Ayotzinapa: Fracaso estructural, crimen de Estado y horizonte de justicia Revista Común

 revistacomun.com

César Enrique Pineda

La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, es un punto de inflexión en México. Es el relato de horror que representa el estrepitoso fracaso estructural de cambio de régimen que no llevó a su transformación positiva sino a su descomposición absoluta en las últimas dos décadas. Ayotzinapa es también un crimen de Estado: el más grotesco símbolo del uso faccioso de la justicia para fines innombrables en aquel terrible 2014. Ese mismo año, Ayotzinapa representó el inicio del desmoronamiento de la legitimidad de la clase política de la alternancia, señalada y condenada por la masiva indignación de las calles. Ayotzinapa es hoy la posibilidad aún abierta de la verdad o el triunfo de la impunidad. En Ayotzinapa México se rompió en el pasado y es en Ayotzinapa donde se juega su futuro: el del horizonte —aún lejano— de la justicia.

1. El malogrado cambio de régimen

Ayotzinapa no es sólo un caso de crisis de seguridad, corrupción y crimen organizado. Desnuda el escandaloso naufragio del proyecto tecnocrático-conservador de sustituir al viejo partido de Estado para constituir un nuevo régimen político. En vez de que tuviera lugar un proceso de superación o sustitución de la lógica de poder del viejo régimen, su funcionamiento se degradó. El Estado autoritario mexicano se desdobló como Estado criminal. Ayotzinapa muestra cómo el país se nos fue de las manos, conducido por una oligarquía partidaria neoliberal cuya narrativa formalmente democrática creó la ilusión en muchos del advenimiento de un sistema político renovado, cuando en realidad lo que sucedía era su total descomposición. Régimen, sin embargo, que promovía la acumulación y poder del gran capital trasnacional y nacional durante el día y favorecía el enriquecimiento del capital criminal durante las noches.   La ficción liberal de que la democracia electoral era el más prometedor signo de un cambio de régimen ocultó todas las señales del lento y progresivo proceso de putrefacción del sistema político en su conjunto. 

La paulatina separación del PRI del Estado, desordenó profundamente el funcionamiento estatal, centralizado y ordenado bajo la lógica autoritario-burocrática, manteniendo continuidades deformadas en todo su aparato: en un sistema de justicia incapaz y subordinado al poder ejecutivo que perduró después de la alternancia cada vez más desbordado por la crisis de seguridad; en un aparato estatal cuyo aceite de funcionamiento era la corrupción de arriba a abajo y de abajo a arriba que persistió pero ahora de manera desinstitucionalizada; en una trama de poderes territoriales que se fragmentó en gobernadores-reyezuelos, que sin frenos, contrapesos ni límites mantuvieron su política local despótica como en los viejos tiempos; en un aparato de seguridad nacional incompetente, deforme y funcional a la lógica punitivista y represora pero ahora en manos de los gobiernos de la alternancia, junto a un ejército violador de los derechos humanos que nunca fue reformado ni depurado, siendo el mejor ejemplo de silencio e impunidad históricas. 

Si la alternancia mantuvo elementos estructurales de continuidad, pero también de desordenamiento y deformación estatal, la apertura al libre mercado mundial trastocó trágicamente el funcionamiento societal. El desmantelamiento del sistema de protección social —que nunca fue realmente universal—, el colapso de las economías campesinas y la ruina industrial desgarraron las estructuras de sobrevivencia de millones. La apertura comercial —como en otras partes del mundo— trajo consigo el crecimiento sin fin del trasiego de mercancías, legales e ilegales, desbordando las capacidades estatales de regulación, vigilancia y control en fronteras, puertos y costas abriendo un enorme campo de oportunidades para el capital criminal. Las redes transnacionales de producción, distribución y consumo de mercancías ilegales encuentran su mano de obra, de cultivo y sus elementos armados en el amplio espectro de las clases desposeídas que fueron abandonadas a su suerte por el Estado empresarial. El crimen organizado transnacional es el hijo no reconocido de la globalización neoliberal de libre mercado.

Mientras los aplausos, mesas de análisis y papers hablaban de la democracia mexicana en consolidación, 43 estudiantes quedaron atrapados mortalmente en la realidad del entramado transnacional del narcotráfico Guerrero-Chicago y sus grupos más violentos. Los normalistas fueron rodeados  por el Estado criminal guerrerense, sus policías, sus presidentes municipales, sus funcionarios estatales y su Batallón 27 del Ejército en la noche de Iguala. Los normalistas desaparecidos fueron víctimas finalmente del poder arbitrario y faccioso del Ejecutivo Federal, que manipuló, obstruyó, borró y fabricó “la verdad” sobre Ayotzinapa, al más corrompido estilo del viejo régimen. 

La tragedia mexicana del Estado criminal pluripartido es la simbólica historia de 43 normalistas desaparecidos, donde resuenan las ausencias de 100 mil desaparecidos más y reverbera el silencio de 300 mil asesinados durante los años de combate al narcotráfico.  La tragedia mexicana es que no transitamos hacia un nuevo régimen democrático, sino de uno autoritario al narco Estado; un régimen de pluralidad partidaria en el que perduró el poder presidencial discrecional para hacer de Ayotzinapa un crimen de Estado. 

2. Desaparición, involucramiento y encubrimiento: El triple crimen de ocultar la participación del Estado

La verdad histórica sobre Ayotzinapa de Peña Nieto fue construida con tres objetivos: 1) esconder la participación directa de elementos militares en la desaparición, restringiendo la responsabilidad criminal hacia grupos de narcotraficantes y policías locales, como un problema circunscrito a un municipio. “Iguala no es el Estado mexicano” dijo el entonces procurador a cargo de la investigación, Jesús Murillo Karam.  2) Borrar las evidencias o trastocar los rastros que permitirían conocer el destino de los desaparecidos evitando la profundización de las investigaciones que llevarían a descubrir la trama de complicidades de otros funcionarios gubernamentales. 3) Presentar una conclusión mediática no apegada a los hechos: una narrativa pública aparentemente convincente diseñada para cerrar el caso de los 43 desaparecidos. Es decir, pareciera que el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba obstinado en producir un fuerte discurso que dijera: NO FUE EL ESTADO.

Pero la narrativa distorsionada y viciada del régimen peñista se enfrentó a la resistencia y dignidad de los padres de los desaparecidos que llevó a la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), integrado a partir del acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del Estado mexicano, durante la gestión del propio Peña Nieto y la representación de los familiares de las víctimas. El GIEI ha presentado hasta ahora tres informes a los que se suman los dos presentados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), formada por el gobierno de López Obrador y encabezada por Alejandro Encinas.

La verdad histórica comenzó a desmoronarse desde que los expertos del GIEI cuestionaron el informe presentado por Murillo Karam que, a grandes rasgos, estableció que los 43 habían sido detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula. Que dichos policías habrían entregado a los normalistas al grupo Guerreros Unidos que, a su vez, los habrían ejecutado y calcinado en un basurero en Cocula. Después de la incineración —una pira inverosímil de dimensiones fantásticas para reducir a cenizas a 43 cuerpos, cuya hipótesis fue rápidamente desmontada por expertos internacionales en fuego—, los restos calcinados y huesos triturados (siguiendo la versión gubernamental) fueron arrojados por el grupo criminal al río San Juan. 

Los cinco informes nos muestran que la escena del crimen no fue el basurero de Cocula, y que la incineración nunca sucedió ahí y presentan otra hipótesis sobre el móvil del ataque a los normalistas. Demuestran que los estudiantes de Ayotzinapa que habían tomado cinco autobuses para asistir a las movilizaciones del 2 de octubre en Ciudad de México, nunca estuvieron juntos y por tanto tuvieron destinos diferentes —y probablemente responsables materiales distintos de su desaparición y/o ejecución—.  Los informes señalan además que las policías locales de Iguala, Cocula y Hutizuco sólo fueron la parte más baja del entramado estatal que incluye al presidente municipal de Iguala y a elementos del Ejército como responsables de al menos una parte de la desaparición de los normalistas. Aún más, que funcionarios federales se involucraron en el borramiento y tergiversación de la investigación para producir la “verdad histórica”.  Esto cambia todo. 

La separación de estudiantes en grupos nos lleva a múltiples escenas del crimen y, en especial, hacia el hallazgo de que uno de los grupos de normalistas sobrevivió encerrado por varios días más. Pudieron ser rescatados, pero no lo hicieron. La investigación de ese grupo de sobrevivientes encerrados en una bodega, a su vez, nos dirige al involucramiento directo de funcionarios estatales y del ejército para ultimar y desaparecer a los últimos normalistas vivos y borrar las evidencias, como muestran numerosas comunicaciones interceptadas. Una lamentable filtración, que devela partes del informe de la CoVAJ que habían sido testados, revela que los estudiantes fueron cruelmente asesinados y restos de algunos de ellos —cuyos detalles no reproduciremos aquí— enterrados y dispersos en distintos lugares. De ser así, la incineración de los primeros habría sido posterior y, por tanto, parte de un gigantesco encubrimiento y borrado de pruebas.

La verdad histórica de Peña Nieto afirmó que la intención de los normalistas de sabotear un evento público del presidente municipal, José Luis Abarca, provocó la confusión de Guerreros Unidos al pensar que los normalistas eran un grupo criminal rival arribando a su territorio. Pero, además de que dicha intención de sabotaje es falsa, el débil móvil de la confusión criminal ha sido sustituido por una hipótesis mucho más creíble del GIEI: los normalistas fueron atacados porque el trasiego de drogas —especialmente heroína— utiliza autobuses de pasajeros en la ruta México-Estados Unidos. Los estudiantes, sin saberlo, tomaron autobuses que eran utilizados por el narcotráfico, lo que explica la agresividad, masividad y hasta obsesión armada para recuperar la mercancía que los normalistas llevaban en uno de los autobuses que habían tomado. La verdad histórica ocultó deliberadamente esta hipótesis, entorpeciendo la investigación hacia la trama internacional de trasiego de drogas. 

Aunque se sabía previamente que los normalistas habían sufrido de espionaje e infiltración militar, ahora sabemos que ese mismo 26 de septiembre los mandos recibieron datos precisos de las actividades de los estudiantes para tomar los camiones. Los vigilaban a cada paso y cuando desaparecieron no activaron el protocolo para militares desaparecidos a pesar de que sabían que uno de sus elementos estaba entre los 43. El informe de la CoVAJ y su responsable, Alejandro Encinas, hablan de que al menos un alto militar estaría involucrado en la orden o desaparición de los normalistas sobrevivientes:  es el coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala y otros cuatro militares, el primero ya detenido y el resto con órdenes de aprehensión. Dicho Batallón tiene una larga historia de contrainsurgencia, violaciones a los derechos humanos y también “combate a las drogas”. La verdad histórica jamás develó ni dejó abierta la posibilidad de la participación de elementos del Ejército en la desaparición.

Las nuevas evidencias —que incluyen videos entregados por la Marina— pueden llevarnos a la conclusión de que la escena del crimen presentada por Murillo Karam fue alterada intencionalmente e incluso se puede aducir la elaboración de un verdadero montaje donde participó personalmente el procurador. A esto hay que sumar los testimonios de los criminales, obtenidas bajo tortura, que no sólo es un problema ético del trato inhumano a detenidos, sino que las leyes nacionales impiden usar dichas confesiones como pruebas válidas. Debemos agregar que el Poder Judicial de la Federación radicó los procesos judiciales en siete juzgados de siete estados distintos con dos sistemas procesales diferentes, obstaculizando por completo la investigación. Un sólo juez, Samuel Ventura Ramos, ha dictado más de 120 libertades absolutorias de personas procesadas por el caso incluyendo al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca. La abierta campaña de medios, periodistas e influencers subordinados al régimen de la alternancia para legitimar y difundir la verdad histórica de Peña Nieto pareciera confirmar una gigantesca operación de Estado: un crimen de Estado. 

Los alcances del narco-Estado —que explicarían un encubrimiento cómplice— aún no podemos comprenderlos en toda su magnitud, ni se derivan sólo de la tragedia de Ayotzinapa. Pero los motivos políticos para montar el crimen de Estado son muchos. Podemos formular algunas posibles hipótesis del móvil del crimen de Estado en Ayotzinapa:

1. El gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de su procurador Murillo Karam, encubrió a actores estatales involucrados en la trama de narcotráfico y/o en la desaparición, especialmente al Ejército, para impedir el escándalo público que ya dañaba su administración, evitando además que el país entero conociera el grado de penetración y captura de las estructuras militares por el narcotráfico. 
2. En la coyuntura de septiembre-noviembre de 2014 convergieron la crisis internacional sobre las ejecuciones de Tlatlaya —realizadas en junio, pero que salieron a la luz el mismo 26 de septiembre con las imágenes de la siembra de armas— y el proceso de Ayotzinapa, lo que hacía inadmisible más presión sobre los militares. El Ejército, molesto, habría rechazado que su imagen volviera una vez más a la palestra, obligando o acordando con el Ejecutivo el encubrimiento.
3. La verdad histórica fue una decisión de Estado para asegurar la gobernabilidad, tratando de cerrar el caso de manera apresurada, ante el temor de la potencia destituyente de la multitud que protestaba en Guerrero, Ciudad de México, el resto del país y varias capitales y ciudades del mundo simultáneamente. La posible evaluación peñista fue que su gobierno corría el riesgo de caer ante la indignación cada vez más profunda y radical que tenía tintes cuasi-insurreccionales.

Sea como fuere, Ayotzinapa es un crimen de Estado que la multitud en las calles y en las asambleas supo reconocer desde el inicio. “Para mi generación Ayotzinapa fue nuestro Tlatelolco” dijo un estudiante participante en las gigantescas movilizaciones de ese funesto 2014. Pero a diferencia de 1968, en 2014 no hubo silencio. Mientras la continuidad autoritaria derivó en Estado criminal, la sociedad ya no era la misma.  Y es que Ayotzinapa representó el inicio del colapso del edificio del sistema político, cuyo pilar priísta, al caer, arrastró al resto en su derrumbe. Ayotzinapa fue y es más que unas cuantas protestas de sectores radicalizados. Fue el punto de quiebre del régimen de la alternancia y su promesa tecnocrática.

3. Horizonte de justicia

Ayotzinapa fue excepcional, no por la violencia ejercida contra los normalistas, que es ciertamente frecuente y brutal en todo el país, sino por la ruptura política que provocó. La crueldad, ligada a la negligencia y a la evidente corrupción, pero en especial, la certeza intuitiva de millones, y en especial de los padres de las víctimas, sobre la responsabilidad estatal en las ejecuciones y desapariciones, implicaron un agravio intolerable. El Estado criminal pluripartido llegó demasiado lejos. 

Ayotzinapa fue un nodo de efervescencia multitudinaria, un tiempo extraordinario en las calles, ocasionado por el horror y la tragedia. El cúmulo de agravios recientes, la memoria histórica en relación al partido gobernante y la inconcebible crueldad de la violencia ejercida contra los jóvenes normalistas, generó uno de los procesos de movilización popular más intensos de las últimas décadas. La indignación generalizada demostró que a millones de personas les importa la muerte y la desolación impuestas en México a sangre y fuego. Del antagonismo multitudinario se logró que la rabia se convirtiera en señalamiento, condena y en crisis e impugnación del poder. En un ¡Ya basta! para lograr la justicia. De esa huella de la multitud en las calles y la dignidad y resistencia de los padres se forjó la necesidad histórica y política de conocer la verdad. Porque si el clamor nacional por los 43 y el eco de su multitud indignada son ignoradas, una a una de las miles de desapariciones quedarán también en silencio. No habrá fuerza política que haga posible terminar con la pesadilla nacional, simbolizada en la noche de Iguala.  Si no hay justicia para Ayotzinapa, México seguirá roto sin remedio. 

Pero aún, ahora esa exigencia está sin cumplir. El gobierno de la llamada Cuarta Transformación entiende la importancia del antes y después de Ayotzinapa y de la herida abierta a este país. Su reto es enorme. Si la impunidad se consagra, su gobierno será el de la continuidad del viejo régimen, cómplice de las altas esferas militares y de la incapacidad estatal por terminar, a través de un caso emblemático, con el castigo a los responsables. Si rompe el pacto militar de impunidad y se alcanza a condenar a los culpables, se habrá dado un castigo ejemplar para enviar un mensaje a la nación: NUNCA MÁS. 

Nos acercamos mucho a la verdad —aunque aún incompleta— pero falta mucho para lograr la justicia. Ayotzinapa representa el reto, no de un gobierno, sino del país entero para ponerse de pie después de la desgracia del fracaso nacional para salir del viejo régimen, que aún nos persigue, como un muerto que camina.  Ayotzinapa sólo puede convertirse en esperanza si los millones que rechazamos la ignominia hacemos imposible la impunidad y decimos una y mil veces 

¡JUSTICIA!. 

https://revistacomun.com/blog/ayotzinapa-fracaso-estructural-crimen-de-estado-y-horizonte-de-justicia/

Los motivos de Ayotzinapa

El encubrimiento fue ordenado por el Procurador Murillo Karam que manufacturó una escena de un crimen y una historia de narcotraficantes en un municipio del sur pobre de este país.

sinembargo.mx

Fabrizio Mejía Madrid

Los normalistas iban asustados pero decididos a conseguir los quince autobuses para llegar a una conmemoración más de la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968. En Chilpancingo, unas horas antes, la policía los había perseguido y las líneas de transportes se habían negado esta vez. Pero tenían el compromiso. Lo habían adquirido el 19 de septiembre, en la reunión de las 17 normales en la Emiliano Zapata, de Amilcingo, Morelos. Una vez que la normal de Tenería, en el Estado de México, se declaró incapaz de operar la logísitica de la movilización, que incluía comida y estancia por varias noches, Ayotzinapa se obligó a ello. Eran la normal de Genaro Vázquez Rojas, de Lucio Cabañas, de Othón Salazar. No podían quedar mal. Después del revés en Chilpancingo, decidieron mandar a los de primer ingreso a la toma de los camiones en Iguala. La mayoría tenía 16, 17 años y estaban rapados. Sabían que era el territorio de los Casarrubias Salgado, los “Guerreros Unidos” que se dedicaban desde hacía décadas al tráfico tanto de heroína como de metanfetaminas. Los criminales, dueños de autolavados, tenían en un puño a las policías municipales de Guerrero hasta Morelos, pasando por las del Estado de México. Eran las 5 y media de la tarde del 26 de septiembre de 2014 cuando los muchachos salieron de Tixtla.

No había forma de separar a las policías municipales de “Guerreros Unidos”: a “Los Bélicos”, el grupo de élite encargado de la seguridad en Iguala y Cocula; el cartel los uniformaba, dotaba de armas, y salarios. De hecho, los policías eran el brazo armado de los delincuentes, y no al revés. “Guerreros Unidos” se habían hecho del control, entre otras, de las indeminizaciones que les corresponían a los ejidatarios del Carrizalillo y Mezcala, por el uso de sus tierras para la extracción de oro, plata y cobre por parte de varias mineras canadienses. Había muchos negocios con las mineras: desde el pago por derecho de piso, el uso de los transportes y las rutas, hasta la venta de heroína para los mineros que se fracturaban los huesos. Ni policías ni sicarios, sino un cuerpo intermedio entre autoridad legal e ilegal, “los bélicos” llegaron a ser secretarios de seguridad del estado de Guerrero. Nada sorprendente en el país de Genaro García Luna y Felipe Calderón. Se encargaban de cobrar venta de protección, extorsiones, y levantones para el crimen organizado. El informe de la Comisión sobre Ayotzinapa nos recuerda tan sólo que Víctor Jorge León Maldonado, el coordinador general de la SIEDO de Eduardo Medina Mora como procurador, integró mal la averiguación que permitió la liberación de Salomón Pineda, acusado de atacar a los normalistas. Después, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, lo invitó a ser el subprocurador del estado. Esos eran los policías como brazo ejecutor del crimen. No hay por qué considerarlos por separado.

El Ejército tenía espiados los movimientos y comunicaciones de los estudiantes de Ayotzinapa desde 2010, mediante el programa Pegasus. Para ellos, eran subversivos y los trataron con planes de contrainsurgencia. Por haber inflitrado a tres estudiantes, entre ellos a Julio López Patolzin, que llevaba dos años dentro del internado normalista, los militares sabían de las movilizaciones, los debates, los apodos, los nombres y procedencias de los demás alumnos y maestros. El teniente de infantería, Francisco Macías Barbosa era a quien reportaban en el 27 Batallón. Éste recibía órdenes directas del Coronel José Rodríguez Pérez. El Comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, el General Alejandro Saavedra, estaba al tanto de todas las comunicaciones en tiempo real. Después de Ayotzinapa, el secretario de la defensa, Salvador Cienfuegos, pensó en él como su sucesor, y así se lo pidió al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pero él se negó.

A las 7 y cuarto de la tarde, los normalistas toman un autobus Costa Line que venía de Acapulco. A las 8 otros negocian con un chofer en la central camionera de Iguala pero se niega a manejar a la Normal. Una hora más tarde, llegan los estudiantes que se habían quedado boteando en la caseta de Iguala y en Rancho de la Cura. Recorren los andenes en busca de otro camión que les de chance. Se les permiten dos autobuses de Costa Line y uno de Estrella Roja. Antes de subirse a los camiones, es la última vez que estarán juntos. A eso de las nueve 25 de la noche salen en cinco autobuses rumbo a su escuela. Pero la policía estatal comienza a seguirlos. Le disparan a uno y se detiene en la carretera Iguala-Chilpancingo. Otro, es detenido debajo del puente con rumbo al Palacio de Justicia. A los otros tres, un operativo policiaco de bloqueos les impide dar vuelta a derecha o izquierda por la Calle Juan N. Álvarez. Cuando los estudiantes pretenden mover una de las patrullas atravesadas, un balazo le da en la cabeza al normalista de 19 años, Aldo Gutiérrez Solano. Es entonces que las policías desatan una balacera indiscriminada contra los autobuses. Algunos tienen 96 impactos. Los estudiantes se comunican con sus compañeros en Tixtla y Chilpancingo para pedir ayuda. Un personaje que el informe identifica como “El Caminante” sirve de enlace entre los policías que disparan y los “halcones” de “Guerreros Unidos”. Es en ese momento que el subdirector de la policía de Cocula, César Nava González, se desplaza hacia el tiroteo en Iguala sin que nadie se lo ordene. También lo hace el director de policía de Huizuco, Javier Nuñez Duarte con sus dos hijos, Celedonio y Ariel, en cinco camionetas con casi la mitad de los policías del municipio, que son 89. Son los que hacen las detonaciones contra un camión del equipo de futbol Avispones y contra unos taxis, y participan en el ataque al autobus de los estudiantes en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Mueren un jugador, el chofer del autobus del equipo de futbol, y una pasajera del taxi. También se apersonan hasta ahí los policías federales. Su jefe, Victor Manuel Colmenares Campos y sus oficiales, Luis Dorantes y Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, justo en el puente, cobijados de las cámaras de videovigilancia. “Guerreros Unidos” bloquea las carreteras a Chilpancingo y hacia Teloloapan. Entonces tenemos que se instala un cerco a los autobuses por parte de los policías, desde las 9 y media de la noche hasta casi las once. Dentro de ese sitio se dispara a civiles desarmados. Están heridos, tumbados boca abajo en las calles, esposados. Esa noche hay 6 asesinados por las fuerzas policiaco-sicario. Hay 40 heridos de bala. En la clínica Cristina, un capitán del ejército, José Martínez Crespo, toma nota de los heridos, les pide identificaciones, y se va. Durante todo el episodio homicida, el ejército patrulló vigilando el evento y lo comunicó en tiempo real. El CISEN de la secretaría de Gobernación de Osorio Chong también lo estuaba monitoreando.

La desaparición de los 43 es una orden. Algunos de los normalistas que están detenidos a las once y media de la noche en la barandilla de Iguala, son sacados por los policías de Cocula. Son desaparecidos. Se les va separando en grupos, de diez, de quince, para irlos moviendo en camionetas, con los policías vestidos de civiles. Los normalistas que alcanzan a escapar por un cerro se unen a los maestros de la Coordinadora en Guerrero, la CETEG, y organizan una conferencia de prensa pasada la media noche. Quince minutos dura su aparición porque llegan disparando sicarios de “Guerreros Unidos” y asesinan a dos normalistas que acababan de llegar de Tixtla en apoyo a sus compañeros. Uno corre por la calle Juárez, Julio Cesar Mondragón, a quien después se encontrará sin rostro. Son “Los Bélicos”, el grupo de élite policiaco, el que se encarga de las desapariciones. Son las 3 de la mañana cuando se da esa orden. La da alguien desde la ciudad de México, un “licenciado”, llamado el A1, que promete que todo se va a enfriar rápido. Son asesinados, despedazados, y puestos en bolsas que se dispersarán en las siguientes horas en las inmediaciones de Iguala y, otros, cremados en las dos sedes de funeraria “El Ángel”. Luego, las bolsas se disgregan en pozos de minas, cerros, y dentro de las instalaciones del ejército en Guerrero. A quienes participan en esta monstruosidad, se les prometen cinco mil pesos extras. Un grupo de seis jóvenes que están en un lugar oscuro llamado La Bodega Vieja permanecen con vida todavía hasta el 30 de septiembre. Hay evidencias telefónicas de que muchos de los cuerpos, llamados “paquetes”, son llevados al cuartel del 27 Batallón del ejército. Ahí, el Coronel José Rodríguez Pérez, los resguarda. Los batallones y zonas militares cuentan con crematorios. A pesar de que uno de sus inflitrados, Julio López Patolzin es uno de los desaparecidos, el ejército no hará nada por rescatarlo, como ordena su protocolo y código militares. El secreto es más potente que la institución.

El día siguiente comienza la otra historia de Ayotzinapa: la del encubrimiento de lo que había sucedido. A eso se le llamó “la verdad histórica”. Se trata de hacer pasar a las víctimas como narcotraficantes. Se inventa una versión en la que el encargado de la toma de los autobuses por parte de los estudiantes, Bernardo Flores Alcaraz, a quien apodaban “El Cochiloco” —por la película El infierno—, era parte del cartel enemigo, “Los Rojos”, así como el mismísimo director de la normal “Isidro Burgos”, José Luis Hernández Rivera. Las declaraciones son obtenidas mediante tortura. El 27 de octubre, la Marina graba con un dron cómo el Procurador Jesús Murillo Karam y el Tomás Zerón, el encargado de la investigación criminal en el país, siembra bolsas con restos en un basurero de Cocula, encienden un fuego para, después, dar paso a los forenses que acrediten la escena. Lo que vimos en marzo pasado fue el video de la Marina expuesto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, donde se comprueba que se fabricó una escena del crimen que iba a ser ratificada como real por los miembros de “Guerreros Unidos” bajo tortura física y amenazas. 77 de esos saldrían libres, sin que el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, investigara quién y por qué los había torturado para declarar contra los normalistas desaparecidos y asegurar que los 43 había sido incinerados en un basurero. Otra magistrada, ahora de Guerrero, mandó destruir los videos de vigilancia tomadas por las cámaras callejeras en el Palacio de Justicia la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. A esto se le acompañó de una película, libros, y cientos de columnas y primeras planas en los principales medios de comunicación. 26 testigos de los hechos murieron en el transcurso de estos ocho años, incluyendo al jefe de “Guerreros Unidos”, Mario Casarrubias Salgado. Hasta el jefe de gobierno en la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera participa del encubrimiento: el 20 de noviembre de ese año, ordena que el cuerpo de granaderos embista a una multitud de 220 mil personas que nos manifestábamos en el Zócalo capitalino.

La orden de la desaparición la dio alguien llamado A1. El encubrimiento fue ordenado por el Procurador Murillo Karam que manufacturó una escena de un crimen y una historia de narcotraficantes en un municipio del sur pobre de este país. En esos días, el gobierno de Peña Nieto celebraba en Guadalajara el Día Mundial del Turismo, enaltecía los discursos del Presidente en Naciones Unidas, el secretario de Hacienda, Luis Vidergaray, era nombrado ministro de finanzas del año por la revista Euromoney. La idea era darle vuelta a la página. El 5 de diciembre del año de la desaparición, Peña Nieto declara: “Superemos esta etapa de dolor y demos un paso adelante”. Un mes después, delante de los rectores de las universidades, insiste: “Este instante de pena, tragedia y dolor, no puede dejarnos atrapados. No podemos quedarnos ahí”.

Esta columna contiene la pregunta por los motivos de Ayotzinapa. El informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas, implica que, en el llamado “quinto” camión había una “mercancía” que les importaba a los criminales. Quizás droga, quizás dinero. Se insiste en que, en un retén de sus adversarios en Puebla, unos meses antes, se habían perdido paquetes de heroína por un valor de 30 millones de dólares. El otro motivo que aduce el Informe es que los “Guerreros Unidos” creyeron los autobuses de los normalistas eran de un grupo rival que les disputaba el control de la zona minera recién conquistada. Lo cierto es que, para saber el motivo, hay que recurrir a la historia.

Una mañana del 28 de junio de 1995, cuando a Guerrero lo gobernaba un compadre del Presidente Zedillo, Rubén Figueroa Alcocer, unos campesinos que cultivaban café tomaron unos camiones para ir a Coyuca de Benítez para participar en un mitin que exigía que los apoyos al campo se cumplieran. Un grupo de policías judiciales, les paró el alto, y los bajó de los camiones de carga. Una vez sometidos, los fusiló. Ahí murieron 17 campesinos desarmados de la Organización Campesina Sierra del Sur. Tras matarlos y herir a 40 más, la policía judicial les sembró armas a los cadáveres para que pareciera un enfrentamiento. El motivo fue tan difuso como el de Ayotzinapa: desprecio por los pobres, incredulidad de que su muerte tendrá repercusiones, certeza de que, desde las altas esferas de la autoridad, se puede fabricar y comprar la verdad.

Fabrizio Mejía Madrid

Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

A seis años de Ayotzinapa

Víctor Flores Olea

Hay que decir que resulta admirable la perseverancia de los padres, familiares y amigos de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en Guerrero, desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, y que se encontraron con el disimulo, la protección ilegal y las falsificaciones de funcionarios de aquella época del estado gurrerense, pero que también incluyó al propio presidente Enrique Peña Nieto, al procurador general de la República Jesús Murillo Karam y, desde luego, a variedad de militares, policías y responsables de la seguriad ciudadana, tanto de Guerrero como federales.

Resulta admirable porque, a pesar de que han sido objeto de mentiras por representantes oficiales, los padres de los 43 han tenido la constancia necesaria para exigir la aclaración de lo ocurrido en esa noche trágica, que fue sin duda un crimen de Estado. Los ojos se han puesto ahora en Andrés Manuel López Obrador, quien se ha comprometido a exponer a la nación la verdad de lo ocurrido. En su última comparecencia ante los familiares y amigos de los 43, precisamente a seis años de su desaparición y desde Palacio Nacional, expresó: Deseo ofrecerles mis disculpas, y ofrecer disculpas a nombre del Estado, porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano y por eso tiene que reparar el daño y tiene que aclarar lo que sucedió, tiene que entregar buenas cuentas y tiene que haber justicia, ese es nuestro compromiso.

Naturalmente muchos dirán que, ante una serie de actos de la barbarie cometida esa noche de hace seis años, no son suficientes las palabras y las promesas, y que sólo serán los hechos los que otorguen plena consistencia a los compromisos y promesas. Es verdad, pero el hecho indudable es que, además de tales compromisos, se han adelantado ya en el plano de la acción los primeros elementos ciertos de una investigación que había sido ocultada y falsificada largamente. Y la mejor prueba es la presencia de los padres de los 43 ante AMLO y su reconocimiento de que ahora sí se transita por caminos sólidos hacia la verdad y que confirman que su trato con los funcionarios mexicanos, incluso del más alto nivel, ha cambiado radicalmente respecto al que recibieron (o que no recibieron) por en el antiguo régimen.

Resultado de las recientes investigaciones, escribió Gustavo Castillo García, “la Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido 80 órdenes de captura contra involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. De ese total, ya han cumplimentado 58, entre ellas, la de un policía federal, un militar, varios ex funcionarios municipales del estado de Guerrero, también contra José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, líder de la banda Guerreros Unidos, quien ordenó que se privara de la vida a los 43 estudiantes”.

Castillo García agrega que entre los prófugos hay ex funcionarios federales, como Tomás Zerón de Lucio, quien dirigió la Agencia de Investigación Criminal (AIC), algunos fiscales federales, un efectivo del Ejército Mexicano con responsabilidad de labores de inteligencia en Iguala el 26 de septiembre de 2014, así como decenas de ex policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco liberados por considerar los jueces federales que habían declarado bajo tortura y no había pruebas de su responsabilidad en cuanto a delincuencia organizada y secuestro. Añadiremos que funcionarios que participan en el gabinete de seguridad, presentes en el acto que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionaron la importancia de los avances en el caso Iguala, ya que no se han escatimado esfuerzos para detener a presuntos responsables, aunque la filtración de información permitió que algunos de los inculpados se fugaran.

Zerón de Lucio, quien dirigió la Agencia de Investigación Criminal, se puso en fuga después de llevarse 5 millones de pesos, según acusó el fiscal general, viajando a Vancouver y posteriomente a Tel Aviv, donde está ya ubicado por la Interpol. Por lo demás, decíamos antes, ya hay orden de aprehensión en contra de José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, líder de la banda de Guerreros Unidos, quien ordenó que se privara de la vida a los 43 estudiantes.

Se informó que también hay orden de aprerhensión en contra de Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, líder de Guerreros Unidos en Iguala en la fecha que se agredió a los estudiantes, y que ya es buscado para enfrentar un mandamiento en su contra por desaparición forzada. En cuanto a El Cabo Gil, el Ministerio Público aportó la transcripción de los mensajes interceptados, con autorización judicial, por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), según los cuales el imputado informó a otros mandos de Guerreros Unidos que entre los estudiantes iban infiltrados miembros de Los Rojos, organización criminal rival y, por ello, ordenó que los secuestraran y asesinaran.

Por último, se afirmó que el gobierno mexicano está a la espera de que en Europa disminuyan los efectos de la pandemia, ya que están pendientes de enviarse a la Universidad de Innsbruck, en Austria, al menos una decena de fragmentos óseos que podrían aportar la identificación de otros estudiantes que fueron victimados en septiembre de 2014 por Guerreros Unidos.

Pensar el normalismo desde Ayotzinapa

Tanalís Padilla*

Alas históricas demandas de los normalistas rurales, los ataques en Iguala el 26 de septiembre de 2014 añadieron una más: que se haga justicia en el caso de sus 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos esa noche. Desde entonces, con la participación de cada nueva generación, los alumnos de estas instituciones marcan la fecha, participan en sus movilizaciones y acompañan a los padres y madres que, tras seis años del crimen de Estado, no han cesado en la búsqueda de sus hijos.

La justicia en el caso no sólo ha sido ilusoria, ha sido deliberadamente negada. El proceso de ofuscación, mentiras y encubrimiento empezó escasas horas después del ataque. Primero se trató de pintar a los estudiantes de Ayotzinapa como partícipes en el crimen organizado; después se dijo que era un asunto puramente local; después vino la mentira histórica, un elaborado montaje oficial afirmando –en contra de toda evidencia científica– que los normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula; después se dio el ataque mediático contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como un intento de espionaje con el spyware Pegasus; después no se renovó el permiso del GIEI para seguir su investigación en México.

Más allá de las normales rurales y el dolor y desesperación de los familiares de los 43 desaparecidos, para muchos, la noche de Iguala fue un despertar. Fue un despertar sobre la brutalidad del Estado, sobre la situación de unas escuelas frecuentemente tachadas de reliquias del pasado, y un despertar sobre las décadas de asedio a sus alumnos. Y ese despertar demandaba acción, una acción que se tradujo en múltiples y constantes protestas, a escala nacional e internacional. Por eso, todo intento de dar carpetazo a la investigación fracasó. Ahora, un nuevo régimen ha expresado su voluntad de encontrar respuestas y ha restaurado el mandato del GIEI.

Esto no significa que se haya hecho justicia ni que necesariamente se hará. El camino parece largo y el crimen ya tuvo daños irrevocables. Los tuvo para los familiares de los desaparecidos, y los asesinados esa noche, y para quienes fueron heridos. Además, el permanente estado de lucha para confrontar las mentiras, defenderse de las calumnias y demandar justicia conlleva a un desgaste físico, emocional y familiar. Y, si bien las movilizaciones en torno a Ayotzinapa aportaron una reconsideración sobre la leyenda negra que desde los círculos oficiales y los medios de comunicación se había construido sobre las normales rurales, la barbarie del crimen también provocó miedo a quienes enviaban, o querrían enviar, a sus hijos a estudiar a una normal rural. Esto contribuyó a una reducción de aspirantes de nuevo ingreso.

Por si fuera poco, la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto canceló la garantía de trabajo que antes tenían los egresados de las normales rurales. Así se socavó seriamente el papel de estas instituciones en formar maestros para las regiones que más los necesitan y de proveer de un trabajo digno a quienes la pobreza da escasas posibilidades de estudiar. Esta reforma marcó una baja todavía más seria en el número de aspirantes, lo cual ha dado pretexto para ir reduciendo el número de becas. No es difícil imaginar cómo este proceso pudiera llevar a una lenta pero eventual extinción de las normales rurales.

Y no sólo han sido las normales rurales las que están siendo estructuralmente debilitadas, es el normalismo en general. Aquí también las acciones de la pasada administración, estableciendo que ya no hacía falta una carrera normalista para ser maestro, amenazaron gravemente al sistema formador de docentes. Esa amenaza se ha recrudecido con la reciente iniciativa que reduciría el presupuesto a la educación normal por un alarmante 95.3 por ciento ( La Jornada, 21/9/20). Tal abrumante ajuste de fondos es una amenaza frontal al sistema.

En el estado de Michoacán –cuna del normalismo rural por persistir allí la más antigua normal rural, originalmente establecida en Tacámbaro y que hoy se localiza en Tiripetío– la crisis en las normales ha llegado a niveles tan críticos que sus egresados decidieron jugarse la vida en plena pandemia al organizar el mes pasado un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Con esta movilización exigían la regularización de trabajo para los cientos de graduados de la generación de 2019 y 2020. Si en Michoacán los normalistas en general han sido blanco de ataques durante el gobierno de Silvano Aureoles, los de Tiripetío en especial han sido víctimas de represión. El más reciente ejemplo se dio el pasado 11 de septiembre, cuando un camión de policía arrolló a estudiantes que se manifestaban por la libertad de sus compañeros detenidos.

Dado este contexto, vale la pena preguntar qué significa hacer justicia en el caso Ayotzinapa. Ciertamente consiste en esclarecer lo sucedido, identificar y procesar a los autores materiales e intelectuales y atender y reparar los daños a los familiares. Pero si se trata, además, de un renovado proyecto de nación, habría también que fortalecer la estructura social y en ella el sistema educativo en general y el normalismo en particular son clave. Debilitarlo o pretender contar con la iniciativa privada es una receta desastrosa. La justicia hacia los derechos humanos no puede ir separada de la justicia social, pretender hacerlo tiene trágicas consecuencias. Establecer ese vínculo requerirá una movilización permanente, cosa que históricamente han comprendido los estudiantes de las normales rurales. ¿Lo comprenderemos también los demás?

* Profesora-investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Autora del libro Después de Zapata: el movimiento jaramillista y los orígenes de la guerrilla en México, 1940-1962 ( Akal/Inter Pares, 2015)

Ayotzinapa: tiempo de resultados

Editorial La Jornada

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó ayer que tanto el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, como el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aceptaron la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para incorporarse a los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.

La encargada de la política interior también informó que la Comisión ampliada se reunirá cada mes con los padres de los estudiantes desaparecidos, además de sostener reuniones internas quincenales en Bucareli, con el fin de revisar los avances en el caso.

Según Sánchez Cordero, existen ya adelantos importantes en las indagatorias y se ha mantenido la coordinación con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que participó en las pesquisas a demanda de los familiares y la sociedad, por lo que hay un optimismo oficial acerca de que en breve tiempo se aclarará el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos luego de los hechos de violencia ocurridos en el municipio Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.

Sin duda es un hecho saludable que un poder soberano –el Judicial–, y un órgano autónomo del Poder Ejecutivo –la Fiscalía–, se sumen de manera plena a los esfuerzos de la Comisión de la Verdad, integrada en su origen por representantes de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Hacienda, así como por delegaciones de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, y de las organizaciones civiles que los acompañan.

Con esta ampliación se da una confluencia de factores que estuvieron ausentes durante más de cuatro años, el más importante de los cuales acaso sea la voluntad política de la Presidencia para esclarecer el horror iniciado hace más de un lustro con la desaparición de los jóvenes.

Dada esta conjunción inmejorable, cabe demandar a las autoridades que los familiares de las víctimas y el conjunto de la sociedad mexicana puedan conocer con exactitud, y sin dilaciones innecesarias, qué pasó entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 y dónde están los 43 estudiantes desaparecidos.

Es evidente que el esclarecimiento debe ir acompañado de la reparación del daño y de la garantía de no repetición, pues sin ellas no podrá hablarse de una aplicación cabal de la justicia en el episodio de violación a los derechos humanos más emblemático de este siglo en México.

Por último, es imprescindible que la investigación se extienda a todos los involucrados en el crimen, y se confirmen o descarten las sospechas de encubrimiento desde las más altas esferas del poder público que enturbiaron el caso en el sexenio anterior.

Para lo anterior deberá emprenderse una revisión exhaustiva de las deficiencias y los aspectos llanamente deplorables de la pesquisa realizada por la extinta Procuraduría General de la República, cuya culminación fue la impresentable verdad histórica, sostenida hasta el final por la administración federal pasada.

Hay avances en el caso Ayotzinapa, pero aún no existen resultados tangibles

La comisión de la verdad cumplió compromisos: Encinas

Hoy, reunión de familiares con el Ejecutivo

▲ Familiares de los 43 normalistas desaparecidos asistieron a Gobernación, donde la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa se reunió con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

A poco más de un año de la integración de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, hemos cumplido de manera muy puntual todos nuestros compromisos y, aunque no tenemos todavía resultados tangibles, ha habido avances significativos, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Un día antes de la tercera reunión de los integrantes de la comisión (familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, funcionarios y organizaciones civiles) con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario se mostró optimista por la ruta que ha tomado la indagatoria.
En particular se refirió a la consolidación (reincorporación) del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el replanteamiento de la mentira histórica, como califica las conclusiones emitidas en el sexenio pasado.
Familiares de los normalistas desaparecidos e integrantes de la Comisión para la Verdad, creada en diciembre de 2018 por decreto presidencial, se reunieron ayer con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien advirtió –de acuerdo con versiones de asistentes al encuentro– que si no resuelven el caso Ayotzinapa nunca va a haber credibilidad en este país.
En la sesión, que duró menos de una hora, el fiscal especial Omar Gómez presentó un recuento de las investigaciones realizadas, pero no ofreció detalles.
Alejandro Encinas señaló en entrevista que hay avances importantes en todo el proceso judicial y destacó la consolidación de la presencia del GIEI.

Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, confirmó el envío de una representación de este organismo al Estado mexicano para la reincorporación de la figura del GIEI.
Independientemente de cómo se llame (el grupo técnico asesor de la CIDH), ellos ya están trabajando; nosotros generamos una coadyuvancia.
La propuesta es que participen cinco especialistas, aunque uno de ellos, Ajejandro Valencia, no tiene disponibilidad de agenda para ello.
Vidulfo Rosales, representante de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, indicó que es un hecho la aprobación del acuerdo para la reinstalación del Grupo de Expertos, porque había algunas diferencias en cuanto a modelos de asistencia, pero ya quedó saldado hoy eso. Esperamos una participación del GIEI en el terreno, con amplias facultades y acceso total, en los hechos, a la investigación, y que se materialice esa coadyuvancia.
Sin embargo, dejó en claro que si bien aspiran a una coadyuvancia total del GIEI, la obligación de esclarecer el caso es del gobierno, en particular de la FGR.
Hay preocupación de los padres de familia porque reconocen avances en materia de búsqueda, que la telefonía ha avanzado, pero se tiene claro que resultados concretos no se tienen, manifestó.

Sin rastro

En cuanto a los retos, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación puntualizó que hasta el momento ninguno de los restos humanos analizados ha coincidido con el perfil genético de algunos de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.

Foto Marco Peláez

Fabiola Martínez y Gustavo Castillo

 Periódico La Jornada

Ayotzinapa/Iguala: lectura desde necropolítica

La Jornada

Maciel Wisniewski

Si bien la masacre en Iguala (bit.ly/2MOjI0f) fue un claro producto de la imperante lógica de la necropolítica en México, la misma constituye también una suerte demiradorque pone al desnudo susmecanismos de muerte, demostrando que:

A pesar de diferentes transformaciones, la estructura de poder en México sigue descansando en su vieja facultad: la necropolítica:la soberanía como el poder de dar vida o muerte(A. Mbembe); si bien el PRI reconfiguró sus herramientas de dominación y pasó por una profunda mutación siguiendo la evolución del propio capitalismo, susfuerzas del ordenlejos de pasar al segundo plano sólo profundizaron sutrabajo de muerte: Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Nochixtlán o Tanhuato sonlugares-casosque demuestran que la soberanía en México consiste básicamenteen el ejercicio de un poder al margen de la leyy dondela paz tiene el rostro de una guerra sin fin.

Si por un lado tenemos a los normalistas rurales,productosde la Revolución que mantienen la llama de una parte de su legado −oportunidad de educación para los pobres y su concientización−, por otro tenemos al Estado posrevolucionario que trata de deshacerse de esteresiduorompiendo códigos éticos, flexibilizando el derecho y obrando en un clima de estado de excepción creando cuerpostorturablesydesechables−morenos y pobres−, un proceso alimentado por la basada en odio de clase y raza lógica del llamadoexterminismo.

La constante demonización y estigmatización de los normalistas, fruto de su activismo político y la sostenida persecución y criminalización por el Estado (pinches ayotzinapos,bandidos manipulados por las guerrillas locas, etcétera), son parte del clásico proceso de laconstrucción del enemigoen el que la deshumanización (parásitos inútilesycucarachas, entre otros) es el paso crucial a convertir el sujeto en unser matable− uccidibile (G. Agamben)− yexterminable.

La noción de necropolítica acuñada por Mbembe con ejemplos de Kosovo, Palestina y Sudáfrica (véase: Necropolitics, en: Public Culture, número 15-1, 2003, p. 11-40) bien podría tener a México como uno de sus casos; ésta es en esencia “un amplio abanico de ‘políticas de muerte’ para el control poblacional” que implica no únicamenteel derecho de matarpor el soberano/el Estado, sino también “de exponer a otros −la propia población de un país incluida− a la muerte” y decidirqué tipo de cuerpos están destinados a ocupar una estrecha franja entre la vida y la muerte, un modo de ejercer el poder que a menudo pasa a ser camuflado comoemergencia,crisis humanitariao...guerra a las drogasy donde una de sus principales herramientas es la creación de ciertaszonas de muerte−pensemos en algunas regiones de México...− donde la muerte mismaes a la vez herramienta de dominación y de resistencia(sic).

Es precisamente en este sentido que el asesinato, el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de los normalistas más allá de su móvil inmediato, se vislumbra también por un lado como una política de disciplinamiento de varones jóvenes de clases subordinadas ante la creciente desigualdad y la privación de derechos y bienes (educación, etcétera) y por el otro, delimpiezaen el contexto de una sostenida en México “guerra en contra de los jóvenes, de los que ‘sobran’, destinados a ser ‘descartados’ con pretexto de la guerra contra las drogas” (C. Fazio, Sobre los hechos de Ayotzinapa/Iguala..., en: La noche de Iguala..., M. Aguilar Mora y C. Albertani, editorial JP, 2015, p. 74).

La instauración de una grave crisis de seguridad −también conocida como laguerra al narcotráfico− unestado de excepción/emergenciaque se extendió con el tiempo y empezó a considerarsenormal, ha sido instrumental en esta política de disciplinamiento olimpieza, haciendo del narcotráfico no sólo un negocio, sino una herramienta de terror y prolongación ( outsourcing) de la contrainsurgencia, donde los grupos criminales que obran mano a mano con agentes estatales son la cara oculta del Estado ( proxy) y continúansu trabajo de muerte.

Así, dado que el crimen organizado es la parte integral del capitalismo tardío −no unaaberraciónen sus márgenes−, la masacre en Iguala ( vide: elquinto autobús) constituye también una ventana a las entrañas del capitalismo narco y necropolíticoque impone decadentes, pero aceleradas formas de acumulación por desposesión con base en la política de muerte y la economía criminal(L. Arizmendi, J. Beinstein, Tiempos de peligro: estado de excepción y guerra mundial, PyV/UAZ, 2018, p. 28-29), y expone elcarácter necrófilodel sistema: lacompulsión por subordinar la vida social al imperativo de la ganancia económica, de convertir lo viviente en oro (la muerte)(C. Fazio..., p. 80), algo que a su vez nos regresa a Mbembe, que localiza la emergencia de la propia necropolítica en el nacimiento del capitalismo y el tráfico de los seres humanos “convertidos ‘en metal’ y en mercancía” ( Necropolitics...).

Si en la dialéctica Ayotzinapa/Iguala el segundo nombre representa la desaparición y la muerte y el primero toda la historia de resistencia y esperanza, el movimiento que se formó en su torno se vislumbra como “un movimiento antinecropolítico” par excellance (bit.ly/2OT3dCL): por la vida, la verdad y la justicia.

*Periodista polaco

Lo que el viejo régimen y su comparsa no le perdonan al GIEI

Rafael Croda 

Integrantes del GIEI durante la entrega del último informe en la normal de Ayotzinapa. Foto: Eduardo Miranda

BOGOTÁ (apro).- Es muy probable que los autores de la llamada “verdad histórica” con la que la que la Procuraduría General de la República (PGR) pretendió dar carpetazo a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa se hubieran salido con la suya de no ser por la intervención de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso.

Fue precisamente el GIEI el que exhibió, con evidencias, testimonios y peritajes, el cúmulo de irregularidades de la investigación que desarrolló la PGR de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón.

Los expertos del GIEI, que fueron convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), descubrieron que hubo líneas de investigación que los funcionarios de Enrique Peña Nieto se negaron a seguir, como la del “quinto autobús” que transportaba heroína con destino a Chicago, y la identidad del “señor de Huitzuco” mencionado por testigos de los hechos.

También demostraron, con un peritaje de José Torero, uno de los especialistas en incendios más reconocidos en el mundo, que era científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en el basurero de Cocula en las condiciones que narraron –luego se supo que bajo tortura— varios testigos a la PGR.

Torero concluyó que para cremar 43 cuerpos en el basurero de Cocula –tesis central de la “verdad histórica”– se hubieran requerido, como “mínimo”, 30 toneladas de leña, 13 toneladas de neumáticos 13 toneladas de combustible y mantener el fuego vivo durante 60 horas, algo que según los propios testigos torturados por la PGR no ocurrió en ese sitio.

El peritaje de Torero fue avalado por científicos mexicanos.

“Es imposible que (los normalistas) hayan sido quemados en Cocula, y la autoridad está en un serio problema porque si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde se quemaron?”, dijo el investigador del Instituto de Física de la UNAM Jorge Montemayor.

En su segundo informe, presentado en abril de 2016, el GIEI reveló que el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, encabezó el 28 de octubre de 2014 una “visita pericial” al Río San Juan, aledaño al basurero de Cocula, que no fue registrada en el expediente del caso.

Curiosamente, al día siguiente de esa “visita”, a la que fue llevado Agustín García Reyes, el “Chereje”, uno de los presuntos implicados en el ataque a los normalistas, apareció en ese tramo del río San Juan una bolsa con los restos de quien sería identificado en la Universidad de Innsbruck como Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos.

En ese mismo informe, el GIEI denunció torturas a 17 de los detenidos, lo que dejó en claro que la investigación de la PGR estaba plagada no sólo de omisiones y obstrucciones, sino de ilegalidades y hasta delitos de lesa humanidad, como la tortura.

El GIEI demostró, con evidencias, que la “verdad histórica” es una versión judicialmente insostenible.

Y esto es algo que no perdonan los funcionarios del gobierno anterior ni la comparsa que se prestó para dar credibilidad a la verdad histórica y para participar en una campaña de desprestigio contra el GIEI, en especial contra las dos mujeres que lo integraban: las exfiscales Ángela María Buitrago, de Colombia, y Claudia Paz, de Guatemala.

Ambas abogadas fueron víctimas de una feroz campaña en la que abundaron las calumnias y las falsedades.

Buitrago, una doctora en derecho y profesora de la Universidad Externado, pidió el año pasado medios mexicanos que publicaron ataques en su contra que rectifiquen la “información falsa” que usaron para intentar desacreditarla.

La exfiscal colombiana entregó a diarios, televisoras y estaciones radiales que la atacaron una sentencia por calumnia que ganó en su país en mayo de 2018 contra el bloguero ultraderechista Ricardo Puentes, quien la acusó de prevaricato y de usar falsos testigos cuando ella era fiscal, en 2010.

Esas acusaciones, que fueron usadas por medios mexicanos para atacarla cuando el GIEI comenzó a develar las irregularidades de la PGR en el caso Ayotzinapa, fueron consideradas “totalmente falsas” por un juzgado en Colombia.

Buitrago, quien coadyuva en la nueva investigación del caso Ayotzinapa que desarrolla la Fiscalía General de la República (FGR), está convencida de que los autores de la “verdad histórica” deben ser investigados.

Desde Murillo Karam hasta Zerón y los diferentes titulares y agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que llevaron las indagaciones del caso Ayotzinapa el sexenio anterior.

“Tendrían que contar de dónde vinieron las órdenes para no seguir determinadas líneas y por qué hicieron diligencias irregulares en las que hubo torturas”, aseguró en una entrevista en julio pasado (Proceso 2226).

Y dijo que no tiene “ninguna duda” de que la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en el basurero de Cocula “no pasó lo que dice la ‘verdad histórica’ que pasó y que, en cambio, hay evidencias que apuntan a que varios de los normalistas fueron llevados hacia Huitzuco y Mezcala.

“No hay un solo elemento que me permita concluir que en Cocula fueron quemados los estudiantes”, aseguró la exfiscal.

Hoy que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la voluntad política de esclarecer el caso Ayotzinapa y de retomar las recomendaciones del GIEI algunos defensores de la “verdad histórica” acuden de nuevo a la narrativa de las tergiversaciones y omisiones que usaron durante el sexenio de Peña Nieto

No es de extrañar que así ocurra. Se trata de meter ruido, de antemano, frente a los hallazgos de la nueva investigación.

Ayotzinapa: a mis 43 hermanos

Aquilino Flores Mejía*

Me llamo Aquilino, soy originario de la Montaña Alta de Guerrero, de origen indígena y de padres campesinos. Las oportunidades de estudio son escasas en nuestra región, por ello, quienes deseamos seguir estudiando, nos vemos en la necesidad de salir.

Por fortuna encontré mi mejor lugar para estudiar en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, que durante más de 93 años ha brindado la oportunidad de estudio a los hijos de campesinos, obreros y maestros. Una escuela de pobres y para pobres, que, por exigir nuestros derechos, como el acceso a la educación, somos reprimidos, estigmatizados, perseguidos, asesinados y encarcelados, por malos gobiernos de nuestro país.

Ahí aprendí a no agachar la cabeza, ni dejarme pisotear y, como decía el maestro Lucio Cabañas Barrientos, ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. En Ayotzi aprendí que la solidaridad es antes que el bienestar personal, me inculcó además tener empatía con los más pobres, asumir el compromiso de llevar educación a los lugares más apartados y luchar por la libertad de expresión y la de los presos políticos.

Ayotzinapa ha sido reprimida un sinfín de ocasiones, basta recordar aquel 12 de diciembre de 2011, en la Autopista del Sol donde fueron asesinados Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. El 7 de enero de 2014, Freddy Fernando Vázquez Crispín y Eugenio Tamarit Huerta, fueron atropellados mientras boteaban en la comunidad de Buenos Aires del municipio de Atoyac de Álvarez en la Costa Grande de Guerrero. Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro perdieron la vida el 4 de octubre de 2016 en un presunto asalto, acontecimientos que han quedado en la impunidad.

Jamás voy a olvidar el 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron a 43 compañeros de mi amada escuela, todos alumnos de nuevo ingreso, y sin que hasta la fecha se conozca su paradero y sin que los responsables materiales e intelectuales hayan sido procesados y castigados como exigimos desde hace cinco años de dolor, de tristeza, de llanto, de soledad, de desesperación, de impotencia, pero también de esperanza, en que un día se haga justicia y nuestros 43 compañeros sean presentados con vida, así, como se los llevaron.

El 26 de septiembre me ha marcado y no logro entender cómo una autoridad del Estado desapareció a nuestros 43 compañeros. Recuerdo ese día con lágrimas y se me vienen a la mente todos esos rostros que nunca volvieron a su alma mater porque el narcoestado actuó de forma cobarde.

Recuerdo que ese día estábamos en una plática de amigos, caía la tarde, miré que partían a una actividad común dentro de la escuela, pues al no tener los apoyos necesarios por parte de los tres niveles de gobierno, se llevan a cabo diversas actividades para tener el sustento de las prácticas profesionales. Nunca imaginé que no regresarían. Me duele mucho no saber de su paradero y que las autoridades responsables no hayan sido castigadas, sino premiadas, y el caso esté en total impunidad como en los más de 40 mil desaparecidos en el país.

Eran como las ocho de la noche, de pronto recibimos la noticia de que les dispararon y que habían matado a dos de nuestros compañeros; en ese momento mi cuerpo se entumeció y por mi cabeza pasaron muchas ideas, sentí una gran desesperación por no poder ayudar a mis hermanos, eso me pesa mucho todos los días, quiero saber la verdad, que haya justicia y que no se repita este tipo de hechos.

Entristezco cada que se aproxima el 26 de septiembre, pues es una fecha de mucho dolor para mí, por no saber nada de nuestros compañeros a cinco años de su desaparición forzada.

Sabemos que ese día participó la policía municipal, la Policía Federal y el Ejército, partícipes directos en la desaparición forzada de los 43, del asesinato de Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava, y los responsables de que Aldo Gutiérrez Solano se encuentre en estado vegetativo y tres civiles más asesinados por el ataque del Estado.

Recuerdo mucho la foto de Julio César Mondragón Fontes. Me cuesta trabajo describir cómo me siento al recordar su rostro, sólo sé de a los que les han quitado la vida por las armas del gobierno.

Desde donde estén quiero decirles que los extrañamos y que seguimos exigiendo justicia a estos gobiernos insensibles y sordos, pues en nuestro México ser estudiante es lo más peligroso, sus intereses personales prevalecen sobre la justicia, el respeto por los derechos humanos y el derecho a la vida.

Escribo estos renglones, porque sé que llegaron a la Normal por la pobreza, por la inseguridad, por falta de oportunidades en nuestros pueblos, pero sé también que lo hicieron porque Ayotzi nos brinda la oportunidad de superarnos.

A ustedes compañeros 43 que no han regresado con sus familias y compañeros, quiero decirles que sus madres y padres de día y de noche sin descanso oran y buscan en todos los rincones del mundo, sus compañeros de la Normal están resistiendo y siguen esperándolos en su casa, al igual que nosotros.

México y las organizaciones sociales siguen levantando la voz, los estudiantes siguen siendo asesinados, pero han levantado la voz, el mundo entero quiere saber de ustedes y se suman cada vez más voces en la exigencia de su presentación con vida.

Me cuesta decirlo, pero tengan por seguro que los encontraremos, sé que es difícil. Los que no los olvidan nunca son su padres y madres, están preocupados por ustedes, quieren saber si comieron, si durmieron, si están bien de salud, me desagarra el alma verlos sufrir por ustedes y que luchan incansablemente por saber su paradero.

¡Cuando alguien muere se le tiene que dejar ir, pero cuando a alguien se le desaparece, se le tiene que hacer volver!

* Egresado de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y estudiante de Sicología en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Reactivan pruebas del caso Iguala para evitar que más detenidos salgan de prisión

Para evitar que más involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa puedan salir de prisión, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Iguala está aportando pruebas que ya existían en las indagatorias iniciadas por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), y que no habían sido entregadas a los jueces federales.

En entrevista con La Jornada, el fiscal especial Omar Gómez Trejo, reveló que entre otras pruebas se están aportando los peritajes y cruces telefónicos de los mensajes que realizaron integrantes de Guerreros Unidos que se encontraban en México y Estados Unidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Hasta ahora han obtenido su libertad 74 de los 142 detenidos por estar relacionados con la privación ilegal de la libertad de los 43 normalistas y su posterior desaparición, debido a errores en la integración de las averiguaciones previas, y la comisión de violaciones al debido proceso y actos de presunta tortura.

Al respecto, se le preguntó al fiscal qué se hace para evitar que puedan recuperar su libertad otros imputados, a lo cual refirió: Promover pruebas que en su momento obraban dentro de la propia investigación y que tenían que haber sido ofrecidas a las autoridades jurisdiccionales con ese ánimo de lograr un convencimiento para terminar la etapa de instrucción y lograr ­sentencias.

Asimismo, explicó, la unidad busca acuerdos con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que se encargue de la aplicación del Protocolo de Estambul a los detenidos que han señalado que fueron objeto de tortura para determinar si es verdad o no la comisión de esa irregularidad, y se aportará a los tribunales. Agregó que durante las administraciones pasadas se aplicaron estos protocolos, “pero en su mayoría salieron negativos. Hay que repetirlos, según los requerimientos del tribunal colegiado, y entre ellos está que sean llevados a cabo por una autoridad diferente a las ministeriales y policiacas que llevaron a cabo las detenciones y consignaciones.

El acuerdo que se ha celebrado con la comisión [capitalina], es importante, en el sentido de darle credibilidad y sostenibilidad a la práctica de estos protocolos.

Aseguró que otra prueba que se está aportando son los dictámenes en telefonía, los cruces de conversaciones que en su momento se dieron, la geolocalización de los telefonemas, y también los mensajes entre Guerreros Unidos desde Chicago, Estados Unidos y en Mexico.

Emir Olivares y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Domingo 29 de septiembre de 2019, p. 9

Parte 1,826 (días): Ayotzinapa, cinco años

Imanol Ordorika

Estudiantes, normalistas, de Ayotzinapa, los más pobres de todo la nación, fueron atacados a mansalva por policías estatales y municipales, en presencia de miembros del Ejército y otras fuerzas federales.

El saldo fue de seis muertos: Julio César Mondragón, Daniel Solís y Julio César Ramírez (alumnos normalistas), David Josué García (futbolista del equipo Los Avispones de Chilpancingo), Víctor Manuel Lugo (chofer del autobús de Los Avispones) y Blanca Montiel (pasajera de un taxi) y, al menos, 12 heridos: Fátima Viridiana Bahena (maestra), Alfredo Ramírez (maestro), Enrique Hernández (chofer de taxi), Norma Angélica Rendón (periodista), Hermenegildo Morales (agente del Ministerio Público), Francisco Medina, Luis Ángel Torreblanca, Félix Pérez, Carlos Adame, Pedro Rentería, Jorge León Sáenz y Facundo Serrano (integrantes de Los Avispones).

Hay 43 estudiantes normalistas desa-parecidos: Bernardo Flores Alcaraz, Felipe Arnulfo Rosa, Benjamín Ascencio Bautista, Israel Caballero Sánchez, José Ángel Navarrete González, Marcial Pablo Baranda, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Marco Antonio Gómez Molina, César Manuel González Hernández, Julio César López Patolzin, Abel García Hernández, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, Doriam González Parral, Jorge Luis González Parral, Alexander Mora Venancio, Saúl Bruno García, Luis Ángel Abarca Carrillo, Jorge Álvarez Nava, Christian Tomás Colón Garnica, Luis Ángel Francisco Arzola, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, José Luis Luna Torres, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Mauricio Ortega Valerio, José Ángel Campos Cantor, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Giovanni Galindes Guerrero, Jhosivani Guerrero de la Cruz, Leonel Castro Abarca, Miguel Ángel Hernández Martínez, Antonio Santana Maestro, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Israel Jacinto Lugardo, Adán Abraján de la Cruz, Abelardo Vázquez Periten, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Martín Getsemany Sánchez García, Cutberto Ortiz Ramos, Everardo Rodríguez Bello, Jonás Trujillo González, José Eduardo Bartolo Tlatempa.

Fue un crimen de Estado. Así lo demostraron las variadas acciones de las fuerzas del orden público, de nivel municipal y estatal en el ataque; la responsabilidad directa del gobierno municipal y del gobernador del estado de Guerrero, por acción u omisión; así como la inacción de diversas instancias del propio gobierno federal, que estaban enteradas de los acontecimientos. También la complicidad de las policías locales, federales y el Ejercito, con grupos criminales durante los ataques, el secuestro y la desaparición de los estudiantes. Finalmente, la construcción, desde el gobierno federal, de un tejido de complicidad, encubrimiento y protección a funcionarios, cuerpos de seguridad e instituciones de nivel municipal, estatal y federal. Todo esto ha sido demostrado por la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su Informe Ayotzinapa.

Por el contrario, las procuradurías, estatal, en un primer momento, y la General de la República, hasta su disolución, por incapacidad y con intención deliberada, entorpecieron las investigaciones, destruyeron pruebas, torturaron testigos y presentaron como verdad un conjunto de explicaciones inverosímiles e insostenibles con hechos y pruebas. A esto le llamaron verdad histórica.

1º de julio, 2018, México.

Votantes en todo el país, mujeres y hombres, emitimos más de 30 millones de votos por el cambio. Una muestra impresionante de vocación por la democracia, por la verdad, por la paz y por la presentación de los desaparecidos, entre otras aspiraciones del pueblo mexicano. Los resultados de la votación han generado grandes esperanzas.

26 de septiembre, 2019, México.

Han pasado cinco años desde los hechos de Iguala, Guerrero.

Los 43 estudiantes de Ayotzinapa siguen desaparecidos.

La verdad histórica pende aún sobre la sociedad mexicana como un lastre. La podredumbre y violencia de las investigaciones, con las que se pretendió construir esa versión gubernamental, ha dado argumentos a algunos jueces para liberar a criminales y policías involucrados en los hechos de violencia de Iguala.

Las expectativas por encontrar a los desaparecidos, por conocer la verdadera verdad de los hechos y por el castigo de los culpables directos, de los encubridores y de quienes falsearon las investigaciones, sigue creciendo día con día. La base para cualquier investigación está dada por el informe del GIEI.

Mientras tanto, la herida todavía está abierta…

Iguala: a cinco años de la barbarie

La Jornada Editorial

El 26 de septiembre de 2014 marcó un antes y un después en México. La noche de ese día, en Iguala, Guerrero, cuerpos armados del Estado agredieron a un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa que habían llegado a la ciudad para tomar autobuses a fin de trasladarse a la capital de la República para participar en los actos conmemorativos del 2 de octubre. Policías municipales de Iguala, posiblemente respaldados por otros de Cocula y de Huitzuco, y presuntamente con algún grado de participación de la policía estatal, la Federal y efectivos del Ejército, balacearon a los normalistas, mataron a tres de ellos y a otros tres civiles, causaron graves lesiones a dos de los estudiantes y se llevaron a 43, de los cuales hasta la fecha se ignora su paradero.

La atrocidad fue minimizada desde un principio por los gobiernos estatal y federal, los cuales despreciaron el clamor social que llamaba, antes que nada, a buscar a los muchachos desaparecidos y que en los días siguientes creció a una exigencia masiva y multitudinaria de justicia y esclarecimiento. La extinta Procuraduría General de la República tardó dos semanas en atraer el caso y cuando al fin lo hizo emprendió una investigación que ha quedado registrada como ejemplo de desaseo, omisión, fabricación de culpables, alteración de indicios, desaparición de pruebas y engaño a la sociedad. A fines del mes siguiente el entonces procurador, Jesús Murilllo Karam, presentó unas conclusiones inverosímiles: los normalistas, dijo, habían sido entregados por sus captores uniformados a un grupo local de la delincuencia organizada –los llamados Guerreros Unidos–, trasladados a la vecina Cocula, donde fueron asesinados e incinerados en el basurero municipal de esa población.

Lo que el funcionario llamó verdad histórica resultaba insostenible por sus múltiples inconsistencias con la realidad, y, sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto se aferró a esa versión hasta el último día del sexenio. La presión y la movilización social encabezada por los familiares de los normalistas desaparecidos y la desconfianza en las autoridades nacionales obligó al régimen a aceptar la coadyuvancia de instancias internacionales como el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, las cuales dieron a conocer múltiples aspectos que desmentían los dichos oficiales.

Ante las revelaciones de esos equipos y la falta de resultados creíbles en el trabajo de la PGR el descrédito del Ejecutivo federal creció de manera exponencial. Junto con la revelación de la Casa Blanca de las Lomas, que tuvo lugar unos meses después, la barbarie de Iguala marcó un punto de declive irremediable para el gobierno peñista y para el régimen en su conjunto. Buena parte de la sociedad cobró conciencia de golpe de lo irrelevantes que eran para la autoridad la protección de los derechos humanos y la escandalosa impunidad resultante. Los sucesos trágicos y exasperantes de hace cinco años y la secuela de opacidad, irresponsabilidad y encubrimiento en que se desarrolló la investigación incidieron en forma decisiva en la erosión final del ciclo de gobiernos neoliberales. El impacto en la población influyó a su manera en la aplastante derrota electoral sufrida por el Partido Revolucionario Institucional en los comicios generales del año pasado.

El nuevo gobierno, por su parte, tenía desde su arranque el compromiso ineludible de esclarecer las razones reales de la barbarie, dar con el paradero de los normalistas e impulsar la revisión de los graves vicios en los que incurrió la PGR.

Ciertamente, esta revisión es una tarea colosal y complicada y debe llevar no sólo al establecimiento de la verdad a secas, sino también a fincar responsabilidades penales a quienes pervirtieron la procuración de justicia. La Cuarta Transformación ha empeñado en ello voluntad política y la sensibilidad de la que careció el gobierno anterior, pero estas condiciones favorables deben traducirse en resultados. Las madres y los padres de los muchachos asesinados, heridos y desaparecidos tienen derecho a conocer con toda precisión qué ocurrió con sus hijos y, en el caso de los últimos, dónde están. La justicia plena ante crímenes que pueden ser tipificados de lesa humanidad no debe demorar mucho tiempo más. A México le urge saldar ese episodio de tragedia y barbarie y para ello no hay otro camino que establecer la verdad, hacer justicia, reparar el daño y garantizar la no repetición. Hoy, a cinco años de la atrocidad, el país debe construir la certeza de que un caso semejante no va a suceder nunca más.