rosa completa la historia: “Ya tenía siete
días de que pasó la matanza cuando nosotras de Tsajal Uk’um llegamos a
Acteal y ahí nos dimos cuenta que no teníamos nada, ni ropa ni zapatos,
no teníamos dinero y no teníamos la forma de ayudarnos. Pero nos
reunimos todas las mujeres que tejíamos y bordábamos. Quien comenzó todo
fue una madre que se llama Chavelita, ella nos dio unas telas de 25 por
25 centímetros, de estos tamaños”.
A unos meses de cumplir 25 años bordando en colectivo, Olga y Rosa
coinciden en el cansancio y la enfermedad. Los hombres, dicen, “están
ocupados en la organización” y en el campo. Y el dinero escasea. Por
pasar toda la vida en el telar ya se nubla su vista y padecen dolores de
cabeza continuos. “Nuestro cuerpo ya está cansado. Nuestra edad avanza
al igual que la de la organización. Ya no es la misma fortaleza del
corazón. Pero nuestra organización es muy buena, tiene peso. Representa
alegría para los que están sufriendo, representa un apoyo para no
depender del gobierno”, explica Olga. Y remata: “pero hay ocasiones en
que no razonamos y ya no nos organizamos bien, como que se pierde
nuestra razón de ser, pero ahí vamos superándolo. No hemos descansado y
seguimos luchando”.
Rosa explica que gracias “a que somos una agrupación de mujeres nos
animamos en la realización de bordados”, pero a muchas ya les falla la
vista y no hay dinero para lentes. Ahora, considera, “es importante
enseñarles a nuestros hijos, para que no dependamos del gobierno, sino
que aprendan a estar en una organización. Queremos seguir con la
fortaleza de seguir caminando y de dialogar”.
La cooperativa de bordado, coinciden todas, cambió el papel de la
mujer en la familia y en la organización, pues su trabajo se convirtió
muchas veces en el sostén principal. Vicente Ruiz, esposo de Olga, quien
actualmente ocupa un cargo en la iglesia, lo confirma: “El trabajo de
las mujeres es muy importante, porque ya no es como antes, cuando ellas
no salían. Ahora están abiertos los ojos y ya saben dónde buscar su
trabajo, cómo mantener a su familia con sus artesanías. Se apoyan mucho
entre ellas, con sus hijos e hijas, con las que no tienen nada. No a
todos los hombres les gusta que la mujer tenga su palabra y que trabaje,
no están de acuerdo porque piensan malas cosas y sienten envidia por
sus mujeres”.
Zoila Gómez tiene 42 años y cuatro hijos de entre 4 y 22 años de
edad. Borda la puntada conocida como cinco espinas, representativa de la
región. La enseñó su mamá Antonia, que ahora tiene 73 años y quien a su
vez aprendió de su abuela María, que está por cumplir 100 años y tuvo
ocho hijos. Cristina Paz está a su lado. Ella tiene 39 años y no tuvo
hijos, borda desde los 10 años y viste una blusa con 50 mariposas
moradas, una pieza artesanal que representa más de tres meses de
trabajo. Cristina no fue a la escuela, pero dice que le hubiera gustado.
Cuando Elena Pérez, de 32 años, se refiere a lo que le gusta de su
comunidad, su rostro se ilumina. “Ahí está mi casa, mi cama, mi
comunidad, el cafetal. Todo me gusta”, dice sin empacho. Y a Lorena
también le gusta, pero habla de lo duro que es trabajar mucho tiempo
bordando para ganar un promedio de 200 pesos a la semana, de los cuales
son 100 de inversión en materiales.
En grupo salen rumbo al cafetal de Olga. Se suben a la camioneta, y
con sus hijos ceñidos a la espalda con el rebozo, emprenden el camino.
Llegan y caminan machete en mano cortando hierba y moviendo la tierra
con el azadón. Son campesinas, mamás, bordadoras, esposas, defensoras de
una vida que les gusta. Mariana afirma que no se imagina en otras
tierras, pero habla de lo difícil que es vivir por la escasa venta de
sus bordados.
El grupo de mujeres posa para las cámaras de Raúl Ortega y Xun Sero.
No paran de hablar y de reír mientras trabajan en un cafetal de
autoconsumo, cuya cosecha estará lista entre octubre o noviembre de este
año. A un lado, en la milpa, se asoman los primeros elotes de agosto. Y
empieza ya la cosecha de frijol. En Tsajal Uk’um las mujeres tienen una
tienda colectiva y una granja de pollos. Hasta hace poco tenían algunas
cabezas de ganado que tuvieron que vender para cubrir necesidades de
salud.
El regateo, acto de discriminación que no valora su trabajo
El regateo en las calles de San Cristóbal de las Casas es histórico,
tanto de turistas locales como extranjeros que les insisten a las
artesanas para que les ofrezcan precios más bajos por su trabajo. “En
San Cristóbal rentamos casa para la cooperativa, le pagamos a quien
pinta y de la venta de una de nuestras artesanías sólo nos queda el 30
por ciento”, explica Rosa.
Rosa y el resto de las mujeres ven el regateo como “algo
discriminatorio”, y por eso muchas veces “si alguien viene a ofrecer 25
pesos, pues le decimos que no, porque el proceso de realización es
tardado. Si es un tejido, primero preparamos nuestros hilos en bolas,
luego en el urdidor, lo que nos lleva varios días, y luego el bordado.
No vamos a ceder en los abusos cuando lo quieren más barato porque
nosotras sabemos el trabajo que conlleva, sabemos cuánto invertimos para
comprar hilos y telas y todo lo que necesitamos. Por eso nosotras
estamos en una organización, para apoyarnos y evitar los abusos”.
Mariana remata y exige “que no abusen las personas al vernos que
somos indígenas, que no hablamos bien el español y que no sabemos
explicar el proceso y el tiempo que nos llevan hacer nuestro trabajo.
Hay gente que quiere que casi se le regale el trabajo. Y no sólo es el
trabajo, es también la cultura. Yo pienso que la gente no ve todo lo que
hay, la tortuga, el gallo, la flor. Pienso que la gente no está mirando
a la Madre Tierra cuando regatea”.
Un cuarto de siglo sin justicia verdadera
“Ya van a ser 25 años de la masacre y no hay justicia. Nosotros no
queremos dinero, ni para mis hermanos ni para mis familiares, sólo
justicia”, dice María Vázquez, quien aquel 22 de diciembre sobrevivió
porque salió del campamento por la mañana rumbo a Chixiltón, y ahí
estaba cuando llegaron los paramilitares a disparar y atacar con
machetes a quienes se encontraban en ayuno orando por la paz.
Actualmente, en la hondonada donde ocurrió la barbarie, se levanta
una iglesia con murales exigiendo justicia, la oficina de la mesa
directiva de la Asociación Civil Las Abejas de Acteal, una cocina y un
comedor comunitario, la casa de comunicación y, entre otras
rudimentarias edificaciones, el local de la cooperativa de mujeres
bordadoras.
Los niños juegan fútbol en el espacio/auditorio al aire libre en el
que se celebran las misas y eventos públicos de Las Abejas, que a su vez
se prepara para los festejos de su 30 aniversario. Todos estos niños
nacieron después de la masacre y su corta vida ha estado marcado por la
misma violencia. Pero juegan y ríen, mientras sus madres bordan, están
en la cocina o se preparan para salir a limpiar el cafetal.
Del paraje vecino de Tsajal Uk’um son originarios tres de los presos
liberados por la masacre de Acteal. No regresaron a vivir al pueblo pero
llegan a visitar a sus familiares, al igual que el resto de los 29
asesinos confesos puestos en libertad en 2009 por “fallas al debido
proceso”. “El Estado mexicano no sólo armó a los paramilitares y
propició la masacre de Acteal, sino que también se encargó de liberar a
los autores materiales, a través de la mal llamada Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que para nosotros es una suprema corte de ricos y
criminales”, dijeron Las Abejas en una campaña lanzada en 2017 bajo el
nombre de Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza, en la que
responsabilizaron como autores intelectuales a Ernesto Zedillo Ponce de
León, Emilio Chuayfet, el general Enrique Cervantes Aguirre, el general
Mario Renán Castillo, Julio César Ruiz Ferro, entre otros que no han
sido juzgados.
Tsajal Uk’um colinda con Chimix, Pechiquil y Polhó, todas tierras
arrasadas por el paramilitarismo no reconocido aún por el Estado. Aquí
se siguen disparando las mismas armas de alto calibre usadas en la
masacre. Lo han denunciado innumerables ocasiones sin obtener respuesta
alguna.
“Tenemos esperanza de que Dios cambie el corazón del gobierno y que
castigue a los autores materiales e intelectuales de la masacre”, dice
Vicente Ruiz, al tiempo que recuerda que “han pasado ya cuatro años del
actual gobierno y no hay cambios. Ya van cuatro presidentes y la
justicia no llega”.
Jorge Luis Hernández Castro, del Frayba, explica que dentro del
trabajo de reflexión que acompaña actualmente el centro fundado por el
obispo Samuel Ruiz García con las bordadoras de Acteal, ellas han dejado
claro que la paz no vendrá del gobierno. “Desde la aguja y el hilo
bordan su propia historia y la cosmovisión del mundo para hacer justicia
y para fortalecer su trabajo como defensoras de derechos humanos”, dice
el entrevistado. Y Mariana confirma: “Nuestra esperanza no está en
nuestros gobernantes, está en nuestra organización y trabajo”.
Las Abejas junto con las víctimas y sobrevivientes de la masacre
están empujando a la justicia a nivel internacional ante la Corte
Internacional de Derechos Humanos (CIDH), organismo que se encuentra en
periodo de análisis para rendir el esperado Informe de Fondo, cuyo
contenido es la demanda y esperanza de justicia de la organización que
no ha pactado con el gobierno. Se espera que en Informe de Fondo de la
CIDH se contemplen no sólo las graves violaciones a los derechos
humanos, sino también las consecuencias de la contrainsurgencia en
México y en Chiapas específicamente.
División inducida con programas de gobierno y soluciones “amistosas”
La cita con las mujeres de la cooperativa es en la parte baja de
Acteal, convertida en santuario y sede de la memoria en la que mes con
mes se reúnen los sobrevivientes y desplazados por la violencia. Aquí 45
cruces rodean el escenario levantado para rendir homenaje a las 19
mujeres, 8 hombres, 14 niñas, 4 niños y 4 aún no nacidos asesinados por
el grupo paramilitar priísta del municipo de Chenalhó, quien, como
advirtió el Frayba, “actuaba con la aquiescencia y tolerancia de las
autoridades mexicanas, en aplicación de una política de
contrainsurgencia de Estado claramente diseñada en el Plan de Campaña
Chiapas 94”.
¿Cómo imaginar vida después de tanta muerte?, se les pregunta a las
mujeres bordadoras que se definen también como defensoras del
territorio. María Vázquez Gómez, originaria de Acteal y sobreviviente de
la masacre, cuenta que después de las muertes y el desplazamiento
forzado las familias se quedaron sin tierras y sin sustento, y “nos
empezamos a preguntar cómo le podíamos hacer, cómo podíamos vivir. Así
nos dimos cuenta de que podíamos vender. Había muchas mujeres que
lloraban porque no sabían cómo iban a vivir con sus hijos, porque
dejaron sus pertenencias en sus casas y se tuvieron que desplazar de
Queshtic. Allá quedaron su cafetal, sus animales, su comida, y se
preguntaban cómo le iban a hacer. Por eso empezamos a organizarnos, para
empezar a trabajar con los bordados y poder vender”.
Nueve familiares de María fueron asesinados aquel 22 de diciembre. Su
mamá, sus hermanos mayor y menor, su cuñada y cinco sobrinas. Guadalupe
Vázquez, conocida como Lupita en el trabajo político, es una de sus sobrinas sobrevivientes.
“Nosotras”, dice María, “somos resistencia”, y explica que no reciben
apoyos del actual gobierno federal, ni del programa Sembrado Vida, ni
becas ni las casas que les construyen a quienes salieron de la
organización original y pactaron un Acuerdo de Solución Amistosa con el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Por eso”, continúa María, “las
mujeres trabajan y trabajan, aunque ahorita no hay mucha venta ni dónde
vender”.
La mujer tsotsil lamenta que “el dinero que reparten para los mayores
de edad ha desintegrado a las comunidades del municipio. A nosotros,
como sobrevivientes, el gobierno nos quiere desintegrar para que ya no
haya más que resolver, por eso muchas compañeras se han desintegrado.
Pero nosotras queremos que haya solución, aunque nos digan que ya no
somos muchos los de Las Abejas. Seguiremos en la búsqueda de que se
resuelva y haya verdadera justicia por la masacre”.
Olga, por su parte, también lo tiene claro. Dice que no aceptan los
programas gubernamentales porque “siempre nos van a decir que ya nos
dieron y recibimos algo y nos van a querer callar. Por eso preferimos
salir adelante solas, así tenemos la fortaleza de hablar y decir, y hay
quienes nos escuchan más al ser independientes. Nos sentimos más
fortalecidas así con nuestra organización, a pesar del cansancio por
toda nuestra labor.”
La diferencia entre los que aceptan los apoyos del gobierno y los que
no, explica Olga, es que “quienes reciben dinero ya no hacen más cosas,
ya no quieren trabajar y se la pasan esperando a que les llegue el
dinero. Cuando a un hombre le llega el dinero se le pide a su mujer para
ir a emborracharse, o comprar alguna otra sustancia. Al llegar a su
casa regaña a su mujer, le paga y la corretea, es lo que yo he podido
ver. Ya les da igual trabajar o no, ya sólo están en espera del apoyo”.
“Nosotras”, añade Mariana, “nos diferenciamos de los que sí reciben
del gobierno porque si dejamos la tierra podemos terminar hasta de
sirvientes para los ricos. Por eso nosotras queremos buscar nuestros
propios recursos. Cuando el gobierno reparte proyectos siempre quiere
saber cuántas hectáreas de terreno tiene cada persona, te piden cuánto
tienes para que te den fertilizantes o herbicidas. Pero nosotras no
queremos eso”.
Luis Hernández, coordinador del Área de Trabajo Regional del Frayba,
organización de derechos humanos que ha acompañado a Las Abejas desde su
nacimiento, explica que con la llamada Solución Amistosa pactada con un
grupo de Las Abejas que se escindió de la organización original, y que
está recibiendo programas, casas y materiales, “el gobierno federal está
enviando el mensaje de que los que negociaron sí consiguieron justicia
(material) y que los que se quedaron en Las Abejas no, y a ellos parece
decirles ‘ustedes sigan resistiendo, mientras los que pactaron ya tienen
casas y luz’”.
Pero la postura de las mujeres bordadoras de Acteal, señala el
entrevistado, “es muy clara, porque ellas no buscan una casa de concreto
o postes de luz. También les ofrecieron Sembrando Vida, becas Benito
Juárez, apoyos en la salud y otros programas del Estado, todo lo cual no
tendría nada de malo si fuera acompañado de un verdadero plan de
justicia, si hubiera una respuesta verdadera a lo que exigen desde hace
25 años, que tiene que ver con la responsabilidad efectiva del Estado y,
luego, una reparación integral, pero hasta la fecha no está sucediendo.
Entonces ellas dicen que lo que quiere el gobierno con esos apoyos es
callarles la boca”.
Lo que es definitivo, sintetiza Hernández, es que aunque ya se habían
dado divisiones en Las Abejas, “es en este sexenio cuando ha salido más
gente de la organización”, básicamente debido a los proyectos y a la
situación de precariedad en la que viven quienes siguen buscando
justicia.
“Nosotros pensamos que si se recibe el dinero del gobierno nosotros
ya no tenemos palabra. Con eso matan la palabra, tapan la boca, nos
tapan el ojo. El gobierno busca la forma de dividir a la gente, vienen
con sus campañas y cambian el corazón”, dice por su parte Vicente Ruiz,
esposo de Olga y párroco de Acteal.
Si destruyen la naturaleza, nos destruyen a nosotras
Olga no para un segundo sus labores cotidianas. Ahí, dice, está su
vida. “Lo que me da esperanza es tener nuestro sembradío de maíz para
luego tener dónde ir a cortar elotes. Eso me da alegría. En el caso de
los pollos, voy a verlos y me río y hablo con ellos. Producir lo que
consumimos nos da también felicidad. Para Rosa no es distinto: “nos da
alegría darle buen uso a la tierra y que no estamos aprendiendo a
depender del gobierno o a vender nuestras tierras. Nos gusta estar
juntos y reunidos, podemos caminar, hablar y nos defendemos entres
nosotras, es lo que nos gusta”. Aquí la autonomía, sin nombrarla, se
ejerce. “No estamos por parte de nadie, nadie nos está mandando. Estamos
agrupados por nuestros propios medios, eso nos hace orgullosas de
nuestro andar”, remata Olga.
María Vázquez vuelve al bordado y sus recuerdos. “Las muchachas
siempre trabajan bien sus cabezas, sus pensamientos, y pensaron en hacer
animalitos. Antes hacíamos casi sólo la figura que se conoce como cinco
espinas, la florecita y uno como hueso de pescado, que tiene su nombre
en tsotsil”.
El bordado, sintetiza María, se relaciona con el territorio porque
“ahí están las plantas, los gusanos, las abejas y las mariposas en las
flores. Nosotras copiamos de la naturaleza. Por eso, si la destruyen,
nos destruyen a nosotras”.
El 3 de septiembre,
el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, pidió perdón a
nombre del Estado mexicano por la matanza de Acteal, cometida el 22 de
diciembre de 1997. Ese día, 45 indígenas tzotziles fueron asesinados
mientras oraban en la ermita de la comunidad de Acteal, en el municipio
de Chenalhó, Chiapas. De las víctimas, 34 eran mujeres, 16 de ellas
niñas, y 11 varones, entre ellos cuatro infantes; 26 personas más
resultaron heridas, en su mayoría niños que quedaron con lesiones
permanentes.
Las víctimas pertenecían a la sociedad civil Las Abejas, y fueron
masacradas de manera salvaje por unos 80 hombres fuertemente armados,
entre los que había personal de la Brigada de Policía Militar y de
servicios logísticos de la Secretaría de la Defensa Nacional procedentes
de diversas zonas militares del país, vestidos de civil y con
antecedentes de mala conducta castrense. En una operación que se
extendió durante siete horas, las víctimas fueron asesinadas con
disparos de fusiles FAL y G3, usados por la Policía Militar y el
Ejército. Oficialmente, el responsable directo de la matanza fue el
grupo paramilitar Máscara Roja, de filiación priísta, preparado
y entrenado por el Ejército Mexicano para operar en la región de Los
Altos de Chiapas. Según testigos oculares, el grupo de civiles armados
actuó respaldado por una brigada de operaciones mixtas (BOM), integrada
por militares, policías judiciales y de seguridad pública del estado,
que se encontraba a menos de 200 metros de distancia de la comunidad.
Ante el desconocimiento de los Acuerdos de San Andrés por el
presidente Ernesto Zedillo, ayuntamientos autónomos de bases civiles del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con eje en el ejercicio de
los usos y costumbres indígenas, habían derivado en un poder paralelo
que ejercía el gobierno de hecho, y los caciques tradicionales del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) se asimilaron a la violencia
paramilitar para frustrar ese proceso.
El múltiple homicidio de Acteal fue un castigo ejemplar dirigido a
diluir por la vía del terror la resistencia civil. La matanza respondió a
una lógica contrainsurgente de guerra difusa contra el EZLN, sus bases
de apoyo y las organizaciones civiles y eclesiales solidarias, pero fue
también una reacción racista, autoritaria y patológica del gobierno
zedillista y los militares contra el ejercicio de las autonomías
indígenas. Testimonios de víctimas sobrevivientes dieron cuenta de
prácticas de violencia inéditas en Chenalhó; en la región de Los Altos
no existían antecedentes de técnicas de exterminio como las allí
practicadas por los verdugos. En los conflictos intercomunitarios no se
había involucrado a mujeres y niños; tampoco se había mutilado a las
víctimas con machetes después de ser asesinadas con armas de fuego, como
ocurrió con cuatro embarazadas a quienes profanaron sus vientres,
extrayendo sus fetos, como modo de represión para acabar con el enemigo,
típico de la contrainsurgencia, la guerra sucia y el terrorismo de Estado.
La revelación del Plan de Campaña Chiapas 94 de la Sedena 12
días después de la matanza, vino a demostrar que la acción paramilitar
fue una operación de guerra irregular. Y como tal, un crimen de Estado.
Redactado por quien se ostentaba bajo el nombre clave de S-3
–presumiblemente el general Mario Renán Castillo−, dicho plan tenía como
objetivo estratégico-operacional destruir la voluntad de combatir
del EZLN, aislándolo de la población civil y lograr el apoyo de ésta, en
beneficio de las operaciones del Ejército. Como objetivos tácticos figuraban destruir y/o desorganizar la estructura política y militar del EZLN,
para lo cual, junto con operaciones de inteligencia, sicológicas, de
control de población civil y logísticas, se instruía la organización,
adiestramiento, asesoramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares (sic). Agregaba: En caso de no existir fuerzas de autodefensa, es necesario crearlas.
De manera textual se ordenaba “organizar secretamente a ciertos
sectores de la población civil –entre otros, a ganaderos, pequeños
propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido
patriótico–, quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras
operaciones”.
En Acteal también se aplicaron los lineamientos del Manual de guerra irregular, operaciones de contraguerrilla y restauración del orden, de la Sedena, donde se afirma, citando a Mao, que el pueblo es a la guerrilla como el agua al pez. Pero al pez, agrega, se
le puede hacer imposible la vida en el agua, agitándola, introduciendo
elementos perjudiciales a su subsistencia, o peces más bravos que lo
ataquen, lo persigan y lo obliguen a desaparecer. Esa estrategia
paramilitar estuvo dirigida a tender un cerco sanitario en torno al
EZLN, para fijarlo en un terreno previamente cuadriculado y, una vez
aislado de su base social, intentar destruirlo y/o aniquilarlo.
El Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado y un grupo de
familias escindidas de Las Abejas, y la disculpa pública del
subsecretario de Gobernación Encinas no extingue las demandas de verdad,
juicio a los culpables y no repetición de quienes siguen perteneciendo a
esa organización indígena. Zedillo y la cadena de mando de la Sedena
siguen impunes, igual que el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro. Y la
violencia paramilitar también sigue vigente en Aldama, Tila y Chenalhó
contra comunidades bases de apoyo del EZLN.
El portavoz de las víctimas exige juicio contra el ex presidente Ernesto Zedillo y el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro
▲ Familiares de las víctimas de la masacre de Acteal en 1997 aceptaron
ayer las disculpas del Estado que el subsecretario de Derechos Humanos,
Alejandro Encinas, ofreció, así como el anuncio de la reparación del
daño.
Desde la Secretaría de Gobernación (SG) se escuchó en
tzotzil y en español el reconocimiento del Estado mexicano por su
responsabilidad en la masacre de Acteal (Chenalhó, Chiapas), perpetrada
el 22 de diciembre de 1997, con saldo de 45 muertos y 26 heridos. A
nombre de las víctimas, Fernando Luna Pérez se pronunció a favor de que
se lleve a juicio a los ex presidentes, en particular a Ernesto Zedillo.
El Acuerdo de Solución Amistosa fue firmado luego de que el Estado,
en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de
la SG, Alejandro Encinas, ofreció disculpas y señaló que el ataque fue
perpetrado por grupos paramilitares con la complacencia de las autoridades, en el contexto de un Estado anquilosado
que alteró la escena del crimen en la que fueron asesinadas personas
indefensas, entre éstas cuatro mujeres embarazadas y 18 menores de edad.
Como parte de la reparación del daño, se hará un documental de los
hechos y se entregará una compensación económica individual, la más alta
en los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
instancia ante la que se interpuso la demanda en 2005.
La solución incluye a 18 víctimas fallecidas y 12 sobrevivientes. El
subsecretario Encinas declaró que están a salvo los derechos de quienes
esperan la resolución a fondo en el sistema interamericano de derechos
humanos. Luna Pérez señaló como responsable de la agresión a unos 100
paramilitares pertenecientes al PRI y al Partido Frente Cardenista,
todos armados y adiestrados por el Ejército Mexicano que, con una lógica
de contrainsurgencia, alevosía y predeterminación, ingresaron al
campamento de desplazados, disparando armas deuso exclusivo del ejército
y masacraron a nuestros hermanos.
Destacó que fue un crimen de lesa humanidad y pidió juicio para los
autores intelectuales que implementaron la estrategia de insurgencia;
esto es, precisó, los gobiernos en turno, encabezados por el presidente
Ernesto Zedillo.
Sin embargo, refirió que su lucha no termina hoy al caducar la mentira de Zedillo que planteaba la masacre de Acteal como resultado de un conflicto intercomunitario, de tierra y religión; al contrario, es necesario llevar ante lajusticia a todos los involucrados en el crimen, de los tres niveles de gobierno.
Declaró que más allá de la consulta ciudadana, promovida actualmente,
se debe juzgar a los mandatarios anteriores. “No hacer justicia con
nuestras propias manos, añadió, no es olvido. Aceptamos la disculpa
porque la actual administración reconoce la acción de los paramilitares y
la omisión de las autoridades mexicanas.
Exigimos que así sea, que se cumpla, se investigue y se lleve a
juicio a Ernesto Zedillo Ponce de León, ex jefe del Ejecutivo de México y
toda su cadena de mando, por ser los autores intelectuales de la
masacre de Acteal, expresó Luna Pérez.
Mencionó también como responsables a otros funcionarios en turno en
ese año: Julio César Ruiz Ferro, ex gobernador de Chiapas; Emilio
Chuayffet Chemor, ex secretario de Gobernación; general Enrique
Cervantes Aguirre, ex secretario de la Defensa Nacional; Homero Tovilla
Cristiani y Uriel Jarquín Gálvez, entre otros.
Recordó que con la denuncia de los afectados fueron procesados 88
civiles paramilitares, 15 funcionarios públicos y hubo 29 órdenes de
aprehensión no ejecutadas, pero no se agotó la línea de investigación
relacionada con la estrategia de contrainsurgencia.
En el acto de gobierno estuvieron ayer familiares y víctimas de los
hechos, funcionarios del gobierno federal y de Chiapas, comisionados de
organismos no gubernamentales y el embajador de Canadá; en
videoconferencia, fue testigo la comisionada y relatora para México de
la CIDH, Esmeralda Arosamena.
El Estado mexicano asumirá la responsabilidad en los
hechos ocurridos hace casi 22 años por la masacre de Acteal, Chiapas,
prometió el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración,
Alejandro Encinas Rodríguez.
En la Secretaría de Gobernación (SG) se llevó a cabo una reunión con
un grupo de víctimas de la masacre de Acteal –cometida el 22 de
diciembre de 1997–, autoridades federales y estatales, para concretar
los términos para la firma de un acuerdo de solución amistosa sobre este
caso.
Tras el encuentro, Patrocinio Hernández, vocero de la organización de
la sociedad civil Las Abejas, indicó a medios de comunicación que nosotros consideramos que sí va a haber un acuerdo frente a la promesa hecha por Encinas de un reconocimiento de responsabilidad del Estado en la matanza de Acteal.
Recordó que desde abril hicieron una propuesta en la que se
solicitaba al Estado mexicano que reconociera los hechos que fueron
presentados desde 2005, cuando el caso llegó a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para esta organización era fundamental que se aceptara la propuesta de responsabilidad del Estado mexicano por acción y omisión. La primera condición, explicó el portavoz, porque la
masacre se consumó en el contexto de una política de Estado encaminada a
cometer ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil,
ejecutados por grupos paramilitares, financiados, adiestrados y
protegidos por las mismas autoridades para debilitar las bases del EZLN y
las comunidades que le habrían manifestado su simpatía.
En tanto, por omisión, por la presunta deliberada falta de
integración de la policía de Seguridad Pública durante la consumación de
los hechos denunciados.
Patrocinio Hernández destacó que esta promesa es muy importante para
las víctimas porque “cuando el Estado reconoce que la masacre de Acteal
no fue una guerra entre poblaciones, sino que sucedió en el contexto de
una política de Estado encaminada a la contención social… finalmente las
víctimas van a tener satisfacción” porque su palabra triunfó y no la mentira del Estado mexicano.
En tanto, la SG informó que refrendó la total disposición para
atender de manera integral la reparación del daño, investigación y
garantía de no repetición, con apego a estándares del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y las peticiones de las víctimas
agraviadas por los lamentables hechos de 1997.
Encinas aclaró que los acuerdos alcanzados no afectan los derechos de
otro grupo de víctimas quienes han recurrido a la CIDH en ejercicio
pleno de su legítimo derecho.
La matanza de Acteal, ocurrida en 1997, dejó un saldo de 45 muertos,
incluidos niños y mujeres embarazadas, en la localidad de Acteal,
municipio de Chenalhó, Chiapas.
▲ Peregrinación en 2017 para recordar la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997.
San Cristóbal De Las Casas, Chis., Al cumplirse 21 años
de la masacre de 45 indígenas ocurrida en Acteal, la organización
Sociedad Civil Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Batolomé
de Las Casas (Frayba) anunciaron que reforzarán las acciones
internacionales para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) se pronuncie sobre el fondo del caso.
Pedro Faro Navarro, director del Frayba, dijo: Desde hace tiempo
la situación está cerrada en el ámbito nacional, ya que el Estado
mexicano no sólo se negó a una acción de justicia, sino que le ha sumado
impunidad con la liberación de casi la totalidad de los autores
materiales.
En entrevista, dijo que el caso sigue estando en la CIDH, que
debió dar una resolución de fondo desde hace años, pero por cuestiones
que no entendemos hay también un retraso absurdo, pues ni siquiera el
fondo del asunto ha dictado, aun cuando se han aportado todas las
evidencias.
Recordó que en el contexto de la guerra de baja intensidad en contra
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 22 diciembre de 1997
fueron asesinados 45 indígenas en la comunidad tzotzil de Acteal,
municipio de Chenalhó, por paramilitares priístas.
Señaló que debido a que el Estado mexicano no hizo justicia, los
familiares de las víctimas acudieron ante la CIDH, pero desde hace
varios años están a la espera de que emita un fallo sobre el fondo del
caso para, a partir de ahí, generar otras acciones internacionales
como acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nombrando
claramente a los implicados, entre ellos el ex presidente Ernesto
Zedillo, aunque al que se juzga es al Estado mexicano.
Subrayó: “Lo que vemos es que a 21 años hay un cansancio en el
proceso de la lucha de la organización Sociedad Civil Las Abejas; este
año se dedicaron a reforzar el proceso organizativo de sus órganos de
autoridad –que hasta ahora ha sido la mesa directiva–, aunque ha salido
otro grupo que ha pretendido usurpar su lucha utilizando el nombre y el
logotipo, pero ellos han dado evidencia contundente de su camino de
resistencia y esperanza por la construcción de la justicia y se han
dedicado a trabajar en el Congreso Nacional Indígena y en el Concejo
Indígena de Gobierno (CIG)”.
Agregó: Han impulsado la memoria viva desde abajo y su lucha desde
adentro. Tienen en el CIG a su concejala, Guadalupe Vázquez,
sobreviviente de la masacre, quien ha tenido un papel bastante público,
de claridad política y de convicción en cuanto a su proceso de exigencia
de justicia.
Faro Navarro señaló: Todo este año ha sido para colocar bien su
postura política ante el gobierno anterior y ante el nuevo. Los
sobrevivientes y sus familiares no le están pidiendo nada al Estado,
sino que el que está pidiendo es el grupo usurpador que ha solicitado
que atienda el asunto de la masacre.
Por ello, remarcó el director del Frayba, vamos a reforzar nuestra
acción internacional junto con la mesa directiva de Las Abejas para que
la CIDH emita cuanto antes el fondo del caso, pues ya pasaron 21 años
de la masacre.
–¿Existe alguna esperanza de que con el nuevo gobierno federal se haga justicia? –se le preguntó.
–No vemos ningún interés. El presidente López Obrador se comprometió y
ha estado pendiente del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero
ni siquiera de los más de 37 mil desaparecidos. No ha habido claridad
como en el asunto de los 43. Se habla de comisiones de la verdad sin
tener claro hacia dónde se transitaría para combatir la gran impunidad
existente. El nuevo gobierno opera desde arriba y no consulta a las
víctimas.
El dolor de Acteal. Una revisión histórica 1997-2014.
Ernesto Zedillo es el gran culpable por omisión y comisión de la matanza de Acteal,
dice de manera categórica la politóloga e investigadora de asuntos
religiosos Mónica Uribe, a punto de cumplirse 21 años de este crimen de
lesa humanidad que aún permanece en la impunidad.
Autora del libro El dolor de Acteal. Una revisión histórica 1997-2014, Uribe va más allá y afirma: El crimen de Acteal no fue un pleito interreligioso. Fue un pleito con muchas variables, pero la religión no entra.
En entrevista, recuerda que la fecha del 22 de diciembre de 1997
quedó grabada en su vida por la crueldad y el horror de haber visto a
las víctimas: siete varones, 21 mujeres y 15 niños. Y la saña con la que
los perpetradores actuaron: a las embarazadas les abrieron el vientre a
machetazos.
Uribe desarrolla su investigación en tres vertientes. La primera: los
documentos de Santa Fe 1 y 2 de la década de los 80, sobre la
influencia de Estados Unidos en América Latina y las estrategias de
contención del avance de la izquierda y el socialismo. La segunda:
terror a la teología de la liberación, uno de los temas centrales, en su
versión mexicana, exactamente en San Cristóbal de las Casas, con la
llamada teología indígena. Y la tercera: centrada en la posición de la
jerarquía católica mexicana.
La forma en la que se comportó el Episcopado es verdaderamente
escalofriante. Hay una variable religiosa poco explorada que tiene que
ver con los pleitos internos del clero, después de los cambios
constitucionales en materia eclesiástica de 1991-1992. Hay una
reformulación. Pero la constante es la presencia del nuncio Girolamo
Prigione y todo el Club de Roma en el pontificado de Juan Pablo II y su
odio al obispo Samuel Ruiz y a todo lo que le sonaba a progresismo y
teología de la liberación, explica.
El mayor responsable
Uribe indaga en la vida y trayectoria política del que
considera el mayor responsable de la matanza: el ex presidente Zedillo,
de quien, dice, se tiene una idea equivocada al considerarlo el constructor de la democracia moderna de México.
“Zedillo no se ha ido, aquí sigue por interpósita persona. Su corte
en términos de élite política sigue vigente hasta la fecha, como Liébano
Sáenz, quien era no sólo espejo del príncipe, sino el
consejero áureo, que siempre estuvo detrás de las decisiones políticas
de Zedillo, porque éste no es un genio político”.
Explica que una de las cosas que demuestra que el crimen de lesa
humanidad de Acteal no fue un conflicto interreligioso es la política
zedillista: “Fue un conflicto muy provocado desde las esferas
gubernamentales para tener el pretexto de entrar militarmente a Chiapas y
acabar con la insurgencia. Los grandes bancos e instituciones
internacionales estaban pidiendo resolver el problema de Chiapas, y
Zedillo lo ‘resolvió’ a cualquier precio”.
Resalta que una de sus fuentes documentales, como los papeles de
Santa Fe, nadie los había tocado, a pesar de que son muy importantes: Son
cuatro documentos, uno de 1980, 1988, 1996 y 2003. Son generados por la
Fundación Heritage, la Grand Corporation y la Agencia Central de
Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Se juntaron todas las
fuerzas de la ultraderecha estadunidense en 1980 para decirle a Ronald
Reagan por dónde tenía que ir la política internacional con un capítulo
sobre el continente y cómo mantener la hegemonía en toda América Latina.
Añade: Las Abejas son un grupo que surge del progresismo católico y
para la lógica de Zedillo tenían que ser eliminados, porque el ex
presidente hizo una alianza con la teología de la prosperidad, con el
Club de Roma y los grupos neoevangélicos de Liébano Sáenz y tienen una
agenda.
–¿Cuál es la agenda de Sáenz?
–De ser neoevangelizadores y acabar con el catolicismo como
ideolatría. Como ellos ya son católicos renacidos tienen que expandir su
fe. Fue parte de la agenda personal de Liébano Sáenz, sobre todo por su
alianza con Hugo Eric Flores, dirigente de Encuentro Social. Samuel
Ruiz encarnaba todo lo que detestaban Liébano y Zedillo.
–¿Quién es el responsable del crimen de lesa humanidad de Acteal?
–Ernesto Zedillo por comisión y por omisión.
Impunidad endémica
En su libro El dolor de Acteal, Uribe investiga
las razones de la impunidad sobre este crimen de Estado, a pesar de la
denuncia civil contra Zedillo en Estados Unidos, interpuesta por el clon de la organización civil de Las Abejas.
“Las Abejas se dividen. La organización de las Abejas de Acteal no el
clon, se quedan horrorizados y dijeron ‘no vamos a cambiar nuestros
muertos por dinero’, con toda la dignidad del mundo, pero no entran a la
cuestión judicial. Hay un grupo de deudos que no son Las Abejas
originales, son la organización clon y demandan a Zedillo en EU. Pero
cometen dos errores: haberlo hecho de tipo civil y, dos, haber pedido
reparación del daño en metálico”.
De acuerdo con su investigación, Zedillo recibió el apoyo del ex presidente Felipe Calderón: Nadie ha reparado en esto. Ambos son amigos.
Otro de los temas fundamentales, dice, es la tenencia de la tierra en
Los Altos de Chiapas porque ahí la reforma agraria no llegó: No
todos los indígenas son pobres, son muy ricos en tierras, tanto así que
uno de los puntos centrales de la emergencia es una herencia.
–¿Quiénes más son los responsables de la matanza?
–Está el famoso documento de Plan Chiapas 1994 que sucede que es de
1995. Mis conclusiones surgen a partir de la segunda investigación. La
primera que se hace a finales de 1997 con el libro blanco, con Jorge
Madrazo, está mal hecha, porque pone el acento en el pleito
interreligioso, cuando el crimen de Acteal no es un pleito
interreligioso.
–¿Qué es?
–Es un pleito con muchas variables, pero la religión en sí misma no
entra, lo único que pude registrar como un conflicto religioso fue la
amenaza que hace el alcalde de Chenalhó, Jacinto Arias, que era profesor
y presbiteriano, al padre Miguel Soto o al sacerdote francés a quien le
dice: lo voy a matar y vamos a quemar su cuerpo para que ni los gusanos sean contaminados por usted. El conflicto es de los priístas contra el EZLN y contra los demás.
Uribe dice que hay dos niveles en su investigación: el documento
contrainsurgente y el balance de la situación, resultado de la
investigación que hace el gobierno de Juan Sabines después de 2009 y que
proporciona unas pistas acerca de quién, cómo, por qué y para qué.
Lo que trata de hacer Jorge Madrazo en 1998 es decir que es un
pleito intercomunitario por cuestiones religiosas, pero no habla de la
militarización ni de la paramilitarización, ni de los conflictos entre
partidos políticos, ni de los conflictos de estamentos de Chenalhó. Eso
no lo toca. En cambio, encarcelan a una serie de personas con un juicio
mal hecho sin el debido proceso. Esa es otra problemática.
Afirma que luego, para reivindicarse, Juan Sabines, casi 10 años después, abre el expediente de manera interna: Hay
que recordar que en 1998 el tema se atrae a la esfera federal, pero
Sabines lo deja en el Ministerio Público local, donde hay ciertas
declaraciones que no se toman en cuenta, la más importante de Emilio
Chuayffet que dice que él sabía y también Liébano, quien era quien
tomaba las decisiones. Todos sabían que estaba pasando, porque tenían
inteligencia militar y civil.
–¿Desde cuándo sabían lo que iba a pasar en Acteal?
–Lo sabían desde los primeros pleitos fuertes a principios de 1997
por la cantera que era comunitaria y los pleitos de la tenencia de la
tierra. Luego hubo varios asesinatos, uno muy cerquita de la matanza de
Acteal que asesinaron a un joven, hubo venganza y se hizo pasar el
asunto como parte de los hechos, como si el crimen de Acteal hubiera
sido una respuesta a este asesinato y no es así.
Finalmente, afirma que para afianzar la versión del Estado del
supuesto pleito interreligioso se utilizó a intelectuales orgánicos,
como Héctor Aguilar Camín, quien publicó en su revista tres grandes
reportajes para defender la posición oficial: Desde el punto de vista
académico intelectual se tomaron tres posiciones claras. Una, la de
Aguilar Camín, que es completamente de lavarle la cara al gobierno de
Zedillo, cuando el ex presidente estuvo por la zona de Acteal en octubre
y el presidente municipal Jacinto Arias le dio una carta que permitiera
hacer una excepción a la Constitución porque tenía que hacer acopio de
armas ya que estaba el municipio de Polhó y había conflictos entre los
partidos políticos. Aguilar Camín apuntala la hipótesis de conflicto
interreligioso.
20 años después de la masacre de Acteal, en Chiapas,
donde murieron 45 personas en manos de grupos de civiles armados,
sobrevivientes y organismos humanitarios coinciden en que el crimen
sigue impune, porque los autores materiales fueron liberados
paulatinamente desde 2009, bajo el argumento de que hubo fallas en el
proceso judicial en su contra; en tanto la autoría intelectual en la que
habrían estado involucradas autoridades estatales y federales, nunca se
sancionó.
Los sobrevivientes de los hechos ocurridos en Acteal el 22 de diciembre de 1997, continúan afectados por las secuelasfísicas,
emocionales y sociales que dejó ese acontecimiento, explicó el
especialista Carlos Martín Beristain, en el estudio que llevó a cabo con
ayuda de varios psicólogos, y que se publicó bajo el título “Acteal:
resistencia, memoria y verdad”.
A pesar de ello, las personas sobrevivientes persisten en su demanda
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2005,
para que este organismo emita una recomendación al Estado mexicano,
porque aseguran que los civiles armados (paramilitares) que los
agredieron, actuaron con aquiescencia del gobierno.
En su argumento señalan que fueron víctimas de laguerra
de baja intensidad utilizada como estrategia para anular cualquier
adhesión al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En el marco de la conmemoración de los 20 años de este hecho, el
representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México,
Jan Jarab, visitó la comunidad Acteal, y escuchó los testimonios de las
y los sobrevivientes.
El diplomático expresó su solidaridad y se sumó a la exigencia de
justicia “para romper este círculo vicioso de la impunidad que prevalece
hoy por hoy en México”.
“SE OLVIDARON DE NOSOTROS”
Fernando Luna Pérez tenía 7 años cuando ocurrió la masacre. Su madre,
Juana Pérez Pérez, y su hermano Juan Carlos, de 2 años, murieron
asesinados. “Fue difícil vivir sin una madre, mi padre estuvo conmigo
pero hubo momentos en que no tenía ni para comer”, recuerda.
A pesar de esta situación, Fernando logró estudiar hasta la escuela
Preparatoria, después no tuvo recursos para continuar. En 2009 asistió
junto a la delegación de sobrevivientes a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) en la Ciudad de México a pedir que no fueran
liberados los autores materiales de la masacre. No fueron escuchados.
“Para el gobierno es como si no hubiera pasado nada. Es una
indignación porque no ha habido justicia, se olvidaron de nosotros.
Murieron nuestros familiares y no les importó. Se olvidaron de
nosotros”, señala.
Micaela y María Vázquez Pérez también son sobrevivientes de Acteal.
En la masacre murieron sus hermanas Marcela y Antonia Vázquez Pérez
Viven en una pequeña casa de una sola pieza, en la entrada a la
comunidad. Actualmente tienen 32 y 40 años de edad. Se mantienen
vendiendo artesanías en las calles de San Cristóbal de Las Casas. Los
recursos que obtienen son insuficientes para poder pagar atención médica
que les permita recuperarse de las secuelas que les dejó la masacre.
“Mi papá, Francisco Vázquez Hernández, cuando se murieron mis
familiares se puso muy triste. Todavía sobrevivió y apenas el año pasado
(2016) falleció… ahora estoy sola. Ojalá tuviéramos un espacio para
vender artesanías, ojalá haya justicia, ojalá nos reparen los daños y
nos indemnicen”, explica María.
Antonio Luna Santis también murió buscando justicia. En la masacre
perdió 5 familiares, su hija y tres nietos, Marcela Luna Ruiz;
Alejandro, Juan y Silvia Pérez Luna; y su yerno Miguel Pérez Jiménez.
Se quedó a cargo de sus tres nietas, entre ellas Zenaida, quien
perdió parcialmente la vista a consecuencia de un disparo que recibió
durante la masacre. Hoy su familia se suma a la petición para que el
Estado mexicano sea sancionado por la masacre, y a los sobrevivientes se
les repare el daño y sean indemnizados. Esto les permitiría recibir
atención médica.
A pesar de este escenario, los sobrevivientes insisten, “nosotros no
queremos venganza, lo que queremos es justicia. Ellos, los paramilitares
que participaron en la masacre son nuestros primos, son nuestros
vecinos… entendemos que fueron engañados, por la pobreza los engañaron,
los manipularon. Pero sólo la justicia puede traer la paz, solo la
justicia puede impedir otra masacre”.
Imagen retomada del portal Chiapas Paralelo|Familia Luna Pérez, sobrevivientes de la masacre de Acteal.
Durante la visita el miércoles de Jan Jarab –representante en México
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos– al campamento de Acteal, Chenalhó, donde hace dos
décadas ocurrió la masacre de 45 personas y cuatro nonatos, Las Abejas
solicitó al organismo su intervención para que la injusticia en este
crimen de lesa humanidad no siga prolongándose, para evitar la
repetición de hechos, que Acteal sea reconocido como un sitio de memoria
y esperanza, y que se reconozca al Estado mexicano como responsable de
la masacre.
En la víspera del vigésimo aniversario de la tragedia, Jarab expresó
aquí que la ONU tiene como prioridad los derechos de los pueblos
originarios y la lucha contra la impunidad.
Integrantes de la organización de la sociedad civil Las Abejas narraron ante Jarab la
verdad que el Estado mexicano intentó negar y continúa ocultando: las
graves violaciones a derechos humanos como estrategia contrainsurgente
en la región Los Altos de Chiapas.
Guadalupe Vázquez Luna, entonces una niña, y que perdió a su familia
ese día, hoy es integrante del Concejo Indígena de Gobierno del Congreso
Nacional Indígena. Leyó un escrito entregado al representante de la
ONU: Señor Jan Jarab, como víctimas sobrevivientes de la masacre y
miembros del pueblo tzotzil estamos cansadas y cansados de tanta
injusticia, humillación, desprecio y discriminación de parte del Estado
mexicano. A pesar de ello nos hemos propuesto, junto con otros pueblos
originarios, construir Otra Justicia, digna y humanizada. No sabemos
cuántos años más deben pasar para conocer la verdad y ver la justicia.
Acteal sigue siendo una herida abierta, en México no hay justicia. La
dilación es discriminación.
El escenario donde se recuerda el crimen está formado hoy por
49 velas y 49 cruces, que representan a los 45 caídos más cuatro no
nacidos, asesinados por paramilitares el 22 de diciembre de 1997. Se
instaló en la misma ermita donde los entonces desplazados rezaban y
ayunaban por la paz. En este sitio, Jarab escuchó testimonios que, como
apunta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, duelen en la memoria, pero se hacen necesarios para continuar la reivindicación de justicia.
El jueves la conmemoración de los indígenas dio comienzo a las ocho
de la mañana con una marcha desde la mina de arena de Majomut hasta la
hondonada donde hace 20 años se encontraban refugiados, en condiciones
muy precarias, centenares de desplazados de Las Abejas del municipio de
Chenalhó, al igual que miles más perseguidos desde meses atrás por
grupos de civiles armados respaldados por el gobierno y las fuerzas
armadas, como parte de la campaña contrainsurgente que combatía a los
rebeldes zapatistas y sus aliados, como es el caso de Las Abejas.
Aquellos 45 indígenas no fueron los primeros asesinados a causa del
conflicto, ni serían los últimos. Con notable constancia, 20 años
después Las Abejas siguen demandando justicia.
Marcha de la organización Las Abejas para recordar a víctimas
Integrantes de la organización Las Abejas recordaron a las víctimas de la agresión paramilitar
El gobierno quiere legalizar nuestra muerte, dice Guadalupe
Vázquez Luna, quien habla desde la parte posterior de una camioneta de
redilas de cara a los que caminan en procesión, más de un millar de
personas que inician en el paraje Majomut la conmemoración del 20
aniversario de la masacre ocurrida unos kilómetros adelante. Lupita,
sobreviviente de la matanza, se refiere en su arenga rodante a la Ley de
Seguridad Interior recién promulgada como una ley que asesina.
La marcha y conmemoración política y religiosa de la matanza de
civiles indefensos que el 22 de diciembre de 1997 se encontraban muy
precariamente refugiados en la hondonada de Acteal bajo, tiene el sello
de Las Abejas. Es un acto de memoria, y también una declaración de
actualidad con reclamos directos al gobierno por imponer la citada ley,
que consideran la continuación de la política de Estado que llevó a la
masacre.
El recuento es sucinto: Un día como hoy, paramilitares priístas y
(frente)cardenistas de Chenalhó creados, financiados, entrenados,
armados y protegidos por el Poder Ejecutivo y el Ejército federal en el
marco del Plan de Campaña Chiapas 94, masacraron con saña, premeditación
y alevosía a 45 hermanas y hermanos nuestros, más cuatro que no habían nacido.
Luego, durante el acto solemne enmarcado en la campaña Acteal: Raíz,
Memoria y Esperanza, la joven de 30 años, quien a los 10 perdió a nueve
integrantes de su familia, es la encargada de leer el comunicado oficial
a los 20 años de la masacre y 25 de lucha y organización de Las
Abejas. Y dice: “Nos encontramos con la noticia de que el mal gobierno
de Enrique Peña Nieto ha hecho una ley anticonstitucional para que su
Ejército pueda seguir cometiendo, ahora ‘legalmente’, graves violaciones
a derechos humanos. A este gobierno criminal no le bastó legalizar el
despojo de nuestras tierras y territorios con sus reformas
estructurales; con la aprobación de esta Ley de Seguridad Interior el
mal gobierno confirma su guerra de exterminio en contra de los pueblos
indígenas y no indígenas, como lo aplicó en Acteal”.
Lupita, primera mujer en recibir un bastón de mando para que
represente a Las Abejas en el Concejo Indígena de Gobierno del Congreso
Nacional Indígena, se refiere a una de las partes más siniestras de
aquella desgracia: Nunca olvidaremos a las mujeres embarazadas que
les fueron abiertos sus vientres, sacándoles a sus bebés como un mensaje
de querer acabar con la semilla.
Este paraje, alguna vez llamado Los Naranjos, sigue siendo el sitio
de una tragedia inolvidable, de una cicatriz que todavía duele, y lo que
es más, todavía sangra. Al abordar la Otra Justicia, el mensaje de los indígenas subraya que la alevosa agresión fue contra un pueblo tzotzil pacífico y organizado.
Nuestra experiencia de horror y desesperación por estar
siendo cazadas literalmente durante casi siete horas, nos duele al
contar todo esto, porque es como si hubiera ocurrido ayer ese infierno, expresa Lupita. Queremos
que nuestros jóvenes sepan bien lo que pasó, tenemos que compartirles y
formarlos para que sigan el ejemplo de nuestra lucha y así la memoria
de nuestro pueblo esté floreciendo por siempre. El sistema de justicia mexicano ya está caducado, sentencia la organización tzotzil, como pueblos nos hemos propuesto construir una justicia digna y duradera.
El momento climático del mensaje de Las Abejas adopta el carácter de una sentencia al invitar a la concurrencia a condenar simbólicamente a los autores intelectuales de la masacre, para evitar que sigan cometiendo más crímenes en contra del pueblo mexicano. Los asistentes se ponen de pie y pronuncian en alto la palabra culpable, cuando su comunicado nombra a los criminales.
Se enumera a los nueve funcionarios que actuaron en la cadena de mando
de la operación genocida, empezando por el entonces presidente de la
República, Ernesto Zedillo Ponce de León. Por cierto, él sería el único
de todos los nombrados que no renunció a su cargo tras la masacre. Uno
tras otro, todos son declarados culpables por la concurrencia.
Participan con los indígenas en la conmemoración el obispo de Saltillo (llamado Tatic en
Chiapas), Raúl Vera; varios ex párrocos católicos de Chenalhó,
representantes de organizaciones indígenas y de solidaridad nacional e
internacional, incluso un enviado de la Organización de las Naciones
Unidas. El obispo Vera manifiesta que la mancha de muerte que se mueve por México se ilumina gracias a la fuente de esperanza que no se apaga, representada por la memoriosa lucha de Las Abejas.
Enseguida, Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de las Casas (Frayba), organización que ha acompañado a los
sobrevivientes durante 20 años, insiste en que está demostrada ante
instancias nacionales e internacionales la responsabilidad del Estado mexicano en la creación, formación y apoyo a grupos paramilitares y en la estrategia de contrainsurgencia elaborada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora, indica Faro, las fuerzas armadas tienen su Ley de Seguridad Interior, lo que significa que el gobierno mexicano afirma su lenguaje de guerra.
De nueva cuenta hoy, como hace dos décadas, el Frayba denuncia el
éxodo de población, en esta ocasión del vecino municipio de
Chalchihuitán, y la destrucción comunitaria como resultado del
desprecio del gobierno hacia los pueblos originarios, y la lacerante
impunidad que por décadas ha creado raíces en estas tierras.
