Por: Emma Martínez /
1 julio, 2015
(01 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- A
Jesús Francisco Cabrera Ramos lo detuvo la Policía Estatal de Sonora,
lo subieron a una patrulla y después lo trasladaron un cuarto oscuro, a
lado de otros más, que se encuentran al fondo en la base de la Policía
Estatal Investigadora.
Lo arrastraron por el piso, con las
piernas esposadas a una larga cadena; cuatro agentes lo introdujeron a
lo que nombraron, según Cabrera Ramos “cuarto de tortura”. Lo
amenazaron con matarlo, a él y a sus hijos, que le provocarían el
aborto a su esposa, que estaba embarazada. Que si no cooperaba, lo iban
a matar y lo iban a dejar por ahí tirado.
Lo encadenaron y lo esposaron. Con
vendas elásticas lo amarraron de los tobillos, rodillas y muñecas.
Luego le vendaron toda la cabeza hasta casi provocarle asfixia. Un
agente inició la tortura con agua, rociándosela en la cara hasta
empapar las vendas que lo cubrían.
Según su esposa Concepción Montaño,
en dicho cuarto, estuvieron presentes tres secretarios de la
procuraduría, quienes se encargaron de redactar la supuesta declaración
que obligaron a firmar a Juan Francisco.
“Si no firmaba, lo amenazaban con el
arma de fuego y de quedarse en el cuarto de tortura. Los agentes le
insistían ‘aquí vienes a declarar por las buenas o por las malas, aquí
vas a declarar a huevo y si no a madrazos, pero vas a declarar’”,
asegura Montaño.
Cabrera Ramos, es abogado y
trabajaba en el área jurídica del Centro de Readaptación Social I de
Hermosillo, el día que fue detenido, acudió a rendir declaración como
testigo a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora
sobre tres casos relacionados con libertades a internos otorgadas
ilícitamente. Su esposa afirma que al decir cómo fueron los hechos, los
mandos tomaron represalias en su contra y lo inculparon. Cabrera Ramos
negó las acusaciones que le imputaron y los agentes empezaron a echarle
más agua en la cara cubierta con vendas, para asfixiarlo hasta casi
perder el conocimiento.
Distintos testimonios han revelado una
realidad distinta a la que presenta el gobierno federal y grave: la
existencia de “casas de seguridad” o también llamados “cuartos de
tortura”, generalmente en sótanos o espacios de las instituciones de
procuración de justicia, extralegales para presionar y torturar a
personas en detención. Lugares donde se pone en riesgo la seguridad,
la integridad y la vida de las víctimas, violando el debido proceso y
por consiguiente, dificultando el trabajo de documentación y de una
defensa adecuada por parte de los organismos de derechos humanos.
“Los centros, cuartos o casas de
tortura, han sido descubiertos por miles de civiles que tuvieron la
mala suerte de ser elegidos para ser inculpados, en el norte del país
la policía especializada y el Ministerio Público recurre a estas
‘oficinas extras’, que mantienen dentro de sus propias instalaciones,
haciéndolas pasar muchas veces como bodegas”, asegura el activista y
abogado criminalista Julio Segura.
Y comenta, “se caracterizan, por ser
oscuros, sucios y por demás intimidatorios; en ese tipo de torturas
están presentes varias personas, con frecuencia, quienes torturan,
quien interroga, incluso personal administrativo para redactar las
declaraciones falsas, personal de guardia, y dependiendo del delito, en
caso de buscar una acusación dentro del tema del narco, hay militares
que se encargan de transportar a los detenidos. En ciertas
dependencias, donde hay detenidos dependiendo de la ‘calidad’ del
sitio, se pueden escuchar, además de máquinas de escribir, teléfonos y
copiadoras, los gritos de los torturados, mezclado con música, y en
otros más sofisticados, se ha enviado a acallar los sonidos”.
Para el Centro de Derechos Humanos
Frayba, “en el contexto de militarización de la vida civil, la
práctica de la tortura ha sido y se prevee que será, recurrente al
verse fomentada por el diseño mismo de las actuales políticas
públicas en materia de seguridad pública. La participación de las
fuerzas militares en la detención, retención e interrogación de
civiles se enmarca en el patrón de ‘lucha contra el crimen
organizado’, que comienza por una privación ilegal de la libertad y
culmina en un proceso judicial donde se admiten declaraciones bajo
tortura”.
En México, han surgido acciones
encaminadas al fortalecimiento institucional respecto a la garantía de
los derechos humanos, pero existe una diferencia entre la creación de
mecanismos para la protección de éstos y la implementación, cuyo
principal problema es la ineficacia.
Frayba, ha hecho del conocimiento, a
las autoridades correspondientes, tanto en lo público, como en
intervenciones privadas, de eventos de tortura perpetrados por agentes
del Estado en estos sitios, pero “a pesar de los llamamientos enviados
a las instancias de los gobiernos, en sus diferentes niveles, éstos
han hecho caso omiso, para frenar este delito y sancionar a quien sea
responsable”.
Margarita Gómez López, acudió en
la Agencia del Ministerio Público en la ciudad de Teopisca, realizando
trámites funerarios para la entrega del cuerpo de su hermano Juan
Pérez Gómez, cuyo cadáver se había encontrado un día antes, poco
después se traslado, junto con su hijo de un año y siete meses, al
cementerio municipal, cuando fue detenida por elementos de la Policía
Especializada quienes la subieron a una patrulla y la llevaron a las
oficinas de la Agencia del Ministerio Público en donde se encontraba
su esposo David Hernández Gómez.
Margarita afirmó que en aquel sitio,
la agredieron verbalmente, por no poder callar a su hijo, quien lloraba
porque tenía hambre. Asegura que a su esposo David, los elementos de la
policía le pidieron que subiera al piso de arriba, a un cuarto donde lo
sometieron, le dieron cachetadas y le dijeron que confesara cómo
había matado al hermano de su esposa.
Después lo amordazaron y lo
golpearon en el estómago, insistiendo que se autoinculpara del
asesinato de Juan. Posteriormente lo amenazaron con tirarlo por la
ventana y darle toques eléctricos. Le colocaron un costal de plástico
en la cabeza y los policías continuaron golpeándolo en varias partes
del cuerpo. Ante la negativa de David a responder las acusaciones de
los policías, lo amenazaron con violar a Margarita.
Poco tiempo después trasladaron a
David, Margarita y al hijo de ambos ha la Fiscalía de Distrito Altos
en San Cristóbal de Las Casas. En el trayecto, las ofensas y amenazas
continuaron, las cuales giraban en torno a la violación de la joven y
aventar del vehículo a su hijo porque no dejaba de llorar.
Al llegar a la Fiscalía de Distrito
Altos, mientras que a Margarita la siguieron amenazando y agrediendo
verbalmente, nuevamente llevaron a David a un cuarto perteneciente a
las oficinas, para golpearlo de manera reiterada con puños, lo tiraron
al suelo y le dieron patadas, después le colocaron un trapo en la boca
y nariz para asfixiarlo, insistiendo en que debía confesarse culpable y
además contar cómo mató a Juan y quiénes le ayudaron.
Horas después, David y Margarita y
el menor fueron trasladados a su domicilio en Teopisca, por el
Ministerio Público y la Policía Especializada. Ahí les exigían que
confesaran en dónde habían matado a Juan. Ante las negativas, fueron
trasladados a la Agencia del Ministerio Público de San Cristóbal de
Las Casas, donde los inculpados fueron obligados a firmar y poner sus
huellas digitales en varios documentos, tanto David como Margarita no
supieron qué contenían los papeles porque no saben leer ni escribir.
Asi fue como los recluyeron en el
Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No.
5), en donde se encuentran actualmente procesados por el delito de
homicidio. Según las valoraciones médicas y psicosociales, tanto
Margarita como David presentan un cuadro de estrés postraumático por
lo sucedido.
El grupo de activistas del Frayba,
aseveran que, “el gobierno de Chiapas mantiene una práctica
generalizada y sistémica de actos de tortura, tratos o penas crueles,
inhumanos y degradantes y las privaciones arbitrarias de la libertad en
contra de personas de manera indiscriminada; perpetradas principalmente
por funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) como método de investigación privilegiado”.
Y afirman que es una constante, la
participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi
todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de la
tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos,
defensores públicos, fiscales y jueces.
“De sur a norte, al mero estilo de los
cárteles de la droga, de los sicarios y secuestradores, gobernadores y
Gobieno Federal implementan y/o permiten estrategias de tortura, en
cuartos y o casas de seguridad, idea propia de los deluncuentes. Las
dependencias siempre han tenido este tipo de lugares especiales, para
de ahí trasladarlos de inmediato, ya sea a los separos o directamente a
un penal de máxima seguridad, gritando a todos los medios que han
atrapado a un delincuente de alta peligrosidad. No se llama tortura, se
llama rompimiento del tejido social, para fines particulares del
gobierno en turno, quien obedece ordenes de un poder político
hegemónico, que lo ha contratado como administrador”, asegura Segura
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