MÉXICO, D.F. (apro).- Desde hace nueve años, las fuerzas armadas mexicanas operan en un escenario de conflicto interno.
Aunque el gobierno de Enrique Peña, al igual que el de su antecesor,
Felipe Calderón, ha evitado reconocer que la violencia del Estado y la
de las poderosas organizaciones delictivas son expresión de un
conflicto interno, en los hechos, los militares mexicanos se encuentran
en tiempos de guerra.
Así les han hecho saber los principales mandos militares a sus
subordinados. En el sexenio anterior, como comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas, Calderón plasmó oficialmente su visión de lo que tenía
que hacer el Ejército en su declaración de “guerra al narcotráfico”.
Fue esa “visión presidencial”, es decir, del entonces comandante en
jefe del Ejército, la que ordenó al Ejército entrar de lleno a una
confrontación interna.
El Ejército elaboró entonces la Directiva para el combate integral
al narcotráfico 2007-2012. El documento, que fue revelado por la
revista Proceso en julio de 2014 (edición 1967),
dejó en claro la orden que recibieron los jefes militares: actuar con
“amplia libertad de acción”, “amplia iniciativa”, “mayor dinamismo” y
“don de mando” para enfrentar a los delincuentes.
Cuando los jefes y oficiales encargados de cumplir esa orden
preguntaron al entonces Alto Mando del Ejército, el entonces secretario
de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, qué significaban esas
vaguedades y las consecuencias que podían tener, la respuesta fue
“arréglense con su mando”; es decir, los generales de zona y región
militar.
La muerte de civiles a manos de militares se disparó. No sólo fueron
narcotraficantes o supuestos delincuentes, sino también personas que no
tenían nada que ver, las llamadas “víctimas colaterales”.
Los contados casos que se han procesado judicialmente por
violaciones graves a los derechos humanos cometidos por militares en el
gobierno de Calderón involucran a elementos castrenses de mediano o
bajo rango. Ningún mando está siquiera bajo sospecha en los tribunales.
Cambió el gobierno y el discurso. Pero no el principio. El Centro de
Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Pro) acaba de dar a conocer
la orden escrita que recibió el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez,
quien estuvo al mando de la tropa que participó en la masacre de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014.
De acuerdo con ese documento, la orden fue clara para el teniente
Rodríguez: “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva, y en
el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de
oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.
Así ocurrió. La muerte de 22 personas en una bodega abierta de San
Pedro Limón, en Tlatlaya, tuvo lugar a las cinco de la mañana, tal y
como lo decía la orden que según el Centro Pro fue dirigida desde el
Alto Mando; es decir, el general secretario Salvador Cienfuegos.
El general secretario insiste en que se trató de un enfrentamiento y
que si en todo caso hubo delitos de la tropa, que se actúe en contra de
ellos. De nueva cuenta, como en el sexenio pasado, ningún mando es
responsable a pesar de que ellos dan las órdenes.
Los generales mexicanos han ordenado a sus soldados salir a las
calles a abatir, en la lógica del enemigo interno. La ejecución sumaria
en Tlatlaya se le salió de las manos al Ejército. ¿Cuántas más han
ocurrido en cumplimiento de esas órdenes?
Twitter: @jorgecarrascoa
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