Ciudad de México.-
Este 2021 el movimiento feminista consiguió que cuatro entidades
despenalizaran la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de
gestación: Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima, los cuales se
sumaron a Ciudad de México (2007) y Oaxaca (2019) que ya contaban con
esta legislación. No obstante, el Senado de la República aún debe
dictaminar cinco iniciativas vinculadas con el acceso al aborto.Además de los congresos locales que despenalizaron la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, en septiembre de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró por unanimidad la inconstitucional de la criminalización del aborto de manera absoluta en el estado de Coahuila y se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción del embarazo sin que ello implique enfrentar consecuencias penales.
Estas reformas y el fallo de la Suprema Corte de Justicia constituyen un paso esencial en la defensa y protección de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, según una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Además de este avance, en concordancia con el fallo de la SCJN, en la actual Legislatura del Senado, legisladoras de diversos grupos parlamentarios presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, la Ley General de Salud y al Código Penal sobre la objeción de conciencia y para garantizar el servicio de aborto seguro y la despenalización en el país, la cual está en análisis.
La investigación sobre el panorma legislativo en torno al aborto, realizada por Irma Kánter Coronel, explica que los datos disponibles sobre el número de abortos que ocurren anualmente en México son insuficientes y limitados debido al carácter estigmatizado que esta práctica tiene en distintos entornos geográficos y socioeconómicos, aunque las estimaciones indican que en México al año ocurren un millón de abortos.
El documento refiere que el Instituto Guttmacher y El Colegio de México hicieron un estudio en 2012 donde encontraron que la penalización del aborto en México no evita su práctica, ya que alrededor de 54 por ciento del total de embarazos no planeados se resuelve mediante un aborto inducido, lo que en términos absolutos se traduce en alrededor de un millón de abortos inducidos anualmente.
Este estudio indica que la práctica del aborto es más frecuente en las jóvenes, unidas y no unidas, sexualmente activas de menos de 25 años, lo que es un claro indicio de que retrasan la primera maternidad en un contexto de uso limitado de la anticoncepción moderna a estas edades, en particular entre las edades de 15-19 años.
Además, poco más de un tercio (36 por ciento) de las mujeres con abortos inducidos tienen complicaciones que requieren atención médica; proporción que se incrementa hasta 45 por ciento en el caso de las mujeres rurales y en condiciones de pobreza del país.
A pesar de esto, en México, la regulación del aborto es restrictiva tanto en el ámbito federal como en el estatal y las mujeres pueden enfrentar penas que van desde un mínimo de 15 días de prisión en el estado de Tlaxcala, hasta un máximo de seis años en el caso de Sonora. Sin embargo, también hay circunstancias bajo las cuales no se considera un delito, por ejemplo, si el embarazo es producto de una violación.
Asimismo, 24 estados del país y el Código Penal Federal establecen como causal de exclusión cuando la salud o la vida de la mujer corran peligro; diez estados permiten este procedimiento en caso de malformaciones graves del producto; nueve incluye la causal de inseminación artificial no consentida y Michoacán y Yucatán contemplan como causal de exclusión o no punibilidad razones económicas graves.
En este contexto, de 2018-2021, en el Senado se presentaron cinco iniciativas para garantizar el acceso al aborto. Tres de ellas son suscritas por el Partido Revolución Democrática (PRD); otra propuesta corresponde a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la quinta fue del Partido Revolucionario Institucional. Ninguna se ha dictaminado.
Además, después de 2021 se presentaron dos propuestas más, una de Morena y otra de legisladoras de todas las bancadas, las cuales hasta el cierre de este periodo de sesiones se encuentran pendientes de análisis y dictaminación en las Comisiones de Justicia, Estudios Legislativos, Estudios Legislativos, Segunda y Para la Igualdad de Género.
En la investigación se concluye que las recientes reformas para despenalizar el aborto hasta las doce semanas de gestación por los congresos locales de Hidalgo, Veracruz y Baja California (Colima, en diciembre de este año), así como el fallo de la Suprema Corte muestran que se tiene que avanzar tanto a escala federal como en cada una de las entidades federativas del país.
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