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4/15/2020

La Montaña de Guerrero, cercada por el coronavirus y por el hambre

Pandemia
La sombra de la pandemia se cierne sobre La Montaña de Guerrero de manera particularmente grave y alarmante. Pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas enfrentan, a causa del coronavirus, una amenaza mayor a su salud y sobrevivencia alimentaria. Así lo expresan en una carta enviada hace 11 días al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, la cual no ha recibido respuesta.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan considera que la inminente sequía en la región podría provocar una hambruna que, sumada a la pandemia, resultaría devastadora.
Los afectados escriben: El Concejo de Comunidades Indígenas de La Montaña, conformado por más de 300 comunidades y más de 32 mil 900 familias de 15 municipios, estamos planteando con urgencia que se implemente un programa alimentario que dé respuesta al desabasto en la región.
Recuerdan que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advirtió sobre el riesgo de una crisis alimentaria inminente si no se toman medidas rápidas para proteger a los más vulnerables y mantener vivas las cadenas mundiales de suministros de alimentos, y asentó que los gobiernos deben reforzar los mecanismos de seguridad social para garantizar el acceso a la comida.
Ante la incertidumbre sobre los estragos del Covid-19, los indígenas añaden: la realidad en nuestros pueblos es devastadora: los precios del maíz se han elevado al 100 por ciento. Lo mismo el huevo, el aceite, el jitomate y productos de limpieza. El trabajo remunerado en el campo no existe en la región y no hay quien nos contrate como peones y albañiles. Las empresas de hortalizas en el norte recortan personal, por lo que muchos quedaron sin trabajo. La mayoría de nuestros hijos e hijas que están en Estados Unidos se encuentran desempleados, encerrados en pequeños cuartos, sin derecho a recibir algún apoyo económico de aquel gobierno.
Al interrumpirse las remesas, dejó de llegar a La Montaña el ingreso más seguro. Admiten que los programas gubernamentales ayudan en algo, pero en este momento de emergencia las necesidades se multiplican. Sin agua en sus domicilios, apenas pueden adquirir mangueras para acercarla. Las familias que siembran parcelas cosechan hasta 400 kilos de maíz por temporada, que rinden cinco meses. Ahora todo lo compramos porque la tierra ya no es fértil y el fertilizante no llega a tiemponi alcanza para las dos aplicaciones de la milpa.
Firmada por los representantes de centenares de comunidades, la misiva dice: Señor Presidente, queremos recordarle que la pasada visita que realizó a Tlapa le hicimos llegar un paquete de documentos donde le planteamos las necesidades más urgentes. Desde noviembre pasado no hemos recibido respuesta y la situación ha empeorado, estamos cercados por el coronavirus y por el hambre.
Al no existir infraestructura médica adecuada, la pandemia parece llegar sin ningún obstáculo a La Montaña. Consideran prioridad la entrega de apoyos extraordinarios a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de la Costa-Montaña. Los pocos centros de salud y el único hospital carecen de equipo y personal.
Como una medida extraordinaria y urgente demandan un programa especial de granos básicos para todas las familias. La falta de alimentos y el coronavirus causarán más muertes de las que ocurren habitualmente por enfermedades curables, desnutrición infantil, fallecimientos maternos y diabetes.
Los estragos de la violencia delincuencial, otra tragedia que padecemos y que se ha erigido como un poder destructor, en varios municipios ha impuesto la ley del fuego, supeditando a su capricho a las autoridades municipales y los cuerpos de seguridad.
Nahuas, me’phaa, tu’un savi y afromexicanos proponen que partir de este mes y durante seis más, se establezca un programa emergente que dote de granos y alimentos básicos a las familias.
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de abril de 2020, p. 5

9/29/2019

Crece conflictividad en Chiapas por pugnas sociopolíticas e inseguridad

Desplazados, destrozos, robos, extorsiones y asesinatos

Destacan la fragmentación partidaria y la implantación de formas de crimen organizado en la región tzotzil

▲ Familias tzotziles desplazadas en Shishemantik, Calchihuitán, Chiapas, el 24 de septiembre.Foto Hermann Bellinghausen


▲ Una patrulla municipal incendiada a la entrada de San Juan Chamula, el 26 de septiembre.
San Cristóbal De Las Casas, Chis., Presidencias municipales cerradas o saqueadas, concejos municipales (sustitutos del gobierno electo) en localidades donde ha ocurrido algún asesinato político significativo (Oxchuc, Amatán, Arriaga, Chalchi­huitán) y hay disputa por el poder local, lo cual deja a su paso una estela de desplazados, destrozos, robos de cosechas, despojo de tierras, ex­torsiones de todo tipo y un racimo de asesinatos. En breve recorrido de La Jornada por algunas localidades de Los Altos (Chenalhó, Chalchihuitán, Chamula, el San Cristóbal de Las Casas rural y urbano), y testimonios directos de Oxchuc, El Bosque, Ocosingo y Las Margaritas, se percibió la evidencia de situaciones explosivas. La conflictividad social, la inseguridad y la descomposición comunitaria en Chiapas se ha acentuado a un grado que debe llamar a alarma. La suma de ingredientes resulta abrumadora.
Cabe incorporar a este recuento un inusual temor a hacer denuncias y declaraciones, parejo a una tendencia de las fuentes gubernamentales al menos a escala municipal y comunitaria, dirigida a inhibir las antes habituales denuncias a medios u organismos civiles; ello mediante promesas de solución condicionadas al silencio o amenazas veladas.
Por encima de todo destacan la fragmentación partidaria y la implantación de formas de crimen organizado en la región tzotzil, con la inseguridad y el miedo que conllevan. Tan sólo el actual conflicto en San Juan Chamula, a 12 kilómetros de esta ciudad, plantea un escenario de potencial guerra entre grupos civiles fuertemente armados y la Guardia Nacional, la cual ya registró una baja en Bochil esta semana.
Un grupo encabezado por Juan Shilón Gómez exige la destitución del alcalde morenista, Ponciano Gómez Gómez. El pasado día 25, dos representantes comunales y un topil fueron secuestrados por un grupo armado, y exhibidos en una foto de rodillas, ensangrentados; cuatro encapuchados en uniforme de campaña apuntan hacia ellos con tremendas armas largas. Si no se cumplen las exigencias los quemarían vivos. Circuló en Twitter un video donde suplicaban en tzotzil y español al gobierno que respondiera a sus captores, quienes amenazaban con quemar la casa del actual alcalde. La tarde del jueves la presidencia municipal estaba cerrada, luego de ser vandalizada. Una gran manta hecha de prisa exigía sobre la fachada al gobernador: Ya tome cartas en el asunto, y Respeto a San Juan Chamula.
A la entrada de la cabecera municipal, una patrulla quemada a mitad de la carretera servía de advertencia. Los medios hablaron de que la Guardia Nacional estaba lista para intervenir, pero no estuvo en las inmediaciones de Chamula. Eso sí, había halcones, como en las películas, atentos a quienes transitaban rumbo a Chamula. En el centro del pueblo el aire se podía cortar con cuchillo: comercios cerrados o vacíos, por la calles pocas mujeres, y grupos de hombres espiándose unos a otros.
Pero este es sólo un caso. La comunidad de Chavajebal, en El Bosque, se encuentra en vilo por la hostilidad contra bases de apoyo zapatistas y priístas por un grupo armado de 40 componentes autodenominado Alianza Morenista y se apoya en el gobierno municipal. La población entera debió desplazarse dos semanas a fines de 2018, después de la ejecución del agente municipal y el comisariado ejidal; allí el ambiente de peligro se mantiene, las balas perdidas, los hostigamientos. La negociación entre las partes y el gobierno está estancada, si no es que saboteada. Existen amenazas y una campaña en redes sociales contra el párroco indígena de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, por intervenir en favor de las víctimas.
En tanto, en Oxchuc la interminable disputa por el poder municipal entre partidos recién causó un choque grave. En Chalchihuitán siguen fuera de sus tierras decenas de familias, nueve grupos de ocho comunidades hasta hoy bajo el fuego que detonan los paramilitares desde el vecino Chenalhó, dentro de un añejo conflicto de límites que se recrudeció a fines de 2017. Los desplazados en Sishemtontic se dijeron abandonados y negados incluso por el gobierno municipal. Un escenario equivalente se registra en la colindancia entre Chena­lhó y Aldama, que afecta también al municipio autónomo zapatista. En Acteal, también Chenalhó, la sociedad civil Las Abejas sufrió la semana pasada la destrucción de su clínica y tres viviendas en el campamento de desplazados, santuario católico y sede de la organización, mientras varias familias de Río Jordán, en Los Chorros, se encuentran desplazadas de su comunidad. En estos últimos dos casos, las autoridades municipales y de Río Jordán descalifican la denuncia pública como método, y exigen que no se realice, para entonces sí negociar.
El viernes 27, pobladores de Chalchihuitán denunciaron que la víspera fueron retenidos y privados de su libertad los regidores Javier Nuñez Pérez y Mateo Pérez García, por miembros del concejo municipal. Este viernes fueron detenidos de igual forma Ricardo Núñez Pérez, Rafael Núñez López y Julio Girón Pérez, y se les reportó en calidad de desaparecidos.
En la selva fronteriza un reciente crimen conmocionó a la población. En el río Santo Domingo, cerca del balneario Las Nubes, municipio Las Margaritas, fue encontrada una pareja de pobladores decapitados y descuartizados. En Comitán, en tanto, opera una organización que secuestra a los beneficiarios del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro (que se propone estimular la capacitación laboral de los que no estudian), les cobra la mitad de sus 3 mil pesos mensuales, retiene la tarjeta y los muchachos deben acudir cada mes a recoger su parte. No pocos han sido reclutados por sus captores.
Tan sólo de Chamula hay mucho más que decir, lo mismo que de San Cristóbal, municipio con el cual sostienen los chamulas una paradójica oposición simbiótica (la población de ex desplazados indígenas en San Cristóbal pronto podría ser mayoritaria). En la ciudad abundan testimonios de los desmanes y alardes de un grupo delincuencial llamado Los Motonetos, algo más que mito urbano, que ya realizó una protesta nocturna con, se dice, 300 motociclistas sin placas patrullados por vehículos también sin placas, desafiando al gobierno sancristobalense. Se les atribuyen asaltos y violencias armadas. Originalmente habrían sido organizados, sostienen diversas fuentes, por el anterior alcalde coleto, Marcos Cancino, empresario del Partido Verde y evangélico, para control territorial. Ahora parecen mandarse solos.
En Chamula se repiten intentos de secuestro de niños y desapariciones. El contexto incluye una añeja práctica de tráfico de personas, tanto migrantes (polleros) como para explotación sexual, y más recientemente la producción local de pornografía infantil y de adultos, que se vende abiertamente en los mercados urbanos. Se reportan feminicidios impunes cuyos autores son conocidos. Por no hablar de drogas, un comercio conocido por años. Un amigo tzotzil radicado en San Cristóbal me transmite el impacto que le causó ver a unas jovencitas indígenas así, con sus ropas tradicionales, aspirando cocaína en la calle.
Foto Hermann Bellinghausen
Hermann Bellinghausen
Enviado. Periódico La Jornada
Domingo 29 de septiembre de 2019, p. 5

9/04/2019

¿Qué pasa en México hoy? Apuntes para responder una pregunta constante


Jovenes ante la Emergencia Nacional
Nota introductoria
Con esta reflexión iniciamos una modesta contribución al análisis del México actual. Su objetivo: desatar la reflexión a partir de un análisis crítico y profundo que contribuya a divisar los caminos de una liberación nacional y social.
México aparece en la geopolítica latinoamericana como un caso excepcional, ajeno a la corriente general que marca los tiempos de la región e incluso a contramano. Sin embargo, lo que aquí ocurre es vital en la configuración estratégica de la región, regida principalmente por el yugo económico, político y militar del imperio norteamericano.
Por lo tanto, nuestro esfuerzo estará centrado en ahondar en el diagnóstico de lo que ocurre en México en relación con América Latina y el Caribe, así como pensar en posibles salidas al horror que azota a nuestro país.
Ante el primer informe presidencial de AMLO
Este primero de septiembre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó su primer informe de gobierno. Con un 70% de aprobación social a 10 meses de asumir el cargo, la principal marca del nuevo gobierno es el acontecimiento que representó su triunfo: la ruptura de una cadena de fraudes electorales, crisis económicas, magnicidios y levantamientos populares que marcaron las transiciones de gobierno en los últimos 30 años.
Con el nuevo gobierno se reconfiguró el mapa político del país:
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país más de ochenta años, está muy débil. Su reciente elección interna -denunciada de fraudulenta por una parte de sus propios militantes- es una muestra de la incapacidad de reorganización de los intereses a lo interno para plantear un proyecto político nacional.

El Partido Acción Nacional (PAN), que ganó la presidencia en dos ocasiones, también está desmovilizado y dividido. Felipe Calderón, ex Presidente del país por ese partido, intenta crear una nueva agrupación política (México Libre) sin conseguir impacto político.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), otrora referente de la izquierda y de la lucha por la democracia, casi desaparece. Sus líderes más desacreditados por las alianzas con el PAN y el PRI intentan lanzar una nueva coalición llamada Futuro 21 con actores políticos tradicionales de “centro” y de “derecha” sin promesa alguna de éxito.

Y, paradójicamente, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como partido en el poder, no alcanza a tener una organización partidaria efectiva. Las pugnas por los controles políticos de las cámaras ha demostrado su debilidad orgánica, propia de intereses de corrientes y personajes provenientes del PRI y el PRD que le dieron vida al nuevo partido.

En síntesis: no hay una oposición sólida frente al nuevo gobierno. Las campañas de la derecha en contra de AMLO son apenas muestra de los esfuerzos desesperados de un amplio espectro de actores políticos tradicionales que intentan convertirse, sin un éxito alguno, en una oposición firme. Sus intereses contrapuestos entre sí, les han impedido generar un polo de unidad, al mismo tiempo que sus contradicciones con el nuevo gobierno están aún lejos de motivar una agenda de golpe blando o parlamentario, aunque una parte de analistas pro AMLO magnifiquen las acciones de la disidencia.

Por parte del sector económico dominante, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios han dado muestras visibles de apoyo al nuevo gobierno. Carlos Salazar y Antonio Del Valle, presidentes de esos dos organismos que agrupan a las principales empresas de origen mexicano (varias trasnacionales) junto a Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, en menos de un año cambiaron las críticas a las promesas de campaña del actual gobierno, por un respaldo incondicional al mismo, haciendo explícitos mensajes de coincidencia en torno al diagnóstico de los problemas de México y el rumbo que debe tomar la economía nacional. El acuerdo de construcción de mega infraestructura para abastecerse de gas natural vendido por Estados Unidos parece haber sanado las diferencias en torno a la cancelación del aeropuerto en Texcoco -megaproyecto ilegal y que implicaría una de las devastaciones ambientales más importantes del Valle de México-.
Algo similar sucedió con las Fuerzas Armadas: tras disentir públicamente sobre algunas declaraciones de AMLO en campaña, volvieron a su papel silencioso y siempre cercano al poder presidencial. No se removió a ningún alto mando dentro de la cúpula del Ejército. Con el pretexto de austeridad y de un vínculo más cercano con el pueblo, AMLO disolvió al Estado Mayor Presidencial, elemento clave de la estructuración sui generis de las Fuerzas Armadas en México, que según Pablo González Casanova fue determinante para que a lo largo del siglo XX no ocurrieran golpes de Estado como en el resto de América Latina.[1] Se legalizó la presencia del Ejército en las calles a través de la Guardia Nacional -mandos y tropas castrenses en funciones policiacas- lo cual resulta gravísimo si se tiene en cuenta que las Fuerzas Armadas de México sobrepasan el índice de letalidad de cualquier fuerza de ese tipo en países en guerra declarada. En estas últimas las fuerzas armadas asesinan a una persona por cada cinco que hieren en combate, mientras que en México el índice de la Marina en 2018 fue de 79 asesinatos por cada herido.[2] AMLO se concentra permanentemente en crear una imagen positiva del mismo, insistiendo en que los altos mandos no son oligarcas, sino parte del pueblo y que vienen todos ellos de una tradición popular revolucionaria.[3]
Mientras eso ocurre en los sectores dominantes, la izquierda popular está sumamente fragmentada. Aproximarse a comprender qué ocurre en ella, evitando las generalizaciones que subestimen su incidencia y capacidad, requiere de un análisis más profundo que trataremos en un próximo reporte. Por ahora basta señalar que pese a la gran tradición de resistencia popular y propuestas radicales que perviven, la mayoría de los referentes organizativos han sido absorbidos por la dinámica estatal y sus bases desmovilizadas por concentrar la expectativa de cambio en la figura del Presidente. La capacidad de pelea de los sectores populares, las ideas de rebeldía y la inconformidad estructural frente al Estado siguen vigentes y por fuera de las expresiones de izquierda claramente definidas.
Es cierto que es prematura cualquier síntesis que dé cuenta de los verdaderos alcances del gobierno actual, autonombrado de “Cuarta Transformación” (4T) -entendiendo que las tres primeras habrían sido: la Guerra de Independencia, la Reforma y la Revolución-. Por ahora, AMLO centra sus discursos y acciones en “el combate a la corrupción y a la impunidad”, en coalición con los grandes empresarios de México, las Fuerzas Armadas y el respaldo popular, que promete sostener en base a programas sociales y al desarrollo de mega infraestructura principalmente en el sur del país, con el corredor Transístmico y el Tren Maya -que tienen un fuerte rechazo in situ.
La violencia continúa. Según el monitoreo hecho por México Evalúa sólo durante el primer semestre de 2019 el número de homicidios (el faltante histórico es el número de desaparecidos) fue de 17 mil 608 personas, lo que equivale a una tasa de 14 homicidios por cada 100 mil habitantes y representa un crecimiento del 5% con respecto al semestre anterior, que fue de 16 mil 714.[4] Los asesinatos de periodistas y de defensores de Derechos Humanos continúan. Uno de los más significativos y cuya impunidad es alarmante, fue el de Samir Flores Soberanes en Morelos, opositor al Proyecto Integral Morelos que AMLO impulsa.
La política de subordinación a Estados Unidos se exacerba. Más allá del discurso de soberanía que AMLO intenta imprimir en la agenda internacional, México aceptó de facto ser el gran contenedor de los migrantes centroamericanos. Y de contención no tiene nada puesto que las garantías humanas que debieran corresponderles a los migrantes están completamente ausentes y el peligro que corren dentro del territorio mexicano es absoluto.
Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de Diputados, uno de los personajes históricos de la política mexicana declaró a una prestigiosa periodista el 28 de agosto pasado: “Ya tenemos una democracia instalada. La victoria de AMLO y la coalición abre una nueva etapa en la historia de México (…) se recuperó la legitimidad política (…) Es un momento en que deben evitarse los extremos”.
Las palabras de Muñoz Ledo hacen referencia a una poderosa imagen que trata de instalarse en el imaginario social. La reconfiguración del poder, la ausencia de una oposición consolidada, el protagonismo de las élites económicas trasnacionales, el respaldo castrense y la esperanza popular parecen fortalecer esa imagen. Pero ésta amenaza con explotar en pedazos por una situación de horror que no ha terminado. Mientras AMLO presentaba su informe presidencial a 100 kilómetros del Palacio de Gobierno las calles de varios municipios de Morelos permanecían vacías, la gente aterrorizada yacía oculta en sus viviendas ante un toque de queda impuesto a través de redes sociales por un grupo del crimen organizado. Pero esa parte de la realidad fue silenciada por el estruendoso festejo de la “democracia”.
Notas:
[1] Dice Pablo González Casanova en “A dónde va México”: “El Estado Mexicano era un Estado antigolpe, y si desde Guadalupe Victoria el Presidente disponía de una Guardia Presidencial, que más tarde se convirtió en Estado Mayor Presidencial bajo las órdenes directas del Presidente, en tiempos del general Ávila Camacho, el Estado Mayor Presidencial llegó a tener la misma capacidad de fuego que el Ejército nacional. La estabilidad del gobierno no sólo dependía de la lealtad de las fuerzas armadas sino, también, de la estructuración para el control de sus fuerzas. Ahora y en el futuro sólo dependerá de la lealtad de los militares, como en todos los estados de América del Sur, lo que por la experiencia histórica hasta hoy da a la política del imperio mucho mayor posibilidad de intervención abierta o encubierta.” En La Jornada. México, 7 de abril de 2019.
[3] En entrevista a La Jornada el primero de julio de 2019 el Presidente declaró: “ creo que el Ejército mexicano es distinto a los Ejércitos de otras partes, que es un Ejército que surgió de un movimiento revolucionario. Un Ejército popular. Los altos mandos del Ejército no forman parte de la oligarquía de este país, como sucede en otros” [http://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/07/01/texto-integro-de-la-entrevista-de-la-jornada-a-lopez-obrador-307.html]
[4] Citado por Javier Sicilia en “La violencia en la 4t” en Proceso [http://www.proceso.com.mx/597814/la-violencia-en-la-4t].

7/29/2019

México vive un Conflicto Armado No Internacional desde 2007: estudio


Alejandro Páez

Universidad de Leiden en los Países Bajos, ITESO y Comisión mexicana de DH califican nivel de intensidad de violencia, poder de 9 cárteles, creciente militarización y el número de desplazados en el país

(Primera parte)

El nivel de intensidad de violencia que se vive en nuestro país, que ha llevado a más de 200 mil asesinatos en los últimos10 años, atribuidos o relacionados en su mayoría con tráfico de drogas; la presencia y operación de al menos 9 cárteles u Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD) con poder para enfrentar al gobierno,;la creciente militarización para combatirlas, y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas, han llevado a una conclusión: México vive un Conflicto Armado No Internacional (CANI).

Ello de acuerdo con un estudio que elaboró la Clínica de Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Leiden en los Países Bajos (CDIHLU), conjuntamente con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Oriente (ITESO), donde se analizó el nivel de organización, armamento, estrategias incluso militares y poderío de los 9 cárteles más importantes del país; su nivel de enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, así como la intensidad y violencia que se registra en territorio nacional, con lo cual se concluyó que “en efecto, en México hay una guerra interna en el sentido jurídico del término” de Conflicto Armado No Internacional (CANI).

De acuerdo con este estudio denominado La situación de la Violencia Relacionada con las Drogas en México del 2006 al 2017, siete de los nueve cárteles o grupos criminales en México cumplen el requisito de nivel de organización que requiere una definición de (CANI) : el Cártel de Juárez, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, Los Zetas y la Organización Beltrán Leyva.

Los otros dos cárteles, el del Golfo y el de los Arellano Félix/Tijuana, no se consideraron lo suficientemente organizados para calificar como un grupo armado organizado.

Además se consideró que el umbral de intensidad y violencia para llegar a esta conclusión también se cumplió en dos periodos. En este caso, los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en los que el grado de enfrentamiento entre cárteles y fuerzas armadas permitió determinar —según el estudio— que en México ha estado ocurriendo un conflicto armado no internacional desde el 2007 y a lo largo de 12 años, entre el gobierno mexicano y las siguientes OTD, en los siguientes periodos:

La Familia Michoacana, de 2007 a 2010; el Cártel de Juárez, de 2008 a 2011; el Cártel de Sinaloa, de 2008 a 2017 (en curso); Los Zetas, de 2010 a 2017 (en curso); los Caballeros Templarios, de 2012 a 2015, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, de 2014 a 2017 (en curso).

“Teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, se concluye que desde 2007 en México se presenta un conflicto armado no internacional. Aunque este informe sólo ha analizado datos hasta diciembre de 2017, cabe suponer con certeza que el conflicto continúa”, advierte.

Esta definición abre la puerta para que se apliquen los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en tiempos de guerra, que obliga a los militares a respetar y distinguir entre combatientes y población civil, los somete a acuerdos internacionales para regular el uso de la fuerza, y el respeto a los derechos humanos en caso de conflictos humanos y hasta se puede llevar a juicio a quienes en este contexto han cometido crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.

Sin embargo, al no reconocerse la existencia de un conflicto armado, el personal militar tampoco respeta esos principios. Sólo con esa clasificación podrán tener claridad sobre los límites al uso de la fuerza que imponen el DIH y los derechos humanos en casos de conflictos armados, explica.

CAPACIDAD DE RESPUESTA. La confrontación entre cárteles y el gobierno federal ha registrado episodios más intensos en algunos periodos de Calderón y Peña Nieto en los que destacan dos grupos criminales por su crueldad y capacidad de respuesta militar: el Cártel de Sinaloa que comandaba Joaquín Guzmán Loera, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, aunque también en su momento fue importante el Cártel de Juárez, que lideraba Amado Carrillo, el Señor de los Cielos.

El estudio detalla que con base en la información recopilada, durante 2008 a 2011 tuvo lugar una prolongada violencia armada entre las fuerzas armadas del Estado y el Cártel de Juárez, que fue considerado un grupo armado organizado.

Le siguió el Cártel de Sinaloa de 2008 a 2017, guerra que continúa en curso a pesar de la aprehensión y extradición del Chapo a Estados Unidos.

Sin embargo es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien mantiene en jaque al gobierno federal desde el 2010 hasta la fecha, por su capacidad de respuesta gracias a la organización y armamento militar con el que cuenta.

“Estos grupos armados organizados y las fuerzas armadas del Estado han contribuido al carácter colectivo de la violencia”, establece el estudio.

Por ejemplo, de 2007 hasta 2017 se registraron casi 200 mil asesinatos en México en total, la mayoría de los cuales se atribuyen a violencia relacionada con las drogas, agrega.

De hecho, las cifras de homicidios fueron aumentando a medida que el gobierno desplegó nuevos contingentes militares en todo el país. La militarización en México, por lo tanto, también influyó en el nivel de violencia. En total, más de 50 mil efectivos militares equipados, entre otros artículos, con armas automáticas y lanzacohetes, involucrados en el combate contra las Organizaciones de Tráfico de Droga (OTD), aunque a menudo eran apoyados por helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana.

Las OTD también intentaron aumentar la potencia de su armamento, asegurándose acceso a armamento pesado; haciendo uso frecuente de granadas, lanzagranadas, fusiles de asalto, ametralladoras, e incluso cohetes aunque en menor medida.

Así, con base en la naturaleza y gravedad de las operaciones armadas; las víctimas mortales; el tipo de armamento utilizado; la magnitud de los daños materiales, y las consecuencias para la población civil en México, se puede concluir que nuestro país vive un Conflicto Armado No internacional (CANI), según este estudio.

Alejandro Páez

https://www.cronica.com.mx/notas-mexico_vive_un_conflicto_armado_no_internacional_desde_2007_estudio-

8/13/2018

Los jóvenes, sector desprotegido en lo educativo y laboral



Los jóvenes en México integran un sector ampliamente discriminado y estigmatizado, viven constantes violaciones a sus derechos humanos, no se les garantiza la permanencia en la educación, cuentan con empleos precarios, se les impide gozar su libertad y, por el contrario, se les trata de prohibir, tutelar y ordenar qué deben hacer.

Durante el foro Jóvenes, paz y seguridad, que se realizó ayer en el Museo Memoria y Tolerancia, los panelistas coincidieron en lo anterior e informaron que a escala nacional entre 600 y 700 mil chicos abandonan la educación media superior al año, mientras 22 por ciento (7 millones) no tienen oportunidades ni de empleo ni de estudios.

Daniela Dorantes, de Servicios a la Juventud, habló del abandono escolar, que no es únicamente responsabilidad de los jóvenes, sino de las condiciones del sistema educativo que no se adapta a la cultura juvenil y se esfuerza por expulsarlos.

Del total de quienes abandonan el bachillerato, la mayoría lo hace porque a la par de que estudian también trabajan, mientras muchas mujeres en esta edad dejan la escuela para cuidar a sus hijos.

Dorantes indicó que del total de profesores de bachillerato, 60 por ciento ha señalado que sus estudiantes tienen un empleo; sin embargo, sólo 50 por ciento de los docentes indicaron que adaptan su planeación académica para favorecer a esos muchachos.

Aunado a eso, agregó que el sistema tampoco genera condiciones para que los aprendizajes sean adecuados. Según datos oficiales, una tercera parte de los que cursan educación media superior en el país no logra un nivel suficiente en español, mientras dos terceras partes tiene deficiencias en matemáticas.

Gustavo Hernández, secretario de Youth Build México, dijo por su parte que no se han generado las políticas públicas para favorecer a los jóvenes que estudian y trabajan, además de que haya condiciones dignas en sus empleos.

Señaló que 60 por ciento de los jóvenes que trabajan lo hacen en la informalidad, es decir, no tienen prestaciones ni perspectiva de futuro, además que los empleos son precarios, pues ganan en promedio entre 2 mil 200 y 6 mil 500 pesos mensuales, y quienes tienen una licenciatura alcanzan apenas 8 mil.

Si no se apuesta por el reconocimiento y goce de derechos de las juventudes, echaremos por la borda el presente y futuro del país y del mundo. Agregó que México carece de una política que acerque al sector a empleos, pues las empresas exigen experiencia, pero casi en ningún espacio existe un proyecto de pasantías, todo se limita al servicio social o prácticas profesionales.

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Lunes 13 de agosto de 2018, p. 6

6/07/2018

Va pensiero

Abraham Nuncio
De repente, entre la multitud, escucho Va pensieroLa piel se me subleva. Va pensiero es el canto coral de los esclavos en la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi. Se lo ha convertido en una suerte de himno patriótico y en sus voces anida la esperanza de que el pueblo quede liberado de la opresión en que se halla bajo una de tantas tiranías del poder. A Nabucodonosor le han seguido mayores y menores emperadores, que han empleado la tiranía como forma de gobierno, sin tener la voluntad constructiva que él tuvo.

Recordé –de allí mi respuesta kinestésica–, mientras trataba de identificar aquella polifonía de voces femeninas, el episodio narrado por el director de orquesta, Ricardo Muti: la ópera de Verdi llega al momento en que los esclavos (hebreos) entonan el Va pensiero. Atiende el pedido del público (un bis), que sufre al gobierno de Silvio Berlusconi. El propio alcalde de Roma había señalado los recortes de recursos hechos por ese gobierno a la cultura. El canto lo elevaron todos los asistentes, músicos y espectadores, en la Ópera de Roma a guisa de crítica al gobierno de Berlusconi: él mismo se hallaba presente en la sala, pues Italia conmemoraba siglo y medio de su liberación y unificación, y el bicentenario del natalicio de Verdi.


La música clásica había sido prácticamente expulsada de la radio del gobierno de Nuevo León, donde había creado un público considerable a lo largo de varias décadas. Y esa era la razón de la protesta en la que participábamos decenas de ciudadanos. A Opus 102.1, como se la conocía, se la confinó a un espacio de AM donde se la escuchaba mal y la opción, preferible, era no escucharla. A 102.1 se la convirtió en una radiodifusora supuestamente popular que no competía con varias estaciones comerciales de programación semejante. Al cabo se la llamó Radio Libertad en el mismo tono, para anunciar su arribo, de cualquier vendedor de lencería tradicional. Nada tenía de nuevo ni de libre. Y sí demasiadas cursilería y estridencia.

Al diseño de un programa para formar ciudadanos libres, el gobierno de Nuevo León quiso sustituirlo por mensajes patéticos de motivación personal y propaganda oficial.

Los defensores de la música culta, que no es sino la relaboración creativa de tonadas populares, no han quitado el dedo del renglón y desde entonces se han venido reuniendo en el espacio conocido como Explanada de los Héroes, frente al palacio de gobierno, para exigir a las autoridades que regresen en su totalidad la programación de Opus 102.1 a la frecuencia de FM donde se formó. Un porcentaje de su contenido ha sido regresado en el horario de tarde-noche a raíz de su protesta.

Tienen razón en su exigencia. Carecerían de argumentos si el resto de esa programación radiofónica tuviera calidad, pero no la tiene. El argumento de la subsidiariedad, que le compete al gobierno hacer valer, sobre todo en ámbito cultural, está de su lado.

Políticos con y sin partido han abusado de la noción de ciudadanía. En la práctica sólo han ofrecido muestras pobres de un ciudadanismo demagogo.

El gobierno ha querido después fortalecer su posición, en un territorio donde no abundan las expresiones culturales, con una Ley de Radio y Televisión de Nuevo León. Tal como la redactaron en el gobierno de este estado disolvía toda intervención ciudadana, que ha sido el sustituto de cualquier planteamiento ideológico del gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón, el candidato a la Presidencia de la República dotado de mayor presencia escénica y de menor idea de gobierno –o bien con una idea propia del siglo XVII.

El grupo defensor de la buena música elaboró su propia iniciativa de ley y la peleó frente a los legisladores. Por fortuna encontró algún eco en el Congreso de Nuevo León y pudo ciudadanizar en parte sus efectos. Pero dejando el nombramiento de Radio y TV Nuevo León en manos del titular del Ejecutivo (el antidemocrático ejecutivismo al uso), siempre se estará en riesgo de que la radio y la televisión gubernamentales sean utilizadas de manera facciosa y, mediante subterfugios, como se quería en la iniciativa gubernativa, se las sujete al mejor postor, es decir, que se las privatice veladamente. Lo contrario a un espíritu ciudadano (público).

En nuestro país no existen medios realmente públicos. Y es que todo se convierte en mercancía y en lucro para unos pocos. Pero aun en una sociedad capitalista, el Estado debe crear, so pena de imponer el totalitarismo inherente al discurso único, espacios donde se respire un oxígeno alternativo. La música llamada clásica, a la cual pertenece lo mejor de la música popular, suele oxigenar el ruido reinante.

En todos los tiempos, la escenificación ha sido un arma artística para criticar los engaños y las trampas del poder y las costumbres. La tradición griega (de Sófocles a Aristófanes) refloreció en el Renacimiento maduro con Fernando de Rojas, Lope de Vega, Shakespeare, Cervantes, Quevedo. Francia, más tarde, aportó el ingenio de Molière y en el siglo XX Sartre incursionó en el teatro con obras como A puerta cerrada y Los secuestrados de Altona. La lista siempre será corta. La dramaturgia, aun teniendo como competencia al cine y la televisión, ha sido prolija y ha permitido que cualquier aficionado monte una obra.

Las limitaciones culturales de un pueblo están vinculadas a sus posibilidades escénicas. Así que la música en vivo con la que se suelen manifestar quienes buscan tener en la de buen sello un reducto artístico, al cabo se impondrán sobre quienes pretenden hacer de sus limitaciones una forzada norma social.

5/27/2018

México y aspectos internacionales


Antonio Gershenson

En dos de los tres debates entre los candidatos a la Presidencia, los organizadores no han incluido una de las causas que el gobierno federal ha presumido, pero que ha causado daño al país y a la gran mayoría de la población: la llamada reforma energética. Y digo llamada porque no lo es, sino que es contrarreforma, hacia atrás. Y ésta no ha sido puesta a discusión en los debates, pero podemos y debemos seguirla tratando públicamente.
Me voy a referir a un aspecto de la relación internacional. El gobierno actual ha ido más atrás que las administraciones anteriores en cuanto a la entrega al decaído imperio del norte, y se suma a sus intervenciones, en este caso contra Venezuela.
Había sido una tradición de la política mexicana internacional la no intervención en los asuntos internos de otras naciones, y el actual gobierno de la República se agrega a la cola del imperio del norte. Nada de respetar los derechos internos de cada uno de nuestros países hermanos de América Latina. Y eso que ese imperio está en plena decadencia, que existen naciones latinoamericanas que no le obedecen, que países europeos en ocasiones no lo siguen, y en Asia está más debilitado que nunca, cuando se han alejado de él varias naciones que antes lo seguían.
Con su actitud agresiva, ha favorecido una alianza en su contra entre los países más poderosos de Eurasia, China y Rusia, y también varias asociaciones de muchas naciones asiáticas.
Esto debemos considerar nosotros también. Ante la actitud más agresiva y más dominante de Washington, debemos tomar en cuenta el acercamiento a otros países. En especial, se debe considerar en lo económico a China y a India.
Esta última tiene un desarrollo económico y en algunas ramas una alta tecnología. No es la única, pero una de ellas es la ferrocarrilera, que incluye ya más de 200 estaciones en los considerados puertos secos en las que pueden llegar trenes con diferentes anchos de vía. Tienen un papel importante internacional en tecnología de la Información. Y recordaremos que, en el año 2003, sus ingenieros fueron los que resolvieron el problema de un gran apagón en la zona fronteriza noreste de Estados Unidos y Canadá.
China tiene un alto desarrollo también, del que hemos hablado recientemente y las dos naciones no sólo pueden ser fuentes de lo necesario, sino mercados importadores de diversos productos mexicanos, sin imponernos condiciones como las que ahora y antes han venido de nuestro vecino del norte.
En cuanto a Rusia, le ha surtido a Venezuela productos de varios tipos, incluso armas defensivas, que le han sido útiles para impedir agresiones con las que se le había amenazado.
Los países mencionados y otros pueden permitirnos diversificar nuestro comercio exterior y acelerar nuestro crecimiento económico.
China, con su enorme población, por ejemplo, importa incluso de Rusia, alimentos que también se producen en México. Y siendo exportaciones pueden llegar a compensar las importaciones que ya se llevan a cabo desde China, más las que se sumen.
En el plano nacional, cada día tenemos novedades. Por ejemplo, el candidato panista Ricardo Anaya dijo que nadie cree que el PRI acabaría con la corrupción. Pero él olvida que tampoco acabaron con ella los dos presidentes recientes de su PAN.
En cuanto a la tecnología, hay casos, como el petróleo, de muchos que por jubilación o despido han sido expulsados, por ejemplo, de Petróleos Mexicanos, y que pueden ser útiles a la nación.
Está planteada la construcción de nuevas refinerías. Éstas no sólo serían fuentes de trabajo importantes, sino de aplicación de tecnologías, de trabajo para muchos, y de menos importación de gasolina y otros productos.
Y la llamada reforma energética, ¡a la basura!

5/13/2018

Armas alemanas en México


Artemis Morales*

En abril de 2010, el pacifistaJürgen Grässlin presentó una denuncia contra la empresa alemana Heckler&Koch (H&K) por la exportación ilegal de armas a México. Ahora, ocho años más tarde, logró su objetivo. A partir del martes 15 de mayo, H&K tendrá que justificarse ante un tribunal en Stuttgart, la capital de Baden-Württemberg, donde se encuentra la fábrica de la muerte. Una empleada y cinco ex trabajadores de la empresa están acusados de haber vendido, entre 2006 y 2009, miles de fusiles de asalto G36 a cuatro estados mexicanos donde nunca hubieran podido llegar. Según cifras del cliente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 4 mil 796 de las 9 mil 652 armas largas suministradas a México en total, llegaron directamente a Chiapas, Guerrero, Chihuahua y Jalisco. Para estos estados, las oficinas de exportación del gobierno alemán no otorgaron autorización por las tremendas violaciones a los derechos humanos en esas regiones.

Fueron ocho años de lucha contra la impunidad. Grässlin se enteró de la venta ilegal por un empleado de la empresa, el whistleblower afirmó que él mismo había formado a miembros del Ejército mexicano en Guerrero y otras entidades prohibidas. Existían muchas pruebas más que confirmaron el paradero ilegal de las G36. Sin embargo, el procurador se resistió a profundizar la investigacion. Ni preguntó la Sedena adónde envió los fusiles. Fue una investigación periodística la que reveló que casi la mitad llegó a los estados prohibidos. Cada año, periodistas y activistas mostraron con reportajes, documentales y fotos el paradero de las G36 y las letales consecuencias.

No tiene nada de extraño que la justicia de Baden-Württemberg evitara investigar contra H&K. Es una empresa que cuenta con buenos contactos en la Secretaría de Economía, los responsables de la exportación de armas. Además, un alto representante de la compañía que ahora se encuentra entre los acusados, era juez de alto rango antes de asumir su papel en H&K. Hasta hoy no se ha esclarecido el papel de las instituciones gubernamentales en esta venta ilegal.
Sin embargo, llegó el momento en el cual el procurador no podía seguir ignorando las pruebas: cuando periodistas y acompañantes de familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa detectaron que en el ataque de Iguala los policías utilizaron las armas. Más de un año y muchas publicaciones después de ese 26 de septiembre de 2014 la procuraduría acusó formalmente a la empresa ante el juez. Tardó dos años y medio más hasta que iniciara el juicio.
Hablar de impunidad nos obliga también a hacerlo sobre la responsibildad de las autoridades mexicanas. El whistleblower, que es el testigo principal del juicio, informó sobre la cooperación criminal de los representantes de H&K y de la Sedena, el general Humberto Alfonso Guillermo Aguilar. Según el acta de acusación, los dos falsificaron los documentos que muestran el paradero del arsenal ante las autoridades alemanas, así disimularon que llegaron a estados prohibidos.
El autor de este artículo cuenta con declaraciones del testigo principal que confirman que el general Aguilar consiguió de sus socios alemanes 25 dólares de mordida para cada G36 que compró. Así pues, el representante de H&K entregó el dinero en un sobre a un mensajero que lo hizo llegar al militar. Hay que destacar que Aguilar, quien ya se jubiló, tiene una larga historia en el ejército mexicano: fue jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y comandante de la 36 zona militar en Chiapas, donde formó parte de la operación Arcoiris, de rastreo y exterminio contra el EZLN. Además, no hay que olvidar que la Sedena suministró las armas entre 2006 y 2009 a los estados prohibidos. Según informaciones de la misma dependencia, nada más a Guerrero mandaron en ese periodo mil 924 fusiles de asalto, ignorando las limitaciones del permiso de exportación.
Hay índices serios que una de estas armas lesionó a Aldo Gutiérrez Solano. La bala que dispararon en su cabeza destruyó 65 por ciento del cerebro del estudiante de Ayotzinapa y lo dejó en estado vegetativo hasta la fecha. También el policía que se encuentra encarcelado por la tortura y asesinato del estudiante Julio Cesár Mondragón portaba una G36. De las armas encontradas en la comisaría de la policía en Iguala, que fueron 38, por lo menos siete policías las utilizaron en el ataque; por las deficiencias en las investigaciones no sabemos qué daños ocasionaron.
Acabar con la impunidad significa que todos los responsables deberán ser juzgados, entre ellos la empresa Heckler&Koch, las instituciones alemanas que se hicieron de la vista gorda en este negocio sucio y también los responsables de la Sedena.
* Periodista de investigación

5/04/2018

Dos sexenios de balas, muerte, miseria… e impunidad


Autor: Zósimo Camacho @zosimo_contra

En nombre de la “guerra” contra el narcotráfico, delincuentes y fuerzas federales (principalmente) han cometido incontables crímenes de lesa humanidad en México. Medios de comunicación, centros de defensa de derechos humanos y organizaciones sociales –mexicanos y extranjeros– han documentado desapariciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, violaciones sexuales, privaciones ilegales de la libertad…
Lo peor es que no se trata de casos aislados. Es una situación generalizada que cada vez se recrudece más y que tiene su origen en políticas públicas erróneas, de control social o francamente de despojo y represión.
La gran mayoría de los perpetradores ni siquiera son molestados con una investigación, ya no hablemos de un juicio o una condena. Se regodean en la impunidad. Saben que sus decisiones, omisiones y comisiones que generaron muertos, desaparecidos, víctimas, no les traerán consecuencia alguna.
Ahí tenemos al nunca juzgado expresidente Felipe Calderón que, a falta de legitimidad, declaró una “guerra” para justificar la militarización del país y desató una ola de terror para desmovilizar a una población que no lo aceptaba como gobernante. Tan impune se sabe que pretendió gobernar de nueva cuenta por medio de su esposa. La Calderona tiene la cara tan dura como para pregonar que ella aplicaría de nueva cuenta las mismas políticas de su marido. Ésas que fortalecieron a los cárteles mexicanos, que enlutaron a cientos de miles de familias y que incrementaron la violencia a niveles no vistos desde la época de la Revolución.
Incluso Genaro García Luna, el supersecretario del sexenio anterior, recordado por utilizar recursos públicos para armar shows televisivos, cree que puede venir al país a presentar un libro y dar lecciones de políticas de seguridad. Como si nadie se acordara de su fracaso y sus complicidades.
Del actual sexenio mencionamos por el momento sólo un número como un doloroso botón de muestra: 43.
Hablamos de los últimos 2 sexenios, porque son los más recientes y porque mantuvieron una idéntica política de supuesta guerra contra las drogas. Se trata de regímenes militaristas que sacaron a soldados y marinos de sus cuarteles y generalizaron la violación de derechos humanos.
Pero claro que no son los únicos impunes. Sólo para no dejarlos pasar, ahí está el languarico Fox (el de la embestida policiaca contra Atenco que dejó un muerto, decenas de mujeres violadas sexualmente y cientos de heridos). Está el american Zedillo (el de las masacres de Acteal, El Bosque, El Charco…). También el padrino, el antiguo innombrable Carlos Salinas (el de no los veo ni los oigo… pero bien que les atino).
Regresando a los dos últimos gobiernos federales (los de Calderón y Peña), este 3 de mayo la fundación Open Society presentó un nuevo informe sobre México. Se titula: Corrupción que mata. Por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad. En la elaboración del mismo participaron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Piedras Negras/Coahuila; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y PODER Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación. En realidad, este estudio es continuación de otro publicado en 2016, titulado Atrocidades innegables.
El documento de este 2018 concluye que la situación del país es cada vez peor. En 2017, México vivió una violencia inédita, con más de 25 mil homicidios (superando, incluso, a los de 2011). Los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos se han vuelto parte de la cotidianidad. Más de la mitad de todas las personas desaparecidas han sido reportadas en los últimos 6 años. La tortura sigue siendo una práctica rutinaria y “generalizada” a nivel estatal y federal, como reafirmó a principios de año el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Tortura.
Esta violencia no viene sola. No se desató espontáneamente. Es parte de una situación en la que no existe la rendición de cuentas. El informe señala que: “De hecho, la impunidad ha sido una parte deliberada de la política del gobierno mexicano: los crímenes atroces han florecido, en parte, debido a la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables, en especial cuando estos pueden ser funcionarios públicos”.
En este país la impunidad todavía es mayor cuando los crímenes cometidos por los cárteles de la droga se perpetraron en colusión con funcionarios corruptos.
El informe Corrupción que mata ahonda en la impunidad y la corrupción como las garantías de que la violencia no se detenga y, por el contrario, se profundice. Ejemplifica con dos casos concretos, igualmente indignantes, estrujantes. Ambos se cometieron en el estado de Coahuila. Uno es la masacre de 2011 en la ciudad de Allende en la que 300 personas (hombres, mujeres, niños) fueron asesinadas en sólo 3 días. Este exterminio sólo pudo haber ocurrido con la participación de autoridades del Estado mexicano. El otro es el los 150 homicidios y desapariciones ejecutadas al interior de la cárcel de Piedras Negras, entre 2009 y 2012. Entonces esa prisión servía como centro de operaciones de Los Zetas.
El informe concluye que “hay evidencia fiable de que algunos funcionarios públicos, incluyendo a oficiales de policía, empleados penitenciarios y funcionarios electos, pudieron haber coludido en estos crímenes con el cártel de los Zetas”.
Las organizaciones autoras del documento señalan: “Ahora, México tiene la obligación de investigar de manera independiente y competente a todas las personas responsables de estas y otras atrocidades, hasta donde sea que la evidencia pueda conducir”.
Para que ello sea posible, demandan “establecer un mecanismo de justicia independiente con participación internacional, donde expertos mexicanos y extranjeros puedan trabajar en conjunto de manera imparcial y sin presiones de partidos políticos para combatir los crímenes atroces y la corrupción que los permite”.
Temo que dicho informe se tope, otra vez, con la realidad mexicana. Los candidatos a la Presidencia andan en otra cosa muy distinta.
El asunto es que en pleno proceso electoral el pacto de impunidad está más vigente que nunca. No sólo no está a discusión, sino que se fortalece. Todos los candidatos (sistémicos los cinco, a fin de cuentas) hacen esfuerzos por ver quién promete mejor que la impunidad se mantendrá.
Con total desparpajo aseguran que no habrá persecución contra quienes hayan cometido corrupción, violación de derechos humanos o se hayan enriquecido ilícitamente. Es la garantía para acceder al poder.
Sólo una sólida organización social más allá de los procesos electorales detendrá esta tormenta.
Zósimo Camacho


4/11/2018

‘En México el hartazgo está por encima del miedo’: Carlos Illades

El autor de ‘El futuro es nuestro. Historia de la izquierda en México’, analiza la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

(Océano/Redacción AN).

Andrés Manuel López Obrador representa una candidatura de izquierda conservadora, expresa Carlos Illades. Su nuevo libro El futuro es nuestro. Historia de la izquierda en México (Océano), da pie una conversación para revisar la figura del representante de Morena para las próximas elecciones presidenciales.

Illades sostiene que, a diferencia de procesos anteriores, AMLO “ha jalado al lado conservador porque entendió que México es un país conservador”. Advierte también que independientemente del resultado de los comicios del próximo 1 de julio, la izquierda mexicana sufrirá un reacomodo importante.
Como historiador de la izquierda. ¿Se encuentra diluida ésta corriente en México?
Hay dos bandos. Para unos la izquierda de López Obrador es radical, para otros es conservadora. En lo personal creo que reivindica ideas de izquierda como la justicia social y equidad, pero al mismo tiempo es conservadora porque no retoma las demandas progresistas de las minorías. Actualmente es casi imposible que una fuerza política llegue por si sola al poder y los aliados buscados por la izquierda morenista van de reaccionarios como el PES hasta el anacronismo histórico del PT.
Recientemente Roger Bartra cuestionó la existencia de una izquierda en México.
Aunque comparto algunas de las objeciones de Bartra hacia López Obrador, no estoy de acuerdo con su diagnóstico. Veo en Morena una reivindicación de los valores de la izquierda. Tampoco coincido con su planteamiento acerca de la derecha. En 2006, Bartra replanteaba la tesis de Krauze acerca de que López Obrador es un mesías tropical. Yo creo que en AMLO no solo están los valores del nacionalismo revolucionario propios del PRI, sino de una izquierda histórica inspirada en el nacionalismo romántico del siglo XIX. La derecha maneja una una versión bastante simplificada de López Obrador. Hasta el año 2000, Bartra sostuvo que la derecha no era democrática, después descubrió su sentido democrático, pero recordemos que esa derecha fue la que en 2006 nos llevó a la guerra y precisamente la guerra es la solución más autoritaria.
¿Hoy entre intelectuales se encuentran divididos entre pro AMLO y anti AMLO?
Una ruptura intelectual en México inició en 1988. Entonces las grandes revistas Nexos y Vuelta, legitiman el gobierno de Salinas. Ahí vienen unas primeras fugas. Vuelta se identificaba con la democracia. Sin embargo, Krauze llegó a decir que Cárdenas había obtenido el voto verde y atrasado, cuando en realidad ocurrió lo contrario porque obtuvo el voto de las ciudades. En Nexos, casi todos reconocieron la victoria de Salinas. Una segunda ruptura se dio con el neozapatismo. Todos ellos se han identificado con un proyecto modernizador entendido en los términos neoliberales. No solo es una ruptura de carácter político, se identifican con una postura económica distinta a la de la izquierda debido en buena medida a que ésta, después de la caída del muro, ha desarrollado propuestas poco elaboradas.
¿Cómo ha cambiado la vocación izquierdista en López Obrador?
López Obrador siempre ha tenido un elemento conservador, pero cada vez es más explícito. Esto empezó a quedar claro en 2012. Incluso creo que su planteamiento de la república amorosa tiene influencia del movimiento de Javier Sicilia, quien ya abordaba el asunto del perdón. López Obrador ha jalado al lado conservador porque entendió que México es un país conservador. Además, convocó a los enemigos de las reformas estructurales, de ahí su alianza con Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia. Sabe que de ganar, será minoría por eso teje una alianza lo más extensa posible. Por ahora parece resultarle bien porque ya rebasó su techo histórico del treinta y tantos por ciento.
¿Pero con alianzas tan diferentes se puede hablar de una izquierda?
Hay un núcleo de izquierda en Morena. Lo que está haciendo es una alianza que de todos modos tendría que hacer en caso de gobernar.
¿Su reticencia a la crítica?
Le ha bajado un poco. Sin duda es alguien que no está acostumbrado a debatir. No soporta que cuestionen sus principios, los percibe como un ataque y ese sin duda es un elemento negativo.
¿Pase lo que pase en las elecciones cómo quedará la izquierda mexicana?
Es definitivo lo que suceda en las elecciones. Si gana López Obrador vendrá un reacomodo en la izquierda. Morena incluso, tendrá que redefinirse en relación con los aliados. Si Anaya no gana es posible que se parta el PAN. De no ganar el PRI probablemente se convierta en varios grupos.
Este tipo de conflictos parecen ser comunes en la izquierda a nivel mundial.
En Grecia, Syriza tuvo que gobernar aliándose con los nazis porque eran antisistema. El dilema de Podemos, en España, fue las alianzas. Errejón proponía un espectro más amplio, pero ganó la visión más cerrada de Pablo Iglesias y desde entonces ha bajado su simpatía. En Brasil tuvimos una notable diferencia entre el primer gobierno de Lula y su segundo periodo, así como en relación con el mandato de Dilma Rousseff, tan es así que ella terminó haciendo alianzas con quienes la liquidaron. La izquierda necesita incluso de la no izquierda para gobernar. El conflicto es si logras o no, dominar a los aliados. A ese dilema se podría enfrentar López Obrador.
Lula está en la cárcel; en Ecuador, Correa perdió; en Argentina ganó la derecha de Macri; en Venezuela hay una crisis social. ¿Qué sucede con la izquierda latinoamericana cuando llega al poder?
No olvidemos que Lula sacó a más gente de la pobreza que ningún otro gobierno latinoamericano. El problema es que se dejaron seducir por la corrupción y la derecha se reacomodó. Hubo éxitos parciales. La izquierda se fortaleció en su momento ante la crisis de legitimidad en los partidos tradicionales. El esquema neoliberal solo acepta centro derecha o centro izquierda bajo su propio programa económico, todo lo que se salga del rango es populismo.
¿Las condiciones están para que gane López Obrador?
Parece que sí. El escenario es todavía más favorable incluso que en 2006. A diferencia de entonces hoy el hartazgo está por encima del miedo. Uno de los mayores retos será alcanzar una mayoría en el Congreso, aunque de no hacerlo será positivo porque tendrá un contrapeso importante.

3/19/2018

Jesuitas por la Paz: “La violencia no se resuelve con armas ni con dinero”

Jorge González. Programa novedoso. Foto: Miguel Dimayuga
Ante el fracaso de las políticas gubernamentales de “militarización” y “mano dura” para combatir las sucesivas escaladas de violencia, a las que califica de contraproducentes, la Compañía de Jesús inició un ambicioso programa de pacificación, enfocado a restaurar el tejido social de las comunidades afectadas. Esta iniciativa se suma al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, ya consolidado como instancia defensora de los sectores vulnerables de la sociedad mexicana.

 (Proceso).- El Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), Jesuitas por la Paz, es un programa de la Compañía de Jesús –al igual que su Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro– cuyo objetivo específico es incidir a nivel nacional a fin de reducir los altísimos índices de violencia. Para conseguirlo, se plantea trabajar con gobiernos municipales, universidades, organizaciones de civiles y el episcopado mexicano.
El jesuita Jorge González Candia, coordinador nacional del programa, expone:
“El programa mismo representa una crítica a las políticas de mano dura y de militarización que, lejos de solucionar el problema de la violencia, lo están agudizando cada vez más; sólo han logrado reproducir los grupos delictivos, aumentar los delitos y saturar las prisiones. Han sido políticas contraproducentes.
“La violencia no se resuelve ni con las armas ni con dinero, porque tiene una naturaleza muy distinta; es en el fondo un problema de fragmentación social de muchas comunidades del país.”
Entrevistado en las oficinas centrales de Jesuitas por la Paz, instaladas temporalmente en el Centro Pro, el religioso precisa:
“El objetivo principal de nuestro programa es precisamente rehacer los víncu­los comunitarios de las poblaciones afectadas por la violencia, mediante la capacitación de los actores locales en el mejoramiento de su convivencia. Y estamos trabajando únicamente en la base, a nivel municipios.”
–¿El narcotráfico y la guerra contra los cárteles está ocasionando esta fragmentación en las comunidades?
–El problema es todavía más complejo, va más allá de la guerra contra los cárteles. Tiene que ver también con causas estructurales y culturales, como el creciente individualismo que ha venido desplazando al sentido comunitario, o con los referentes de poder que tenemos, ligados al autoritarismo, la corrupción y la imposición. Todo esto desvincula a las comunidades, acentuando la violencia. Nosotros atendemos estas causas.
–Algunos proyectos de Iglesia, encaminados a lograr la paz, le dan énfasis a la reconciliación entre víctimas y victimarios, al diálogo con los grupos delictivos. ¿Los jesuitas están haciendo lo mismo?
–No, ese no es nuestro foco principal, sino rehacer vínculos. En nuestro acompañamiento a las comunidades nunca hacemos la distinción entre quiénes son las víctimas y quienes los victimarios, pues atendemos todo el entorno social; el familiar, el vecinal, etcétera. Esto propicia el diálogo y hace que quien comete un delito lo reconozca, y a su vez que la comunidad lo reintegre a la vida social.
“Todos nos necesitamos, todos somos importantes. Pero claro, se necesita reconocer los daños y a partir de ahí generar un proceso de sanación de la comunidad. Todo esto ayuda tanto a las víctimas como a los victimarios. Así, esta cuestión la abordamos de manera sistémica, creando las condiciones para la reinserción.
“Jesuitas por la Paz es una nueva obra de la Compañía de Jesús, por lo que tiene una figura jurídica, una administración, un financiamiento, una planeación y un objetivo propio. Toda obra de la Compañía tiene un aporte específico a la sociedad.”
El sentido de reconstruir
Otra obra de la Compañía de Jesús es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, ya consolidada como instancia defensora de poblaciones vulnerables. Al cuestionarle al coordinador del CIAS Jesuitas por la Paz en qué se distinguen ambas iniciativas, responde:
“El Centro Pro interviene en situaciones de emergencia, en casos emblemáticos de atropello a los derechos humanos, como lo hace con los casos de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, de Tlatlaya, de las mujeres violadas de Atenco, de los campesinos de Guerrero defensores de los bosques y de algunos casos de migrantes, entre otros. El Pro le da énfasis a lo nacional y a la violencia política.
“En cambio, nosotros nos enfocamos al ámbito municipal y a la violencia más social. Atendemos los epicentros donde se genera la violencia. Estamos haciendo una labor de hormiga, en el subsuelo. Y pese a que trabajamos en distintas dimensiones, el trabajo del Pro y el nuestro se complementan.”
Mientras el Centro Pro surgió hace 30 años, en 1988, el proyecto Jesuitas por la Paz empezó a gestarse en 2010, ante el reto que plantea la escalada de violencia. Cuenta González Candia:
“En 2010, cuando se dio uno de los índices de violencia más altos, la Compañía de Jesús empezó un proceso de reflexión para ver la manera de atender a los afectados. En 2011 instaló una comisión de paz, a la cual me integré. Ahí continuamos debatiendo para ver por dónde caminar. Yo me ofrecí a prepararme en el tema y presentar una propuesta. Y la Compañía aceptó.”
Relata que su preparación le llevó años. Primero viajó a Los Ángeles, California, a “conocer el mundo de las pandillas”. Después estuvo en Cuba, para entender por qué la isla tiene índices tan bajos de violencia. Viajó luego a Chile a realizar estudios en seguridad pública. De ahí pasó a Colombia para estudiar el proceso de pacificación encabezado por la Iglesia. Estuvo después en Honduras, “el país más violento del mundo”, a continuar estudiando programas de pacificación. Se fue luego a El Salvador, donde trabajó con los integrantes de la Mara Salvatrucha y analizó la llamada “tregua entre pandillas” que “logró reducir los índices de homicidios”. En su largo periplo tuvo como asesores a destacados teóricos y activistas en procesos de paz.
Agrega el jesuita: “Fue así como llegué a constatar que las políticas de mano dura en América lo único que han generado es más violencia. A esta misma conclusión llegó un estudio realizado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) que me impresionó muchísimo”.
Cuenta que regresó a México en 2015. Y junto con el también jesuita Gabriel Mendoza, quien regresaba de Francia de estudiar el impacto de la economía global en las pequeñas comunidades, armó el proyecto CIAS Jesuitas por la Paz para aplicarlo en el país.
Lo primero que hicieron fue coordinar la investigación de campo titulada Reconstrucción del tejido social: una apuesta por la paz, realizada en 14 comunidades mexicanas –campesinas, indígenas, urbanas y semiurbanas– azotadas por la violencia y ubicadas en varios estados.
El libro, de 244 páginas, contiene un resumen de Michael Czerny, consejero del Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano, el cual señala que la investigación “aporta elementos para comprender las causas estructurales y culturales de la crispación social y, contra todo fatalismo, alumbra propuestas realistas y esperanzadoras”.
Añade el resumen: “Se trata de un programa de reconstrucción de tejidos sociales que tiene como ejes prioritarios la reconciliación familiar, la educación para el buen convivir, el gobierno ciudadano, la ecología integral y la economía social desde el horizonte del bien común”.
González Candia indica que actualmente el libro les está abriendo las puertas para, ahora sí, dejar el mero análisis y pasar al trabajo de reconstrucción de varios tejidos sociales. Comenta:
“El libro nos está ayudando mucho. Es nuestra carta de presentación. La gente de las comunidades lo lee y nos dice: ‘Necesitamos un diagnóstico que nos ayude a entender nuestra situación de violencia’. De manera que, aparte de los del libro, ya hemos hecho 25 diagnósticos más, son una buena herramienta para empezar a trabajar en la reconstrucción.”
La amnistía
Sobre el avance del nuevo programa, González Candia especifica: “Por lo pronto ya abrimos oficinas en siete comunidades: tres están en Michoacán, una en Coahuila, dos en Chiapas y una en Guanajuato. Cada oficina cuenta con un equipo de seis personas. Ahí ya trabajamos en procesos de reconstrucción”.
–¿Planean trabajar en otros estados violentos como Guerrero, Sinaloa o Tamaulipas?
–Más delante. Por el momento ya empezamos a trabajar en Tampico, Tamaulipas, en una metodología llamada Asambleas de Paz, consistente en resolver problemas grupales a través del diálogo y el acuerdo. Ahí nos apoya la organización civil Proyecto Paz.
Detalla la mecánica de trabajo de los equipos de Jesuitas por la Paz: elaboran un primer diagnóstico sobre la situación del tejido social y éste se discute con los actores locales, que generalmente son el alcalde y su cabildo, los directores de escuelas, el párroco o el pastor, y los representantes del sector económico de la comunidad. Se llega después a un acuerdo de colaboración.
Jesuitas por la Paz proporciona la capacitación y la asesoría para el proyecto. Tiene además un sicólogo para atender a las familias afectadas por la violencia, un educador que realiza el mismo trabajo en las escuelas, un administrador encargado de entenderse con el sector económico, un trabajador social para colaborar con el gobierno municipal, otro más que se encarga de la organización territorial, y finalmente una persona capacitada para trabajar con la parroquia del lugar.
El equipo de Jesuitas por la Paz y los actores locales definen una “estrategia de intervención” en la comunidad, a la que dividen en núcleos territoriales. A través de “animadores barriales” van organizando eventos vecinales para generar poco a poco vínculos comunitarios.
Durante el segundo año de trabajo –continúa González Candia–, Jesuitas por la Paz ya proporciona una “formación más especializada” para el mejoramiento de la convivencia en la familia, la escuela, el trabajo y la práctica política.
Especialistas de la Red de Universidades Jesuitas o de otras universidades imparten a miembros de la comunidad diplomados en reconciliación, terapia familiar, resolución de conflictos, economía solidaria, administración pública y espiritualidad, entre otros.
Comenta González Candia: “Los diplomados se adaptan a las necesidades de cada lugar, y se combinan también con la sabiduría y las prácticas de la comunidad. Es una educación contextualizada. Por ejemplo, hay lugares que requieren un diplomado en tratamiento de adicciones. Nosotros entonces buscamos a un experto de alguna universidad que pueda dar esa capacitación.
“Durante el tercer año de trabajo ya se necesitará reforzar algún área específica o dar una formación más estratégica. Cumplidos esos tres años, nosotros nos salimos de la comunidad, pues ya para entonces la misma comunidad puede continuar sola su proceso, aunque con nuestra asesoría.
“Sin embargo, es tan reciente el programa de Jesuitas por la Paz que todavía en ninguna comunidad hemos durado tres años. Las primeras comunidades donde vamos a concluir nuestro trabajo son Cherán y Tancítaro, en Michoacán. De ahí planeamos pasarnos a comunidades de Veracruz.”
–Generalmente los proyectos de la Compañía de Jesús se apoyan mucho en los laicos. ¿Ocurre lo mismo con este proyecto?
–Sí, por supuesto. Esa es nuestra manera de trabajar. Los laicos y las organizaciones civiles son fundamentales para nosotros. Aquí participan muchos laicos haciendo redes con distintas instancias sociales, gubernamentales y eclesiásticas. Por ejemplo, tenemos convenios de colaboración con el episcopado mexicano y hemos recibido asesorías del episcopado estadunidense.
–Hay, sin embargo, políticas del gobierno federal encaminadas a la militarización que van en sentido contrario al trabajo de ustedes.
–Sí, estamos conscientes de que hay políticas a nivel federal que no nos ayudan. Por eso la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, el Centro Pro y las universidades jesuitas están metidos en el debate sobre cuestiones de seguridad. Nos estamos oponiendo, por ejemplo, a la Ley de Seguridad Interior porque abona el terreno de la militarización del país.
–Y ahora ya se empieza a debatir el tema de la amnistía a las bandas del crimen organizado. ¿Cuál es su postura al respecto?
–Vivimos en una sociedad punitiva cuya primera reacción es no aceptar la amnistía. Hay un enojo social donde la venganza se ve como la opción más viable. Este enojo se está aprovechando ahorita electoralmente. Los partidos políticos calculan que, si apoyan la amnistía, perderán votos ante un electorado que quiere lo punitivo.
“El tema de la amnistía requiere de una previa reflexión social, de un examen de conciencia como nación que debe tener muy en cuenta que muchas veces los victimarios fueron víctimas, que los homicidios violentos son sólo la punta del iceberg de una compleja fractura social y que la corrupción es proporcional a los niveles de violencia. Aquí no hay responsables únicos ni factores únicos.
“Por eso es muy importante el acceso a la verdad y a una justicia transformadora que atienda las causas estructurales de la violencia y, por supuesto, a las víctimas. Para poder llegar al perdón se necesita primero de un acto de contrición y un deseo y compromiso de reparar el daño. Por fortuna, México sigue conservando un sentido comunitario para emprender todos estos procesos. Esa es nuestra gran fortaleza.”
Este reportaje se publicó el 11 de marzo de 2018 en la edición 2158 de la revista Proceso.

2/27/2018

México (no tiene) mañana | La tinta


Redacción La Tinta

Por Luciano Concheiro para Nexos
México no tiene mañana. Su futuro fue desaparecido violentamente. Lo sepultaron en una fosa clandestina. Nos lo arrebataron los ladrones de vida, los mismos de siempre. De forma definitiva, en Iguala. Pero también en San Fernando, en Acteal, en el Bar Heaven, en Tlatelolco, en Villas de Salvárcar.
Al querer hablar sobre el México que vivimos, retorna el grito (¿o, más bien, deberíamos decir el suspiro?) de Kurtz: ¡El horror! ¡El horror!
En 1979, Pablo González Casanova y Enrique Florescano coordinaron un libro titulado México, hoy. En él, reunieron a un grupo de intelectuales, provenientes de distintos orígenes disciplinares, para discutir los grandes problemas nacionales y sus posibles soluciones. Se analizaba el problema de la crisis económica; de los pueblos indígenas; del campo; de la ciudad; de la salud, la seguridad social y la nutrición; de la educación; de la ciencia y la tecnología; de la democracia. Se hablaba de la presión de las transnacionales y el capital monopólico, del subdesarrollo, de la vida periférica, de dependencia, de injusticia, de un pueblo desmoralizado y un gobierno corrupto, de paternalismo-autoritario. En suma, se hablaba sobre el imperialismo y el capitalismo.
Casi cuarenta años después, los problemas, aunque a veces nombrados con otros términos, se mantienen. La enorme mayoría, si no es que todos, se han agravado. Peor aún: han derivado a una fase violenta —que ha aniquilado y desaparecido a cientos de miles de personas durante el último decenio—.

El pesimismo es ineludible. Lo único que, de alguna manera, resulta consolador es que la certidumbre compartida por los autores de México, hoy sigue vigente: los problemas del hombre han de resolverse por el camino del socialismo y en el marco de un nuevo orden mundial.
La segunda de las Tesis sobre la historia de Walter Benjamin (en la traducción de Bolívar Echeverría) dice: ¿Acaso no nos roza, a nosotros también, una ráfaga del aire que envolvía a los de antes? ¿Acaso en las voces a las que prestamos oído no resuena el eco de otras voces que dejaron de sonar? Y poco después: como a toda otra generación, nos ha sido conferida una débil fuerza mesiánica, a la cual el pasado tiene derecho de dirigir sus reclamos. Reclamos que no se satisfacen fácilmente, como bien lo sabe el materialista histórico.
Aquí surgen varias cuestiones. Subrayo un par. Primero, que la fuerza del espíritu revolucionario emana de la imagen de los antepasados esclavizados y no del ideal de los descendientes liberados. Segundo, que el pasado siempre demanda algo de nosotros: que tenemos un deber frente a aquello que no pudo ser.

La realidad mexicana actual arroja una luz particular a esta tesis. De alguna manera, nos obliga a radicalizarla. Hoy no sólo tenemos una duda con nuestros antepasados, con el pasado incumplido. Tenemos un compromiso incuestionable con nuestros contemporáneos que fueron privados de la vida y también de la muerte, con aquellos que fueron desaparecidos.
¿Cómo cumplir nuestro deber cuando la generación vencida es nuestra propia generación?
La ventaja de no tener futuro ni esperanza es que la espera ha perdido sentido. Cualquier reformismo parsimonioso resulta ya absurdo. No se puede aguardar más: para nosotros, la transformación debe suceder ahora. Para nosotros, no hay mañana.
Foto: Miguel Tovar/LatinContent/Getty Images

*Por Luciano Concheiro para Nexos.
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