Aún obstaculiza investigar al Ejército: expertas de la CIDH
El
Estado mexicano sigue impidiendo que personal del 27 Batallón de
Infantería sea entrevistado por el Grupo Interdisciplinario de Expertas
y Expertos Independientes (GIEI) que envío la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) a México, para investigar la desaparición
forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, perpetrada hace nueve
meses.
En conferencia de prensa hoy en esta ciudad, el GIEI informó que las
autoridades mexicanas sólo han dado cumplimiento a 30 por ciento de las
diligencias que se le han requerido, para esclarecer la agresión y
desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro
Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
De un total de 100 solicitudes, 24 por ciento han sido respondidas
parcialmente y más de 40 por ciento siguen pendientes a pesar de que el
GIEI ya lleva cuatro meses de investigación, y en agosto próximo deberá
presentar su informe final.
Ángela Buitrago, integrante del GIEI, recordó que entre las peticiones
sin resolver está la de entrevistar a miembros del 27 Batallón de
Infantería; sin embargo, ayer las autoridades federales respondieron
por escrito que “el Estado continúa analizando la procedencia de la
solicitud”.
El gobierno mexicano también reiteró que “el GIEI está facultado en
todo momento a sugerir al Ministerio Público ampliar las declaraciones
que los 36 miembros del 27 Batallón hicieron en calidad de testigos”;
es decir, que la comunicación con los militares no sea directa, sino
por medio de la Procuraduría General de la República (PGR).
Al respecto, el Grupo se dijo preocupado por el retraso en esta
decisión que –a nueve meses de la desaparición forzada– “limita los
esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos, y las nuevas
acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos”.
Las y los especialistas explicaron que las solicitudes de mayor rezago
son las que competen a las autoridades estatales y de justicia. No
obstante, en días próximos presentarán más solicitudes importantes para
la investigación, adelantaron.
COMPROMISOS
Las y los expertos también señalaron que la Policía Federal tomó más
testimonios de las y los familiares de los normalistas, para establecer
nuevos planes de búsqueda.
De eso resultó el compromiso por parte de la autoridad federal de
presentar a las familias nuevas hipótesis y responder a cualquier
cuestionamiento en este ámbito.
El GIEI agregó que la titular de la PGR, Arely Gómez, también sumó el
acuerdo de reunirse con las familias para reparar la comunicación; no
obstante, no se detalló la fecha de este encuentro.
La PGR también se comprometió con el GIEI a solicitar la acumulación de
los procesos abiertos del caso y permitir la intervención de las y los
expertos, para establecer los criterios de valoración y tipificación de
los delitos que obran en seis causas abiertas de 15 procesos por el
llamado caso Ayotzinapa, consignados ante tribunales de los estados de
Tamaulipas, Morelos y Guerrero.
Las y los expertos destacaron que se desarrolló un mecanismo para que
la PGR tome nuevos testimonios de los normalistas que fueron víctimas y
testigos de los hechos, quienes han mostrado disposición para
participar.
NUEVOS HALLAZGOS
En su cuarto informe, las cinco personas expertas que integran el GIEI
revelaron que pese a las informaciones difundidas se descubrió que los
normalistas no habían planeado con anticipación llegar a la Central de
Autobuses de Iguala, en el centro de esa ciudad, sino que iban con la
única pretensión de ir a “botear” para conseguir dinero y transporte
para venir al DF a la marcha por el 2 de octubre.
El GIEI precisó que contrario a lo que se difundió en medios de
comunicación, las lesiones que se hallaron en el cuerpo del normalista
asesinado Julio César Mondragón fueron ocasionadas por tortura, y no
por daños de la fauna nociva del entorno.
También informó que durante el mes de mayo visitaron en compañía de
expertos en criminalística de campo y parametría establecimientos
policiales, el basurero de Cocula, el río San Juan, una casa de
seguridad, y los sitios donde ocurrieron los ataques contra los
normalistas, en Iguala, a fin de contribuir a la valoración de las
diferentes pruebas y evidencias recogidas hasta ahora.
Y se visitaron los Centros Federales de Readaptación Social para la
toma de testimonios de personas inculpadas que se encuentran recluidas
en el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nayarit. Con esta visita
también se documentó la presunta tortura de 40 personas detenidas
implicadas en el caso.
Como resultado de las gestiones del GIEI al gobierno federal, en días
pasados se instaló una unidad móvil de salida en la entrada de la
Normal Rural de Ayotzinapa, a fin de garantizar una atención médica a
las y los familiares de los normalistas con problemas de salud.
En este punto, el GIEI informó que la Secretaría de Gobernación envió
un documento inicial con información sobre los derechos de las víctimas
del caso Ayotzinapa, el cual está siendo evaluado por las y los
expertos.
Y detalló que está a la espera de conocer el proyecto de ley en materia
de desaparición forzada, para dar su opinión respecto a los criterios
que debieran ser incluidos.
Las y los expertos se negaron a brindar una interpretación en el
retraso de algunas diligencias, y señalaron que han sido insistentes en
que las autoridades federales cumplan sus compromisos de apoyar en la
investigación.
Detallaron que han avanzado en el análisis de los expedientes penales,
así como en la toma de testimonios, en el contraste entre las distintas
versiones, declaraciones y pruebas, y en la elaboración de su informe
final.
Si bien el mandato de las y los expertos concluye en agosto próximo,
señalaron que existe la posibilidad de extender la investigación un
periodo más.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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