El juicio a los militares presuntamente involucrados en la muerte de 22 personas en Tlatlaya sigue pendiente. ¿Por qué?
lasillarota.com
Todos
queremos explicaciones y la verdad sobre lo que pasó hace más de un
año, en Tlatlaya, Estado de México. Pero nadie parece querer dar ni
explicaciones ni la verdad; no por lo menos desde el gobierno. Lo único
cierto es que ahí, la madrugada del 30 de junio de 2014, murieron 22
personas: ¿Confrontación? ¿Fusilamiento?...
A saber: La madrugada del 30 de junio de 2014 –según versión de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)— personal miliar hacía
reconocimientos terrestres y ubicó una bodega custodiada por personas
armadas en San Pedro Limón, Tlatlaya. Que éstos, al percatarse de las
tropas abrieron fuego en su contra.
Que los soldados repelieron la agresión. El saldo fue de 21 hombres
muertos y una mujer. Que los hechos ocurrieron a las 5.30 a.m. y que el
enfrentamiento duró 10 minutos.
El 11de julio de 2014 –sigue relatando Paris Alejandro Salazar (LSR)- la agencia Associated Press,
publicó que las 22 personas muertas en Tlatlaya fueron fusiladas por
elementos militares y no producto de un enfrentamiento. El reportero de
AP citó a un testigo que dice haber escuchado disparos y
golpes por dos horas esa madrugada. Además el reportero revisó la
bodega y describió la trayectoria de las balas: “Da la impresión de que
las personas estaban de pie frente a la pared y fueron alcanzadas por
uno o dos disparos a la altura del pecho” publicó.
El 17 de julio de 2014, el procurador del EdoMex, Alejandro Jaime
Gómez Sánchez, sostuvo que “no se desprende indicio alguno que haga
presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o posible
fusilamiento…”.
Para el 17 de septiembre de 2014 la mecha sigue encendida: La revista Esquire
publicó un reportaje: ‘Testigo revela ejecuciones en el Estado de
México…’. El impacto de la publicación caló en el ánimo social de
México que se había mantenido ignorante o hermético a lo ocurrido meses
antes. Dos días después Sedena insiste en que elementos del Batallón
102 repelieron la agresión.
El 23 de septiembre, Raúl Plascencia, presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, adelantó que “todo hace suponer que
se trató de un enfrentamiento”, aunque para el 21 de octubre la misma
CNDH determinó que ocho elementos de la Sedena ejecutaron a 15 de las
22 personas el 30 de junio en Tlatlaya. Emitió recomendaciones a
Sedena, a PGR y EdoMex.
El 6 de noviembre, el mismo día, tanto la Sedena como el gobierno
del EdoMex aceptan la recomendación. Para el 7 de noviembre de 2014, el
Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF
dictó auto de formal prisión por diversos delitos a siete militares
presuntamente implicados en el asesinato de 22 personas en Tlatlaya.
El 11 de abril de 2015 el secretario general de Gobierno del EdoMex,
José Manzur Quiroga, confirmó que 10 servidores públicos de la
Procuraduría estatal fueron suspendidos y que serían investigados por
el caso Tlatlaya. El 16 de abril de este año, la comisión de la Cámara
de Diputados que estudió el caso concluyó que “en la muerte de 22
civiles… se está en presencia de un uso ilegal, excesivo y
desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la
Sedena…”.
Más testigos de los hechos insisten en que lo ocurrido comenzó a las
4.30 a.m. y que a partir de ahí se escuchaban ráfagas de armas de
tiempo en tiempo y que a dos de los civiles se les permitió escapar del
lugar en una camioneta.
El 10 de mayo de 2015, el Departamento de Estado de Estados Unidos
suspendió la asistencia al 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona
Militar, dijo que este agrupamiento ya no es elegible para recibir
asistencia en tanto espera los resultados de la investigación.
En adelante organismos internacionales, han solicitado el
esclarecimiento de los hechos. La ONU hizo un llamado a las autoridades
mexicanas para ampliar las investigaciones sobre el caso.
En entrevista con el periódico El Universal, el 29 de junio
pasado el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa
Nacional afirmó que “el caso Tlatlaya le ha costado muy caro al
Ejército y pidió no hacer juicios adelantados, pues a pesar de su
molestia, algunos medios han dado ya su veredicto y han declarado
culpables a los militares sin que se haya iniciado aun un juicio, por
lo que insta a que se inicie el juicio… Si los soldados se equivocaron,
tendrán que ser castigados, pero si no lo hicieron, se tendrá que
reconocer su inocencia…”.
El juicio a los militares presuntamente involucrados en la muerte de
22 personas en Tlatlaya sigue pendiente. ¿Por qué? Los argumentos van
y vienen; acusaciones y justificaciones pasan al mismo tiempo;
negativas y afirmaciones están a la vista…
Sin duda la inteligencia militar de Sedena sabe la verdad de lo
ocurrido. El Cisen también, que es decir, el gobierno mexicano.
¿Entonces por qué callar? ¿Por qué guardar en secreto un tema que les
hace tanto daño y que intenta resguardar la verdad para ocultar qué?...
Muy sano y ejemplar sería para el gobierno mexicano reconocer que
sí, que en efecto los militares se “equivocaron” esa madrugada y, por
lo mismo deberán ser sometidos al proceso de ley. Un Estado de Derecho
se fortalece, precisamente, ejerciendo el Derecho, la justicia, la
legalidad y la verdad: Principios que construyen a un Estado
democrático.
Y sería un motivo de reconocimiento que –si ocurrió- una institución
como la Sedena reconociera que se cometieron excesos y atentados a los
derechos humanos que tienen que pasar por la Ley; esto generaría
confianza en la Institución y en sus hombres y fortalecería eso,
precisamente: El Estado de Derecho.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario