César Martínez López.-Ciudad
de México.- El Comité de Madres y Padres de los 43 estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob)
convocar a una reunión con las instituciones involucradas en el
esclarecimiento del caso para conocer el avance de las investigaciones,
incluir más líneas de investigación, solicitar la ayuda internacional y
no ser reprimidos ni criminalizados por sus demandas y que esta reunión
no sustituya las que sostienen con la presidenta Claudia Sheinbaum
Pardo.
En un comunicado dirigido a la titular de la Segob, Rosa
Icela Velázquez Rodríguez, las madres y padres de los estudiantes
pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) les informe sobre
los avances de las líneas de investigación, que afirmaron, fueron
abandonadas desde 2024.
Cabe recordar que el 26 de septiembre de
2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos de Ayotzinapa, tenía como objetivo salir de la ciudad de Iguala,
Guerrero, en autobuses con destino a la Ciudad de México, para unirse a
la conmemoración del aniversario del 2 de octubre.
De acuerdo con
información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
quien ha documentado el caso, “el 26 de septiembre de 2014, Policías
Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir
que salieran de la ciudad con los autobuses.
Auxiliados por otras
corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a
cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que
lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron
detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa
misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra
la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino
también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la
estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las
instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada
Guerreros Unidos”.
De lo documentado por el Agustín Pro el saldo
de aquella noche fueron 43 estudiantes desaparecidos, 6 personas
ejecutadas (entre ellas 3 normalistas), al menos 40 personas lesionadas
entre las que se encuentran 2 estudiantes que presentaron afectaciones
graves y permanentes a su salud.
“En
total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a
derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron
víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados”,
detalló el Pro.
En el comunicado enviado a la titular de la Segob,
el Comité de madres y padres de los 43, recordaron que desde el
gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión para
la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial de
Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) lograron
desacreditar la llamada “verdad histórica” del entonces Procurador
General de la República, Jesús Murillo Karam, quien afirmó que los
policías municipales entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros
Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula,
para posteriormente tirar sus restos al Río San Juan, al concluir que
las investigaciones iniciales estuvieron marcadas por irregularidades,
alteración de evidencias y actos de tortura.
Asimismo, destacaron
que las indagatorias posteriores permitieron identificar la
participación de cuerpos de seguridad e integrantes del grupo criminal
Guerreros Unidos en la desaparición de los estudiantes, así como el
hallazgo de restos identificados de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y
Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Las madres y padres pidieron a la
FGR, retomar las líneas de investigación hechas hasta 2024, o bien,
abrir nuevas líneas prioritarias en las que incluyan: la barandilla de
la Policía Municipal de Iguala y el presunto traslado de estudiantes a
otros puntos, con base en documentos de los Centros Regionales de Fusión
de Inteligencia (Cerfi) y la colonia Jardines del Sol y la Laguna de
Tuxpan, lugares donde se presume, habrían sido llevados al menos 11
estudiantes.
También pidieron instalar una comisión de trabajo
integrada por 5 madres y padres de los 43 estudiantes, cuatro asesores
jurídicos, representantes de la CoVAJ así como integrantes de la UEILCA.
El
objetivo de esta comisión sería analizar exhaustivamente los 33
documentos Cerfi identificados hasta ahora para obtener información que
pueda convertirse en nuevas líneas de investigación y posibles procesos
judiciales.
Exigen extradiciones y cooperación internacional
El
Comité también solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores
realizar las gestiones necesarias para lograr la extradición de
exfuncionarios que consideran como prófugos de la justicia como Tomás
Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé y solicitar nuevamente la
asistencia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) para fortalecer las investigaciones y sugerir
nuevas líneas de búsqueda, ya que su participación fue crucial para
desmontar la “verdad histórica” y que pudieran abrirse nuevas líneas de
investigación.
Finalmente, solicitaron a la Segob garantías de que
no serán criminalizados ni reprimidos por sus demandas, que no se
abrirán carpetas penales en su contra, así como respetar el derecho a la
libre manifestación y a la exigencia de verdad y de justicia.
CIMAC Foto.- Ciudad
de México.- Han pasado 11 años desde que 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa fueron víctimas de
desaparición forzada en el estado del sur de México, Guerrero, a manos
del Ejército mexicano y desde entonces, la exigencia de sus madres y
padres por encontrar a sus hijos ha llegado a tres presidencias incluida
la de Sheinbaum Pardo. Hasta el momento nadie ha hecho la diferencia en
este caso, por eso es que la digna rabia por recuperar a los jóvenes
continúa por la verdad y justicia.
Como cada año desde hace once, se escuchará esta tarde «¡Ayotzi vive, la lucha sigue y sigue!»
Seguirá porque sus madres y padres continúan buscándolos, pero solo han
encontrado falta de voluntad política en los tres gobiernos que les
tocaron atender el caso: Enrique Peña Nieto (2012-2018), Andrés Manuel
López Obrador (2018-2024) y Claudia Sheinbaum Pardo (2024-actualidad).
Durante
sus administraciones, las investigaciones han enfrentado obstáculos,
ocultamientos y contradicciones que profundizaron la desconfianza hacia
el Estado, incluso optaron por un Estado militarizado y en los Programas
de Presupuestos de Egresos de la Federación las instituciones
castrenses mexicanas son de las más beneficiadas y alejadas de cualquier
señalamiento por este caso.
«En su último informe, la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ) advirtió
el posible involucramiento del crimen organizado, policías, militares y
otras autoridades estatales en la desaparición de los normalistas. Pese
a lo anterior, 11 años después, el Estado no termina de esclarecer las
circunstancias de la desaparición y las familias continúan sin conocer
qué ocurrió con sus seres queridos.» -Comisión Interamericana de
Derechos Humanos
En los últimos años las víctimas y
sus representantes mostraron preocupación por la falta de efectividad de
los espacios de diálogo; la percepción de obstáculos en el acceso a la
justicia, manifestada en el otorgamiento presuntamente irregular de
beneficios procesales a militares; y la persistencia de la negativa de
entregar documentación que se encontraría bajo custodia de la Secretaría
de la Defensa Nacional.
Hoy, desde muy temprano familias de los
jóvenes desaparecidos iniciaron su jornada de memoria con la
conmemoración de un acto religioso en el auditorio del Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Foto: Cortesía Centro Pro
La
digna rabia estará en la protesta anual que convoca a la sociedad y a
los gobiernos desde hace once años para encontrar a los jóvenes
normalistas. En punto de las 4 de la tarde partirán desde el Ángel de la
Independencia con rumbo al Zócalo para exigir verdad sobre los hechos
ocurridos en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
No obstante, la respuesta gubernamental de Sheinbaum fue tapizar los
edificios del centro de la capital con vallas metálicas que amurallan y
evitan un diálogo directo con las y los familiares.
Como cada año,
las protestas que ya forman parte de una jornada de lucha por
Ayotzinapa, permiten mirar cómo la digna rabia se ha hecho presente en
los diversos actos de protesta, ejemplo de ello fue el día de ayer en la
Puerta 1 del Campo Militar Número 1 ubicado en la colonia Lomas de
Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo, familiares de los 43 normalistas, así
como estudiantes y personas intervinieron la fachada con imágenes,
fotografías, consignas y más tarde derribaron la reja de la entrada la
cual incendiaron junto con un camión.
CIMAC Foto
Esta
manifestación refleja la digna rabia de la sociedad mexicana ante uno
de los episodios más tristes y violentos en la historia de México que
evidenció el panorama sobre la crisis de desapariciones forzadas en el
país que hasta el día de hoy acumula 133 mil 710 personas desaparecidas y
no localizada entre 1952 y 2025, según datos del Registro Nacional de
Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).
El enojo, ira y
furia de la digna rabia funcionan como una emoción con capacidad
movilizadora en la lucha de las madres, padres y comunidades que salen a
manifestarse en las calles por los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es la
transformación de un duelo incompleto y prolongado, de una pérdida a
secas y de un lamento que empuja a las familias a crear acciones en la
esfera pública. Históricamente, la rabia ha sido controlada mediante
mecanismos de silenciamiento, domesticación, devaluación y no es
reconocida como una emoción política con valor propio.
Las investigaciones en tres sexenios
En
2014, las investigaciones comenzaron a cargo de la Fiscalía General del
Estado de Guerrero. Tras varias irregularidades y la presión
internacional, la Procuraduría General de la República (PGR) asumió la
responsabilidad. El 27 de enero de 2015, el procurador Jesús Murillo
Karam anunció la llamada «verdad histórica»: los policías municipales,
ordenados por el alcalde José Luis Abarca, habían entregado a los
estudiantes a la banda criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron
y calcinaron a medianoche, para después llevar sus restos y
pertenencias al basurero de Cocula.
Esta versión fue desmentida
cuando los familiares aseguraron que, para esa hora, las llamadas a los
celulares de los normalistas seguían entrando. La incertidumbre se
confirmó cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI), convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
encontró que toda la investigación había sido manipulada: no había
evidencia suficiente para respaldar la quema de 43 cuerpos y los
testimonios utilizados habían sido obtenidos mediante tortura. No
obstante, el gobierno impulsó una campaña de desprestigio hacia el
equipo legal, las organizaciones de investigación y los propios padres.
En
2018, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador prometió
encontrar a los normalistas. Tras ganar las elecciones, firmó el decreto
presidencial para crear la Comisión para la Verdad y Acceso a la
Justicia en el caso Ayotzinapa. Asimismo, expresó que, si el Ejército
Mexicano era responsable, los involucrados serían entregados a la
justicia.
Durante su sexenio, la Fiscalía General de la República
(FGR) encontró restos humanos en la barranca de la Carnicería, un lugar
distinto al basurero de Cocula. Gracias a este hallazgo se pudo
confirmar la identidad de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre,
convirtiéndolo en el tercer normalista encontrado hasta el momento,
precedido por Jhosivani Guerrero de la Cruz en 2019 y Alexander Mora
Venancio en 2014.
CIMAC Foto
Sin
embargo, López Obrador concluyó su mandato sin entregar 800 folios de
los archivos del Ejército Mexicano ni las grabaciones de las cámaras de
C4 para continuar con la investigación. Además, las cuatro líneas de
investigación de la Comisión no fueron profundizadas. Una de ellas
indicaba que los 43 normalistas habían sido llevados al Batallón 27 y,
en 2022, se giraron 20 órdenes de aprehensión, de las cuales 16 eran
contra elementos del Ejército; todas fueron desestimadas.
Las
familias no solo se han enfrentado a la falta de verdad, sino también a
comentarios como los del ex presidnete López Obrador defendiendo al
Ejército: “porque no hay ninguna prueba que los vincule y que, si fuera
así, sería por omisión”, y desprestigiando a su defensa legal al decir
que “obstaculizan la investigación”. Además, durante su sexenio se
militarizó el país, medida que asigna a las fuerzas armadas funciones
civiles y facilita violaciones de derechos humanos.
Esta política
continuó con Sheinbaum, quien impulsó en 2025 la nueva «Ley de la
Guardia Nacional», en la que se profundizó su carácter militar y se le
otorgó el poder de involucrarse en tareas de inteligencia por motivos de
seguridad nacional. Asimismo, durante su toma de protesta, se
comprometió a continuar la búsqueda y a no dejar el caso en el olvido.
Como
parte de sus acciones, la presidenta solicitó a Marco Rubio, secretario
de Estados Unidos, la extradición de dos personas relacionadas con el
caso, durante un encuentro que sostuvieron el pasado 3 de septiembre.
Además, Mauricio Pazarán Álvarez asumió la dirección del caso Ayotzinapa
tras la renuncia de Rosendo Gómez Piedra. Estos esfuerzos fueron
calificados como insuficientes por las familias de los 43 normalistas,
luego de salir de una reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum.
Esta
mañana, durante la conferencia matutina Mañanera, Sheinbaum apuntó que
el compromiso de su sexenio es «verdad y justicia» y «encontrar a los
jóvenes»; sin embargo, señaló que no está de acuerdo con acciones
violentas refiriéndose a la que se vivió en el Campo Militar Número 1,
el cual calificó como un acto de provocación.
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La desaparición de los normalistas
Al
igual que en años anteriores, el 26 de septiembre de 2014 los
normalistas de Ayotzinapa realizaron actividades de boteo y toma de
camiones para su traslado a la Ciudad de México con el fin de participar
en las protestas del 2 de octubre. Acciones que hasta ese momento
habían transcurrido sin represalias, incidentes o consecuencias legales.
En esta ocasión se llevaron 5 camiones que salieron de la central de
autobuses en este orden: Estrella de Oro 1531, Costa Line 2012, Costa
Line 2510, Estrella de Oro 1568 y Estrella Roja 3278.
Hubo varios
intentos de captura por parte de la policía local, pero lograron entrar a
Iguala, una ciudad gobernada por el entonces presidente municipal José
Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda, quienes
ya eran acusados de corrupción, nepotismo y autoritarismo desde su
llegada al ayuntamiento en 2012. Aquel día, Pineda presentó su segundo
informe como presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en
un evento político.
Esa noche ocurrieron varios ataques. El
primero sucedió entre la calle Juan Álvarez y Periférico Norte donde la
policía municipal dispararó a tres autobuses y se llevó a 30 detenidos.
El segundo atentado tuvo lugar debajo del puente del Palacio de Justicia
donde se interceptó al Estrella de Oro 1531 de donde también
sustrajeron a varios estudiantes. El Estrella Roja 3278 fue alertado,
pero nada impidió que los encontraran y los bajaron del autobús
encañonados dejándolos ir a pie para luego dispararles.
A
medianoche ocurrió el cuarto ataque durante una conferencia de prensa
por parte de los normalistas, los sobrevivientes tuvieron que huir a los
cerros y casas aledañas. Finalmente, las víctimas del quinto ataque
fueron el equipo de fútbol Avispones sobre la autopista de Chilpancingo a
quienes confundieron con los normalistas y que terminó con la muerte de
tres jugadores. La madrugada del 27 de septiembre dio como resultado
nueve personas asesinadas, 27 heridos, 43 desaparecidos y un hecho
detonante que terminaría en una movilización simultanea durante más de
una década.
CIMAC Foto
Te
invitamos a leer la entrevista realizada a Cristina, Nicanora y
Macedonia, madres de tres de los 43 estudiantes desaparecidos de la
Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes coinciden en que los
gobiernos no han buscado a sus hijos, solo ha sido una simulación pero
ellas seguirán hasta encontrarlos.
Foto: César Martínez López.- Tixtla,
Guerrero, a 16 de agosto de 2025. En la Asamblea Nacional Popular (ANP)
en la normal de Ayotzinapa, después de la información y el análisis de
contexto en México sobre la desaparición forzada, las madres y padres de
los 43 estudiantes acordaron una jornada de lucha del 17 al 28 de
septiembre por los 11 años de la desaparición de sus hijos para exigir
verdad y justicia.
Las madres y padres informaron que han tenido
cuatro reuniones con la presidenta de la república Claudia Sheinbaum,
sin embargo, no ha habido avances en las investigaciones a pesar de los
detenidos durante su administración. Puntualizaron que la línea de
investigación que tiene que ver con el ejército se estancó cuando se
profundizó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
También
mencionaron que exigen ahondar en la línea de las llamadas telefónicas,
la línea del trasiego de droga y la línea de la policía municipal de
Huitzuco. La preocupación de las familias es que con la actual
presidenta se quiera volver a la versión de la verdad histórica, por lo
que urgen la entrega de los 800 folios en manos del ejército que podría
tener información sobre el paradero de sus hijos, o por lo menos de un
grupo de 17 jóvenes que, de acuerdo con la información, fueron llevados a
barandilla municipal de Iguala.
El abogado de las madres y
padres, Isidoro Vicario, afirmó que las detenciones de personas
vinculadas al caso son clave, pero no hay mayor información, es el caso
de la magistrada Lambertina “relacionada con la destrucción o
desaparición de los videos de palacio municipal en Iguala. Un grupo de
expertos demostraron lo que pudieron haber grabado las cámaras, cómo
llegaron los autobuses y las patrullas, y cómo se llevaron a los
estudiantes. Otra detención reciente que no se cuenta con información es
la de Pedro Segura Valladares, acusado por tener vínculos con la
delincuencia organizada. Sin embargo, todas las detenciones ocurridas en
esta administración son relacionadas con la versión anterior, la verdad
histórica”.
A la asamblea acudieron más de 20 colectivos, dos
ellos colombianos, organizaciones sociales y artistas independientes,
para refrendar la solidaridad hacia las familias de los 43 estudiantes
desaparecidos. Sirena, del colectivo La Ceiba, manifestó que “el arte es
memoria que sangra, semillas que florecen y que las grietas del suelo
no olvidan”, y propuso convocar a artistas para participar en la
elaboración de los rostros de los 43. Florentino, de la Federación
Popular Revolucionaria (FPR), informó que desde su organización han
estado acompañando “esta lucha los días 26 de cada mes. Hacia el 11
aniversario estaremos participando en varios espacios en Baja
California, Jalisco, Chiapas y en la parte de afuera de la Ciudad de
México”.
Por su parte, Gibanel, del sindicato de Telefonistas,
expresó su preocupación por la falta de resultados en las reuniones con
la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pretende desacreditar el trabajo
del GIEI, y pidió hacer una asamblea nacional para reestructurar la
lucha y la estrategia. David, del colectivo Lupita Rodríguez, invitó al
movimiento por los 43 a unirse para una marcha por motivo del Día contra
la desaparición de personas el 29 de agosto en Chilpancingo. El
colectivo Ni un paso atrás, de Colombia, manifestó que en su país
también hubo agresiones contra estudiantes en 2021.
La Ceteg hizo
un llamado a una lucha nacional unificada para exigir justicia por los
43 y que deroguen la ley del ISSSTE y la reforma educativa. La sección
IX de la CNTE llamó a una jornada de lucha de 40 horas e hizo una
invitación a la convención nacional del sindicato de telefonistas en
septiembre en Ciudad de México. Asimismo, Jesús, del movimiento
Revolución, llamó a la unidad de familias buscadoras y organizaciones
para unirse en una sola estructura en la lucha de los desaparecidos. El
resto de las organizaciones manifestaron su apoyo y colaboración con las
madres y padres en la jornada de lucha a 11 años de la desaparición de
los estudiantes normalistas.
La asamblea cerró con un discurso de
don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, estudiante
desaparecido. Señaló que no han encontrado un respaldo de los gobiernos
pasados ni del actual, sino de las organizaciones sociales, colectivos y
estudiantes. También dijo que “lo que encontramos en las autoridades
fue un rechazo, señalamientos de que nuestros hijos estaban involucrados
en la delincuencia y que hasta el día de hoy la postura de estos
gobiernos es la misma, no quieren tocar al ejército, no quieren hacer
que entregue los folios que faltan y hace tiempo batallamos que
entreguen. Han mentido”.
El padre de familia lamentó que estén por
cumplirse 11 años de la desaparición de sus hijos, y que “el día que
tengamos la verdad como padres, como madres, por muy dura que sea la
verdad, la diremos de cara con ustedes, nos verán llorar, nos verán
gritar porque son como la familia que encontramos en el camino. Pero el
gobierno no nos verá arrodillados ante ellos. Primero está la verdad y
la justicia, y por nuestros hijos vamos a ir hasta donde tengamos que
llegar. No es cierto que el gobierno esté ayudando a que las
investigaciones avancen, es el principal obstáculo para el trabajo que
vino a hacer el grupo de expertos, desde Andrés Manuel hasta la actual
presidenta las echó a la basura, anda buscando nuevas líneas”.
A
pesar del dolor, las madres y padres de los 43 reafirmaron que van a
continuar hasta encontrar a sus hijos y obtener verdad y justicia.
Se cumple hoy una década de la atrocidad cometida en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron brutalmente agredidos por efectivos policiales asociados a estamentos de la delincuencia organizada, hechos que dejaron un saldo de seis asesinados, 40 heridos y 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada. Lamentablemente, este aniversario ocurre en un contexto de estancamiento de la investigación del caso, que en los meses recientes ha motivado crecientes actos de protesta de alumnos de dicho centro educativo, familiares de las víctimas y sectores sociales que los apoyan.
El esclarecimiento de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y sus inmediaciones representa una asignatura pendiente para el gobierno que finaliza dentro de cuatro días. Sin duda, es terrible que no se haya podido cumplir ese compromiso tan emblemático del proyecto político encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador pese a la voluntad política empeñada por él y varios integrantes de su gobierno.
A casi seis años del inicio de esta administración, ha quedado claro que las resistencias y las redes de intereses que obstaculizan la acción de la justicia son mucho más densas de lo que se supuso en un inicio. Este entramado ha ocasionado que, a una década de los hechos, sigamos preguntándonos qué ocurrió en Iguala, dónde están los muchachos y a quién se encubre con el pacto de silencio establecido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que evidentemente sigue en pie. Significativamente, en agosto de 2022, el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, encargado de la comisión gubernamental creada para esclarecer los hechos, informó que hasta entonces habían fallecido o habían sido asesinados 26 testigos claves que habrían podido aportar información sustancial para conocer la verdad de los hechos.
Es palpable que existe un designio de proteger, pero no se puede afirmar con certeza a quién: los padres, por ejemplo, sostienen que solapa a los militares, pero 11 miembros de las fuerzas armadas –entre ellos dos generales– se encuentran sometidos a proceso, una realidad que pone en entredicho la supuesta protección al ámbito castrense.
Por otra parte, la causa ha sido instrumentada para el golpeteo político contra el gobierno federal por personajes y organismos que acompañan a los padres, así como por miembros de la comentocracia que ignoraron o hasta atacaron a éste y otros movimientos sociales durante el peñato y que hoy despliegan una hipócrita solidaridad para atacar al mandatario. Estos sectores son contraproducentes para la justísima lucha de los familiares de los normalistas, pues siembran una desconfianza que enturbia el ambiente social y entorpece los avances que son tan insatisfactorios como innegables.
Ante los actos conmemorativos que se realizarán hoy y de cara al futuro del movimiento de Ayotzinapa, cabe llamar a que el derecho a la protesta se ejerza sin violencia, no porque el mobiliario y el patrimonio urbanos importen más que el esclarecimiento o la justicia, sino porque se encuentra probado que la impulsividad desprestigia a la causa. Asimismo, los arrebatos de furor dan pábulo a quienes quisieran regresar a prácticas represivas que se desterraron durante el actual sexenio y que no deben volver.
Por último, es deseable una vuelta al diálogo entre los familiares y Palacio Nacional, y el cambio de gobierno ofrece una ocasión para restablecer la comunicación sin la carga negativa acumulada. En la medida en que ambas partes desplieguen una verdadera voluntad de entendimiento, mayores serán las probabilidades de dar con el paradero de los muchachos y sancionar a los responsables de una atrocidad que no debe repetirse nunca más.
Avanzará lo que resta de su mandato en el caso Iguala, afirma el Presidente Intereses y agencias del extranjero intentan que se culpe al Ejército, dice
Prodh pactó con Peña a espaldas delos familiares
▲ Está trabajando para traer ante la justicia
al juez de barandilla de
Iguala que estaba
en funciones la noche de la desaparición
de los 43,
informó ayer López Obrador.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que
en la recta final de su mandato continuará avanzando en el
esclarecimiento del caso Ayotzinapa, y que el 3 de julio entregará a los
padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 un informe detallado
sobre los progresos de la investigación.
En su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, afirmó que en
la última reunión que sostuvo con las familias de los estudiantes, los
abogados le plantearon que él ya no cumplió con encontrar la
verdad. En ese contexto, señaló que al Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez (Prodh) –que acompaña a las familias–lo echaron a perder por completo por la influencia conservadora.
Dijo que el Prodh signó un acuerdo con el ex presidente Enrique Peña Nieto para la búsqueda de los jóvenes. Ellos firmaron con Peña Nieto y eso no lo saben los padres de Ayotzinapa.
Enfatizó que la organización promovió amparos para que quedaran en
libertad decenas de implicados en la desaparición, por lo que aseguró
que el Prodh litiga en favor de las familias mientras defiende a
presuntos responsables. Y tengo las pruebas, añadió.
Recordó que los abogados le han pedido que los ponga en contacto con
la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. “Lo que les dije:
‘sí, yo los voy a poner en comunicación con la próxima presidenta,
quien es muy sensible y quiere también saber sobre el paradero de los
jóvenes, y habrá justicia, pero espérenme, que todavía me faltan tres
meses”.
Afirmó que intereses y agencias extranjeras buscan que se culpe al
Ejército en su conjunto por la desaparición de los 43 normalistas para
debilitar a las instituciones del país y poder mandar, y anunció que su
gobierno está trabajando para traer ante la justicia mexicana a Ulises
Bernabé, juez de barandilla de Iguala que estaba en funciones la noche
en que fueron desaparecidos los jóvenes. Destacó que impugnará el asilo
que le otorgó una corte de Estados Unidos en 2020 y buscará su
extradición a México.
Criticó que en cuanto otorgó el asilo, la justicia estadunidense
señaló a partir de dos testimonios que “resulta inverosímil que un
departamento de policía municipal tenga la influencia política y los
recursos para organizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de
43 estudiantes mexicanos.
Es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal fueran responsables de este horrible incidente, según el fallo emitido en su momento por la corte del país vecino, que fue leído por López Obrador en su conferencia. Esto no está probado,
declaró el mandatario. Agregó que le parece sospechoso que instancias
extranjeras, como la DEA, hayan expresado aproximadamente desde 2016 que
la responsabilidad de la desaparición fue exclusivamente del gobierno
federal o del Ejército.
Expuso que en los meses que siguieron al ataque, siempre se habló de
que los responsables fueron autoridades locales, policías municipales y
grupos criminales. Después empezó a cambiar la narrativa, y yo tengo
mis sospechas, porque en ese entonces había la intención desde Estados
Unidos, en particular de la DEA, de vengarse del Ejército. Admitió que hubo responsabilidad del Estado y del Ejército Mexicano en los hechos, pero no se puede decir por consigna que fue el Ejército.
Agradeció a los secretarios de Marina, Rafael Ojeda, y de la Defensa
Nacional, Luis Cresencio Sandoval, porque han trabajado para que no
se permita a nadie abuso de autoridad, que no se les otorgue impunidad,
porque no por el mal desempeño de algunos soldados y marinos se puede
afectar a una institución.
Una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador -y una
de las que más esperanzas trajo- fue la de investigar el verdadero
destino de los 43 estudiantes y castigar a los responsables.
“Falta
mucho por saber, y en especial, falta que se revele el lugar en el que
están localizados los estudiantes o, más probablemente, sus restos, pues
en la investigación no hay rastros de que estén con vida”. Foto: Galo
Cañas, Cuartoscuro
Empieza septiembre y con él se acerca el noveno aniversario de la
desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de otros
tres, además del de otras tres personas que murieron en fuego cruzado.
Tal vez ningún otro hecho reciente ha provocado tanta indignación y
protestas masivas. Son emblemáticas entre las movilizaciones sociales
las marchas de los días subsecuentes al 26 de septiembre de 2014, en las
que una multitud solidaria marchaba sobre Paseo de la Reforma a la
retaguardia del contingente de las madres y padres de los muchachos. Era
una tragedia que nos tocaba de cerca a todos, por implausible, por
inexplicable, porque a pesar de haber vivido en una espiral de violencia
desatada por la “Guerra contra el Narco” de Felipe Calderón ocho años
atrás, no se podía concebir con normalidad la idea de que 43 personas
desaparecieran de manera tan definitiva y sin dejar rastro.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de su procurador general,
Jesús Murillo Karam, confeccionó un relato según el cual los muchachos
fueron a la ciudad de Iguala para impedir el mitin de la presidenta del
DIF, pero fueron confundidos con miembros de un grupo delincuencial y
secuestrados por otro grupo delincuencial coludido con policías
municipales de Iguala y Huitzuco.
Más adelante esta versión fue reforzada con la criminalización de los
estudiantes: en la confusión, según esta versión, había algo de verdad,
pues al menos algunos de ellos sí eran miembros del crimen organizado.
El relato se corona con un desenlace brutal en el que en la misma noche
de su secuestro, los chicos fueron incinerados -en un día en el que
llovió copiosamente- en la insondable barranca del basurero de Cocula,
aunque los restos de otros fueron igualmente incinerados y arrojados en
el río San Juan.
Las pruebas de ADN realizadas a unos fragmentos óseos en un
laboratorio de Innsbruck revelaron que éstos pertenecían, en efecto, a
Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos. El caso se cerró,
ante una sociedad abrumada por el descreimiento. Para hacer digerible a
la historia, varios periodistas (como Héctor de Mauleón o Esteban
Illades) empeñaron su pluma y lo de credibilidad que tuvieran en la
publicación de columnas, prefacios y libros en los que se afianzaba esta
historia fantástica en la que un grupo delincuencial apoyado por un
puñado de policías municipales de uno de los estados más pobres del país
lograron desaparecer, por su propia mano, a 43 hombres jóvenes sin
dejar de ellos prácticamente ningún rastro.
Hartos de no creer, y sin esperanza alguna de que una verdad más
coherente sustituyera al fantasioso relato oficial, los mexicanos, más
que aceptar, simplemente nos acostumbramos a vivir con esa gran mentira.
Sólo las madres y los padres de los muchachos no se resignaron jamás a
la incertidumbre.
Una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador -y una
de las que más esperanzas trajo- fue la de investigar el verdadero
destino de los 43 estudiantes y castigar a los responsables. Tres días
después de su toma de posesión, el 3 de diciembre de 2018, el presidente
creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso
(CoVAJ) Ayotzinapa, e instruye a todas las dependencias a colaborar con
la investigación y reanudar la búsqueda de los normalistas. En marzo de
2021 se reanudó la participación del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI), al que el gobierno de Peña Nieto había
despedido en 2015.
Hace apenas un mes, el GIEI, después de la presentación de su sexto y
último informe, dio por terminada su colaboración con el Gobierno de
México, acusando que algunas dependencias, específicamente la Sedena y
la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso
Ayotzinapa, han interferido con la investigación al negarse a presentar
documentos que les ha sido ordenado mostrar, o bien al presentar
documentos contradictorios. Para los expertos, estas conductas son señal
de que no podrán avanzar más en su investigación y entonces deciden
retirarse. Sus investigaciones detalladas y técnicas, basadas en las
redes de comunicaciones y la geolocalización de los actores revelan un
entramado mucho más complejo que el que suponía la “verdad histórica”,
en el que están coludidos no solamente policías municipales, sino, de
manera probada, policías estatales, federales, ministeriales y elementos
de la Marina, la SEDENA y el extinto CISEN. Hay evidencia también de la
colusión de todas estas instancias con grupos delincuenciales como
Guerreros Unidos. La trama, mucho más compleja y organizada que la de
aquella historia de Murillo Karam, sustenta lo que la sociedad mexicana
siempre dijo y coreó en sus manifestaciones, y que el gobierno federal
aceptó abiertamente en voz del subsecretario Alejandro Encinas,
presidente de la CoVAJ: lo de Ayotzinapa fue un crimen de Estado.
A pesar de la retirada del GIEI, y de desencuentros recientes entre
los representantes de las víctimas y el Gobierno Federal, el caso está
lejos de cerrarse y las investigaciones y los procesos judiciales
continúan. En un comunicado del 3 de agosto, la Secretaría de
Gobernación informa que ha atendido las demandas de los padres de los
normalistas relativas a la participación en los hechos de elementos del
27 batallón de infantería, el análisis de las llamadas telefónicas, el
posible traslado de 25 estudiantes a Huitzuco, por parte de policías
municipales, federales y ministeriales, y el trasiego de drogas de
Iguala a Chicago como posible móvil de la agresión. Para el 3 de agosto,
refiere Encinas, se encontraban sujetos a proceso 14 militares de
distintos rangos -entre ellos, dos generales-, siete policías
municipales, seis estatales y seis ministeriales. Se depuraron 84 mil
registros (de un total de 87 millones de redes telefónicas) de llamadas
realizadas el 26 y 27 de septiembre, y se mapearon 116 números y sus
interconexiones. Como reporta el último informe del GIEI, en la noche
del 26 de septiembre hubo una intensa comunicación entre elementos
oficiales y entre ellos y los grupos delincuenciales. En todos esos
registros no hay una sola comunicación entre ninguno de los estudiantes y
algún miembro del grupo delincuencial, por lo que la hipótesis
arteramente difundida de que al menos algunos de los muchachos estaban
coludidos con el crimen organizado no se sostiene en absoluto.
Falta mucho por saber, y en especial, falta que se revele el lugar en
el que están localizados los estudiantes o, más probablemente, sus
restos, pues en la investigación no hay rastros de que estén con vida.
En los siguientes días la CoVAJ realizará informes y comunicados que es
importante conocer, pues es probable que se pierdan en el vacío
mediático o se silencien con notas amarillistas que prefieren destacar
la historia de que el gobierno federal dobló las manos y cerró el caso,
lo cual es absolutamente falso.
A los ciudadanos nos queda exigir que las investigaciones no cesen
hasta que no se haga justicia y, sobre todo, que el gobierno garantice
que nunca más en la historia de este país se repitan hechos como los del
26 de septiembre de 2014 en Iguala y que no quede impune la maquinaria
de ocultamiento y engaño que se echó a andar desde las más altas
carteras del gobierno federal de ese entonces.
Violeta Vázquez-Rojas Maldonado
Doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York y
profesora-investigadora en El Colegio de México. Se especializa en el
estudio del significado en lenguas naturales como el español y el
purépecha. Además de su investigación académica, ha publicado en
diversos medios textos de divulgación y de opinión sobre lenguaje,
ideología y política.
28 de julio de 2023.- De acuerdo con la abogada y escritora Ximena Santaolalla, el tráfico ilegal de un mineral como el uranio puede estar detrás de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En entrevista con Julio Astillero, la también psicoterapeuta destacó que el cargamento del quinto autobús en donde viajaban los jóvenes desparecidos pudo haber contenido uranio, ya que “parecía muy importante que no se supiera lo que había ahí adentro”; algo inusual, según su perspectiva, si se hubiese tratado de heroína, como han afirmado otros análisis sobre aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, pues casi nunca se hace tanto revuelo “para ocultar solo droga”.
Esta hipótesis se deriva de la importancia de este mineral para China, un país que se dedica a importarlo desde Canadá o Kazajistán, así que “por qué no hacerlo desde México” también, se preguntó. Dijo que suele ser llevado a “barcos chinos en el Puerto de Lázaro Cárdenas”, en Michoacán, o “en el puerto de Colima” para luego ser trasladado al país asiático.
Recordó que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, escuela a la que pertenecían los estudiantes, está rodeada de minas, de modo que desaparecerla para explorar los yacimientos de oro que se encontraban en sus alrededores pudo haber sido parte de “un plan” del Estado, el cual siempre la vio como un foco de insurgencias guerrilleras y de activistas, para favorecer a la industria de la minería.
Para apuntalar sus reflexiones, dijo que la institución educativa era un lugar de encuentro “para activistas y comunidades que estaban siendo afectadas por megaproyectos mineros y por el crimen organizado”; además de que durante “los primeros dos años de la presidencia de Enrique Peña Nieto se canceló por completo todo el apoyo económico a las normales”. Zanjar el posible surgimiento de guerrillas, activistas y de toda aquella persona que se opusiera “a las políticas del Estado” por medio la desaparición de la normal no era algo que pareciera imposible, recalcó.
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ENTREVISTA/ Ángela Buitrago, Ex integrante del GIEI
La penalista destaca el avance que abre el caso Iguala en los procesos jurídicos
▲ Ángela Buitrago trajo a México su experiencia en casos resueltos en
Colombia que involucraron al ejército, al paramilitarismo y delincuencia
organizada, expuso en entrevista con La Jornada.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), que investigó el expediente Ayotzinapa, logró
sacar a la luz pública información reservada de las fuerzas armadas a
partir de 2021, que los investigadores mexicanos no habían hecho. La
penalista colombiana Ángela Buitrago considera que la intervención de un
instrumento internacional como este, novedoso y experimental en el
sistema latinoamericano, marcó la diferencia.
Al valorar el aporte del GIEI, explica: “Los que vienen de afuera ven
cosas que los de adentro ya no alcanzan a observar, porque se ha
convertido en una ‘normalidad’”.
Cita un ejemplo: Para mí es inimaginable que una fiscalía no pueda
ingresar a los archivos militares. Si no puede hacerlo, es una fiscalía
mutilada para investigar delitos graves. Y nos encontramos con que en
México ello era impensable. No tienen la facultad. Si integraran el
derecho internacional la tendrían. Pero se resisten. La fiscalía nunca
fue a los archivos militares. Fuimos la Comisión de Acceso a la Verdad y
la Justicia (Covaj) y el GIEI y llevamos la información a la fiscalía.
Y en otra reflexión: si el país no quiere, no sabe o no puede
llevar a juicio a estas personas por desaparición forzada, hay
instancias que lo van a hacer. Pienso en la Corte Penal Internacional o
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ángela Buitrago ahora está propuesta por el presidente colombiano,
Gustavo Petro, en una terna de penalistas destacados en casos de delitos
humanitarios graves, para encabezar la Fiscalía General de su país.
Partió de México el lunes pasado con tristeza por los padres de los
normalistas desaparecidos, que van para nueve años sin saber de sus
hijos ni por qué actuaron así las autoridades y el crimen organizado
contra un número muy grande de estudiantes.
Pero también se va con la tranquilidad de haber empujado hasta el
último momento, y entender que se abrieron espacios que estaban vetados.
Y si esto llega a ser coherente y constante, puede ser una salida para
el tema de la violencia y la seguridad en México.
En entrevista, narra su sorpresa cuando supo que los archivos
militares son terreno vedado para fiscales e investigadores. “En
Colombia, todos los fiscales que investigamos delitos de lesa humanidad
podemos ingresar a los archivos militares y no hay posibilidades de
reserva ni de secreto, incluso a documentos de inteligencia. Aquí esto
es impensable, el funcionario se cohíbe y no aplica el derecho
internacional.
Terrenos vedados
–El GIEI penetró en los registros militares y permitió un
vistazo, quizá único, en las entrañas de la institución castrense. ¿A
qué se debe, en tu opinión?
–Recordemos que al principio la responsabilidad se atribuía solamente
a la policía, presidencias municipales y al crimen organizado, pero
desde el inicio nos dimos cuenta que había más instituciones. La medida
de la prueba nos llevó a indagar en otros sectores no investigados:
policías estatal, ministerial, federal, de tránsito, inteligencia del
Estado. Empezamos a ver que lo que afirmaba la Secretaría de Defensa era
diferente a la realidad que se demostraba técnicamente”.
–Antes de su llegada, en 2015, las familias estaban en la indefensión
frente al aparato del Estado. ¿Fue necesario que llegara una
organización internacional para fracturar ese muro?
–Digamos que es la conjunción de muchas cosas. El problema es que los
delitos de derechos humanos se tratan aquí como un crimen común.
Teníamos la experiencia de casos graves y eso nos permitió configurar un
macrocaso.
“Nosotros discutíamos con el fiscal de la Seido (Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la extinta
Procuraduría General de la República), que hoy está detenido, Gualberto
Ramírez. Nos decía: ‘a estas personas se les investiga por secuestro y
eso tiene una pena de 50 años. La desaparición forzada tiene una pena
menor’. Pero este argumento tenía una segunda intención, porque el
secuestro no es delito grave en el orden internacional, mientras la
desaparición forzada sí. Ahí se ve cómo lo que le importa al
investigador es la pena máxima y no la realidad de la composición del
delito. En la desaparición de los muchachos hubo una gran red de
funcionarios que contribuyeron en la desaparición”.
Su huella en Colombia
En Colombia, Ángela Buitrago ha litigado exitosamente
casos históricos que involucraron al ejército, al crimen organizado y al
paramilitarismo. Uno de ellos es el relacionado con el director de
inteligencia del ahora desaparecido Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) Jorge Noguera, en 2002. Ese proceso le valió a la
abogada amenazas y presiones del entonces presidente Álvaro Uribe. Su
actuación más destacada fue cuando en 2005 se reabrió el expediente de
la toma e incendio por la guerrilla del M-19 del Palacio de
Justicia en Bogotá, 30 años después de ocurrido. Hubo más de 100
muertos. En una primera averiguación de la justicia militar no se indagó
sobre la desaparición de 11 personas.
–Esas experiencias adquiridas en tu práctica como penalista en Colombia, ¿cómo las aplicaste en el caso Ayotzinapa?
–En la investigación del DAS supimos que esta institución entregaba listas de personas a un organismo Amigos del DAS.
Eran registros de gente tachada de subversiva o comunista. Y los
paramilitares los asesinaban. Aquí hay un aprendizaje sobre dónde
buscar. Toda la información siempre está en los archivos de las propias
instituciones. Todo lo escriben. Eso se sabe desde Nurenberg. Por
protegerse las espaldas, los subordinados todo lo guardan. Y la orden
normalmente es por escrito.
“De ahí la certeza de que toda la documentación de la Noche de Iguala
está en la Sedena. Y de que el Centro Regional de Fusión de
Inteligencia (Cerfi) tiene documentada toda la secuencia. Tenemos 20
documentos. Están seriados. Debe haber más de 500 transcripciones que no
han entregado”.
Los extranjeros
–¿Les pesó ese sentimiento nacionalista entre cierta
clase política de reserva a que la comunidad internacional juegue un
papel determinante en asuntos de justicia?
–Tengo una doble lectura. México es quien recurre más al sistema
interamericano de derechos humanos, pero hay una resistencia: cuando el
general Salvador Cienfuegos (ex titular de la Sedena) dijo públicamente:
Yo no voy a dejar que a mis muchachos los interroguen los extranjeros. Es como una especie de bipolaridad.
Pese a la contundencia de sus razones para salir de México, por la
obstrucción de la investigación en lo que es casi la recta final por
parte de la institución armada, Buitrago reconoce que obtuvieron
resultados gracias a la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador
de que se les diera pleno acceso a los archivos. Y a Alejandro Encinas,
el subsecretario de Gobernación y presidente de la Covaj, a quien
describe como nuestra punta de lanza, porque siempre abría puertas.
–En su carta de despedida, que dieron a conocer el 31 de julio,
subrayan que los responsables detenidos no están procesados por
desaparición forzada sino por secuestro.
–En el caso del ex procurador Jesús Murillo Karam en la segunda
imputación si está por desaparición forzada. Lo mismo uno de los
generales detenidos, Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41
Batallón de Infantería. Al comienzo había 180 detenidos, todos
procesados por portación de armas o droga. Esto se ha corregido en
parte.
Si los cargos se quedan como delincuencia organizada, los
responsables pagan cuatro o cinco años de cárcel y después salen, a
pesar de haber participado en toda la acción que llevó a la desaparición
de los muchachos. Aquí no se trata de llevarlos a juicio por lo que
sea.
Foto Cristina Rodríguez
Blanche Petrich/II y último Periódico La Jornada Lunes 7 de agosto de 2023, p. 4
Carlos Beristain narra a La Jornada el tremento impacto que causó a familias mentira sobre el basurero de Cocula
Tratamos de contener para evitar que la respuesta de afectados sea la rabia, dice
Ha trabajo tres décadas en atención sicosocial a víctimas
Blanche Petrich / I
Luego de nueve años sigue en pie la lucha de padres de los 43
En este sexenio se construyó un clima de confianza, pero la esperanza se perdió por segunda vez, señala
Destaca que tras la salida del país del grupo de expertos y el
gran sentimiento de pérdida que provoca lo que hay que hacer es poner el
foco en los siguientes pasos y no dejar que prevalezca la sensación de
impotencia, de que no se puede hacer nada
Recién llegados a México, en marzo de 2015, los cinco
investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) decidieron no sólo abocarse a la investigación penal del caso
Ayotzinapa, sino dejarse tocar por los relatos de dolor y sufrimiento
de los papás y mamás de los 43 estudiantes desaparecidos, los tres
asesinados, los heridos graves y los muchachos sobrevivientes, que se
reconocieron traumatizados en la Noche de Iguala.
De esos momentos de escucha paciente habla con La Jornada Carlos
Beristain, quien fue integrante del GIEI, en una entrevista donde narra
los momentos más intensos del acompañamiento sicosocial: del tremendo impacto que ha provocado a este colectivo de familias guerrerenses la mentira del basurero de Cocula; de ese volver al lugar de la pesadilla
de los normalistas que salieron indemnes del ataque; del efecto
devastador del ocultamiento de información clave para conocer el
paradero de sus hijos, aun a la fecha, de la pérdida de la confianza por segunda vez.
De lo conversado se explica cómo, a lo largo de nueve años, se mantiene de pie el grupo de padres de Ayotzinapa.
La salida del GIEI de México ante la rotunda negativa del Ejército de
abrir el último candado para conocer información crucial, justo en la
recta final de la investigación, supuso para las familias de los
muchachos otro golpe a su esperanza de saber finalmente, nueve años
después, el paradero de sus hijos. Un impacto distinto al que sufrieron
el sexenio anterior, porque con el presidente López Obrador ya se ha
construido un clima de confianza. Y no sólo eso, sino que también estás
tocando la esperanza. Y la pierdes por segunda vez. Eso ya es muy
difícil de recuperar.
–Ellos han dicho: AMLO faltó a su palabra. ¿Qué pasa ahora?
–Hemos tratado de contener para evitar que la respuesta sea la rabia.
La rabia es una respuesta normal frente a una situación anormal. La
cuestión es qué se hace con esa rabia para que sea constructiva. Y en
este caso la lucha colectiva es una forma de canalización positiva. Y no
sea utilizada por otros con fines ajenos.
Bilbaíno de origen, Beristain ha trabajado en atención sicosocial con
víctimas durante tres décadas. Participó en la elaboración del informe Nunca más
de la guerra en Guatemala, por el cual el obispo Juan Gerardi fue
asesinado. Trabajó con el tema de la tortura del Estado a presos
políticos en el País Vasco y el desplazamiento de la población en el
Sahara Occidental. Ha sido parte de las comisiones de la verdad de
Colombia (la más reciente), Ecuador, Paraguay y Perú.
Bromeábamos entre nosotros: la i de interdisciplinario del GIEI
era sólo por mí. Los otros cuatro son destacados penalistas
especializados en derechos humanos. Son las ex fiscales de Colombia
Ángela Buitrago y de Guatemala Claudia Paz y Paz, así como los abogados
Francisco Cox, chileno, y Alejandro Valencia, colombiano.
¿Cuánto puede pesar una mentira?
–¿Cómo se sintieron los padres cuando la PGR les dijo que
a sus hijos los habían matado y quemado en un basurero, que ya no
buscaran más?
–Fue la expresión máxima del desprecio por la vida. Botados en un
basurero, quemados como un leño o un animal. De inmediato entendieron
que estaban escuchando una historia que no es.
“En las víctimas siempre hay un intento de darle sentido a lo que
está pasando. Cuando tienen que enfrentar engaños como el de la ‘verdad
histórica’, que fue una distorsión intencional de lo que pasó realmente,
el golpe sicológico es tremendo.
“Los familiares confrontaron esa versión durante mucho tiempo solos,
sin apoyo. Cuando tuvimos listo nuestro primer informe, en el que con
pruebas científicas desechamos esa versión, fuimos a Ayotzinapa a
presentarlo a las familias y a los estudiantes. Emiliano Navarrete, uno
de los papás, nos dijo: ‘Nos han quitado de encima el peso de la
mentira’. Uno se pregunta: ¿cuánto puede pesar una mentira?”
–¿Cómo se hizo el trabajo sicosocial en este caso?
–Se abrió un espacio para la expresión de los sentimientos de cada
quien, pero también le dimos mucha importancia al trabajo de la
búsqueda. Ahí se puede canalizar mucho del dolor, la necesidad de saber,
no permanecer pasivo, sino hacer algo por sus hijos.
▲ Beristain comenta que en el GIEI bromeaban acerca de que la i de
interdisciplinario era sólo por él, pues los otros cuatro son
penalistas.Foto Víctor Camacho
En la sicología hay algo que se llama la interiorización del daño.
Un daño que se ha producido socialmente se interioriza. Los padres se
preguntan si no tuvieron ellos la culpa. Fuimos los cinco a esas
conversaciones; teníamos que dejarnos tocar por sus historias para poder
entender lo que les estaba pasando. De ahí salieron cosas invisibles
que son determinantes.
Beristain cita varios momentos en los que, gracias a la confianza
construida, surgieron datos que se habían callado y que tenían enorme
importancia para el esclarecimiento de lo ocurrido. Así se develó otro
detalle que desmentía de manera contundente a la PGR peñanietista, que
aseguraba que a las 12 de la noche todos los muchachos ya estaban
muertos.
“Fue en una sesión con el tema de la telefonía. De pronto una mamá
nos dice: ‘mi hijo me escribió pidiendo urgente una recarga a la 1:40
am’. Imposible, respondí. Mostró su teléfono y, en efecto, el último
recado había llegado más de hora y media después del momento en el que,
según la versión, ya ninguno vivía. Seguimos la pista, verificamos y se
comprobó que ese muchacho se había comunicado con su mamá a esa hora.”
–¿Cuál fue el momento que más te marcó?
–Cuando fuimos a verlos por primera vez a la escuela hablaron muchos,
13 o 14. Nos dijeron tres cosas: dígannos siempre la verdad por dura
que sea; sólo confiamos en ustedes y, por favor, no se vendan.
“Al principio no entendí. ¿Cómo vendernos? Comprendí cuando empezamos
a ver toda la estrategia que se montó alrededor nuestro, cómo se nos
trató de manipular. Un ejemplo: después de que presentamos tres
peritajes demostrando que la pira del basurero no pudo haber existido se
nos orilló a aceptar que se hiciera un cuarto peritaje con seis
expertos.
El vocero fue un bombero que mandaron traer de Texas, James
Quintire. Presentó el reporte en inglés. Pedimos tres días para tener la
traducción, estudiarlo en detalle y después presentarlo a la opinión
pública. El estadunidense dijo que le dolía la espalda y tenía que irse
de inmediato al aeropuerto. Se fue, pero no al aeropuerto. Bajó un piso y
ahí, sin que estuviéramos presentes, en una conferencia de prensa dijo
que sí existió la incineración en el basurero. Mintió. Y el contrato
para ese peritaje fue reservado a perpetuidad. Ahí entendimos cómo la
gente podía pensar fácilmente que nos habíamos vendido.
Y cuando parecía que ya no había manipulación…
–Supuestamente ya pasó el tiempo cuando se daban este
tipo de manipulaciones. Y entonces ocurrió la presentación de los
pantallazos de la Comisión de Acceso a la Verdad y la Justicia, que
aportaban supuesta nueva información en el sentido de que varios chavos
habían estado vivos y trasladados a distintos sitios. ¿Cómo fue ese
momento?
–Muy duro. Ese informe no se consultó antes con los padres. Fue en
Palacio Nacional, en un ambiente muy confrontativo y frente al
Presidente y los secretarios de Marina y Defensa. Alejandro Encinas no
dijo de dónde habían salido esos mensajes. Los padres se sintieron
terriblemente golpeados, atacados en su dignidad. Después hicimos un
peritaje técnico, demostramos las inconsistencias en el lenguaje y los
metadatos y descartamos esos pantallazos como prueba válida.
–La partida de ustedes es otro golpe a su esperanza. ¿Las familias están preparadas para continuar la lucha sin el GIEI?
–Sabemos que nuestra salida del país provoca un gran sentimiento de
pérdida. Pero los papás han crecido enormemente en estos años. No
significa que haya disminuido el dolor y la indignación. Hay que
procurar que esa rabia no la usen otros políticamente para otros fines.
Lo que ahora hay que hacer es poner los focos sobre lo que deben
ser los siguientes pasos, que no prevalezca el sentimiento de
impotencia, de que no se puede hacer nada.
El tercer informe sobre la desaparición de los estudiantes de
Ayotzinapa que dio el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes —GIEI, por sus siglas— confirmó la presencia del
Procurador de Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, y de al menos 12 miembros
de la Marina en el encubrimiento de los hechos de aquella noche del 26
de septiembre de 2014. El GIEI también encontró evidencias de la
vigilancia política del Ejército en las normales rurales. La Comisión de
la Verdad sobre este caso ha tenido un doble y escarpado trabajo: por
un lado, desmontar la llamada “Verdad Histórica” que enarbolaron desde
los días posteriores los voceros del Gobierno de Enrique Peña Nieto y,
por otro, saber el destino de los normalistas rurales desaparecidos.
Hasta ahora conocemos qué fue lo que no pasó, pero no lo que ocurrió.
Lo que no sucedió fue de lo que, con insistencia, nos quisieron
convencer: que la desaparición de los jóvenes había sido por la lucha de
dos cárteles del narcotráfico, uno dentro de una escuela rural, la
Normal Isidro Burgos y, el otro, desde la Presidencia Municipal de
Iguala, Guerrero. Según esa versión, los estudiantes habían ido a
sabotear al otro grupo en un acto público de la autoridad local, y por
ello, habían acabado quemados en un basurero en Cocula. Nadie, sino las
dos bandas, Guerreros Unidos y Los Rojos, había participado: ni el
Ejército del 27 batallón, ni la Marina, las policías federal y estatal,
ni el Gobernador, el Procurador, y el propio Peña Nieto. Se quiso
manejar como un asunto entre criminales en disputa por un simple
municipio. Nada para preocuparnos. Cosas del México rural. Los voceros
del poder ya habían empleado esa mismo artilugio cuando llamaron de “Las
cañadas” al levantamiento zapatista, para minimizar su alcance a unos
cuantos pueblitos perdidos. A finales de ese mismo año, nombraron “error
de diciembre” a la crisis económica que nos hizo más pobres, para
exculpar a Carlos Salinas, cuyo periodo había terminado el primer día de
ese mismo mes. Son los mismos que, tras la matanza de Acteal,
pretendieron que creyéramos que la masacre por la espalda de un grupo de
indígenas desplazados había sido, en realidad, un conflicto
intercomunidades por un pozo, un banco de arena o, quizás, por distintas
religiones. Héctor Aguilar Camín, propietario de la revista Nexos,
llegó a denominar “autodefensas” a los grupos paramilitares que
cometieron los asesinatos. De igual forma como lo habían fraguado en
1994 y 1997, en 2014 de nuevo insistieron en reducir las desapariciones
en Guerrero como algo meramente municipal. Por eso, decir en ese momento
“Fue el Estado” contenía una indignación y una verdad tan profunda que
ni siquiera la embestida de los granaderos de Miguel Ángel Mancera
contra los 300 mil manifestantes, el 20 de noviembre de 2014 en el
Zócalo, pudo borrar. No lo olvido. Tampoco a los voceros de la Verdad
Histórica. Son los cómplices de la desaparición.
El 16 de octubre de 2015 una película, La noche de Iguala,
escrita por el conductor de programas de televisión, Jorge Fernández
Menéndez y por el encargado de capacitar a los actores y actrices en Tv
Azteca, Raúl Quintanilla, se estrenó en las salas de cine por toda la
República. Sostenía la idea de que los normalistas eran
narcotraficantes. El autor del guión, publicado por Cal y arena,
editorial también propiedad de Aguilar Camín, advierte sin rubor:
“Alegar que fue ‘el Estado’ el responsable de esos crímenes
injustificables es una forma de asumirse como cómplice de los
criminales, otorgarles una coartada para quedar impunes”. Por su parte,
en la revista Letras Libres también se insistía en que todo era
un asunto municipal. El 25 de abril de 2016, uno de sus articulistas se
negaba a aceptar la participación del Estado en la desaparición de los
estudiantes y afirmaba sin vergüenza: “¿Qué hizo el Estado en la noche
de Iguala? La respuesta es: nada”. Otro columnista de esa misma
publicación fue más lejos al culpar a las autoridades de la escuela que
“obligan a delinquir a sus alumnos”. Es decir, según este intelectual
formidable, la culpa no era la agresión sino haber tomado los autobuses
para ir a la marcha del 2 de octubre de ese año. Acabó satanizando a la
Sociedad de Alumnos y diciendo que “los mandaron a la guillotina”. En
todo caso, las dos revistas monolíticas de ese país coincidieron en que
los desaparecidos eran culpables de su propia desaparición.
Todo esto dio como resultado una de las más vergonzosas premiaciones
en el Senado de la República el 24 de noviembre de 2016. Los senadores
del PRI, PAN y PRD decidieron otorgarle la medalla Belisario Domínguez a
un exmarino, Gonzalo Rivas, que murió en una gasolinera quemada por los
estudiantes normalistas en 2011. Luis González de Alba, uno de sus
principales promotores, le dijo al Senador que presidía la Comisión de
la medalla, Roberto Albores: “Murió un mexicano valeroso que salvó
centenares de vidas a costa de la suya. Lo espera el olvido porque no
hay forma de gritar que ‘fue el Estado’”. De inmediato, el premio fue
apoyado por la revista Nexos, de tal forma, que se instalara la
imagen de los normalistas como un grupo violento y, por tanto, culpable
de su propio desenlace. González de Alba, quien en varios de sus textos
confundió el nombre del supuesto homenajeado llamándole “Gustavo” en
lugar de “Gonzalo”, aseguró que los estudiantes eran delincuentes
protegidos por la justificación de su pobreza. El 30 de enero de 2015 en
el diario Milenio, añadió un insulto más: “Los padres se
niegan a ver las evidencias porque eso implica volver a milpa, al
trabajo”—escribió—: “se acabaron las caravanas de autobuses de primera
clase, los hoteles, las recepciones como héroes”. Dos años después, el 2
de junio de 2018, por la televisión, el entonces director del Grupo
Milenio, Carlos Marín, propondría: “Los padres de los de Ayotzinapa
deberían irle a pedir perdón al Procurador Jesús Murillo Karam. En
materia criminal, es la investigación más exhaustiva desde el caso
Colosio”.
Uno de los puntos que los voceros del régimen contra los normalistas
privilegiaron fue el del incendio en el basurero de Cocula. Como lo
habían hecho antes con el zapatismo, mandaron a hacer un libro que
argumentara que físicamente era factible incinerar a 43 personas en un
basurero sin importar que esa noche llovía. Que un incendio podía
extinguir cualquier evidencia, hasta la del incendio mismo. Era
necesario afirmarlo, ahora lo sabemos, porque fue ahí donde el jefe de
la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, hoy prófugo, plantó
restos humanos; porque el propio Murillo Karam fue con los marinos a
sembrar unas bolsas blancas que el GIEI exhibió en un video filmado con
drones de los propios militares. Porque, junto con la eliminación de las
cintas de las cámaras de vigilancia de Iguala, las placas de las
patrullas involucradas en la persecución de los normalistas, también se
fabricó el lugar de la incineración. Se contrató a un supuesto experto
en fuego que dio por buena la versión oficial, en contra de los forenses
del GIEI. Que sí hubo un incendio en el basurero de Cocula se convirtió
en el objetivo central del libro de Esteban Iliades y otro que relataba
la vida de los 43 desaparecidos, fue corrompido por el prólogo del
entonces subdirector de Nexos, Héctor de Mauleón, que usó como
fuente de sus dichos el expediente de la Procuraduría y nada más.
Ninguno de los dos autores fue al lugar, no recabaron testimonios, no
preguntaron a los del GIEI. Al contrario: propagaron rumores contra los
expertos internacionales por sus vidas privadas y porque, según
inferencias, cobraban muy caro y había hecho un modus vivendi
de su estancia investigadora. Ello preparó la decisión de Enrique Peña
Nieto de expulsar del país a los expertos del GIEI, el 30 de abril de
2016. Pero la remoción del GIEI no restauró la Verdad Histórica de
Murillo Karam que estaba ya resquebrajada y, poco a poco, se ha venido
abajo. En el camino quedaron las difamaciones contra los desaparecidos,
las normales rurales, los padres y madres de familia, los ataques contra
los forenses, los manifestantes. Todo para salvar al Ejército, al
Gobernador, al Presidente.
Un cómplice es responsable de los delitos que otros cometieron porque
los alentaron o ayudaron. Los medios y periodistas, en efecto, no
desaparecieron a los normalistas, pero sí asistieron en el encubrimiento
de la verdad. Por eso son cómplices. Sus acciones no están vinculadas
al agente que hizo mal, sino al mal mismo, es decir, a marañar todo para
que nunca se conociera lo que realmente había ocurrido. En el caso
Ayotzinapa, no hay diferencia moral entre el acto y la complicidad
porque ambas ayudan al objetivo de los autores del delito: que nunca se
supiera. Los motivos para convertirse en cómplices escapan a toda idea
de ética profesional. Algunos de ellos, recibieron dinero para
publicaciones, películas, o aparecieron, como de Mauleón, como parte de
“las historias de éxito” del informe presidencial de Peña Nieto en 2016.
Otros, simplemente tenían derecho de picaporte en la residencia
presidencial. Pero no importa. Es como en el asesinato de Colosio.
Cuando se dijo que Carlos Salinas de Gortari había creado un clima que
propició el homicidio en Lomas Taurinas, su Secretario, José Córdoba
Montoya respondió: “Los climas no disparan”. En el caso de Ayotzinapa,
desaparecer estudiantes y ocultar cómo fue que desaparecieron, es lo
mismo. No es común que los opinadores se disculpen y no espero que ésta
sea la excepción, sin embargo, hay que recordarles públicamente su
responsabilidad, su contubernio, su complicidad. Son causantes de que,
como sociedad y hasta ahora, sólo sepamos lo que no sucedió.
Fabrizio Mejía Madrid
Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui
Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las
novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de
confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que
recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.
Obstaculización de la investigación, avances lentos y posible desaparición de pruebas son los principales retos a los que se han enfrentado los familiares de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente en Iguala, Guerrero. Aunque
todavía no se conoce qué sucedió aquella noche, madres y padres no
olvidan, rechazan la creación de una nueva verdad histórica; exigen
conocer el paradero de sus hijos, exigen justicia
“¿Dónde están nuestros hijos?”:
por más de seis años ésta ha sido la pregunta que han realizado madres y
padres de los 43 estudiantes normalistas rurales que fueron víctimas de
desaparición forzada el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
“¿Quiénes se los llevaron?”, resuena también en la mente de hijos,
hermanos, primos y demás familiares. “¿Qué sucedió con los 43
estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa?”, cuestiona el pueblo de
México. No obstante, a 72 meses de este hecho, aún no hay respuestas.
“¿Dónde están nuestros hijos?, exigimos saberlo. No vamos a perdonar tantas injusticias. Sabemos que fueron uniformados quienes se los llevaron.
Nunca vamos a olvidar aquel 26 de septiembre de 2014. Seguiremos
presionando hasta dar con el paradero de nuestros hijos porque no hay ni
un perdón, ni un olvido”, asegura María de Jesús Tlatempa Bello, madre
de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los normalistas desaparecidos.
A seis años de este crimen atroz, una de
las principales demandas de las familias y las organizaciones de la
sociedad civil que acompañan el caso es la reestructuración de las
instituciones encargadas de realizar las investigaciones, ya que aún hay
servidores públicos de mandos medios y menores que participaron en la creación de la “verdad histórica” y que obstaculizan el acceso de las víctimas a la justicia.
“Los funcionarios del anterior sexenio
son los que no dejan avanzar las cosas. Para nosotros es desesperante.
Ya quisiéramos saber qué fue lo que pasó. A seis años nos sentimos defraudados con
la antigua administración, pero ahora que el actual gobierno demuestra
voluntad, [la investigación] va lenta”, reconoce Estanislao Mendoza,
padre de Miguel Ángel Mendoza Zacarías.
Ésta es la misma queja que presenta
Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González Hernández, quien
asegura en entrevista que hay personas del régimen pasado que interfieren en abrir “una mejor puerta que nos pueda llevar a saber del paradero de nuestros hijos”.
Humberto Guerrero, coordinador de derechos humanos de Fundar, coincide y explica a Contralínea que
las investigaciones del caso no avanzan tan rápido como quisieran
porque no se han removido todos los obstáculos dentro de la FGR. Para
él, eso es fundamental para romper el pacto de impunidad que había existido en el caso.
“Las investigaciones del caso no
avanzan tan rápido como quisieran porque no se han removido todos los
obstáculos dentro de la FGR”
“Aunque se están girando las órdenes de
detención, desgraciadamente el Poder Judicial las ha negado. Hay avances
pero también hay retrocesos. No se permite avanzar debido a que todavía
hay funcionarios que están obstaculizando la investigación”, indica
Hilda Leguideño, madre del normalista Jorge Tizapa Legideño.
Esta situación sólo podría cambiar si se
expulsara a las personas de la administración pasada que siguen
interviniendo en las investigaciones, pues de esa manera “habría más
posibilidad de abrir la investigación y saber más información sobre el
paradero de los muchachos”, apunta el padre de Adán Abraham de La Cruz,
Bernabé Abraham.
Lentitud en la investigación, ¿falta de compromiso real?
Al dolor que dejó en las familias, la noche de aquel 26 de septiembre se suma ahora la lentitud con la que avanza la investigación.
A pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
manifestó voluntad política para resolver el crimen, ésta no basta si no
hay un compromiso real por parte de las instituciones de justicia,
consideran defensores de derechos humanos.
En septiembre, un juez federal negó las 46 órdenes de aprehensión
que fueron solicitadas contra servidores públicos de Guerrero
relacionados con el caso, y lo único que sigue adelante es la orden de
captura, con fines de extradición, del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal,Tomás Zerón de Lucio.
Esta resolución es considerada por
Vidulfo Rosales –defensor de los derechos humanos del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan– como un “formalismo” que sigue
privilegiando el Poder Judicial, lo que provoca que los expedientes
“reboten” y no se avance en las órdenes de aprehensión.
“El problema es que no se han reestructurado algunas instituciones encargadas de la investigación. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República tiene las mismas inercias, como
la Secretaría de la Defensa Nacional. El Poder Judicial también tiene
problemas y son aspectos del Estado mexicano que no han cambiado, son
estructuras que permanecen como siempre y eso no ayuda”, explica Rosales
a Contralínea.
El también abogado de los familiares de
los 43 precisa que hay una responsabilidad institucional respecto a la
reestructuración del caso, pues aunque el presidente López Obrador tenga
toda la voluntad de llegar a la verdad, “no es posible que en la
Fiscalía las cosas no caminen. En el terreno práctico es donde tienes
que aterrizar esa voluntad política, de lo contrario las cosas no
avanzan”.
Estanislao Mendoza considera que para que esto cambie es necesario que el gobierno “agarre a Tomás Zerón y a [Jesús] Murillo Karam, para que nos digan quiénes fueron sus cómplices,
pero no han hecho eso. Ya se habían liberado 46 órdenes, pero otro juez
lo desmintió y se vino abajo todo. Ahorita el presidente dijo que va a
buscar la manera de cómo volver a reactivar esas detenciones. En esas
cosas si estamos decepcionados porque no hemos visto nada durante estos
seis años y seguimos igual”.
Aunado a ello, el 21 de septiembre los
padres y madres, junto con estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro
Burgos, protestaron ante el Poder Judicial de Iguala por no hacer
públicos los videos grabados por seis cámaras ubicadas en las
instalaciones del Palacio de Justicia, que muestran los hechos ocurridos
ahí la noche del 26 de septiembre de 2014.
En la manifestación, Melitón Ortega, uno
de los voceros del movimiento y tío del normalista desaparecido
Mauricio Ortega, acusó a las autoridades del municipio de haber destruido dicha evidencia
y rechazó la versión del presidente del Poder Judicial en Guerrero,
Alberto López Celis, acerca de que los padres tienen copias de los
videos.
“Si esos videos se ocultaron o se
destruyeron o alguien ordenó su destrucción, y el Poder Judicial de
Guerrero se prestó a desaparecer esa evidencia, es sumamente grave. Eso
debe ser motivo de una investigación. Por ello es que hay mucha molestia
de parte de los padres y estudiantes puesto que en el lugar
desaparecieron 15 o 20 estudiantes y lo que pudieron haber visto esas
cámaras, resulta de importancia capital para saber el paradero de
ellos”, resalta el abogado Vidulfo Rosales.
“Si esos videos se ocultaron o
se destruyeron o alguien ordenó su destrucción y el Poder Judicial de
Guerrero se prestó a desaparecer esa evidencia, es sumamente grave. Eso
debe ser motivo de una investigación”
Y comenta que en caso de que esos videos
no sean revelados se pensaría que fueron destruidos de manera
deliberada para evitar que se supiera qué sucedió con los 43
estudiantes.
“No queremos una nueva verdad histórica”
A casi dos años del gobierno de López Obrador, familiares y organizaciones le piden evitar la fabricación de una nueva “verdad histórica”.
Al respecto, Humberto Guerrero dice a Contralínea que
una de las demandas principales de los padres y madres de los
normalistas desaparecidos es que el gobierno “evite la tentación de
apresurar una versión oficial de los hechos; es decir, la construcción
de una nueva verdad histórica en un afán de querer darle un cierre
pronto como para que tenga créditos políticos”.
El integrante de la Comisión para la
Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa subraya que el
primer mandatario se comprometió a continuar con las investigaciones
hasta que el caso esté esclarecido de manera científica, técnica y sin que exista violación a los derechos humanos de las víctimas.
Además, reitera la importancia de
perseguir y sancionar a quien resulte culpable de haber participado en
la comisión de este delito, independientemente de qué cargo haya tenido
en el pasado.
Y es que uno de los principales avances
que se han tenido en la investigación es la identificación de los restos
encontrados en una zona llamada la Barranca de la Carnicería, en
Guerrero. Ésta se ubica a más de 800 metros del basurero de Cocula.
“Del 21 al 29 de noviembre de 2019 se
realizaron acciones de búsqueda en una zona llamada Barranco de la
Carnicería. En dicha diligencia se recuperaron 15 indicios. El 28 de
febrero se llevaron a la Universidad de Innsbruck, en Austria, donde se
examinaron las pruebas, y el 19 de junio la Universidad informó que una
de ellas correspondía a la extremidad inferior de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre”.
Ello se dio a conocer en México el 7 de julio, por Omar Gomez Trejo,
titular de la Unidad de Investigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR.
Otro indicio de esperanza para las
víctimas fue una fotografía que circuló en redes sociales en la que se
observa a un joven en situación de calle en una plaza de Mexicali, Baja
California, con las características del estudiante desaparecido Jorge
Antonio Tizapa Leguideño.
Ante ello, familiares pidieron la ayuda
de la Comisión Nacional de Búsqueda para emprender un operativo para que
se confirme o descarte si la identidad del joven corresponde al
normalista.
“El gobierno de modo muy irresponsable
hizo pública la foto de una madre que vio en Facebook un retrato de una
persona que pudiera parecer su hijo y pidió se agotara esa búsqueda,
pero penosamente el gobierno de la entidad donde se realizó, lo
difundió”, resaltó Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), durante la conferencia
virtual “Retrospectiva del Caso a 6 años de los hechos”.
En este sentido, Vidulfo Rosales detalla a Contralínea que
se está haciendo la búsqueda en Mexicali para ubicar a esta persona y
saber si es el estudiante de Ayotzinapa. Asimismo, indica que ha habido
disposición por parte de las autoridades para emprender esta búsqueda.
A través de estos hallazgos se respalda, una vez más, que la verdad histórica fue una farsa
y que las nuevas acciones de búsqueda rompían con la narrativa de dicha
mentira, la cual ha impedido obtener la verdad y la justicia del caso.
Crimen de Estado y creación de la Comisión para la Verdad
El reconocimiento de que la desaparición de los 43 estudiantes fue un crimen de Estado
y la integración de una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia
interinstitucional son los principales logros que se han obtenido en el
actual gobierno federal, gracias a las exigencias de la sociedad para
esclarecer el caso.
“Con la nueva administración sí hay un
cambio sustancial porque esta administración, no sólo en palabras del
Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo, del Judicial y de la
Fiscalía General de Justicia hay un reconocimiento de que aquí hay un
crimen de Estado”, afirma Miguel Álvarez, director de Servicios y
Asesoría para la Paz (Serapaz).
En este sentido, el presidente López
Obrador señaló que “en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos
otros crímenes no se puede hablar de crímenes de Estado porque ahora el
presidente de la República no va a permitir ninguna injusticia, no va a
permitir ningún acto autoritario”, durante una visita que hizo a los
pueblos indígenas en Tlapa de Comonfort, Guerrero.
Ello, a pesar de que el año pasado,
durante el homenaje de Valentín Campa, el subsecretario de Derechos
Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconoció que el hecho acontecido la noche del 26 de septiembre había sido un crimen de Estado.
“Alejandro Encinas reconoció que el hecho acontecido la noche del 26 de septiembre había sido un crimen de Estado”
Además, Miguel Álvarez señala que la
Comisión para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa es una
“comisión inédita, impensable en la administración anterior”. Ello,
porque es una instancia formal integrada por madres y madres de los
normalistas y hay vínculos con el presidente de la República Mexicana,
con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
con el Fiscal General de la República, con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
También participan integrantes del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas; así como Serapaz, el Centro de Análisis e
Investigación Fundar, Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan.
“Esto implica el grado de formalidad que
hay en el compromiso interinstitucional para avanzar”, menciona el
representante de Serapaz. Asimismo, considera que con la administración
actual existe la voluntad política que no había en el sexenio anterior
porque, incluso, se “construyó la situación jurídica que convenía”.
Como se recordará, el 27 de enero de
2015, Jesús Murillo Karam –entonces procurador general de la República–
declaró que los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos (de
Ayotzinapa) fueron secuestrados y asesinados a manos de integrantes del
grupo criminal Guerreros Unidos al haber sido confundidos por miembros
del grupo contrario, Los Rojos. Sus restos, afirmó, fueron incinerados
en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan, en Guerrero. Los
responsables del crimen también hirieron a 25 personas y ejecutaron
extrajudicialmente a otras seis. Todo esto, en colusión con elementos de
la policía municipal de Iguala y Cocula.
Sin embargo, su supuesta “verdad
histórica” fue desmentida por el actual fiscal General de la República
(FGR), Alejandro Gertz Manero, el 30 de junio de este año, cuando dio a
conocer que la Fiscalía había solicitado 46 órdenes de aprehensión en contra servidores públicos de Guerrero por desaparición forzada y delincuencia organizada. A tráves de un video publicado por la FGR (https://www.youtube.com/watch?v=2-uXQiJFmog),
Gertz Manero manifestó: “la información de todo el trabajo realizado
que ha permitido identificar [este hecho] como desaparición forzada y
conductas de delincuencia organizada impulsan a que esta nueva etapa se
pueda manejar con absoluta transparencia y toda legalidad. Se acabó la verdad histórica”.
Esto provocó que se rehiciera la
investigación, a pesar de que hay pruebas que se destruyeron y hubo
liberaciones de personas clave para la investigación. El director de
Serapaz considera que Ayotzinapa es un caso “emblemático”
porque hizo avanzar la legislación, instituciones y mecanismos para los
más de 70 mil casos de personas desaparecidas que hay en el país.
Por ello Miguel Álvarez destaca la
importancia de “reconocer que Ayotzinapa no es un caso aislado, sino
vinculado a los miles de otros casos en el país. Está siendo el eje del
arado que va abriendo surco también para las otras miles y miles de
desapariciones que cruzan el país”.
Al respecto, el defensor Vidulfo Rosales
argumenta que “la voluntad del presidente no es suficiente, necesitamos
un compromiso real de todas las instituciones porque es un caso
sumamente grave. El entramado de impunidad construido es muy grande para
desmontarlo y desenmarañar se necesita el esfuerzo de muchas
instituciones”.
“La voluntad del presidente no
es suficiente, necesitamos un compromiso real de todas las instituciones
porque es un caso sumamente grave”
Importancia de Ayotzinapa para otros casos de desaparición
—¿Qué significado tendría la resolución de la desaparición de los 43 estudiantes?
—Resolverlo marcará un parteaguas en materia de justicia y derechos humanos
de nuestro país. Lo cual sentaría las bases para revertir los índices
de impunidad y para transitar a un sistema más democratico, donde la
justicia es más efectiva, en donde las graves violaciones a derechos
humanos se castigan y habría condiciones para establecer medidas de no
repetición de estos hechos, –responde Vidulfo Rosales a Contralínea.
Por su parte, Humberto Guerrero considera que la resolución de este caso puede impactar en la forma de entender cómo se puede abordar el cúmulo de miles de desapariciones que hay en el país y de otras situaciones relacionadas con violaciones de derechos humanos.
El representante de Fundar opina que el trabajo de cooperación que se realizó para identificar los restos óseos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre es un ejemplo de cómo tendría que ser el proceso de investigación forense en otros casos.
Además, menciona que la identificación forense
es un tema presente en la agenda gubernamental que no ha avanzado y con
la identificación del normalista se creó un “mecanismo extraordinario
de identificación que plantea crear un esquema para identificar los
restos de personas fallecidas no identificadas, que posiblemente tienen
un reporte de desaparición”. Para lo cual es importante que haya
coordinación entre instituciones nacionales, organizaciones
independientes y cooperación de instancias internacionales.
“No se puede acabar con violaciones a
derechos humanos en México por determinación política. Ninguna
autoridad, presidente o senador podrá declarar que en su gobierno no
habrá violaciones. Lo que tiene que hacer es entender, estudiar y
analizar cómo y por qué acontecen las violaciones de derechos humanos
por qué la justicia no funciona”, explicó James Cavallaro, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el conversatorio virtual “Retrospectiva del Caso a seis años de los hechos” .
Y es que, independientemente de que haya
voluntad política de solucionar el caso, a lo que se enfrenta la actual
administración de México es a todo un sistema y “no se cambia un
sistema porque se cambie el gobierno, sino que hay una parte de
transformación que debe tener pasos sostenidos”, comenta uno de los
miembro del GIEI, Carlos Beristain, a Contralínea, en el mismo foro.
Agrega que hay cosas que no se hicieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto y
que provocan que la verdad se aleje, pero “las peleas hay que darlas.
La verdad tiene que salir y cuando se ponen en marcha mecanismos
independientes se obtienen mejores resultados, aunque sean más duros de
aceptar. La historia [del caso Ayotzinapa] es otra, no es la verdad
histórica. Una media verdad que nunca hace una verdad completa”.
El representante de Serapaz añade que la
conformación del colectivo de madres y padres de los estudiantes
desaparecidos es un “proceso de amor colectivo convertido en exigencia
de justicia y ellos han aprendido a coordinarse, conducirse, hablar,
expresarse y distribuirse”.
“Toda la vida de los padres se ha
modificado. Los conflictos a los que la vida se enfrentan son mayores.
Nunca los he oído decir que dejarán todo, sino al contrario, siempre
escucho la convicción de continuar hasta encontrar a sus hijos. No se
rinden. Siguen de pie y, con ánimo, exigiendo justicia. Las madres y los
padres son admirables, al igual que su fuerza de seguir adelante, de
pie y exigiendo a las autoridades que haya justicia”, detalla Vidulfo
Rosales.
Narra que los familiares aún tienen mucho dolor por la incertidumbre constante que viven, lo cual ha demeritado exponencialmente en su salud. ¿Cómo podría estar un padre que no encuentra a su hijo?
Cuestiona. Eso es una angustia indescriptible que solamente un padre
que tiene a su hijo desaparecido puede soportar. Es una pesadilla que
nunca termina, de la que nunca se despierta. Sólo hasta saber qué
sucedió con los 43.
