México,
DF., 01 jul. 15. AmecoPress/ Cimacnoticias.- En los recientes siete
años en el estado de Aguascalientes se perpetraron más de 200 casos de
feminicidio, que no fueron investigados como tales y en los que la
impunidad llega a 80 por ciento; pese a ello, el Congreso local se
obstina en considerar este ilícito sólo como un agravante de homicidio
y no como un delito autónomo.
A
petición de organizaciones feministas, en marzo pasado la diputada
local por el Partido Acción Nacional (PAN) Sylvia Garfias Cedillo
presentó ante el Congreso estatal una iniciativa para reformar el
Código Penal, y tipificar al feminicidio como un delito autónomo.
Con el
argumento de que es “muy difícil acreditar las razones de género que
conforman el tipo penal de feminicidio”, y que de volverlo un delito
autónomo habría impunidad, las y los legisladores por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) –que gobierna la entidad y es
mayoría en el Congreso–, y la diputada por el Partido Nueva Alianza
(Panal) Juana Alicia Espinosa de los Monteros –presidenta de la
Comisión de Equidad y Género– se niegan a avalar la iniciativa de la
panista.
En febrero de
2013, el Congreso de Aguascalientes reformó la legislación penal
estatal para incorporar al feminicidio como un agravante de homicidio y
no como un delito autónomo, lo que de acuerdo con especialistas en la
materia como Marcela Martínez Roaro, presidenta de la Federación
Mexicana de Educación Sexual y Sexología (Femess), se “invisibiliza” la
violencia contra las mujeres en el estado.
En entrevista
con Cimacnoticias, Mariana Ávila Montejano, coordinadora del
Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, relató
que desde 2014 el movimiento feminista local entregó a las legisladoras
un documento sobre la agenda pendiente en materia de género, y que una
de las demandas más urgentes es la armonización legal del feminicidio
como un tipo penal autónomo, ya que esto permitiría crear los
protocolos de investigación correspondientes.
Fue así que en
marzo pasado la diputada Sylvia Garfias presentó la iniciativa ante el
pleno, pero hasta la fecha la Comisión de Justicia ha detenido su
dictaminación.
La propuesta
plantea que “existe feminicidio cuando un hombre, por cualquier medio,
prive de la vida a una mujer por razones de género”, y se establecen
cinco circunstancias como motivos de género. De aprobarse la
iniciativa, el crimen sería castigado de 30 a 40 años de prisión, y con
multa de 200 a 300 días de salario mínimo.
Ávila
Montejano reprochó la actitud de las y los legisladores (en su mayoría
priistas) que han manifestado ante los medios de comunicación locales
su negativa a avalar el proyecto, alegando que resultaría “muy
complicado” acreditar las razones de género, por lo que se crearía un
contexto de impunidad.
De acuerdo con
el monitoreo que ha realizado el Observatorio de Violencia Social y de
Género, la violencia contra las mujeres en la entidad es una “realidad
lacerante”.
La activista
explicó que mediante el recurso de transparencia, el Observatorio supo
que de 2009 a 2013 la autoridad judicial tiene el registro de 257
homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 90 fueron reportados por
los medios de comunicación.
Agregó que
después de 2013 las autoridades no dieron nuevos datos sobre el número
de homicidios dolosos y respondieron a las solicitudes de información
alegando que esos datos eran “inexistentes”, por lo que las feministas
sólo han podido dar seguimiento al feminicidio mediante reportes
hemerográficos.
Durante 2014
se monitorearon seis casos de feminicidio en los medios, a lo que se
suman 16 intentos de este delito, es decir mujeres que terminaron en
terapia intensiva tras ser brutalmente golpeadas en la mayoría de los
casos por sus parejas. En lo que va de 2015 hay un registro de cinco
casos, el más reciente ocurrido este lunes 29 de junio.
Para la
también integrante de la Colectiva Feminista de Aguascalientes, uno de
los puntos “más invisibles” alrededor del feminicidio son los suicidios
inducidos debido a la violencia de género.
Mariana Ávila
abundó que en el Observatorio se tiene conocimiento de mujeres –sin
precisar número– que acudieron a denunciar violencia intrafamiliar, e
incluso solicitaron órdenes de protección, pero ante la falta de apoyo
de las autoridades decidieron terminar con sus vidas.
Finalmente, la
activista llamó a las y los legisladores locales a debatir y aprobar la
iniciativa, y recordó que el Congreso de Aguascalientes forma parte del
Estado mexicano, que a través de tratados y convenios internacionales
tiene la obligación de proteger a las mujeres, y realizar la
armonización legislativa en materia de feminicidio.
Foto: Archivo AmecoPress.
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