El año que terminó hace pocos días estuvo marcado a nivel global por
el coronavirus, que llegó para modificar la vida de prácticamente todas
las personas, en todos los sentidos y en todas partes. Una enfermedad
que no discrimina, en tanto puede afectar a personas de cualquier edad,
clase socioeconómica o género, pero que tiene un impacto diferenciado en
las poblaciones que ya atravesaban situaciones de especial
vulnerabilidad.
La cronología es conocida: la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró la pandemia de covid-19 en marzo y enseguida los países
decidieron imponer confinamientos, restringir la circulación de
personas, cerrar fronteras, apostar a las clases virtuales y exhortar a
la implementación del teletrabajo.
Las medidas fueron efectivas para contener la propagación del virus.
Sin embargo, las consecuencias del encierro no tardaron en aparecer a
nivel económico, social y emocional, y muchas brechas que ya existían se
profundizaron. Las mujeres, una vez más, quedaron en desventaja.
En América Latina, la pandemia provocó la pérdida de miles de
empleos, sobre todo en sectores que tuvieron que paralizar la actividad.
Esto derivó en una grave crisis económica que impactó más fuerte en las
mujeres, que incluso antes de la pandemia ocupaban puestos laborales
más precarizados o estaban en la informalidad. Para muchas, quedarse en
casa significó la pérdida parcial o total de los ingresos, por lo que en
algunos casos se vieron obligadas a salir a la calle a buscar trabajo
‒pese al riesgo de contagio‒ para no pasar hambre o quedarse sin techo.
A eso se suma que, mientras la actividad mermaba afuera de las casas,
adentro aumentaba la carga de las tareas domésticas y de cuidados, que
más que nunca recayeron de manera desproporcionada sobre las mujeres.
Con las puertas cerradas, también aumentó el riesgo para las mujeres
que vivían situaciones de violencia por parte de parejas o familiares
varones convivientes. En la mayoría de los países de la región, de
hecho, se dispararon las llamadas a servicios de ayuda o asesoramiento
ante casos de violencia de género, especialmente durante los primeros
meses de pandemia.
Por otro lado, priorizar recursos para gestionar la emergencia
sanitaria implicó en algunos países que los servicios de salud sexual y
reproductiva se vieran interrumpidos, sufrieran recortes o directamente
fueran negados. En muchos casos, gobiernos nacionales o locales
conservadores pusieron la excusa de la pandemia para restringir estos
derechos, y fueron aplaudidos por grupos “provida”. Mujeres han
denunciado las dificultades en la región para acceder a los servicios de
aborto, recortes en el suministro de anticonceptivos y casos de
violencia obstétrica “justificados” por el contexto de emergencia.
Ante las diferentes urgencias que desató la pandemia, colectivos
feministas tejieron redes para asesorar, acompañar y ayudar a quienes en
algunos casos parecían olvidadas por el Estado. Ollas populares,
canastas de alimentos, líneas de asistencia para víctimas de violencia y
mecanismos de acompañamiento a la distancia para las que necesitaron
interrumpir embarazos se replicaron en la región. Frente a la crisis de
la parálisis, se activó la solidaridad.
Desempleo y pobreza
Las mujeres son las más afectadas por el aumento del desempleo, la
pobreza y la sobrecarga de cuidados no remunerados que provocó la
pandemia, aseguró ONU Mujeres en un artículo publicado a principios de
noviembre.
Según las estimaciones del organismo, el coronavirus dejará en
América Latina a 118 millones de mujeres y niñas en la pobreza. Esto se
debe a que la reducción de la actividad económica afecta en primera
instancia a las trabajadoras informales que pierden su sustento de vida
de forma casi inmediata, sin ninguna posibilidad de sustituir el ingreso
diario. “Más de la mitad de las mujeres trabaja en sectores de alto
riesgo de ser afectados por la contracción económica: comercio, trabajo
doméstico, manufacturas, turismo, servicios administrativos, actividad
inmobiliaria y el sector salud; donde las mujeres se encuentran
sobrerrepresentadas en la primera línea de respuesta, pero con una
participación minoritaria en la toma de decisiones frente a la
pandemia”, dice ONU Mujeres.
Las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) y de la Organización Internacional del Trabajo señalan
que, efectivamente, las mujeres están perdiendo sus empleos a un ritmo
mucho mayor que los hombres. A fin de año estimaban que 2020 cerraría
con una tasa de desocupación de las mujeres en la región de 15,2%, casi
seis puntos porcentuales más que en 2019.
En Uruguay, la emergencia sanitaria también tuvo mayor impacto en las
trabajadoras informales, que no sólo no pudieron acceder al seguro de
paro sino que, además, integran sectores que se han visto especialmente
afectados por las medidas adoptadas para contener la propagación del
coronavirus. Así lo aseguran la economista Alma Espino y la socióloga
Daniela de los Santos en el informe “Pandemia, políticas públicas y
desigualdades de género en Uruguay”, publicado a mediados de año.
Las investigadoras citan el ejemplo de las trabajadoras domésticas,
quienes denunciaron reducciones de jornadas laborales, “despidos
abusivos” y suspensiones desde que comenzó la emergencia sanitaria.
Otro caso es el de las trabajadoras sexuales, que perdieron
posibilidades laborales debido al cierre de boliches, bares y
whiskerías, y a la restricción de la circulación en las calles. Sin
alternativas para percibir ingresos, unas y otras tuvieron que generar
alternativas para sostener la vida de sus familias organizando ollas
populares o buscando donaciones de canastas de alimentos y productos de
higiene.
La situación en América Latina es también complicada para las mujeres
rurales, indígenas y afrodescendientes, que, además de trabajar de
manera informal, debido a la pandemia se enfrentaron a obstáculos para
acceder a recursos productivos como el agua, la tierra, insumos
agrícolas, financiamiento, seguros o capacitación, y tuvieron
dificultades para comercializar sus productos en los mercados. Las
proyecciones de la CEPAL auguran que seis millones de mujeres rurales de
la región corren el riesgo de caer en la pobreza extrema.
En nuestro país, la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay
advirtió en octubre sobre el impacto de la crisis sanitaria en la
actividad laboral y en su autonomía económica, “que es una de las
maneras de luchar contra la violencia patrimonial y desterrar de una vez
por todas el patriarcado”, como explicó a la diaria la vicepresidenta
de la plataforma, Silvia Páez, en el marco del Día Internacional de las
Mujeres Rurales.
Uno de sus comentarios podría resumir la sensación de las
trabajadoras en el resto de los sectores mencionados: “Todo ha tenido un
proceso de detenimiento y de tener que pensar cómo volver a empezar”.
La crisis de los cuidados
Con los centros educativos cerrados, las personas adultas mayores
aisladas y la imposibilidad de contar con alguien externo al núcleo
familiar para encargarse del cuidado, las mujeres también tuvieron que
asumir gran parte de los cuidados de niñas, niños y otras personas
dependientes. Esto implicó el aumento de la carga de una tarea que ya
recaía de manera desproporcionada sobre las mujeres.
Así, se vieron obligadas a hacer malabares para conciliar los
cuidados con el trabajo remunerado. Las mujeres que inevitablemente
tuvieron que salir a trabajar fuera del hogar vieron las alternativas
reducidas a la hora de definir con quién dejar a sus hijas e hijos.
Aquellas que podían trabajar desde su casa, en tanto, se enfrentaron al
doble desafío de ocuparse en simultáneo del trabajo y el cuidado.
Antes de la pandemia, las mujeres de la región dedicaban más del
triple de tiempo al trabajo no pago que los hombres, según datos de ONU
Mujeres. La crisis sanitaria sólo agravó esta desigualdad histórica y
puso en evidencia la necesidad un reparto equitativo de los cuidados,
que venga acompañado de un cambio cultural.
“La crisis debe transformarse en una oportunidad para fortalecer las
políticas de cuidados en la región, desde un enfoque sistémico e
integral, incorporando a todas las poblaciones que requieren cuidados, a
la vez que se articulan con las políticas económicas, de empleo, salud,
educación y protección social sobre la base de la promoción de la
corresponsabilidad social y de género”, aseguran ONU Mujeres y la CEPAL
en un informe publicado en agosto.
En Uruguay, “las cargas de cuidados no han estado presentes en el
discurso público, así como tampoco las tensiones que conlleva para las
mujeres quedarse en casa y no recibir los apoyos de las instituciones
educativas y de cuidados durante la cuarentena”, resumen Espino y De los
Santos en su estudio. Al mismo tiempo, se preguntan si, “de
profundizarse la estrategia de los trabajos remotos”, “se podrán
conciliar los tiempos de la vida y del mercado” y “se facilitará la
corresponsabilidad en el trabajo no remunerado entre varones y mujeres”.
Unos días después de que se conoció el primer caso de coronavirus en
Uruguay, Espino dijo a la diaria que se trataba de una buena oportunidad
para llamar a los varones “a tener un papel más relevante y sentirse
parte del cuidado de lo más importante que tenemos los seres humanos,
que son las personas a las que queremos”. La invitación sigue abierta.
Violencia machista, la otra pandemia
Con o sin pandemia, la mayoría de las situaciones de violencia de
género tienen lugar en el ámbito privado y son ejercidas por parte de
parejas, ex parejas o familiares varones. Por eso el llamado al
confinamiento prendió las alarmas: la casa era el mejor refugio para
evitar el contagio del coronavirus, pero el lugar más inseguro para
muchas mujeres.
Organizaciones y colectivos feministas iniciaron campañas para
alertar y prevenir sobre esta situación, al tiempo que exigieron a los
gobiernos la adopción de medidas que se ajustaran a la nueva realidad.
Muchos países reforzaron entonces los servicios de atención telefónica y
las apps, que habilitaron una vía posible para que las mujeres pudieran
pedir ayuda incluso estando encerradas con sus agresores las 24 horas
del día.
El número de las llamadas a los servicios de atención a la violencia
de género se disparó en la región durante los primeros meses de la
pandemia, casi sin excepciones. En Uruguay, el total de consultas
telefónicas y presenciales a los servicios del Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres) de todo el país aumentó 25% respecto de 2019. Sólo
entre enero y setiembre fueron atendidas 11.281 llamadas al 0800 4141,
un promedio aproximado de 41 por día, según cifras del Inmujeres. El
pico máximo se registró en abril, con una consulta cada 20 minutos.
En paralelo, hubo una baja de las denuncias policiales, un fenómeno
que se repitió en otros países y que dejó en evidencia los obstáculos a
los que se enfrentaron las mujeres a la hora de denunciar en el contexto
de aislamiento. De todas formas, el Ministerio del Interior registró
33.004 denuncias por violencia de género de enero a octubre de 2020. Es
decir, 109 por día. O una cada 13 minutos.
Varios países de la región que optaron por cuarentenas estrictas
también enfrentaron un aumento de los femicidios durante la pandemia. En
Argentina, por ejemplo, hubo 298 casos del 1º al enero al 31 de
diciembre, según datos del Observatorio de Violencias de Género “Ahora
que sí nos ven”. De ese total, 217 tuvieron lugar durante el período de
aislamiento y distanciamiento social obligatorio, entre el 20 de marzo y
el 30 de diciembre. En 65,1% de los casos, los femicidios se dieron
dentro de una vivienda, lo cual ratifica que “el hogar de las mujeres
continúa siendo el lugar más inseguro”, puntualiza el observatorio en el
informe.
Reforzar los servicios telefónicos fue una de las distintas medidas
que se adoptaron en la región para abordar la violencia de género. Hubo
otras. Las autoridades argentinas, por ejemplo, decretaron una excepción
para que mujeres y personas LGBTI en situación de violencia pudieran
romper la cuarentena para ir a hacer una denuncia penal o pedir
asistencia. El gobierno de Colombia expidió un decreto para garantizar
la prestación ininterrumpida de servicios de atención a víctimas de
violencia de género en las comisarías de familia, de forma virtual. La
Fiscalía de Honduras anunció que investigaría de oficio a personas que
promovieran la violencia contra las mujeres a través de redes sociales
durante el período de aislamiento.
En todos los países, sin excepción, el riesgo y los obstáculos para
huir de las situaciones de violencia fueron y son todavía más grandes
para las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad a múltiples
formas de discriminación, como mujeres con discapacidad, con VIH, LGBTI,
migrantes, desplazadas y refugiadas, víctimas de conflicto armado,
indígenas, afro, rurales o que viven en asentamientos. Por eso,
organizaciones sociales insisten en que el abordaje de las distintas
problemáticas tiene que incluir siempre la mirada interseccional.
El periplo por la salud sexual y reproductiva
La OMS publicó en marzo una guía con orientaciones para mantener los
servicios de salud esenciales durante la pandemia que incluía tanto los
relacionados con la salud sexual y reproductiva como los de maternidad.
El documento advertía, de hecho, que la reducción de la disponibilidad
de esos servicios podía implicar “miles de muertes maternas y neonatales
debido a los millones de embarazos no deseados adicionales, los abortos
en condiciones de riesgo y los partos complicados sin acceso a la
atención esencial y de emergencia”. Incluso alertaba que una reducción
de 10% en estos servicios “podría resultar en unos 15 millones de
embarazos no deseados, 3,3 millones de abortos en condiciones de riesgo y
29.000 muertes maternas adicionales durante los próximos 12 meses”.
Pero de lo recomendado a lo hecho hubo un largo trecho, y varios
países se vieron obligados a priorizar los servicios destinados
exclusivamente a atender la covid-19. Como consecuencia, la atención a
la salud sexual y reproductiva de mujeres, niñas y adolescentes fue
interrumpida, negada o sufrió recortes.
En muchos casos, hubo negación o suspensión de los servicios de
interrupción voluntaria del embrazo y recortes de suministros de
misoprostol y mifepristona, según denunció en octubre Catalina Martínez
Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de
Derechos Reproductivos, en una entrevista con la agencia DW. En otros
casos, como en Brasil, la crisis redujo drásticamente el acceso a los
abortos legales porque muchas clínicas cerraron: de las 76 registradas
que brindan servicios de aborto legal en todo el país, sólo 42
permanecieron abiertas durante la pandemia, de acuerdo con datos
recopilados por activistas y relevados por la cadena BBC.
Las barreras para el acceso al aborto fueron incluso alentadas y
celebradas por grupos “provida”, algunos con influencia en gobiernos
nacionales o locales.
Martínez Coral aseguró que las mujeres también encontraron obstáculos
para acceder a la salud materna. En ese sentido, dijo que en países
como Honduras y Perú se denegaron atenciones prenatales “inclusive a
personas que tenían embarazos de alto riesgo”.
En Uruguay no se registraron irregularidades para acceder a los
servicios de aborto, pero sí fueron denunciados casos de violencia
obstétrica. En concreto, se denunciaron situaciones en las que se
prohibió el acompañamiento en controles prenatales y ecografías, así
como casos de maltrato verbal. La organización Gestar Derechos advirtió
sobre el caso de una mutualista que impuso la cesárea a una mujer con
coronavirus y prohibió el acompañamiento de su pareja.
La respuesta de los feminismos, otra vez, fue organizar la sororidad.
En Argentina, las Socorristas en Red lanzaron una campaña para recordar
que las mujeres tienen derecho a un aborto seguro incluso en
cuarentena. “El sistema de salud no te puede abandonar. Los derechos
sexuales y reproductivos no se suspenden en pandemia”, decía una de las
placas que circularon en redes sociales. En Ecuador, la red Las Comadres
también difundió información de contacto para atender a mujeres que
quisieran interrumpir el embarazo, tanto por vía telefónica como a
través de Telegram. “Un aborto acompañado es un aborto seguro” era una
de las premisas. En Uruguay, el colectivo Mujeres en el Horno reafirmó
que el aborto es legal incluso en pandemia y le dio difusión al número
de la Línea Aborto, mientras que Gestar Derechos se puso a disposición
para asesorar a quienes hubieran vivido algún episodio de violencia
obstétrica.
Fuente: https://ladiaria.com.uy/feminismos/
