Democracia y lucha de clases

 

Orlando Delgado Selley

El resultado del proceso electoral fue contundente: Morena ganó con márgenes amplios. Para cada elección federal los números varían, pero lo relevante es que Morena tiene la Presidencia, mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría importante en la de senadores: 83, requiriendo 86 para contar con mayoría calificada. Con este respaldo, los electores les dieron un mandato a sus electos: Presidenta, senadores y diputados federales: aprueben las reformas constitucionales que fueron planteadas por AMLO y que se difundieron como el plan C.

La oposición sabía que perdería las elecciones, pero esperaba que la diferencia fuera menor, permitiéndole impugnar los resultados. A esta oposición concurren empresarios, tres partidos nacionales (PAN, PRI, PRD), otras pequeñas fuerzas políticas, así como las agencias calificadoras que representan intereses económicos perfectamente definidos, asesoras de inversionistas, bancos internacionales. Juntos conforman el bloque que estuvo en el poder durante los 36 años neoliberales. Por supuesto, en esta alianza de intereses también participan el gobierno estadunidense, el canadiense y los organismos financieros internacionales.

El enfrentamiento entre proyectos de nación diferentes es perfectamente claro. Desde 1988 la nación ha estado en disputa. Esta disputa fue resuelta a favor de esta alianza que gobernó 36 años. No sólo ganó el poder, sino que impuso una ideología conservadora en muchos ámbitos. Los neoliberales plantearon y ganaron la revolución de los ricos. En 2018, esa alianza perdió la elección presidencial y perdió también la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. La victoria electoral de la 4T y su mayoría permitió reorientar en sentidos relevantes el proyecto nacional.

Por supuesto que en los años de gobierno de AMLO la confrontación de proyectos ha sido permanente. Las decisiones importantes de este gobierno: los grandes proyectos de inversión, el rescate de Pemex y la CFE, la política social, hasta el estilo personal de gobernar se han cuestionada ad nauseam. En la elección intermedia, Morena ratificó su mayoría, pero no pudo lograr mayorías calificadas entre diputados. Consecuentemente, en esa elección la oposición obtuvo también un mandato: frenar las reformas constitucionales que eran relevantes para el proyecto de nación postulado por Morena. La oposición cumplió con ese mandato.

La elección de 2024 le mandató a la alianza política que sostiene a la 4T llevar adelante el plan C. Para tratar de impedirlo la oposición ha actuado secuencialmente. Los aliados estratégicos del proyecto neoliberal fueron utilizando las herramientas a su alcance para oponerse al cumplimiento de este mandato: compraron dólares, vendieron acciones, amenazaron con reducir la calificación crediticia internacional del gobierno mexicano, junto con múltiples impugnaciones a los resultados electorales. Un actor importante en esta alianza, el gobierno estadunidense, había permanecido silencioso, aunque actuaba soterradamente a través de entidades financieras internacionales. Este silencio lo rompieron el embajador estadunidense y luego algunos senadores de ese país.

Ante la inminente confirmación de las mayorías parlamentarias de Morena, el gobierno estadunidense y, con mucho menor sonoridad, el canadiense, decidieron expresarse apoyando a sus aliados estratégicos. Los argumentos utilizados son cuestionables, pero el asunto de mayor importancia es la evidente intromisión de un gobierno extranjero en asuntos que competen exclusivamente a los mexicanos. Evidentemente esa intromisión fue concertada con las ahora separadas oposiciones. No es un exabrupto, es parte de una estrategia diseñada para que en este momento de transición del gobierno de AMLO al de Sheinbaum se construya un escenario de supuestas rupturas comerciales y financieras.

La decisión de concretar la reforma judicial no puede revertirse. Por el contrario, Morena y la presidenta deben llevar adelante la reforma judicial, considerando los impactos inevitables que se presentarán en diversos ámbitos. Será necesario insistir en que el marco legal no habrá cambiado, por lo que no existe ningún riesgo que cuestione la participación de ningún agente económico en el país. Las preocupaciones del gobierno estadunidense son impertinentes y lastiman la soberanía nacional. Las decisiones de México las toman mexicanas y mexicanos. Y estas decisiones se tomaron el 2 de junio pasado. Corresponde a nuestros elegidos honrarlas.

odselley@gmail.com

Lo que sigue

Orlando Delgado Selley

La reciente entrega de la propuesta de PEF 2021 y de la Ley de Ingresos da cuenta de las expectativas del gobierno federal para el cierre de este difícil 2020 y lo que se espera para 2021. El pronóstico oficial indica que este año el PIB se contraerá 8 por ciento y que en 2021 habría un crecimiento de 4.6 por ciento. De modo que al finalizar la mitad del sexenio de AMLO, la economía se habrá reducido más de tres puntos porcentuales respecto de 2018. La recuperación en V ni en las previsiones de Hacienda aparece. Este mal resultado indudablemente ha sido provocado por la pandemia, pero la respuesta gubernamental también ha contribuido.

Este pronóstico no es compartido por otros analistas. En general, hay un amplio consenso en que la contracción en este año será mayor al 8 por ciento esperado por Hacienda. La OCDE apenas antier publicó un informe sobre la situación de la economía mundial en el que señala que la economía mexicana se contraerá este año 10.2 por ciento y crecerá 3 por ciento en 2021. Este pronóstico se ajusta más a lo que espera el grueso de los analistas económicos: la economía se reducirá bastante más este año y la recuperación el año siguiente será más lenta. Según la estimación de la OCDE, la economía mexicana cerrará 2021 siendo siete puntos porcentuales menor que en 2018.

El pronóstico de la OCDE para la economía mundial, en su informe Coronavirus: vivir con la incertidumbre, mejora respecto del que había presentado en junio pasado. Estima una contracción para este año de 4.5 por ciento y para 2021 un crecimiento de 4.6: La caída esperada en el crecimiento global en 2020 es menor de lo esperado, aunque existen diferencias considerables entre los países, con revisiones al alza en China, con un crecimiento de 1.8 por ciento, frente al -2.6 por ciento estimado en junio; Estados Unidos, -3.8 por ciento, frente al -7.3 en junio; y la Europa del euro, con un estimado de -7.9, frente al esperado en junio pasado de -9.1; pero con resultados más débiles de lo esperado en India, México y Sudáfrica, que son los países con peores desempeños. La explicación de estos diferentes comportamientos se localiza en la acción gubernamental.

Estas estimaciones, como las del gobierno de AMLO, están sujetas a alteraciones en sus resultados si los factores considerados para su cálculo no tienen el comportamiento esperado. Persisten muchas incertidumbres, de modo que los números pueden moverse significativamente. Tres aspectos son cruciales: el comportamiento próximo de la pandemia, con importantes consecuencias económicas si hubiera que regresar a confinamientos estrictos; segundo, la confianza entre los agentes económicos en relación con la recuperación de la demanda, y tercero: la respuesta del gobierno.

En cuanto a lo primero, conseguir la vacuna y estar en condiciones de aplicarla masivamente se aprecia relativamente lejano. Consecuentemente, el control de la pandemia estos meses se logrará con acciones gubernamentales y con responsabilidad de las poblaciones. La confianza en la recuperación se concentra en el mantenimiento de los apoyos fiscales y monetarios existentes y en la manera en que la economía se ajusta a nuevas condiciones en la demanda. Es claro que la acción gubernamental es decisiva. Por esto, la OCDE advierte que lo fundamental es mantener los apoyos fiscales: ya habrá tiempo para ajustar las finanzas públicas. Pero ese tiempo no es 2021.

Nuestras finanzas públicas, sin embargo, siguen preocupando al gobierno, aunque no está claro que la economía mexicana haya tocado fondo. Los indicadores económicos disponibles muestran que el empleo dejó de reducirse, pero otros indicadores dan cuenta de que la caída sigue. La última actualización del indicador global de la actividad económica, el IGAE, mostró que a junio seguía contrayéndose la economía, en particular las actividades secundarias y las primarias. El 25 de septiembre, tendremos la nueva estimación del IGAE. Mientras tanto, no hay certeza de la situación. Por eso, la propuesta de PEF 2021 y de Ley de Ingresos resulta poco atenta a las condiciones reales en las que se encuentra la economía.

Mantener los propósitos planteados no puede significar que el diseño de política económica establecido en la campaña para el sexenio y luego ratificado en la toma de posesión, siga siendo pertinente, cuando las condiciones económicas cambiaron drásticamente. Frente a un escenario por completo diferente, es conveniente y necesario ajustar las decisiones de política económica manteniendo los propósitos sociales. La pandemia ha hecho crecer las necesidades de gasto público. No puede atenderse solamente con mayor austeridad.

Resolver estos requerimientos de gesto obliga a modificar políticas. Repetir que no habrá reforma fiscal, supone negar que las apremiantes necesidades de mayor gasto requieren mayores ingresos públicos. La economía no está en camino de su recuperación, las actividades siguen contraídas. Ha habido cierta reanimación, pero está muy lejos de indicar alivio. Lo que sigue es fundamental. Se debe aceptar la idea de que ante nuevas condiciones, deben modificarse los planteamientos originales.

odselley@gmail.com

Reforma fiscal: urgente discusión

Orlando Delgado Selley

En 2021 México vivirá la crisis más fuerte desde 1932. En pocos días, Hacienda enviará al Congreso el paquete económico, que incluye el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos. Arturo Herrera advirtió que será “muy cuidadoso, muy prudente, muy responsable y que requerirá la comprensión y solidaridad… porque habrá menos recursos en el presupuesto que este año…” Frente a este complicado panorama económico y presupuestal, Ricardo Monreal advirtió que es impostergable que el Congreso de la Unión impulse una reforma fiscal progresiva para enfrentar los desafíos que ha planteado al país la pandemia de Covid-19. Informó que en el Senado ya se trabaja esto en el marco de la discusión de la Ley de Ingresos.

La trayectoria esperada del PIB por todos los analistas da cuenta de que en 2020 se reducirá 10 por ciento y se espera que en 2021 haya un crecimiento de apenas 2.95 por ciento. Con estas previsiones, resultará que a finales de 2021 respecto a 2018 el PIB estará siete puntos porcentuales por debajo. De modo que la recuperación en V claramente no ocurrirá. Por supuesto, este desempeño afectará la situación fiscal. Los ingresos tributarios y no tributarios esperados para 2021 serán menores que los presupuestados para 2020 y el gasto será mayor. En este mayor gasto resalta el costo de la deuda externa en pesos que sin tener incrementos netos impactará más debido a la pérdida en la paridad peso-dólar. Por ello, en 2021 estaremos frente a una crisis como la de 1929-33. En 1932 el PIB mexicano tuvo una reducción de 14.8 por ciento respecto a 1931, pero en relación con el nivel de 1928 la reducción llegó a 20.84 por ciento.

El año que vine será duro, pero no como 1932. Sin embargo, lo realmente relevante es que las finanzas públicas no tienen margen de maniobra. Desde la llegada de AMLO el gasto público se contrajo, en 2020 ante el inicio de los impactos de la pandemia sufrió una nueva reducción, que en el Informe de anteayer se ubicó en 560 mil millones de pesos, de modo que el año próximo ya no hay posibilidad de mayor austeridad. Por esto, es impostergable acordar una reforma fiscal que, como Monreal propuso, haga profunda la progresividad. Se trata de que los que ganan más paguen proporcionalmente más impuestos. La profundidad de la progresividad propone concentrar el incremento en la carga tributaria en el decil de mayores ingresos, pero sobre todo en el uno por ciento que recibe los mayores ingresos en el país.

Para plantearse una reforma fiscal hace falta legitimidad. Tras casi dos años de gestión el gobierno de AMLO ha probado que es presupuestalmente serio. Ha cumplido con las metas fiscales propuestas, ha controlado su gasto escrupulosamente, ha mantenido la meta de no deuda neta adicional, ha avanzado con el cobro de impuestos atrasados en litigio con grandes corporativos. Esta seriedad, le ha permitido financiar sanamente los programas sociales de su gobierno, sin generar un déficit mayor ni endeudamiento público nuevo. Probablemente hubiera podido seguir en esa trayectoria hasta finales del sexenio, pero la pandemia cambió dramáticamente los parámetros con los que hay que operar. No hemos salido de la crisis. Por el contrario, lo que sigue es más duro que lo que hemos vivido hasta ahora.

La planeación presupuestal para 2021, por más cuidadosa y responsable, aunque logre ser comprendida y genere solidaridad, debe contemplar un incremento significativo en los ingresos públicos. No es probable que las fuentes actuales de ingresos públicos pudieran ampliarse; por el contrario, su trayectoria más probable es hacia abajo. No queda más que aumentar la captación tributaria. Para ello, no basta con gravar las herencias o aumentar el impuesto a los refrescos. Es indispensable incorporar un criterio de progresividad al impuesto sobre la renta. En esto debe concentrarse la urgente reforma fiscal. Se trata justamente de acordar este criterio de progresividad.

En las condiciones actuales la tasa máxima para personas físicas y morales es de 35 por ciento, lo que en cualquier comparación internacional resulta bajo. Convendría ajustar nuestras tasas máximas de carga tributaria a las que se cobran en España, Canadá o algún país de ingresos medios como nosotros. España, por ejemplo, tiene un sistema claramente progresivo: para ingresos menores a 17 mil 700 euros anuales la tasa a cobrar es de 21 por ciento; ingresos entre 17 mil 700 y 33 mil se cobra 30 por ciento; entre 33 mil y 53 mil 400, 40 por ciento; entre 53 mil 400 y 120 mil, 49 por ciento; entre 120 mil y 175 mil, 51 por ciento; finalmente para ingresos mayores a 175 mil euros anuales se cobra 52 por ciento.

Por supuesto, hace falta operación política para proponer esta reforma y lograr aprobarla. Además, hacerlo en un tiempo corto para que pueda ampliar los márgenes de maniobra a la planeación presupuestal de los años siguientes. Este es el tiempo para una reforma fiscal progresiva. El país necesita un estado con capacidad para proteger a los que menos tienen. Conseguir financiar sanamente estos requerimientos mediante impuestos progresivos es la manera para que avancemos hacia un mejor país.

odselley@gamil.com

Pacto fiscal federal

Orlando Delgado Selley

La reunión entre gobernadores y el presidente sucede en un momento decisivo para el país. Pese a la existencia de indicadores parciales que dan cuenta de que la caída del empleo pudiera haberse detenido, lo cierto es que los datos económicos duros muestran que la producción tardará meses en recuperarse. La valoración sobre la medida de la contracción este 2020, que varía entre 9 y 10 por ciento, indica el tamaño de las dificultades que se están enfrentando. Es cierto que la estrategia instrumentada ha evitado que la caída tenga impactos mayores entre los más necesitados, pero también es cierto que el impacto recesivo no se ha detenido y que, en consecuencia, sigue siendo indispensable que haya respuestas, desde el lado fiscal, mucho más amplias.

Está planteado, desde hace tiempo, que el pacto fiscal federal debiera modificarse. En el diseño actual, las entidades con mayor contribución tributaria, la que se explica por su mayor envergadura económica, contribuyen al financiamiento de las entidades que menos recaudan. Los programas que se usan para el reparto presupuestal se asocian a estrategias de política social distributiva, así como al fortalecimiento de la capacidad de atención a la infraestructura. La crisis actual ha puesto en el primer lugar de las necesidades atender al sector salud, desmantelado por las diversas administraciones neoliberales. Hoy es indispensable reconstruir los sistemas de servicios médicos estatales para enfrentar el reto del coronavirus, pero, sobre todo, el desafío de la atención a la salud de la población.

Este requerimiento, junto con los recursos que innegablemente demanda la construcción de una recuperación sostenible que sea redistributiva, obligan a plantearse un escenario de mayor alcance que el pacto fiscal federal vigente. Lo que hace falta no es solamente replantear la manera en la que se distribuyen los recursos de la hacienda pública federal, sino ampliar esos fondos mediante las distintas vías que ofrece la tributación. La Ley de Ingresos de la Federación establece impuestos federales, estatales y municipales. En estos tres ámbitos hay que establecer una nueva fiscalidad. Se trata de reconocer que, en las condiciones actuales, es indispensable una gran reforma que debe reconocer que las contribuciones deben incrementarse, tanto en los ingresos, como en lo que respecta a la participación de estados y municipios en la recaudación fiscal.

A escala federal, por supuesto, está la necesidad de incrementar la captación del ISR mediante un aumento a las tasas que se cobran a los mayores ingresos. Los otros impuestos federales (IVA, IEPS, ISAN, Tenencia, al Activo, al Comercio exterior y a Pemex, entre otros) ameritan revisarse cuidadosamente desde la perspectiva de la progresividad tributaria. Respecto de lo que deben captar las administraciones estatales, es necesario reconocer que les corresponde una responsabilidad que no puede soslayarse al amparo de propuestas electorales que cuestionan el equilibrio fiscal entre federación-estados-municipios. El impuesto a la nómina, la tenencia, la compra-venta de vehículos usados y los otros tributos estatales, deben aportar al financiamiento de sus gastos un porcentaje mínimo determinado a nivel federal.

A escala municipal, la recaudación de mayor relevancia es el predial. La propiedad inmobiliaria debe tributar para que los municipios puedan cumplir con sus responsabilidades, acordes con los valores catastrales, pero acercándolos a los valores comerciales conocidos. Los traslados de dominio, a su vez, tendrían que establecerse de manera tal que reconozcan el valor de lo que se está trasladando, considerando que deben aportar a las haciendas municipales lo que corresponde.

El pacto fiscal federal tiene que modificarse. Los respectivos pesos específicos de las entidades han cambiado y es menester reconocerlo en los arreglos para la distribución de los programas presupuestales. Pero, junto con esto, se requiere un nuevo pacto fiscal en el que los agentes económicos reconozcan que sus contribuciones al financiamiento de las actividades federales, estatales y municipales debe incrementarse para permitir que estos tres niveles de gobierno puedan cumplir con sus responsabilidades. La crisis que enfrentamos, cuyas consecuencias negativas sobre las actividades económicas no han terminado, obliga a replantear estrategias que se pensaban adecuadas a la normalidad neoliberal. Es momento de aceptar las nuevas circunstancias, corregir la estrategia y convocar a un nuevo pacto social con una fiscalidad progresiva que permita un gasto público realmente redistributivo.

odselley@gmail.com

Los números de Herrera

Orlando Delgado Selley

En una interesante intervención, el titular de la SHCP, Arturo Herrera, expuso la situación fiscal de la hacienda pública mexicana en una reunión con Canacintra. Su idea central es que el gobierno federal no tiene ningún margen de maniobra. Para el gobierno, si se aprobaran estímulos fiscales, tendrían que financiarse con deuda, lo que aumentaría el pago de intereses en 2021. Consecuentemente, ante ingresos fijos, habría que reducir proyectos sociales por el monto en que se incrementó el pago de intereses. El punto crucial es que no pueden aumentar los ingresos tributarios.

En su presentación el primer dato ofrecido resulta elocuente: en 2019, los ingresos tributarios representaron 13 por ciento del producto interno bruto (PIB), menor al 15.3 que se recauda en América Latina. Herrera señaló que nuestros ingresos tributarios son menores incluso que los de Nicaragua. Sumando los otros ingresos fiscales, el total de ingresos públicos llega a 16.2 por ciento del PIB. De nuevo menor al dato latinoamericano de 18.5. Frente a esta situación su enfoque es que cualquier estímulo fiscal a la planta productiva del país tendría que valorarse contrastando el costo del endeudamiento público adicional necesario para financiarlo.

De modo que para Herrera no existe la posibilidad de incrementar los ingresos tributarios. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha valorado que la evasión fiscal en la región equivale a 6 por ciento del PIB regional. Hay aquí una fuente de ingresos públicos que no es menor. Pero lo central es aumentar la carga tributaria. Un grupo de ricos globales ha planteado públicamente que es conveniente y necesario aumentar la carga fiscal a los altos ingresos. Es bien conocido que las tasas impositivas mexicanas están muy por debajo de las internacionales y, particularmente, de las españolas, canadienses y estadunidenses. De modo que sí hay margen de maniobra.

Herrera reconoció que el fondeo de recursos que México contrata es caro: alrededor de 6 por ciento, lo que es 20 veces más caro que lo que Canadá paga por su deuda pública. Para toda la región, el pago de intereses aumentó ligeramente en 2019 representando 2.6 por ciento del PIB. En nuestro caso el dato es también de 2.6 del PIB, aumentando desde 2.3 por ciento en 2017. Si en nuestro país el estímulo para aliviar problemas de la planta productiva nacional fuera de 5 billones de pesos, como señaló Herrera, y se tomara deuda por esa cantidad, a esa tasa habría que pagar 300 mil millones de pesos anuales, equivalente al costo de los programas sociales de este gobierno.

La conclusión de Herrera es que el gobierno mexicano no puede comprometerse con ningún estímulo, porque eso significaría cancelar todos los proyectos sociales que ha instrumentado el gobierno de AMLO. No hay margen, según Herrera, ya que no podemos financiarnos a tasas competitivas. Esto es un dato incontrovertible. Lo que es discutible es que no sea posible aumentar los ingresos fiscales. Por tanto, comprometerse con estímulos para proteger la planta productiva y el empleo obliga a que el Estado mexicano reconozca que la contribución fiscal que se paga actualmente es absolutamente insuficiente ante las necesidades que plantea la crisis que estamos viviendo.

Herrera añadió que hay información que apunta a que ha empezado la recuperación. En la construcción se crearon casi 125 mil empleos, cuando como resultado de la Gran Reclusión se perdieron 250 mil. El dato es interesante, pero no prueba que la recuperación de la actividad económica esté efectivamente en curso. La contracción seguirá indefectiblemente, ya que es claro que muchas actividades han empezado a operar, pero muy lejos de sus condiciones normales.

De modo que la necesidad de que el gobierno instrumente acciones para estimular la demanda sigue planteada. No es cierto que las dificultades se hayan superado. Contrariamente, lo que hace falta para regresar a las condiciones en que estábamos, que no eran de ninguna manera deseables, está aumentando. En consecuencia, siguen siendo necesarias acciones del gobierno federal. Para ello es indispensable replantear principios que no corresponden con las dificultades que se viven.

Comprometerse a no realizar ninguna reforma tributaria pudiera haber sido pertinente como propuesta en 2018, en tiempos de campaña, pero no puede seguir sosteniéndose este 2020, cuando se han afectado gravemente las condiciones de vida de una parte significativa de la población. Las necesidades han aumentado sensiblemente, obligando a que se refuercen las acciones gubernamentales.

odselley@gmail.com

Certidumbres e incertidumbres

Orlando Delgado Selley

Una de las características más dramáticas de la situación por la que atravesamos es que desconocemos buena parte de lo que nos espera a corto, mediano y largo plazos. Se trata de enormes incertidumbres que cuestionan la normalidad con que funcionábamos en la sociedad del conocimiento. Sobre lo que hay total certidumbre es que enfrentamos una contracción muy severa. Sobre esto hay disponible información que da cuenta de la magnitud de las dificultades y, en consecuencia, permite prever lo que necesitaremos para revertir los impactos mayores de la crisis en curso.

Sabemos con certeza que la crisis sanitaria provocada por el Covid 19 no ha sido resuelta y que sus efectos seguirán sintiéndose. Sabemos, además, que la posibilidad de descubrir una vacuna, aunque es clara, está aún lejos en el tiempo. La expectativa es que para disponer de esta vacuna, producir las dosis necesarias globalmente y para que se aplique a la población mundial, tendremos que esperar entre 12 y 24 meses. Consecuentemente, la nueva normalidad en la que persiste la sana distancia, cubrebocas y medidas sanitarias extremas, permanecerá por lo menos hasta el verano de 2021.

Sabemos ya que el impacto de la crisis sanitaria sobre la producción y el empleo a escala global es considerable. Por ello, la actualización de junio de las estimaciones del FMI indica que la economía mundial se reducirá 4.9 por ciento este 2020. Las economías desarrolladas se contraerán 8 por ciento este año y las emergentes se reducirán 3 por ciento. Estados Unidos caerá 8 por ciento; las economías de la zona euro lo harán en 10.2, con contracciones superiores al 12 por ciento en Francia, Italia y España; China logrará apenas crecer un punto porcentual y en América Latina y el Caribe la contracción llegará al 9.4, con las mayores reducciones para México, 10.5, y Brasil, 9.1. Este es el impacto de lo que se ha denominado la Gran Reclusión.

Con una reducción de esta envergadura, la situación en México es alarmante. La encuesta que busca conocer los impactos de esta crisis en el bienestar de los hogares mexicanos, levantada por la Universidad Iberoamericana, con información para mayo, señala que 8.4 millones de personas, 14.6 por ciento de la población económicamente activa (PEA), están desempleadas, descansadas sin goce de sueldo o sin poder salir a buscar trabajo. Dos de cada tres empleos perdidos son informales, afectando mayormente a mujeres y a quienes tenían las menores remuneraciones. En dos de cada tres hogares ha habido reducción de ingresos y en uno de cada tres esta reducción ha sido del 50 por ciento o más de sus ingresos. De acuerdo con investigadores de la Ibero, esto podría llevar a la pobreza a 76.2 por ciento de la población, es decir, a 95.2 millones de mexicanos y a pobreza extrema a 20.7 por ciento. Un dato relevante es que 75 por ciento de los hogares declararon no recibir programas sociales o algún tipo de ayuda del gobierno.

A escala global, prácticamente todos los países gobiernos y bancos centrales trataron de contener la crisis respondiendo con recursos equivalentes a 10 por ciento del PIB global, lo que no logró evitar las significativas pérdidas de empleos y de producción que han ocurrido. Se requerirán recursos adicionales para reactivar la economía, reduciendo los riesgos y estimulando efectivamente la demanda. Le corresponde a los estados estimular la demanda. Tendrán que hacerlo entendiendo que no es suficiente con inyectar recursos, es necesario que esos recursos obligadamente se conviertan en gasto. Pueden proponerse muchas alternativas, aunque el programa usual en estos casos es el de vales para comprar bienes de consumo no duradero y algunos duraderos, con caducidad corta, que son estímulos a corto plazo a la demanda.

Para dejar clara la necesidad de la intervención estatal, la directora-gerente del FMI lo ha planteado gráficamente: estamos diciendo a los gobiernos: gasten tanto como puedan, aunque guarden los recibos, asegúrense de rendir cuentas. Las medidas de apoyo a la demanda deben ser temporales, destinadas a proteger a quienes han perdido el empleo o están en bancarrota. Por supuesto, habrá aumentos en la deuda y en el déficit fiscal. Para recuperar las finanzas públicas y reducir la deuda es necesario que los sectores ganadores en esta crisis contribuyan significativamente, para lo cual deberán gravarse fuertemente sus utilidades.

Así que es indudable que, si los estados no actúan pensando a largo plazo, las consecuencias de la Gran Reclusión se alargarán en el tiempo y, por supuesto, la contracción será mayor. Evidentemente los que no actúen instrumentando medidas adicionales de mayor envergadura, pensando en que no es necesario porque vamos bien, permitirán que la pobreza llegue a niveles extraordinarios.

odselley@gmail.com

Bancos y deudores

Orlando Delgado Selley

Dos informaciones revelan las diferencias en la manera en la que ha afectado la pandemia a la economía mexicana y a los bancos privados. En el primer trimestre de 2020 la economía se contrajo 1.2 por ciento, pero en abril la caída llegó a 17 por ciento y en mayo será sólo un poco menor, según el secretario de Hacienda. En contraste, los bancos privados al cierre de abril registraron utilidades por 39 mil millones de pesos, cifra que es casi 30 por ciento menor que lo registrado en 2019. Así mientras el país se desploma, los bancos siguen obteniendo utilidades. La diferencia es brutal: cierran actividades, se pierden millones de empleos, cadenas de valor se interrumpen, los flujos turísticos desaparecen, pero los bancos siguen ganando mucho dinero.

Una estrategia bancaria interesante es que desde marzo se operó un programa de aplazamiento de pagos en créditos comerciales, de vivienda y de consumo que ha reducido el impacto de la brutal contracción de los ingresos de millones de deudores: tanto hogares como empresas. En este programa de diferimientos de pagos se incorporaron 7.9 millones de créditos: 3.2 millones de micro, pequeñas y medianas empresas; 2.7 millones de tarjetas de crédito; 1.8 millones de nómina, personales y automotrices; y 281 mil préstamos hipotecarios. Sin este programa de aplazamiento de pagos, la cartera vencida de la banca hubiera crecido sustancialmente. Sin embargo, en mayo apenas registró un crecimiento de 0.2 por ciento respecto a abril.

La magnitud de la contracción económica ha provocado ya que se pierdan millones de puestos de trabajo, que micro, pequeñas y medianas empresas estén prácticamente en condiciones de quiebra, que en muchos hogares mexicanos se vivan ya situaciones en las que el conseguir el sustento diario está dificultándose crecientemente. El programa de aplazamiento de pagos para los deudores simplemente pospone los pagos que habrá que hacer a partir de agosto o septiembre. El alivio es, en consecuencia, momentáneo. Los problemas para los deudores se presentarán irremediablemente en esos meses. Frente a este panorama dramático, los bancos siguen obteniendo utilidades.

Los bancos han anunciado que trabajan en nuevos programas de apoyo a deudores, pero que esta vez serán programas específicos que cada banco diseñará a partir de la evaluación de su cartera. En ninguno de estos programas, que anunciará cada banco, se pondrá por delante la situación de los deudores, sino que el rendimiento que los accionistas de esos bancos y sus directivos requieren se obtenga. No se considerará condonar el pago de intereses por lo menos durante los meses más duros de la contracción, aunque ello pueda significar que a mediano plazo los deudores favorecidos por esta condonación se convertirán nuevamente en usuarios de nuevos créditos.

Los gobiernos de todos los países, en diferentes medidas y con programas diversos, están destinando recursos importantes a tratar de revertir los impactos de la pandemia, buscando que sus economías se recuperen lo más pronto posible. Organismos financieros internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, han comprometido recursos para que los países tengan disponibilidad financiera inmediata. El G-20 propuso una moratoria en el pago de intereses por las deudas externas dirigidas a los países más pobres.

Los bancos centrales, por su parte, han diseñado y puesto en funcionamiento programas de ayuda a las entidades financieras e incluso a empresas y hogares. Han reducido, además, los costos de financiamiento. Deben los bancos privados corresponder al cumplimiento con que los deudores mexicanos han honrado durante muchos años sus compromisos crediticios. Un índice de morosidad de 2.32 por ciento en abril de este difícil 2020, documenta este grado de cumplimiento.

Desde el punto de vista de la situación financiera de los bancos privados que operan en México, es indudable que hay espacio para acomodar una condonación del pago de intereses por lo menos durante los meses que se decidió aplazar este pago. Los bancos no sólo siguen ganando durante los peores momentos de esta crisis, sino que han logrado utilidades absolutamente descomunales que han hecho muy rentables a las filiales mexicanas. Las filiales mexicanas de los bancos españoles, por ejemplo, han sido durante varios años las más rentables del mundo.

Los flujos de utilidades generadas en México, y en otros países latinoamericanos, permitieron que Santander, BBVA, Citibank, HSBC y muchos otros bancos se mantuvieran funcionando pese a la dureza de la crisis de 2008. Corresponder con los deudores que hicieron esto posible, permitiría que se redujeran significativamente las pérdidas que irremediablemente sufrirán el grueso de los deudores de la banca, estimularía a la economía en su conjunto y, con ello, generaría que las actividades bancarias se expandieran.

odselley@gmail.com

Internacional Progresista

Orlando Delgado Selley

Nunca la solidaridad había sido tan necesaria y (tan) ausente. Con esta frase, un interesante grupo ha lanzado la iniciativa de crear la Internacional Progresista (IP). Su propósito es unir, organizar y movilizar fuerzas progresistas en todo el mundo. Su planteamiento parte de reconocer que la pandemia está golpeando con mayor fuerza a los pobres del mundo, al tiempo que el capitalismo de catástrofe crece con especuladores financieros y empresas transnacionales aprovechándose. En esta histórica coyuntura, el internacionalismo ha desaparecido.

La hiperglobalización ha desnudado la pérdida de capacidad del Estado para responder a crisis inesperadas. Décadas de privatizaciones han devastado los sistemas de salud, incrementando las consecuencias letales de esta crisis sobre la población y sobre la economía. Respuestas nacionales no podrán resolver los desafíos que están planteados. Los estados-nación serán incapaces de terminar con la pandemia, tampoco podrán detener a las derechas que buscarán avanzar políticamente. Justo por esto la solidaridad internacional es una necesidad inmediata.

Los planteamientos de esta nueva IP son indudablemente pertinentes para México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está respondiendo con recursos muy disminuidos por casi 40 años de políticas privatistas, que desmantelaron las capacidades estatales en todos los frentes, particularmente de la salud pública. El Estado mexicano no podrá resolver los impactos económicos de la contingencia. La caída del producto interno bruto (PIB) que se espera este año, que pudiera ser cercana a 10 por ciento, complicará sustancialmente la administración pública. No será suficiente mayor austeridad ni evitar la corrupción. Tampoco resolverá algo no tomar deuda adicional. Mucho menos evitar una reforma fiscal progresiva.

Para esta nueva IP 2019 fue una ola de protesta global en la que ciudadanos se pusieron de pie para defender la democracia, exigir un nivel decente de vida y proteger al planeta para futuras generaciones. El frente progresista busca, en este año complicado, unir el alud de protestas diversas con el afán de construir una visión compartida de democracia, solidaridad y sustentabilidad. Para eso establecen tres pilares de acción: forjar una red mundial de activistas y organizadores progresistas, desarrollar colectivamente un plan global para construir un orden internacional progresista y unir a todas las publicaciones de ese orden por medio de un servicio electrónico común que permita compartir perspectivas críticas y propuestas organizativas.

De manera práctica proponen, como acciones inmediatas, construir capacidad de resistencia para todos los inquilinos del mundo, organizar un acuerdo internacional verde y cancelar la deuda externa. La pandemia ha provocado que millones de personas hayan perdido sus empleos y que a millones más les hayan reducido los salarios, pero lo que tienen que pagar de renta sigue siendo exigido estrictamente. Al respecto, los organizadores de la Internacional Progresista ofrecen un esquema para ayudar a organizar la resistencia, entendiendo que la imposibilidad para pagar renta no es culpa de los inquilinos y que éstos pueden empoderarse para dirigir un cambio sistémico.

En cuanto al acuerdo verde, proponen construir un movimiento climático global que sostenga el Acuerdo Verde Global, que potencie la capacidad de resistencia social y que haga crecer la de política global al incorporar nuevos contingentes populares. El tercer asunto: cancelar la deuda externa, proponen eliminar totalmente la deuda junto con una inyección de recursos financieros al sur global para que se liberen recursos nacionales con el fin de enfrentar la depresión que se vive y que muy probablemente se prolongará varios meses.

Estiman que los pagos de la deuda del sur suman 3.9 billones de dólares solamente este año. Advierten que esta extracción de riqueza no sólo es injusta para los países del sur global. Es también una amenaza a la salud pública y a la prosperidad mundial. La propuesta se dirige al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se solicita además que inyecte recursos por 2.5 billones de dólares destinados a apoyar la inversión en salud pública. Esta solicitud a quienes presiden el BM y el FMI es importante, pero lo es más crear un movimiento global por justicia en relación con la deuda externa.

En México, el monto de recursos presupuestales que se dedican al pago de intereses de la deuda pública representa poco menos de 3 por ciento del PIB y es mayor que los recursos destinados a salud y también es mayor a la inversión pública. Liberarlos, como propone la Internacional Progresista, es justo y conviene a nuestro país, lo que permitiría reforzar las acciones emprendidas y tener medidas adicionales que incorporen a sectores sociales que no están considerados en el planteamiento actual para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia.

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Pactos frente a la crisis

Orlando Delgado Selley

Tras semanas de confinamiento crece la certidumbre de que la economía global enfrentará una contracción sin precedente, que el Fondo Monetario Internacional prevé en 3 por ciento. Para el FMI la economía de México tendrá una caída de 6.6 por ciento. Esta contracción afectará desigualmente a los diferentes estratos de la población. Los ocupados en actividades informales y quienes en el sector formal tienen empleos precarios han visto ya y seguirán viendo disminuir sus ingresos. Para empeorar su situación, los recursos que enviaron nuestros compatriotas que trabajan en EU a sus familias en enero y febrero disminuyeron en 13 por ciento respecto al promedio enviado durante 2019 y seguramente caerán mucho más en marzo y abril.

La temida situación una vez terminado el confinamiento está ya siendo vivida por una parte de la población. Consecuentemente, desde diversas atalayas se ha planteado la necesidad de que el gobierno federal convoque a un pacto social, un pacto de Estado, un plan de emergencia, etcétera, que unifique la respuesta de los sectores económicos, de los diferentes actores políticos y que permita mitigar los impactos mayores de la suspensión de buena parte de las actividades económicas del país.

No se trata, sin embargo, de una especie de consenso nacional que se enfrenta a la respuesta que desde la Presidencia de la República se ha decidido instrumentar. Se trata de posiciones políticas distintas que ponen de relieve aproximaciones que justifican propuestas de política económica de diversa naturaleza y posicionamientos políticos que se ubican en terrenos adversos. Sin embargo, todas las propuestas reconocen que la prioridad es la salud, de modo que hay que garantizar los recursos para atender las crecientes necesidades. Sabemos que la pandemia no será derrotada pronto, lo que obliga a que el sector salud sea fortalecido no sólo a corto plazo, sino que se planeé el fortalecimiento de sus capacidades para el mediano y largo plazo. También hay decisiones de política económica que deben resolverse para incrementar la producción nacional de insumos.

Los acuerdos entre los proponentes de diferentes pactos desaparecen tan pronto nos ubicamos en el ámbito económico y social. Es claro que los impactos económicos y sociales serán elevados. Pero se distribuirán muy inequitativamente: sufrirán un impacto mayor quienes tienen menores condiciones para defenderse. Consecuentemente, la responsabilidad del Estado está en primer lugar con este muy amplio sector de la población. Andrés Manuel López Obrador lo plantea, pero su propuesta no podrá atender a una parte importante de este grupo. Los programas sociales deben mantenerse y deben apurarse las decisiones de inversión pública que significarán contratar contingentes importantes de mano de obra. Pero, esta respuesta ocurrirá en un plazo de varios meses y los efectos adversos ya están presentes.

Por esto, es necesario actuar de inmediato para resarcir lo que han perdido los ocupados informales y los que empezarán a perder pronto miles de ocupados formales. Las maneras de enfrentar este desafío son, por supuesto, muy variadas. Algunas propuestas sostienen que hay que apoyar a empresas con una tregua fiscal que posponga contribuciones tributarias, para proteger el empleo y la producción. En realidad, esta propuesta protege a los empresarios y a algunos les gusta creer que protege también a sus trabajadores, cuando lo que resulta urgente es primero proteger el ingreso de esos trabajadores y después a la empresa y los empresarios. Una posible manera de actuar es, siguiendo la propuesta de una renta básica universal, otorgar a todas las familias un apoyo de 3 mil 500 pesos, equivalente a lo que se entrega en Jóvenes construyendo futuro, durante tres meses, lo que permitiría atender la necesidad de dotar de ingreso a familias que lo han perdido parcial o totalmente. El monto de estas transferencias sería de 210 mil millones de pesos, un poco menos de un punto porcentual del PIB de 2019.

El fondeo de estos recursos puede provenir de diversas fuentes. La primera, y por supuesto la más sana, es pagando más impuestos, no dejando de hacerlo. Una reforma fiscal progresiva daría los recursos para sufragar este monto y posibilitaría que el estado tuviera mayores capacidades de respuesta. Sin embargo,una solución de este tipo tarda mucho en concretarse. Por ello, una posibilidad que daría recursos inmediatamente al Estado sería, como en el caso francés reciente un impuesto por única vez a las 100 personas más ricas del país.

Para ilustrar la idea, si los 10 más ricos de México cuya fortuna es de 134 mil 400 millones de dólares, es decir, 2.7 billones de pesos, 11.5 por ciento del PIB de 2019, aportaran a la hacienda pública uno por ciento de sus ingresos anuales como contribución especial, con estos recursos se fortalecería el sector salud, se pagarían las transferencias especiales durante el periodo de emergencia y habría recursos sobrantes para otras asignaturas y su fortuna apenas se modificaría. Económica y políticamente acordar con Slim, Larrea, Salinas Pliego, Baillères, Gonda, Aramburuzabala, González Moreno, la familia Arango y Beckman, y los otros 90 superricos de nuestro país, significaría una contribución fundamental para enfrentar la contingencia. Desmoronaría de un golpe, además, los intentos de desacreditar al gobierno, eliminando los proyectos golpistas en curso.

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Urgente, un pacto social

Orlando Delgado Selley

La pandemia está provocando una conmoción en prácticamente todos los aspectos de la vida social. Por supuesto, la salud es lo primero que hay que enfrentar y resolver, pero al mismo tiempo es urgente actuar para que la economía no se descomponga aún más de lo que décadas de neoliberalismo la han descompuesto. No son tiempos normales. Por el contrario, como todos debiéramos entender, se trata de una emergencia sin parangón en la historia. Enfrentarla exige entender la naturaleza específica de la sociedad a la que está golpeando el Covid-19.

La nuestra es una sociedad profundamente rota, no sólo dividida entre ricos y pobres, también presenta amplísimos grados de desestructuración, que con esta crisis se agudizarán. Los datos son conocidos: alrededor de 60 por ciento de la fuerza de trabajo de México está ocupada en actividades económicas informales; otra parte está ocupada en actividades formales, pero gracias a la subcontratación operan en condiciones laboralmente informales, precarizadas. De modo que a esta enorme proporción de los trabajadores del país la suspensión de muchas de las actividades económicas los coloca inmediatamente en condiciones imposibles de superar.

Frente a esta probable crisis social, corresponde al Estado tratar de evitar que la contracción de la actividad económica, que pudiera ser mayor a cinco puntos porcentuales del PIB este 2020, provoque situaciones sociales incontrolables. Los mecanismos de los que dispone el Estado mexicano para enfrentar esta emergencia tienen que ser utilizados integralmente. No se puede enfrentar una situación como la que estamos viviendo, sosteniendo que siguen siendo válidos principios económicos que, pese a ser muy discutibles, pudieran tener validez en condiciones normales. El equilibrio fiscal, el no endeudamiento neto adicional y una situación tributaria inalterada, no son sostenibles ante las dificultades que enfrentará el grueso de nuestra población.

El neoliberalismo logró que el tamaño de nuestro Estado se redujese sensiblemente. Lo que subsistió a las reformas del mercado es un Estado con capacidades reducidas. Estas capacidades son las que hay que utilizar plenamente. Para ello, es urgente proponer un pacto que involucre a los actores económicos, políticos y sociales, en el que se discutan las propuestas que han ido planteándose, como las del grupo Un nuevo curso para el desarrollo, la de algunos personajes del neoliberalismo, las de diversos grupos de la sociedad civil, así como la de economistas mexicanos, latinoamericanos, europeos e incluso del mainstream económico estadunidense.

Lo que tiene que estar en el centro en una discusión que conduzca a un pacto social ampliamente consensado es, en primer lugar, la salud de la población. Consecuentemente hay que darle al sector salud todos los recursos que le hagan falta para enfrentar eficientemente la emergencia sanitaria. La colaboración público-privada en este sector es crucial y debe impulsarse presupuestalmente, junto con los estímulos fiscales que sean necesarios. En segundo lugar, debe protegerse a las personas, a sus empleos e ingresos. La suspensión de la vida económica complicará la subsistencia de muchas microempresas de carácter familiar, pero también afectará a empresas pequeñas y medianas. Hasta Carstens reconoce la necesidad de que los bancos presten a personas y empresas, con garantías estatales y haciendo uso de recursos de los dividendos que se reparten entre los accionistas.

Los programas de financiamiento bancario deben aprovechar los recursos de los bancos centrales. Pese a su magnitud, seguramente serán necesarios muchos más recursos. De modo que pudiera ser oportuno que, para superar la limitación legal impuesta por el neoliberalismo para que el Banco de México no pueda financiar al gobierno federal, éste emita Bonos para la Emergencia que compre el BdeM y pague con emisión de dinero. Habrá aquí, por ello, una expandida fuente de recursos que, junto con las líneas de financiamiento internacional de que dispone el banco central, permitirán actuar con mayor capacidad.

El pacto social planteado deberá acordar una nueva fiscalidad, tanto a nivel tributario como en el pacto fiscal federal, que permita que el Estado amplíe sus recursos y, consecuentemente, sus capacidades para responder eficazmente a las necesidades sociales. No es sostenible pensar que el actual Estado mínimo será capaz de enfrentar adecuadamente esta contingencia sin hacer crecer su capacidad de gasto, lo que obliga necesariamente a crecer sus ingresos. En pocos días AMLO presentará el paquete económico para enfrentar la contingencia. Es una oportunidad única para darle recursos a un Estado que, para responder a ingentes necesidades sociales, que con esta pandemia se ampliarán sustancialmente, requiere mejores y mayores capacidades.

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Coronavirus y política económica

Pandemia

Orlando Delgado Selley

La pandemia está llevando a que en el mundo se tomen decisiones en materia económica de gran alcance, mientras en México nos mantenemos en la fase 1, que quiere decir que estamos en espera de que se desate nacionalmente la epidemia. Los ministros de Finanzas de los países del G-7, que ya se encuentran en una fase avanzada de la epidemia, han decidido que usarán todos los instrumentos de política económica para contener la amenaza que ha planteado el coronavirus. El Sistema de la Reserva Federal, por su parte, decidió reducir la tasa de los fondos federales en 100 puntos base, llevándola a entre 0 y 0.25 por ciento anual, junto con la reactivación de la política de compra de valores de Tesorería, incrementando su cartera en al menos 500 mil millones de dólares. En contraste, nuestro banco central, ajustado a su mandato fundamental de ocuparse de mantener estabilidad de precios, se mantiene a la expectativa sosteniendo una tasa de referencia de 7 por ciento anual.

Además, gobiernos de países europeos han publicado un conjunto de decisiones de carácter fiscal que procurarán contener los efectos negativos de la parálisis de las actividades. Francia ha suspendido el cobro de servicios públicos, así como el pago de contribuciones fiscales, al tiempo que ha dispuesto de 300 mil millones de euros para salvar a sus empresas. España ha destinado 20 mil millones de euros para resarcir a empresas por las pérdidas generadas por el confinamiento. En marcado contraste, en México AMLO ha señalado que con los recursos rescatados por el combate a la corrupción habrá suficiente para enfrentar la contingencia, sin especificar nada más.

De modo que hay en curso, en efecto, medidas fiscales y monetarias que gobiernos y banqueros centrales de los principales países infectados están poniendo en marcha, para contener los devastadores impactos económicos que está generando la suspensión de actividades de todo tipo en el mundo. Los mexicanos, evidentemente tarde, también viviremos la suspensión de todas nuestras actividades y, en consecuencia, se producirán impactos económicos muy negativos para el país y, como siempre, serán particularmente graves para los que menos tienen.

Lo grave es que, como escribe Barry Eichengreen, en Project Syndicate, ni las decisiones de los bancos centrales, ni la de los gobiernos podrán reparar la ruptura de las cadenas de abastecimiento, ni los créditos a la producción recuperarán la producción pérdida. Es importante reconocer que es indispensable hacer uso de todas las capacidades de respuesta que existen desde la política económica, pero que no detendremos la contracción, sólo lograremos mitigar sus mayores consecuencias.

Lo verdaderamente importante es la detección, la contención y el tratamiento de la enfermedad. Estas tres tareas globales demandan recursos fiscales, pero igualmente importante será que los gobiernos tengan la capacidad administrativa para enfrentar eficientemente el desafío. Se requiere que se restablezca la confianza pública en los gobiernos, lo que exigirá absoluta transparencia para hacer del conocimiento el avance de la infección y, por supuesto, el número de decesos.

Pese a que las respuestas que se han dado no resuelven, es indudable que tienen efectos positivos, aunque limitados. Peor sería, como es hasta ahora nuestro caso, que ni las autoridades monetarias, ni las fiscales se ocuparan de utilizar todos los instrumentos de política económica necesarios para mitigar el impacto de esta pandemia. De modo que es indudablemente cierto que es el momento en que el mando nacional y global tiene que estar en manos de las autoridades de salud pública, de los epidemiólogos y, en general, de los médicos. Mando que, por supuesto, tiene que coordinarse a escala global. Las medidas unilaterales y los exabruptos demagógicos no ayudan, sino complican.

Todo indica que el gobierno mexicano tendrá que tomar medidas firmes, como las que han instrumentado China, Corea del Sur, Italia, España y Francia, entre otros. Lo que significa que será indispensable paralizar las actividades de todo tipo en el país lo más pronto posible. El riesgo de salud es alto, incluso tomando estas medidas. De no tomarlas el riesgo se incrementará exponencialmente. Hemos tenido tiempo para observar la manera en que esos países han actuado, los problemas que han enfrentado y, lo más importante, los resultados en términos de la contención de la epidemia. Podemos actuar con la información disponible y, en consecuencia, cometer los menos errores posibles. Lo que ya no puede hacerse es seguir funcionando como si no hubiera certeza que los contagios comunitarios ocurrirán. Es el momento de actuar y mostrar la capacidad de un gobierno que presuntamente cuenta con respaldo mayoritario de la población.

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Un nuevo pacto social para reducir la desigualdad

Orlando Delgado Selley

México se ha propuesto un cambio de paradigmas a partir del arribo de un gobierno con objetivos de bienestar social centrales en su programa sexenal. Este cambio demanda conocer las características estructurales de una desigualdad que resulta lacerante en amplias regiones del país. Conocer la situación es condición necesaria para hacer posible su superación, a partir de la puesta en marcha de políticas públicas integrales, territorialmente diferenciadas, con enfoque de género y familia. Romper el círculo vicioso de la desigualdad, demanda cambios en las reglas con las que funciona nuestra sociedad, exige nuevas instituciones que permitan plantearse modificaciones a corto, mediano y largo plazos.

En el estudio Bienestar con equidad: un nuevo pacto social, con información proveniente de la Encuesta de Movilidad Social en México de 2017 del Inegi y de una encuesta levantada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y El Colegio de México de 2019, se reconoce que la movilidad social en México es baja y las desigualdades son muy grandes. El país está fracturado: los beneficios de la modernización y de la integración comercial se concentran en el norte, mientras en el sur son simplemente inexistentes. No es posible un futuro de prosperidad compartida, como el que necesitamos y queremos, sin políticas públicas que garanticen la ampliación e igualación de oportunidades.

Para estar en condiciones de hacer que estas políticas públicas funcionen, se requiere financiarlas y ello sólo es posible con un nuevo pacto social que se proponga lograr un país en el que exista bienestar con equidad. El diagnóstico es conocido: escasa movilidad social y alta desigualdad hacen que persista una pobreza visible. Pobreza es injusticia, pero también pobreza es ineficiencia económica con altos costos sociales. El estudio muestra que al indagar en la desigualdad que percibimos y la que deseamos, los mexicanos aspiramos a vivir en una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades. Sin embargo, ignoramos cómo podríamos construir esta sociedad.

Para poder construir una sociedad equitativa, es indispensable un nuevo pacto social, en el que será necesario que los contribuyentes a la hacienda pública incrementen sus aportaciones. Hay una percepción entre los grupos más favorecidos de la población en el sentido de que la distribución del ingreso es menos inequitativa de lo que es en realidad. Consecuentemente, perciben que el esfuerzo redistributivo que se requiere es de menor magnitud del realmente necesitado. El dato duro que es necesario reconocer es que para que haya una sociedad menos inequitativa y con mayor movilidad social, es indispensable que paguemos más impuestos. Pagar impuestos, como dijo hace tiempo Joseph Stiglitz, es el precio por vivir en una sociedad civilizada.

Por supuesto, si se trata de un pacto social que construya una mejor sociedad, es necesario que quienes contribuiremos fiscalmente lo hagamos en base a una comprensión certera de las características de la base contributiva y la manera en la que se relaciona con las acciones redistributivas. Un insumo fundamental es transparentar la tasa impositiva que deben pagar los diferentes estratos de ingreso. Construir una estructura impositiva progresiva, en la que sepamos la contribución porcentual de los ingresos muy altos, de los altos, los medios, los bajos y muy bajos. Por ejemplo, si se perciben ingresos de $ 100 mil o más al mes debería pagarse 45 por ciento; con ingresos entre 80 y 99,999 pesos la contribución debiera ser de 40 por ciento; entre 60 mil y 79,999 pesos de 35 por ciento; entre 30 mil y 59,999 de 30 por ciento; entre 10 mil y 29,999 de 20 por ciento, y los ingresos menores a 10 mil pesos pagarían 10 por ciento.

Por supuesto, no se trata solo de conocer lo que se paga en cada estrato de ingreso, sino de saber en que se aplicarán los nuevos ingresos fiscales. Los programas públicos de carácter redistributivo requieren explicitar claramente sus reglas de operación, de modo que se conozca la manera en la que se piensa mejorar la distribución del ingreso y lo que se consigue en cada una de las etapas que defina el propio programa. Además, como es obvio, se requiere abrir los espacios de planeación de esos programas para que grupos de la sociedad civil puedan contribuir en su concepción, organización, puesta en marcha y seguimiento. El momento político es oportuno. Se trata de reconocer esta oportunidad y no insistir en que no hace falta una reforma fiscal.

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Hacienda y Banco de México

Orlando Delgado Selley

En una entrevista con un medio estadunidense el secretario de Hacienda se mostró optimista en cuanto al crecimiento del PIB este 2020. De entrada, indicó que la ligera contracción observada en 2019 resultó natural y en línea con el decepcionante desempeño de la actividad en el mundo. Las cosas se ven mejores este 2020. Las razones que argumentó el secretario son que la inflación y la deuda están controladas, que el peso es estable, que Pemex ha revertido su decrecimiento productivo. Junto con ello, por supuesto, está la ratificación del tratado de libre comercio de América del Norte, ahora llamado T-MEC.

Su estimación de crecimiento, sin embargo, no la modifica. Mantiene su previsión de 2 por ciento que, por cierto, no comparten los analistas económicos. Las estimaciones del sector privado sostienen que la economía crecerá solamente uno por ciento. Estimaciones que se han reducido de lo que pensaban hace seis meses, cuando auguraban un crecimiento posible de 1.7 por ciento para el año en curso. Hay quien sostiene, como el Bank of America, que el crecimiento apenas alcanzará 0.5. El problema es que junto a las cosas mejores, expuestas por Herrera, la política monetaria decidida por el Banco de México (BdeM) sigue siendo restrictiva.

En opinión de Herrera, la inflación bajo control y la estabilidad del peso claramente señalan que hay espacio para mantener reducciones de la tasa de interés, lo que debería hacer el BdeM. El secretario argumenta que él nos es el único que lo dice. Es algo que ya planteó el director para el hemisferio occidental del FMI. En efecto, Alejandro Werner dijo el mes pasado que México tiene un espacio significativo para mantener reducciones de la tasa de interés que impulsen el crecimiento, reconociendo que otros países de América Latina han reducido el costo de los préstamos.

Una revisión de las tasas reales de interés que resultan al ajustar la inflación para los países del G-20 indica que México tiene la mayor tasa. Del grupo sólo cinco países mantienen tasas de interés reales positivas y de ellos la mayor es la mexicana. Arabia Saudita y Sudáfrica tiene una tasa de interés de 2.6 y 2.8, en tanto Indonesia y Rusia mantienen tasas de 3 y 3.8; México por decisión de la junta de gobierno del BdeM mantiene una tasa real de 4 por ciento. El resto del G-20 tiene tasas de interés reales negativas: Brasil, Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido de entre -0.2 y -0.8 por ciento.

El grueso del G-20, Turquía, Japón, Nueva Zelanda, Australia, Chile, la Europa del euro e India tienen tasas negativas de entre 1 y 2 por ciento. Argentina que, por supuesto, presenta una situación particular tiene una tasa de -6 por ciento. Esta muestra, que resulta especialmente relevante por la naturaleza de los países miembros del grupo, es contundente. Los bancos centrales, muchos de ellos con leyes reformadas en el marco del llamado consenso monetario neoliberal, como nuestro Banco de México, frente a las condiciones de crecimiento a la baja de la economía mundial han decidido que su política monetaria debe ayudar a contrarrestar las olas recesivas globales.

Nuestro banco central, en cambio, con una inflación a la baja y dentro del rango establecido por el propio BdeM de tres por ciento +/- uno por ciento, mantiene que es más importante evitar un posible rebote inflacionario de 0.2-0.3 por ciento, que apoyar a la economía con decisiones de política monetaria que alienten el crédito y, por ello, la inversión. Su justificación es que su mandato legal les obliga a hacerlo. Tienen razón. Por ello, de nada sirve para el crecimiento económico que Herrera, Werner y el propio AMLO aplaudan cuando la junta de gobierno reduce un cuarto de punto porcentual la tasa de interés, ratificando que respetan la autonomía del banco central. Porque el problema es que esta autonomía, que respeta un solo mandato legal, frena el crecimiento.

Hace falta que se modifique la ley orgánica del BdeM estableciendo un mandato dual, lo que obligaría a la junta de gobierno a considerar el impacto de elevadas tasas de interés en términos reales sobre la dinámica económica. Esta modificación, que corregiría un aspecto fundamental de las reformas neoliberales de los tiempos del salinato, es perfectamente posible dadas las proporciones de los grupos parlamentarios y claramente conviene al interés de la nación.

Insistir en esta modificación legal, que ha sido propuesta varias veces en los años recientes por legisladores de distintos grupos parlamentarios, importa porque se trata de terminar con el predominio de visiones neoliberales que se mantienen todavía vigentes, aunque se sostenga lo contrario. Importa, además, porque es indispensable en condiciones recesivas alinear la política fiscal y la política monetaria.

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PIB y política monetaria

Orlando Delgado Selley

El dato era esperado: el PIB mexicano en 2019 fue menor en 0.1 por ciento respecto a 2018. Se trató de la primera contracción en diez años. Para el grueso de los analistas económicos, el principal inhibidor del crecimiento fue un choque de confianza, junto con que la curva de aprendizaje fue significativa y, por supuesto, que el gasto y sobre todo la inversión pública se contrajeron. En el choque de confianza se documentó que la decisión de cancelar las obras del nuevo aeropuerto hizo que empresarios de diversos ramos detuvieran sus inversiones. Este consenso olvidó la responsabilidad de las decisiones de política monetaria en la contracción de la economía.

La determinación de mantener una política monetaria restrictiva, es decir, de altas tasas de interés, tomada autónomamente por la junta de gobierno (JG) del Banco de México, tuvo un impacto sobre la inversión que pudiera ser comparable con el choque de confianza. Desde principios de año, la postura monetaria ha sido francamente restrictiva. El 20 de diciembre de 2018 en la reunión de la JG, todavía conformada con subgobernadores nombrados en sexenios anteriores, pero con la presencia de Urzúa y Herrera, secretario y subsecretario de Hacienda del gobierno de AMLO, se decidió incrementar 25 puntos base la tasa de interés de referencia llevándola a 8.25 por ciento anual.

En esta decisión lo fundamental es que para nuestro banco central su encomienda fundamental es mantener la estabilidad de precios. Por ello, si los precios rebasan lo que ellos consideran la evolución deseable de la inflación, una variación de entre 2 y 3 por ciento anual, es necesario reducirla con tasas de interés que desalienten la inversión. Al desestimularse la inversión se enfría la economía, haciendo que la inflación se ubique en ese nivel deseado. Por esto, para entender las decisiones de la JG debe revisarse el comportamiento de la inflación.

En ese mes de diciembre de 2018, la inflación anualizada fue de 4.83 por ciento, de modo que decidieron un rendimiento real financiero de 3.42 por ciento anual, lo que en términos de las tasas internacionales de interés resultaba francamente elevado. El 7 de febrero, la JG, ya con Esquivel y Heath, nuevos subgobernadores nombrados a propuesta de AMLO, decidió unánimemente mantener su postura monetaria restrictiva fijando la tasa en 8.25 por ciento. En enero de 2019 la inflación anualizada se había reducido a 4.37 por ciento anual. Consecuentemente la decisión de política monetaria seguía siendo restrictiva.

El 28 de marzo la JG otra vez mantuvo la tasa de interés en 8.25 por ciento, aunque la inflación seguía disminuyendo con un registro en febrero de 3.94 por ciento. En un ambiente en el que las expectativas de crecimiento se reducían, el BdeM mantenía una postura monetaria eminentemente restrictiva. Para la reunión del 16 de mayo, otra vez mantuvieron la tasa de interés en 8.25, considerando que la inflación mostraba resistencia a reducirse a su nivel deseado. En marzo y abril hubo un ligero repunte que llevó la inflación al 4 por ciento el primer mes y a 4.41 en abril, pero la tasa de interés resultaba elevada innecesariamente. A mediados de año, el 27 de junio, de nuevo mantuvieron la tasa en 8.25 por ciento, esta vez no por decisión unánime, sino con el voto en contra de Esquivel que propuso reducirla 25 puntos base. El comportamiento de la inflación fue a la baja con registro de 4.28 en mayo.

El 15 de agosto, por fin, la JG del banco central redujo la tasa de referencia un cuarto de punto dejándola en 8 por ciento, con el voto en contra de un subgobernador que propuso mantener la tasa en 8.25. La inflación se estaba reduciendo, llegando a 3.85 en junio y 3.78 en julio. La primera reducción de la tasa de interés del año, la mantuvo en un nivel que duplicaba la tasa de inflación. La postura restrictiva se mantenía. El 26 de septiembre volvieron a disminuir la tasa de interés 25 puntos base, dejándola en 7.75, con el voto en contra de Esquivel que propuso dejarla en 7.5. La inflación seguía cayendo: en agosto llegó a 3.16 por ciento anual. La decisión era aligerar la restricción, pero no eliminarla.

En la última reunión de 2019 volvieron a reducir la tasa en un cuarto de punto para fijarla en 7.50 por ciento anual, cuando la inflación de septiembre y octubre había sido de 3 y 3.02 por ciento anual respectivamente. Esquivel y Heath propusieron en esta reunión reducir la tasa 50 puntos base y no 25 como aprobaron los otros miembros. De nuevo hubo una reducción de la tasa de interés, pero manteniéndola significativamente alta en términos reales, lo que evidencia una postura monetaria claramente restrictiva.

En todo 2019, con estimaciones del desempeño del PIB que mantenían el consenso de que la economía cerraría el año con una ligera caída y con una inflación que se reducía con cierta claridad, la política monetaria requería contribuir a revertir las tendencias recesivas. Sin embargo, el BdeM mantuvo su postura. Es claro que para que la JG aceptara este requerimiento fue insuficiente la entrada de dos subgobernadores, provenientes de medios profesionales distintos a los típicos. Sus votos en contra han quedado registrados, pero eso no sirve para contrarrestar una evolución desfavorable. Para hacer que el BdeM considere el impacto recesivo de sus decisiones se requiere modificar su ley orgánica. Esto debe y puede hacerse.

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Gobierno chiquito

Orlando Delgado Selley

En su reciente visita a México, el secretario general de la OCDE se reunió con diputados de los diferentes grupos parlamentarios. En su conferencia señaló que: el gobierno mexicano es chiquito, porque los recursos que recibimos en impuestos son pocos, y como somos responsables fiscalmente, no nos queremos endeudar, que los déficits sean reducidos. Eso está muy bien, tenemos entonces un gobierno chiquito; cuando hay que invertir más en salud, educación, infraestructura o Pemex nos encontramos con esa restricción. Hay que fortalecer el ingreso mexicano y despetrolizarlo.

Un gobierno chiquito existe como producto deliberado de acciones políticas, en las que participó destacadamente José Ángel Gurría, llevadas a cabo durante un prolongado lapso. El gobierno mexicano no era chiquito, lo es después de 36 años de desmantelamiento persistente de la presencia estatal en la economía. En los tiempos del priísmo clásico, en 1981, el tamaño del gobierno mexicano, medido por los ingresos corrientes del gobierno federal entre el PIB, era de 18.5 por ciento, muy próximo al promedio de los países de ingresos medios que fue de 22 por ciento, pero claramente menor que países de ingresos altos, como Bélgica (29.8), España (26) o Reino Unido (36.9).

Si medimos el tamaño del gobierno por el gasto del gobierno como porcentaje del PIB, para el mismo año de 1981, tenemos que México tenía un cociente de 26.8, en tanto para Bélgica fue de 43.5, España 30, Reino Unido 41.1. Estas comparaciones permitían afirmar que el sector público mexicano tenía un tamaño intermedio, acorde con su reconocida condición de país de ingresos medios. Con la llegada de los neoliberales en la administración de Miguel de la Madrid se inició un proceso de reducción que se denominó de adelgazamiento estatal.

Consecuentemente con esta política de disminución de la capacidad del gobierno para intervenir en la economía es que tenemos que aceptar que, como dijo Gurría, defensor e implementador del neoliberalismo en México, persiste la vulnerabilidad del gobierno mexicano ya que, frente a desafíos considerables, como los de Pemex y CFE, la respuesta del gobierno mexicano es débil. Después de tres decenios, en los que paulatinamente se fue eliminando la presencia estatal en la producción industrial, en la defensa de la capacidad adquisitiva de los salarios y en muchas áreas relevantes de la economía, los neoliberales consiguieron que el gobierno se limitara a unas cuantas actividades económicas.

Gurría repitió el conocido dato de que, como bien sabemos, mientras la recaudación en México es del orden de 16 por ciento del PIB, el promedio en los países de la OCDE es de 35 por ciento. Francia, para citar un gobierno fuerte, tiene un cociente recaudación/PIB de 50 por ciento. Respecto al promedio de la OCDE tenemos una recaudación menor a 50 por ciento y de sólo una tercera parte si nos comparamos con Francia. La conclusión es evidente: el gobierno mexicano efectivamente tiene una capacidad muy restringida para hacer frente a los requerimientos que le plantea la reconstrucción de país.

Aumentar esta capacidad de intervención sólo puede lograrse incrementando los recursos de los que dispone el Estado para actuar. Fortalecer los ingresos públicos es indispensable para revertir el proceso de desmantelamiento de los sistemas de protección social que fueron creados en la época de industrialización de nuestro país. No se trata de un planteamiento nostálgico que sostiene que todo tiempo pasado fue mejor. Se trata de –hay que repetirlo– que el Estado recupere capacidades que le amputó el neoliberalismo y que son condición sine qua non para reconstruir la economía y, con ella, el tejido social que está absolutamente destruido.

El fortalecimiento estatal demanda, por supuesto, un amplio conjunto de acciones. La lucha contra la corrupción es de indudable trascendencia y hay algunos avances. El control de la operación gubernamental es claro y la disciplina presupuestal se ha sostenido. Los programas sociales insignia están funcionando y han logrado aminorar los impactos negativos del estancamiento económico. Sin embargo, hace falta un impulso fuerte y sostenido, que sólo puede darse a través del gasto y la inversión pública. Si no habrá endeudamiento neto adicional, es indispensable agrandar la capacidad del Estado y, con eso, posibilitar que la acción estatal resulte trascendente. De otro modo, el gobierno seguirá siendo chiquito, mientras los problemas siguen siendo inmensos.

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