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2/09/2020

¿Mano negra?


La historia se repite. Una vez más se acusa a un movimiento estudiantil de estar sujeto al control de actores externos a los que se califica como la mano negra que dirige sus acciones.
El 15 de mayo de 1929, el entonces presidente, Portes Gil, acusó a los líderes del movimiento estudiantil de ser ajenos a la Universidad y perseguir fines políticos. Eran, a su juicio, la mano negra de su época, un intento de desestabilizar a la Universidad y al país. El 10 de julio del mismo año, el Congreso aprobó la Ley Orgánica que otorgó la autonomía. Pocos años después, el movimiento del 29 y sus líderes serían considerados los protagonistas de acontecimientos históricos que dotaron a la llamada máxima casa de estudios de una de sus mayores fortalezas: la autonomía.
En 1968, según el gobierno, el movimiento estudiantil era promovido y dirigido por la mano negra del comunismo internacional. Caracterizaban a la lucha estudiantil como un intento de desestabilización del régimen y del país, en la víspera de las Olimpiadas. En las torturas e interrogatorios la policía perseguía también a la mano negra de priístas resentidos. Lombardo Toledano decía que la CIA era la mano que mecía la cuna. Cincuenta años después nadie se atreve a sostener algo así y se reconoce la fuerza ética y moral del movimiento, junto a su claridad política y capacidad organizativa.
En 1986-87, el rector Carpizo acusó en un desplegado público a diversas organizaciones políticas (Convergencia Comunista 7 de Enero, Partido Revolucionario de los Trabajadores y revista Punto Crítico, entre otras) de estar atrás del Consejo Estudiantil Universitario. Esas eran las manos negras cuyos agentes y agitadores profesionales manipulaban a los estudiantes en la lucha contra las reformas restrictivas del acceso y la permanencia de estudiantes en la Universidad, así como por la gratuidad y el Congreso Universitario. Como en otras ocasiones se intentó desacreditar a todo el movimiento aduciendo la presencia de intereses políticos ajenos a la Universidad.
El discurso se repitió con más fuerza y encono en la larga huelga del Consejo General de Huelga, en 1999-2000. También se les llamó infiltrados, agitadores, representantes de intereses políticos externos inconfesables. Las manos negras se ubicaban tanto en el gobierno del Distrito Federal como en diversos grupos denominados ultraizquierdistas. La demanda central de gratuidad fue lograda a un alto costo, la entrada de la policía a la UNAM y la detención de centenares de estudiantes.
Hoy las luchas de 86-87 y 99-2000 han sido completamente legitimadas. Esto es lo que representa en los hechos el reconocimiento del derecho a la educación superior pública gratuita en el artículo tercero. Las manos negras llegaron hasta la Constitución.
Quienes han invocado estos descalificativos para los movimientos de estudiantes se han equivocado siempre. Hoy asumen, una vez más, que las estudiantes en lucha contra la violencia de género son jóvenes manipulables, sin claridad ni voluntad propias. No entienden ni aceptan que tienen la capacidad para definir sus demandas, organizarse, diseñar sus estrategias y poner en práctica acciones de manera independiente.
Se les trata de anular al hablar de mano negra y de desestabilización. Buscan explicaciones simplistas, responsables materiales e intelectuales ajenos a sus movimientos. Al centrarse en encontrar la mano negra, quienes las acusan son incapaces de entender y atender las causas reales que dan lugar a las tomas y paros. Por ello no conocen verdaderamente a las estudiantes en lucha. No hay respeto, no reconocen a sus organizaciones, no se dirigen a ellas, ni utilizan los nombres de sus colectivos.
En este contexto de polarización, los conflictos se alargan, se generan más condiciones de radicalización, de incorporación de nuevas demandas y actores estudiantiles, de otros proyectos políticos y otras formas de acción.
Es el discurso de la mano negra el que verdaderamente provoca y desestabiliza. Genera mayor distancia y desconfianza. Impide la construcción de canales de comunicación, la construcción de propuestas compartidas para erradicar la violencia de género y, al final de cuentas la búsqueda de acuerdos necesarios para encauzar los conflictos y entrar en un proceso de construcción colectiva de una UNAM sin violencia y con verdadera igualdad de género.

9/27/2019

Parte 1,826 (días): Ayotzinapa, cinco años



Estudiantes, normalistas, de Ayotzinapa, los más pobres de todo la nación, fueron atacados a mansalva por policías estatales y municipales, en presencia de miembros del Ejército y otras fuerzas federales.
El saldo fue de seis muertos: Julio César Mondragón, Daniel Solís y Julio César Ramírez (alumnos normalistas), David Josué García (futbolista del equipo Los Avispones de Chilpancingo), Víctor Manuel Lugo (chofer del autobús de Los Avispones) y Blanca Montiel (pasajera de un taxi) y, al menos, 12 heridos: Fátima Viridiana Bahena (maestra), Alfredo Ramírez (maestro), Enrique Hernández (chofer de taxi), Norma Angélica Rendón (periodista), Hermenegildo Morales (agente del Ministerio Público), Francisco Medina, Luis Ángel Torreblanca, Félix Pérez, Carlos Adame, Pedro Rentería, Jorge León Sáenz y Facundo Serrano (integrantes de Los Avispones).
Hay 43 estudiantes normalistas desa-parecidos: Bernardo Flores Alcaraz, Felipe Arnulfo Rosa, Benjamín Ascencio Bautista, Israel Caballero Sánchez, José Ángel Navarrete González, Marcial Pablo Baranda, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Marco Antonio Gómez Molina, César Manuel González Hernández, Julio César López Patolzin, Abel García Hernández, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, Doriam González Parral, Jorge Luis González Parral, Alexander Mora Venancio, Saúl Bruno García, Luis Ángel Abarca Carrillo, Jorge Álvarez Nava, Christian Tomás Colón Garnica, Luis Ángel Francisco Arzola, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, José Luis Luna Torres, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Mauricio Ortega Valerio, José Ángel Campos Cantor, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Giovanni Galindes Guerrero, Jhosivani Guerrero de la Cruz, Leonel Castro Abarca, Miguel Ángel Hernández Martínez, Antonio Santana Maestro, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Israel Jacinto Lugardo, Adán Abraján de la Cruz, Abelardo Vázquez Periten, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Martín Getsemany Sánchez García, Cutberto Ortiz Ramos, Everardo Rodríguez Bello, Jonás Trujillo González, José Eduardo Bartolo Tlatempa.
Fue un crimen de Estado. Así lo demostraron las variadas acciones de las fuerzas del orden público, de nivel municipal y estatal en el ataque; la responsabilidad directa del gobierno municipal y del gobernador del estado de Guerrero, por acción u omisión; así como la inacción de diversas instancias del propio gobierno federal, que estaban enteradas de los acontecimientos. También la complicidad de las policías locales, federales y el Ejercito, con grupos criminales durante los ataques, el secuestro y la desaparición de los estudiantes. Finalmente, la construcción, desde el gobierno federal, de un tejido de complicidad, encubrimiento y protección a funcionarios, cuerpos de seguridad e instituciones de nivel municipal, estatal y federal. Todo esto ha sido demostrado por la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su Informe Ayotzinapa.
Por el contrario, las procuradurías, estatal, en un primer momento, y la General de la República, hasta su disolución, por incapacidad y con intención deliberada, entorpecieron las investigaciones, destruyeron pruebas, torturaron testigos y presentaron como verdad un conjunto de explicaciones inverosímiles e insostenibles con hechos y pruebas. A esto le llamaron verdad histórica.

1º de julio, 2018, México.
Votantes en todo el país, mujeres y hombres, emitimos más de 30 millones de votos por el cambio. Una muestra impresionante de vocación por la democracia, por la verdad, por la paz y por la presentación de los desaparecidos, entre otras aspiraciones del pueblo mexicano. Los resultados de la votación han generado grandes esperanzas.

26 de septiembre, 2019, México.
Han pasado cinco años desde los hechos de Iguala, Guerrero.
Los 43 estudiantes de Ayotzinapa siguen desaparecidos.
La verdad histórica pende aún sobre la sociedad mexicana como un lastre. La podredumbre y violencia de las investigaciones, con las que se pretendió construir esa versión gubernamental, ha dado argumentos a algunos jueces para liberar a criminales y policías involucrados en los hechos de violencia de Iguala.
Las expectativas por encontrar a los desaparecidos, por conocer la verdadera verdad de los hechos y por el castigo de los culpables directos, de los encubridores y de quienes falsearon las investigaciones, sigue creciendo día con día. La base para cualquier investigación está dada por el informe del GIEI.
Mientras tanto, la herida todavía está abierta…

9/20/2019

Más presupuesto a educación superior



La reducción establecida en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 es muy preocupante. Los recortes para universidades de los estados, instituciones tecnológicas públicas y, sobre todo, escuelas normales representan serios obstáculos para el cumplimiento del propósito de incluir en la educación superior a todas las personas que tienen derecho a ella y de fortalecer a las instituciones dedicadas a la formación de nuevos docentes.
El artículo tercero de la Constitución, recientemente aprobado, contiene al menos cuatro temas de suma relevancia para la educación superior de la nación. En primer lugar, es importante destacar la ratificación de la autonomía universitaria, con la permanencia literal de la fracción séptima de este artículo. Los otros tres temas corresponden a nuevos derechos educativos establecidos por la reforma, en particular la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior pública, así como la recuperación de la centralidad y el fortalecimiento de las escuelas normales. Todos ellos responden a demandas sociales enarboladas por estudiantes de diferentes tipos de instituciones de educación superior (IES) públicas, en las décadas recientes.
Hoy la Constitución reconoce el derecho de los egresados de educación media superior a estar en las aulas. Plantea la obligatoriedad como una responsabilidad del Estado, lo que significa en los hechos el compromiso de ampliar la oferta de educación superior pública. Además, consagra el derecho a la educación superior pública gratuita. Ratifica el carácter superior de la educación normal, recupera su centralidad como parte del sistema educativo nacional y compromete al Estado a fortalecerla y apoyarla.
Las retos y expectativas que plantea la inclusión de estos nuevos derechos en el artículo tercero son inmensas. Se requieren grandes esfuerzos normativos, organizativos y presupuestales para hacerlos realidad.
El artículo tercero ordena que para cumplir los principios de obligatoriedad de la educación superior, y por tanto también la gratuidad, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios y que en particular se establecerá́ un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura.
Para el fortalecimiento de las escuelas normales se hacen previsiones especiales: el establecimiento, en leyes secundarias, de criterios obligatorios para el Ejecutivo federal, para su desarrollo institucional y regional, la actualización de sus planes y programas de estudio para promover la superación académica y contribuir a la mejora de la educación, así como el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento la definición por parte del mismo Ejecutivo, de una estrategia nacional de mejora de las escuelas normales.
En contraste el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 plantea un escenario de restricciones y limitaciones para la educación superior pública. El monto asignado a las universidades e instituciones públicas federales no crece en términos reales. Los programas de la Dirección General de Educación Superior Universitaria disminuyen, en conjunto, 0.95 por ciento en términos reales, con caídas de 30 por ciento en los programas de carrera docente en universidades públicas estatales (UPES) y el de fortalecimiento de la excelencia educativa. El subsidio ordinario a las UPES cae en 0.4 por ciento. Los fondos extraordinarios para educación superior disminuyen en 26 por ciento. No hay previsión presupuestal para atender a las universidades en situación de crisis estructural. Además, el fondo para obligatoriedad y gratuidad previsto en el artículo 3 no está incluido en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por otro lado, los subsidios ordinarios para universidades públicas estatales con apoyo solidario y para universidades interculturales tiene una caída de 0.4 por ciento y el del Tecnológico Nacional de México se redujo en 0.2 por ciento. Finalmente, el presupuesto para la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación sufrió una reducción real de 41.5 por cientos, principalmente en el apoyo para escuelas normales.
Existe una gran incongruencia entre la nueva normatividad educativa, plasmada en la Constitución, y las asignaciones presupuestales, propuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este contexto corresponde a la Cámara de Diputados, en la aprobación del presupuesto definitivo, resolver esta contradicción en favor de la aplicación de los nuevos derechos para la educación superior.

7/10/2019

Educación superior: financiamiento 2020



Desde hace semanas se trabaja en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020. Procesos de planeación, gestión y diseño tienen lugar en las instituciones, entidades y en las secretarias de Estado. Son especialmente relevantes la interacción y negociaciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con recambio de titular, que habrá de integrar el PPEF que se presentará a la Cámara de Diputados.
En la educación superior pública tienen lugar negociaciones por institución y otras colectivas, coordinadas por la Subsecretaría de Educación Superior (SES) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), en múltiples niveles. Las simplificamos aquí en tres grandes temas.
Primero, definición de los montos de subsidio federal dedicados a las universidades públicas de los estados, politécnicas, tecnológicos y otras, así como los correspondientes a organismos descentralizados, las instituciones de educación superior (IES) federales.
En otro orden, asignación de recursos correspondientes a casi una decena de fondos extraordinarios (en el presupuesto 2019 fueron ocho). Este rubro incluye ahora el Fondo de Aportaciones para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior, que se desprende de estos principios establecidos en el artículo tercero recién aprobado, y del transitorio decimocuarto del mismo artículo.
Finalmente, determinar cantidades y procedimientos para continuar el rescate de las IES en crisis. Se trata aquí de dar continuidad a los esfuerzos de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) para fortalecer y sanear las finanzas de las instituciones en dificultades financieras, cuya causa principal es la falta de reconocimiento de plazas por parte de la SHCP.
Los antecedentes del financiamiento a las IES han sido bien sistematizados, a partir de datos oficiales, por Javier Mendoza Rojas. El análisis revela décadas de políticas erráticas en la asignación de subsidios federales. El financiamiento para las subfunciones de educación superior y posgrado se incrementó de aproximadamente 50 mil millones de pesos (MMP, constantes de 2019) en 1988, hasta 149.5 MMP, 0.68 por ciento del PIB, en 2014. Cayó a 127.5 MMP en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto y aumento 2.1% a 135 MMP, sólo 0.54 por ciento del PIB, durante el primero de Andrés Manuel López Obrador.
A partir de la misma fuente es posible ver que entre 2018 y 2019 el incremento al subsidio ordinario a las IES públicas federales fue de cero por ciento y a las estatales de 0.1 por ciento. Los fondos extraordinarios de apoyo a la calidad, ampliación de la oferta y apoyo a problemas estructurales cayeron de 15.8 MMP en 2009 a 1.7 MMP en 2019. La inclusión de los fondos jóvenes construyendo futuro y el correspondiente a las universidades Benito Juárez implicaron un incremento de 4.2 por ciento respecto de 2018.
Para tener un mejor referente del significado de las variaciones en el financiamiento federal a las IES resulta conveniente comparar los datos correspondientes al gasto por alumno durante cada sexenio. De acuerdo con Mendoza Rojas el promedio, a pesos de 2019, fue de: 53.2 mil pesos en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; 61.7 mil en el de Ernesto Zedillo; 67.2 en el de Vicente Fox; 69.5 mil en el de Felipe Calderón; 59.3 en el de Peña Nieto, y de 49.3 mil en el primer año de López Obrador. En lugar del incremento esperado, la caída entre estos últimos años fue superior a 20 por ciento.
Hoy se requiere un fuerte compromiso financiero que permita consolidar logros, ampliar la oferta pública y hacerla gratuita. Implica el establecimiento de un fondo que aporte 17.5 MMP anuales para alcanzar la gratuidad y una cobertura de 50 por ciento, al final del sexenio. Esta cantidad es adicional a la obligatoria asignación de más de 150 MMP para subsidios ordinarios y otros extraordinarios, en 2020.
Los gobiernos tradicionales exaltaban la importancia de la ciencia y la educación superior, sin reflejo en el presupuesto. El reto ahora es pasar del dicho repetido a la asignación de los recursos suficientes. Esta es una de nuestras expectativas de cambio.

6/21/2019

Los ingresos de los académicos



En las pasadas semanas se ha discutido, dentro y fuera de la academia, sobre los ingresos de profesores e investigadores de universidades, centros y otras instituciones de educación superior (IES) públicas. En muchos casos las discusiones han sido parciales y poco informadas, motivadas por la aplicación de recortes en algunas instituciones y se han exacerbado con reportes de prensa confusos y rumores en redes sociales.
Los sistemas de remuneración de los académicos se volvieron muy complejos desde los años 80. Con las crisis de 1976 y 1982, los salarios en el país tuvieron caídas dramáticas. La educación superior no fue una excepción. La caída real del promedio de los salarios de profesores, investigadores y técnicos académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue de -70 por ciento.
Esta reducción porcentual fue aun mayor que las tasas de caída del salario mínimo. Hacia la academia prevaleció una política deliberada de contención salarial. La intención fue establecer sistemas de pagos por méritos, diferenciados, basados en la medición de resultados. En 1984 se creó el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y pronto una diversidad de programas de incentivos o estímulos en las IES y centros de investigación.
En la UNAM, el SNI y los incentivos representan entre 55 por ciento y 80 por ciento del ingreso máximo posible (según nombramiento, categoría, nivel y antigüedad). La situación en las otras IES es parecida, aunque en el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) el salario base tiene un peso aún menor en el ingreso total.
Este sistema de remuneración fue impuesto por sucesivas administraciones federales. Fue diseñado y concebido para introducir prácticas de mercado en la academia. En nombre de la calidad se impusieron nociones de competencia y productividad. Se buscó, con toda intención, estratificar y jerarquizar a los académicos, entre sí y entre las diversas instituciones.
Las comunidades hemos logrado reducir algunos de los problemas e impactos negativos de estas políticas. Pero el SNI y los estímulos siguen presentando muchos problemas y generando críticas de los propios académicos. Las tres más notables son: a) el incremento de la desigualdad en las remuneraciones de los profesores (sobre todo entre los de tiempo completo y los de asignatura), b) la reducción del trabajo académico a medidas cuantitativas de productividad e impacto y c) la disolución de la vida académica colectiva y la colegialidad.
Con todo y estos problemas los académicos alcanzamos cierta estabilidad y certidumbre, sobre las reglas en que se basan las remuneraciones. Luchas y presiones de años nos han permitido recuperar ingresos más dignos. Un ejemplo, en 1976 el salario promediado de los académicos de carrera en la UNAM era de casi 15 salarios mínimos (smn). Hoy es de 5 smn. El resto de los ingresos proviene, en una estimación gruesa, de los estímulos (4 smn) y el SNI (5 smn). En promedio el ingreso es un poco menor que en 1976.
Son ingresos justos, y no privilegios. Corresponden a la preparación intensa que requerimos y hemos adquirido a lo largo de años, así como al trabajo especializado que realizamos. En el resto de las IES del país las remuneraciones suelen ser menores, el acceso a estímulos y al SNI más limitado y la estabilidad del ingreso más precaria.
Estos sistemas podrían ser transformados, perfeccionados o eliminados, siempre y cuando los propios académicos participemos en su discusión y evaluación, así como en las propuestas de cambio o diseño de alternativas, si fuera necesario. Mientras esto no ocurra, hoy es imprescindible garantizar a profesores, investigadores y técnicos que sus remuneraciones no están en peligro.

6/06/2019

La academia en jaque

Imanol Ordorika
La Jornada

Por décadas las instituciones de educación superior (IES) y los centros de investigación públicos han estado sujetos a políticas restrictivas y vaivenes del financiamiento federal. En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se reconoce queDurante el periodo neoliberal el sistema de educación pública fue devastado por los gobiernos oligárquicos; se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior, se sometió a las universidades públicas a un acoso presupuestal sin precedentes.
La elección de 2018 generó expectativas de cambio, con un gobierno que pusiera fin a las políticas de recortes presupuestales, de límites a la autonomía y la libertad de cátedra y de competencia por fondos y subsidios. En el ámbito de la educación y la investigación, fue un aliciente para que la academia (profesores e investigadores), los estudiantes y los trabajadores se inclinaran claramente en favor de esta opción electoral.
Las políticas que ahora impactan a las instituciones de educación superior, a los Centros-Conacyt y a la investigación en institutos nacionales de salud (INS) y hospitales de altas especialidades (HAE), sin embargo, han generado incertidumbre, decepción e indignación. La Secretaría de Educación Pública y el Conacyt no han definido proyectos específicos, pero de hecho el gobierno los ha fijado con los recortes de la Secretaría de Hacienda, los efectos de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos y el memorándum del Ejecutivo (3 de mayo de 2019) sobre austeridad republicana. Todo ello se ha sumado a una actitud de descalificación superficial y desinformada de las instituciones y los académicos, acusados de ser privilegiados, corruptos e ineficientes, a partir de casos particulares como el de Sosa en Hidalgo o la estafa maestra.
Entre las acciones más drásticas contra las instituciones de educación superior, de investigación y de salud están las reducciones presupuestales a los INS, HAE y los Centros Conacyt; el congelamiento de fondos a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), con la consecuente suspensión de becas a estudiantes; la reducción de ingresos a académicos a través de la aplicación de impuestos a becas e incentivos en la UAM, el Cinestav y los Centros Conacyt; el despido de pasantes, residentes y académicos contratados por honorarios en casi todas las instituciones; y el control desde la Presidencia de los viajes de los académicos en IES no autónomas.
Estas políticas de hecho hacia la educación superior y la investigación no han sido presentadas, discutidas ni mucho menos consensadas con las instituciones y las comunidades académicas. Tensan la relación entre éstas y el gobierno federal al desconocer los procesos existentes de colaboración y los mecanismos de diálogo necesarios entre la academia y los diversos órdenes de gobierno. Con estas acciones se vulnera la libertad de cátedra y de investigación, y en el caso de algunas universidades, se violenta la autonomía. En suma, el gobierno ha puesto a la academia en jaque.
Desde la academia hay que debatir y argumentar para mostrar la necesidad de revertir estas decisiones. Al final, como en todo proceso político, esto dependerá de las respuestas y acciones de los actores institucionales y académicos involucrados en defensa de la educación superior y los espacios de investigación públicos.

2/14/2019

Educación superior: autónoma, gratuita y obligatoria



Las instituciones de educación superior (IES) públicas de México –universidades, tecnológicos, normales e interculturales– tienen historias, tradiciones, orientaciones académicas, regímenes legales y fines diferentes. Algunas son centenarias y otras fueron establecidas en las pasadas décadas. Casi todas desarrollan actividades de docencia, investigación y extensión en distintos grados, con propósitos más o menos especializados, con proyección y alcances nacional, estatal, regional o local.
Constituyen un proyecto cultural y educativo excepcional, construido a lo largo de la historia y hacen grandes aportaciones al país. En el ciclo escolar 2017-2018, las IES públicas atendieron a más de 2.8 millones de estudiantes y otorgaron más de 320 mil títulos, cerca de 70 por ciento de los conferidos a escala nacional. Además, atienden a más de 25 mil estudiantes de doctorado y en este ciclo graduaron 4 mil 200 doctores, 60 por ciento del total nacional.
La UNAM, otras universidades públicas federales junto con el IPN, y las públicas de los estados (UPES) realizaron más de 75 por ciento de la investigación nacional. Entre 1991 y 2018, las IES públicas han recibido 32 por ciento de las patentes aprobadas a instituciones de docencia o investigación. Publican más de 5 mil títulos al año, arriba de 20 por ciento de la producción editorial mexicana.
Históricamente han sido referentes de las luchas contra el autoritarismo, por la democracia y el cambio social. Desde 1929, destacaron por la huelga que devino la autonomía, la defensa de la educación popular en el IPN y las normales en los años 40 y 50; luchas universitarias en la década de los 60 y el movimiento estudiantil de 1968. Siguieron proyectos de democratización y construcción del sindicalismo universitario en los años 70; resistencia contra el ajuste estructural y las políticas neoliberales en los decenios de los 80 y los 90, y amplia participación por la democracia electoral en 1988, 2012 y 2016.
En el debate actual sobre el artículo tercero hay tres temas fundamentales para las IES públicas. En primer lugar, es imprescindible resarcir la omisión, por error o intención, de la actual fracción séptima que garantiza la autonomía universitaria. Este texto da jurisdicción federal a las atribuciones autonómicas –autogobierno e independencia– de las universidades que tienen esta condición. Además, reconoce y protege los derechos laborales de trabajadores académicos y administrativos, en el contexto del apartado A de la Ley Federal del Trabajo.
La autonomía es un derecho y una responsabilidad de las universidades y los universitarios. Es la máxima garantía para que las IES públicas cumplan con sus funciones y su compromiso social, a partir del análisis, la elaboración de alternativas y la crítica, fundadas en el conocimiento.
Sostengo que la autonomía debe servir para promover la obligatoriedad y la gratuidad, no para evadirlas. Por ello es necesario establecer en el segundo párrafo del artículo tercero que la educación superior pública, incluyendo la que se imparte en las instituciones públicas a las que la ley otorga autonomía, serán gratuitas y obligatorias.
Desde hace décadas miles de jóvenes han luchado por el acceso a la educación superior. La obligatoriedad atiende esta demanda. Implica, en la educación superior, una responsabilidad sólo para el Estado, no para los padres ni los educandos. Se trata del imperativo de atender a todos los que la quieran estudiar, habiendo cubierto el ciclo escolar anterior.
Han sido también históricas las luchas en defensa de la gratuidad, en la UNAM y en otras universidades del país. La iniciativa del Ejecutivo atiende estas demandas históricas por la gratuidad y el acceso a la educación superior pública.
Estos objetivos no son fáciles de cumplir. En 2018 había 4.2 millones estudiantes en la educación superior, 38.4 por ciento del grupo de edad entre 18 y 22 años. Para alcanzar una cobertura equivalente a 50 por ciento en 2024, es necesario incorporar a más de un millón de estudiantes a la matrícula actual, un incremento de 170 mil por año. La inversión para alcanzar esta meta es de 7 mil a 10 mil millones de pesos adicionales cada año. Y el costo para resarcir a las IES públicas el monto de las cuotas que dejarán de percibir por la gratuidad es de otros 14 mil millones.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen que ser coherentes. Aprobar la gratuidad y la obligatoriedad implican un compromiso de financiamiento suficiente para la educación superior pública. Si esto no se cumple, la gratuidad y la obligatoriedad serán letra muerta en el texto constitucional.
Así, las instituciones superiores publicas seguirán siendo la mejor garantía para la formación profesional y ciudadana de cientos de miles de jóvenes, así como para la creación de conocimientos y proyectos de bienestar, con capacidad crítica y autonomía intelectual. Por ello, son imprescindibles para transformar y para construir un nuevo proyecto económico, político y social en México.
Resumen de ponencia sobre normales y educación superior, en referencia a la reforma del artículo tercero